Opinion | - Part 110

Felonías de la 4T: Philip Morris

Alejandro Calvillo

Se han hecho públicas las interferencias de funcionarios y dependencias de la 4T en contra del principio que estableció el presidente de separar el poder político del económico. Más allá de filias y fobias políticas frente a la actual administración, es claro que esta separación entre los poderes políticos y económicos, aunque no sea plena, marca una distancia enorme frente a las administraciones anteriores sometidas a los intereses económicos.

La exhibición de los multimillonarios favores fiscales a las grandes corporaciones, la elaboración de diversas normas oficiales mexicanas que, en muchos casos, están poniendo el interés público por encima del de las corporaciones y la decisión de retirar a grupos de presión de las corporaciones de varias dependencias públicas, muestran un paso importante en establecer una sana distancia con quienes ejercían gran parte del poder político desde el poder económico.

Sin embargo, dentro del gobierno, dependencias y funcionarios siguen actuando públicamente en defensa de los intereses de estas grandes corporaciones, en contra del interés público. Al menos existen dos casos públicos y bien documentados de las felonías dentro de la 4T. Trataremos uno de ellos y en otra ocasión el segundo.

El primero tiene que ver con los vapeadores. Estos productos de los que seguramente ha recibido usted propaganda todos los días a través de las redes sociales, propaganda que ofrece alternativas al humo del tabaco y que esta pagada por la mayor empresa global de tabaco: Philip Morris (PM). En contexto, hay que decir que frente a las políticas contra el consumo de tabaco (impuestos, áreas libres de humo del tabaco, restricción de publicidad y venta, etiquetados) que en muchos casos han logrado estigmatizar el fumar, las tabacaleras ven un gran negocio en los vapeadores.

Hay que recordar que la publicidad de cigarrillos trataba de asociar el fumar con la aventura, el campo, la belleza, la seducción, incluso, con la propia liberación femenina. Con la información sobre los daños del tabaquismo, negada por la industria durante decenios, y con las políticas regulatorias a su venta, etiquetado, promoción y consumo, las perspectivas de crecimiento de las tabacaleras se han alterado. En este contexto, las tabacaleras desarrollan una estrategia multimillonaria para llevar a los consumidores a los vapeadores, sean cigarrillos electrónicos que tienen en su líquido nicotina o productos de tabaco comprimido calentado

La propaganda de PM se centra en presentar los vapeadores como una alternativa para dejar de fumar cigarrillos tradicionales, como una alternativa al humo del tabaco. Es decir, las tabacaleras, detrás de estos productos, se presentan como preocupadas por la salud de los fumadores brindando una opción que publicitan que es más saludable, ocultando sus daños, haciendo entender que su propaganda se dirige a los fumadores, a las personas que son ya adictas a la nicotina.

La evidencia demuestra que ese no es su público objetivo. Lo que está claro es que el objetivo principal de las tabacaleras, que ahora promueven los diversos tipos de vapeadores, son los jóvenes El vapeo ha sido muy atractivo para los estudiantes de secundaria y preparatoria, a lo que ayuda mucho que se trate de un aparato tecnológico, electrónico, en el entorno actual de los jóvenes rodeados de celulares, ipods, etc.

En un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, titulado “Tendencias en el vapeo de los adolescentes 2017-2019”, los investigadores indican que entre esos años se registró que el vapeo presentó el mayor aumento en el consumo de una sustancia en los últimos 44 años, desde que existe el reporte Monitoring the Future. Los investigadores mostraron preocupación por el aumento a la adicción a la nicotina que el vapeo estaba provocando entre los jóvenes. Es decir, la evidencia demuestra que estos productos no son una salida, son una entrada a la adicción a la nicotina que las empresas tabacaleras buscan para tener consumidores de por vida. No importa que con este consumo acorten la esperanza de vida de los jóvenes que logran enganchar.

En este contexto es que en febrero de 2020, promovido por la Subsecretaría de Prevención de la Salud y por el propio secretario de Salud, el presidente decretó la prohibición de la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Sin embargo, vino un segundo decreto promovido por la Secretaría de Economía que modificaba el primer decreto permitiendo la importación y exportación de productos de tabaco calentado. Este segundo decreto estaba dirigido a favorecer directamente a Philip Morris que controlaba ese mercado de productos de tabaco calentado en México. La reacción no se dejo esperar por parte de las organizaciones, expertos e instituciones que trabajan para la salud pública. El propio presidente explicó, abiertamente, que el cambio se había dado por interferencia de la Secretaría de Economía. El presidente reconoció que la autoridad en la materia era la Secretaría de Salud y expidió un tercer decreto que volvía a la prohibición de importar y exportar estos productos, incluyendo los cartuchos.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de un proceso complejo de amparos que fueron por un lado otorgados y negados por diversos jueces, otorgó amparos particulares, no de aplicación general, para la producción y comercialización de cigarros electrónicos.

El asunto obliga a que estas prohibiciones se establezcan directamente en la Ley General del Control del Tabaco, para evitar el caos que surge a través de las múltiples acciones legales de las corporaciones y sus aliados y un poder judicial que puede ir en un sentido u otro.

Un asunto similar ocurrió con el decreto del presidente para el retiro del herbicida glifosato y la prohibición del maíz transgénico. El texto que se envió al jurídico de presidencia para su publicación fue alterado por la interferencia del secretario de Agricultura. Al darse a conocer la versión modificada, se evidenció la felonía para favorecer a las corporaciones de los agroquímicos y los transgénicos, lidereadas por Bayer y Monsanto, que públicamente se habían manifestado contra estas prohibiciones. Ante las denuncias del cambio sustancial al decreto, este fue retirado y se volvió al original que fue publicado en diciembre de 2020.

Los actos de felonía, de traición, a principios que enarbola el presidente como esencia de la 4T, siguen haciendo de las suyas a favor de las corporaciones. Lo más reciente ocurrió en la COP 26 de cambio climático en Glasgow, asunto que será materia de otra colaboración.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En Guerrero se junto el hambre con las ganas de comer. Tenemos un gobierno en quiebra, heredero de un déficit de más de 3 mil millones de pesos que se requieren tan sólo para cerrar el año, así como adeudos por más de 22 mil millones (ISSSTE, ISR y Autopista del Sol), que tendrá que ir pagando en “abonos chiquitos” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Del otro lado, tenemos ayuntamientos también en quiebra, herederos de laudos masivos, adeudos con la CFE, SAT, Conagua y otras instancias, si bien las fue, porque también los hay que llegaron a encontrar obras inconclusas, así como los servicios básicos colapsados, entre estos agua potable, alcantarillado, alumbrado público y seguridad.

Lamentablemente, nadie paga por semejantes horrores administrativos. Sí, horrores, porque no podemos llamarlos “errores”. Aunque se nos dice que soplan vientos de cambio en México y en Guerrero, no es así. Continuamos con los viejos esquemas de proteccionismo a favor de los gobiernos abusivos y mani-rotos, que al cambio de gobierno exhibieron su troglodismo amparados en la pandemia de Covid-19, alegando que gastaron en atender esta emergencia.

Posiblemente hicieron eso en 2020, cuando se pusieron a cerrar carreteras y a cercar pueblos pese a que ni siquiera se tenían casos de la infección por ese coronavirus, pensando en que así lo detendrían.
Pero ¿qué hicieron en esa estrategia? Supuestas revisiones a tontas y locas, cuando todavía ni sabían cómo se propagaba y detectaba la enfermedad.

