Opinion | - Part 122

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Lo que está en boca de todos, este martes, es la estrepitosa caída de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante cuya presencia temblaban los ricos de la tierra, valga la exageración, amable lector, que no lo es tanto. Realmente el zar anticorrución de la Cuarta Transformación es un cerebrito en su área y difícilmente el lugar que dejó vacío, será llenado. Difícilmente.

Y por donde se le vea, éste es un hecho lamentable. No es que se vaya un político y venga otro. En los tecnicismos del poder eso no funciona. Y de que se va a notar su ausencia, claro que se va a notar.

Hay muy poca gente formada en estas áreas. Si las hay, están generalmente en la empresa, que es donde se pagan buenos sueldos, no en el gobierno.

Antenoche, el titular de Gobernación anunció el nombramiento del ex legislador Pablo Gómez como titular de la UIG, organismo que ni siquiera sabíamos que existía, hasta que Santiago Nieto le dio vida y lo sacó del anonimato, imprimiéndole un sello único por su manera de seguir la pista a los capitales públicos y privados, incluso los de la delincuencia organizada, en donde entran los carteles de drogas, los pederastas, los tratantes de blancas, etcétera.

Santiago Nieto nos demostró que el régimen todo lo sabe, que para un gobierno nada es extraño, que nada de lo que se mueve en este país puede suceder sin la venia, la complacencia o complicidad del presidente en turno.

Lo demostró y puso esta agenda en primerísimo lugar….hasta que….sí hasta que se enamoró de una mujer que, de acuerdo con la sabiduría bíblica, es un yugo desigual para él. Bueno, es un decir, porque Santiago Nieto no proviene propiamente de la derecha, pero tampoco de la izquierda. Más bien está emparentado con un grupo de avanzada, hombres y mujeres más formados como técnicos que como políticos, pero que finalmente trabajan para estros grupos y son parte de.

Santiago Nieto no sólo trabajaba en el gobierno lópezobradorista, sino que se había convertido en un ícono de la lucha anticorrupción del régimen morenista, en un apóstol, y era una figura tan prominente que hasta se le mencionaba entre los posible sucesores del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Y es que no sólo conoce la parte técnica de las finanzas públicas y privadas, sino también las leyes que nos rigen y sus alcances en cada área. Por eso Santiago Nieto era tan certero y no se equivocaba, sabía distinguir entre lo público y lo privado, entre lo legal y lo ilegal, entre el delito y lo que se quedaba en lo políticamente incorrecto.

Y, lamentablemente, así sucedió con su boda. El momento que debe ser el más importante en la vida de un hombre se convirtió para él en una pesadilla. Su luna de miel, de hecho, apenas comenzaba cuando le llegó la noticia de su renuncia.

La caída sucedió en medio del escándalo por una boda que se celebró no sólo en el extranjero, sino que además juntó a tirios y troyanos en un mismo lugar, amigos y enemigos, morenos y güeros, donde además surgió el escandalillo de 35 mil dólares que detectó el gobierno guatemalteco y que eran propiedad del dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, cuya esposa iba a la boda del año como invitada, y quienes viajaban con otros invitados en un avión privado. El dinero les fue incautado, por cierto, así que si se trató de una trampa o de un acto de lavado de dinero, se quedaron como el perro de las dos tortas.

Ahora mal, que un hombre de poder se case donde quiera y como quiera, no es ilegal, pero tampoco es políticamente correcto. Cada persona debe ajustarse a su realidad y, sobre todo, entender un viejo adagio entre la clase política: La esposa del rey debe parecerlo. Es decir, que la esposa del rey debe parecer reina, aunque no lo sea.

En este caso, el zar anticorrupción, debe parecerlo también.

Lo que nos dejó esta boda fue un mal sabor de boca. Muchos lamentamos la caída de Santiago Nieto. Y más lamentamos que haya caído por el lado del corazón, no de la razón. No había otra manera de tumbarlo, más que del lado que los hombres y mujeres muy poco sabemos manejar.

¿O acaso no dicen que jala más una mujer que una yunta de bueyes?

¿Qué diría Santiago Nieto, por ejemplo, de la lista de invitados de su mujer, Karla Humphrey, consejera electoral, ex mujer de Roberto Gil Zuarth, quien fue nada más y nada menso que secretario particular del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa? ¿Acaso balbuceó: está bien mi amor, lo que tú digas? ¿No se dio cuenta Santiago Nieto de la dicotomía de meter en un mismos costal a los amigos y enemigos del régimen lópezobradorista? Lo peor, que el propio AMLO estuvo invitado a esa boda. ¿Lo imaginamos compartiendo el pan y la sal con la Vázquez Mota, una de las detractoras más recalcitrantes de su gobierno?

Es así que cae un soldado anticorrupción. De los pocos que hay. Llega Pablo Gómez, un ícono de la lucha de izquierda en el país, economista de profesión, ex preso político en Lecumberri, pero quien se ha formado más en el área partidista y legislativa.

No falta el que se va ni sobra el que se queda, decía mi padre. Pero hay ausencias que triunfan, dice la canción. Hay ausencias que sí se notan. Y una de esas es la de Santiago Nieto, un hombre con luz propia que no dependía de AMLO ni de andar de zalamero con él. Al contrario, su brillo hacía relucir a la 4T. Era un hombre que aportaba, no quitaba. Discreto, no vaca sagrada de la política. Uno hombre que supo hacerse imprescindible, que por sí mismo era noticia.

Pero al que la carroza se le convirtió en calabaza justo cuando estaba rehaciendo su vida.

Esto amerita una reflexión acerca de las mujeres “empoderadas”, por cierto. Se las debo debo para mañana.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

* AMLO en la ONU: corrupción y neoliberalismo

*Inseguridad, ola de violencia, asignaturas pendientes

*Ricardo Anaya, y el show del combate a la corrupción

“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”: Horacio.

Este martes, en su segundo viaje al extranjero, el presidente López Obrador asistió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en donde habló sobre la desigualdad producida por el neoliberalismo, particularmente en Latinoamérica. Los especialistas esperaban se enfocará en la “gran corrupción” que implica el abuso de poder de jefes de Estado y altos funcionarios públicos quienes manejan fuertes cantidades de dinero para llevar a sus arcas personales, como comprueba el caso Pandora Papers. Y obviamente que haría una defensa de su gestión en el tema de la corrupción y una justificación del por qué no se ha logrado avanzar en la materia.

En realidad se puso en evidencia, pues el “combate a la corrupción” de su administración deja mucho que desear, toda vez que los casos judicializados sirvieron para tender una cortina de humo sobre los temas fundamentales de México: la imparable ola de violencia e inseguridad, la cual ha dejado más de 103 mil víctimas a la fecha; la crisis económica resentida por los mexicanos por lo que se vislumbra todo un sexenio perdido en este terreno; y la terrible mortandad por los efectos del mal manejo de la pandemia por Covid-19 en el país, llegando a registrar hasta la fecha más de 700 mil muertes, aunque las autoridades de salud sólo reconozcan menos de la mitad.

La campaña permanente del “combate a la corrupción” le ha redituado a López Obrador en el terreno político-electoral y para mantener sus niveles de popularidad. Sin embargo, los resultados son pobres: de los altos funcionarios del sexenio pasado, sólo dos: Rosario Robles –una ex aliada “traidora”- y Emilio Lozoya –un delator que no pudo aportar pruebas de sus dichos- están tras las rejas, el resto goza de total impunidad, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda y ex canciller, Luis Videgaray. Sin embargo, los reportes y sus comunicados de la autodenominada cuarta transformación (4T) dan cuenta de grandes éxitos en la lucha anticorrupción con datos difícilmente comprobables.

Las sanciones económicas contra funcionarios para recuperar desfalcos y las denuncias penales por corrupción al interior del gobierno federal se dispararon en niveles históricos en lo que va de la actual administración; en comparación con sexenios anteriores, reportó este lunes el régimen de la 4T: en dos años y medio, entre 2019 y el primer semestre de 2021, la Secretaría de la Función Pública aplicó sanciones monetarias a servidores y ex servidores públicos federales por más de 2 mil 800 millones de pesos, una cifra superior a los 56.9 millones de pesos de sanciones de este tipo aplicadas durante los 19 años previos, entre 2000 y 2018. Si así fué el desempeño de Irma Eréndira Saldoval ¿por qué el despido? ¿era necesario cambiarla solamente por tener una riqueza inexplicable?

