Opinion | - Part 121

Nicaragua: un lío para la Cancillería

Carlos A. Pérez Ricart

No hay límites a lo peor. Con estas seis palabras empecé una columna escrita para este mismo espacio hace menos de dos meses. Hacía referencia a Daniel Ortega y a su incesante degradación como Presidente de Nicaragua.

El pasado 7 de noviembre Daniel Ortega, líder histórico del movimiento sandinista y Presidente de Nicaragua desde 2007, validó la máxima: No hay limites a lo peor. Ortega “ganó” la elección presidencial de su país con el 75% de los votos a su favor. Su “victoria” le abre la puerta a un cuarto mandado presidencial consecutivo y tercero desde que en 2014 él y su grupo cambiaran la Constitución para permitir la relección indefinida.

La elección del 7 de noviembre, como otras anteriores, fue una farsa. Una gran pantomima. En Nicaragua las autoridades electorales están controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un partido político que desde hace mucho tiempo dejó de ser frente, sandinista, y de liberación; el padrón electoral lleva años sin auditarse; no es público y está amañado a conveniencia del líder; el día de la elección no hubo forma en que la comunidad internacional confirmase que se cumplieran mínimos estándares democráticos. A los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y del Centro Carter se les prohibió la entrada al país. Lo más abyecto es, sin embargo, la falta de libertad política que hay en Nicaragua: las elecciones del 7 de noviembre se dieron en un contexto intolerable: siete probables candidatos presidenciales detenidos, tres partidos políticos ilegalizados, y más de treinta lideres políticos encarcelados. Otros tantos viven en el exilio. Todo eso abonó para que ninguna persona con mínimas posibilidades de triunfo pudiera enfrentarse a Ortega en la elección presidencial.

Aunque los números oficiales señalan que la participación electoral rebasó el 65 por ciento del padrón, Urnas Abiertas —un observatorio ciudadano formado para el monitoreo del proceso electoral— difundió que, según sus casi 1500 observadores repartidos por todo el país, la abstención rebasó el 80%. En ello concuerdan versiones periodísticas que, en todos sus reportes, muestran que los centros de votación se mantuvieron vacíos la mayor parte del día. En algunos lugares no asistió ni un solo votante.

El apoyo al régimen es mínimo. La encuesta con mayor credibilidad en Nicaragua, CID-Gallup, publicó que la intención de voto por Ortega no rebasaba el 19 por ciento. Esa misma encuesta demostró que la mayoría de la población no solo no iría a votar, sino que desconfiaba directamente de la autoridad electoral. De ahí que el supuesto apoyo del 75 por ciento de la votación en favor de Ortega no solo resulte inverosímil, sino jocoso. Un porcentaje ridículo.

Admitámoslo: la posición del Gobierno de México ante lo que sucede en Nicaragua no es fácil. Por un lado, debe buscar alejarse de las voces injerencistas que llegan desde Washington. Por el otro, en el marco de sus compromisos internacionales, debe buscar salidas políticas que garanticen el ejercicio de libertas políticas en el país centroamericano. Admitiendo la tensión y la complejidad del cuadro político, no puede aceptarse que la Cancillería de México siga sin condenar, así sea mínimamente, el estado de las cosas en Nicaragua.

La posición de México se había caracterizado, hasta ahora, por su pasividad y condescendencia con el régimen de Ortega: una llamada de atención, un tweet medianamente crítico, un exhorto que no leyó nadie. Después de las elecciones del 7 de noviembre, aunque tuvimos una oportunidad, nada de eso cambió.

El 12 de noviembre, en el marco de la clausura de la 51° Asamblea General de la OEA, varios países promovieron una resolución sobre la situación en Nicaragua. En ella se señalaba que las elecciones en ese país “no fueron libres ni transparentes ni tienen legitimidad democrática”. Se esperaría que México, como firmante y promotor de la Carta Democrática Interamericana hubiese apoyado la resolución. No fue así. La resolución terminó por ser aprobada por 25 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones. Entre las abstenciones estuvo la de México. Incluso Argentina, gran aliado estratégico durante en todo lo concerniente a la situación en Nicaragua, votó a favor de la resolución. Las otras seis abstenciones fueron de las delegaciones de Bolivia, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Dominicana y Belice —apenas para una hexagonal de Concacaf.

¿Que la OEA ha sido tomada por un grupito de funcionarios con perfiles antidemocráticos? Sí, es verdad. ¿Que la DEA jugó un papel importantísimo en legitimar el golpe de Estado contra el Gobierno de Bolivia en 2019? También es cierto ¿Que Luis Almagro ha vuelto a la OEA un espacio en el se impulsan agendas parcializadas? Cierto. No hay duda.

Sin embargo, se equivoca la Cancillería de México en hacer de Nicaragua una víctima de su —por demás legitima e incluso necesaria— disputa con la OEA y su inefable Secretaria General. Es posible hacer ambas cosas: repudiar la escalada autoritaria de Daniel Ortega en foros internacionales (y así cumplir con compromisos diplomáticos básicos) y, al mismo tiempo, continuar luchando, al interior y de forma inteligente, por transformar la OEA en un organismo verdaderamente plural.

Validar la elección de Ortega a través de la abstención en la Asamblea de la OEA fue un error diplomático y político. Para comenzar, representa una piedrita más (¿y cuántas van ya?) en el zapato del actual Canciller en su lucha por llegar a Palacio Nacional. Puedo imaginar —desde ahora— a los críticos del círculo rojo en 2024 recordándole el infame voto. Además, la abstención en la OEA supone un retroceso en el objetivo del canciller por devolver a México al primer plano regional. Lo más importante, sin embargo, es que parece dar el mensaje de que sí, en efecto, el gobierno del Presidente López Obrador está dispuesto a coquetear con autoritarismos rancios.

Y ojo: no se trata de ser injerencista ni de montarse en la peor tradición de golpes de estado financiados desde Washington. Se trata de pintar una línea en donde hay que trazarla. De fijar posiciones donde hay que hacerlo: sin miedo a la crítica de la izquierda radical y sin dejarse avasallar por la lógica de la derecha antipopular. Se trata de gritar —fuera y dentro de nuestras fronteras— la frase que tanto sentido dio al movimiento político que ha encabezado el presidente los últimos treinta años: Democracia Ya, Patria para todos.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Guerrero continuará 2 semanas más en semáforo verde, lo cual implica que para principios de diciembre nuestra entidad estará en su mejor momento para recibir a los visitantes por la temporada de Navidad 2021.

Este estatus lo tendremos hasta el 28 de noviembre, y sólo esperemos que el puente largo del 20 de noviembre (que se adelantó una semana, pues la celebración cae en sábado, días en que además estará lo fuerte del Buen Fin), no traiga consecuencias funestas y nos reporte incrementos graves de casos de Covid-19.

Es que en este fin de semana largo por las fiestas de la Revolución Mexicana registró una ocupación hotelera de 73 por ciento en promedio, la cifra más alta desde que se dispersó el Covid-19 en México.

Y claramente eso se sintió en los puertos, donde la gente tenía que esperar su turno para entrar a comer a los restaurantes, y donde las tiendas departamentales estaban a reventar.

Si todo esto se hizo sin el debido cuidado de parte de la población, que sigue dando muestras de que ya no le teme a la pandemia, podríamos tener un incremento de casos Covid, eso no se descarta pues lo cierto es que el coronavirus sigue entre nosotros, no se ha ido, y los cuidados y precauciones se deben de mantener.
La gente debe saber que todo depende de nosotros, no del gobierno. La prevención la hacemos nosotros.

Y también debemos entender que la entidad está ante una severa crisis económica, y eso se resiente aún más en el sector salud, donde la gente tiene que comprar hasta la anestesia para las operaciones, si es que tiene la suerte de encontrar un quirófano operando.

De verdad, qué lamentable situación la que heredó el actual gobierno y será hasta el siguiente año que se tengan recursos frescos. De modo que si se desatara un repunte de Covid-19, sepan que toparemos con una muy cruda realidad.

Entre tanto, podemos decir que tras la desastrosa tercera oleada que vivimos entre julio, agosto y septiembre, Guerrero descansa de la pandemia. En las últimas 24 horas se registraron sólo seis casos nuevos para sumar 217 casos activos, de los cuales Acapulco presenta 55, Iguala 30, Taxco 30 y Chilpancingo 23.

