Opinion | - Part 123

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Lozoya derechito al tambo

*Rosario Robles exhibe incapacidad jurídica

*Q. Roo se debate entre féminas ambiciosas

“La justicia es la venganza del hombre social, como la venganza es la justicia del hombre salvaje”: Epicuro.

En el caso Emilio Lozoya Austin, ha quedado claramente demostrada la incapacidad del Estado mexicano de procurar justicia, está negado a la aplicación estricta de la ley, sigue persiguiéndose, culpándose, haciendo trizas a quienes no les han podido comprobar absolutamente un solo ilícito y se les otorgan toda clase de facilidades a delincuentes confesos. La presión ejercida por la sociedad y los medios de comunicación logró reaccionara la Fiscalía y solicitara la prisión preventiva justificada para el ex director de Pemex. Con más de media hora de retraso se presentó a la audiencia presencial el exfuncionario quien, nos dicen, fue alertado por su equipo de defensores de la posibilidad de “incumplimiento de la Fiscalía” y por lo tanto quedar detenido. Sin embargo, confiado, seguro y prepotente vio transcurrir horas sin llegar a la determinación del juez Artemio Zúñiga quien respaldo la petición de prisión solicitada por la FGR.

Se tomó en consideración Lozoya cuenta con capacidad económica para huir e independientemente de ello no ha cumplido con lo pactado para lograr la protección brindada a los “testigos colaboradores o protegidos” En ningún momento de la historia de este país se había derrumbado el Estado de Derecho, se había puesto en entredicho toda la cadena de aplicación de la ley como ahora. Para el ex director de Pemex se sometieron a debate una medida cautelar, la cual aparece por primera ocasión como determinación congruente de la Fiscalía ante la falta de cumplimiento en los reglones con los cuales se le permitió al ex funcionario petrolero mantenerse en libertad. Ser el “sapo”, el informante, el chismoso, también tiene sus reglas y ni de una parte se ha exigido el cumplimiento de éstas y la otra, conchudamente, se guarda silencio.

Ricardo Monreal, líder de la Jucopo, consideró ha transcurrido mucho tiempo sin “que haya todavía claridad sobre los elementos de responsabilidad de los presuntos culpables de delitos distintos que están ocurriendo en el país, como el soborno, el peculado, el abuso de autoridad, el ejercicio indebido de funciones. Ya debe proceder el juez de control contra quien resulte responsable”. Es necesario, considera el zacatecano, se revise el marco legal del llamado testigo protegido o colaborador al que se acogió Lozoya para lograr un instrumento más eficaz en la impartición de justicia. Hasta hoy, el caso “es un asunto que ha tardado, es un asunto que la tardanza en la justicia ha generado zozobra e incertidumbre, por lo que lo m{as correcto es que el juez de control defina el grado de responsabilidad de los involucrados.

Para tener el beneficio otorgado al “testigo colaborador” o como “testigo protegido”, debe entregarse información en línea vertical, es decir, el inculpado hacia sus jefes. En el caso Lozoya Austin, su superior inmediato no era ni Luis Videgaray, ni José Antonio Meade ni Enrique Peña Nieto, era el Consejo de Petróleos Mexicanos para algunas acciones y en otras el titular de Energía. La referencia es clara en ambos casos va directamente hacia Pedro Joaquín Coldwell, tanto como secretario encargado del ramo como en su posición de presidente de Consejo de Administración de la petrolera. Otro involucrado es el actual diputado y ex negociador del T-MEC, Idelfonso Guajardo, aparecen también dentro de ese mismo Consejo la muy querida representante de Carlos Romero Deschamps, ocupando el sitio destinado al Sindicato y dos personajes más.

Así, en línea directa está Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía, ex gobernador y medio hermano del actual mandatario en Quintana Roo, ex de muchas posiciones dentro de su larguísima trayectoria política. Pero sobre él no se ha dicho una sola palabra y sin embargo se ha seguido la ruta horizontal, la cual no está contemplada para merecer los beneficios de ser el soplón del grupo. Los senadores panistas, entre ellos Jorge Luis Lavalle, no aparecen en la línea de fuego, tampoco quienes supuestamente recibieron los sobornos entregados quien sabe por quién, porque los de Odebrecht han conocido tantos destinos que resultaron superiores a la multiplicación de los panes. Sirvieron para aportar a la campaña de Peña Nieto, también para comprar votos para la aprobación de la reforma energética, pero les alcanzaron para comprar dos residencias, para sobornar a distintos políticos ni siquiera ligados a Pemex y a las obras por licitar entre muchos otros señalamientos, y todo eso con escasos 10 millones de dólares.

Lo de la compra-venta de la planta de Agronitrogenados sigue siendo un misterio. Dejaron en libertad a Alonso Ancira sin haberse protegido con el pago del sobreprecio y ahora hasta se ha dado el lujo de demandar. Lo de Lozoya ha sido una exhibición de fracaso en la aplicación de la ley, aunque pudiera haber representado un buen ingreso si antes, y desde una oficina muy cercana a la del primer mandatario, se hizo algún arreglo económico con el padre de Lozoya a fin de no llegar a meterlo a la cárcel semejante ex funcionario. Solicitó la Fiscalía el día de ayer en la primera audiencia presencial del ex funcionario petrolero la prisión preventiva justificada. Se dieron cuenta de la riqueza económica del acusado y por lo tanto de sus posibilidades reales de huir. Se le acabaron las reuniones en los restaurantes de lujo, se puso fin a la libertad, se actuó y ya se verán las consecuencias.

Aún así, en el otro extremo aparece Rosario Robles. Ella no aceptó convertirse en soplona y la línea directa, al ocupar una dependencia dentro del gabinete la lleva directamente a Peña Nieto, aunque también sus pares podrían aparecen en la misma ruta. El tiempo de encierro de la ex ahumada responde a venganzas de tipo personal y mucho de ello está en sus relaciones con Carlos Salinas de Gortari e inclusive en el “perdón” cual Magdalena ofrecido por Felipe Calderón. Algo no conocido aún existe en el pasado en el cual se relacionó de manera directa con el tabasqueño dentro del gobierno del entonces DF, mismo aún sin conocer la luz de la información pública.

Porque sobre el caso de la Estafa Maestra no se ha dado mayor información y quienes supuestamente participaron en ella e inclusive confesaron su autoría, como es Emilio Zebadúa y sobre Ramón Sosamontes, ni sus luces, como tampoco se han visto perseguidos los rectores beneficiados o las empresas con las cuales realizaron todo tipo de operaciones. Inhabilitarla estando en prisión es otra burla o una demostración más de la incompetencia de toda el área jurídica no solamente de la Fiscalía sino de la presidencia.

Los fracasos de Gertz Manero se dan por docena. Ni siquiera ha logrado éxito juzgando a quienes se pretende extraditar y hay dos casos muy sonados, el del espía argentino-mexicano Raúl Martins Coggiola a quien su propia hija denuncia o a Florian Tudor, el más severo dolor de cabeza y enemigo número uno del ex secretario de Seguridad en Quintana Roo Jesús Alberto Capella y de su compinche Juan de la Luz, sin por ello dejar de mencionar al propio gobernador Carlos Manuel Joaquín González. No queda otra que darle la razón a Santiago Nieto y sus permanentes quejas en contra de la FGR. Se la pasa congelando cuentas, el dinero permanece estancado y la Fiscalía no sigue ninguna investigación… Salvo las de la familia de don Alejandro y eso tiene un fin: quedarse con la mayor tajada de la herencia de su hermano.