El caso es que para este 2021, los gobiernos municipales ya no hicieron prácticamente nada, sobre todo en la tercera oleada, que fue también la más agresiva. Pocos fueron los que mantuvieron la estrategia de uso obligatorio del cubrebocas, pero en su mayoría los presidentes y el propio gobierno estatal ya estaban cerrando y estaban más interesados en el “año de Hidalgo”, que en atender a los enfermos.

Nada de esto justifica los adeudos que heredaron, el saqueo en el sector salud (en este momento los hospitales están en cueros, la gente tiene que comprar hasta la anestesia si quieren que operen a sus familiares), el desvío masivo de cuotas del ISSSTE, la suspensión de pagos del Impuesto Sobre la Renta al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Peor cuando se trata de los adeudos ante la CFE, dependencia que por cierto tiene la costumbre de permitir que los presidentes que se van incurran en mora de pagos por meses, pero cuando llegue el nuevo presidente se presentan ya con las pinzas en mano para cortar el suministro, exigiendo los pagos que el otro les quedó a deber.

¿Cuándo van a parar estos abusos? Cuando las deudas de un gobierno dejen de ser “institucionales” y pasen a ser particulares. Quien se comió el platillo, que lo pague.

Por todo lo anterior, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo el martes que no hay recursos para prestarles a los alcaldes para que cierren el año y cumplan con el pago de aguinaldos a los trabajadores.

De su parte, anunció que los trabajadores del estado no deben preocupase por sus sueldos y prestaciones, porque están seguros. Esto a pesar de que el titular de Finanzas dijo que necesitan 3 mil millones de pesos y que no se tiene aún el recurso para el pago de aguinaldos y sueldos por fin de año, por lo que planteó 3 posibilidades, una de ellas que la Federación adelante partidas presupuestales del siguiente año, o bien que favorezca a Guerrero con un rescate financiero. Y finalmente, como tercer alternativa, queda el endeudamiento con la banca privada.

Así de grave está el asunto. Hay alcaldes que están informando que las obras programadas para sus municipios por parte del gobierno estatal, están siendo canceladas por “reasignación” de obras.

Eso se entiende porque el titular de Finanzas habló precisamente de que todo dinero que llega al estado es insuficiente para cumplir los compromisos heredados, porque son demasiados.

Por lo tanto, señores alcaldes, hay cuentas mochas y no hay para prestarles, a menos que las camionetas blindadas se vendan, como anunció la gobernadora, para que de esos recursos extras les puedan apoyar,

De lo contrario, vayan viendo de dónde sacan el dinero para cerrar el año y cumplir con el pago de aguinaldos, sueldos y prestaciones.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*¿Importa lo dicho por AMLO en la ONU?

*Sugirió “coperacha” para frenar la pobreza

*UIF: Se va un profesional y llega un vividor

“La pobreza iguala las diferencias sociales”: Pedro Muñoz Seca.

El profesor de la Universidad de Nueva York y ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, aseguró no le interesa a nadie en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, lo que piense, haga o diga el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en materia de corrupción, porque no es un tema de seguridad y no viene al caso. “Si hubiera querido hablar de la corrupción o desigualdad, el foro era del debate general de la Asamblea de las Naciones Unidas realizado en septiembre pasado”, sentenció el experto.

Por primera vez en su administración, el presidente López Obrador -quien no asistió a la cumbre de líderes del G20 en Roma, ni a la cumbre climática de Glasgow, porque prefirió celebrar en su rancho de Palenque los días de Todos los Santos y Muertos- habló en la reunión presidida por México en el Consejo de Seguridad de la ONU donde aseguró en México se decidió desterrar la corrupción y poner por delante el lema: “primero los pobres”, atendiendo las causas que originan la desigualdad. El mandatario mexicano presentó el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para hacer frente a la pobreza en el mundo.

En su intervención en el salón de sesiones del Consejo de Seguridad, donde no hubo líderes mundiales presentes para escuchar sus dichos, el tabasqueño señaló: el objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios. López Obrador explicó éstos recursos se podrían obtener de un fondo procedente de: la contribución voluntaria anual de 4 por ciento de las fortunas de las mil personas más ricas del planeta; la contribución voluntaria anual de 4 por ciento de las mil corporaciones más importantes; y la contribución del 0.2 por ciento del PIB de cada país integrante del G10. De concretarse ese fondo, se podrían obtener cerca de 1 billón de dólares.

“No creo, lo digo con sinceridad, que algunos de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se opongan a nuestra propuesta, pues ésta no se refiere a armas nucleares, invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún estado, por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan nuestro apoyo. Es necesario que la ONU despierte de su letargo y su rutina, del formalismo, que se reforme y denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más liderazgo”. Y aseguró: “Nunca en la historia de esta organización se ha hecho sustancial para el beneficio de los pobres, pero nunca es tarde”. Lástima, nadie lloró ni se arrepintió de lo comido, bebido, vestido, viajado, disfrutado y mucho menos pensaron en rematar el yate, porque justo el combate a la corrupción mencionado no es una práctica en México, ni del pasado ni en el presente.

Antes, el mandatario mexicano dijo no llegó al debate para hablar de seguridad, como sinónimo militar, sino desde una visión de libertades: “al derecho a una vida libre y sin miserias”. Explicó que, para él, todos los males se enmarcan en la corrupción y la impunidad, especialmente en trasnacionales que ven más el lucro que la igualdad. López Obrador olvidó destacar, como en su momento lo hizo el secretario general de la ONU, António Guterres, que, en situaciones de conflicto, político y social, y donde hay presencia del narcotráfico, se requieren instituciones anticorrupción, sociedad civil y medios independientes, cuyo trabajo es esencial, y que sin apoyo del gobierno, son vulnerables. Y justo es la vulnerabilidad existente en nuestro país con políticas de “abrazos no balazos” y, ante la autorización para liberar a Ovidio Guzmán, o la cancelación de la feria de Metepec en el Estado de México, se ve lo endeble del gobierno y es claro el empoderamiento de las mafias.

En su discurso, el presidente mexicano destacó: “Sería imposible ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones”; “Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la migración y de graves conflictos sociales”; “Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción”; “Mientras las farmacéuticas habían vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo Covax apenas había distribuido el 6%… un rotundo y doloroso fracaso”. Y así resultó la visión del ahorcado hablando de la soga.

En México, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, refutó al presidente López Obrador al asegurar el combate a la corrupción encabezado por Morena es sólo simulación, toda vez que continúa protegiendo a muchos. A través de sus redes sociales, el dirigente panista dijo Morena protege a quienes han sido evidenciados recibiendo dinero o a quienes se benefician de contratos discrecionales. Desde la semana pasada Cortés arremetió contra el partido presidencial al señalar prometieron dar recursos de sus prerrogativas para los damnificados del sismo y no se cumplieron, además reprochó la falta de apoyo a quienes resultaron afectados por las inundaciones en Tula, Hidalgo.

El récord de López Obrador en materia de lucha contra la corrupción es negativo; sus enemigos no se encuentran entre criminales, sino entre políticos que no son de su partido, empresarios que no son cercanos, y la prensa que lo critica, a los que considera como verdaderos criminales. La confrontación es su principal arma política.