En cuanto a defunciones, en estas dos semanas de noviembre suman 26 casos, y se tienen 48 pacientes hospitalizados.

Como consecuencia, las playas y aforos de personas a hoteles, restaurantes y bares se mantienen, y por ahora el sector turístico se muestra optimista, porque es muy probable que la Navidad pueda ser disfrutada de nuevo en Guerrero, tras dos años de restricciones.

Sólo con el fantasma de la violencia parece que se resiste y comenzó de nuevo a azotar no sólo a Acapulco, sino también a la Costa Chica, sobre todo San Marcos, Cruz Grande y Copala, así como a municipios de la Costa Grande cercanos al puerto.

Eso para nadie es un secreto y el gobierno tendrá que hacer su parte si quiere rescatar la Navidad, que se nos puede cebar si la criminalidad aumenta.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, recordemos, anunció el reforzamiento de la seguridad para Acapulco y Chilpancingo con la llegada de más elementos de la Marina, pero eso no ha sido obstáculo para que los grupos delincuenciales asesten golpes a sus adversarios, sin dar tregua.

El pasado fin de semana, por cierto, fue extremadamente violento. Hubo tres quemados en San Marcos, un descuartizado en Copala, así como vehículos incendiados también en San Marcos, además de ejecuciones en Acapulco y Chilpancingo, entre estos una mujer adulta mayor, empleada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fue asesinada en su propio hogar.

Aunque ya estemos acostumbrados a estas noticias, de todos modos son de alto impacto. Ahora imaginemos lo que ocurre entre los extranjeros que posiblemente ya tengan sus reservaciones hechas.

Sería muy prudente que la gobernadora revise su plan de seguridad, porque además hay quejas en el sentido de que el nuevo titular del ramo despacha desde la Base Naval, y quien realmente manda es el subsecretario.

Los comandantes y jefes de grupo de la Policía Estatal ya están resintiendo el cambio y señalan que hay una grave escasez de combustible. No tarda y también les darán cartuchos contados.

Todo esto ocurre mientras las bandas delincuenciales andan armadas hasta los dientes.

Señores, si quieren salvar la Navidad, no sólo importa el Covid. La seguridad es algo ineludible.

¿Quién financia al periodismo en México?

Guadalupe Correa-Cabrera

El tema de la transparencia en el financiamiento a medios de comunicación en nuestro país y en el mundo en general es clave. Es preciso encontrar vías diversas para poder tener un debate justo al respecto, pues están en juego la información misma y el futuro del periodismo a nivel general.

Hace algunos días tuve la oportunidad de participar como parte del Jurado en el Premio Nacional de Periodismo 2020—que será entregado, por categoría, este viernes 19 de noviembre. En el proceso de evaluación de los trabajos como parte de este ejercicio, pude reafirmar una inquietud que mantengo desde hace un par de años sobre las agendas y el financiamiento que determinan de lo que se va a hablar en los medios de comunicación, es decir, los temas prioritarios en las agendas de medios y quiénes son los actores influyentes en el periodismo.

Me referiré ahora exclusivamente al caso de México, pero reconozco que las dinámicas que aquí se identifican operan a nivel global y plantean una problemática que debemos abordar con rigor y profundidad. Es claro que quien tiene acceso a financiamiento puede realizar mejor su trabajo, ampliar sus esferas de influencia y destacar en cualquier profesión, ya sea en la labor periodística, la academia o la ciencia, el arte, los negocios y hasta el trabajo social. También es evidente que en un mundo tan desigual como en el que vivimos, los apoyos se concentran en pocas manos o en pocas mentes, y son los grupos más poderosos y ricos los que determinan las agendas de trabajo en la ciencia, el arte, la tecnología y los espacios de información.

El financiamiento a medios de comunicación es un tema bastante delicado en un contexto de gran precariedad en la carrera periodística. Sabemos que la gran oferta de medios alterativos y la crisis económica han dejado a muchos medios (en especial a los pequeños), y a muchos reporteros, a merced de quienes quieran y puedan apoyar su trabajo, en especial a merced de los dueños del gran capital. La información es sinónimo de poder y quien controla la economía, controla los medios de comunicación y también la política a nivel global. En México se observa una concentración del financiamiento a medios en pocas manos y una oferta del mismo dominada por grandes grupos de interés y gobiernos extranjeros.

El financiamiento público a los medios de comunicación ha estado fuertemente cuestionado y son bien conocidos sus efectos perversos en lo que se refiere a la protección a políticos o gobiernos corruptos. Existe un cierto consenso respecto a la necesidad de transparentar los recursos públicos dirigidos a esta profesión para evitar el llamado periodismo “chayotero”. También se reconoce el fenómeno de la “plata” o el “plomo” en contextos o regiones dominados por la delincuencia organizada. Recuerdo, por ejemplo, cómo llegaron a silenciar a los medios de comunicación en Tamaulipas los grupos criminales que se disputaban el control del territorio, el narcotráfico y todo lo demás, bajo un esquema de paramilitarismo delincuencial.

No obstante los efectos nefastos en el periodismo del financiamiento público selectivo—y en defensa de ciertas agendas de administraciones o servidores públicos corruptos—así como del control de medios locales por parte de algunos grupos criminales, también destacan los intereses poco transparentes del gran capital privado. El financiamiento privado a medios de comunicación parece ser de una dimensión muy superior a cualquier otra fuente monetaria de apoyo al periodismo. Si se hace un análisis de los mejores trabajos periodísticos, de las agencias de medios que dominan el espacio público (incluyendo aquellas que defienden o dan acompañamiento al gremio), así como de los principales premios de periodismo en el país, estos parecen estar financiados en gran medida por fundaciones de poderosos empresarios o grupos económicos (la mayor parte extranjeros), así como por agencias gubernamentales de los países más poderosos del mundo occidental.

Si uno hace un análisis de esas redes de financiamiento y de las agendas de esos grupos, es posible identificar elementos comunes y relaciones interesantes que nos explican el porqué de un enfoque en ciertos temas por parte de los medios de comunicación o reporteros más relevantes del país. Existe actualmente un enfoque en trabajos sobre feminismo, violencia de género, diversidad sexual, desaparecidos, seguridad con enfoque en lo local, cambio climático, salud pública, entre otros. Dichos temas también son centrales en las agendas del gran capital transnacional o de las fundaciones a través de las cuáles este último canaliza sus recursos y justifica su gasto para apoyar causas concretas que, por supuesto, benefician sus intereses.

En resumen, las grandes fundaciones u organizaciones filantro-capitalistas que financian medios de comunicación en el mundo, además de hacer aparentemente buenas obras, representan los intereses de sus creadores quienes, por lo general, son los dueños del gran capital internacional. Por otro lado, las agencias de gobiernos extranjeros apoyan agendas informativas que avanzan los intereses geopolíticos de grandes potencias. Si uno investiga los temas que apoyan estos gobiernos y fundaciones, coinciden claramente con sus objetivos de adquirir cada vez más poder y más recursos.

No hace falta hacer mención a proyectos de comunicación individuales, ni a sus financistas específicos. Solamente hay que revisar los trabajos individuales o los esfuerzos de periodismo colaborativo más exitosos, más premiados y más influyentes. También hay que revisar el financiamiento internacional a los premios de periodismo que apoyan al talento mexicano. En muchas ocasiones hablamos de los mismos financistas y de las mismas agencias internacionales o de gobiernos extranjeros.

Hay quienes consideran loables los apoyos del gran capital a los medios de comunicación—sobre todo a periodistas “independientes” o a los pequeños medios locales. En el actual contexto de precariedad en el periodismo y considerando cómo se presentan las temáticas inclusivas de apoyo a temas diversos y con un supuesto enfoque en las minorías o en el medio ambiente, todos estos esfuerzos parecen en realidad encomiables. Si uno hace una lista de los temas y trabajos apoyados mediante el capital internacional parecería que aquellos que lucraron con las guerras y la pobreza del mundo, especularon en las bolsas de valores internacionales empobreciendo a naciones, o promovieron golpes de estado (duros o blandos) en beneficio del capital occidental, promueven ahora supuestamente las causas “más justas” y los valores “más nobles del mundo”.

