SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por si no nos hemos dado cuenta, amable lector, ya estamos en pleno proceso de precampaña electoral, de cara a la elección presidencial de 2024.

El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó los tiempos cuando le quitó el corcho a la botella de la sucesión, inaugurando nuevos tiempos, y eliminando la tradición del “tapado”.

Pero, claro, AMLO mencionó a algunos de sus posibles sucesores, todos de Morena, pero no habló de los abonados del PT o del Verde, a sabiendas de que el senador Ricardo Monreal se quedó con las ganas desde 2018, y aunque peleó también la jefatura de la Ciudad de México, apenas se la dieron de senador.

Era obvio que Monreal no se quedaría de brazos cruzados, y este fin de semana estuvo en Guerrero para presentar un libro de su autoría. Pero la sorpresota que nos llevamos es que el petista se vino de México acompañado por el perredista Miguel Mancera, y acá lo recibió el priísta Manuel Añorve Baños.

Bueno, hasta ahí todo bien. Al final de cuentas son compas en el Congreso federal, se ven todos los días, se saludan cordialmente….pero de ahí a acompañarlo a uno de sus eventos de apertura de precampaña en Guerrero, es mucho decir.

Y no sólo eso. Resulta que no sólo Añorve estuvo presente en ese evento, sino innumerables priístas de su grupo político, entre ellos el diputado local Rafael Navarrete Quezada, el ex senador aguirrista Sofío Ramírez Hernández, etcétera, quienes presumieron en sus redes sociales la invitación a ese evento que realmente no tenía nada de extraordinario y en donde se supone que deberían estar petistas y morenistas, no priístas y perredistas.

En política no hay casualidades, amable lector. Lamento decirle que el mensaje que vino a sembrar el zacatecano Monreal es muy simple: Si no voy por Morena, voy por la Alianza opositora. Tan tan. 

Y en su caso los aliancistas (PRI, PAN y PRD), están de plácemes porque como ya lo aceptó el panista Marko Cortés, carecen de fichas  para competir en 2024 y, por lo tanto, lo más seguro es que estén considerando a Monreal como su principal cuña.

Ahora mal, el senador no disimula su interés de ser presidente de la República, y ha dicho que estará en la boleta de la siguiente elección sí o sí. ¿Qué significa esto? Pues como decía Manuel J. Clouthier: Con Morena, sin Morena y a pesar de Morena.

O, lo que es peor: Con AMLO, sin AMLO y a pesar de AMLO.

La pregunta es: ¿Quiénes desde Morena seguirán al petista en su odisea de ser el caballo troyano de la elección de 2024?

No en balde se le acusa a Monreal de estar saboteando desde el Senado importantes decisiones e iniciativas de AMLO. Y al PRI de engallarse en contra de la reforma eléctrica que se suponía sería de obvia y urgente resolución, pero que en cambio la van a discutir hasta el siguiente año, y posiblemente quede en veremos, sobre todo ahora que Biden metió la cola en este asunto a través de su embajador Kent Salazar, al más puro estilo de Washington, alegando que se está perjudicando a empresarios estadounidenses y es necesario defenderlos del maléfico AMLO, y condenar a los mexicanos a seguir pagando contratos leoninos con las generadoras de “energías limpias” y todo el entramado de corrupción que diseñaron para que los grandes empresarios no paguen la energía eléctrica.

Pero éste es otro tema al que debemos ponerle atención y desde nuestras trincheras presionar para que el Estado recupere la rectoría del sector energético, si no queremos sufrir lo que está padeciendo España, donde las gaseras y productoras de electricidad encarecieron la vida de los españoles a tal grado, que ya se habla de un masivo empobrecimiento, en el que lamentablemente el gobierno español no puede meter mano.

Volviendo al tema, la elección interna de Morena pinta un escenario hasta tenebroso. Máxime que aunque la 4T está procurando deshacer los monopolios económicos creados al amparo del régimen anterior, está casi intacto el monopolio político formado por los partidos que, ademas de chupar recursos públicos, nos han negado a los mexicanos el privilegio de elegir a los candidatos. Ellos proponen y a nosotros solamente nos resta votar.

Lo peor, es que ahora con las alianzas antinaturales, están revolcando la gata, que sale siendo la misma, nada más teñida de otro color. 

En pocas palabras, los partidos nos dejaron sin opciones, ya no sólo de participar en la vida interna -que debiéramos porque viven de nuestros impuestos- sino de elegir a un derechista como si fuera de izquierda, y viceversa.

La sugerencia es que la reforma política, que también está planteada para ser desahogada en lo que resta del gobierno lópezobradorista, le quite el dinero de nuestros impuestos a los partidos políticos y pasen a ser financiados por sus militantes, como todo club, porque eso son, un club de Tobi, cuyos miembros se parten, comparten y reparten el poder.

De otro modo, seguirán jugándonos el dedo en la boca y, lo que es peor, dándonos atolito con el dedo.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*EU pone freno a la reforma eléctrica de AMLO

*Cede Congreso a presiones de legisladores republicanos

*Lozoya sigue contando con la protección gubernamental

“Las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo”: Giuseppe Mazzini.

La opinión pública, la de los organismos cúpula empresariales, de las empresas generadoras de energía limpia, de los especialistas del sector privado y de instituciones de educación superior, no tuvieron ninguna influencia en la decisión del presidente López Obrador de sacar adelante la aprobación de su reforma constitucional en la materia, incluso forzando a un parte del PRI, y dividiendo a ese instituto político, a apoyarla en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, la presión del gobierno y el Congreso de Estados Unidos, y las empresas con inversiones en generación de electricidad en territorio mexicano, fue definitiva para frenar, de momento, la iniciativa presidencial, la cual se prevé se aprobará hasta el mes de abril próximo.

Las presiones directas a la presidencia tuvieron efectos inmediatos: el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó ayer que su partido y el PT y PVEM buscarán discutir y aprobar la reforma eléctrica presidencial hasta abril de 2022. “Nos propusimos concluir el proceso de Reforma Eléctrica, que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, Senadores y al menos 17 congresos locales, a más tardar el 15 de abril”, informó el legislador, tras llevarse a cabo una reunión plenaria entre los tres partidos, donde dieron a conocer ahora darán prioridad a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que para la reforma energética “no hay prisa”.

Lo cierto gira en torno a la presión de congresistas de Estados Unidos y del propio gobierno del presidente Joe Biden y fue esto lo que llevó a meter el freno de mano a la contra reforma eléctrica obradorista. Un grupo de 40 congresistas republicanos de EU enviaron una carta al Secretario de Estado Antony Blinken, a la secretaria de Comercio, Gina M. Raimond, y a la secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm, además de la representante comercial Katherine Tai, donde expresan una profunda preocupación sobre la escalada del gobierno de México para excluir a las empresas privadas de su sector energético en contradicción con sus compromisos internacionales, incluido el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). El vecino tiene por costumbre atender las llamadas de auxilio de la IP, acción contraria a las llevadas en esta tierra.

De acuerdo con los legisladores estadounidenses, hay una abrumadora lista de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses. Por ello, demandan: “Una respuesta oportuna y clara. Nosotros los instamos a redoblar sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas con el fin de detener las acciones discriminatorias y proporcionen a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México la igualdad de condiciones, según lo previsto por el T-MEC”, de acuerdo con lo expuesto en la misiva.

Según los republicanos, el gobierno mexicano pretende dar a Pemex y a la CFE un trato preferencial lo cual se considera violatorio de compromisos ambientales internacionales, debido al uso del combustóleo en plantas de la CFE.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió en Palacio Nacional con autoridades del gobierno federal para analizar los alcances de la iniciativa en la cual se propone dar el 54% del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En sus redes sociales publicó: “Sostuve hoy importantes reuniones con @GobiernoMX para hablar sobre reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esa reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de EEUU. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días”.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, impulsora de la reforma, ha confirmado el encuentro. “Fue grato escuchar al embajador sobre sus dudas y comentarios. México y Estados Unidos por años han colaborado en el sector con absoluto respeto a sus leyes y soberanía de cada país. El diálogo es abierto y continuo señaló en Twitter. A estas citas ni de chiste invitan a Manuel Bartlett, queda claro el porqué.

Desde el pasado mes de octubre, el presidente envió al Congreso una propuesta para reformar la Constitución que pretende desmontar gran parte de la reforma energética constitucional aprobada en 2013, la cual abrió el mercado eléctrico a la participación privada por primera vez en más de 70 años.