Caso Nieto

Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y fue relevado por el ex diputado Pablo Gómez Álvarez. Adán Augusto López, secretario de Gobernación dio posesión al ex perredista a partir del lunes. Nieto presentó su dimisión al presidente de la República tras el escándalo desatado por la boda del funcionario con la consejera electoral Carla Humphrey en Antigua, Guatemala, evento fieramente cuestionado en redes sociales por no cumplir con los principios de austeridad proclamados por la 4T. El primer mandatario abrió la puerta para la especulación al reconocer fue invitado a esta celebración y, por lo tanto, sabía se llevaría a cabo en el extranjero. Si no se tratara de una trampa difícil de ocultar dada la poca entendedera padecida por los cercanos al tabasqueño, el invitado de honor hubiere reconvenido al ex funcionario con el fin de evitar escándalos. La confianza depositada en el queretano en ningún momento estuvo en entredicho al convertirlo en su brazo armado, al darle instrucciones muy directas sobre los casos en los cuales el congelamiento de cuentas significaba un primer paso.

López Obrador señaló sobre la ostentosa boda del titular de la UIF: “es un asunto escandaloso aun cuando se trata de un acto privado, los asuntos públicos en México cada vez son más políticos”. Uno de los puntos coyunturales de la renuncia del funcionario es porque las autoridades del país centroamericano decomisaron 35 mil dólares no fueron declarados por un grupo de invitados, entre ellos el director del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz; la ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, y el productor teatral beneficiado con el contrato para realizar el pasado desfile conmemorativo del Día de Muertos en la capital de la República, Alejandro Gou Boy, quienes viajaron a bordo de una aeronave privada.

¿Quién se niega a viajar en grupo en un avión privado financiado por un particular? Esos arranques de venganza siguen apareciendo en el primer mandatario. Ealy Ortíz no pertenece al gobierno, es un editor exitoso y con una fortuna personal muy considerable, por lo tanto la renta de una aeronave no le significa un desembolso, no viajar solo y aprovechar para llevarse a otros invitados tampoco es un renglón a cuestionarse. Sin embargo no resistió el ponente del templete mañanero señalar a Ortíz como enemigo de la 4T, por lo tanto la invitación tanto a las boda como al aventón de otros asistentes resultó imperdonable. Después de difundirse la versión de que Paola Félix era quien llevaba 25 mil dólares sin comprobar, la secretaria de Turismo puso a disposición de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, su renuncia y ella la aceptó. El error de la funcionaria, dijo Sheinbaum, fue viajar en un avión privado y rechazó la afirmación sobre la posesión del dinero dentro del avión, “Aquí nadie puede subirse a aviones privados. Si el presidente de la República, viaja en aviones comerciales y decidió que ya no existiera el avión presidencial para beneficio propio, pues así debemos actuar todos los que somos parte de esta transformación de la vida pública de México”.

De acuerdo con la versión del diario El Universal, en la columna Bajo Reserva, el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración viajó en un avión privado, rentado, para asistir a un evento social, junto con integrantes de su familia, una asistente y un grupo de amistades. “Su asistente portaba dólares en efectivo, de origen legal y fiscalmente justificado, que serían utilizados en una segunda escala del viaje, en Estados Unidos, a fin de cubrir gastos personales ligados a procedimientos médicos a los que el licenciado Ealy Ortiz se somete de forma regular”. Aseguró ese dinero fue reportado por la asistente ante funcionarios fiscales en el Aeropuerto de Toluca, quienes le pidieron firmar un segundo formato, de colaboración con Guatemala y que las autoridades le dijeron ellos informarían, y los comprobantes fueron enviados a la empresa guatemalteca donde se alojaría el avión rentado a su llegada.

Todo este asunto permite ver como van ganando terreno los radicales, como están eliminando a quienes prefieren la conciliación y el diálogo. Tan clara está la trampa tendida a Nieto que ni siquiera repararon en las declaraciones de las autoridades guatemaltecas en donde señalan fueron advertidos para checar a fondo la aeronave procedente de México con el número exacto de pasajeros. Hubo “mano negra” y pronto veremos irse a otro par de funcionarios acusados de “salir volando”, o de casarse, o de no ser 90 por ciento leales, pero por corrupción o por vender respiradores con precios alterados. o por cambiar las piedras preciosas o acordar con anticipación las subastas del instituto para robarle al pueblo lo robado, o por no rendir cuentas sobre los presupuestos entregados, o por realizar contrataciones directas, para esos… nada de nada.

De los pasillos

Tan buena impresión tiene Ricardo Monreal de Santiago Nieto y de su trabajo que no descartó que el Senado pudiera emplearlo como asesor pues sabe bien que el ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es un hombre con gran experiencia y capacidad. Con la elegancia política que lo caracteriza Monreal calificó como un acto de congruencia la renuncia de Santiago y destacó el funcionario siempre fue un hombre eficaz en su trabajo y leal a México. Fiel a su costumbre de no alegrarse de los malos momentos de otras personas, el presidente de la Junta de Coordinación Política lamentó existan quienes pongan en duda la actuación de Nieto Castillo y ahora lo tachen de traidor.

“No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago del árbol caído leña, o leña del árbol caído, no, porque lo que era hace dos días un servidor ejemplar, ahora es un traidor y no me sumo a ese coro. Su renuncia pareciera ser un acto de congruencia y lamento mucho, porque para mí fue buen servidor público”. Ricardo Monreal reveló que él fue invitado a la boda, pero no pudo asistir porque tenía agenda legislativa y consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue congruente cuando aseguró que la boda entre el titular de la UIF, Santiago Nieto y la consejera del INE, Carla Humphrey, fue un asunto escandaloso porque revive la ostentación y el derroche del periodo neoliberal.

EU mató la Reforma Eléctrica

Martín Moreno

La Reforma Eléctrica del binomio Bartlett-López Obrador, no está aplazada. No. Está muerta.

La mató Estados Unidos.

La mató la soberbia estúpida de Manuel Bartlett.

Así, la regresiva, cara y contaminante Reforma Eléctrica obradorista, se fue a la congeladora. Pasó a mejor vida. Se murió.

*****

El embajador de EU en México, Ken Salazar, visitó el miércoles 3 de noviembre Palacio Nacional. El diplomático extranjero más poderoso en nuestro país no se reúne con subalternos. Sabemos que habló directamente con el presidente de la República para mostrar las cartas enviadas desde Washington y que poco después subiría Salazar a su cuenta de TW: las “serias preocupaciones” que la administración Biden tenía respecto a la propuesta de Reforma Eléctrica enviada al Congreso mexicano. Bajo la sutil persuasión de la diplomacia, el mensaje entre líneas presentado a López Obrador era uno y firme: no queremos esa reforma. Dañará nuestras relaciones bilaterales.

Cuando salió de esa reunión en Palacio Nacional, Salazar sabía que la polémica Reforma Eléctrica – emblema de la ideología setentera y trasnochada de la pareja AMLO- Bartlett y punta de lanza del régimen para retornar al monopolio eléctrico más por razones ideológicas que tecnológicas-, estaba muerta. Un embajador norteamericano está para defender los intereses de su país y no para obedecer a otros presidentes.

¿A cuáles intereses nos referimos?

