Lilia Arellano
*Bajita la mano, 10 gobernadores retan a AMLO
*“No somos enemigos del presidente”; pararán la destrucción
*Superdelegados denunciados por corrupción, siguen impunes
Lo tantas veces pronosticado se va haciendo realidad. Se anunció, el segundo semestre del 2019, la proximidad de una severa crisis económica ante los registros y los diagnósticos tanto nacionales como extranjeros expuestos; sin embargo, todos se quedaron cortos ante la profundidad de la misma. Se advirtió el mal manejo de la pandemia al alejarla, primero, de lo referente a la salud para convertirla en un asunto de implicaciones políticas. La conversión, el tratamiento y la serie de mentiras con la cual pretendieron evadir lo negativo de la ejecución gubernamental terminaron por convertirla en la peor crisis de salud en la historia. La inseguridad aumenta y con ello se ve claramente nada se ha hecho por resolver esta tercera crisis. Ya se veía venir la otra, la política y estamos inmersos y a punto de verla llegar con todas las consecuencias a traer en un año electoral como el próximo. Le siguen otros renglones también en crisis y el presidente, feliz por negarle el IFE el registro al partido de un Felipe Calderón que exhibe la inutilidad del gobierno mexicano para investigarlo y castigarlo.
Una primera llamada pude sustentarse en: por la sencilla razón de que “no sirve para nada” y no es tomada en cuenta por el presidente López Obrador, los diez gobernadores de la llamada Alianza Federalista anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pues consideran este organismo dejo de escucharlos, tomarlos en cuenta y no hay forma de que recupere su esencia. Javier Corral Jurado de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; y Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, ya se cansaron de que el inquilino de Palacio Nacional los ignore, por lo cual intentarán convertirse en un contrapeso del poder presidencial. Ante la ausencia o la incapacidad de la oposición en su conjunto y el aletargamiento de otros contrapesos institucionales y sociales, diversos sectores de oposición ven con esperanza un contrapeso y equilibrio en la Alianza Federalista, para evitar la concentración del poder en una sola persona.
Javier Corral explicó el propósito de la separación de los mandatarios de la Alianza Federalista de la Conago “no es el atizar a la división y la confrontación política, como se hace a diario desde la tribuna de “las mañaneras”, pero sí alertar, llamar a la reconsideración ante legítimas preocupaciones derivadas de acciones e intentonas que parecieran desandar el camino del federalismo”. Los 10 gobernadores, todos de oposición al régimen de AMLO, buscan un espacio de diálogo e interlocución efectivo que les permita construir un equilibro y contrapeso en el país, en relación al gobierno federal y las entidades. Estos estados tienen un importante peso en la economía del país: tienen el 31 por ciento de la población nacional; la Inversión Extranjera Directa de manufactura al segundo trimestre del 2020, valuado en miles de millones de dólares, representa el 40 por ciento; las exportaciones al primer trimestre, el 59 por ciento en el país, y el 40 por ciento del empleo formal en 2020 registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador consideró la separación de 10 mandatarios de la Conago, se realizó en ejercicio de su libertad y dijo no ver nada extraño. Ante la acusación de que el titular del Ejecutivo federal amenaza la democracia, el mandatario dijo que ese señalamiento se hace a diario por “los conservadores” para iniciar ahí una larga alocución sobre los medios de comunicación. “Contrario a lo que ellos hicieron, nosotros estamos llevando a cabo una verdadera democracia, pero cómo convencer a tanta gente que se vio favorecida de un régimen corrupto”, dijo. Para el gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras López, la salida de 10 gobernadores obedece a “un tema de decisiones personales”. En una entrevista televisiva, dijo que la Conago va a seguir sumando a las agendas que correspondan.
No somos
Enemigos
En el patio central del palacio de gobierno de Chihuahua, Corral aclaró no son enemigos del presidente López Obrador, pero criticó “el desdén y desprecio” del gobierno federal hacia los gobiernos locales. “Vayamos juntos a corregir el rumbo político del país, a impulsar un nuevo momento reformador que contribuya a la defensa del federalismo, la libertad y la democracia. México espera mucho de esta alianza de gobernadores, estamos situados en un lugar histórico y la historia es una lección que nos pertenece a todos”, subrayó.
Al criticar la consulta popular para llevar a juicio o no, a los expresidentes, aseveró: “Si bien la participación y el involucramiento de la ciudadanía es necesario para combatir la corrupción y la inseguridad, no podemos apelar a tribunales populares para que se decida qué es lo que se enjuicia o que no”. En cuanto a los recortes presupuestales, destacó ponen en riesgo el funcionamiento de dependencias y organismos encargados de llevar a cabo programas esenciales para la sociedad. Conminó a sus homólogos a no retroceder, “porque, aunque por años se ha creído que la Federación tiene facultades amplias, en realidad se encuentra, o al menos debería estar, limitada para que las entidades federativas ejerzan en el justo medio su soberanía y atribuciones”.
Para Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, los mandatarios de estas 10 entidades buscan recuperar los principios que dan sentido a un país, para construir en los próximos días un espacio por el diálogo republicano no simulado. Insistió en que buscan dos objetivos primordiales: defender los intereses de sus estados y defender el federalismo mexicano. El tamaulipeco Francisco Javier Cabeza de Vaca recordó la alianza insistió en la creación de un fondo para enfrentar la pandemia y, adicionalmente, para la desaceleración económica, pero no obtuvieron respuesta del presidente. Y para Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, el tratamiento de la pandemia ha sido equivocado en todos los sentidos, ya que todos los pronósticos han fallado y ahora hay casi 70 mil muertos por Covid-19.
¿Lo quieren así, más claro, desmenuzado, en boca de quienes más? Tal vez falten los 7 clásicos sonidos del claxon.
Superdelegados
denunciados
Cada día es más evidente lo selectivo de un supuesto combate a la corrupción la cual tiene como principio darle gusto al presidente López Obrador. A pesar de las múltiples denuncias contra los llamados superdelegados -la mayoría amigos y conocidos suyos-, por promoción con fines electorales, irregularidades y faltas administrativas en el manejo de los programas sociales, entre otros motivos, éstos permanecen impunes. De acuerdo con la propia Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, al mes de enero de este año se tenían 102 denuncias en esa dependencia contra ex delegados del Bienestar y delegados. A esa fecha, 24 de esas investigaciones ya habían sido concluidas sin elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero ocho ya estaban en proceso de responsabilidades.
Antes, en el mes de octubre del año pasado, ante la Cámara de Diputados, Sandoval señaló: “Estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo (…) Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados han sido denunciados y siguen siendo investigados son: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Pero en recientes declaraciones al periódico El Universal, la funcionaria aseguró sólo contaba con 97 denuncias y ninguna tiene sanción. De éstas, 86 están en trámite; y las 11 restantes, fueron concluidas para después ser archivadas por falta de elementos. Este conteo fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en el proceso de un recurso de revisión, porque las secretarías de Bienestar y de la Función Pública no consideraban entregar parte de la información por estimar que debería ser confidencial.
A esta actitud de gran complacencia y sordera ante las denuncias interpuestas, se le suman todas las actividades de un ejército evangelizador denominado “servidores de la Nación”, cuando el mote con el cual debieran ser conocidos son los “sepultureros de la Nación”, porque un país como el nuestro, demanda acciones en principio laicas y al mismo tiempo democratizadoras y quienes encabezan esta organización debieran entrar en otro calificativo y tal vez con apellido “N”.
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