Resulta irónico que los más ricos y poderosos de repente se volvieron buenos o benevolentes y ahora deciden qué proyectos de buen periodismo promover para beneficio de la humanidad. Quizás promuevan efectivamente buenos trabajos y a periodistas talentosos, y apoyen selectivamente causas nobles, pero de ahí a que podamos defenderlos a capa y espada o adscribirles valores extraordinarios sería demasiado ingenuo o quizás hasta indolente de nuestra parte. El hacer esto significaría ignorar o no entender que dichos actores se siguen beneficiando de no pagar impuestos por sus donaciones, y pueden canalizar estos recursos para continuar apoyando sus causas materiales, ideológicas, políticas o incluso geopolíticas (en caso de proyectos hegemónicos).

En este contexto complejo, se requiere tomar conciencia y conocer los orígenes del financiamiento privado a medios de comunicación. Con esto no se demoniza a priori el apoyo por parte de gobiernos extranjeros, agencias internacionales o fundaciones filantrópicas de capital transnacional. Tampoco se juzgan—como perversas o benevolentes—sin analizar antecedentes, las causas de quienes otorgan financiamientos.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Presupuesto 2022 sin cambios

*PAN: “Está muerta” reforma energética de AMLO

*Salieron del país $266 mmd en inversión extranjera

“El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza”: Sir Francis Bacon.

La ausencia de análisis, discusión y negociación en la Cámara de Diputados, en donde se aprobó sin cambios la propuesta de Presupuesto de Egresos 2022, demostró, una vez más, la única voz y opinión que cuenta en la administración de los recursos federales de México es la del inquilino de Palacio Nacional. A pesar de la propuesta de un presupuesto alterno presentada por los legisladores federales de los partidos de oposición, de haberse presentado 1,994 reservas, sus voces no fueron escuchadas y se les aplicó la aplanadora de la mayoría de Morena, PT y PVEM para sacar adelante la iniciativa presidencial antes de agotarse el tiempo límite marcado por la ley.

El presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2022, fue aprobado, en lo general y lo particular, luego de una maratónica sesión, iniciada el miércoles pasado, y se avaló un gasto total de 7.08 billones de pesos. Fue remitido de inmediato al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Este presupuesto histórico, se logró aprobar alrededor de las 2:00 de la mañana del domingo, con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones, luego de ser rechazadas las 1,994 reservas presentadas por los diputados, particularmente los de oposición. La discusión se extendió hasta el fin de semana y confrontó en diversas ocasiones a los legisladores, particularmente por desechar las reservas, sin un análisis mínimo.

Integrantes de la coalición Va por México, buscaban, en el presupuesto alternativo presentado, reasignar 380,000 millones de pesos del PEF a través de recortes a gastos operativos, así como a los proyectos prioritarios de la administración de López Obrador, como el Tren Maya o la refinería de Dos bocas. Esa propuesta fue sistemáticamente atacada por la bancada oficialista de Morena y sus aliados, a la cual calificaron de “vacilada” y una “marcianada”. También temas de fondo como el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Poder Judicial confrontaron a los legisladores federales, pero no cambiaron en nada.

El presidente López Obrador reconoció la aprobación del PEF 2022 por parte de la Cámara de Diputados y felicitó a los legisladores por su “postura en defensa del pueblo y no de minorías, por siempre privilegiadas”. En sus redes sociales, el mandatario destacó el Presupuesto fue avalado con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones. Dio su aval a los legisladores considerando actuaron en beneficio de 25 millones de familias pobres y de clase media con recursos de programas destinados a la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar.

El diputado panista Jorge Triana denunció extorsiones por parte diputados morenistas durante los días de discusión: “Que si queríamos más recursos para medicamentos, teníamos que apoyar la contra reforma eléctrica”. Triana criticó la postura de los partidos oficialistas pues en ningún momento estuvieron abiertos a discutir las modificaciones del Presupuesto 2022 propuestas por la oposición. El panista recordó a los legisladores del bloque de la 4T necesitan de votos de otras fuerzas si quieren lograr la aprobación de algunas reformas constitucionales enviadas, como la eléctrica, o adelantadas, como la reforma electoral, y para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Anoten bien la fecha del día, 14 de noviembre de 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia (necedad, estupidez) de los partidos que lo apoyan”.

Por su parte, la bancada del PRI calificó de lamentable que la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados no hubieran sido capaces de “escuchar, debatir, analizar y cambiar ni siquiera una coma” en el paquete económico enviado por el Ejecutivo para aplicarse el próximo año. Durante varios días, dijo, como partido ofrecieron argumentos sólidos para realizar modificaciones, con el fin de cubrir necesidades en diferentes rubros de la economía sin que se tomaran en cuenta.

En un comunicado, señalaron: “Los diputados federales de la bancada del tricolor hemos demostrado nos importan las familias, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los campesinos, los connacionales, los hermanos indígenas, los emprendedores, las personas en situación vulnerable, los universitarios, los docentes y los investigadores. Por ello, condenamos la cerrazón de los legisladores morenistas para mejorar la distribución de los recursos que son de toda la ciudadanía”. Y remataron: “El interés de Morena por destinar un gran porcentaje del presupuesto a sólo cuatro grandes obras y a cuatro programas sociales usados con fines electorales, demuestra la insensibilidad y el olvido de esta administración por las causas prioritarias”.

El PRI acusó a los morenistas y a sus aliados de tener oídos sordos a las opiniones de los expertos, organizaciones y ciudadanos participantes en los parlamentos abiertos, en donde se demandaba asegurar con recursos los medicamentos para los niños con cáncer, prevenir y atender el cáncer de mama, el acceso universal a la atención a la salud, dar seguridad a las familias ante los desastres naturales, mejorar la educación, invertir en el desarrollo del campo, dar recursos suficientes para la protección de las mujeres, cuidar el medio ambiente y la sustentabilidad. Los legisladores priístas también afirmaron quedó en evidencia como el gobierno estrangula a los municipios y quiere destinar más recursos a gastos de operación y burocráticos, que a engrosar el número de beneficiados por los programas sociales.

También el líder del PAN, Marko Cortés Mendoza, consideró los diputados de Morena, PT y PVEM mostraron su rostro insensible y autoritario al no escuchar las exigencias de la sociedad luego de la aprobación del Presupuesto a ejercer el año próximo. El dinero público es destinado a “obras faraónicas” que no son urgentes, en lugar de ser utilizado en programas de impulso a la generación de empleo, servicios de salud, abasto de medicamentos, seguridad pública, entre otros. “Los diputados federales de Morena y aliados harán que el gobierno de AMLO se consolide como una “fábrica de pobres”, aun cuando el presidente ha centrado su discurso en el combate a la pobreza”.

En San Lázaro, un punto que generó controversias fue cuando, aún terminada la sesión a primera hora del sábado, los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia le festejaron, a distancia, a López Obrador su cumpleaños, lo que generó gran molestia en los demás partidos políticos, cuyos representantes manifestaron su inconformidad porque esto fue transmitido por el Canal del Congreso. Conforme avanzó la discusión, los legisladores agudizaron su agresividad. Ente carteles con groserías, e incluso el uso de palabras en tribuna, intentaron avanzar de manera más rápida el sábado, cuando empezaron a retirar sus reservas. Hacia el final, varias de éstas ya no fueron presentadas y sólo se añadieron al Diario de los Debates por acuerdo.

De acuerdo a lo avalado por los legisladores, del gasto proyectado para el próximo año, el cual será solventado en más de la mitad por el pago de impuestos, el 74% se destinará al gasto programable, es decir, aquel destinado a proveer bienes y servicios públicos a la población, mientras 26% se canalizará al no programable, es decir, el que se refiere al pago del cumplimiento de obligaciones como participaciones, pago de la deuda y pensiones. Este presupuesto aprobado aún en pandemia, contempla un gasto de salud 15 por ciento mayor para continuar haciendo frente a la emergencia por el Covid-19

Destaca en el PEF 2022, se sigue con el apoyo a los programas y obras insignia del gobierno de AMLO, como la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, entre otros, pese a las críticas de la oposición que cuestionaron el beneficio social y económico que pueden generar. En cuanto al gasto de inversión, se propuso y aprobó una cifra histórica, por 982,287 millones de pesos, 14.3% más a lo aprobado para este año. Del total de ese monto, el 87.9% se destinará a la inversión física presupuestaria; 10.9% a la inversión financiera; y 1.2% a los subsidios para el sector social y para las entidades federativas y municipios.