En cuanto a los casos judicializados, en dos años y medio, la SFP presentó 750 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 341 funcionarios y ex funcionarios, la mayoría acusados de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. En el sexenio de Peña Nieto, las denuncias penales presentadas por la SFP ante el Ministerio Público apenas sumaron 38. Contra licitantes, proveedores y contratistas, las multas en este sexenio también han sido superiores: en 2019 sumaron mil 450 millones 378 mil 290 pesos, un monto que en 20 años no se había registrado. A la fecha, las sanciones contra empresas impuestas por la SFP este sexenio suman mil 628 millones 752 mil 405 pesos. Puros éxitos reportados, ninguno fielmente comprobado, ni siquiera en sus ingresos en Hacienda o ¿en dónde están todos los millones de pesos reportados y cuál ha sido el rumbo de las carpetas de investigación? ¿Por qué no hay por lo menos el 10 por ciento de los acusados en la cárcel?

Pero, con esas cuentas alegres se pretende desviar la atención sobre cuestiones fundamentales como la pacificación del país y el freno a la ola de violencia las cuales no han merecido encontrarse en la jerarquización para conformar estrategias de solución o, tal vez, se han descuidado con la política de “abrazos, no balazos” con la que el presidente López Obrador ha apapachado a las organizaciones criminales, en especial al Cártel de Sinaloa. El resultado es el récord de las ejecuciones, las cuales van creciendo mes tras mes y la comercialización y tráfico de estupefacientes sigue en aumento. Además, los organismos internacionales dan cuenta de las fallas de esta administración en la materia. De acuerdo con el Índice Global de Política sobre Drogas, creado por el Consorcio para la Reducción de Daños Internacional, donde se agrupan 190 organizaciones civiles especializadas en derechos humanos, la política antidrogas de México está lejos de apegarse a las recomendaciones de la ONU en esa materia.

En dicho índice internacional, divulgado el lunes, México obtuvo 35 puntos sobre 100, y sólo está por arriba de cuatro países: Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil, por lo cual se coloca en la posición 26 de entre 30 países evaluados, los cuales, en su mayoría, no cumplen con las recomendaciones básicas propuestas por la ONU, y ninguno alcanza el puntaje de 100. La puntuación más alta la obtuvo Noruega, con 74 puntos, y Brasil la más baja, con 26. El análisis estableció una puntuación de 0 a 100 para cada país, según criterios como la existencia o no de la pena de muerte, la despenalización y el financiamiento de las políticas de reducción de daños.

De acuerdo a esa herramienta de evaluación internacional, la cual marca 75 indicadores, en México prevalece el enfoque militarizado y represivo en las políticas sobre drogas, y el impacto desproporcionado del control de los estupefacientes sobre las personas marginadas en función del género, etnicidad y situación socioeconómica. Además, indica, la aplicación de la ley en esta materia se centra en los delitos no violentos, especialmente por parte de las personas usuarias de drogas; hay un déficit de financiamiento para la reducción de daños; existe una enorme brecha entre las políticas gubernamentales y su aplicación para garantizar el acceso a los medicamentos bajo fiscalización, y los programas de desarrollo alternativo en zona de cultivo ilegal siguen atrincherados en la prohibición y la erradicación.

Los especialistas no esperan avances en esta materia en el resto del sexenio de López Obrador. Luego del resultado de las elecciones del 6 de junio, el triunfo de Morena en 11 de las 15 gubernaturas en disputa tiene un impacto en geo-criminalidad, con un reacomodo de las distintas organizaciones criminales en 10 de los 11 estados ganados por el partido de AMLO. En Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, el gobierno de López Obrador pretende consolidar su plan de “pacificación” con acuerdos con los cárteles de la droga, al igual que lo hicieron sus antecesores del PRI y del PAN, bajo la pretensión de lograr disminuyan los homicidios dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno federal y los nuevos locales se hagan de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de estupefacientes.

En los hechos se trata de implementar la paz mafiosa, operada en su momento por los regímenes del PAN y del PRI, cuya columna vertebral fue “dejar hacer, dejar pasar”, a cambio de cuantiosos sobornos. Se trata de una negociación Estado-mafia, Estado-carteles de la droga, cuyas guerras y las redes de corrupción creadas en distintos niveles de gobierno han causado masacres infames y éxodo de miles de mexicanos al obligarlos a abandonar sus comunidades, más de 800 mil desaparecidos, y cerca de 300 mil ejecutados en los últimos tres sexenios. En esta administración van más de 103 mil ejecutados. Es la concreción del ofrecimiento de López Obrador: “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”, dijo el inquilino de Palacio Nacional en febrero de 2019.

Destaca el agradecimiento público de López Obrador al comportamiento del crimen organizado en la jornada electoral. “Se portaron muy bien”, resaltó. Y, con esos datos se presentó en un foro en el cual Juan Ramón de la Fuente ha hecho esfuerzos sin límite para captar la atención internacional sobre nuestro país, esperando se tengan resultados favorables.

Caso Anaya

Ya con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en la cárcel, el show de la 4T del combate a la corrupción no puede parar y los reflectores apuntan al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien ya está apuntado para volver a participar en el proceso presidencial próximo. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó la audiencia de Anaya se pospuso hasta el 31 de enero del próximo año a las 9 de la mañana al no alcanzar a imponer la totalidad de las constancias. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) pediría prisión preventiva contra Anaya por su presunta responsabilidad de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lo hizo la semana pasada en la audiencia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La primera ocasión en que se difirió la audiencia fue en agosto, luego de que la defensa de Anaya alegó no tuvo acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada.

López Obrador pidió a su ex contrincante Ricardo Anaya dar la cara y responder ante las acusaciones sobre la presunta recepción de sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario opinó que el panista, quien se perfila de nueva cuenta como un rival en la siguiente elección presidencial, debe regresar al país para aclarar su situación, además de recomendar a la FGR presentar pruebas porque, no se trata de fabricar delitos.

De los pasillos

Tras reportarse en las primeras horas largas filas de autos y hasta de personas que dejaron sin reservaciones a los hoteles, en los municipios fronterizos, los cruces hacia Estados Unidos reportaron una baja afluencia este lunes. “Aquí se ve el reflejo de la buena voluntad de la sociedad, que de alguna forma entendió que los cruces sólo eran los necesarios”, señaló en entrevista el director de Obras e Infraestructura Urbana de Tijuana, Javier Delgado Garibay…

El autogobierno funciona y muy bien en las cárceles mexicanas. Juan Collado está en la zona VIP del Reclusorio Norte y ahí tiene como vecino al campechano José Luis Lavalle. Ninguno de los dos ha manifestado el deseo de convertirse en soplón y por lo tanto rechazan, y así lo acordaron con el director de reclusorio, se ingrese en esa misma área en donde los privilegios sobran un sujeto con las características del ex director de Pemex, quien además de sapo es mitómano.

La democracia a modo

Alejandro Páez Varela

En los últimos meses, conforme crece la presión sobre Lorenzo Córdova, se ha organizado un movimiento para vincular la crisis de su presidente consejero con el Instituto Nacional Electoral. “Yo defiendo al INE”, dicen, como si el INE fuera Córdova o como si los errores del funcionario electoral fueran atribuibles al propio Instituto y sus destinos estuvieran inevitablemente unidos. Nada más lejano de la realidad. Y nada que no se haya visto antes.

Carlos Salinas de Gortari hizo todo para vincular los pasos apresurados del país hacia el liberalismo económico con la lucha democrática y los avances en materia política, forzados desde la izquierda. Y desde entonces se ha querido hacer ver que el neoliberalismo y la normalidad democrática van de la mano, nacieron juntas, y que así como se crearon instituciones independientes para regular y administrar los esfuerzos electorales, así se forjaron las reformas estructurales. Ambos esfuerzos habrán nacido por los mismos años pero no necesariamente tuvieron el mismo motor.

