Categoría: Opinion

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En Guerrero se ha creado un cacicazgo en el sindicato de Salud, con Beatriz Vélez, ex diputada federal por el PRI y también la malograda candidata del tricolor a la presidencia municipal de Chilpancingo, en la pasada elección.

Pese a todos los problemas del sector, de los cuales el sindicato es parte y jamás la solución; no obstante todas las quejas contra Bety Vélez y su equipo sindical, la mujer se mueve para su cuarto periodo al frente de la Sección 36, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

El 14 de marzo comenzaron las campañas con el registro de los aspirantes, entre ellos Bety Vélez.

A Bety ya se le acusa de tener todo el respaldo del titular de la Secretaría de Salud y del gobierno estatal, pues incluso a través de redes sociales se han estado divulgando fotografías de sus colaboradores usando vehículos oficiales para promover el voto a su favor.

El pasado jueves, Bety Vélez se registró y mandó a traer a Chilpancingo a personal de Salud de las 7 regiones, al más puro estilo del PRI, ante quienes se registró como la candidata de la Planilla Oro, para seguir representando a casi 18 mil empleados de la Secretaría de Salud en Guerrero.

Al igual que ocurre con los líderes de otros sindicatos, estos institutos son únicamente trampolines para ellos ocupar cargos públicos, con la diferencia de que la mayoría renuncia al cargo y deja el sindicato en manos de interinos, no así Bety Vélez, quien ya ha competido en dos elecciones e incluso tres años como diputada federal, pero sin soltar el hueso sindical en Guerrero, porque es precisamente el que le ayuda a mantener su presencia en el PRI. ¿Y es que, qué sería de doña Bety Vélez sin el hipotético respaldo de casi 18 mil almas del sindicato?

Todos los líderes sindicales usan a su membresía para capitalizarla por cargos de elección popular. Por ejemplo, Carlos Romero Deschamps no salía del Congreso de la Unión, ya como senador, ya como diputado federal, pero siempre gozando de las mieles del poder que le daba ser el representante del sindicato petrolero, de donde desviaba recursos para favorecer a los candidatos presidenciales priístas, como sucedió en el año 2000, en que surgió el escándalo del Pemexgate, con la denuncia del desvío de mil millones de pesos a la campaña del priísta Francisco Labastida Ochoa, delito por el que el líder petrolero nunca pagó; al contrario, lo volvieron a premiar con escaños plurinominales.

A lo largo de estos años, los escándalos los han protagonizado sus hijos, quienes como “mirreyes” viven como hijos de jeques árabes, viajando y gastando los millones de papi por el mundo.

Sólo en México sucede que un humilde trabajador, que llega a ser líder sindical, se convierte en un multimillonario más.

Ha sido tanto el poder de Romero Deschamps, a lo largo de 26 años, que también Vicente Fox y Felipe Calderón le hacieron ¡Wana! En una ocasión, Fox le confesaría a una periodista que Romero Deschamps tenía la capacidad de paralizar a todo el sector petrolero, y de ahí la complacencia que se merecía.

¿Tendrá el mismo poder la doña Beatriz Vélez, de paralizar al sector salud en Guerrero? Vale la pregunta al ver tanta preferencia por la señora.

A Dios gracias, ayer por primera vez desde 1993, año en que asumió el control del sindicato petrolero, se festejó el día de la expropiación petrolera sin la presencia de Carlos Romero Deschamps. Ni siquiera fue invitado por la Presidencia de la República. Al contrario, la base trabajadora de Pemex se dio el lujo de usar su rostro en sus mantas de repudio, pero con cuerpo de rata.

Romero Deschamps terminará como todos los corruptos de su calaña. Actualmente acumula más de una denuncia penal ante la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y participación en el robo de combustibles, hace unos días le envió una carta para aplaudir las medidas de rescate de Pemex. El Primer Mandatario, por su parte, ha reiterado que brinda libertad sindical y no tiene dirigentes favoritos.

Sería bueno que doña Bety Vélez se mire en este espejo, y regrese a su base sindical. Porque mientras más alto suba, más fuerte será su caída.

Y a propósito, ¿cómo hará campaña? ¿Qué prometerá después de 3 fallidos periodos de representación? ¿Estará prometiendo que “ahora sí”, se ocupará de su trabajo y gestionará que en los hospitales y centros de salud la base trabajadora tenga los insumos y medicinas necesarias para dar un buen servicio? O hará lo que sabe hacer, aplicar la política del ciclista, que consiste en agacharse frente al patrón, pero pedalear sobre los trabajadores.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Con la aprobación, en lo general, del dictamen que faculta la reforma constitucional para autorizar la consulta popular y la revocación del mandato, se generó un debate infundado de parte de la oposición, que recurrió el petate del muerto para afirmar, igual que los empresarios, para afirmar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, busca la reelección de manera tramposa, pues el aparecer en una boleta dentro de dos años, en las elecciones legislativas intermedias de 2021, sería parte de ese plan.