La tumba de la Reforma Eléctrica bartlettiana-obradorista se comenzó a cavar horas antes en Washington, entre los pasillos del Congreso estadounidense, cuando alrededor de 40 republicanos enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken, a la secretaria de Comercio, Gina M. Raimondo, y a la secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm, en la cual expresaban su “profunda preocupación” ante la intención del gobierno de AMLO por excluir a las empresas privadas del sector energético mexicano, lo cual violaba de manera abierta el T-MEC (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá), así como compromisos internacionales. Era una locura lo que López Obrador pretendía hacer con la energía en México.

“Los informes recientes de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses, requieren una respuesta oportuna y clara. Nosotros los instamos a que redoblen sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y proporcionen a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México en igualdad de condiciones”, advierte la durísima carta de los congresistas republicanos. “El gobierno mexicano pretende dar a Pemex y a la CFE un trato preferencial, en una clara contradicción con el T-MEC”, apunta la misiva que también fue entregada por el embajador Salazar al gobierno mexicano.

López Obrador acordó entonces con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, frenar la Reforma Eléctrica. Y así se le ordenó a los diputados de Morena.

Esa misma tarde de miércoles, los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados: el Partido Verde y el del Trabajo – tras recibir la comunicación directa de Palacio Nacional- informaron “diferir” la Reforma Eléctrica para dentro de medio año: el 15 de abril de 2022, con el pretexto de darle prioridad a la consulta sobre ratificación de mandato de AMLO.

La Reforma Eléctrica fue apagada por EU. Por los congresistas. Por el gobierno Biden. El embajador Salazar fue el vaso comunicante para advertirle al presidente de México que no la querían. Y por eso la enterraron.

Dentro de este episodio diplomático- energético, emerge un punto clave: la soberbia estúpida del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien a mediados de octubre pasado declaró lo que en Estados Unidos se consideró una amenaza directa hacia las empresas norteamericanas, una bravata surgida de la tradicional altanería de Bartlett, un error garrafal que encendió las alertas máximas en Washington y entre el empresariado mexicano:

“La CFE no indemnizará a las empresas con las que tiene contratos de suministro de energía, una vez que entre en vigor la reforma eléctrica y éstos sean cancelados”.

Aún más: dentro de su soberbia, Bartlett aseguró que la Reforma Eléctrica “va como está”, y hasta amenazó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE): “No les conviene entrar en disputa (con el gobierno)”.

Pero la soberbia enceguece, y a Bartlett se le olvidó algo fundamental: en Estados Unidos no lo quieren porque no olvidan su evidente complacencia en el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, cuando Bartlett era secretario de Gobernación. Vamos, ni siquiera puede visitar EU porque sería aprehendido. De ahí que en su descabellado afán amenazador, Bartlett perdiera de vista ese pequeño detalle y le diera un tiro mortal a la reforma soñada por él y por su amigo el Presidente.

Bartlett olvida…pero Estados Unidos no olvida.

*****

Más allá de que AMLO y Morena no reúnen los votos suficientes para reformar la Constitución y lograr la Reforma Eléctrica. Más allá que el PRI prácticamente, en mayoría, les dio la espalda con esta reforma. Más allá que algunos aliados verdes ya la rechazaron. Más allá de todo esto, a AMLO, Bartlett y la 4T, se les olvidó algo clave: Estados Unidos.

Y EU rechaza la Reforma Eléctrica.

EU no la quiere.

EU la mató.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Lo que está en boca de todos, este martes, es la estrepitosa caída de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante cuya presencia temblaban los ricos de la tierra, valga la exageración, amable lector, que no lo es tanto. Realmente el zar anticorrución de la Cuarta Transformación es un cerebrito en su área y difícilmente el lugar que dejó vacío, será llenado. Difícilmente.

Y por donde se le vea, éste es un hecho lamentable. No es que se vaya un político y venga otro. En los tecnicismos del poder eso no funciona. Y de que se va a notar su ausencia, claro que se va a notar.

Hay muy poca gente formada en estas áreas. Si las hay, están generalmente en la empresa, que es donde se pagan buenos sueldos, no en el gobierno.

Antenoche, el titular de Gobernación anunció el nombramiento del ex legislador Pablo Gómez como titular de la UIG, organismo que ni siquiera sabíamos que existía, hasta que Santiago Nieto le dio vida y lo sacó del anonimato, imprimiéndole un sello único por su manera de seguir la pista a los capitales públicos y privados, incluso los de la delincuencia organizada, en donde entran los carteles de drogas, los pederastas, los tratantes de blancas, etcétera.

Santiago Nieto nos demostró que el régimen todo lo sabe, que para un gobierno nada es extraño, que nada de lo que se mueve en este país puede suceder sin la venia, la complacencia o complicidad del presidente en turno.

Lo demostró y puso esta agenda en primerísimo lugar….hasta que….sí hasta que se enamoró de una mujer que, de acuerdo con la sabiduría bíblica, es un yugo desigual para él. Bueno, es un decir, porque Santiago Nieto no proviene propiamente de la derecha, pero tampoco de la izquierda. Más bien está emparentado con un grupo de avanzada, hombres y mujeres más formados como técnicos que como políticos, pero que finalmente trabajan para estros grupos y son parte de.

Santiago Nieto no sólo trabajaba en el gobierno lópezobradorista, sino que se había convertido en un ícono de la lucha anticorrupción del régimen morenista, en un apóstol, y era una figura tan prominente que hasta se le mencionaba entre los posible sucesores del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Y es que no sólo conoce la parte técnica de las finanzas públicas y privadas, sino también las leyes que nos rigen y sus alcances en cada área. Por eso Santiago Nieto era tan certero y no se equivocaba, sabía distinguir entre lo público y lo privado, entre lo legal y lo ilegal, entre el delito y lo que se quedaba en lo políticamente incorrecto.

Y, lamentablemente, así sucedió con su boda. El momento que debe ser el más importante en la vida de un hombre se convirtió para él en una pesadilla. Su luna de miel, de hecho, apenas comenzaba cuando le llegó la noticia de su renuncia.

La caída sucedió en medio del escándalo por una boda que se celebró no sólo en el extranjero, sino que además juntó a tirios y troyanos en un mismo lugar, amigos y enemigos, morenos y güeros, donde además surgió el escandalillo de 35 mil dólares que detectó el gobierno guatemalteco y que eran propiedad del dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, cuya esposa iba a la boda del año como invitada, y quienes viajaban con otros invitados en un avión privado. El dinero les fue incautado, por cierto, así que si se trató de una trampa o de un acto de lavado de dinero, se quedaron como el perro de las dos tortas.

Ahora mal, que un hombre de poder se case donde quiera y como quiera, no es ilegal, pero tampoco es políticamente correcto. Cada persona debe ajustarse a su realidad y, sobre todo, entender un viejo adagio entre la clase política: La esposa del rey debe parecerlo. Es decir, que la esposa del rey debe parecer reina, aunque no lo sea.

En este caso, el zar anticorrupción, debe parecerlo también.

Lo que nos dejó esta boda fue un mal sabor de boca. Muchos lamentamos la caída de Santiago Nieto. Y más lamentamos que haya caído por el lado del corazón, no de la razón. No había otra manera de tumbarlo, más que del lado que los hombres y mujeres muy poco sabemos manejar.

¿O acaso no dicen que jala más una mujer que una yunta de bueyes?