Como sabemos, las crisis económicas recurrentes de las décadas 1970 y 1980 condujeron a la implementación de políticas públicas neoliberales. Los organismos internacionales, que atraparon a México con la deuda, impusieron un modelo y obligaron el adelgazamiento del Estado, las privatizaciones masivas y las políticas restrictivas que se tradujeron en una sola cosa: apretar el cinturón de los ciudadanos. Los gobiernos de Salinas hasta el de Enrique Peña Nieto abatieron los movimientos sociales mientras que abrazaban al nuevo poder emergente: el capital. Así, a los llamados “pactos” para acomodar al país al liberalismo económico acudieron los empresarios como invitados especiales y los líderes corruptos de los sindicatos en calidad de sometidos. Los salarios de los obreros se hundieron y al mismo tiempo nació una casta de nuevos ricos creados básicamente con las concesiones que les entregó un Estado corruptor.

Casi al mismo tiempo, al interior del régimen se estaba dando una ruptura. En 1987 nacía la Corriente Democrática en el Partido Revolucionario Institucional, y Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y otros como Rodolfo González Guevara empezaron una lucha por la democratización del país que los llevó a dejar el PRI y a lanzar, en 1988, una candidatura presidencial independiente con el Frente Democrático Nacional.

Ese 1988, el Gobierno cometió un fraude electoral y Carlos Salinas, su beneficiario, tuvo que convencerse que debía abrir caminos a la oposición si es que quería mantener la gobernabilidad. Pero también entendió que debía administrar la transición política. De esa manera es que emprendió dos caminos: uno, empezar la fusión del PRI con el PAN y, dos, crear una institución electoral independiente con el fin de simular elecciones limpias en la letra aunque en la práctica el mismo régimen siguiera administrando quien ganaba y quien perdía. Para Cárdenas y sus seguidores, Salinas tuvo palos; muchos murieron en esa lucha. Para los panistas, los intelectuales, los medios, los periodistas y los empresarios, las concesiones del poder.

Y luego, Salinas dio un paso inteligente: vincular la “modernización” entre comillas del país con la apertura democrática; aparentar que la creación de los órganos electorales independientes era suficiente para garantizar elecciones limpias, primero, y luego hacer creer que el impulso democratizador venía del Estado y era parte de las reformas estructurales que él mismo había impulsado. Con la ayuda de los intelectuales y los medios se impulsó una falsa narrativa del “Presidente modernizador”, que llevaba al país hacia el crecimiento económico y el bienestar y, a la vez, impulsaba el andamiaje para una sociedad democrática. Nada más lejano de la realidad.

Años más adelante, en 2006, ese falso discurso hizo crisis. El Instituto Federal Electoral, los intelectuales, los medios y los periodistas más escuchados sirvieron de tapadera al fraude cometido por los oligarcas y sus marionetas en el PAN. Impusieron a Felipe Calderón Hinojosa e hicieron todo para –como con Cárdenas– imponer la idea de que esa lucha, la de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, era la de los “malos perdedores, arbitrarios y antidemocráticos”. Y si Francisco Barrio y Luis H. Álvarez habían tomado los puentes internacionales en la década de los 1980 y eso estaba bien, era “democrático”, la toma de Paseo de la Reforma fue la arbitrariedad. Y entonces los medios y los intelectuales hicieron su trabajo: hablar día y noche del bloqueo de esa arteria y convencer a la gente de que era obra de un obstinado comunista alborotador.

Como Salinas, en 2006 también fijaron la idea de que la izquierda es antidemocrática, se queja porque no sabe perder y quiere acabar con las instituciones; que los “modernizadores” son ellos, que el retroceso son los otros, y que el impulso democrático que se generó entonces es antidemocrático de origen y busca acabar con los “avances”.

Ahora, el movimiento “Yo defiendo al INE” tiene la misma inspiración del pasado. Los cuestionamientos a Lorenzo Córdova, dicen, son a la institución porque la izquierda odia las instituciones y quiere el control total. Córdova es la democracia y presionarlo es presionar a la democracia misma. Nada más lejano de la realidad.

Pero Lorenzo Córdova, como vimos en su comparecencia el viernes pasado en la Cámara de Diputados, ha caído en su propio juego. Se convirtió en un activo de la oposición y se presta a su discurso porque le conviene. Acepta el alegato de que la institución es él, y se abraza de PAN y PRI para defenderse aunque eso signifique renunciar a la neutralidad que supone su encargo. Es decir, renuncia a conservar la institución por encima de él mismo. Y lo que vemos es la corrupción del cargo acompañada con la propia. Nada que no se haya visto antes.

México vive momentos intensos en materia política. La oposición va de tumbo en tumbo; como –lo lamento por la institución–, el mismo Lorenzo Córdova. Ni él ni el bloque opositor han aprendido que no aplican las viejas fórmulas; no aplica apropiarse de las instituciones y creer que ellos son la sociedad. Deberían aprender a leer con más atención hacia dónde está caminando México; deberían reconocer que la gente está más interesada que nunca en la política y que no es fácil manipularla. Córdova no es el INE. Y el solo hecho de tener que escribirlo y decirlo así (“Córdova no es el INE”) me dice qué tan anquilosados están, y qué tan lejanos de la realidad se han quedado.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Morena comenzó desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, su camino hacia su verdadera consolidación como partido, con todo y los riesgos que ello implica, pasando, desde luego, por la creación de grupos de poder de todos tamaños, tanto de dentro como de fuera, propios e impropios, amigos y enemigos, porque al final de cuentas Morena se fundó así, de la sangría de otros partidos ya existentes, sobre todo del PRD, pero sin limitarse a ello, sino que también vemos ex priístas, ex panistas y ex todo dentro de lo que comenzó como un movimiento nacional para la regeneración de la vida pública del país.

De no ser por la figura del presidente de la República, Morena fuera hoy un batidillo de intereses creados, porque como reconoció la secretaria general del partido, Citlalli Hernández Mora: “Hay quienes se suman a Morena con un oportunismo político, porque derivado del éxito del partido muchos quieren ser candidatos no para servir, sino para ganar espacios o tener poder”.

Pero eso no es nada nuevo bajo el sol. Recuerdo que en el año 2000, tras el triunfo de Vicente Fox Quesada, todos se sentían panistas, miembros de la clase empresarial de país, con tal de que hasta a los campesinos les vendieron el cuento de que serían “empresarios del campo”. Y si bien en ese periodo hubo muchos apoyos a la agroindustria, fue para los amigos y compadres, y a uno que otro afortunado que logró apoyos para fierros e instalaciones que le ayudaron a darle valor agregado a su producción, pero no hubo recursos precisamente para incentivar la producción.

Al campesino pobre, lo que se le reconoció fue solamente el Procampo, y párale de contar.

Pero la realidad es que hasta los campesinos votaron por Fox, dejando al PRD -que en ese tiempo nominó por tercera ocasión a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano- como novia de rancho, vestido y alborotado.

Se hablaba entonces del “voto útil”, y la meta que se propusieron los panistas era “quitarle el poder al PRI”, cuando la realidad que imperaba era que no eran distintos, sino iguales y parte de un mismo proyecto de nación, que para entonces ya estaba muy avanzado pues venía desde Carlos Salinas de Gortari, y que implicaba poner al gobierno de rodillas frente a los empresarios, privilegiando a los monopolios, la banca usurera que primero fue nacional luego extranjera, pasando por la mezcla de recursos para obras públicas con la iniciativa privada, poniendo dinero del pueblo para obras que se manejarían como si fuesen privadas. El más vivo ejemplo son los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), como el de Puente Grande y Almoloya, que ahora sabemos los renta el gobierno federal como si fueran cuartos de hotel para los presos, y con base en onerosos contratos.

Así fue como México enteró cayó en un grave engaño en el año 2000, creyendo que con la visión “panucha” nos iría mejor, pues nos pintaban una nación idílica.

Lo que resultó fue lo peor que nos haya sucedido, y la pesadilla aún no concluye.