De los pasillos

México por fin se decidió y se suma a los pactos climáticos. Lástima no va a cumplir porque tiene en la mira la quema de combustóleo para no dejarnos sin luz porque después no veremos lo arrojado al momento de toser como tuberculosos. Y en el cuidado a la depredación mejor no hablamos ante el éxito en la deforestación provocada por Sembrando Vida…

Para Bartlett lo monstruoso radica en los contratos firmados con la IP relacionados con la energía eléctrica, porque eso de los perredistas muertos durante su estancia en la Segob, o el crecimiento del narco por la vía de sus compadres, o el negar el amasiato de cuatro décadas, o el manejo y la calificación electoral durante todo un periodo presidencia, o sus terrenos en Tabasco 2000, o el desvío de fondos en la SEP antes de ser nombrado candidato y luego gobernador de Puebla y el manejo de los fondos estatales visto como uno de los más sucios, eso es peccata minuta, no cuenta, son pecadillos veniales. Pecar, pecar, lo que se dice pecar, eso es parte del pasado y él, está incluido…

Dicen van a convertir en realidad la persecución a los huachicoleros hidalguenses y ¿ya le pidieron opinión a Omar Fayad? O este gobernador va a seguir lanzándoles “aguas” a esta otra calaña de mafiosos…

Una empresa denominada J.J. Jiménez fue la subcontratada por Grupo Carso, es decir, Carlos Slim para la colocación de los pernos, únicos culpables del colapso de la L-12, como dirán los abuelos “a otro perro con ese hueso” …

Sigue la mata dando o mejor dicho siguen robándole al pueblo lo robado, esa dependencia parida por AMLO ya nació corrupta, podrida y sin remedio…

A las Lauras, la Fernández y la Beristain, así como a Mara Lezama les dedican: “Pobres mujeres abandonadas, que amaron creyendo ser también amadas…” A la Beristain la persiguen y no parece logrará librarla de estar frente a una barandilla.

La cuenta pública, todo indica no le será aprobada y con ello vendrán las investigaciones sobre una riqueza obtenida explicablemente al manejar a su antojo los fondos públicos y recibir una que otra compensación por permiso o licencia otorgada…

Doña Mara ha perdido la protección de su partido, del Verde; dicen las malas lenguas está muy molesto el dueño de la franquicia heredada por su señor padre en virtud de haber cobrado un dinero del cual debió hacer el reparto acordado y se lo quedó todo.

En Morena han detectado su fama también corre paralela a la percepción de la gran corrupción imperante durante su gestión. Por lo tanto, seguro, ya no tiene más allá de los años faltantes para el término de su presidencia municipal y ni tan seguro…

La Fernández anda haciendo bailar a su máximo protector y el alejamiento no tardará en notarse. Vaya con las féminas en Quintana Roo, no salieron iguales, lograron superar a los varones ambiciosos y sus mandatos se incluyen en los mucho peores…

Hablando de mujeres… y traiciones, Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán denunció a su sucesor, a Rolando Zapata Bello, por haber cancelado un convenio con la constructora de un hospital en Ticul, el cual quedó inconcluso.

Este nosocomio trajo muchas críticas a la pariente de Cervera Pacheco, la obra era imprescindible porque le brindaba atención a 13 municipios del sur de la entidad. Sin embargo, la boshita no la concluyó y le dejó el paquete a quien fuera también su secretario de gobierno, mismo que no aguantó seguir con una obra a la cual le subieron los costos a las nubes. No se sabe bien a bien si la querella es por el daño a los yucatecos de la zona o por los compromisos económicos hechos. ¿Usted que cree?

Problemas con el estado de Derecho

Jorge Javier Romero Vadillo

México nunca se ha caracterizado por la solidez de su orden jurídico. Desde el nacimiento de la República, con la Constitución de 1824, el país ha vivido dificultades ingentes en la construcción de un Estado de derecho, con reglas claras, aceptadas de manera general y con capacidad estatal para ejecutarlas eficazmente.

La historia constitucional de México ha sido la de una serie de fracasos sucesivos y las dos Constituciones que han tenido una vigencia formal relativamente larga: la de 1857 –en teoría en vigor hasta 1916– y la actual, surgida del Constituyente de 1916–17, pero con centenares de reformas desde entonces, han sido en la práctica sustituidas por un arreglo institucional que mezclaba elementos constitucionales formales con reglas no escritas pero aceptadas, una suerte de Constitución consuetudinaria que modificaba y complementaba a la ley escrita.

Y de ahí hacia abajo, toda la jerarquía jurídica, hasta el último reglamento, se ha enfrentado a la incapacidad real del Estado de aplicar con eficacia las normas y a la falta de aceptación social del orden legal, dos aspectos del mismo problema, pues sin aceptación generalizada no hay Estado capaz de ejecutar con eficacia la ley en los casos en los que esta se viole. Un Estado débil, con serios problemas de agencia, donde cada funcionario se apropiaba patrimonialmente de su parcela de poder y ejercía su autoridad en beneficio personal, condujo a que la práctica común fuera la negociación personalizada de la desobediencia de la ley y el uso faccioso de la justicia y el orden jurídico para favorecer a aquellos que podían pagar por la protección estatal.

Es historia apenas ha comenzado a cambiar en las últimas tres décadas. Gradualmente se han creado espacios estatales efectivamente regidos por las normas formales, como el electoral. La transformación de la Suprema Corte de Justicia en un tribunal de constitucionalidad durante la última década del siglo pasado ha sido crucial en el lento proceso de construcción de un Estado donde los derechos sean universalmente exigibles y el ejercicio del poder esté limitado efectivamente por la ley, pero en la vida cotidiana de las personas poco ha cambiado. La justicia sigue siendo inaccesible para la mayoría, la legalidad sigue siendo una frontera para la negociación, donde los más poderosos sacan ventaja, mientras los más pobre se ven sometidos a la arbitrariedad, la extorsión y el abuso de poder por parte de las autoridades. Como en el famoso corrido de La cárcel de Cananea, en México a la gente se le procesa por culpa de su torpeza o por su pobreza, no por lo que dice la ley.

Se trata de un tema central de la trayectoria histórica del país. Su reversión es compleja y requiere de cambios institucionales profundos, donde no es menor el tema de la legitimidad de la dominación Estatal. El consenso social en torno a la ley se construye gradualmente, pero requiere del reconocimiento social de la justeza de la autoridad, de la imparcialidad de los jueces y de una percepción general de que la ley es el mejor marco para dirimir el conflicto social. Puede tener momentos fundacionales, con pactos constitucionales muy incluyentes, pero es una construcción incremental que tarda generaciones en completarse. Desde luego nunca es resultado de un acto moral de un líder iluminado.

¿Por qué es importante un orden jurídico eficaz? Pues, como dicen en su presentación el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), un “estado de derecho eficaz reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, grandes y pequeñas. Es la base de las comunidades justas, con oportunidades y paz, que sustentan el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales”. Es la experiencia cotidiana de las personas la que resulta relevante a la hora de evaluar si realmente existe un Estado de derecho de acceso universal, por lo que la mejor manera de evaluar la vigencia real del orden jurídico como igualdad sustantiva ante la ley, es preguntarle a la gente su percepción y sus vivencias en relación con las autoridades y con la justicia.

El Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por su sigla en inglés), es una organización interdisciplinaria e independiente, fundada a partir de una iniciativa de la Asociación Norteamericana de Abogados en 2006; desde entonces ha impulsado investigación relevante sobre el orden jurídico en el mundo y ha creado un índice global de imperio de la ley, basado en encuestas con población abierta y entrevistas a profundidad con profesionales del derecho. Es, sin duda, un instrumento muy útil para medir avances y retrocesos en el desarrollo del Estado de derecho en 139 países del mundo.

No resulta sorprendente que México no quede muy bien situado en este índice global. En el estudio de este año, nuestro país ocupó el lugar 113 de los 139 analizados con una metodología común, y bajó un lugar respecto al año pasado. Vale la pena ver cómo se ha movido la percepción social respecto al orden jurídico en México desde que comenzó a publicarse el índice, en 2009. Un aspecto relevante analizado por el índice es el relativo a la medición de ausencia de corrupción, donde este año México quedó en un desastroso lugar 135, solo mejor que Uganda, Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo. Este dato provocó la furia presidencial y el índice fue descalificado como un documento elaborado por enemigos del gobierno, con información sesgada y falsa, por la encargada de los desmentidos gubernamentales de los miércoles.

Si no fuera porque el Presidente se toma todo personal y pretende convencernos de que ya nos condujo a la Arcadia de la honradez pública, el índice sería muy útil para un gobierno realmente empeñado en combatir la corrupción. Desde 2018, además, la oficina en México del WJP, dirigida por Alejandro González, hace estudios con información de las entidades federativas, muy valiosos para detectar los problemas del imperio de la ley en el ámbito local. Se trata de un trabajo notable, pero como proviene de una agencia independiente no gubernamental, enseguida resulta sospechoso para López Obrador, sobre todo cuando muestra que no basta con declarar el fin de la corrupción y la arbitrariedad para que estas desaparezcan.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El panismo nacional acaba de darse un tiro en el pie. Su líder, Marko Cortés, confesó que para las elecciones estatales de 2021 tienen muy pobres posibilidades de triunfo, salvo quizás en Aguascalientes, según testimonio del gobernador de esa entidad, Martín Orozco Sandoval,

Además, también anticipó la derrota de su partido y de la “Alianza Va por México” para las elecciones presidenciales del 2024, ante Morena.