La iniciativa incluye suspender permisos de generación de electricidad ya otorgados y cancelar contratos con empresas privadas tanto nacionales como extranjeras.

Las cámaras de comercio de EU y Canadá, cada una por su lado, ha dicho ésta reforma contraviene lo acordado en el T-MEC.

El tabasqueño busca hacer de la empresa eléctrica del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la preponderante en el sector. Para lograrlo, la ley le garantizaría el 54% del mercado. Además, desaparece a los reguladores y le da al Estado el derecho exclusivo de exploración y producción de litio y otros minerales considerados “estratégicos”.

Abogados y especialistas han advertido que, si la ley se aprueba, se abrirían un alto número de litigios y arbitrajes internacionales que serían muy caros para el país.

La contra reforma eléctrica de AMLO prevé eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y traspasar sus atribuciones a la Secretaría de Energía. Además, reduce las posibilidades del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente y otorga al Estado la explotación del litio. La iniciativa, modifica tres artículos constitucionales y nueve transitorios, “trata de rescatar y fortalecer a la CFE, garantizar (…) la seguridad energética del país, y que sea posible se tenga electricidad a menor costo para todos los mexicanos”, según Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Lozoya, por

fin, preso

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por fin está preso, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera por roto el polémico acuerdo con el cual lo había mantenido lejos de la cárcel desde que llegó a México en julio de 2020. A petición del Ministerio Público, el juez Artemio Zúñiga lo encerró en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a la espera del juicio, cuya fecha podría decidirse en una audiencia programada para el próximo 3 de diciembre. El togado explicó la alta penalidad de los delitos imputados se suma a las redes familiares y los recursos económicos suficientes para, tal vez, poder huir.

El fiscal Manuel Granados Quiroz cuestionó que Lozoya no ha hecho el mínimo intento para pagar una reparación del daño de 7 millones 385 mil dólares, lo cual es un requisito indispensable para que la FGR pueda negociar un criterio de oportunidad que le permita la inmunidad penal. “Su actitud ha sido evasiva, grosera (…) no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada”, destacó el fiscal. ¿Y los videos? ¿y las supuestas pruebas en contra de Peña Nieto, Videgaray e inclusive de Ancira? ¿olvidamos los casos Odebrecht y Agronitrogenados?

Lo palpable, cierto y real es el fracaso de la tan cacareada lucha contra la corrupción. El pacto sigue vivo y actuando. Peña Nieto disfruta, López… también.

De los pasillos

A cinco kilómetros del municipio de Pijijiapan, Chiapas, un grupo de migrantes se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional. El encontronazo se registró a las 08:00 horas del jueves, cuando personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) intentaron detener a migrantes rezagados de la caravana.

Las autoridades buscaban encapsular a este grupo migrante para subirlos a camionetas del INM. Los migrantes lanzaron piedras, palos y otros proyectiles hacia la Guardia Nacional, cuyos integrantes optaron por retirarse.

Un oficial de la GN resultó herido, pues cayó de la unidad donde viajaba y después fue golpeado por un grupo de personas. Los migrantes lo dejaron en la carretera y, posteriormente, fue rescatado por sus compañeros…

Las acciones violentas de la mafia no frenan. En el interior del hotel Hyatt Ziva de Puerto Morelos dos personas fueron ejecutadas. El mentiroso fiscal quintanarroense, herencia a Carlos Joaquín de Miguel Ángel Mancera, de inmediato se dio a la tarea de negar fue en el hotel, pero testigos informaron del secuestro de una persona y de ese acto se paso a la balacera. Como si se requiriera de una rápida información Oscar Montes de Oca aclaró se trató de un enfrentamiento entre grupos antagónicos de narcomenudistas. El gobernador y el propio gobierno federal y hasta la chaparrita Rosa Icela deberían recetarle el clásico “no me ayudes compadre”, porque su versión no le sirve a los aterrados turistas hospedados en ese centro ubicado en Punta Petempich, menos aún cuando entre ellos se encontraba un ejecutivo de NBC Universal. La nota no tardó en aparecer en las páginas digitales del diario El País, las fotos se viralizaron y las autoridades declaran con argumentos “de domingo 7”. Y luego no se explican lancen alertas en contra de la entidad…

Alcances y limitaciones de la Comisión de la Verdad

Rubén Martín

La violencia estatal, es decir las distintas formas de represión, ha sido parte constitutiva del régimen político mexicano. El Estado controlado por los gobiernos posrevolucionarios, a la par que creaba un limitado estado de bienestar y controlaban los gremios a través de sectores del partido oficial, ordenaban la dura represión en contra de los disidentes políticos del régimen. A lo largo de la historia del siglo pasado, el Estado autoritario priista ordenó varias matanzas, torturas, desapariciones, encarcelamientos y ejecuciones extrajudiciales para tratar de parar y contener huelgas, movilizaciones, y protestas sociales de diverso tipo en todo el país.

A medida que la legitimidad del régimen priista menguaba, la violencia estatal aumentaba. Para la memoria quedan matanzas como las de Tlatelolco en octubre de 1968, el Halconazo del 10 de junio de 1971, la represión contra movimientos sindicales como el de los electricistas en 1976 y el largo periodo de contrainsurgencia conocido como la Guerra Sucia cometido por el Estado entre la década de 1960 y 1980.

La violencia estatal no paró ahí y tampoco cesó con el relevo de partido en el poder, al pasar del Revolucionario Institucional (PRI) a Acción Nacional (PAN). Represiones como las de Atenco en mayo de 2006 y contra la revuelta popular de Oaxaca en noviembre de ese mismo año confirman que la violencia estatal y todas sus formas represivas no eran privativas del PRI, sino que continuaron en  el periodo que algunos calificaron ingenuamente como “transición a la democracia”.

Desde hace décadas las víctimas directas de estos hechos represivos así como sus familiares han levantado el reclamo de exigir justicia y castigo para los culpables. Pero hasta ahora esta justicia y la reparación de daños que han dejado estas múltiples violencias estatales, permanecen impunes.

Una leve esperanza se abrió en 2001, al comienzo del sexenio del panista Vicente Fox Quezada con el anuncio de la creación de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que llevó a cabo un trabajo de investigación en archivos y entrevistas con víctimas de la violencia estatal. Pero al final, Fox se alió con los responsables de la represión y decidió cancelar la fiscalía especial y apenas se conoció una versión incompleta del informe preparado por la Femospp.  Pero la justicia no llegó para las víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o torturas.

La esperanza de dar justicia a las víctimas se abrió nuevamente con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en junio de 2018. Ya como presidente electo, se reunió con distintas organizaciones de familiares que padecieron hechos represivos del pasado y con las organizaciones de las víctimas del presente y se comprometió a crear una gran comisión de la verdad para esclarecer estas violencias estatales. Ya en el gobierno, López Obrador ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Es en este contexto que se anunció el pasado 2 de octubre la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.

Y acto seguido se abrió una convocatoria para elegir a cinco comisionados provenientes de la sociedad civil. El pasado 29 de octubre se dio a conocer el nombre estas personas que vienen del trabajo en derechos humanos en organizaciones de la sociedad civil: Abel Barrera Hernández, Eugenia Allier Montaño, Aleyda García Aguirre, David de Jesús Fernández Dávalos y Carlos Alonso Pérez Ricart. Todos ellos tienen una trayectoria respetable en el campo de la defensa de derechos humanos, pero a pesar de ello algunos colectivos de familiares de víctimas y expertos han puesto en duda los alcances de que dicha comisión cumpla con las expectativas de que el Estado mexicano sea obligado a brindar justicia y reparación del daño a miles de victimas de las múltiples represiones políticas.

Uno de ellos es Jacobo Dayán, experto en Justicia Transicional y Derechos Humanos. En entrevista para Radio Universidad de Guadalajara (https://bit.ly/3BTGqLI), Dayán sostuvo que una de las limitantes más importantes es que la Comisión de la Verdad está integrada mayoritariamente por funcionarios públicos de las siguientes dependencias: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Archivo General de la Nación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Todos ellos tienen voz y voto. En cambio, los cinco consejeros ciudadanos tienen qué nombrar a uno de ellos para votar en la comisión, el resto no tiene derecho. Es decir, hay una exagerada presencia de representantes de gobierno en detrimento de expertos independientes de la sociedad civil, ya sea nacional o internacional.