Desafortunadamente, la Cuarta Transformación que prometió Andrés Manuel López Obrador camina lento, o no camina, y se ha convertido en una trampa en la que han caído hasta sus más leales soldados, pues el lema de “no robar, no mentir y no traicionar” les quedó grande.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Quintana Roo, paraíso perdido

*Larga historia de gobiernos fallidos

*Alertas ante las alertas de Alemania

*Despiden a la titular de turismo de la CDMX

“No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”: anónimo popular.

Durante los más de 50 años de existencia de Cancún como polo de desarrollo turístico, como modelo de los proyectos de gran turismo del gobierno federal durante varios sexenios, nunca había caído en un pozo tan profundo como el que ahora lo amenaza. Nadie puede poner en duda se llegó a la situación actual como producto de los errores cometidos por los ocho gobernadores y 16 presidentes municipales llevados al poder a través de más de dos procesos amañados en los cuales surgieron, además, curuleros cuyos yerros, ambiciones e ignorancia han resultado altamente dañinos, exceptuado en este último grupo a los Constituyentes.

El primer mandatario electo fue el queridísimo Jesús Martínez Ross a quien tocó armar todo el entramado para poner en marcha al nuevo Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y sin duda lo hizo muy bien. Ya de Pedro Joaquín Coldwell en adelante se presentó la carrera para determinar quien superaba al anterior en malas determinaciones y en riqueza personal. Por grupos, mantienen ciertos apoyos, pero éstos son permanentes en razón o de agradecimiento o de complicidades basadas en el signo de pesos, sin contar centavos…De entre el ramillete priísta de mandatarios estatales, no hubo quienes no respetaran, por lo menos, las formas, aún y cuando los excesos eran percibidos, constaban pruebas de abusos y otras lindezas… Sin embargo, no es posible hablar ni de ingobernabilidad y mucho menos de orfandad gubernamental, palabras solamente aplicables en el negro presente de la entidad.

Se acercan los tiempos electorales y si bien a la salida de Roberto Borge Angulo de la gubernatura se percibía una gran inconformidad ciudadana, se contaba con dos magníficos candidatos a sucederlo: Mauricio Góngora, ex presidente municipal de Solidaridad, ex titular de la Secretaría de Finanzas, hombre de gran sensibilidad, carisma, don de gentes y Carlos Manuel Joaquín González, importado de la hermana república de Yucatán para encabezar al Ayuntamiento solidarense y llevado por el ex gobernador Félix González Canto a ocupar la titularidad de la Secretaría de Turismo estatal y a una curul federal. Ambos contaban con trayectoria para ocupar la máxima silla de gobierno. A Mauricio lo perjudicó la percepción creada ya por entonces, de haberse ejercido un importante número de actos de corrupción ligados a los últimos mandatarios estatales tricolores.

En Carlos Manuel Joaquín se sembraron, en aquel entonces, grandes esperanzas de cambio y de orden. Transcurrieron cinco años de mandato y no se registraron los cambios esperados, porque de otro tipo si existen. La seguridad simplemente desapareció y por completo, las crisis económicas superadas durante los meses “septambre y octambre” volvieron a aparecer y con mayor rigor. Si antes se puso en jaque al destino con el mal manejo de la influenza, la llegada del coronavirus resulto fatal. Dentro de esos cambios tan esperados lo que ha visto es la ausencia total de auditorías, se cambiaron las leyes para cumplir con compromisos contraídos como el de llevar a Oscar Montes de Oca, protegido del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, a la Fiscalía estatal, nombramiento con el cual se perdió cualquier indicio de autonomía y de manejo correcto de la Ley.

Cayeron los ciudadanos en manos de la delincuencia organizada y lo tantas veces protegido, el turismo, ha sido víctima en el presente de la misma inseguridad. Como los brazos derechos del gobernador Joaquín González han sido Juan de la Luz y Jesús Alberto Capella, ambos traídos de fuera y, en el caso del primero, cabeza del llamado Grupo Tepito -se recuerda es Tepito un lugar en donde el comercio abunda, los negocios también y se ha caracterizado por ser una cueva de bandidos- utilizó las artimañas y mentiras del pasado, como se ha referido a una supuesta amistad y cercanía con el fallecido Luis Donaldo Colosio.

Ambos personajes, Juan y Jesús, hicieron su aparición prácticamente al inicio del mandato sexenal, algunos consideran fueron quienes hicieron los tratos para evitar la llegada de todos aquellos mencionados como hampones dentro del gobierno a la cárcel. Si AMLO no ha logrado aterrizar su lucha contra la corrupción, Don Carlos ni siquiera se molestó en iniciarla y todos aquellos involucrados en el tema han permanecido junto a él, con las complicidades registradas con quienes saquearon a la entidad. Juan Pablo Guillermo, Eleazer Villanueva, entre otros, gozan no solo de cabal salud, sino de total libertad producto de la impunidad.

La ingobernabilidad en Quintana Roo está presente y la última muestra la dio el protegido fiscal al hacer declaraciones absurdas en el programa de Raymundo Rivapalacio, tratando de encontrarle justificación a la balacera registrada en Punta Petempich, en un hotel de los llamados de alto turismo. El mandatario cree cumplir con la información muy frecuente dada de manera personal, con todo y explicaciones, a través de las redes y tal vez no le han dicho y mucho menos informado del fracaso de éstas, del mínimo de visitas recibidas, del hartazgo social por escuchar siempre las mismas explicaciones, argumentos y el cúmulo de intenciones nunca llevadas a la práctica.

En un escenario así se llega al momento del cambio y es en donde aún pierde más el mandatario estatal. La alianza con la cual llegó al poder carece de candidato para, por lo menos, dar una batalla digna. El otro partido, el PRI, al cual él perteneció, está en competencia con el PRD para llegar al último escalón. No tuvo la atingencia de formar una nueva clase política. Por lo tanto, el camino está libre para Morena aún y cuando salvo dos excepciones tiene los personajes más desprestigiados como probables abanderados. El primer lugar con calificativos muy fuertes en contra lo encabezan dos féminas: Mara Lezama y Marybel Villegas. La primera se ha dado el lujo de hacer eventos de franca y abierta precampaña solventados con el dinero de los impuestos de los cancunenses, la segunda hace de cualquier acto un escenario de auto promoción y ya no sabe ni por cual partido político, porque ha estado -no militado- en todos. En ambas llama la atención la riqueza personal y familiar acumulada.

Hay manos moviendo la cuna de la alcaldesa y de la senadora. Una Verde, verde y la otra morada pero con el clásico “beso del diablo” acompañándola. Sobre los varones se encuentra un Luis Alegre sin mayor trayectoria que ser el hijo de papi, del otrora poderoso radiodifusor Gastón Alegre quien, en su momento, manifestó una gran e interesada cercanía con AMLO. Así quedan un José Luis Pech cuyas acciones no suficientemente analizadas en su repercusión lo perjudican: la iniciativa para disminuir a la mitad la Zona Federal Marítima y los calificativos insultantes -posteriormente negados pero debidamente grabados- a una correligionaria, a Lily Téllez. El doctor Pech, camina y camina y va dejando huella, pero aún así lo encuentran muy alejado de ese pueblo en donde se vota en masa y justo por la misma animadversión compartida con el presidente: “es sabihondo y aspiracionista”.

Rafael Marín se presenta como un empresario luchón, forjador del grupo morenista, hacedor de ese partido en la entidad, compañero de muchas luchas del presidente y, como no ha ocupado cargos públicos no le cuelgan ningún sanbenito. Finalmente no queda otra que reconocer: Pobre Quintana Roo, tan lejos de Dios y tan cerca del Verde.

Alertas de EU

y Europa

En el plano internacional, las embajadas de Estados Unidos y europeas afirmaron mantendrán sus alertas para sus connacionales mientras no cese la violencia en Quintana Roo, y seguirán las investigaciones de los hechos ocurridos en Tulum, donde murió una turista alemana, así como en Puerto Morelos, donde se encontraban de vacaciones estadounidenses y fueron resguardados en el hotel Hyatt Ziva, en Bahía Petempich, cuando se registró un enfrentamiento de grupos armados. La Embajada de Alemania en México confirmó que las autoridades germánicas siguen de cerca los hechos ocurridos en el Caribe Mexicano, cuyos destinos se han convertido en “foco rojo” en los últimos meses. Destacaron que al riesgo en el destino por la pandemia del coronavirus y los abusos por parte del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), ahora se suma el aumento de inseguridad, que incide gravemente en las zonas turísticas.