Y aunque ayer Marko Cortés dijo que el gobernador Orozco Sandoval miente, y que le está haciendo el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario se mantuvo en su dicho y no se retractó. Al contrario, lamentó que el PAN tenga a semejante mediocre como líder.

Pero más allá de este pleito de comadres, lo que revela la confesión de Marko Cortés es el desaliento que hay entre la oposición del país, pues en 2018 no sólo perdieron la presidencia, sino que ese año marcó el inicio de una debacle sin fin que se ratificó en este 2021.

Por más que intentaron frenar el avance de Morena, las elecciones estatales de este año fueron catastróficas para los aliados del PRI, PAN y PRD, aunque mejoraron las expectativas del MC y del Verde, partidos que consiguieron cada uno las gubernaturas de Nuevo León y San Luis Potosí, los cuales fueron las sorpresas de la campaña, pues realmente no estaban contemplados como triunfadores y más bien fueron errores de los candidatos morenistas los que catapultaron a Samuel García en el estado neoleonés, y a Ricardo El Pollo Gallardo en el potosí.

Volviendo al tema, en 2022 habrá elecciones para gobernador en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. En todas esas entidades, el enemigo a vencer es el partido lópezobradorista, donde por cierto las pugnas están al mil y es natural porque es el partido con tendencia ganadora. Hoy por hoy, es el partido guinda el árbol que tiene frutos y, por lo tanto, se ha convertido en una especie de árbol del bien y del mal, el árbol de la tentación aún para quienes pululan en la derecha y en la izquierda prostituida.

La claridad de Marko Cortés es buena. No hay delito en ello. Es de sabios reconocer cuando no se tienen posibilidades de triunfo. Pero, en su papel de dirigente del partido es fatal su sinceridad. Se le olvidó que nadie vende pan frío, y que los pocos que aún quedan en el partido lo que menos quieren escuchar es de una derrota anticipada.

Por lo menos les hubiera dorado la píldora y les hubiera echado mentirillas piadosas, por lo menos de cara al 2024, donde ya anunció que sus gallos y gallinas son Diego Sinhue, de Guanajuato; Mauricio Vila, de Yucatán, y Maru Campos, de Chihuahua.

Pero hasta este juego echó a perder el tal Marko (con K), porque aceptó que optaron por estas fichas “para ver qué se puede rescatar”. O sea, nada.

Lo que demostró la confesión del gobernador de Aguascalientes es que ya están hartos de que Marko Cortés viva haciéndose “pedazo”, viviendo de su pleito estéril contra el inquilino de Palacio Nacional, en lugar de trabajar por el rescate del partido, lo cual pasa por dejar de seguirle el juego al artífice de la alianza “Va Por México”, el empresario Claudio X González, quien definitivamente trae una agenda auspiciada desde el exterior, como siempre ocurre cuando algún gobierno deja de ser lacayo de los capitales extranjeros.

Traigo todo esto a colación, amable lector para reiterar que la alianza de Claudio X González va a estallar hacia el interior de los propios partidos que la integran, no sólo porque es una agenda política que únicamente está utilizando a los institutos políticos nacionales (que financiamos con nuestros impuestos todos los mexicanos) para que sobreviva un puñado de empresarios corruptos, sino también porque la gente no puede ser engañada por siempre, ya comenzaron a darse cuenta del juego perverso y no están dispuestos a consentir más engaños de parte de sus supuestos líderes nacionales, tal cual ocurre en el PRD con Jesús Ortega, y en el PRI, con Alejandro Moreno.

En Guerrero tenemos 2 voces opositoras: la de Evodio Velázquez Aguirre, quien ha estado convocando a un frente nacional por el rescate del PRD. Y la de Eloy Salmerón Díaz, líder del PAN recientemente reelecto, quien se negó a caer en el engaño de la alianza con el PRI y con el PRD. Y aunque en la recta final de la campaña para gobernador la candidata traicionó a su partido haciendo una alianza de facto con el candidato aliancista, Mario Moreno Arcos, no lograron su cometido ni uno ni otro.

Todo al final es un tema de inmoralidad política, y aunque los líderes nacionales aliancistas no se hayan dado cuenta aún, tienen sus días contados. Si el pronóstico de Marko Cortés se confirma en 2022, pasando por las estatales de 2023, será muy difícil que la gente les siga el juego hasta 2024. Y menos si los candidatos que están preparando son de baja monta o están salpicados de corrupción.

“¿Cuál es la esperanza que (Marko) le brinda a la militancia en un 22 y 24? Que me lo dijo y lo sostengo ante cualquier órgano del partido, que también está difícil. Hay muchos panistas que no vemos resultados y no vemos una visión clara del partido. Entonces ¿Qué está haciendo ahí?”, sentenció el gobernador de Aguascalientes.

Y esto apenas comienza, amable lector. Faltan 3 años para verlos caer en sus mentiras.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*En la ONU: corrupción, armas y drogas

*Presenta JR de la Fuente, apretada agenda

*Asesinar periodistas “problema de Estado”

“La mediocridad es legítima hija de la corrupción”: Jorge González Moore.

Tras asumir la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México pretende poner en el centro de la discusión los temas de tráfico de armas y la corrupción, sostuvo el embajador de nuestro país ante el organismo internacional, Juan Ramón de la Fuente, quien confirmó el próximo 9 de noviembre, en la ciudad de Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador participará en una mesa de debate en la cual abordará esos temas junto a los de desigualdad, exclusión y conflictos armados.

En la actual gestión federal de la 4T, México tiene como una prioridad no atendida el combate al crimen organizado, al cual se le ha consentido con la política de “abrazos no balazos” impulsada por el presidente López Obrador, lo que en la práctica es un “dejar hacer, dejar pasar” las actividades ilícitas, fortaleciendo a las organizaciones criminales, las cuales se sienten con fuerza para retar el poder del Estado en diversos territorios. En este esquema, la administración federal tiene como objetivo prioritario la reducción del tráfico de armas desde el territorio estadounidense, lo cual debe hacerse no sólo con la cooperación del gobierno de Estados Unidos, sino con inteligencia y la aplicación estricta de la ley.

De la Fuente precisó: “Nuestro presidente viene exclusivamente a esta reunión y a entrevistarse con el secretario general António Gutiérrez. Su presencia refleja la importancia de estos temas de carácter social”. También confirmó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofrecerá una conferencia magistral el próximo 22 de noviembre, en la que expondrá el tema de tráfico de armas. El embajador destacó: “El tráfico de armas está vinculado a los problemas transfronterizos, no quiero adelantar, pero nadie puede cuestionar que estos temas afectan la paz internacional y ese es el punto que quiere exponer México”.

De acuerdo con José María Ramos, profesor e investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef), la nueva agenda de cooperación en materia de seguridad y prevención con Estados Unidos, Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad Pública y Comunidades Seguras, como se denomina el acuerdo que sustituye a la Iniciativa Mérida, no se limita a la relación de México, sino implica una agenda compleja con países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, productores de coca y amapola.

El análisis de Ramos destaca: “La política de control de drogas desde los citados países hacia México y los Estados Unidos, no reduce el problema sino por el contrario es más complejo desde el punto de vista de producción, distribución, financiero y corrupción”. Además, subraya, en la coyuntura actual, los gobiernos de México y EU, tienen objetivos diferentes. México tiene como prioridad el combate al crimen organizado, con el uso de inteligencia y aplicación de la ley y la reducción del tráfico de armas desde territorio estadounidense. El 70 por ciento de las armas decomisadas proviene del país vecino”.

Por su lado, el gobierno estadounidense, si bien comparte ese enfoque, tiene otras prioridades. Por una parte, busca reducir el tráfico de inmigrantes irregulares, que en su mayoría atraviesan por México en su recorrido desde Centroamérica y recientemente de personas haitianas provenientes de Brasil. Por otro lado, busca frenar el flujo de fentanilo –opioide sintético, similar a la morfina, pero 50 y 100 veces más potente que ésta- y que sustituye de forma acelerada el consumo de heroína en el territorio vecino.

