Ruth Tamayo Hernández
¿Violencia o ausencia de
cultura de la legalidad?
La
descomposición social en la República Mexicana, mis estimados, rebasó límites
insospechados e inimaginables. Lo increíble y grave de la trama, son los argumentos
oficiales en relación a la putrefacción que hedió al país en su conjunto, y
siguen siendo acedos y deprimentes.
Los
conmovidos relatos del secuestro y asesinado por sus captores en la Ciudad de
México, un estudiante universitario oriundo de Chihuahua, deja con un nudo en
la garganta a cualquiera; sin embargo, mi comentario va en dirección a que la
sociedad está desprotegida por parte de las autoridades, prácticamente a la
autoridad le vale un comino la gente. Y volvemos a lo mismo de años atrás: la
impunidad tiene al país teñido en sangre. El crimen subsiste precisamente por
esta cadena de imunidades, y para muestras un botón: el secuestro del joven
universitario pone al descubierto hasta dónde están involucradas las
autoridades con los criminales.
Son
absurdas la justificación de los elementos de la Fiscalía Antisecuestros; incluso
la misma Procuraduría General de Justicia local (PGJ), sospecha que los
elementos de la Fiscalía Antisecuestros estén involucrados con los
secuestradores, pues estos marranos corrientes no actuaron conforme a lo
indican los protocolos en caso de secuestro. Los muy mañosos dejaron pasar
tiempo que era oro para rescatar a Norberto Ronquillo. Fueron 72 horas claves que
se desaprovecharon, señalaron especialistas.
Un
tal Ceballos ya fue detenido por omisión, por no resguardar el automóvil en que
viajaba el universitario. La familia fue la que denunció a estos malévolos de
la Fiscalía que habían dejado pasar 72 horas consideradas cruciales para
localizar al universitario de 22 años de edad.
Según
exámenes realizados por el Instituto de Ciencias Forenses, al joven Ronquillo
lo tuvieron cautivo cuatro días y luego lo mataron.
La
necropsia reveló que murió por asfixia y tenía la nariz fracturada.
Cabe
hacer mención que la procuradora Ernestina Godoy, dijo que el deceso del
estudiante universitario ocurrió horas después del plagio; sin embargo, la
necropsia reveló que estuvo por lo menos ocho horas vivo y luego lo asfixiaron,
mientras negociaban un jugoso botín de 5 millones de pesos, que tras las
negociaciones quedó en 500 mil pesos. Pero para entonces el joven chihuahuense
ya estaba muerto y por eso nunca lo entregaron a sus familiares, como
ofrecieron.
Todos
estos supuestos muestran la impunidad con la que se conducen las instituciones.
Son muchas cosas que señalan que hubo negligencia por parte de los elementos
Antisecuestro, pues las cámaras de la ciudad les mostraban todo el cuadro, y
estos infames se hicieron pentontos.
Y
mi argumento en este crimen, mis estimados, es que siempre hay gente cercana al
secuestrado que conoce los movimientos de la familia, hay un malandro cerca, sea
pariente, chofer, amigo, cuñado, etcétera, porque los secuestradores fueron
directo con Roberto Ronquillo y se lo llevaron, por eso los malnacidos pidieron
5 millones de pesos por la libertad del estudiante, porque sabían que su
familia tenía solvencia económica y la familia dio 500 mil y de todos modos lo
mataron.
Pero
como decía mi padre, el malvado comete errores que le cuestan la vida. Sólo basta
que maten a la persona equivocada para que se los cargue la fregada.
Y
creo que esta vez esas garrapatas, escorias de la vida, asesinos, se equivocaron
de persona y sobre su cruz van a cargar su penitencia.
Caso San Luis
En
otro tema mis estimados, también resulta muy lamentable lo que está sucediendo
en el municipio de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica, donde
vecinos de una comunidad tlapaneca que hace dos semanas mantuvieron bloqueada
durante tres días la carretera interestatal en Marquelia, irrumpieron a la
cabecera municipio sanluisteco armados con palos y machetes para sembrar el
terror, desmantelando diversas áreas de la administración, golpeando y
secuestrando funcionarios.
Exigen
13 millones de pesos del presupuesto del Ramo 33, para ejercerlos directamente
ellos. Es obvio que no son las autoridades del pueblo las que piden eso, sino
un grupo de líderes vinculados al gobierno pasado que encabezó el emecista
Javier Vázquez García, y su tesorero Adair Hernández, mismo que perdió la
elección por el MC en julio pasado, y el cual está asesorando a todos los
pueblos indígenas para que reclamen los recursos para ejercerlos de manera directa,
amparado en los usos y costumbres indígenas. Nadie, sin embargo, los detiene. Y
como actúan tras bambalinas –aunque es pública su actuación- ellos se dan
golpes de pecho, erigiéndose como demócratas y conciliadores. Vean sino la
página del ex alcalde Vázquez García, quien se dedica junto con su ex tesorero
a demandar a los ayuntamientos por la vía laboral, incluido al municipio que
gobernaron, y que al mismo tiempo tenían demandado, creando una intrincada red
de intereses económicos que está a la vista con lo que sucede en Pueblo
Hidalgo, donde encontraron eco a sus intrigas.