El Consulado alemán alertó a sus ciudadanos acerca de los peligros en la zona y les envió una lista de recomendaciones durante su viaje; la más fuerte es no visitar los destinos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, lista que sumó recientemente a Puerto Morelos, por la balacera en la playa de un hotel. “La alerta para la Riviera Maya sigue, ahora más con el tiroteo en Puerto Morelos; mientras el gobierno de Quintana Roo no controle esta situación de violencia, la alerta seguirá, los alemanes y en general la Unión Europea se preocupa mucho por sus ciudadanos, más cuando mueren o corren peligro en otros países”, destacó.

El primer comunicado emitido el jueves por parte de Estados Unidos sólo fue una advertencia. La Embajada estadounidense espera que las autoridades correspondientes respondan de manera contundente ante la violencia en Quintana Roo. “El Cónsul sabe que Estados Unidos es uno de los mercados más grandes para Quintana Roo; estamos hablando de que podría ser el primero a nivel internacional, es por ello la preocupación de que no hay seguridad para sus ciudadanos. En temporada de invierno varios de ellos emigran al Caribe Mexicano, pero ahora están cautelosos; de no controlarse esta situación por las autoridades, habría graves consecuencias”.

De los pasillos

Tras celebrar la renuncia de la secretaria de Turismo en la Ciudad de México, Paola Félix, tras darse a conocer viajó a Guatemala en un avión privado y supuestamente fue detenida en el aeropuerto de la Aurora, por intentar meter al país vecino 25 mil dólares en efectivo, la bancada del PAN en el Congreso capitalino, a través de su coordinador, Christian Von Roehrich, calificó como un “acto de hipocresía” el actuar de los funcionarios de Claudia Sheinbaum quienes se ostentan como austeros en la vida pública pero “derrochan lujo en lo privado”.

Los panistas conminaron a la Contraloría local a indagar y sancionar este hecho, que fue con dolo y desatendiendo su responsabilidad en eventos relevantes como es la Fórmula 1 en la capital del país.

Jugar con fuego: AMLo y el Ejército

Jorge Zepeda Patterson

No resulta fácil para un simpatizante de la izquierda, sea que profese una versión radical o una versión socialdemócrata, coincidir con la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar porciones importantes de la vida pública al Ejército. El anuncio de que se creará una empresa operada por los militares para administrar y recibir los ingresos que aporten el Tren Maya, el proyecto del corredor Interoceánico, el Puerto de Coatzacoalcos, el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, y los aeropuertos por construirse en Chetumal, Tulum y Palenque confirman el deseo del mandatario de consolidar el poder de los soldados frente al resto del Gobierno y el conjunto de la sociedad. Se trata justamente de los proyectos más ambiciosos del Gobierno; al convertir a las Fuerzas Armadas en el beneficiario directo de estas cuantiosas inversiones, habría que asumir que al final del sexenio sería el estamento más favorecido por la llamada Cuarta Transformación. Y, por otro lado, tampoco podemos olvidar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a las Cámaras para poner a la Guardia Nacional bajo control de las Fuerzas Armadas. La formación de esta fuerza había sido aprobada a condición de que fuera un organismo civil, sujeto a códigos civiles; ahora se intentaría convertirla en una dependencia de los militares. ¿Cómo no preocuparse de esta pinza que otorga a los soldados una capacidad económica autónoma y control de una porción de la administración pública, por un lado, y un poder policiaco y político frente a los ciudadanos, por otro?

Esta decisión se nutre de la idea de que el Ejército es la institución más confiable y disciplinada del Estado mexicano; algo en lo que quizá coincidimos todos. Pero al ser el actor al que la sociedad entrega los recursos para el ejercicio de la fuerza, es también el que menos implicado tendría que estar en las tareas relacionadas con el ejercicio de la autoridad, la economía o el derecho.

“Si estos bienes se lo dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones no aguantan ni la primera embestida. Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a siete pesos el metro cuadrado en zona turística”, dijo el Presidente el jueves pasado. Sin duda es cierto, pero López Obrador también tendría que acordarse de que se trata del mismo ejército que actuó a voluntad de Felipe Calderón o de Gustavo Díaz Ordaz y el mismo que desapareció a luchadores sociales a lo largo de años en la llamada “Guerra Sucia”.

Y por lo demás, el Presidente tendría que percibir lo desconcertante que resulta para su propio Gobierno asumir que los administradores públicos, que él ha traído, no son de confianza, mientras que los soldados que pertenecen al régimen anterior sí lo son. Su propia frase “no aguantan ni la primera embestida”, refiriéndose a los funcionarios actuales y futuros, echa por tierra el pañuelito blanco que suele agitar en lo alto para festejar el fin de la corrupción.

Incluso aceptando que el Ejército es más confiable como administrador que el propio gabinete o los cuadros obradoristas, entregar parcelas completas de la administración pública a los militares, equivale a renunciar al mandato de construir un servicio público decente y profesional al que estaría obligado un movimiento que ha prometido el cambio.

Los errores y autoritarismos de los presidentes priistas son evidentes, pero habría que concederles el mérito histórico de mantener al Ejército acotado frente al poder civil. Después de la Revolución Mexicana tomó casi medio siglo sacar a los generales del poder político y el siguiente medio siglo para consolidar esta tradición. En buena medida gracias a ello, México se ahorró las tragedias golpistas que vivieron prácticamente todos los demás países de América Latina. En buena lógica el Ejército fue asumido como un recurso de “úsese en caso de incendio”; literalmente, porque durante décadas se ganaron el respeto de la sociedad en situaciones de emergencia y poco más.

Por todo lo anterior resulta incomprensible la disposición de López Obrador para convertir a las Fuerzas Armadas en un poderoso protagonista de la vida civil. La construcción de un orden democrático lo desaconseja, la historia mundial y nacional de las luchas de izquierda o populares lo repele, el sentido común lo rechaza.

Los riesgos de este “empoderamiento” castrense están a la vista. En el mejor de los casos, le otorga al Presidente que esté en funciones, en su calidad de Comandante Supremo, un poder con autonomía favorable a tentaciones autoritarias o represivas. En ese sentido, AMLO podría estarle poniendo la cama a un mandatario que en el futuro lo utilice sin límites ni cortapisas en contra de la sociedad. O peor aun, ofreciendo a los generales razones y recursos para decidir actuar al margen del poder civil. Si ellos mismos terminan sintiéndose mejores administradores que los funcionarios, argumento del Presidente, ¿cuánto tiempo pasará antes de que comiencen a ofrecerse para corregir o resolver lo que a su juicio hacen mal los civiles?

López Obrador se ha referido a sí mismo como un demócrata, como un luchador de izquierda, como un humanista y como un hombre amante del amor y la paz. Difícil entender como encaja el fortalecimiento de los generales en esa ecuación.

En la Antigua Roma el Senado solía alejar de la ciudad a los mandos con tropa para evitar tentaciones; las grandes legiones tenían prohibido cruzar el río Rubicón, que se encontraba a cientos de kilómetros de la metrópoli. Todo con el propósito de no poner a la ciudad de Roma a merced de un general. Justamente el fin de la república sobrevino cuando Julio César decidió cruzar el río con sus legiones desoyendo el mandato. López Obrador entrega las obras más importantes de su Gobierno al Ejército con el propósito de que nunca se privaticen y pertenezcan al Estado de manera irreversible. Pero no las está entregando a la Nación solamente, sino al ejército en particular. Y ese empoderamiento también podría ser irreversible. ¿Quién va a ser el valiente que los vuelva a meter en sus cuarteles o los haga cruzar de regreso el Rubicón?

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por si no nos hemos dado cuenta, amable lector, ya estamos en pleno proceso de precampaña electoral, de cara a la elección presidencial de 2024.

