Rubén Martín
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llega a su Segundo Informe de Gobierno en medio de una crisis sin precedentes en el país dado que es una crisis tanto sanitaria, económica, social como política. Y todo indica que podría convertirse en una crisis también de legitimidad si el mandatario no cumple su promesa central que proclamó en campaña electoral: encabezar un Gobierno de transformación nacional.
Es evidente que la actual situación de crisis que vive el país no fue creada en estos 21 meses del Gobierno de la auto proclamada Cuarta Transformación. Ya AMLO había heredado un país devastado por una guerra y la violencia desmedida, la depredación territorial, una fuerza laboral súper explotada tras 30 años de contención salarial.
En el modelo de súper explotación del trabajo era difícil obtener o mantener un empleo, pero aún más conseguir salarios decentes. La consecuencia es que se observa una mayor presión sobre quienes viven de su fuerza de trabajo. La fórmula de las políticas liberales impulsadas por los partidos del Pacto por México (PRI, PAN, PRD), se puede resumir en lo siguiente: más ganancias y más rápidas para los capitalistas en tanto a los asalariados se les condena a mayores cargas de trabajo y con menores ingresos. Esta combinación provocó una enorme dificultad para que la mayoría de la población consiguiera satisfactores esenciales: vivienda, alimentos, educación y medicinas.
Pero lo que puso el límite fue el hartazgo hacia un régimen de corrupción generalizada en que se convirtieron los gobiernos de la partidocracia tradicional.
AMLO supo leer las corrientes del que abrevaba el hartazgo social y de ahí armó su programa: lucha contra la corrupción y cambio del modelo económico neoliberal.
Por eso ganó con tal fuerza en julio de 2018. Pero luego, tras casi dos años de Gobierno (21 meses en Palacio Nacional), hay evidencias sólidas que muestran que López Obrador no está cumpliendo con el proyecto de un cambio de fondo tanto en el sistema político como en el modelo económico.
Su estrategia contra la inseguridad y para poner fin a violencia, desapariciones y homicidios se cimienta, igual que sus antecesores, en la militarización de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno de la 4T sigue sin cancelar el modelo extractivo, como bien han señalado recientemente la Red Mexicana de Afectados por la Minería y la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La ratificación del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) es una apuesta por la asociación estratégica con EU y la supeditación a sus proyectos geopolíticos. Esto se revela con el mantenimiento de grandes megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y otros.
Estas medidas han sido acompañadas de alianzas con representantes de intereses empresariales, mediáticos, sindicales del pasado. Por ejemplo, los empresarios que López Obrador llevó a la cena a la Casa Blanca en Washington; los contratos con las televisoras para impartir clases a distancia y el aval a los charros sindicales que han controlado a la clase trabajadora mexicana.
Desde la 4T pueden decir que son movimientos tácticos para no abrir varios frentes de lucha o que no se pueden librar todas las batallas. El resultado es el mismo: se perdieron oportunidades históricas para promover cambios de fondo, esenciales para el país. Por ejemplo, crear una gran comisión de la verdad nacional que revisara todos los grandes casos de violencia, represión, desapariciones y enterramientos clandestinos y sometiera a juicio e investigación a los responsables, como ocurrió en Guatemala. También se perdió la oportunidad de dar pasos agigantados para detener desapariciones y terminar con la crisis de identificación forense. El cambio de discurso ante el tema de las desapariciones no es suficiente para lo que necesitan los cientos de miles de familias vulneradas por una desaparición, un enterramiento o un asesinato violento.
El actual Gobierno perdió oportunidad histórica de dar muestras firmes de poner fin al modelo neoliberal extractivo, explotador de recursos y mano de obra: suspendiendo fracking, minería a cielo abierto, democratizar los sindicatos, garantizar el acceso a la mayoría de la población a la salud, educación, vivienda, seguridad social, etcétera.
Es evidente que son demasiados problemas, demasiados retos y una oposición que no descansa, pero hasta ahora hay más semejanzas con el anterior modelo que nos trajo a esta crisis profunda que vive el país; y el Gobierno de la 4T la combate con parches, no creando modelos alternativos, por ejemplo con una apuesta por una economía basada en la cooperación, la solidaridad, el respeto por su pueblos y por sus recursos.
Pero mientras transcurre el tiempo del sexenio sus opositores avanzan en su objetivo de dañar la imagen del Presidente y de la 4T y ya han hecho mella en el escudo político que presumía AMLO: la anticorrupción. El escándalo tras la difusión del video donde su hermano recibe recursos (“aportaciones”, dijo) para la campaña de Morena en Chiapas en 2015, por más que el Presidente y sus seguidores quieran minimizarlo, representa una abolladura en la legitimidad presidencial, lo que implica debilidad política.
Mientras más tiempo sexenal se consume queda más claro que se perdieron oportunidades históricas para hacer los cambios de fondo que necesita este país para detener la guerra, parar la devastación, la explotación y para vislumbrar una sociedad donde valga la pena vivir, como exigían los chilenos en las protestas de octubre de antes de la pandemia.