¿Qué diría Santiago Nieto, por ejemplo, de la lista de invitados de su mujer, Karla Humphrey, consejera electoral, ex mujer de Roberto Gil Zuarth, quien fue nada más y nada menso que secretario particular del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa? ¿Acaso balbuceó: está bien mi amor, lo que tú digas? ¿No se dio cuenta Santiago Nieto de la dicotomía de meter en un mismos costal a los amigos y enemigos del régimen lópezobradorista? Lo peor, que el propio AMLO estuvo invitado a esa boda. ¿Lo imaginamos compartiendo el pan y la sal con la Vázquez Mota, una de las detractoras más recalcitrantes de su gobierno?

Es así que cae un soldado anticorrupción. De los pocos que hay. Llega Pablo Gómez, un ícono de la lucha de izquierda en el país, economista de profesión, ex preso político en Lecumberri, pero quien se ha formado más en el área partidista y legislativa.

No falta el que se va ni sobra el que se queda, decía mi padre. Pero hay ausencias que triunfan, dice la canción. Hay ausencias que sí se notan. Y una de esas es la de Santiago Nieto, un hombre con luz propia que no dependía de AMLO ni de andar de zalamero con él. Al contrario, su brillo hacía relucir a la 4T. Era un hombre que aportaba, no quitaba. Discreto, no vaca sagrada de la política. Uno hombre que supo hacerse imprescindible, que por sí mismo era noticia.

Pero al que la carroza se le convirtió en calabaza justo cuando estaba rehaciendo su vida.

Esto amerita una reflexión acerca de las mujeres “empoderadas”, por cierto. Se las debo debo para mañana.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

* AMLO en la ONU: corrupción y neoliberalismo

*Inseguridad, ola de violencia, asignaturas pendientes

*Ricardo Anaya, y el show del combate a la corrupción

“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”: Horacio.

Este martes, en su segundo viaje al extranjero, el presidente López Obrador asistió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en donde habló sobre la desigualdad producida por el neoliberalismo, particularmente en Latinoamérica. Los especialistas esperaban se enfocará en la “gran corrupción” que implica el abuso de poder de jefes de Estado y altos funcionarios públicos quienes manejan fuertes cantidades de dinero para llevar a sus arcas personales, como comprueba el caso Pandora Papers. Y obviamente que haría una defensa de su gestión en el tema de la corrupción y una justificación del por qué no se ha logrado avanzar en la materia.

En realidad se puso en evidencia, pues el “combate a la corrupción” de su administración deja mucho que desear, toda vez que los casos judicializados sirvieron para tender una cortina de humo sobre los temas fundamentales de México: la imparable ola de violencia e inseguridad, la cual ha dejado más de 103 mil víctimas a la fecha; la crisis económica resentida por los mexicanos por lo que se vislumbra todo un sexenio perdido en este terreno; y la terrible mortandad por los efectos del mal manejo de la pandemia por Covid-19 en el país, llegando a registrar hasta la fecha más de 700 mil muertes, aunque las autoridades de salud sólo reconozcan menos de la mitad.

La campaña permanente del “combate a la corrupción” le ha redituado a López Obrador en el terreno político-electoral y para mantener sus niveles de popularidad. Sin embargo, los resultados son pobres: de los altos funcionarios del sexenio pasado, sólo dos: Rosario Robles –una ex aliada “traidora”- y Emilio Lozoya –un delator que no pudo aportar pruebas de sus dichos- están tras las rejas, el resto goza de total impunidad, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda y ex canciller, Luis Videgaray. Sin embargo, los reportes y sus comunicados de la autodenominada cuarta transformación (4T) dan cuenta de grandes éxitos en la lucha anticorrupción con datos difícilmente comprobables.

Las sanciones económicas contra funcionarios para recuperar desfalcos y las denuncias penales por corrupción al interior del gobierno federal se dispararon en niveles históricos en lo que va de la actual administración; en comparación con sexenios anteriores, reportó este lunes el régimen de la 4T: en dos años y medio, entre 2019 y el primer semestre de 2021, la Secretaría de la Función Pública aplicó sanciones monetarias a servidores y ex servidores públicos federales por más de 2 mil 800 millones de pesos, una cifra superior a los 56.9 millones de pesos de sanciones de este tipo aplicadas durante los 19 años previos, entre 2000 y 2018. Si así fué el desempeño de Irma Eréndira Saldoval ¿por qué el despido? ¿era necesario cambiarla solamente por tener una riqueza inexplicable?

En cuanto a los casos judicializados, en dos años y medio, la SFP presentó 750 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 341 funcionarios y ex funcionarios, la mayoría acusados de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. En el sexenio de Peña Nieto, las denuncias penales presentadas por la SFP ante el Ministerio Público apenas sumaron 38. Contra licitantes, proveedores y contratistas, las multas en este sexenio también han sido superiores: en 2019 sumaron mil 450 millones 378 mil 290 pesos, un monto que en 20 años no se había registrado. A la fecha, las sanciones contra empresas impuestas por la SFP este sexenio suman mil 628 millones 752 mil 405 pesos. Puros éxitos reportados, ninguno fielmente comprobado, ni siquiera en sus ingresos en Hacienda o ¿en dónde están todos los millones de pesos reportados y cuál ha sido el rumbo de las carpetas de investigación? ¿Por qué no hay por lo menos el 10 por ciento de los acusados en la cárcel?

Pero, con esas cuentas alegres se pretende desviar la atención sobre cuestiones fundamentales como la pacificación del país y el freno a la ola de violencia las cuales no han merecido encontrarse en la jerarquización para conformar estrategias de solución o, tal vez, se han descuidado con la política de “abrazos, no balazos” con la que el presidente López Obrador ha apapachado a las organizaciones criminales, en especial al Cártel de Sinaloa. El resultado es el récord de las ejecuciones, las cuales van creciendo mes tras mes y la comercialización y tráfico de estupefacientes sigue en aumento. Además, los organismos internacionales dan cuenta de las fallas de esta administración en la materia. De acuerdo con el Índice Global de Política sobre Drogas, creado por el Consorcio para la Reducción de Daños Internacional, donde se agrupan 190 organizaciones civiles especializadas en derechos humanos, la política antidrogas de México está lejos de apegarse a las recomendaciones de la ONU en esa materia.

En dicho índice internacional, divulgado el lunes, México obtuvo 35 puntos sobre 100, y sólo está por arriba de cuatro países: Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil, por lo cual se coloca en la posición 26 de entre 30 países evaluados, los cuales, en su mayoría, no cumplen con las recomendaciones básicas propuestas por la ONU, y ninguno alcanza el puntaje de 100. La puntuación más alta la obtuvo Noruega, con 74 puntos, y Brasil la más baja, con 26. El análisis estableció una puntuación de 0 a 100 para cada país, según criterios como la existencia o no de la pena de muerte, la despenalización y el financiamiento de las políticas de reducción de daños.

De acuerdo a esa herramienta de evaluación internacional, la cual marca 75 indicadores, en México prevalece el enfoque militarizado y represivo en las políticas sobre drogas, y el impacto desproporcionado del control de los estupefacientes sobre las personas marginadas en función del género, etnicidad y situación socioeconómica. Además, indica, la aplicación de la ley en esta materia se centra en los delitos no violentos, especialmente por parte de las personas usuarias de drogas; hay un déficit de financiamiento para la reducción de daños; existe una enorme brecha entre las políticas gubernamentales y su aplicación para garantizar el acceso a los medicamentos bajo fiscalización, y los programas de desarrollo alternativo en zona de cultivo ilegal siguen atrincherados en la prohibición y la erradicación.