Sobresale también el incremento al gasto federalizado de poco más de 2.1 billones de pesos, 4.9% superior al del año pasado, registrando el mayor incremento en el actual sexenio.

De los pasillos

Fuga de capitales: de enero al primero de noviembre, han salido de México 266 mil millones de pesos de inversiones extranjeras, impulsadas por una política monetaria conservadora; alta inflación y por iniciativas de reformas como la energética que genera incertidumbre en el país. Al presentar las perspectivas económicas sobre el mercado mexicano, Luis Gonzalí, codirector de inversiones de Franklin Templeton, reveló: “Hay riesgos internos, hay ruido político que hace que el extranjero no vea tan positivo al país y es por eso que “patear” la Reforma Energética (para 2022), aunque sea bueno, genera incertidumbre y eso al inversionista no le gusta” … Ante la incapacidad mostrada por Mario Delgado para convertir a Morena en un partido político sólido, con bases, auténtico, se sigue recurriendo a los desechos de otras organizaciones, principalmente del Verde Ecologista, de quien se dice es el principal extorsionador del tabasqueño.

De manera cínica hace recomendaciones, infla personajes, promete sin bases y sin autorización, nombra delegados y lo cierto de sus acciones radica en el relleno del bulto con el cual presenta sus acciones al Ejecutivo federal. El 2bulto” pesa y no permitirán se convierta en rémora paralizante.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Realmente es necesaria la venta de 42 camionetas blindadas y de lujo de parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda? La lógica indica que no, sobre todo cuando se gobierna en una entidad con índices de seguridad tan elevados como los de Guerrero, y donde hay un notable aumento de los hechos de violencia, en lo que podría ser un reacomodo de grupos aprovechando el cambio de gobierno que, por lo demás, todavía no se concreta. Faltan los cambios de fiscales, agentes del Ministerio Público y, obviamente, los cambios en las comandancias regionales de la Policía Estatal y la Policía Investigadora Ministerial.

Sobre todo, falta que se note el cambio de agenda, pues veníamos de un estilo de hacer las cosas que a todas luces era un laxo. No sabemos si la gobernadora le exigirá al titular de Seguridad Pública más trabajo preventivo, así como coordinación con los municipios, y si le exigirá también al nuevo fiscal general del estado que avance en la investigación de asuntos, pues el rezago en materia de justicia es exagerado.

Es la agenda de seguridad, más que los personajes, lo que debe de cambiar. De nada sirve que llegue una lumbrera a Seguridad Pública, si vienen a cuidar el rancho, como lo hizo el General Pedro Alamazán Cervantes, en cuyo periodo -que abarcó desde el interinato de Rogelio Ortga hasta el primer trienio del gobierno de Astudillo- las cosas empeoraron más allá de lo imaginable.

Durante los tres años y nueve meses que Almazán Cervantes estuvo a cargo de la seguridad del estado, se registraron más de ocho mil homicidios dolosos, colocando a Guerrero en los primeros lugares a nivel nacional por esta causa.

Y aunque para diciembre de 2018 se nombró a un nuevo secretario de Seguridad, la diferencia no se hizo desde el gobierno del estado, sino desde la Federación, a través de la Mesa de Coordinación para la Paz en Guerrero. Poco a poco Guerreo fue saliendo de los ominosos primeros lugares hasta llegar a ocupar el décimo sitio.

Volviendo al tema de las camionetas, entonces no hace falta su venta, sobre todo porque ya son vehículos que perdieron su valor comercial. De los 90 millones de pesos que se invirtieron en su adquisición mayormente de 2018 a la fecha, ya tienen una depreciación del 70 por ciento. Apenas se recuperarán entre 20 y 23 millones de pesos.

Parece mucho dinero, pero es más lo que ya se perdió. La pregunta es, ¿qué sucederá si la gobernadora llega a necesitar una camioneta blindada? Pues nada, que se tendrá que adquirir a su precio de mercado.

Lo que debió hacerse, a nuestro juicio, fue dejar los blindados que sean necesarios, comenzando por el de la gobernadora en caso de necesidad, así como el del futuro fiscal general de justicia y el secretario general de seguridad, casos previstos en la ley, y subastar el resto, porque la verdad son demasiados.

Faltó informar quiénes traían estos vehículos. Se dijo que esa información sería proporcionada y esperemos que el Congreso sí lo haga, porque hasta donde lo anunció el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, los blindados los traían los políticos, sus familiares y hasta ex funcionarios.

Destaca la motocicleta VMW que también será subastada, y que se dijo estaba asignada a Casa Guerrero. ¿Quién la usaba? ¿El ex gobernador Héctor Astudillo, su esposa, alguno de los juniors?

Para colmo, falta que Astudillo entregue 27 camionetas que están en el listado oficial, pero nomás no aparecen por ningún lado. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que continuarán el procedimiento oficial para recuperarlas.

Todo esto nos recuerda precisamente cuando Astudillo asumió el cargo en medio del caos del gobierno de Aguirre y su interino, Rogelio Ortega. Lo primero que se dijo es que habían saqueado el parque vehicular, que habían dejado chatarra. Tal vez por eso el gobernador invirtió casi 100 millones de pesos en el último trienio, para comprar 42 camionetas blindadas, la mayoría Suburban y Cherokee y Tahoe, cuyo costo de mantenimento era superior a los 700 mil pesos por mes, y que gastaban 12 millones de pesos anualmente en combustible, porque por el blindaje esas unidades son pesadas y obviamente gastan más gasolina.

¿Era necesario ese gasto? Y la compra sucedió precisamente en el periodo en que se dijo que habían bajado los índices de inseguridad. ¿Entonces como por qué se compró tanto vehículo caro? Esto huele más a negocio que a una necesidad de seguridad del gobernador y los funcionarios estatales.

En los gobiernos, no siempre se compra lo necesario y urgente, sino cualquier cosa que implique inversión, porque eso lleva implícito el consabido “diezmo”.

Ojalá que los diputados vayan más allá de la subasta de unidades, y revisen a fondo el caso. Aunque, claro, se duda que eso se haga, porque para ello los priístas y perredistas ocupan las principales comisiones en el Congreso local y donde Morena, a pesar de ser mayoría, tiene un control marginal.

En resumen, se entiende que la gobernadora tenga urgencia de marcar la diferencia con su antecesor, pero eso debe hacerse sin incurrir en contradicciones. Se debe dejar lo estrictamente necesario, luego de informar del caso. No olvidemos que lo barato puede salir caro.

Y, ojo, en lo personal insisto en que la gobernadora no puede darse el lujo en andar en el coche de su hermana, en un Guerrero bronco como nuestra entidad, porque ya no es un particular. Es la jefa del Poder Ejecutivo y como tal debe cuidarse, sin que por ello se considere que abusa. La austeridad puede traducirse en un austericidio.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*En la UIF, ¿venganza o combate a corrupción?

*Avanza peligrosamente el recorte millonario al INE

*El senado es temporal, la cátedra para siempre: RM

“Muchas son las leyes en un estado corrompido”: Tácito.

Pablo Gómez, el “histórico luchador de izquierda”, aún con su vasta experiencia legislativa basada solamente en saltar de una curul a otra siempre por la vía plurinominal -cuando lo pusieron a buscar votos perdió y ya no hubo reelección-, no tiene el conocimiento técnico en operaciones financieras, ni el olfato y la audacia de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aun así, prende las alertas de los “adversarios” del presidente López Obrador sobre la ruta a seguir en esa dependencia y la utilización más intensiva de su operación en contra de los representantes del antiguo régimen e inclusive contra “empresarios incómodos”. Ya legisladores de oposición han advertido: con Gómez al frente de la UIF hay riesgos de utilizar el cargo con fines políticos, tal y como se hizo en algunas ocasiones con el propio Nieto por instrucciones del titular del Ejecutivo Federal.