El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó los tiempos cuando le quitó el corcho a la botella de la sucesión, inaugurando nuevos tiempos, y eliminando la tradición del “tapado”.

Pero, claro, AMLO mencionó a algunos de sus posibles sucesores, todos de Morena, pero no habló de los abonados del PT o del Verde, a sabiendas de que el senador Ricardo Monreal se quedó con las ganas desde 2018, y aunque peleó también la jefatura de la Ciudad de México, apenas se la dieron de senador.

Era obvio que Monreal no se quedaría de brazos cruzados, y este fin de semana estuvo en Guerrero para presentar un libro de su autoría. Pero la sorpresota que nos llevamos es que el petista se vino de México acompañado por el perredista Miguel Mancera, y acá lo recibió el priísta Manuel Añorve Baños.

Bueno, hasta ahí todo bien. Al final de cuentas son compas en el Congreso federal, se ven todos los días, se saludan cordialmente….pero de ahí a acompañarlo a uno de sus eventos de apertura de precampaña en Guerrero, es mucho decir.

Y no sólo eso. Resulta que no sólo Añorve estuvo presente en ese evento, sino innumerables priístas de su grupo político, entre ellos el diputado local Rafael Navarrete Quezada, el ex senador aguirrista Sofío Ramírez Hernández, etcétera, quienes presumieron en sus redes sociales la invitación a ese evento que realmente no tenía nada de extraordinario y en donde se supone que deberían estar petistas y morenistas, no priístas y perredistas.

En política no hay casualidades, amable lector. Lamento decirle que el mensaje que vino a sembrar el zacatecano Monreal es muy simple: Si no voy por Morena, voy por la Alianza opositora. Tan tan.

Y en su caso los aliancistas (PRI, PAN y PRD), están de plácemes porque como ya lo aceptó el panista Marko Cortés, carecen de fichas para competir en 2024 y, por lo tanto, lo más seguro es que estén considerando a Monreal como su principal cuña.

Ahora mal, el senador no disimula su interés de ser presidente de la República, y ha dicho que estará en la boleta de la siguiente elección sí o sí. ¿Qué significa esto? Pues como decía Manuel J. Clouthier: Con Morena, sin Morena y a pesar de Morena.

O, lo que es peor: Con AMLO, sin AMLO y a pesar de AMLO.

La pregunta es: ¿Quiénes desde Morena seguirán al petista en su odisea de ser el caballo troyano de la elección de 2024?

No en balde se le acusa a Monreal de estar saboteando desde el Senado importantes decisiones e iniciativas de AMLO. Y al PRI de engallarse en contra de la reforma eléctrica que se suponía sería de obvia y urgente resolución, pero que en cambio la van a discutir hasta el siguiente año, y posiblemente quede en veremos, sobre todo ahora que Biden metió la cola en este asunto a través de su embajador Kent Salazar, al más puro estilo de Washington, alegando que se está perjudicando a empresarios estadounidenses y es necesario defenderlos del maléfico AMLO, y condenar a los mexicanos a seguir pagando contratos leoninos con las generadoras de “energías limpias” y todo el entramado de corrupción que diseñaron para que los grandes empresarios no paguen la energía eléctrica.

Pero éste es otro tema al que debemos ponerle atención y desde nuestras trincheras presionar para que el Estado recupere la rectoría del sector energético, si no queremos sufrir lo que está padeciendo España, donde las gaseras y productoras de electricidad encarecieron la vida de los españoles a tal grado, que ya se habla de un masivo empobrecimiento, en el que lamentablemente el gobierno español no puede meter mano.

Volviendo al tema, la elección interna de Morena pinta un escenario hasta tenebroso. Máxime que aunque la 4T está procurando deshacer los monopolios económicos creados al amparo del régimen anterior, está casi intacto el monopolio político formado por los partidos que, ademas de chupar recursos públicos, nos han negado a los mexicanos el privilegio de elegir a los candidatos. Ellos proponen y a nosotros solamente nos resta votar.

Lo peor, es que ahora con las alianzas antinaturales, están revolcando la gata, que sale siendo la misma, nada más teñida de otro color.

En pocas palabras, los partidos nos dejaron sin opciones, ya no sólo de participar en la vida interna -que debiéramos porque viven de nuestros impuestos- sino de elegir a un derechista como si fuera de izquierda, y viceversa.

La sugerencia es que la reforma política, que también está planteada para ser desahogada en lo que resta del gobierno lópezobradorista, le quite el dinero de nuestros impuestos a los partidos políticos y pasen a ser financiados por sus militantes, como todo club, porque eso son, un club de Tobi, cuyos miembros se parten, comparten y reparten el poder.

De otro modo, seguirán jugándonos el dedo en la boca y, lo que es peor, dándonos atolito con el dedo.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*EU pone freno a la reforma eléctrica de AMLO

*Cede Congreso a presiones de legisladores republicanos

*Lozoya sigue contando con la protección gubernamental

“Las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo”: Giuseppe Mazzini.

La opinión pública, la de los organismos cúpula empresariales, de las empresas generadoras de energía limpia, de los especialistas del sector privado y de instituciones de educación superior, no tuvieron ninguna influencia en la decisión del presidente López Obrador de sacar adelante la aprobación de su reforma constitucional en la materia, incluso forzando a un parte del PRI, y dividiendo a ese instituto político, a apoyarla en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, la presión del gobierno y el Congreso de Estados Unidos, y las empresas con inversiones en generación de electricidad en territorio mexicano, fue definitiva para frenar, de momento, la iniciativa presidencial, la cual se prevé se aprobará hasta el mes de abril próximo.

Las presiones directas a la presidencia tuvieron efectos inmediatos: el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó ayer que su partido y el PT y PVEM buscarán discutir y aprobar la reforma eléctrica presidencial hasta abril de 2022. “Nos propusimos concluir el proceso de Reforma Eléctrica, que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, Senadores y al menos 17 congresos locales, a más tardar el 15 de abril”, informó el legislador, tras llevarse a cabo una reunión plenaria entre los tres partidos, donde dieron a conocer ahora darán prioridad a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que para la reforma energética “no hay prisa”.

Lo cierto gira en torno a la presión de congresistas de Estados Unidos y del propio gobierno del presidente Joe Biden y fue esto lo que llevó a meter el freno de mano a la contra reforma eléctrica obradorista. Un grupo de 40 congresistas republicanos de EU enviaron una carta al Secretario de Estado Antony Blinken, a la secretaria de Comercio, Gina M. Raimond, y a la secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm, además de la representante comercial Katherine Tai, donde expresan una profunda preocupación sobre la escalada del gobierno de México para excluir a las empresas privadas de su sector energético en contradicción con sus compromisos internacionales, incluido el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). El vecino tiene por costumbre atender las llamadas de auxilio de la IP, acción contraria a las llevadas en esta tierra.

De acuerdo con los legisladores estadounidenses, hay una abrumadora lista de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses. Por ello, demandan: “Una respuesta oportuna y clara. Nosotros los instamos a redoblar sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas con el fin de detener las acciones discriminatorias y proporcionen a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México la igualdad de condiciones, según lo previsto por el T-MEC”, de acuerdo con lo expuesto en la misiva.

Según los republicanos, el gobierno mexicano pretende dar a Pemex y a la CFE un trato preferencial lo cual se considera violatorio de compromisos ambientales internacionales, debido al uso del combustóleo en plantas de la CFE.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió en Palacio Nacional con autoridades del gobierno federal para analizar los alcances de la iniciativa en la cual se propone dar el 54% del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En sus redes sociales publicó: “Sostuve hoy importantes reuniones con @GobiernoMX para hablar sobre reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esa reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de EEUU. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días”.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, impulsora de la reforma, ha confirmado el encuentro. “Fue grato escuchar al embajador sobre sus dudas y comentarios. México y Estados Unidos por años han colaborado en el sector con absoluto respeto a sus leyes y soberanía de cada país. El diálogo es abierto y continuo señaló en Twitter. A estas citas ni de chiste invitan a Manuel Bartlett, queda claro el porqué.