Este fin de semana, el presidente aclaró: “No me voy a reelegir, no soy un vulgar ambicioso (…). Voy a servir, si lo decide el pueblo, 6 años y a finales de 2024 termino mi mandato”.

¿Qué es entonces lo que les preocupa si, al contrario, el presidente les está poniendo en charola de plata un instrumento que podrían usar incluso para desaforarlo? Una vez aprobada esta reforma –a la que todavía le falta el visto bueno del Senado y el respaldo de los congresos estatales- bastará que se arme un buen tinglado por cualquier cosa, apoyado por gobiernos y capitales extranjeros, para que el presidente sea defenestrado e, incluso, encarcelado, como está sucediendo en Brasil y otros países del planeta.

Los partidos de oposición, en realidad, no reniegan de la revocación de mandato, sino que le tienen miedo a que la popularidad de AMLO los reduzca al mínimo en 2021. Y eso lo veremos en las elecciones de este año, donde AMLO no estará en la boleta, y la gente de su partido tendrá que competir en igualdad de circunstancias con sus opositores, sin tener el Efecto Peje directamente.

Muchos morenistas saben que nunca hubiesen ganado el cargo que ostentan, sin la popularidad de López Obrador, sobre todo en Guerrero, donde la mayoría de los alcaldes electos por este partido, así como la inmensa mayoría de los diputados, no son propiamente de Morena; es más, ni siquiera se han registrado al partido, y  han preferido mantenerse como externos.

Al paso de los días, muchos alcaldes y diputados de Morena, ya demostraron que no por estar en este partido son garantía de algo, pues se trajeron las mañas de sus partidos y como tal gobiernan; sólo utilizaron el nombre de AMLO para ganar.

Por lo tanto, eso de la reelección es un débil argumento que nadie cree, pero que es lo único que se le ocurre a una impávida oposición, que no tendrá más opción que aliarse en el Senado, para tratar de detener éste que es el segundo intento por instituir las consultas ciudadanas –a las que además tenemos derecho como sociedad, por cierto- y la revocación de mandato, con lo que se busca debilitar el presidencialismo a ultranza que se ejerce en México, país en el que sus mandatarios acumulan más poder que cualquier otro gobernante del mundo democrático, incluso de aquellos que aún conservan la realeza. Simplemente, la Constitución Política Mexicana le otorga al presidente de la nación un poder incalculable, al ser también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y primer líder de su partido político, con lo que pasa también anular al Poder Legislativo y al Poder Judicial, cuyos nombramientos también dependen de él, o de la estructura que él arme.

No importa qué haga un presidente en México, no hay manera de pedirle cuentas ni de llevarlo ante los tribunales, mucho menos de revocarle el mandato. Lo peor es que ni siquiera se le puede llamar a cuentas una vez que dejó el poder, contrario a lo que sucede en otros países.

Lo que creemos la mayoría de los ciudadanos es que la revocación es una buena herramienta para liberarnos de mandatarios nefastos -incluyendo a gobernadores, y eso debería alegrar a los opositores, porque tendrán aun presidente acotado por la propia Constitución.

Luego entonces, lo que le pesa a la oposición es que AMLO esté en el juego electoral en 2021, pretextando una consulta pública hacia su gobierno, aún con lo que esto implica: que si el pueblo vota por el NO, tendría que deponer el cargo.

Pero parece AMLO muy seguro de su popularidad, que en este momento está al tope, con más de 80 por ciento de aprobación. Es decir, que si en la elección votaron por él más del 50 por ciento de los mexicanos inscritos en el padrón electoral, a estas alturas, a 3 meses y medio de que comenzó su gobierno, 80 de cada 100 ciudadanos de este país aprueban su gestión y no sólo eso, sino que lo consideran el tercer mejor presidente del mundo entero, y el mejor de América.