El panista Jorge Triana, vicecoordinador de los diputados del PAN, advirtió el otrora perredista ha demostrado ser vengativo en su actuar como político. De hecho, no más ni menos que su jefe, el inquilino de Palacio Nacional. También señalan Gómez no tiene los conocimientos técnicos exigibles para el cargo, lo cual es del todo cierto, sobre todo comparado con el nivel de su antecesor. “Ese nombramiento es una terrible noticia, Pablo Gómez es un perfil vengativo, con agenda de rencores personales y nada, nada técnico”. En tanto, Jorge Álvarez Maynez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, espera que Pablo Gómez no repita la actuación de Santiago Nieto en la UIF. “Deseamos no repita el protagonismo desmedido de Santiago Nieto y se privilegie la eficacia por encima de la proyección mediática”.

Dadas las primeras declaraciones de Pablo Gómez tras asumir la titularidad de la UIF, los temores de los políticos de oposición parecen tener fundamentos. Gómez destacó: en México no se viven situaciones de corrupción como en cualquier país, nosotros vivimos un Estado corrupto, que es la utilización de la corrupción como sistema integrado a la forma de gobierno. “Es algo distinto y como cosa distinta tenemos que atacarlo”, subrayó en una reciente entrevista con La Jornada, en donde destacó la UIF se volvió un instrumento central en el combate a la corrupción con la llegada del presidente López Obrador. Antes, sostuvo, era una suerte de apéndice del Estado corrupto, “operaba dentro, en los márgenes”.

También en una entrevista radiofónica, Gómez indicó que dependencias como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deben estar en la línea de fuego contra el combate a la corrupción del Estado. Consideró que, para lograr resultados, cada una de las instancias de la administración pública federal deben hacer su tarea y trabajar de manera coordinada. “En estos momentos, su lucha contra el Estado corrupto ha sido tremenda, muy difícil y complicada por lo que hay que hacer una orquestación más desarrollada de carácter institucional. Todo el mundo debe cumplir con su tarea en este asunto y hacerlo cada vez mejor con mayor armonía”, sostuvo.

Gómez Álvarez tiene enfrente una tarea de vital importancia para el régimen de la 4T. Santiago Niego, quien presidió la UIF desde el arranque de la actual administración hasta el pasado 8 de noviembre, cuando renunció debido al ruido mediático en torno a su boda con la consejera electoral Carla Humphrey, el sábado pasado en Antigua, Guatemala, “jugó un papel muy importante, relevante, hizo lo que no se había hecho antes y operó una verdadera UIF; ahora está funcionando y yo no voy a llegar ahí para destruir lo que ya se construyó, sino para conducir el mismo esfuerzo de la lucha contra el Estado corrupto”, recalcó el recién nombrado funcionario.

Ante las críticas a su designación como titular de la UIF, Gómez respondió: la lucha contra el Estado corrupto no puede ser nunca, sería absurdo, meramente técnica. Criticó que en el cambio de gobierno del PRI a PAN “no se combatió el Estado corrupto; ese lo mantuvieron”. Así, subrayó, el objetivo es “acabar con una forma de hacer política, de gobernar, con la corrupción como elemento central de acción gubernamental”. Y defendió que esta clase de puestos “son para acometer tareas políticas en el sentido más amplio, no quiere decir partidistas, sino aquello que atañe al conjunto de la sociedad y no sólo al Estado. La lucha es permanente porque hay muchas personas en el ámbito político, en el ámbito judicial, en el ámbito empresarial que se resisten a dejar atrás al Estado corrupto porque fueron parte de él, lo siguen siendo. Que no me vengan con el cuento de que es un asunto técnico, claro que tiene su técnica, como todo”.

El nuevo titular de la UIF también se refirió a su relación con la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, luego de que éste y Santiago Nieto pasaron de intercambiar acusaciones abiertas por la parálisis en las investigaciones de corrupción, a una suerte de guerra fría. Y presumió: “mis relaciones con el doctor Gertz Manero son estupendas, muy respetuosas”. Ya se verá después del dictamen de la SCJN relacionado con un tema de abuso e influyentismo familiar, si se mantienen esas opiniones o si se repite la opinión presidencial: “es un hombre en la última etapa de su existencia, con mucha edad”.

Recorte

al INE

En la Cámara de Diputados arrancó con protestas, pancartas, consignas y hasta amagos en tribuna la discusión en lo general del Presupuesto de Egresos 2022. La coalición opositora Va por México (PAN, PRI y PRD) y el bloque de la 4T (Morena, PVEM y PT) se confrontaron por la asignación del gasto público para el próximo año, el cual asciende en total a 7 billones 88 mil millones de pesos. El martes, tras seis horas de discusión y entre acusaciones de “cerrazón” hacia las propuestas de la oposición, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general y particular el dictamen del Presupuesto de Egresos de 2022, que plantea un recorte de 7 mil 913 millones de pesos al INE y al Poder Judicial, los cuales serán reasignados en seis secretarías.

El recorte presupuestal contemplado es el más grande aplicado al órgano electoral administrativo y tres veces superior al de 2020, cuyo monto fue de mil 71 millones de pesos, y para 2022 los diputados contemplan recortar casi cinco mil millones de pesos. De acuerdo con la propuesta presupuestal entregada por el Instituto Nacional Electoral, para la revocación de mandato tiene contemplaron un presupuesto preventivo del orden o de tres mil 830 millones de pesos, mientras el correspondiente a la consulta popular es de mil 913.

El recorte al presupuesto del INE, según Margarita Zavala “parece más un mensaje de revancha que de otra cosa, sobre todo por un partido oficial, Morena, que está pidiendo una revocación de mandato”. Mario Carrillo, de Morena, respondió hay un aumento de 13 por ciento al presupuesto del INE en comparación con 2019, y explicó no se puede comparar con este año debido al monto otorgado por las elecciones. Su compañero de bancada, Marcos Medina, secundó: “si con eso no les alcanza, es que las señoras y señores del INE no tienen llenadera”.

El panista Saúl Téllez acusó el dictamen del Presupuesto 2022 no contempla acciones para mitigar la crisis económica ni por la pandemia de Covid-19, por lo tanto votarán en contra de la propuesta. “Es un presupuesto que atiende a caprichos desde la Presidencia; a seguir invirtiendo más recursos sanos a las mega obras faraónicas que no se detienen ante la crisis y el ambiente que estamos viviendo; y la política asistencialistas del despilfarro social que está comprobado por el Coneval, no está dando los suficientes beneficios”, destacó.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral advirtió que de confirmarse el recorte por cerca de cinco mil millones de pesos considerado por la Cámara de Diputados al presupuesto del órgano electoral se pondrá en riesgo la realización del ejercicio de revocación de mandato. El consejero Ciro Murayama puntualizó la autoridad electoral sólo recibe recursos de la asignación hecha en San Lázaro, por lo que de otra forma no contarán con fondos para realizar este ejercicio de democracia directa en 2022. “El recorte puede poner en riesgo, puede comprometer la celebración de estos ejercicios de democracia directa a realizarse el próximo año”.

De los pasillos

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y catedrático de la UNAM, agradece ya comienza a vivirse esta etapa de nueva normalidad permitiendo los encuentros presenciales cada vez más amplios y prolongados. La mañana de ayer el senador estuvo en su amada alma mater. Durante su estadía en el campus, comentó: “esta Universidad es extraordinaria. De manera personal, yo tengo un gran deber moral con ella. Aquí realicé estudios de especialidad, maestría y doctorado. Si no hubiera existido esta Universidad, no hubiera sido Doctor en Derecho, tan sencillo como eso y, por eso tengo ya varios años impartiendo clases en la División de Estudios de Postgrado”. Comentó, nuevamente, es un deber ineludible de todos quienes han pasado y están en ella “defender la Universidad pública. En todo lugar, frente a toda institución. No debe haber recato. Me permito siempre defender a la UNAM donde quiera que esté, porque aquí voy a seguir dando clases toda mi vida, hasta el último día, ser senador es temporal, pero maestro es permanente”.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó el jueves el 18 de noviembre, se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos la Novena Cumbre de Líderes de América del Norte. Los tres ejes centrales de los temas a tratar por los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeu, son la atención de la pandemia por Covid-19, una mayor competitividad en la región, así como desarrollo y migración…

Felonías de la 4T: Philip Morris

Alejandro Calvillo

Se han hecho públicas las interferencias de funcionarios y dependencias de la 4T en contra del principio que estableció el presidente de separar el poder político del económico. Más allá de filias y fobias políticas frente a la actual administración, es claro que esta separación entre los poderes políticos y económicos, aunque no sea plena, marca una distancia enorme frente a las administraciones anteriores sometidas a los intereses económicos.