Los especialistas no esperan avances en esta materia en el resto del sexenio de López Obrador. Luego del resultado de las elecciones del 6 de junio, el triunfo de Morena en 11 de las 15 gubernaturas en disputa tiene un impacto en geo-criminalidad, con un reacomodo de las distintas organizaciones criminales en 10 de los 11 estados ganados por el partido de AMLO. En Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, el gobierno de López Obrador pretende consolidar su plan de “pacificación” con acuerdos con los cárteles de la droga, al igual que lo hicieron sus antecesores del PRI y del PAN, bajo la pretensión de lograr disminuyan los homicidios dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno federal y los nuevos locales se hagan de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de estupefacientes.

En los hechos se trata de implementar la paz mafiosa, operada en su momento por los regímenes del PAN y del PRI, cuya columna vertebral fue “dejar hacer, dejar pasar”, a cambio de cuantiosos sobornos. Se trata de una negociación Estado-mafia, Estado-carteles de la droga, cuyas guerras y las redes de corrupción creadas en distintos niveles de gobierno han causado masacres infames y éxodo de miles de mexicanos al obligarlos a abandonar sus comunidades, más de 800 mil desaparecidos, y cerca de 300 mil ejecutados en los últimos tres sexenios. En esta administración van más de 103 mil ejecutados. Es la concreción del ofrecimiento de López Obrador: “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”, dijo el inquilino de Palacio Nacional en febrero de 2019.

Destaca el agradecimiento público de López Obrador al comportamiento del crimen organizado en la jornada electoral. “Se portaron muy bien”, resaltó. Y, con esos datos se presentó en un foro en el cual Juan Ramón de la Fuente ha hecho esfuerzos sin límite para captar la atención internacional sobre nuestro país, esperando se tengan resultados favorables.

Caso Anaya

Ya con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en la cárcel, el show de la 4T del combate a la corrupción no puede parar y los reflectores apuntan al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien ya está apuntado para volver a participar en el proceso presidencial próximo. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó la audiencia de Anaya se pospuso hasta el 31 de enero del próximo año a las 9 de la mañana al no alcanzar a imponer la totalidad de las constancias. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) pediría prisión preventiva contra Anaya por su presunta responsabilidad de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lo hizo la semana pasada en la audiencia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La primera ocasión en que se difirió la audiencia fue en agosto, luego de que la defensa de Anaya alegó no tuvo acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada.

López Obrador pidió a su ex contrincante Ricardo Anaya dar la cara y responder ante las acusaciones sobre la presunta recepción de sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario opinó que el panista, quien se perfila de nueva cuenta como un rival en la siguiente elección presidencial, debe regresar al país para aclarar su situación, además de recomendar a la FGR presentar pruebas porque, no se trata de fabricar delitos.

De los pasillos

Tras reportarse en las primeras horas largas filas de autos y hasta de personas que dejaron sin reservaciones a los hoteles, en los municipios fronterizos, los cruces hacia Estados Unidos reportaron una baja afluencia este lunes. “Aquí se ve el reflejo de la buena voluntad de la sociedad, que de alguna forma entendió que los cruces sólo eran los necesarios”, señaló en entrevista el director de Obras e Infraestructura Urbana de Tijuana, Javier Delgado Garibay…

El autogobierno funciona y muy bien en las cárceles mexicanas. Juan Collado está en la zona VIP del Reclusorio Norte y ahí tiene como vecino al campechano José Luis Lavalle. Ninguno de los dos ha manifestado el deseo de convertirse en soplón y por lo tanto rechazan, y así lo acordaron con el director de reclusorio, se ingrese en esa misma área en donde los privilegios sobran un sujeto con las características del ex director de Pemex, quien además de sapo es mitómano.

La democracia a modo

Alejandro Páez Varela

En los últimos meses, conforme crece la presión sobre Lorenzo Córdova, se ha organizado un movimiento para vincular la crisis de su presidente consejero con el Instituto Nacional Electoral. “Yo defiendo al INE”, dicen, como si el INE fuera Córdova o como si los errores del funcionario electoral fueran atribuibles al propio Instituto y sus destinos estuvieran inevitablemente unidos. Nada más lejano de la realidad. Y nada que no se haya visto antes.

Carlos Salinas de Gortari hizo todo para vincular los pasos apresurados del país hacia el liberalismo económico con la lucha democrática y los avances en materia política, forzados desde la izquierda. Y desde entonces se ha querido hacer ver que el neoliberalismo y la normalidad democrática van de la mano, nacieron juntas, y que así como se crearon instituciones independientes para regular y administrar los esfuerzos electorales, así se forjaron las reformas estructurales. Ambos esfuerzos habrán nacido por los mismos años pero no necesariamente tuvieron el mismo motor.

Como sabemos, las crisis económicas recurrentes de las décadas 1970 y 1980 condujeron a la implementación de políticas públicas neoliberales. Los organismos internacionales, que atraparon a México con la deuda, impusieron un modelo y obligaron el adelgazamiento del Estado, las privatizaciones masivas y las políticas restrictivas que se tradujeron en una sola cosa: apretar el cinturón de los ciudadanos. Los gobiernos de Salinas hasta el de Enrique Peña Nieto abatieron los movimientos sociales mientras que abrazaban al nuevo poder emergente: el capital. Así, a los llamados “pactos” para acomodar al país al liberalismo económico acudieron los empresarios como invitados especiales y los líderes corruptos de los sindicatos en calidad de sometidos. Los salarios de los obreros se hundieron y al mismo tiempo nació una casta de nuevos ricos creados básicamente con las concesiones que les entregó un Estado corruptor.

Casi al mismo tiempo, al interior del régimen se estaba dando una ruptura. En 1987 nacía la Corriente Democrática en el Partido Revolucionario Institucional, y Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y otros como Rodolfo González Guevara empezaron una lucha por la democratización del país que los llevó a dejar el PRI y a lanzar, en 1988, una candidatura presidencial independiente con el Frente Democrático Nacional.

Ese 1988, el Gobierno cometió un fraude electoral y Carlos Salinas, su beneficiario, tuvo que convencerse que debía abrir caminos a la oposición si es que quería mantener la gobernabilidad. Pero también entendió que debía administrar la transición política. De esa manera es que emprendió dos caminos: uno, empezar la fusión del PRI con el PAN y, dos, crear una institución electoral independiente con el fin de simular elecciones limpias en la letra aunque en la práctica el mismo régimen siguiera administrando quien ganaba y quien perdía. Para Cárdenas y sus seguidores, Salinas tuvo palos; muchos murieron en esa lucha. Para los panistas, los intelectuales, los medios, los periodistas y los empresarios, las concesiones del poder.

Y luego, Salinas dio un paso inteligente: vincular la “modernización” entre comillas del país con la apertura democrática; aparentar que la creación de los órganos electorales independientes era suficiente para garantizar elecciones limpias, primero, y luego hacer creer que el impulso democratizador venía del Estado y era parte de las reformas estructurales que él mismo había impulsado. Con la ayuda de los intelectuales y los medios se impulsó una falsa narrativa del “Presidente modernizador”, que llevaba al país hacia el crecimiento económico y el bienestar y, a la vez, impulsaba el andamiaje para una sociedad democrática. Nada más lejano de la realidad.