Otra limitación observada por Dayán es que el decreto que crea la Comisión de la Verdad no obliga al ejército a abrir sus archivos e instalaciones para ser investigados; y se considera como limitante, que se ponga fecha de término de trabajo de la comisión a septiembre de 2024, cuando la experiencia en otros países indica que se debe dejar abierto al tiempo necesario para hacer una investigación a fondo sobre las violencias estatales investigadas.

Uno de los más severos cuestionamientos es que el mandato de investigación para la Comisión de la Verdad se limita hasta el año 1995, por lo tanto dejando fuera de su alcance indagar en las violencias estatales que se han cometido de 1996 en adelante, entre ellas la masacre de Acteal, cometida por paramilitares protegidos por el Estado en diciembre de 1997.

Lo más injustificable es que esta comisión no indagará el fenómeno de las desapariciones, fosas clandestinas y el periodo de guerra informal que la sociedad mexicana vive a partir de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, decretada desde el sexenio del panista Felipe Calderón en diciembre de 2006.

Otro de los cuestionamientos a esta comisión, de mayoría gubernamental como bien ha subrayado Jacobo Dayán, es que su función se centrará en investigar y presentar un informe, dejando al aparato ordinario de procuración de justicia la tarea de perseguir a los posibles responsables. Tendría otra función si desde su decreto de creación se hubiera dotado a esta comisión de funciones jurisdiccionales extraordinarios que la facultaran incluso para perseguir y enjuiciar a posibles responsables de ordenar y cometer hechos represivos y violaciones graves a los derechos humanos.

Vamos a ver si el enorme peso que López Obrador ha dado a las fuerzas militares no se constituye en un obstáculo para las investigaciones de la Comisión de la Verdad. Muchos de los hechos represivos del Estado mexicano fueron operados directamente por los militares, como el arrasamiento de pueblos en Guerrero, los vuelos de la muerte en Acapulco y en Chapala, o las torturas y desapariciones de disidentes cometidas en instalaciones militares. Veremos si la cercanía de este gobierno con los militares no se convierte en un obstáculo para los fines de brindar justicia a las víctimas de las violencias estatales. Con todas estas limitaciones, será difícil que esta Comisión de la Verdad procure verdad y justicia para todas las víctimas que han padecido la violencia estatal en más de cinco décadas.

A pesar de todo lo anterior, muchas familias que han padecido las múltiples represiones esperan que ahora sí, por fin, llegue la justicia y la reparación del daño que ellos o sus familiares han padecido del Estado mexicano. Tienen derecho a exigir esta justicia.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Viene más dinero a estados y municipios, según lo que anunció ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El incremento de las participaciones federales están contempladas en el presupuesto de egresos de la Federación, y contempla un incremento de 100 mil millones de pesos para fortalecer a estados y municipios.

El incremento para Guerrero será de 3 mil 835.3 millones de pesos, equivalente a 6.1 por ciento de aumento con relación al presupuesto autorizado para este año que está por finalizar, y que ascendió a 63 mil 383.9 millones de pesos.

Se aclaran las cifras para atajar la versión que se nos vendió en los últimos meses del gobierno de Héctor Astudillo Flores, en el sentido de que se les hicieron recortes a sus partidas presupuestales, razón por la cual terminó su mandato prácticamente sin recursos.

Es decir, que en 8 meses Astudillo gastó el dinero asignado y para septiembre ya no tenía dinero para pago de sueldos ni para devolver a los trabajadores sus bonos y prestaciones, por lo cual le fueron entregados casi 300 millones de pesos más, tan sólo para apaciguar a la burocracia estatal, que tenía paralizados los trabajados en casi todas las oficinas y dependencias, y que amenazaban con recrudecer sus manifestaciones.

El caso es que Astudillo no acudió al Congreso local, a la ceremonia de toma de protesta de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, algo que ni su antecesor, el interino Rogelio Ortega Martínez, se atrevió a hacer, pues aunque en medio de una tremenda polémica Ortega asistió al cambio de gobierno en 2015, a dar la cara al menos por el boquete financiero que estaba entregando.

En 2022, decíamos, Evelyn Salgado Pineda ejercerá 67 mil 219.2 millones de pesos, tan sólo del gasto federalizado, y sin contemplar las gestiones adicionales que se puedan realizar para que la Federación ejecute obras directamente, o bien bajo el esquema de mezcla de recursos, sea con el mismo estado y con los municipios.

Esta es una buena noticia, por cierto, y viene a dar un respiro sobre todo para los ayuntamientos, que también quedaron en su mayoría sumamente castigados, y en los que se ha corrido el rumor de que sus participaciones federales estaban en entredicho.

Al contrario, el cambio de gobierno federal no fue motivo para que los ayuntamientos dejaran de recibir los recursos que tienen etiquetados anualmente, y que año con año deben aumentar, con base en la fórmula establecida hace unos 15 años, durante el gobierno de Felipe Calderón.

Esa fórmula no ha variado y salvo que en 2020 sí se les pudieron hacer algunas retenciones del gasto corriente, por los efectos de recaudación de impuestos durante los primeros meses de pandemia, para 2022 serán compensados.

No olvidemos que los cierres masivos de giros comerciales y de servicios provocaron durante los primeros meses de la pandemia provocó la caída de la recaudación a niveles históricos, y fue necesario que el gobierno federal hiciera uso de un fondo especial  que se tiene para este tipo de emergencias.

Este año, sin embargo, el gobierno federal viene presumiendo que se tienen de nuevo niveles récord de recaudación de impuestos, sobre todo porque se eliminaron las exenciones para los grandes empresarios, así como también la facultad que tenía el presidente en turno de decidir a quién se beneficiaba con esa fórmula.

El cambio de la política hacendaria, tendiente a cobrarle más a los que más ganan, en lugar de seguir castigando a las clases medias y dueños de micro, pequeñas y medianas empresas, será un respiro para todos, pues ya en este espacio hemos dicho en repetidas ocasiones que las Mipymes trabajamos en este país para Pemex, CFE, Telmex y el SAT, mientras que los grandes empresarios no pagan impuestos, ni luz (amparados en los entramados de la producción de energías limpias, que permite que los generadores presentan a sus clientes mayores como socios -Coca Cola y Oxxo entran en este supuesto, de hecho), y de paso les regresan impuestos si por error se los cobraron.

Por lo tanto, la perspectiva de recaudación para 2022 es mayor y de ahí que también crezcan los beneficios para estados y municipios.

En Guerrero, sin embargo, falta por definir la mega deuda que heredó el gobierno de Héctor Astudillo Flores con el ISSSTE, que suma casi 14 mil millones de pesos, y cuyo plan original era que el Congreso local avalara que se convirtiera en deuda pública para que los guerrerenses volviéramos a pagar el dinero a todas luces desviado desde 1995 a la fecha.

Hasta ahora, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha dicho qué procede en este caso, o si como recomendó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero lo más fácil es que el estado entregue al ISSSTE bienes inmuebles que cubran el adeudo, para que se comience de cero, en lugar de endilgarnos una deuda tan elevada.

Como dice el dicho popular, “que lo pague el que se lo comió”.

De no ser así, de nada servirá el incremento al presupuesto estatal que está anunciando el presidente. O, lo que es lo mismo, saldrá lo dado por lo servido, porque el gobierno estatal se verá obligado a pagar a Hacienda más de mil millones de pesos por año, así durante 15 años.

Esperemos que se tome la mejor decisión a este respecto, y que los recursos anunciados vengan realmente a hacer la diferencia. Pero, claro, que no nos salgan con que a Chuchita la bolsearon, como sucedió en el gobierno anterior.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Lozoya derechito al tambo

*Rosario Robles exhibe incapacidad jurídica

*Q. Roo se debate entre féminas ambiciosas

“La justicia es la venganza del hombre social, como la venganza es la justicia del hombre salvaje”: Epicuro.

En el caso Emilio Lozoya Austin, ha quedado claramente demostrada la incapacidad del Estado mexicano de procurar justicia, está negado a la aplicación estricta de la ley, sigue persiguiéndose, culpándose, haciendo trizas a quienes no les han podido comprobar absolutamente un solo ilícito y se les otorgan toda clase de facilidades a delincuentes confesos. La presión ejercida por la sociedad y los medios de comunicación logró reaccionara la Fiscalía y solicitara la prisión preventiva justificada para el ex director de Pemex. Con más de media hora de retraso se presentó a la audiencia presencial el exfuncionario quien, nos dicen, fue alertado por su equipo de defensores de la posibilidad de “incumplimiento de la Fiscalía” y por lo tanto quedar detenido. Sin embargo, confiado, seguro y prepotente vio transcurrir horas sin llegar a la determinación del juez Artemio Zúñiga quien respaldo la petición de prisión solicitada por la FGR.