Ramos considera que la relevancia del problema migratorio para Estados Unidos quedó plasmada en la participación del secretario de Estado, Anthony Blinken en la Reunión Ministerial Regional sobre Migración este 20 de octubre en Bogotá. Entre las propuestas está el reforzar la aplicación de la ley en las fronteras mediante control de visados, protección de los migrantes más vulnerables como las víctimas de trata y contrabando de personas, mejorar la gestión de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia y haitianos en el marco regional. Así como promover proyectos de infraestructura resistentes al clima que crean empleos en las comunidades expulsoras de migrantes.

El análisis del Colef destaca que el problema de tráfico de drogas no fue una prioridad en la agenda del secretario Blinken en ese encuentro regional. Ramos refirió la pretensión del gobierno de EU para cambiar el enfoque de su política antidroga. “El problema es que históricamente la prioridad de la agenda estadounidense se ha enfocado en la intercepción de drogas, no en la reducción del consumo”, por ello ahora el cambio es importante al hacer énfasis en la salud pública. Con todo, el consumo de drogas en esa sociedad sigue. Destaca el fentanilo en sus distintos derivados sigue en aumento.

El Colegio de la Frontera concluye que más allá de la relación con México, el gobierno de Estados Unidos tiene otras prioridades relacionadas con la coyuntura interna como avanzar en la vacunación contra el Covid-19, o la reactivación económica, mediante la aprobación del programa de infraestructura. Asimismo, avanzar hacia una agenda verde, junto con la negociación comercial y de seguridad con China y la reforma migratoria. Por lo tanto, considera el combate a las drogas, más allá del control fronterizo, no parece ser una prioridad para el gobierno de Biden por la complejidad multidimensional del tráfico y consumo de drogas.

El doctor Ramos concluye que el gran reto de la nueva política del Entendimiento Bicentenario es su viabilidad en un marco en el cual los países centroamericanos tienen prioridades diferentes. Por ello, lamenta, es probable que en el corto y mediano plazo no se reduzca el tráfico de drogas hacia EU ni el consumo de estupefacientes, así como tampoco se podrá controlar el ingreso de armas hacia México ni el crimen organizado.

Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, informó se debatirá sobre los conflictos en Medio Oriente, Siria y Yemen, así como la situación en Irán, Libia, Etiopía y Somalia, “en el caso de Afganistán el punto de mayor preocupación es también la situación humanitaria, pero también otros temas como Derechos Humanos, terrorismo y las sanciones”. El ex rector de UNAM indicó que la crisis migratoria no se dejará de lado y se buscará sea gestionada desde tres perspectivas, las cuales son: los lugares de origen, el tránsito y el destino.

El embajador de México ante la ONU aseguró: “México presentó un plan integral para incluir desde luego los problemas sociales y ambientales de los países de origen, los problemas con los que tiene que lidiar los países de tránsito y los que les corresponden a las naciones de destino. Vemos que esa es la forma más integral de abordarlos y el presidente de México ha mostrado la voluntad de apoyar a los países centroamericanos”.

Detalló se dará prioridad a la agenda de la mujer para resolver temas de equidad de género y atención particular a la situación de las mujeres y niñas en nuestro país, además, reconoció que los temas que se abordarán durante el mes que México presida el consejo, son complicados. “Se ha configurado un gran equipo de mujeres y hombres que están muy comprometidos con el proyecto, que conocen bien sus temas. Sabemos que será un mes difícil, ya anticipamos algunos temas muy complicados, pero el equipo está preparado para afrontar el reto y seguir poniendo el nombre de México en todo lo alto, como lo hemos tratado de hacer desde que asimismo esta honrosa responsabilidad”, subrayó De la Fuente.

De los pasillos

Los asesinatos de periodistas en México “son un verdadero problema de Estado”, la mayor parte de estos crímenes son cometidos por el ejercicio de su profesión e involucran al crimen organizado y a autoridades locales, sostuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual llamó al Estado Mexicano a defender y garantizar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas.

En el “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, la CNDH señaló que la protección y defensa de las y los periodistas son básicas en toda democracia, por lo que autoridades de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo las Fiscalías, deben comprometerse en la investigación y sanción de estos delitos para poner fin a la impunidad.

Ya ni Salinas

Dolia Estévez

En violación del decreto que prohíbe exhibir nombres de funcionarios en edificios federales y de la política del Presidente López Obrador de no usar la obra pública para la promoción personal, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el Embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, develaron una placa que glorifica el nombre del priista estatal en un nuevo recinto en el Instituto Cultural Mexicano (ICM), propiedad del Estado.

En 1983, Miguel de la Madrid decretó que “las obras públicas no deben ser aprovechadas para exaltar el culto a la personalidad de quienes actúan en el servicio público, durante el tiempo de su encargo…”. Con base en ese postulado, emitió un decreto para “suprimir” los nombres del Presidente y de los funcionarios públicos, “en las placas que se fijan con motivo de la inauguración de las obras públicas que realicen la Administración Pública Federal, centralizada o paraestatal el Departamento del Distrito Federal y sus entidades, o los Gobiernos locales, cuando se trate de obras llevadas a cabo con recursos federales (“Acuerdo por el que se dispone se supriman los nombres… Diario Oficial, 05/04/1983).

Hasta la semana pasada, no había ninguna placa con nombres de funcionarios, ni en la sede de la Embajada ni en el Instituto Cultural Mexicano, que infringiera dicho acuerdo. La placa de Murat es la primera.

Ubicada en la pared exterior de un edificio que no hace muchos años era la Sección Consular de la Embajada de México, la placa en el nuevo taller dice: “Laboratorio Matías Romero; Lanzado por el Gobernador del estado libre y soberano de Oaxaca, Alejandro I. Murat Hinojosa”.

Sobra decir que el ICM no pertenece al Gobierno de Oaxaca. Es una obra pública comprada con dinero federal, por tanto, rige el acuerdo de 1983. La responsabilidad de hacer cumplir la normativa no es del Gobernador sino de Moctezuma, quien tiene encomendadas las propiedades diplomáticas del Estado mientras sea Embajador.

Ya ni la arrogancia de Carlos Salinas de Gortari. La placa de la inauguración en 1989 de la Embajada de México, sobre Avenida Pensilvania, no lleva su nombre. Puntualmente dice: “El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos declaró inaugurado este edificio destinado a la Embajada…”.

El Gobernador de Oaxaca, el cuarto estado más pobre de México, pagó por la inauguración del taller en el marco del llamado “Mes de Oaxaca en Estados Unidos”. El mantenimiento correría por cuenta del erario de su estado. La placa con el nombre de Murat, que él mismo mandó hacer en Oaxaca, es un pago a perpetuidad… si no la cambian.

Murat y Moctezuma también develaron un busto de Matías Romero en un salón de juntas en el octavo piso de la Embajada. Murat se dijo “orgulloso” de la “entrega” a la legación mexicana de los símbolos conmemorativos al distinguido diplomático, empresario, autor y estadista oriundo de Oaxaca.

El súbito impulso por reconocer al ilustre mexicano, no deja de llamar la atención, más aún cuando un intento reciente por instalar un pedestal en su honor en la esquina de las calles 14 e I, donde vivió intermitentemente 24 años, no prosperó. El permiso que otorgó el Gobierno del Distrito de Columbia de la Ciudad de Washington, venció el año pasado, me dicen fuentes del municipio.

Moctezuma no es el primer diplomático de la 4T en incumplir el compromiso de AMLO. El año pasado, el Cónsul de San Antonio, Rubén Minutti invitó a Yasmín Esquivel a inaugurar una sala de lactancia que lleva su nombre.

La actuación de Minutti, quien buscaba quedar bien con la Ministra, presuntamente iba a ser objeto de una investigación por parte del Órgano Interno de Control en la SRE, pero se desconoce si el caso procedió o si el cónsul fue sancionado.

Hasta la semana pasada, no había ninguna placa con nombres de funcionarios, ni en la sede de la Embajada ni en el ICM. Foto: Dolia Estévez

La gira del Gobernador es una idea un tanto original de Moctezuma. Tras la desaparición de las oficinas de Pro México bajo el actual Gobierno, las embajadas en el mundo han asumido el papel de promotores de la inversión y de la cultura en los estados. Moctezuma espera traer a más gobernadores el próximo año.

El propósito de la gira de Murat fue desarrollar un programa de promoción económica y cultural en su estado, que dominó la agenda del personal de la Embajada a lo lago de toda la semana pasada. Las actividades iniciaron con la inauguración de dos espectaculares alebrijes en Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan.