Años más adelante, en 2006, ese falso discurso hizo crisis. El Instituto Federal Electoral, los intelectuales, los medios y los periodistas más escuchados sirvieron de tapadera al fraude cometido por los oligarcas y sus marionetas en el PAN. Impusieron a Felipe Calderón Hinojosa e hicieron todo para –como con Cárdenas– imponer la idea de que esa lucha, la de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, era la de los “malos perdedores, arbitrarios y antidemocráticos”. Y si Francisco Barrio y Luis H. Álvarez habían tomado los puentes internacionales en la década de los 1980 y eso estaba bien, era “democrático”, la toma de Paseo de la Reforma fue la arbitrariedad. Y entonces los medios y los intelectuales hicieron su trabajo: hablar día y noche del bloqueo de esa arteria y convencer a la gente de que era obra de un obstinado comunista alborotador.

Como Salinas, en 2006 también fijaron la idea de que la izquierda es antidemocrática, se queja porque no sabe perder y quiere acabar con las instituciones; que los “modernizadores” son ellos, que el retroceso son los otros, y que el impulso democrático que se generó entonces es antidemocrático de origen y busca acabar con los “avances”.

Ahora, el movimiento “Yo defiendo al INE” tiene la misma inspiración del pasado. Los cuestionamientos a Lorenzo Córdova, dicen, son a la institución porque la izquierda odia las instituciones y quiere el control total. Córdova es la democracia y presionarlo es presionar a la democracia misma. Nada más lejano de la realidad.

Pero Lorenzo Córdova, como vimos en su comparecencia el viernes pasado en la Cámara de Diputados, ha caído en su propio juego. Se convirtió en un activo de la oposición y se presta a su discurso porque le conviene. Acepta el alegato de que la institución es él, y se abraza de PAN y PRI para defenderse aunque eso signifique renunciar a la neutralidad que supone su encargo. Es decir, renuncia a conservar la institución por encima de él mismo. Y lo que vemos es la corrupción del cargo acompañada con la propia. Nada que no se haya visto antes.

México vive momentos intensos en materia política. La oposición va de tumbo en tumbo; como –lo lamento por la institución–, el mismo Lorenzo Córdova. Ni él ni el bloque opositor han aprendido que no aplican las viejas fórmulas; no aplica apropiarse de las instituciones y creer que ellos son la sociedad. Deberían aprender a leer con más atención hacia dónde está caminando México; deberían reconocer que la gente está más interesada que nunca en la política y que no es fácil manipularla. Córdova no es el INE. Y el solo hecho de tener que escribirlo y decirlo así (“Córdova no es el INE”) me dice qué tan anquilosados están, y qué tan lejanos de la realidad se han quedado.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Morena comenzó desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, su camino hacia su verdadera consolidación como partido, con todo y los riesgos que ello implica, pasando, desde luego, por la creación de grupos de poder de todos tamaños, tanto de dentro como de fuera, propios e impropios, amigos y enemigos, porque al final de cuentas Morena se fundó así, de la sangría de otros partidos ya existentes, sobre todo del PRD, pero sin limitarse a ello, sino que también vemos ex priístas, ex panistas y ex todo dentro de lo que comenzó como un movimiento nacional para la regeneración de la vida pública del país.

De no ser por la figura del presidente de la República, Morena fuera hoy un batidillo de intereses creados, porque como reconoció la secretaria general del partido, Citlalli Hernández Mora: “Hay quienes se suman a Morena con un oportunismo político, porque derivado del éxito del partido muchos quieren ser candidatos no para servir, sino para ganar espacios o tener poder”.

Pero eso no es nada nuevo bajo el sol. Recuerdo que en el año 2000, tras el triunfo de Vicente Fox Quesada, todos se sentían panistas, miembros de la clase empresarial de país, con tal de que hasta a los campesinos les vendieron el cuento de que serían “empresarios del campo”. Y si bien en ese periodo hubo muchos apoyos a la agroindustria, fue para los amigos y compadres, y a uno que otro afortunado que logró apoyos para fierros e instalaciones que le ayudaron a darle valor agregado a su producción, pero no hubo recursos precisamente para incentivar la producción.

Al campesino pobre, lo que se le reconoció fue solamente el Procampo, y párale de contar.

Pero la realidad es que hasta los campesinos votaron por Fox, dejando al PRD -que en ese tiempo nominó por tercera ocasión a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano- como novia de rancho, vestido y alborotado.

Se hablaba entonces del “voto útil”, y la meta que se propusieron los panistas era “quitarle el poder al PRI”, cuando la realidad que imperaba era que no eran distintos, sino iguales y parte de un mismo proyecto de nación, que para entonces ya estaba muy avanzado pues venía desde Carlos Salinas de Gortari, y que implicaba poner al gobierno de rodillas frente a los empresarios, privilegiando a los monopolios, la banca usurera que primero fue nacional luego extranjera, pasando por la mezcla de recursos para obras públicas con la iniciativa privada, poniendo dinero del pueblo para obras que se manejarían como si fuesen privadas. El más vivo ejemplo son los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), como el de Puente Grande y Almoloya, que ahora sabemos los renta el gobierno federal como si fueran cuartos de hotel para los presos, y con base en onerosos contratos.

Así fue como México enteró cayó en un grave engaño en el año 2000, creyendo que con la visión “panucha” nos iría mejor, pues nos pintaban una nación idílica.

Lo que resultó fue lo peor que nos haya sucedido, y la pesadilla aún no concluye.

Desafortunadamente, la Cuarta Transformación que prometió Andrés Manuel López Obrador camina lento, o no camina, y se ha convertido en una trampa en la que han caído hasta sus más leales soldados, pues el lema de “no robar, no mentir y no traicionar” les quedó grande.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Quintana Roo, paraíso perdido

*Larga historia de gobiernos fallidos

*Alertas ante las alertas de Alemania

*Despiden a la titular de turismo de la CDMX

“No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”: anónimo popular.

Durante los más de 50 años de existencia de Cancún como polo de desarrollo turístico, como modelo de los proyectos de gran turismo del gobierno federal durante varios sexenios, nunca había caído en un pozo tan profundo como el que ahora lo amenaza. Nadie puede poner en duda se llegó a la situación actual como producto de los errores cometidos por los ocho gobernadores y 16 presidentes municipales llevados al poder a través de más de dos procesos amañados en los cuales surgieron, además, curuleros cuyos yerros, ambiciones e ignorancia han resultado altamente dañinos, exceptuado en este último grupo a los Constituyentes.

El primer mandatario electo fue el queridísimo Jesús Martínez Ross a quien tocó armar todo el entramado para poner en marcha al nuevo Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y sin duda lo hizo muy bien. Ya de Pedro Joaquín Coldwell en adelante se presentó la carrera para determinar quien superaba al anterior en malas determinaciones y en riqueza personal. Por grupos, mantienen ciertos apoyos, pero éstos son permanentes en razón o de agradecimiento o de complicidades basadas en el signo de pesos, sin contar centavos…De entre el ramillete priísta de mandatarios estatales, no hubo quienes no respetaran, por lo menos, las formas, aún y cuando los excesos eran percibidos, constaban pruebas de abusos y otras lindezas… Sin embargo, no es posible hablar ni de ingobernabilidad y mucho menos de orfandad gubernamental, palabras solamente aplicables en el negro presente de la entidad.