Se tomó en consideración Lozoya cuenta con capacidad económica para huir e independientemente de ello no ha cumplido con lo pactado para lograr la protección brindada a los “testigos colaboradores o protegidos” En ningún momento de la historia de este país se había derrumbado el Estado de Derecho, se había puesto en entredicho toda la cadena de aplicación de la ley como ahora. Para el ex director de Pemex se sometieron a debate una medida cautelar, la cual aparece por primera ocasión como determinación congruente de la Fiscalía ante la falta de cumplimiento en los reglones con los cuales se le permitió al ex funcionario petrolero mantenerse en libertad. Ser el “sapo”, el informante, el chismoso, también tiene sus reglas y ni de una parte se ha exigido el cumplimiento de éstas y la otra, conchudamente, se guarda silencio.

Ricardo Monreal, líder de la Jucopo, consideró ha transcurrido mucho tiempo sin “que haya todavía claridad sobre los elementos de responsabilidad de los presuntos culpables de delitos distintos que están ocurriendo en el país, como el soborno, el peculado, el abuso de autoridad, el ejercicio indebido de funciones. Ya debe proceder el juez de control contra quien resulte responsable”. Es necesario, considera el zacatecano, se revise el marco legal del llamado testigo protegido o colaborador al que se acogió Lozoya para lograr un instrumento más eficaz en la impartición de justicia. Hasta hoy, el caso “es un asunto que ha tardado, es un asunto que la tardanza en la justicia ha generado zozobra e incertidumbre, por lo que lo m{as correcto es que el juez de control defina el grado de responsabilidad de los involucrados.

Para tener el beneficio otorgado al “testigo colaborador” o como “testigo protegido”, debe entregarse información en línea vertical, es decir, el inculpado hacia sus jefes. En el caso Lozoya Austin, su superior inmediato no era ni Luis Videgaray, ni José Antonio Meade ni Enrique Peña Nieto, era el Consejo de Petróleos Mexicanos para algunas acciones y en otras el titular de Energía. La referencia es clara en ambos casos va directamente hacia Pedro Joaquín Coldwell, tanto como secretario encargado del ramo como en su posición de presidente de Consejo de Administración de la petrolera. Otro involucrado es el actual diputado y ex negociador del T-MEC, Idelfonso Guajardo, aparecen también dentro de ese mismo Consejo la muy querida representante de Carlos Romero Deschamps, ocupando el sitio destinado al Sindicato y dos personajes más.

Así, en línea directa está Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía, ex gobernador y medio hermano del actual mandatario en Quintana Roo, ex de muchas posiciones dentro de su larguísima trayectoria política. Pero sobre él no se ha dicho una sola palabra y sin embargo se ha seguido la ruta horizontal, la cual no está contemplada para merecer los beneficios de ser el soplón del grupo. Los senadores panistas, entre ellos Jorge Luis Lavalle, no aparecen en la línea de fuego, tampoco quienes supuestamente recibieron los sobornos entregados quien sabe por quién, porque los de Odebrecht han conocido tantos destinos que resultaron superiores a la multiplicación de los panes. Sirvieron para aportar a la campaña de Peña Nieto, también para comprar votos para la aprobación de la reforma energética, pero les alcanzaron para comprar dos residencias, para sobornar a distintos políticos ni siquiera ligados a Pemex y a las obras por licitar entre muchos otros señalamientos, y todo eso con escasos 10 millones de dólares.

Lo de la compra-venta de la planta de Agronitrogenados sigue siendo un misterio. Dejaron en libertad a Alonso Ancira sin haberse protegido con el pago del sobreprecio y ahora hasta se ha dado el lujo de demandar. Lo de Lozoya ha sido una exhibición de fracaso en la aplicación de la ley, aunque pudiera haber representado un buen ingreso si antes, y desde una oficina muy cercana a la del primer mandatario, se hizo algún arreglo económico con el padre de Lozoya a fin de no llegar a meterlo a la cárcel semejante ex funcionario. Solicitó la Fiscalía el día de ayer en la primera audiencia presencial del ex funcionario petrolero la prisión preventiva justificada. Se dieron cuenta de la riqueza económica del acusado y por lo tanto de sus posibilidades reales de huir. Se le acabaron las reuniones en los restaurantes de lujo, se puso fin a la libertad, se actuó y ya se verán las consecuencias.

Aún así, en el otro extremo aparece Rosario Robles. Ella no aceptó convertirse en soplona y la línea directa, al ocupar una dependencia dentro del gabinete la lleva directamente a Peña Nieto, aunque también sus pares podrían aparecen en la misma ruta. El tiempo de encierro de la ex ahumada responde a venganzas de tipo personal y mucho de ello está en sus relaciones con Carlos Salinas de Gortari e inclusive en el “perdón” cual Magdalena ofrecido por Felipe Calderón. Algo no conocido aún existe en el pasado en el cual se relacionó de manera directa con el tabasqueño dentro del gobierno del entonces DF, mismo aún sin conocer la luz de la información pública.

Porque sobre el caso de la Estafa Maestra no se ha dado mayor información y quienes supuestamente participaron en ella e inclusive confesaron su autoría, como es Emilio Zebadúa y sobre Ramón Sosamontes, ni sus luces, como tampoco se han visto perseguidos los rectores beneficiados o las empresas con las cuales realizaron todo tipo de operaciones. Inhabilitarla estando en prisión es otra burla o una demostración más de la incompetencia de toda el área jurídica no solamente de la Fiscalía sino de la presidencia.

Los fracasos de Gertz Manero se dan por docena. Ni siquiera ha logrado éxito juzgando a quienes se pretende extraditar y hay dos casos muy sonados, el del espía argentino-mexicano Raúl Martins Coggiola a quien su propia hija denuncia o a Florian Tudor, el más severo dolor de cabeza y enemigo número uno del ex secretario de Seguridad en Quintana Roo Jesús Alberto Capella y de su compinche Juan de la Luz, sin por ello dejar de mencionar al propio gobernador Carlos Manuel Joaquín González. No queda otra que darle la razón a Santiago Nieto y sus permanentes quejas en contra de la FGR. Se la pasa congelando cuentas, el dinero permanece estancado y la Fiscalía no sigue ninguna investigación… Salvo las de la familia de don Alejandro y eso tiene un fin: quedarse con la mayor tajada de la herencia de su hermano.

De los pasillos

México por fin se decidió y se suma a los pactos climáticos. Lástima no va a cumplir porque tiene en la mira la quema de combustóleo para no dejarnos sin luz porque después no veremos lo arrojado al momento de toser como tuberculosos. Y en el cuidado a la depredación mejor no hablamos ante el éxito en la deforestación provocada por Sembrando Vida…

Para Bartlett lo monstruoso radica en los contratos firmados con la IP relacionados con la energía eléctrica, porque eso de los perredistas muertos durante su estancia en la Segob, o el crecimiento del narco por la vía de sus compadres, o el negar el amasiato de cuatro décadas, o el manejo y la calificación electoral durante todo un periodo presidencia, o sus terrenos en Tabasco 2000, o el desvío de fondos en la SEP antes de ser nombrado candidato y luego gobernador de Puebla y el manejo de los fondos estatales visto como uno de los más sucios, eso es peccata minuta, no cuenta, son pecadillos veniales. Pecar, pecar, lo que se dice pecar, eso es parte del pasado y él, está incluido…

Dicen van a convertir en realidad la persecución a los huachicoleros hidalguenses y ¿ya le pidieron opinión a Omar Fayad? O este gobernador va a seguir lanzándoles “aguas” a esta otra calaña de mafiosos…

Una empresa denominada J.J. Jiménez fue la subcontratada por Grupo Carso, es decir, Carlos Slim para la colocación de los pernos, únicos culpables del colapso de la L-12, como dirán los abuelos “a otro perro con ese hueso” …

Sigue la mata dando o mejor dicho siguen robándole al pueblo lo robado, esa dependencia parida por AMLO ya nació corrupta, podrida y sin remedio…

A las Lauras, la Fernández y la Beristain, así como a Mara Lezama les dedican: “Pobres mujeres abandonadas, que amaron creyendo ser también amadas…” A la Beristain la persiguen y no parece logrará librarla de estar frente a una barandilla.