En el más rancio estilo priista, Murat y su esposa, blindados por un séquito de más de 30 personas que incluyó a los secretarios de turismo y economía estatales, al director de comunicación (yerno de Moctezuma), a funcionarios diversos, camarógrafos, fotógrafos y a un par de reporteros locales, almorzaron con empresarios, inauguraron salas y el Altar de Muertos, montaron guardia frente al monumento a Juárez y presenciaron bailes y música de artistas e interpretes traídos de Oaxaca.

Murat, quien en todo momento estuvo acompañado de Moctezuma, pagó por todo. Hasta por el papel picado de la decoración en el ICM. No pronunció discurso que no mencionara en términos elogiosos a AMLO.

El hijo de José Murat no es ajeno a la controversia. De acuerdo a una investigación de The New York Times, Alejandro Murat y su familia son dueños de propiedades inmobiliarias de gran valor en Estados Unidos. “Con los años, él (Alejandro Murat) y los miembros de su familia inmediata –empezando por su padre, exgobernador de Oaxaca– han comprado al menos seis propiedades, incluyendo dos condominios cerca de una estación de esquí en Utah, otro en la playa en el sur de Texas y por lo menos una en Manhattan”. Murat lo negó (Mexican Political Family has close ties to ruling party, and homes in the U.S., The New York Times 10/02/2015).

Bastó la aparatosa visita de un polémico político priista para arrojar a las aguas del Potomac el compromiso de AMLO de acabar con el culto a la personalidad que tanto daño hace a México.

Perderle el asco al PRI

Opinion

Darío Celis

Perderle el asco al PRI

Lejos de haber perdido trascendencia, el PRI, que encabeza el campechano Alejandro Moreno, ha recuperado espacios en la política nacional, al convertirse en el objeto del deseo tanto para quienes buscan aprobar la reforma eléctrica como para los sectores que se oponen a ella.

Y es que, además de estar en juego la iniciativa tan defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo más relevante de este póker político es la elección presidencial de 2024.

“Alito” conoce a la perfección los dos escenarios que tiene en sus manos. El primero significaría aliarse con Morena para entregarle los votos suficientes de los 71 que dispone en la Cámara de Diputados para pasar esta controvertida reforma.

La moneda de cambio sería una alianza político-electoral con el hoy partido mayoritario de cara a las elecciones que se avecinan para 2022 en seis estados, en 2023 en dos entidades y la madre de todos los procesos en 2024.

El presidente López Obrador sabe muy bien que los votos del PRI tendrán un costo y éste podría ser la construcción de un frente con el tricolor que le asegure la desarticulación del bloque opositor y un fácil triunfo en todas las elecciones que vienen de aquí a tres años.

El PRI se encontraría en condiciones de aliarse con Morena y de negociar candidatos en 4 de las 6 elecciones de 2022, esto es Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo y Durango, y un abanderado en uno de los dos comicios del 23, léase Estado de México y Coahuila.

Para ello, López Obrador tendría que dar un giro de 180 grados a su discurso y resucitar al tricolor, algo que se antoja difícil, pero no imposible.

El segundo escenario que se le presenta a Alejandro Moreno y a sus principales operadores es la alianza con el PAN, el PRD y la iniciativa privada para rechazar la reforma eléctrica.

Esto implicaría, para los hombres de negocios, dejar atrás la serie de descalificaciones que en un pasado no tan lejano propinaron al PRI por los temas de corrupción en tiempos de Enrique Peña Nieto, doblar las manos y aceptar un trato con el tricolor.

La posición crítica del PRI implicaría relanzar la alianza opositora de cara a todas las elecciones que vienen y vislumbrar una candidatura común en 2024, aunque no con el campechano a la cabeza.

Cual sea el escenario que se presente, ‘Alito’ ha sabido coquetear con uno y con otros. Ha elevado el costo de los votos del PRI en San Lázaro.

La primera señal se verá en la posición que este partido adopte en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía en Diputados, instancia en donde se encuentra actualmente la iniciativa y en donde los votos del PRI, muy seguramente, serán decisivos para dar continuidad al proceso legislativo.

Queda claro que, tanto para el inquilino de Palacio Nacional como para la los hombres del dinero, se trata de dar el paso hacia adelante, de perderle el asco al PRI.

Comisión Bancaria

¿PARA DÓNDE VA la regulación financiera en México? ¿Y qué pretende hacer la 4T con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)? La imposición de Jesús de la Fuente como su nuevo presidente violó todos los preceptos de la ley. De entrada, el nombramiento lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien otra vez dejó en ridículo al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien no pudo colocar a alguien de su entera confianza y le arrebataron la facultad de hacer la designación. Segundo, De la Fuente no cumple con los requisitos mínimos para el puesto: no ha ocupado ninguna posición en el gobierno. Y lo que es peor, se arroga experiencias que tampoco tiene, como el lavado de dinero, donde los verdaderos especialistas no tienen referencias de su trabajo. Hay preocupación en la banca, más allá del desafortunado saludo del presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, de a dónde están enfilando a la CNBV. La primera estocada se la dieron con el nombramiento de Lucía Buenrostro como vicepresidenta de Regulación, orden que como la de De la Fuente, salió de Palacio Nacional sin que ni Ramírez de la O ni el propio Juan Pablo Graf pudieran hacer algo. Para poner a Buenrostro, a quien como exdirectora de Crédito y Garantías le atribuyen el disparo de la cartera vencida del Banco del Bienestar en el último año, quitaron a José Antonio Quesada, considerado como uno de los que más saben del tema regulatorio bancario. ¿A dónde va la CNBV?

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES vence el plazo para que Emilio Lozoya Austin presente las pruebas que dice tener en contra de sus denunciados o, supuestamente, la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, tendrá que ejecutarle los delitos que se le imputan. Difícilmente ocurrirá eso. La defensa del exdirector de Pemex, que se dice es realmente el penalista José Miguel Castillo, discípulo del afamado Alonso Aguilar Zínser, puede solicitar una nueva prórroga, misma que el juez estará en posición de otorgar. Así como en el caso de Rosario Robles no hizo falta que Gertz se sacara un as bajo la manga, solo bastó que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinara que existía un elevado riesgo de fuga para dejarla en prisión, en el expediente Lozoya el juzgador podría dar una nueva extensión para que el exfuncionario presente sus pruebas y aplazar otros tres meses, por lo que también se reprogramaría la audiencia de cierre de investigación en su contra, prevista para el 19 de noviembre próximo. Quien desde ahora está gritando a los cuatro vientos que ya convenció al fiscal especializado en Delitos Federales, Juan Ramos, de que se siga extendiendo el plazo es su padre, Emilio Lozoya Thalmann. Ya veremos.

TAN PRONTO COMO la próxima semana, el ministro Arturo Zaldívar podría estar notificando la vacante del ministro Fernando Franco, quien dejará esa posición el último día de diciembre. Estará puesta la mesa para que Andrés Manuel López Obrador envíe su terna. Más allá de los desencuentros del tabasqueño con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, externada en temas como la despenalización del aborto o la prohibición de la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, la relación sigue siendo muy institucional. Tan es así que el presidente ya confirmó su asistencia en la segunda quincena de diciembre al informe 2021 de Zaldívar. Asistirán representantes de los tres poderes de la unión y el gabinete legal. Después habrá una comida que los ministros ofrecen al jefe del Ejecutivo. López Obrador ha tomado distancia de los ministros, incluso de los tres que él mismo promovió: Margarita Ríos-Farjat, Jasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá. De los otros mejor ni hablamos.

POCO ANTES DE tomar posesión, la nueva gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, estuvo apunto de ir a la cárcel, acusada por su antecesor, el mandatario saliente Javier Corral, de delitos de corrupción. Hoy este polémico político está a punto de ser sentado en el banquillo de los acusados, más allá de que su nombre a nivel federal se mencione para ocupar un lugar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Corral dejó al estado con una deuda de 75 mil millones de pesos, pendientes con proveedores por 14 mil millones de pesos y más de 800 millones en irregularidades detectadas en dependencias de esa entidad. Moraleja: en política, como en finanzas, nunca subestimes a tus adversarios, máxime si juegan en tu misma cancha.