Desde el pasado mes de octubre, el presidente envió al Congreso una propuesta para reformar la Constitución que pretende desmontar gran parte de la reforma energética constitucional aprobada en 2013, la cual abrió el mercado eléctrico a la participación privada por primera vez en más de 70 años.

La iniciativa incluye suspender permisos de generación de electricidad ya otorgados y cancelar contratos con empresas privadas tanto nacionales como extranjeras.

Las cámaras de comercio de EU y Canadá, cada una por su lado, ha dicho ésta reforma contraviene lo acordado en el T-MEC.

El tabasqueño busca hacer de la empresa eléctrica del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la preponderante en el sector. Para lograrlo, la ley le garantizaría el 54% del mercado. Además, desaparece a los reguladores y le da al Estado el derecho exclusivo de exploración y producción de litio y otros minerales considerados “estratégicos”.

Abogados y especialistas han advertido que, si la ley se aprueba, se abrirían un alto número de litigios y arbitrajes internacionales que serían muy caros para el país.

La contra reforma eléctrica de AMLO prevé eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y traspasar sus atribuciones a la Secretaría de Energía. Además, reduce las posibilidades del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente y otorga al Estado la explotación del litio. La iniciativa, modifica tres artículos constitucionales y nueve transitorios, “trata de rescatar y fortalecer a la CFE, garantizar (…) la seguridad energética del país, y que sea posible se tenga electricidad a menor costo para todos los mexicanos”, según Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Lozoya, por

fin, preso

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por fin está preso, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera por roto el polémico acuerdo con el cual lo había mantenido lejos de la cárcel desde que llegó a México en julio de 2020. A petición del Ministerio Público, el juez Artemio Zúñiga lo encerró en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a la espera del juicio, cuya fecha podría decidirse en una audiencia programada para el próximo 3 de diciembre. El togado explicó la alta penalidad de los delitos imputados se suma a las redes familiares y los recursos económicos suficientes para, tal vez, poder huir.

El fiscal Manuel Granados Quiroz cuestionó que Lozoya no ha hecho el mínimo intento para pagar una reparación del daño de 7 millones 385 mil dólares, lo cual es un requisito indispensable para que la FGR pueda negociar un criterio de oportunidad que le permita la inmunidad penal. “Su actitud ha sido evasiva, grosera (…) no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada”, destacó el fiscal. ¿Y los videos? ¿y las supuestas pruebas en contra de Peña Nieto, Videgaray e inclusive de Ancira? ¿olvidamos los casos Odebrecht y Agronitrogenados?

Lo palpable, cierto y real es el fracaso de la tan cacareada lucha contra la corrupción. El pacto sigue vivo y actuando. Peña Nieto disfruta, López… también.

De los pasillos

A cinco kilómetros del municipio de Pijijiapan, Chiapas, un grupo de migrantes se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional. El encontronazo se registró a las 08:00 horas del jueves, cuando personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) intentaron detener a migrantes rezagados de la caravana.

Las autoridades buscaban encapsular a este grupo migrante para subirlos a camionetas del INM. Los migrantes lanzaron piedras, palos y otros proyectiles hacia la Guardia Nacional, cuyos integrantes optaron por retirarse.

Un oficial de la GN resultó herido, pues cayó de la unidad donde viajaba y después fue golpeado por un grupo de personas. Los migrantes lo dejaron en la carretera y, posteriormente, fue rescatado por sus compañeros…

Las acciones violentas de la mafia no frenan. En el interior del hotel Hyatt Ziva de Puerto Morelos dos personas fueron ejecutadas. El mentiroso fiscal quintanarroense, herencia a Carlos Joaquín de Miguel Ángel Mancera, de inmediato se dio a la tarea de negar fue en el hotel, pero testigos informaron del secuestro de una persona y de ese acto se paso a la balacera. Como si se requiriera de una rápida información Oscar Montes de Oca aclaró se trató de un enfrentamiento entre grupos antagónicos de narcomenudistas. El gobernador y el propio gobierno federal y hasta la chaparrita Rosa Icela deberían recetarle el clásico “no me ayudes compadre”, porque su versión no le sirve a los aterrados turistas hospedados en ese centro ubicado en Punta Petempich, menos aún cuando entre ellos se encontraba un ejecutivo de NBC Universal. La nota no tardó en aparecer en las páginas digitales del diario El País, las fotos se viralizaron y las autoridades declaran con argumentos “de domingo 7”. Y luego no se explican lancen alertas en contra de la entidad…

Alcances y limitaciones de la Comisión de la Verdad

Rubén Martín

La violencia estatal, es decir las distintas formas de represión, ha sido parte constitutiva del régimen político mexicano. El Estado controlado por los gobiernos posrevolucionarios, a la par que creaba un limitado estado de bienestar y controlaban los gremios a través de sectores del partido oficial, ordenaban la dura represión en contra de los disidentes políticos del régimen. A lo largo de la historia del siglo pasado, el Estado autoritario priista ordenó varias matanzas, torturas, desapariciones, encarcelamientos y ejecuciones extrajudiciales para tratar de parar y contener huelgas, movilizaciones, y protestas sociales de diverso tipo en todo el país.

A medida que la legitimidad del régimen priista menguaba, la violencia estatal aumentaba. Para la memoria quedan matanzas como las de Tlatelolco en octubre de 1968, el Halconazo del 10 de junio de 1971, la represión contra movimientos sindicales como el de los electricistas en 1976 y el largo periodo de contrainsurgencia conocido como la Guerra Sucia cometido por el Estado entre la década de 1960 y 1980.

La violencia estatal no paró ahí y tampoco cesó con el relevo de partido en el poder, al pasar del Revolucionario Institucional (PRI) a Acción Nacional (PAN). Represiones como las de Atenco en mayo de 2006 y contra la revuelta popular de Oaxaca en noviembre de ese mismo año confirman que la violencia estatal y todas sus formas represivas no eran privativas del PRI, sino que continuaron en el periodo que algunos calificaron ingenuamente como “transición a la democracia”.

Desde hace décadas las víctimas directas de estos hechos represivos así como sus familiares han levantado el reclamo de exigir justicia y castigo para los culpables. Pero hasta ahora esta justicia y la reparación de daños que han dejado estas múltiples violencias estatales, permanecen impunes.

Una leve esperanza se abrió en 2001, al comienzo del sexenio del panista Vicente Fox Quezada con el anuncio de la creación de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que llevó a cabo un trabajo de investigación en archivos y entrevistas con víctimas de la violencia estatal. Pero al final, Fox se alió con los responsables de la represión y decidió cancelar la fiscalía especial y apenas se conoció una versión incompleta del informe preparado por la Femospp. Pero la justicia no llegó para las víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o torturas.

La esperanza de dar justicia a las víctimas se abrió nuevamente con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en junio de 2018. Ya como presidente electo, se reunió con distintas organizaciones de familiares que padecieron hechos represivos del pasado y con las organizaciones de las víctimas del presente y se comprometió a crear una gran comisión de la verdad para esclarecer estas violencias estatales. Ya en el gobierno, López Obrador ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Es en este contexto que se anunció el pasado 2 de octubre la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.

Y acto seguido se abrió una convocatoria para elegir a cinco comisionados provenientes de la sociedad civil. El pasado 29 de octubre se dio a conocer el nombre estas personas que vienen del trabajo en derechos humanos en organizaciones de la sociedad civil: Abel Barrera Hernández, Eugenia Allier Montaño, Aleyda García Aguirre, David de Jesús Fernández Dávalos y Carlos Alonso Pérez Ricart. Todos ellos tienen una trayectoria respetable en el campo de la defensa de derechos humanos, pero a pesar de ello algunos colectivos de familiares de víctimas y expertos han puesto en duda los alcances de que dicha comisión cumpla con las expectativas de que el Estado mexicano sea obligado a brindar justicia y reparación del daño a miles de victimas de las múltiples represiones políticas.