Además,
ahora que el municipio ya no entrega el fertilizante, están diciéndole a los
pueblos que el ayuntamiento les debe entregar ese dinero en efectivo, para
ellos repartirlos como “programas sociales”, pasando por alto que el
fertilizante en sí mismo nunca tuvo una partida específica, sino que se
desviaban recursos del Ramo 33 para sufragarlo durante muchos años, y que este
año ese dinero se debe integrar a la propuesta de obras 2019.
Los
líderes de Pueblo Hidalgo, decíamos, todos vinculados al gobierno anterior,
puesto que están integrados ex regidores y ex directores de área, exigen al
presidente municipal, el priísta Agustín Ricardo Morales, 13 millones de pesos para obras de
su comunidad, desglosando 10 de ellos para obras, y 3 para programas sociales.
El
presidente ofrece 10 millones, 4 millones más que lo que se aprobó en la
reunión del Coplademun, y 4.5 millones más que lo que les dio el ex alcalde
Javier Vázquez el año pasado. Pero con la condición de que el Ayuntamiento sea
el que supervise la aplicación del recurso, por ser la instancia responsable de
la administración, cosa a la que se oponen.
Incluso
les ofrece que ellos nombren a la empresa contratista, pero con la condición de
que sea avalada por la industria de la construcción, y que sea certificada, no
una empresa patito, pero también se negaron.
Se
deduce, entonces, que lo que quieren son los 3 millones que la población
recibía de fertilizante, para aplicarlo a su arbitrio, aunque esto constituiría
un delito por desvío de recursos, ya que el Ramo 33 viene etiquetado para obras
sociales.
Este
lunes, tal y como ya lo habían anunciado semanas antes, los pobladores
encabezados por los líderes del pueblo, armados con palos y machetes,
irrumpieron en la cabecera municipal pero no para tomar el ayuntamiento, sino
para llevarse como rehenes a policías y funcionarios. Incluso acudieron a la
casa del alcalde para sacarlo, junto con su familia, pero afortunadamente no
los encontraron.
A
los que no localizaron en sus oficinas, fueron a sacarlos de sus hogares, y va
varios de ellos golpearon. Al oficial mayor, por ejemplo, lo tundieron a
varillazos y se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico, mientras que otros
son atendidos en el hospital de la ciudad, pero a 12 más se los llevaron
retenidos, lo mismo que las patrullas, las armas, el parque, los pertrechos, el
camión de la basura y otros vehículos, dejando desmanteladas varias áreas de la
administración municipal, al grado de que en este momento están parados todos
los trabajos del gobierno.
Refieren
testimonios locales que al oficial mayor del Ayuntamiento, lo golpearon a punto
de matarlo, y si no fuera porque se metió su familia a quitárselos, estaría
muerto.
¿Quién
le dijo a esta gente que pueden disponer de recursos para ellos hacer las obras?
Eso no es posible. Si el alcalde les prometió obras, exijan que vaya y las
realice, pero no les puede dar el dinero en crudo, no se pasen de listos.
La
cultura y la legalidad de una población determinada, es el conjunto de valores,
normas y acciones que promuevan que la población crea en el Estado de Derecho,
lo defienda y no tolere la ilegalidad. Es como un mecanismo.
Y
mientras esa revuelta social pone en peligro la vida de muchas personas, los
diputados siguen jugando a la comidita haciéndose los chistositos, mientras el
estado de Guerrero es trastornado por manos diabólicas que no lo quieren.
De
hecho, dice la gente de Pueblo Hidalgo que los diputados les dijeron que a
ellos les asiste la razón. Pero cuando el presidente les pide que ellos se
responsabilicen del destino del dinero, si él se los entrega tal y como se lo
piden, nadie quiere esa responsabilidad.
El
delegado Pablo Sandoval Ballesteros ya dijo que sólo los entes autorizados
pueden ejercer recursos públicos, que son de procedencia federal, pero ni así
entienden.
Lo
grave es que en este momento hay gente secuestrada, golpeados, un ayuntamiento
saqueado y el gobierno estatal debe aplicar la Ley, caiga quien caiga. Vamos, hasta
el titular de Sagadegro, Juan José Castro Justo, quien es oriundo de ese lugar
y padrino político del alcalde Agustín Ricardo Morales. Lo está dejando solo,
que se rasque con sus propias uñas.