Y YA QUE hablamos de gobernadores, los que también quieren agarrar hueso son los de Baja California, Jaime Bonilla, y el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. El primero dice a todo el que quiere oírlo que va o a la secretaría de Comunicaciones, o la del Trabajo o a Pemex. El segundo no dice nada, pero está operando para entregar a Morena al estado y la ariete es Mara Lezama, la alcalde de Cancún. Si todo sale bien, el hermano de Pedro Joaquín Coldwell podría terminar o en la Secretaría de Turismo o como embajador en Cuba. Pero no pierda la jugada de Movimiento Ciudadano. El partido de Dante Delgado ya ve en Roberto Palazuelos a su gallo. En Cancún, una ciudad joven, Mara no es muy querida, hartazgo que puede catapultar al Diamante Negro.

SORPRESA CAUSÓ EN el sector aéreo el anuncio de Volaris, que dirige Enrique Beltranena, de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir de marzo próximo. ¿Qué incentivos recibió del gobierno federal, además del TUA de 120 pesos, para que se aventurara a afirmar que la estructura de costos del AIFA será “sustancialmente más baja” que la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando ni siquiera están concluidos los estudios de aeronavegabilidad ni las vías de acceso rápidas? En el medio se bromea que en unos meses Volaris mandará un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para informar que su tercer ruta será del AICM al AIFA, por aquello de que a sus clientes no se les vaya el avión.

Las narrativas de Andrés y Claudio

Ernesto Hernández Norzagaray

Claudio X. González, el multimillonario X, en su campaña contra López Obrador acaba de salir a la plaza pública con una tontería: “La llamada 4T [Cuarta Transformación], una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”.

Y aquella chispa encendió rápidamente la pradera mediática. Se le calificó de todo: desde fascista hasta estalinista. Y bien merecido lo tenía. No se puede ir por la vida impunemente hablando como hacendado del siglo XIX y llamando a hacer una lista negra de quienes “alentaron” el “autoritarismo populista y destructor”.

No, creo, vivimos en una democracia sin hacendados, donde queremos muchos que cuenten las instituciones. Con poderes fácticos disminuidos, aunque, no desaparecidos. Sin listas negras, ni apandados. Se vio mal, muy mal, el empresario metido hoy de político opositor y activista de la alianza variopinta de “Si por México”. La machaca mediática no ha dejado de cobrar el yerro y se le ha cocinado a fuego lento por revivir las listas negras del inefable Gustavo Díaz Ordaz o las del torturador y asesino Miguel Nassar Haro.

La crítica vino de un lado y regresó encendida por otra. Se alineó el obradorismo al grito del unísono: ¡Anótame en tu lista!, reclamó Claudia Sheinbaum. Y el Presidente, como no, entró al quite con sonrisa burlesca y generalizó para sacar tajada: “Que se sepa que no tienen vocación democrática, que los domina el afán autoritario lo de Claudio es ‘vamos a empezar a hacer una lista’ o es lo que insinúa”, y eso lleva inevitablemente al dilema ellos o nosotros. O, como les exigió a los priistas cuando los puso ante el dilema para la Reforma Eléctrica ¿están con Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos o con Carlos Salinas de Gortari? Que en realidad les dijo: están conmigo o con ellos.

Y fue la yucateca Dulce María Sauri, no Alejandro Moreno, el dirigente priista, quien salió al paso del falso dilema: “El PRI está con Lázaro Cárdenas, el PRI está con Carlos Salinas de Gortari y lo está porque ambos como presidentes de México supieron en función de su tiempo y circunstancia responder por un país que buscaba construir alternativas de futuro”.

Y ya no es el señor X, sino el Presidente López Obrador quien busca dividir entre buenos y malos mexicanos. Entre los de una lista y otra. Al final ambos atizan a la balcanización social. A que cada uno de los mexicanos decida con cual narrativa quiere estar en esta coyuntura de la historia nacional.

En la de Claudio o en la de Andrés Manuel. En la de los conservadores o en la de los nuevos liberales. Y ese es el país que se ha construido con el dinero de los Claudio o con el dinero público, que se gasta en cada “mañanera”. Atizan unos y otros al fuego de la balcanización social. Y frente a ese fuego está una sociedad hirviendo en su propio fuego cotidiano para optar entre uno y otro bando. Entre una bandera y otra bandera. Entre un relato y otro.

Obnubilan la conciencia nacional con fuertes dosis de discursos emocionales. Unos desde el fatalismo y otros desde la esperanza. Y lo sorprendente es que uno y otro tienen una dosis de razón. La situación no está como la narrativa oficial busca trasmitir en su publicidad esperanzadora, pero, tampoco, tan mal, como ese Claudio colectivo, cuando intenta instalar la duda, la frustración, el fatalismo.

Todavía hay espacio para la inteligencia colectiva y para poder salirse de ese falso dilema que acrecientan los filoadherentes mediáticos de uno y otro bando. Ese discurso binario de conservadores y progresistas; de anclaje en el pasado y sin visión de futuro. De los que están con el pueblo y los que están en contra de él.

Quizá está en esa respuesta silenciosa, ordenada, que acomodó silenciosamente las manzanas en el canasto electoral del pasado 6 de junio. En la baja participación en la consulta nacional para enjuiciar a los expresidentes. Y la incertidumbre para todos de lo que se espera, no en la consulta de revocación de mandato, que recordemos necesita de un grupo promotor y, para activarla, el apoyo, con firma, de tres millones de mexicanos en edad de votar.

Ya los partidos de “Si por México” han dicho que no se activarán en esa consulta, que se esperarán las presidenciales de 2023-2024. Y no veo que el obradorismo se active para conseguir esos tres millones de firmas para medir la textura y consistencia del 60 por ciento de apoyo que trae el Presidente López Obrador en las encuestas de percepción.

O sea, en este mandato presidencial, es altamente probable que no haya consulta de revocación de mandato por simple cálculo político de ambos bandos y por una sociedad, que, en agosto pasado, vio con desdén y desconfianza ese tipo de rutinas democráticas.

Y ese silencio colectivo atiza, eso sí, la “incertidumbre democrática” de la que habla el politólogo polaco Adam Przeworski, en uno de sus libros, y que se da en sociedades democráticas altamente polarizadas. Ese, es, el futuro que resulta de estas narrativas que balcanizan y terminan por agrupar en torno a una emoción, un emblema, una narrativa o una figura pública a los contingentes de votantes.

Entonces, no se trata sólo de lo que digan las narrativas en pugna y adláteres mediáticos por la audiencia nacional, por el control de la mayoría de los votos, sino los silencios y desdenes, que han aparecido en medio de la bruma democrática.

Esa es la lectura que falta y se hace más visible en la medida en que aumenta el ruido del fanático que acríticamente se alinea a un lado y otro, de la línea imaginaria, que separa a los buenos de los malos mexicanos, ese mundo binario, que aun con todo, nos sirve para activar la conversación y para que haya brotes, cada día mayores de reflexión de lo público, no de lo que digan o dejen de decir dos cuates, que buscan atraer para si los reflectores y erigir desde ahí una narrativa de salvación nacional, redentora, excluyente, sino tomar distancia del simplismo y la manipulación de la esfera de lo público.

La 4T y los movimientos sociales

Rubén Martín

La retórica simplista y maniquea del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gobierno de la Cuarta Transformación de clasificar a todos sus opositores o disidentes como conservadores, mientras él y sus seguidores se clasifican a sí mismos como liberales y transformadores, es un discurso que sirve para mover y unificar a sus bases de simpatizantes, pero que deja fuera de este binarismo a un amplio campo de luchas sociales y políticas que no pueden ni quieren ser clasificadas en los bandos liberales o conservadores.

El abuso de esta retórica política simplificadora ha provocado varias polémicas al descalificar a movimientos sociales como el feminista, ecologista o defensores del territorio, como conservadores o incluso de extrema derecha.

El presidente López Obrador lo volvió a hacer el pasado viernes 29 de octubre en su conferencia de prensa mañana, desde Campeche, al responder una pregunta que se le planteó sobre los opositores al megaproyecto del Tren Maya. Inicialmente respondió: “Bueno, la mayoría de la gente está a favor del Tren Maya y yo lo agradezco mucho, porque hay opositores, tenemos de adversarios a los conservadores que se oponen a todo (cursivas mías) , que quisieran que nos fuese mal”.

Luego al abundar en otra interpelación López Obrador soltó la frase que incendió el debate público al sostener que ciertas causas como el feminismo, ecologismo y la defensa de los derechos humanos fueron alentadas, incluso financiadas, por los mismos que diseñaron las políticas neoliberales. “(…) más que nada son grupos que tienen que ver con una forma que encontraron de trabajar. ¿Qué hizo el neoliberalismo o qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal, qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso no hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”.