La cuenta pública, todo indica no le será aprobada y con ello vendrán las investigaciones sobre una riqueza obtenida explicablemente al manejar a su antojo los fondos públicos y recibir una que otra compensación por permiso o licencia otorgada…

Doña Mara ha perdido la protección de su partido, del Verde; dicen las malas lenguas está muy molesto el dueño de la franquicia heredada por su señor padre en virtud de haber cobrado un dinero del cual debió hacer el reparto acordado y se lo quedó todo.

En Morena han detectado su fama también corre paralela a la percepción de la gran corrupción imperante durante su gestión. Por lo tanto, seguro, ya no tiene más allá de los años faltantes para el término de su presidencia municipal y ni tan seguro…

La Fernández anda haciendo bailar a su máximo protector y el alejamiento no tardará en notarse. Vaya con las féminas en Quintana Roo, no salieron iguales, lograron superar a los varones ambiciosos y sus mandatos se incluyen en los mucho peores…

Hablando de mujeres… y traiciones, Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán denunció a su sucesor, a Rolando Zapata Bello, por haber cancelado un convenio con la constructora de un hospital en Ticul, el cual quedó inconcluso.

Este nosocomio trajo muchas críticas a la pariente de Cervera Pacheco, la obra era imprescindible porque le brindaba atención a 13 municipios del sur de la entidad. Sin embargo, la boshita no la concluyó y le dejó el paquete a quien fuera también su secretario de gobierno, mismo que no aguantó seguir con una obra a la cual le subieron los costos a las nubes. No se sabe bien a bien si la querella es por el daño a los yucatecos de la zona o por los compromisos económicos hechos. ¿Usted que cree?

Problemas con el estado de Derecho

Jorge Javier Romero Vadillo

México nunca se ha caracterizado por la solidez de su orden jurídico. Desde el nacimiento de la República, con la Constitución de 1824, el país ha vivido dificultades ingentes en la construcción de un Estado de derecho, con reglas claras, aceptadas de manera general y con capacidad estatal para ejecutarlas eficazmente.

La historia constitucional de México ha sido la de una serie de fracasos sucesivos y las dos Constituciones que han tenido una vigencia formal relativamente larga: la de 1857 –en teoría en vigor hasta 1916– y la actual, surgida del Constituyente de 1916–17, pero con centenares de reformas desde entonces, han sido en la práctica sustituidas por un arreglo institucional que mezclaba elementos constitucionales formales con reglas no escritas pero aceptadas, una suerte de Constitución consuetudinaria que modificaba y complementaba a la ley escrita.

Y de ahí hacia abajo, toda la jerarquía jurídica, hasta el último reglamento, se ha enfrentado a la incapacidad real del Estado de aplicar con eficacia las normas y a la falta de aceptación social del orden legal, dos aspectos del mismo problema, pues sin aceptación generalizada no hay Estado capaz de ejecutar con eficacia la ley en los casos en los que esta se viole. Un Estado débil, con serios problemas de agencia, donde cada funcionario se apropiaba patrimonialmente de su parcela de poder y ejercía su autoridad en beneficio personal, condujo a que la práctica común fuera la negociación personalizada de la desobediencia de la ley y el uso faccioso de la justicia y el orden jurídico para favorecer a aquellos que podían pagar por la protección estatal.

Es historia apenas ha comenzado a cambiar en las últimas tres décadas. Gradualmente se han creado espacios estatales efectivamente regidos por las normas formales, como el electoral. La transformación de la Suprema Corte de Justicia en un tribunal de constitucionalidad durante la última década del siglo pasado ha sido crucial en el lento proceso de construcción de un Estado donde los derechos sean universalmente exigibles y el ejercicio del poder esté limitado efectivamente por la ley, pero en la vida cotidiana de las personas poco ha cambiado. La justicia sigue siendo inaccesible para la mayoría, la legalidad sigue siendo una frontera para la negociación, donde los más poderosos sacan ventaja, mientras los más pobre se ven sometidos a la arbitrariedad, la extorsión y el abuso de poder por parte de las autoridades. Como en el famoso corrido de La cárcel de Cananea, en México a la gente se le procesa por culpa de su torpeza o por su pobreza, no por lo que dice la ley.

Se trata de un tema central de la trayectoria histórica del país. Su reversión es compleja y requiere de cambios institucionales profundos, donde no es menor el tema de la legitimidad de la dominación Estatal. El consenso social en torno a la ley se construye gradualmente, pero requiere del reconocimiento social de la justeza de la autoridad, de la imparcialidad de los jueces y de una percepción general de que la ley es el mejor marco para dirimir el conflicto social. Puede tener momentos fundacionales, con pactos constitucionales muy incluyentes, pero es una construcción incremental que tarda generaciones en completarse. Desde luego nunca es resultado de un acto moral de un líder iluminado.

¿Por qué es importante un orden jurídico eficaz? Pues, como dicen en su presentación el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), un “estado de derecho eficaz reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, grandes y pequeñas. Es la base de las comunidades justas, con oportunidades y paz, que sustentan el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales”. Es la experiencia cotidiana de las personas la que resulta relevante a la hora de evaluar si realmente existe un Estado de derecho de acceso universal, por lo que la mejor manera de evaluar la vigencia real del orden jurídico como igualdad sustantiva ante la ley, es preguntarle a la gente su percepción y sus vivencias en relación con las autoridades y con la justicia.

El Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por su sigla en inglés), es una organización interdisciplinaria e independiente, fundada a partir de una iniciativa de la Asociación Norteamericana de Abogados en 2006; desde entonces ha impulsado investigación relevante sobre el orden jurídico en el mundo y ha creado un índice global de imperio de la ley, basado en encuestas con población abierta y entrevistas a profundidad con profesionales del derecho. Es, sin duda, un instrumento muy útil para medir avances y retrocesos en el desarrollo del Estado de derecho en 139 países del mundo.

No resulta sorprendente que México no quede muy bien situado en este índice global. En el estudio de este año, nuestro país ocupó el lugar 113 de los 139 analizados con una metodología común, y bajó un lugar respecto al año pasado. Vale la pena ver cómo se ha movido la percepción social respecto al orden jurídico en México desde que comenzó a publicarse el índice, en 2009. Un aspecto relevante analizado por el índice es el relativo a la medición de ausencia de corrupción, donde este año México quedó en un desastroso lugar 135, solo mejor que Uganda, Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo. Este dato provocó la furia presidencial y el índice fue descalificado como un documento elaborado por enemigos del gobierno, con información sesgada y falsa, por la encargada de los desmentidos gubernamentales de los miércoles.

Si no fuera porque el Presidente se toma todo personal y pretende convencernos de que ya nos condujo a la Arcadia de la honradez pública, el índice sería muy útil para un gobierno realmente empeñado en combatir la corrupción. Desde 2018, además, la oficina en México del WJP, dirigida por Alejandro González, hace estudios con información de las entidades federativas, muy valiosos para detectar los problemas del imperio de la ley en el ámbito local. Se trata de un trabajo notable, pero como proviene de una agencia independiente no gubernamental, enseguida resulta sospechoso para López Obrador, sobre todo cuando muestra que no basta con declarar el fin de la corrupción y la arbitrariedad para que estas desaparezcan.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El panismo nacional acaba de darse un tiro en el pie. Su líder, Marko Cortés, confesó que para las elecciones estatales de 2021 tienen muy pobres posibilidades de triunfo, salvo quizás en Aguascalientes, según testimonio del gobernador de esa entidad, Martín Orozco Sandoval, 

Además, también anticipó la derrota de su partido y de la “Alianza Va por México” para las elecciones presidenciales del 2024, ante Morena.

Y aunque ayer Marko Cortés dijo que el gobernador Orozco Sandoval miente, y que le está haciendo el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario se mantuvo en su dicho y no se retractó. Al contrario, lamentó que el PAN tenga a semejante mediocre como líder.

Pero más allá de este pleito de comadres, lo que revela la confesión de Marko Cortés es el desaliento que hay entre la oposición del país, pues en 2018 no sólo perdieron la presidencia, sino que ese año marcó el inicio de una debacle sin fin que se ratificó en este 2021.

Por más que intentaron frenar el avance de Morena, las elecciones estatales de este año fueron catastróficas para los aliados del PRI, PAN y PRD, aunque mejoraron las expectativas del MC y del Verde,  partidos que consiguieron cada uno las gubernaturas de Nuevo León y San Luis Potosí, los cuales fueron las sorpresas de la campaña, pues realmente no estaban contemplados como triunfadores y más bien fueron errores de los candidatos morenistas los que catapultaron a Samuel García en el estado neoleonés, y a Ricardo El Pollo Gallardo en el potosí.