Uno de ellos es Jacobo Dayán, experto en Justicia Transicional y Derechos Humanos. En entrevista para Radio Universidad de Guadalajara (https://bit.ly/3BTGqLI), Dayán sostuvo que una de las limitantes más importantes es que la Comisión de la Verdad está integrada mayoritariamente por funcionarios públicos de las siguientes dependencias: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Archivo General de la Nación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Todos ellos tienen voz y voto. En cambio, los cinco consejeros ciudadanos tienen qué nombrar a uno de ellos para votar en la comisión, el resto no tiene derecho. Es decir, hay una exagerada presencia de representantes de gobierno en detrimento de expertos independientes de la sociedad civil, ya sea nacional o internacional.

Otra limitación observada por Dayán es que el decreto que crea la Comisión de la Verdad no obliga al ejército a abrir sus archivos e instalaciones para ser investigados; y se considera como limitante, que se ponga fecha de término de trabajo de la comisión a septiembre de 2024, cuando la experiencia en otros países indica que se debe dejar abierto al tiempo necesario para hacer una investigación a fondo sobre las violencias estatales investigadas.

Uno de los más severos cuestionamientos es que el mandato de investigación para la Comisión de la Verdad se limita hasta el año 1995, por lo tanto dejando fuera de su alcance indagar en las violencias estatales que se han cometido de 1996 en adelante, entre ellas la masacre de Acteal, cometida por paramilitares protegidos por el Estado en diciembre de 1997.

Lo más injustificable es que esta comisión no indagará el fenómeno de las desapariciones, fosas clandestinas y el periodo de guerra informal que la sociedad mexicana vive a partir de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, decretada desde el sexenio del panista Felipe Calderón en diciembre de 2006.

Otro de los cuestionamientos a esta comisión, de mayoría gubernamental como bien ha subrayado Jacobo Dayán, es que su función se centrará en investigar y presentar un informe, dejando al aparato ordinario de procuración de justicia la tarea de perseguir a los posibles responsables. Tendría otra función si desde su decreto de creación se hubiera dotado a esta comisión de funciones jurisdiccionales extraordinarios que la facultaran incluso para perseguir y enjuiciar a posibles responsables de ordenar y cometer hechos represivos y violaciones graves a los derechos humanos.

Vamos a ver si el enorme peso que López Obrador ha dado a las fuerzas militares no se constituye en un obstáculo para las investigaciones de la Comisión de la Verdad. Muchos de los hechos represivos del Estado mexicano fueron operados directamente por los militares, como el arrasamiento de pueblos en Guerrero, los vuelos de la muerte en Acapulco y en Chapala, o las torturas y desapariciones de disidentes cometidas en instalaciones militares. Veremos si la cercanía de este gobierno con los militares no se convierte en un obstáculo para los fines de brindar justicia a las víctimas de las violencias estatales. Con todas estas limitaciones, será difícil que esta Comisión de la Verdad procure verdad y justicia para todas las víctimas que han padecido la violencia estatal en más de cinco décadas.

A pesar de todo lo anterior, muchas familias que han padecido las múltiples represiones esperan que ahora sí, por fin, llegue la justicia y la reparación del daño que ellos o sus familiares han padecido del Estado mexicano. Tienen derecho a exigir esta justicia.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Viene más dinero a estados y municipios, según lo que anunció ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El incremento de las participaciones federales están contempladas en el presupuesto de egresos de la Federación, y contempla un incremento de 100 mil millones de pesos para fortalecer a estados y municipios.

El incremento para Guerrero será de 3 mil 835.3 millones de pesos, equivalente a 6.1 por ciento de aumento con relación al presupuesto autorizado para este año que está por finalizar, y que ascendió a 63 mil 383.9 millones de pesos.

Se aclaran las cifras para atajar la versión que se nos vendió en los últimos meses del gobierno de Héctor Astudillo Flores, en el sentido de que se les hicieron recortes a sus partidas presupuestales, razón por la cual terminó su mandato prácticamente sin recursos.

Es decir, que en 8 meses Astudillo gastó el dinero asignado y para septiembre ya no tenía dinero para pago de sueldos ni para devolver a los trabajadores sus bonos y prestaciones, por lo cual le fueron entregados casi 300 millones de pesos más, tan sólo para apaciguar a la burocracia estatal, que tenía paralizados los trabajados en casi todas las oficinas y dependencias, y que amenazaban con recrudecer sus manifestaciones.

El caso es que Astudillo no acudió al Congreso local, a la ceremonia de toma de protesta de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, algo que ni su antecesor, el interino Rogelio Ortega Martínez, se atrevió a hacer, pues aunque en medio de una tremenda polémica Ortega asistió al cambio de gobierno en 2015, a dar la cara al menos por el boquete financiero que estaba entregando.

En 2022, decíamos, Evelyn Salgado Pineda ejercerá 67 mil 219.2 millones de pesos, tan sólo del gasto federalizado, y sin contemplar las gestiones adicionales que se puedan realizar para que la Federación ejecute obras directamente, o bien bajo el esquema de mezcla de recursos, sea con el mismo estado y con los municipios.

Esta es una buena noticia, por cierto, y viene a dar un respiro sobre todo para los ayuntamientos, que también quedaron en su mayoría sumamente castigados, y en los que se ha corrido el rumor de que sus participaciones federales estaban en entredicho.

Al contrario, el cambio de gobierno federal no fue motivo para que los ayuntamientos dejaran de recibir los recursos que tienen etiquetados anualmente, y que año con año deben aumentar, con base en la fórmula establecida hace unos 15 años, durante el gobierno de Felipe Calderón.

Esa fórmula no ha variado y salvo que en 2020 sí se les pudieron hacer algunas retenciones del gasto corriente, por los efectos de recaudación de impuestos durante los primeros meses de pandemia, para 2022 serán compensados.

No olvidemos que los cierres masivos de giros comerciales y de servicios provocaron durante los primeros meses de la pandemia provocó la caída de la recaudación a niveles históricos, y fue necesario que el gobierno federal hiciera uso de un fondo especial que se tiene para este tipo de emergencias.

Este año, sin embargo, el gobierno federal viene presumiendo que se tienen de nuevo niveles récord de recaudación de impuestos, sobre todo porque se eliminaron las exenciones para los grandes empresarios, así como también la facultad que tenía el presidente en turno de decidir a quién se beneficiaba con esa fórmula.

El cambio de la política hacendaria, tendiente a cobrarle más a los que más ganan, en lugar de seguir castigando a las clases medias y dueños de micro, pequeñas y medianas empresas, será un respiro para todos, pues ya en este espacio hemos dicho en repetidas ocasiones que las Mipymes trabajamos en este país para Pemex, CFE, Telmex y el SAT, mientras que los grandes empresarios no pagan impuestos, ni luz (amparados en los entramados de la producción de energías limpias, que permite que los generadores presentan a sus clientes mayores como socios -Coca Cola y Oxxo entran en este supuesto, de hecho), y de paso les regresan impuestos si por error se los cobraron.

Por lo tanto, la perspectiva de recaudación para 2022 es mayor y de ahí que también crezcan los beneficios para estados y municipios.

En Guerrero, sin embargo, falta por definir la mega deuda que heredó el gobierno de Héctor Astudillo Flores con el ISSSTE, que suma casi 14 mil millones de pesos, y cuyo plan original era que el Congreso local avalara que se convirtiera en deuda pública para que los guerrerenses volviéramos a pagar el dinero a todas luces desviado desde 1995 a la fecha.

Hasta ahora, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha dicho qué procede en este caso, o si como recomendó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero lo más fácil es que el estado entregue al ISSSTE bienes inmuebles que cubran el adeudo, para que se comience de cero, en lugar de endilgarnos una deuda tan elevada.

Como dice el dicho popular, “que lo pague el que se lo comió”.

De no ser así, de nada servirá el incremento al presupuesto estatal que está anunciando el presidente. O, lo que es lo mismo, saldrá lo dado por lo servido, porque el gobierno estatal se verá obligado a pagar a Hacienda más de mil millones de pesos por año, así durante 15 años.

Esperemos que se tome la mejor decisión a este respecto, y que los recursos anunciados vengan realmente a hacer la diferencia. Pero, claro, que no nos salgan con que a Chuchita la bolsearon, como sucedió en el gobierno anterior.