Esas agencias internacionales “que apoyaban el modelo neoliberal”, añadió el mandatario siguen financiando “a grupos ambientalistas, defensores de la libertad” e incluso a quienes se oponen a uno de los proyectos insignia del actual gobierno: el Tren Maya, “que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos, como también las asociaciones de Claudio X. González”.

Estas desafortunadas declaraciones encendieron rápidamente las redes sociales y alentaron la tóxica polarización de proAMLO o antiAMLO. Pero esta polarización no permite reconocer con claridad que más allá de estas posturas políticas centradas en la disputa del poder estatal, hay luchas y movimientos sociales organizados que están defendiendo causas políticas que no tienen qué ver con la disputa del poder estatal.

Si bien es cierto que hay muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan acompañando luchas sociales y que reciben financiamiento de organismos o fundaciones internacionales o nacionales, la mayoría de los movimientos sociales que el presidente quiere encasillas como “conservadores”, se organizan y financian por sí mismos, como hacen la miríada de colectivas que componen el amplio movimiento feminista en México, o los pueblos organizados en comunidad para defender sus territorios del extractivismo y los megaproyectos tan vivos ahora como en el periodo neoliberal, declarado ya difundo por el actual gobierno.

No es que no haya intereses geopolíticos, de agencias internacionales o que la derecha conservadora del país no pretenda intervenir en la lucha por el poder estatal en México. Sería ingenuo no admitirlo. Pero es obtuso del presidente y los promotores de su proyecto no reconocer que hay otros sujetos políticos que escapan a la polarización liberal – conservador.

Uno de ellos son los pueblos mayas de la península de Yucatán que se oponen al Tren Maya. Vuelvo a ellos porque la oposición a este megaproyecto fue lo que dio pie a las declaraciones de López Obrador.

Apenas tres días antes de las declaraciones del presidente, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, declaró ante una comisión de senadores que el gobierno tenía bien identificados a las “327 personas han interpuesto 25 amparos contra el proyecto y señaló que 49 personas físicas y morales se repiten en todos los amparos y se tienen identificadas a seis organizaciones de la sociedad civil detrás de estos” (La Jornada, 26 octubre 2021).

Luego sin prueba alguna, Jiménez Pons sostuvo que detrás de esos amparos “están organizaciones como el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) e Indignación, grupos que no nos quieren. Es obvio que está la extrema derecha en la zona. Hay grupos mucho muy conservadores”. Otra vez se mete en el costal “conservador” a todos aquellos que no comulgan con el proyecto de la 4T.

Pero no es Frena, ni grupos conservadores de extrema derecha quienes se oponen al Ten Maya, como dice el titular de Fonatur. Son comunidades mayas organizada en redes más amplias, como es la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, quien reaccionó a las acusaciones de Jiménez Pons con un contundente comunicado: “Acusamos al gobierno federal de racista y promotor de la violencia contra los indígenas. La ridiculez inaudita e insensata de etiquetarnos como ‘grupo de ultraderecha’ habla por sí sola de la propensión a la mentira, la simulación y la mala fe del gobierno federal y del señor Jiménez Pons, director del Fonatur. (…) la única alianza de la ultraderecha de Yucatán en relación con el mal llamado Tren Maya es la complicidad que se ha establecido entre los gobiernos estatal (del panista Mauricio Vila) y municipales (como el del panista Renán Barrera en Mérida) con el gobierno federal mexicano para imponer y echar adelante el proyecto etnocida del presidente López, violando abiertamente los derechos del pueblo Maya”.

Las comunidades organizadas en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal se oponen a este megaproyecto no porque formen parte de los “conservadores” opositores a la 4T; se oponen a esta obra porque temen que los despoje del territorio y de sus medios de vida.

Así lo dijo Pedro Uc, integrante de esta asamblea en una entrevista para Radio Universidad de Guadalajara: “el proyecto del Tren Maya está basado en un reordenamiento territorial en el que está planteada la construcción de por lo menos 15 o 20 ciudades que van a estar en el camino del tren en donde cada una de esas ciudades tendrá al menos 50 mil personas y esto va a generar un impacto muy fuerte en nuestra cultura maya, en el patrimonio cultural, en los espacios de agua como las lagunas y los cenotes; y está planteado para construir un corredor industrial en el que se plantea una línea de producción a través de fábricas y que esto va a servir para conectar con el otro tren, del istmo de Tehuantepec, y así abrir a los gobiernos esta parte del mundo y controlar los dos mares que hay en el istmo. Lo que nosotros vemos, y nos preocupa es el despojo de nuestro territorio y la destrucción de nuestro entorno…”.

En esa misma entrevista, vislumbró los riesgos que implica esta visión desde el desarrollismo capitalista de llevar “progreso” mediante la inversión pública a través de grandes megaproyectos: “Empezamos a tener conflicto con el término ‘desarrollo’ porque no entendíamos la palabra, es extraña en las comunidades que hablamos lengua maya. Y cuando vimos que el desarrollo estaba con las maquinarias que estaban tirando los árboles, están destruyendo la tierra, fumigando las abejas, contaminando el agua, todo este tipo de agresiones que sufre nuestro entrono y repercute en nuestra salud porque como pueblos mayas decimos que si el entorno tiene buena salud en consecuencia los seres humanos vamos a tener una salud para vivir bien. Sin embargo estos megaproyectos han venido a destruir a contaminar a acabar con muchos kilómetros de selva, de flores y sobre todo afectando la salud del agua que consumimos. Entonces, no lo vemos como una oportunidad, sino lo vemos como una amenaza de muerte y finalmente cuando nos quitan el territorio nos quitan la vida. Siempre hemos dicho que somos como los peces que si les quitan el agua obviamente se mueren. A nosotros si nos quitan el territorio, nos morimos. Y eso es lo que hace este gobierno que, curiosamente, ha declarado que se ha muerto el neoliberalismo”, denunció Pedro Uc.

Esta visión compleja con el territorio es la que los lleva a resistir los megaproyectos y a convertirse en sujetos políticos organizados para la defensa de sus modos de reproducción de la vida. Son las formas políticas que desde abajo se organizan para defender sus vida, pero que no caben en la retórica simplista de la 4T de poner en el bando conservador a todos los que no están de acuerdo con su proyecto.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este jueves, el Fiscal General del Estado de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, presentó por escrito su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba desde el 15 de mayo de 2018.

Esta renuncia surtirá efecto el 15 de noviembre y para elegir a su sucesor, el Congreso tiene dos opciones. La primera, es nombrar a un encargado de despacho, que podría ser el vicefiscal, mientras se emite la convocatoria de ley para convocar a los aspirantes a la Fiscalía, para elegir de un grupo de 10 al nuevo fiscal.

La segunda opción es renunciar a esta facultad, q ue sí ejerció en el caso del auditor general del estado, y esperar a que en el uso de sus facultades, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envíe al Congreso la terna de posibles candidatos a suceder a De los Santos Barilla, dejándole al Congreso del Estado la facultad de elegir al mejor perfil.

Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, habló escuetamente del caso. Aclaró, en primer lugar, que no fue el Congreso el que le solicitó la renuncia a De los Santos Barilla, sino que éste la presentó por sí mismo, argumentando tener “motivos personales”.

La renuncia es de carácter irrevocable; es decir, que la decisión está tomada y el mismo fiscal lo anunció ayer en sus redes sociales, antes de reunirse con los fiscales regionales para hablar de este mismo tema, de acuerdo con lo que divulgó en la página oficial de la Fiscalía.

En segundo lugar, Sánchez Esquivel precisó que esperarán la terna que envíe la gobernador para tomar una decisión, con base en el perfil de los aspirantes.

Luego entonces, no se apegarán al proceso abierto mediante convocatoria, sino que le dejarán a Evelyn Salgado Pineda que ella proponga a quienes considere podrían desempeñar este cargo.

¿Los requisitos? Forzosamente un abogado. Si tiene maestría o doctorado mejor. Conocedor de los problemas de justicia de la entidad y, sobre todo, un hombre íntegro y probo, de cuya actuación pública y personal no haya dudas.

Sin duda en Guerrero hay muchas personas que reúnen estos requisitos. Pero ese no es el problema, pues podemos apostar a que el fiscal que se va sí los reunía, aunque en su momento su elección se notó descabellada, pues era un joven sin experiencia en el ramo, cuyo currículum se limitaba a colaborador del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Al paso del tiempo, desde 2018 que asumió el mando de la Fiscalía, en sustitución de Xavier Olea Peláez, a De los Santos Barilla le tocó vivir el momento en que ya con López Obrador en el poder cambiaron las cosas y los índices delictivos comenzaron a bajar.