Volviendo al tema, en 2022 habrá elecciones para gobernador en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. En todas esas entidades, el enemigo a vencer es el partido lópezobradorista, donde por cierto las pugnas están al mil y es natural porque es el partido con tendencia ganadora. Hoy por hoy, es el partido guinda el árbol que tiene frutos y, por lo tanto, se ha convertido en una especie de árbol del bien y del mal, el árbol de la tentación aún para quienes pululan en la derecha y en la izquierda prostituida.

La claridad de Marko Cortés es buena. No hay delito en ello. Es de sabios reconocer cuando no se tienen posibilidades de triunfo. Pero, en su papel de dirigente del partido es fatal su sinceridad. Se le olvidó que nadie vende pan frío, y que los pocos que aún quedan en el partido lo que menos quieren escuchar es de una derrota anticipada.

Por lo menos les hubiera dorado la píldora y les hubiera echado mentirillas piadosas, por lo menos de cara al 2024, donde ya anunció que sus gallos y gallinas son Diego Sinhue, de Guanajuato; Mauricio Vila, de Yucatán, y Maru Campos, de Chihuahua. 

Pero hasta este juego echó a perder el tal Marko (con K), porque aceptó que optaron por estas fichas “para ver qué se puede rescatar”. O sea, nada.

Lo que demostró la confesión del gobernador de Aguascalientes es que ya están hartos de que Marko Cortés viva haciéndose “pedazo”, viviendo de su pleito estéril contra el inquilino de Palacio Nacional, en lugar de trabajar por el rescate del partido, lo cual pasa por dejar de seguirle el juego al artífice de la alianza “Va Por México”, el empresario Claudio X González, quien definitivamente trae una agenda auspiciada desde el exterior, como siempre ocurre cuando algún gobierno deja de ser lacayo de los capitales extranjeros.

Traigo todo esto a colación, amable lector para reiterar que la alianza de Claudio X González va a estallar hacia el interior de los propios partidos que la integran, no sólo porque es una agenda política que únicamente está utilizando a los institutos políticos nacionales (que financiamos con nuestros impuestos todos los mexicanos) para que sobreviva un puñado de empresarios corruptos, sino también porque la gente no puede ser engañada por siempre, ya comenzaron a darse cuenta del juego perverso y no están dispuestos a consentir más engaños de parte de sus supuestos líderes nacionales, tal cual ocurre en el PRD con Jesús Ortega, y en el PRI, con Alejandro Moreno.

En Guerrero tenemos 2 voces opositoras: la de Evodio Velázquez Aguirre, quien ha estado convocando a un frente nacional por el rescate del PRD. Y la de Eloy Salmerón Díaz, líder del PAN recientemente reelecto, quien se negó a caer en el engaño de la alianza con el PRI y con el PRD. Y aunque en la recta final de la campaña para gobernador la candidata traicionó a su partido haciendo una alianza de facto con el candidato aliancista, Mario Moreno Arcos, no lograron su cometido ni uno ni otro.

Todo al final es un tema de inmoralidad política, y aunque los líderes nacionales aliancistas no se hayan dado cuenta aún, tienen sus días contados. Si el pronóstico de Marko Cortés se confirma en 2022, pasando por las estatales de 2023, será muy difícil que la gente les siga el juego hasta 2024. Y menos si los candidatos que están preparando son de baja monta o están salpicados de corrupción.

“¿Cuál es la esperanza que (Marko) le brinda a la militancia en un 22 y 24? Que me lo dijo y lo sostengo ante cualquier órgano del partido, que también está difícil. Hay muchos panistas que no vemos resultados y no vemos una visión clara del partido. Entonces ¿Qué está haciendo ahí?”, sentenció el gobernador de Aguascalientes. 

Y esto apenas comienza, amable lector. Faltan 3 años para verlos caer en sus mentiras.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*En la ONU: corrupción, armas y drogas

*Presenta JR de la Fuente, apretada agenda

*Asesinar periodistas “problema de Estado”

“La mediocridad es legítima hija de la corrupción”: Jorge González Moore.

Tras asumir la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México pretende poner en el centro de la discusión los temas de tráfico de armas y la corrupción, sostuvo el embajador de nuestro país ante el organismo internacional, Juan Ramón de la Fuente, quien confirmó el próximo 9 de noviembre, en la ciudad de Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador participará en una mesa de debate en la cual abordará esos temas junto a los de desigualdad, exclusión y conflictos armados.

En la actual gestión federal de la 4T, México tiene como una prioridad no atendida el combate al crimen organizado, al cual se le ha consentido con la política de “abrazos no balazos” impulsada por el presidente López Obrador, lo que en la práctica es un “dejar hacer, dejar pasar” las actividades ilícitas, fortaleciendo a las organizaciones criminales, las cuales se sienten con fuerza para retar el poder del Estado en diversos territorios. En este esquema, la administración federal tiene como objetivo prioritario la reducción del tráfico de armas desde el territorio estadounidense, lo cual debe hacerse no sólo con la cooperación del gobierno de Estados Unidos, sino con inteligencia y la aplicación estricta de la ley.

De la Fuente precisó: “Nuestro presidente viene exclusivamente a esta reunión y a entrevistarse con el secretario general António Gutiérrez. Su presencia refleja la importancia de estos temas de carácter social”. También confirmó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofrecerá una conferencia magistral el próximo 22 de noviembre, en la que expondrá el tema de tráfico de armas. El embajador destacó: “El tráfico de armas está vinculado a los problemas transfronterizos, no quiero adelantar, pero nadie puede cuestionar que estos temas afectan la paz internacional y ese es el punto que quiere exponer México”.

De acuerdo con José María Ramos, profesor e investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef), la nueva agenda de cooperación en materia de seguridad y prevención con Estados Unidos, Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad Pública y Comunidades Seguras, como se denomina el acuerdo que sustituye a la Iniciativa Mérida, no se limita a la relación de México, sino implica una agenda compleja con países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, productores de coca y amapola.

El análisis de Ramos destaca: “La política de control de drogas desde los citados países hacia México y los Estados Unidos, no reduce el problema sino por el contrario es más complejo desde el punto de vista de producción, distribución, financiero y corrupción”. Además, subraya, en la coyuntura actual, los gobiernos de México y EU, tienen objetivos diferentes. México tiene como prioridad el combate al crimen organizado, con el uso de inteligencia y aplicación de la ley y la reducción del tráfico de armas desde territorio estadounidense. El 70 por ciento de las armas decomisadas proviene del país vecino”.

Por su lado, el gobierno estadounidense, si bien comparte ese enfoque, tiene otras prioridades. Por una parte, busca reducir el tráfico de inmigrantes irregulares, que en su mayoría atraviesan por México en su recorrido desde Centroamérica y recientemente de personas haitianas provenientes de Brasil. Por otro lado, busca frenar el flujo de fentanilo –opioide sintético, similar a la morfina, pero 50 y 100 veces más potente que ésta- y que sustituye de forma acelerada el consumo de heroína en el territorio vecino.

Ramos considera que la relevancia del problema migratorio para Estados Unidos quedó plasmada en la participación del secretario de Estado, Anthony Blinken en la Reunión Ministerial Regional sobre Migración este 20 de octubre en Bogotá. Entre las propuestas está el reforzar la aplicación de la ley en las fronteras mediante control de visados, protección de los migrantes más vulnerables como las víctimas de trata y contrabando de personas, mejorar la gestión de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia y haitianos en el marco regional. Así como promover proyectos de infraestructura resistentes al clima que crean empleos en las comunidades expulsoras de migrantes.

El análisis del Colef destaca que el problema de tráfico de drogas no fue una prioridad en la agenda del secretario Blinken en ese encuentro regional. Ramos refirió la pretensión del gobierno de EU para cambiar el enfoque de su política antidroga. “El problema es que históricamente la prioridad de la agenda estadounidense se ha enfocado en la intercepción de drogas, no en la reducción del consumo”, por ello ahora el cambio es importante al hacer énfasis en la salud pública. Con todo, el consumo de drogas en esa sociedad sigue. Destaca el fentanilo en sus distintos derivados sigue en aumento.