Por lo tanto, no tiene miedo a que en 2021 le digan que se baje del caballo, o que si no puede que renuncie. La oposición, que buscaba debilitar al lópezobradorismo en la primera mitad de su gobierno, sabe que no lo logrará. Y lo peor es que todavía faltan muchas cloacas que destapar.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Mientras que en el estado se lucha por quitarse el lastre de los más de 5,700 profesores que están fuera del Fondo para la Nómina Educativa (FONE), y que demanda del gobierno estatal un desembolso de casi 60 millones de pesos, el Congreso federal está enfrascado en la negociación de la Reforma Educativa, cuyo desenlace podría restar el apoyo de los 40 diputados de la CNTE a la iniciativa presidencial, si no incluye sus demandas laborales.

¿Qué quieren los de la CNTE? Entre otras cosas, la adscripción de maestros en el apartado B del Artículo 123 Constitucional y la vuelta a la decisión de contratación de plazas en 50% del magisterio. A eso responde la prisa de su discusión en San Lázaro.

Lamentablemente, si Morena sucumbe a esta exigencia, volveríamos a la época en que las plazas podían ser vendidas y negociadas, y al manoseo de ellas en la etapa de la contratación, algo que debe ser de competencia exclusiva del gobierno en su calidad de patrón.

Más allá de los derechos de los docentes, que deben respetarse, el manoseo de las plazas debe ser eliminado de tajo, si queremos que la corrupción se erradique en este sector, y si deseamos que haya equidad y justicia en la designación no sólo de nuevos puestos de trabajo, sino también de los que se van desocupando.

Y es que este tema no es parte de los derechos de los trabajadores, sino todo lo contrario. ¿En qué le beneficia a un profesor egresado de una escuela normal, el depender de la decisión de un líder sindical para obtener su puesto de trabajo? ¿O en qué le ayudaría a los profesores en activo, que estén esperando que el escalafón se mueva, el que un director venda su plaza o se la traspase a su hijo, con el visto bueno de sus jefes sindicales, y así sucesivamente? Eso sería una injusticia y sí pasa a lesionar los derechos humanos de los profesores.

Sabemos que el viejo régimen optó por ir cediendo y concediendo espacios de poder, no sólo con los profesores, sino también con muchos otros actores políticos y sociales, al grado de que hoy por hoy, estos reclaman las concesiones que se les hicieron fuera del Estado de Derecho, como si fueran parte de sus logros, pero no es así.

Por ejemplo, tenemos a los organismos culturales, y defensores de derechos humanos, y a todo tipo de ONGs, reclamando espacios y manejo de recursos públicos, porque así se estilaban en el pasado.

También vemos a organizaciones netamente políticas, como Antorcha Campesina –ligada al PRI-, anunciando la creación de un partido político ahora que el Congreso federal eliminó la partida presupuestal que año con año recibían las organizaciones de productores, también de manera ilegal, en lo que era un manejo desaseado de recursos públicos, y sólo para tenerlos contentos y, como se dice vulgarmente, sembrando y cosechando votos.

CODUC, que en el estado maneja el ex diputado federal y local experredista, Sebastián de la Rosa Peláez, va rumbo a ser un partido político, aunque obviamente ya demasiado mermada, porque con dinero baila el perro, dice conocido refrán, y sin dieron bailan como perro.

Es obvio que el ingrediente del chantaje está detrás de la postura de la CNTE y su filial en los estados, donde todavía están peleando que los profesores fuera del Fone -cuyas plazas les fueron entregadas de manera irregular, fuera de presupuesto-, sean integrados sin mayor requisito a la nómina federal.

Pero la mala noticia para todos es que el delegado del gobierno federal, Pablo Sandoval Ballesteros, anunció que sí hay disposición para hacer de una vez el traspaso de la nómina, pero sometiendo a revisión caso por caso. Es decir, que no se recibirán en paquete esos miles de plazas, cuyos sueldos todavía están volando, porque ni el gobierno del estado que fue el que las entregó, ni el gobierno federal, las reconoce.

Y todo este amasijo se creó precisamente por el manoseo de las plazas tanto en la esfera gubernamental, como en lo esfera sindical. Es decir, que los sindicatos tienen harta culpa en todo este conflicto creado, pues en lugar de pelear por mayor presupuesto, se metieron a la negociación de las plazas, obviamente coludidos con los gobernadores y sus secretarios de Educación.

De hecho, en las mesas anuales esa era la exigencia principal, aunque a la población le hablaban de revisión de sueldos y otros derechos.

Según el gobernador, ayer jueves resolvería el asunto del pago de los sueldos de los profesores fuera del Fone, aunque la Federación seguía en la misma postura de no recibirlos hasta revisar caso por caso, pues hay que saber que no es solamente el estado de Guerrero el que tiene este dilema, sino que todas las entidades federativas se metieron en esta camisa de once varas, en el tiempo en que tuvieron la educación bajo su dirección.