Eso fue notorio y aunque el ex gobernador Héctor Astudillo Flores se adjudicó este logro, no fue así. En realidad, durante la primera mitad de su gobierno, Astudillo bien poco pudo hacer, pues el secretario de Seguridad le fue impuesto por la Federación y venía desde el interinato de Rogelio Ortega.

Para nadie fue un secreto que el general brigadier Pedro Almazán Cervantes hizo y deshizo. Cuando se fue, coincidiendo con el fin del gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobernador mantuvo a la Secretaría de Seguridad Pública con un encargado de despacho y fue hasta el cambio del gobierno federal, 5 meses después, que nombró a David Portillo Menchaca como titular.

Para colmo, el primer trienio del gobierno astudillista fungió como fiscal Xavier Olea Peláez, quien venía de defender al alcalde de Tlapa, Willy Reyes. De hecho, ya siendo fiscal renunció al caso y se encargó de ayudarle desde dentro.

¿Por qué traer este tema a colación? Porque siempre se mide la eficiencia de un fiscal, en función de la baja de los índices delictivos, cuando esa no es su función, sino del secretario de Seguridad en turno. Al fiscal le toca investigar los delitos y garantizar justicia para las víctimas en los tribunales, no en la calle.

La Policía Investigadora a su cargo, no se ocupa de prevenir el delito, sino de investigar los hechos ya consumados. Por lo tanto, estamos equivocados cuando se nos dice que el ahijado de Salazar Adame ha sido el mejor fiscal que Guerrero haya tenido en 20 años. Cosas parecidas escribieron ayer diversos periodistas en sus redes sociales.

Él mismo dijo: “Me separo de este encargo, con la satisfacción de que Guerrero mejoró considerablemente en sus indicadores delictivos, principalmente en homicidio, feminicidio y particularmente en secuestro. Seguiré siempre deseando lo mejor para Guerrero, y desde el espacio en que me encuentre como ciudadano, seguiré abonando al desarrollo de nuestro estado”.

¡Wow! Deberíamos revisar los rezagos en tribunales y las carpetas de investigación que se tienen archivadas durmiendo el sueño de los justos, y cotejarlas contra los asuntos desahogados, para de verdad evaluar al De los Santos Barilla. Créanme que habrá muchas sorpresas.

Por lo pronto, el fiscal se va un día después de que en redes sociales le filtraron una bochornosa fotografía, de la que por cierto ayer nadie habló: ni el fiscal, ni la prensa estatal, ni el gobierno de ningún nivel. ¿Qué tal?

Índice Político

Francisco Rodríguez

*Andy López y los sin-calcetines

* Colima, víctima de Videgaray

*El PRI-Mor gobierna Guerrero

Tienen entre 25 y 35 años.

Visten como lo hacían ciertos jóvenes… hace dos décadas.

Camisas vistosas, al estilo de las que en el siglo XX diseñara Versace.

Pantalones de brincacharcos…

… que permiten observar que el portador no usa calcetines…

… y que usa sus choclos Ferragamo “a rais”.

Son dos, tres, a veces cuatro.

Siempre citan a los clientes en restaurantes de moda…

… y, claro, de mucho postín.

Las cuentas, al final, son de cinco cifras más algunos centavos.

Y es que piden champagne.

Varias botellas de champagne.

Como aperitivo…

… para acompañar los platillos…

… y el postre, claro está.

Así, entre sorbo y bocado dicen poder arreglar cualquier problema con el gobiernito de la que, ¡oh ilusos de nosotros!, todavía llaman Cuarta Transformación…

… desde licitaciones que pueden ser “a modo” para que gane el cliente y ellos, por supuesto, se lleven su comisión…

… hasta cobros de facturas multimillonarias a Pemex –por ejemplo– que sólo a través de ellos culminan con una transferencia electrónica en la que ya están descontados los “honorarios” –la tajada del pastel, pues– de quienes dicen ser no sólo amigos sino ¡representantes de Andrés Manuel López Beltrán!, vástago de usted ya se imagina quién.

Comisiones, “honorarios” o tajadas del pastel hasta del 30 por ciento del contrato o del cobro.

Y en época de sequía económica…

… con los grifos de la Tesorería de la Federación cerrados…

… los clientes aumentan.

Para ganar licitaciones…

… para que los ayuden a cobrar adeudos.

Son exitosos.

Dicen ser amigos de Andy.

¡Así, quién no!

¿No cree usted?

El fracaso de

otro neoliberal

“¡Nacho ratero regrésame mi dinero!”

Así le escriben sus paisanos, en ciertos medios de comunicación, al todavía gobernador de Colima, Ignacio Peralta, impuesto hace poco más de seis años por Luis Videgaray, quien era –¿todavía lo es, dada la impunidad de la que goza? – todopoderoso dada su influencia sobre la debilidad mental del “¡ratero!” Enrique Peña Nieto.

Se va Peralta y deja a la entidad del Pacífico en una situación de verdadera emergencia.

“El sexenio más negro”, dicen sus paisanos.

Hay huelga de trabajadores al servicio del gobierno estatal y lo acusan de desviar el dinero que a ellos les corresponde en salarios para pagar mil millones de pesos a los bancos con los que su administración contrajo deudas de corto plazo.

También de llevar a cabo obras a sobreprecio, como el edificio de seguridad C5i, la remodelación del Palacio de Gobierno, la adquisición de la ex zona militar y la compra de los predios La Campana.

El número de infectados por Covid-19 es, proporcionalmente, mayor al de otras entidades con mucho más habitantes.

Y el de fallecidos a causa del virus, también.

La pobreza creció.

Pero Nachito se justifica: “… parece que la vida se ensañó conmigo. Primero, para llegar a la gubernatura, pasé por dos elecciones y recibo un estado en quiebra; yo no tenía acceso al mercado del crédito, la calificación crediticia estaba colapsada. Pasé 2016 y 2017 sin acceso al mercado de crédito”.

Nunca entendió que para solucionar eso fue que Videgaray lo puso ahí. Que por eso insistió en dos distintas elecciones. Un tecnócrata para solucionar un problema técnico que, paradójicamente, sólo puede arreglar un político.

Se va “Nacho ratero” y allá dicen que…

… “para coronar sus fechorías, Nacho ratero deja a uno de sus compinches más cercanos, bien posicionado en uno de los tres poderes del estado”.

La próxima gobernadora tiene la palabra.

Indicios

Ni los chairos ni los amlovers tuvieron cabida plena en el gabinete de la guerrerense Evelyn Salgado. Su padre, Félix Salgado Macedonio, impuso a muchos funcionarios, de nivel subsecretario y dirección general, que son o fueron priístas o perredistas.

De hecho, el astudillista Eduardo Loría Casanova, fue ratificado como titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, para cuidarle las espaldas a quien acaba de dejar el Palacio de Gobierno en Chilpancingo.

Los verdaderos morenistas fueron desplazados por personajes como América Astudillo Muñoz, prima hermana del exgobernador Héctor Astudillo Flores; Hossein Nabor Guillén, exalcalde perredista de Tixtla y ex funcionario del gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero; Marco César Paris Peralta; exfuncionario también astudillista; Jorge Salgado Parra, exdiputado local y federal del PRI y del PRD y ex colaborador de Héctor Astudillo, entre otros personajes de la “mafia del poder” en Guerrero.

Por cierto que en la brava entidad del sureste se ha extrañado la voz de la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller con respecto al tráfico de niñas. Ella proclamó aquel “¡con los niños no!”, cuando irresponsablemente su hijo fue blanco de críticas en redes sociales y medios de comunicación, y ahora mantiene funesto silencio ante crímenes que su esposo, el okupa de Palacio Nacional, considera forman parte de tribales usos y costumbres que ya deberían haberse desterrado.

Sobre la anterior colaboración del escribidor, AMLO ¿boteaba en la UNAM?, cuando menos un par de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no recuerdan haberlo tenido como alumno. También varios de mis compañeros de generación en ese plantel universitario han coincidido con lo planteado. No asistía a clases. Nadie recuerda haber sido su compañero.

Por hoy es todo. Le agradezco la lectura de estas líneas y le deseo, como siempre, que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!