El Colegio de la Frontera concluye que más allá de la relación con México, el gobierno de Estados Unidos tiene otras prioridades relacionadas con la coyuntura interna como avanzar en la vacunación contra el Covid-19, o la reactivación económica, mediante la aprobación del programa de infraestructura. Asimismo, avanzar hacia una agenda verde, junto con la negociación comercial y de seguridad con China y la reforma migratoria. Por lo tanto, considera el combate a las drogas, más allá del control fronterizo, no parece ser una prioridad para el gobierno de Biden por la complejidad multidimensional del tráfico y consumo de drogas.

El doctor Ramos concluye que el gran reto de la nueva política del Entendimiento Bicentenario es su viabilidad en un marco en el cual los países centroamericanos tienen prioridades diferentes. Por ello, lamenta, es probable que en el corto y mediano plazo no se reduzca el tráfico de drogas hacia EU ni el consumo de estupefacientes, así como tampoco se podrá controlar el ingreso de armas hacia México ni el crimen organizado.

Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, informó se debatirá sobre los conflictos en Medio Oriente, Siria y Yemen, así como la situación en Irán, Libia, Etiopía y Somalia, “en el caso de Afganistán el punto de mayor preocupación es también la situación humanitaria, pero también otros temas como Derechos Humanos, terrorismo y las sanciones”. El ex rector de UNAM indicó que la crisis migratoria no se dejará de lado y se buscará sea gestionada desde tres perspectivas, las cuales son: los lugares de origen, el tránsito y el destino.

El embajador de México ante la ONU aseguró: “México presentó un plan integral para incluir desde luego los problemas sociales y ambientales de los países de origen, los problemas con los que tiene que lidiar los países de tránsito y los que les corresponden a las naciones de destino. Vemos que esa es la forma más integral de abordarlos y el presidente de México ha mostrado la voluntad de apoyar a los países centroamericanos”.

Detalló se dará prioridad a la agenda de la mujer para resolver temas de equidad de género y atención particular a la situación de las mujeres y niñas en nuestro país, además, reconoció que los temas que se abordarán durante el mes que México presida el consejo, son complicados. “Se ha configurado un gran equipo de mujeres y hombres que están muy comprometidos con el proyecto, que conocen bien sus temas. Sabemos que será un mes difícil, ya anticipamos algunos temas muy complicados, pero el equipo está preparado para afrontar el reto y seguir poniendo el nombre de México en todo lo alto, como lo hemos tratado de hacer desde que asimismo esta honrosa responsabilidad”, subrayó De la Fuente.

De los pasillos

Los asesinatos de periodistas en México “son un verdadero problema de Estado”, la mayor parte de estos crímenes son cometidos por el ejercicio de su profesión e involucran al crimen organizado y a autoridades locales, sostuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual llamó al Estado Mexicano a defender y garantizar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas.

En el “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, la CNDH señaló que la protección y defensa de las y los periodistas son básicas en toda democracia, por lo que autoridades de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo las Fiscalías, deben comprometerse en la investigación y sanción de estos delitos para poner fin a la impunidad.

Ya ni Salinas

Dolia Estévez

En violación del decreto que prohíbe exhibir nombres de funcionarios en edificios federales y de la política del Presidente López Obrador de no usar la obra pública para la promoción personal, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el Embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, develaron una placa que glorifica el nombre del priista estatal en un nuevo recinto en el Instituto Cultural Mexicano (ICM), propiedad del Estado.

En 1983, Miguel de la Madrid decretó que “las obras públicas no deben ser aprovechadas para exaltar el culto a la personalidad de quienes actúan en el servicio público, durante el tiempo de su encargo…”. Con base en ese postulado, emitió un decreto para “suprimir” los nombres del Presidente y de los funcionarios públicos, “en las placas que se fijan con motivo de la inauguración de las obras públicas que realicen la Administración Pública Federal, centralizada o paraestatal el Departamento del Distrito Federal y sus entidades, o los Gobiernos locales, cuando se trate de obras llevadas a cabo con recursos federales (“Acuerdo por el que se dispone se supriman los nombres… Diario Oficial, 05/04/1983).

Hasta la semana pasada, no había ninguna placa con nombres de funcionarios, ni en la sede de la Embajada ni en el Instituto Cultural Mexicano, que infringiera dicho acuerdo. La placa de Murat es la primera.

Ubicada en la pared exterior de un edificio que no hace muchos años era la Sección Consular de la Embajada de México, la placa en el nuevo taller dice: “Laboratorio Matías Romero; Lanzado por el Gobernador del estado libre y soberano de Oaxaca, Alejandro I. Murat Hinojosa”.

Sobra decir que el ICM no pertenece al Gobierno de Oaxaca. Es una obra pública comprada con dinero federal, por tanto, rige el acuerdo de 1983. La responsabilidad de hacer cumplir la normativa no es del Gobernador sino de Moctezuma, quien tiene encomendadas las propiedades diplomáticas del Estado mientras sea Embajador.

Ya ni la arrogancia de Carlos Salinas de Gortari. La placa de la inauguración en 1989 de la Embajada de México, sobre Avenida Pensilvania, no lleva su nombre. Puntualmente dice: “El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos declaró inaugurado este edificio destinado a la Embajada…”.

El Gobernador de Oaxaca, el cuarto estado más pobre de México, pagó por la inauguración del taller en el marco del llamado “Mes de Oaxaca en Estados Unidos”. El mantenimiento correría por cuenta del erario de su estado. La placa con el nombre de Murat, que él mismo mandó hacer en Oaxaca, es un pago a perpetuidad… si no la cambian.

Murat y Moctezuma también develaron un busto de Matías Romero en un salón de juntas en el octavo piso de la Embajada. Murat se dijo “orgulloso” de la “entrega” a la legación mexicana de los símbolos conmemorativos al distinguido diplomático, empresario, autor y estadista oriundo de Oaxaca.

El súbito impulso por reconocer al ilustre mexicano, no deja de llamar la atención, más aún cuando un intento reciente por instalar un pedestal en su honor en la esquina de las calles 14 e I, donde vivió intermitentemente 24 años, no prosperó. El permiso que otorgó el Gobierno del Distrito de Columbia de la Ciudad de Washington, venció el año pasado, me dicen fuentes del municipio.

Moctezuma no es el primer diplomático de la 4T en incumplir el compromiso de AMLO. El año pasado, el Cónsul de San Antonio, Rubén Minutti invitó a Yasmín Esquivel a inaugurar una sala de lactancia que lleva su nombre.

La actuación de Minutti, quien buscaba quedar bien con la Ministra, presuntamente iba a ser objeto de una investigación por parte del Órgano Interno de Control en la SRE, pero se desconoce si el caso procedió o si el cónsul fue sancionado.

Hasta la semana pasada, no había ninguna placa con nombres de funcionarios, ni en la sede de la Embajada ni en el ICM. Foto: Dolia Estévez

La gira del Gobernador es una idea un tanto original de Moctezuma. Tras la desaparición de las oficinas de Pro México bajo el actual Gobierno, las embajadas en el mundo han asumido el papel de promotores de la inversión y de la cultura en los estados. Moctezuma espera traer a más gobernadores el próximo año.

El propósito de la gira de Murat fue desarrollar un programa de promoción económica y cultural en su estado, que dominó la agenda del personal de la Embajada a lo lago de toda la semana pasada. Las actividades iniciaron con la inauguración de dos espectaculares alebrijes en Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan.

En el más rancio estilo priista, Murat y su esposa, blindados por un séquito de más de 30 personas que incluyó a los secretarios de turismo y economía estatales, al director de comunicación (yerno de Moctezuma), a funcionarios diversos, camarógrafos, fotógrafos y a un par de reporteros locales, almorzaron con empresarios, inauguraron salas y el Altar de Muertos, montaron guardia frente al monumento a Juárez y presenciaron bailes y música de artistas e interpretes traídos de Oaxaca.

Murat, quien en todo momento estuvo acompañado de Moctezuma, pagó por todo. Hasta por el papel picado de la decoración en el ICM. No pronunció discurso que no mencionara en términos elogiosos a AMLO.

El hijo de José Murat no es ajeno a la controversia. De acuerdo a una investigación de The New York Times, Alejandro Murat y su familia son dueños de propiedades inmobiliarias de gran valor en Estados Unidos. “Con los años, él (Alejandro Murat) y los miembros de su familia inmediata –empezando por su padre, exgobernador de Oaxaca– han comprado al menos seis propiedades, incluyendo dos condominios cerca de una estación de esquí en Utah, otro en la playa en el sur de Texas y por lo menos una en Manhattan”. Murat lo negó (Mexican Political Family has close ties to ruling party, and homes in the U.S., The New York Times 10/02/2015).