La exhibición de los multimillonarios favores fiscales a las grandes corporaciones, la elaboración de diversas normas oficiales mexicanas que, en muchos casos, están poniendo el interés público por encima del de las corporaciones y la decisión de retirar a grupos de presión de las corporaciones de varias dependencias públicas, muestran un paso importante en establecer una sana distancia con quienes ejercían gran parte del poder político desde el poder económico.

Sin embargo, dentro del gobierno, dependencias y funcionarios siguen actuando públicamente en defensa de los intereses de estas grandes corporaciones, en contra del interés público. Al menos existen dos casos públicos y bien documentados de las felonías dentro de la 4T. Trataremos uno de ellos y en otra ocasión el segundo.

El primero tiene que ver con los vapeadores. Estos productos de los que seguramente ha recibido usted propaganda todos los días a través de las redes sociales, propaganda que ofrece alternativas al humo del tabaco y que esta pagada por la mayor empresa global de tabaco: Philip Morris (PM). En contexto, hay que decir que frente a las políticas contra el consumo de tabaco (impuestos, áreas libres de humo del tabaco, restricción de publicidad y venta, etiquetados) que en muchos casos han logrado estigmatizar el fumar, las tabacaleras ven un gran negocio en los vapeadores.

Hay que recordar que la publicidad de cigarrillos trataba de asociar el fumar con la aventura, el campo, la belleza, la seducción, incluso, con la propia liberación femenina. Con la información sobre los daños del tabaquismo, negada por la industria durante decenios, y con las políticas regulatorias a su venta, etiquetado, promoción y consumo, las perspectivas de crecimiento de las tabacaleras se han alterado. En este contexto, las tabacaleras desarrollan una estrategia multimillonaria para llevar a los consumidores a los vapeadores, sean cigarrillos electrónicos que tienen en su líquido nicotina o productos de tabaco comprimido calentado

La propaganda de PM se centra en presentar los vapeadores como una alternativa para dejar de fumar cigarrillos tradicionales, como una alternativa al humo del tabaco. Es decir, las tabacaleras, detrás de estos productos, se presentan como preocupadas por la salud de los fumadores brindando una opción que publicitan que es más saludable, ocultando sus daños, haciendo entender que su propaganda se dirige a los fumadores, a las personas que son ya adictas a la nicotina.

La evidencia demuestra que ese no es su público objetivo. Lo que está claro es que el objetivo principal de las tabacaleras, que ahora promueven los diversos tipos de vapeadores, son los jóvenes El vapeo ha sido muy atractivo para los estudiantes de secundaria y preparatoria, a lo que ayuda mucho que se trate de un aparato tecnológico, electrónico, en el entorno actual de los jóvenes rodeados de celulares, ipods, etc.

En un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, titulado “Tendencias en el vapeo de los adolescentes 2017-2019”, los investigadores indican que entre esos años se registró que el vapeo presentó el mayor aumento en el consumo de una sustancia en los últimos 44 años, desde que existe el reporte Monitoring the Future. Los investigadores mostraron preocupación por el aumento a la adicción a la nicotina que el vapeo estaba provocando entre los jóvenes. Es decir, la evidencia demuestra que estos productos no son una salida, son una entrada a la adicción a la nicotina que las empresas tabacaleras buscan para tener consumidores de por vida. No importa que con este consumo acorten la esperanza de vida de los jóvenes que logran enganchar.

En este contexto es que en febrero de 2020, promovido por la Subsecretaría de Prevención de la Salud y por el propio secretario de Salud, el presidente decretó la prohibición de la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Sin embargo, vino un segundo decreto promovido por la Secretaría de Economía que modificaba el primer decreto permitiendo la importación y exportación de productos de tabaco calentado. Este segundo decreto estaba dirigido a favorecer directamente a Philip Morris que controlaba ese mercado de productos de tabaco calentado en México. La reacción no se dejo esperar por parte de las organizaciones, expertos e instituciones que trabajan para la salud pública. El propio presidente explicó, abiertamente, que el cambio se había dado por interferencia de la Secretaría de Economía. El presidente reconoció que la autoridad en la materia era la Secretaría de Salud y expidió un tercer decreto que volvía a la prohibición de importar y exportar estos productos, incluyendo los cartuchos.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de un proceso complejo de amparos que fueron por un lado otorgados y negados por diversos jueces, otorgó amparos particulares, no de aplicación general, para la producción y comercialización de cigarros electrónicos.

El asunto obliga a que estas prohibiciones se establezcan directamente en la Ley General del Control del Tabaco, para evitar el caos que surge a través de las múltiples acciones legales de las corporaciones y sus aliados y un poder judicial que puede ir en un sentido u otro.

Un asunto similar ocurrió con el decreto del presidente para el retiro del herbicida glifosato y la prohibición del maíz transgénico. El texto que se envió al jurídico de presidencia para su publicación fue alterado por la interferencia del secretario de Agricultura. Al darse a conocer la versión modificada, se evidenció la felonía para favorecer a las corporaciones de los agroquímicos y los transgénicos, lidereadas por Bayer y Monsanto, que públicamente se habían manifestado contra estas prohibiciones. Ante las denuncias del cambio sustancial al decreto, este fue retirado y se volvió al original que fue publicado en diciembre de 2020.

Los actos de felonía, de traición, a principios que enarbola el presidente como esencia de la 4T, siguen haciendo de las suyas a favor de las corporaciones. Lo más reciente ocurrió en la COP 26 de cambio climático en Glasgow, asunto que será materia de otra colaboración.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En Guerrero se junto el hambre con las ganas de comer. Tenemos un gobierno en quiebra, heredero de un déficit de más de 3 mil millones de pesos que se requieren tan sólo para cerrar el año, así como adeudos por más de 22 mil millones (ISSSTE, ISR y Autopista del Sol), que tendrá que ir pagando en “abonos chiquitos” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Del otro lado, tenemos ayuntamientos también en quiebra, herederos de laudos masivos, adeudos con la CFE, SAT, Conagua y otras instancias, si bien las fue, porque también los hay que llegaron a encontrar obras inconclusas, así como los servicios básicos colapsados, entre estos agua potable, alcantarillado, alumbrado público y seguridad.

Lamentablemente, nadie paga por semejantes horrores administrativos. Sí, horrores, porque no podemos llamarlos “errores”. Aunque se nos dice que soplan vientos de cambio en México y en Guerrero, no es así. Continuamos con los viejos esquemas de proteccionismo a favor de los gobiernos abusivos y mani-rotos, que al cambio de gobierno exhibieron su troglodismo amparados en la pandemia de Covid-19, alegando que gastaron en atender esta emergencia.

Posiblemente hicieron eso en 2020, cuando se pusieron a cerrar carreteras y a cercar pueblos pese a que ni siquiera se tenían casos de la infección por ese coronavirus, pensando en que así lo detendrían.
Pero ¿qué hicieron en esa estrategia? Supuestas revisiones a tontas y locas, cuando todavía ni sabían cómo se propagaba y detectaba la enfermedad.

El caso es que para este 2021, los gobiernos municipales ya no hicieron prácticamente nada, sobre todo en la tercera oleada, que fue también la más agresiva. Pocos fueron los que mantuvieron la estrategia de uso obligatorio del cubrebocas, pero en su mayoría los presidentes y el propio gobierno estatal ya estaban cerrando y estaban más interesados en el “año de Hidalgo”, que en atender a los enfermos.

Nada de esto justifica los adeudos que heredaron, el saqueo en el sector salud (en este momento los hospitales están en cueros, la gente tiene que comprar hasta la anestesia si quieren que operen a sus familiares), el desvío masivo de cuotas del ISSSTE, la suspensión de pagos del Impuesto Sobre la Renta al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Peor cuando se trata de los adeudos ante la CFE, dependencia que por cierto tiene la costumbre de permitir que los presidentes que se van incurran en mora de pagos por meses, pero cuando llegue el nuevo presidente se presentan ya con las pinzas en mano para cortar el suministro, exigiendo los pagos que el otro les quedó a deber.

¿Cuándo van a parar estos abusos? Cuando las deudas de un gobierno dejen de ser “institucionales” y pasen a ser particulares. Quien se comió el platillo, que lo pague.

Por todo lo anterior, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo el martes que no hay recursos para prestarles a los alcaldes para que cierren el año y cumplan con el pago de aguinaldos a los trabajadores.

De su parte, anunció que los trabajadores del estado no deben preocupase por sus sueldos y prestaciones, porque están seguros. Esto a pesar de que el titular de Finanzas dijo que necesitan 3 mil millones de pesos y que no se tiene aún el recurso para el pago de aguinaldos y sueldos por fin de año, por lo que planteó 3 posibilidades, una de ellas que la Federación adelante partidas presupuestales del siguiente año, o bien que favorezca a Guerrero con un rescate financiero. Y finalmente, como tercer alternativa, queda el endeudamiento con la banca privada.

Así de grave está el asunto. Hay alcaldes que están informando que las obras programadas para sus municipios por parte del gobierno estatal, están siendo canceladas por “reasignación” de obras.

Eso se entiende porque el titular de Finanzas habló precisamente de que todo dinero que llega al estado es insuficiente para cumplir los compromisos heredados, porque son demasiados.

Por lo tanto, señores alcaldes, hay cuentas mochas y no hay para prestarles, a menos que las camionetas blindadas se vendan, como anunció la gobernadora, para que de esos recursos extras les puedan apoyar,

De lo contrario, vayan viendo de dónde sacan el dinero para cerrar el año y cumplir con el pago de aguinaldos, sueldos y prestaciones.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*¿Importa lo dicho por AMLO en la ONU?

*Sugirió “coperacha” para frenar la pobreza

*UIF: Se va un profesional y llega un vividor

“La pobreza iguala las diferencias sociales”: Pedro Muñoz Seca.

El profesor de la Universidad de Nueva York y ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, aseguró no le interesa a nadie en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, lo que piense, haga o diga el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en materia de corrupción, porque no es un tema de seguridad y no viene al caso. “Si hubiera querido hablar de la corrupción o desigualdad, el foro era del debate general de la Asamblea de las Naciones Unidas realizado en septiembre pasado”, sentenció el experto.

Por primera vez en su administración, el presidente López Obrador -quien no asistió a la cumbre de líderes del G20 en Roma, ni a la cumbre climática de Glasgow, porque prefirió celebrar en su rancho de Palenque los días de Todos los Santos y Muertos- habló en la reunión presidida por México en el Consejo de Seguridad de la ONU donde aseguró en México se decidió desterrar la corrupción y poner por delante el lema: “primero los pobres”, atendiendo las causas que originan la desigualdad. El mandatario mexicano presentó el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para hacer frente a la pobreza en el mundo.

En su intervención en el salón de sesiones del Consejo de Seguridad, donde no hubo líderes mundiales presentes para escuchar sus dichos, el tabasqueño señaló: el objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios. López Obrador explicó éstos recursos se podrían obtener de un fondo procedente de: la contribución voluntaria anual de 4 por ciento de las fortunas de las mil personas más ricas del planeta; la contribución voluntaria anual de 4 por ciento de las mil corporaciones más importantes; y la contribución del 0.2 por ciento del PIB de cada país integrante del G10. De concretarse ese fondo, se podrían obtener cerca de 1 billón de dólares.

“No creo, lo digo con sinceridad, que algunos de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se opongan a nuestra propuesta, pues ésta no se refiere a armas nucleares, invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún estado, por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan nuestro apoyo. Es necesario que la ONU despierte de su letargo y su rutina, del formalismo, que se reforme y denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más liderazgo”. Y aseguró: “Nunca en la historia de esta organización se ha hecho sustancial para el beneficio de los pobres, pero nunca es tarde”. Lástima, nadie lloró ni se arrepintió de lo comido, bebido, vestido, viajado, disfrutado y mucho menos pensaron en rematar el yate, porque justo el combate a la corrupción mencionado no es una práctica en México, ni del pasado ni en el presente.

Antes, el mandatario mexicano dijo no llegó al debate para hablar de seguridad, como sinónimo militar, sino desde una visión de libertades: “al derecho a una vida libre y sin miserias”. Explicó que, para él, todos los males se enmarcan en la corrupción y la impunidad, especialmente en trasnacionales que ven más el lucro que la igualdad. López Obrador olvidó destacar, como en su momento lo hizo el secretario general de la ONU, António Guterres, que, en situaciones de conflicto, político y social, y donde hay presencia del narcotráfico, se requieren instituciones anticorrupción, sociedad civil y medios independientes, cuyo trabajo es esencial, y que sin apoyo del gobierno, son vulnerables. Y justo es la vulnerabilidad existente en nuestro país con políticas de “abrazos no balazos” y, ante la autorización para liberar a Ovidio Guzmán, o la cancelación de la feria de Metepec en el Estado de México, se ve lo endeble del gobierno y es claro el empoderamiento de las mafias.

En su discurso, el presidente mexicano destacó: “Sería imposible ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones”; “Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la migración y de graves conflictos sociales”; “Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción”; “Mientras las farmacéuticas habían vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo Covax apenas había distribuido el 6%… un rotundo y doloroso fracaso”. Y así resultó la visión del ahorcado hablando de la soga.

En México, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, refutó al presidente López Obrador al asegurar el combate a la corrupción encabezado por Morena es sólo simulación, toda vez que continúa protegiendo a muchos. A través de sus redes sociales, el dirigente panista dijo Morena protege a quienes han sido evidenciados recibiendo dinero o a quienes se benefician de contratos discrecionales. Desde la semana pasada Cortés arremetió contra el partido presidencial al señalar prometieron dar recursos de sus prerrogativas para los damnificados del sismo y no se cumplieron, además reprochó la falta de apoyo a quienes resultaron afectados por las inundaciones en Tula, Hidalgo.

El récord de López Obrador en materia de lucha contra la corrupción es negativo; sus enemigos no se encuentran entre criminales, sino entre políticos que no son de su partido, empresarios que no son cercanos, y la prensa que lo critica, a los que considera como verdaderos criminales. La confrontación es su principal arma política.

Caso Nieto

Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y fue relevado por el ex diputado Pablo Gómez Álvarez. Adán Augusto López, secretario de Gobernación dio posesión al ex perredista a partir del lunes. Nieto presentó su dimisión al presidente de la República tras el escándalo desatado por la boda del funcionario con la consejera electoral Carla Humphrey en Antigua, Guatemala, evento fieramente cuestionado en redes sociales por no cumplir con los principios de austeridad proclamados por la 4T. El primer mandatario abrió la puerta para la especulación al reconocer fue invitado a esta celebración y, por lo tanto, sabía se llevaría a cabo en el extranjero. Si no se tratara de una trampa difícil de ocultar dada la poca entendedera padecida por los cercanos al tabasqueño, el invitado de honor hubiere reconvenido al ex funcionario con el fin de evitar escándalos. La confianza depositada en el queretano en ningún momento estuvo en entredicho al convertirlo en su brazo armado, al darle instrucciones muy directas sobre los casos en los cuales el congelamiento de cuentas significaba un primer paso.

López Obrador señaló sobre la ostentosa boda del titular de la UIF: “es un asunto escandaloso aun cuando se trata de un acto privado, los asuntos públicos en México cada vez son más políticos”. Uno de los puntos coyunturales de la renuncia del funcionario es porque las autoridades del país centroamericano decomisaron 35 mil dólares no fueron declarados por un grupo de invitados, entre ellos el director del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz; la ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, y el productor teatral beneficiado con el contrato para realizar el pasado desfile conmemorativo del Día de Muertos en la capital de la República, Alejandro Gou Boy, quienes viajaron a bordo de una aeronave privada.

¿Quién se niega a viajar en grupo en un avión privado financiado por un particular? Esos arranques de venganza siguen apareciendo en el primer mandatario. Ealy Ortíz no pertenece al gobierno, es un editor exitoso y con una fortuna personal muy considerable, por lo tanto la renta de una aeronave no le significa un desembolso, no viajar solo y aprovechar para llevarse a otros invitados tampoco es un renglón a cuestionarse. Sin embargo no resistió el ponente del templete mañanero señalar a Ortíz como enemigo de la 4T, por lo tanto la invitación tanto a las boda como al aventón de otros asistentes resultó imperdonable. Después de difundirse la versión de que Paola Félix era quien llevaba 25 mil dólares sin comprobar, la secretaria de Turismo puso a disposición de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, su renuncia y ella la aceptó. El error de la funcionaria, dijo Sheinbaum, fue viajar en un avión privado y rechazó la afirmación sobre la posesión del dinero dentro del avión, “Aquí nadie puede subirse a aviones privados. Si el presidente de la República, viaja en aviones comerciales y decidió que ya no existiera el avión presidencial para beneficio propio, pues así debemos actuar todos los que somos parte de esta transformación de la vida pública de México”.