Bastó la aparatosa visita de un polémico político priista para arrojar a las aguas del Potomac el compromiso de AMLO de acabar con el culto a la personalidad que tanto daño hace a México.

Perderle el asco al PRI

Opinion

Darío Celis

Perderle el asco al PRI

Lejos de haber perdido trascendencia, el PRI, que encabeza el campechano Alejandro Moreno, ha recuperado espacios en la política nacional, al convertirse en el objeto del deseo tanto para quienes buscan aprobar la reforma eléctrica como para los sectores que se oponen a ella.

Y es que, además de estar en juego la iniciativa tan defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo más relevante de este póker político es la elección presidencial de 2024.

“Alito” conoce a la perfección los dos escenarios que tiene en sus manos. El primero significaría aliarse con Morena para entregarle los votos suficientes de los 71 que dispone en la Cámara de Diputados para pasar esta controvertida reforma.

La moneda de cambio sería una alianza político-electoral con el hoy partido mayoritario de cara a las elecciones que se avecinan para 2022 en seis estados, en 2023 en dos entidades y la madre de todos los procesos en 2024.

El presidente López Obrador sabe muy bien que los votos del PRI tendrán un costo y éste podría ser la construcción de un frente con el tricolor que le asegure la desarticulación del bloque opositor y un fácil triunfo en todas las elecciones que vienen de aquí a tres años.

El PRI se encontraría en condiciones de aliarse con Morena y de negociar candidatos en 4 de las 6 elecciones de 2022, esto es Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo y Durango, y un abanderado en uno de los dos comicios del 23, léase Estado de México y Coahuila.

Para ello, López Obrador tendría que dar un giro de 180 grados a su discurso y resucitar al tricolor, algo que se antoja difícil, pero no imposible.

El segundo escenario que se le presenta a Alejandro Moreno y a sus principales operadores es la alianza con el PAN, el PRD y la iniciativa privada para rechazar la reforma eléctrica.

Esto implicaría, para los hombres de negocios, dejar atrás la serie de descalificaciones que en un pasado no tan lejano propinaron al PRI por los temas de corrupción en tiempos de Enrique Peña Nieto, doblar las manos y aceptar un trato con el tricolor.

La posición crítica del PRI implicaría relanzar la alianza opositora de cara a todas las elecciones que vienen y vislumbrar una candidatura común en 2024, aunque no con el campechano a la cabeza.

Cual sea el escenario que se presente, ‘Alito’ ha sabido coquetear con uno y con otros. Ha elevado el costo de los votos del PRI en San Lázaro.

La primera señal se verá en la posición que este partido adopte en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía en Diputados, instancia en donde se encuentra actualmente la iniciativa y en donde los votos del PRI, muy seguramente, serán decisivos para dar continuidad al proceso legislativo.

Queda claro que, tanto para el inquilino de Palacio Nacional como para la los hombres del dinero, se trata de dar el paso hacia adelante, de perderle el asco al PRI.

Comisión Bancaria

¿PARA DÓNDE VA la regulación financiera en México? ¿Y qué pretende hacer la 4T con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)? La imposición de Jesús de la Fuente como su nuevo presidente violó todos los preceptos de la ley. De entrada, el nombramiento lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien otra vez dejó en ridículo al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien no pudo colocar a alguien de su entera confianza y le arrebataron la facultad de hacer la designación. Segundo, De la Fuente no cumple con los requisitos mínimos para el puesto: no ha ocupado ninguna posición en el gobierno. Y lo que es peor, se arroga experiencias que tampoco tiene, como el lavado de dinero, donde los verdaderos especialistas no tienen referencias de su trabajo. Hay preocupación en la banca, más allá del desafortunado saludo del presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, de a dónde están enfilando a la CNBV. La primera estocada se la dieron con el nombramiento de Lucía Buenrostro como vicepresidenta de Regulación, orden que como la de De la Fuente, salió de Palacio Nacional sin que ni Ramírez de la O ni el propio Juan Pablo Graf pudieran hacer algo. Para poner a Buenrostro, a quien como exdirectora de Crédito y Garantías le atribuyen el disparo de la cartera vencida del Banco del Bienestar en el último año, quitaron a José Antonio Quesada, considerado como uno de los que más saben del tema regulatorio bancario. ¿A dónde va la CNBV?

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES vence el plazo para que Emilio Lozoya Austin presente las pruebas que dice tener en contra de sus denunciados o, supuestamente, la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, tendrá que ejecutarle los delitos que se le imputan. Difícilmente ocurrirá eso. La defensa del exdirector de Pemex, que se dice es realmente el penalista José Miguel Castillo, discípulo del afamado Alonso Aguilar Zínser, puede solicitar una nueva prórroga, misma que el juez estará en posición de otorgar. Así como en el caso de Rosario Robles no hizo falta que Gertz se sacara un as bajo la manga, solo bastó que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinara que existía un elevado riesgo de fuga para dejarla en prisión, en el expediente Lozoya el juzgador podría dar una nueva extensión para que el exfuncionario presente sus pruebas y aplazar otros tres meses, por lo que también se reprogramaría la audiencia de cierre de investigación en su contra, prevista para el 19 de noviembre próximo. Quien desde ahora está gritando a los cuatro vientos que ya convenció al fiscal especializado en Delitos Federales, Juan Ramos, de que se siga extendiendo el plazo es su padre, Emilio Lozoya Thalmann. Ya veremos.

TAN PRONTO COMO la próxima semana, el ministro Arturo Zaldívar podría estar notificando la vacante del ministro Fernando Franco, quien dejará esa posición el último día de diciembre. Estará puesta la mesa para que Andrés Manuel López Obrador envíe su terna. Más allá de los desencuentros del tabasqueño con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, externada en temas como la despenalización del aborto o la prohibición de la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, la relación sigue siendo muy institucional. Tan es así que el presidente ya confirmó su asistencia en la segunda quincena de diciembre al informe 2021 de Zaldívar. Asistirán representantes de los tres poderes de la unión y el gabinete legal. Después habrá una comida que los ministros ofrecen al jefe del Ejecutivo. López Obrador ha tomado distancia de los ministros, incluso de los tres que él mismo promovió: Margarita Ríos-Farjat, Jasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá. De los otros mejor ni hablamos.

POCO ANTES DE tomar posesión, la nueva gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, estuvo apunto de ir a la cárcel, acusada por su antecesor, el mandatario saliente Javier Corral, de delitos de corrupción. Hoy este polémico político está a punto de ser sentado en el banquillo de los acusados, más allá de que su nombre a nivel federal se mencione para ocupar un lugar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Corral dejó al estado con una deuda de 75 mil millones de pesos, pendientes con proveedores por 14 mil millones de pesos y más de 800 millones en irregularidades detectadas en dependencias de esa entidad. Moraleja: en política, como en finanzas, nunca subestimes a tus adversarios, máxime si juegan en tu misma cancha.

Y YA QUE hablamos de gobernadores, los que también quieren agarrar hueso son los de Baja California, Jaime Bonilla, y el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. El primero dice a todo el que quiere oírlo que va o a la secretaría de Comunicaciones, o la del Trabajo o a Pemex. El segundo no dice nada, pero está operando para entregar a Morena al estado y la ariete es Mara Lezama, la alcalde de Cancún. Si todo sale bien, el hermano de Pedro Joaquín Coldwell podría terminar o en la Secretaría de Turismo o como embajador en Cuba. Pero no pierda la jugada de Movimiento Ciudadano. El partido de Dante Delgado ya ve en Roberto Palazuelos a su gallo. En Cancún, una ciudad joven, Mara no es muy querida, hartazgo que puede catapultar al Diamante Negro.

SORPRESA CAUSÓ EN el sector aéreo el anuncio de Volaris, que dirige Enrique Beltranena, de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir de marzo próximo. ¿Qué incentivos recibió del gobierno federal, además del TUA de 120 pesos, para que se aventurara a afirmar que la estructura de costos del AIFA será “sustancialmente más baja” que la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando ni siquiera están concluidos los estudios de aeronavegabilidad ni las vías de acceso rápidas? En el medio se bromea que en unos meses Volaris mandará un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para informar que su tercer ruta será del AICM al AIFA, por aquello de que a sus clientes no se les vaya el avión.

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