De acuerdo con la versión del diario El Universal, en la columna Bajo Reserva, el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración viajó en un avión privado, rentado, para asistir a un evento social, junto con integrantes de su familia, una asistente y un grupo de amistades. “Su asistente portaba dólares en efectivo, de origen legal y fiscalmente justificado, que serían utilizados en una segunda escala del viaje, en Estados Unidos, a fin de cubrir gastos personales ligados a procedimientos médicos a los que el licenciado Ealy Ortiz se somete de forma regular”. Aseguró ese dinero fue reportado por la asistente ante funcionarios fiscales en el Aeropuerto de Toluca, quienes le pidieron firmar un segundo formato, de colaboración con Guatemala y que las autoridades le dijeron ellos informarían, y los comprobantes fueron enviados a la empresa guatemalteca donde se alojaría el avión rentado a su llegada.

Todo este asunto permite ver como van ganando terreno los radicales, como están eliminando a quienes prefieren la conciliación y el diálogo. Tan clara está la trampa tendida a Nieto que ni siquiera repararon en las declaraciones de las autoridades guatemaltecas en donde señalan fueron advertidos para checar a fondo la aeronave procedente de México con el número exacto de pasajeros. Hubo “mano negra” y pronto veremos irse a otro par de funcionarios acusados de “salir volando”, o de casarse, o de no ser 90 por ciento leales, pero por corrupción o por vender respiradores con precios alterados. o por cambiar las piedras preciosas o acordar con anticipación las subastas del instituto para robarle al pueblo lo robado, o por no rendir cuentas sobre los presupuestos entregados, o por realizar contrataciones directas, para esos… nada de nada.

De los pasillos

Tan buena impresión tiene Ricardo Monreal de Santiago Nieto y de su trabajo que no descartó que el Senado pudiera emplearlo como asesor pues sabe bien que el ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es un hombre con gran experiencia y capacidad. Con la elegancia política que lo caracteriza Monreal calificó como un acto de congruencia la renuncia de Santiago y destacó el funcionario siempre fue un hombre eficaz en su trabajo y leal a México. Fiel a su costumbre de no alegrarse de los malos momentos de otras personas, el presidente de la Junta de Coordinación Política lamentó existan quienes pongan en duda la actuación de Nieto Castillo y ahora lo tachen de traidor.

“No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago del árbol caído leña, o leña del árbol caído, no, porque lo que era hace dos días un servidor ejemplar, ahora es un traidor y no me sumo a ese coro. Su renuncia pareciera ser un acto de congruencia y lamento mucho, porque para mí fue buen servidor público”. Ricardo Monreal reveló que él fue invitado a la boda, pero no pudo asistir porque tenía agenda legislativa y consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue congruente cuando aseguró que la boda entre el titular de la UIF, Santiago Nieto y la consejera del INE, Carla Humphrey, fue un asunto escandaloso porque revive la ostentación y el derroche del periodo neoliberal.

EU mató la Reforma Eléctrica

Martín Moreno

La Reforma Eléctrica del binomio Bartlett-López Obrador, no está aplazada. No. Está muerta.

La mató Estados Unidos.

La mató la soberbia estúpida de Manuel Bartlett.

Así, la regresiva, cara y contaminante Reforma Eléctrica obradorista, se fue a la congeladora. Pasó a mejor vida. Se murió.

*****

El embajador de EU en México, Ken Salazar, visitó el miércoles 3 de noviembre Palacio Nacional. El diplomático extranjero más poderoso en nuestro país no se reúne con subalternos. Sabemos que habló directamente con el presidente de la República para mostrar las cartas enviadas desde Washington y que poco después subiría Salazar a su cuenta de TW: las “serias preocupaciones” que la administración Biden tenía respecto a la propuesta de Reforma Eléctrica enviada al Congreso mexicano. Bajo la sutil persuasión de la diplomacia, el mensaje entre líneas presentado a López Obrador era uno y firme: no queremos esa reforma. Dañará nuestras relaciones bilaterales.

Cuando salió de esa reunión en Palacio Nacional, Salazar sabía que la polémica Reforma Eléctrica – emblema de la ideología setentera y trasnochada de la pareja AMLO- Bartlett y punta de lanza del régimen para retornar al monopolio eléctrico más por razones ideológicas que tecnológicas-, estaba muerta. Un embajador norteamericano está para defender los intereses de su país y no para obedecer a otros presidentes.

¿A cuáles intereses nos referimos?

La tumba de la Reforma Eléctrica bartlettiana-obradorista se comenzó a cavar horas antes en Washington, entre los pasillos del Congreso estadounidense, cuando alrededor de 40 republicanos enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken, a la secretaria de Comercio, Gina M. Raimondo, y a la secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm, en la cual expresaban su “profunda preocupación” ante la intención del gobierno de AMLO por excluir a las empresas privadas del sector energético mexicano, lo cual violaba de manera abierta el T-MEC (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá), así como compromisos internacionales. Era una locura lo que López Obrador pretendía hacer con la energía en México.

“Los informes recientes de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses, requieren una respuesta oportuna y clara. Nosotros los instamos a que redoblen sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y proporcionen a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México en igualdad de condiciones”, advierte la durísima carta de los congresistas republicanos. “El gobierno mexicano pretende dar a Pemex y a la CFE un trato preferencial, en una clara contradicción con el T-MEC”, apunta la misiva que también fue entregada por el embajador Salazar al gobierno mexicano.

López Obrador acordó entonces con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, frenar la Reforma Eléctrica. Y así se le ordenó a los diputados de Morena.

Esa misma tarde de miércoles, los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados: el Partido Verde y el del Trabajo – tras recibir la comunicación directa de Palacio Nacional- informaron “diferir” la Reforma Eléctrica para dentro de medio año: el 15 de abril de 2022, con el pretexto de darle prioridad a la consulta sobre ratificación de mandato de AMLO.

La Reforma Eléctrica fue apagada por EU. Por los congresistas. Por el gobierno Biden. El embajador Salazar fue el vaso comunicante para advertirle al presidente de México que no la querían. Y por eso la enterraron.

Dentro de este episodio diplomático- energético, emerge un punto clave: la soberbia estúpida del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien a mediados de octubre pasado declaró lo que en Estados Unidos se consideró una amenaza directa hacia las empresas norteamericanas, una bravata surgida de la tradicional altanería de Bartlett, un error garrafal que encendió las alertas máximas en Washington y entre el empresariado mexicano:

“La CFE no indemnizará a las empresas con las que tiene contratos de suministro de energía, una vez que entre en vigor la reforma eléctrica y éstos sean cancelados”.

Aún más: dentro de su soberbia, Bartlett aseguró que la Reforma Eléctrica “va como está”, y hasta amenazó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE): “No les conviene entrar en disputa (con el gobierno)”.

Pero la soberbia enceguece, y a Bartlett se le olvidó algo fundamental: en Estados Unidos no lo quieren porque no olvidan su evidente complacencia en el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, cuando Bartlett era secretario de Gobernación. Vamos, ni siquiera puede visitar EU porque sería aprehendido. De ahí que en su descabellado afán amenazador, Bartlett perdiera de vista ese pequeño detalle y le diera un tiro mortal a la reforma soñada por él y por su amigo el Presidente.

Bartlett olvida…pero Estados Unidos no olvida.

*****

Más allá de que AMLO y Morena no reúnen los votos suficientes para reformar la Constitución y lograr la Reforma Eléctrica. Más allá que el PRI prácticamente, en mayoría, les dio la espalda con esta reforma. Más allá que algunos aliados verdes ya la rechazaron. Más allá de todo esto, a AMLO, Bartlett y la 4T, se les olvidó algo clave: Estados Unidos.

Y EU rechaza la Reforma Eléctrica.

EU no la quiere.

EU la mató.