Se acercan los tiempos electorales y si bien a la salida de Roberto Borge Angulo de la gubernatura se percibía una gran inconformidad ciudadana, se contaba con dos magníficos candidatos a sucederlo: Mauricio Góngora, ex presidente municipal de Solidaridad, ex titular de la Secretaría de Finanzas, hombre de gran sensibilidad, carisma, don de gentes y Carlos Manuel Joaquín González, importado de la hermana república de Yucatán para encabezar al Ayuntamiento solidarense y llevado por el ex gobernador Félix González Canto a ocupar la titularidad de la Secretaría de Turismo estatal y a una curul federal. Ambos contaban con trayectoria para ocupar la máxima silla de gobierno. A Mauricio lo perjudicó la percepción creada ya por entonces, de haberse ejercido un importante número de actos de corrupción ligados a los últimos mandatarios estatales tricolores.

En Carlos Manuel Joaquín se sembraron, en aquel entonces, grandes esperanzas de cambio y de orden. Transcurrieron cinco años de mandato y no se registraron los cambios esperados, porque de otro tipo si existen. La seguridad simplemente desapareció y por completo, las crisis económicas superadas durante los meses “septambre y octambre” volvieron a aparecer y con mayor rigor. Si antes se puso en jaque al destino con el mal manejo de la influenza, la llegada del coronavirus resulto fatal. Dentro de esos cambios tan esperados lo que ha visto es la ausencia total de auditorías, se cambiaron las leyes para cumplir con compromisos contraídos como el de llevar a Oscar Montes de Oca, protegido del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, a la Fiscalía estatal, nombramiento con el cual se perdió cualquier indicio de autonomía y de manejo correcto de la Ley.

Cayeron los ciudadanos en manos de la delincuencia organizada y lo tantas veces protegido, el turismo, ha sido víctima en el presente de la misma inseguridad. Como los brazos derechos del gobernador Joaquín González han sido Juan de la Luz y Jesús Alberto Capella, ambos traídos de fuera y, en el caso del primero, cabeza del llamado Grupo Tepito -se recuerda es Tepito un lugar en donde el comercio abunda, los negocios también y se ha caracterizado por ser una cueva de bandidos- utilizó las artimañas y mentiras del pasado, como se ha referido a una supuesta amistad y cercanía con el fallecido Luis Donaldo Colosio.

Ambos personajes, Juan y Jesús, hicieron su aparición prácticamente al inicio del mandato sexenal, algunos consideran fueron quienes hicieron los tratos para evitar la llegada de todos aquellos mencionados como hampones dentro del gobierno a la cárcel. Si AMLO no ha logrado aterrizar su lucha contra la corrupción, Don Carlos ni siquiera se molestó en iniciarla y todos aquellos involucrados en el tema han permanecido junto a él, con las complicidades registradas con quienes saquearon a la entidad. Juan Pablo Guillermo, Eleazer Villanueva, entre otros, gozan no solo de cabal salud, sino de total libertad producto de la impunidad.

La ingobernabilidad en Quintana Roo está presente y la última muestra la dio el protegido fiscal al hacer declaraciones absurdas en el programa de Raymundo Rivapalacio, tratando de encontrarle justificación a la balacera registrada en Punta Petempich, en un hotel de los llamados de alto turismo. El mandatario cree cumplir con la información muy frecuente dada de manera personal, con todo y explicaciones, a través de las redes y tal vez no le han dicho y mucho menos informado del fracaso de éstas, del mínimo de visitas recibidas, del hartazgo social por escuchar siempre las mismas explicaciones, argumentos y el cúmulo de intenciones nunca llevadas a la práctica.

En un escenario así se llega al momento del cambio y es en donde aún pierde más el mandatario estatal. La alianza con la cual llegó al poder carece de candidato para, por lo menos, dar una batalla digna. El otro partido, el PRI, al cual él perteneció, está en competencia con el PRD para llegar al último escalón. No tuvo la atingencia de formar una nueva clase política. Por lo tanto, el camino está libre para Morena aún y cuando salvo dos excepciones tiene los personajes más desprestigiados como probables abanderados. El primer lugar con calificativos muy fuertes en contra lo encabezan dos féminas: Mara Lezama y Marybel Villegas. La primera se ha dado el lujo de hacer eventos de franca y abierta precampaña solventados con el dinero de los impuestos de los cancunenses, la segunda hace de cualquier acto un escenario de auto promoción y ya no sabe ni por cual partido político, porque ha estado -no militado- en todos. En ambas llama la atención la riqueza personal y familiar acumulada.

Hay manos moviendo la cuna de la alcaldesa y de la senadora. Una Verde, verde y la otra morada pero con el clásico “beso del diablo” acompañándola. Sobre los varones se encuentra un Luis Alegre sin mayor trayectoria que ser el hijo de papi, del otrora poderoso radiodifusor Gastón Alegre quien, en su momento, manifestó una gran e interesada cercanía con AMLO. Así quedan un José Luis Pech cuyas acciones no suficientemente analizadas en su repercusión lo perjudican: la iniciativa para disminuir a la mitad la Zona Federal Marítima y los calificativos insultantes -posteriormente negados pero debidamente grabados- a una correligionaria, a Lily Téllez. El doctor Pech, camina y camina y va dejando huella, pero aún así lo encuentran muy alejado de ese pueblo en donde se vota en masa y justo por la misma animadversión compartida con el presidente: “es sabihondo y aspiracionista”.

Rafael Marín se presenta como un empresario luchón, forjador del grupo morenista, hacedor de ese partido en la entidad, compañero de muchas luchas del presidente y, como no ha ocupado cargos públicos no le cuelgan ningún sanbenito. Finalmente no queda otra que reconocer: Pobre Quintana Roo, tan lejos de Dios y tan cerca del Verde.

Alertas de EU

y Europa

En el plano internacional, las embajadas de Estados Unidos y europeas afirmaron mantendrán sus alertas para sus connacionales mientras no cese la violencia en Quintana Roo, y seguirán las investigaciones de los hechos ocurridos en Tulum, donde murió una turista alemana, así como en Puerto Morelos, donde se encontraban de vacaciones estadounidenses y fueron resguardados en el hotel Hyatt Ziva, en Bahía Petempich, cuando se registró un enfrentamiento de grupos armados. La Embajada de Alemania en México confirmó que las autoridades germánicas siguen de cerca los hechos ocurridos en el Caribe Mexicano, cuyos destinos se han convertido en “foco rojo” en los últimos meses. Destacaron que al riesgo en el destino por la pandemia del coronavirus y los abusos por parte del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), ahora se suma el aumento de inseguridad, que incide gravemente en las zonas turísticas.

El Consulado alemán alertó a sus ciudadanos acerca de los peligros en la zona y les envió una lista de recomendaciones durante su viaje; la más fuerte es no visitar los destinos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, lista que sumó recientemente a Puerto Morelos, por la balacera en la playa de un hotel. “La alerta para la Riviera Maya sigue, ahora más con el tiroteo en Puerto Morelos; mientras el gobierno de Quintana Roo no controle esta situación de violencia, la alerta seguirá, los alemanes y en general la Unión Europea se preocupa mucho por sus ciudadanos, más cuando mueren o corren peligro en otros países”, destacó.

El primer comunicado emitido el jueves por parte de Estados Unidos sólo fue una advertencia. La Embajada estadounidense espera que las autoridades correspondientes respondan de manera contundente ante la violencia en Quintana Roo. “El Cónsul sabe que Estados Unidos es uno de los mercados más grandes para Quintana Roo; estamos hablando de que podría ser el primero a nivel internacional, es por ello la preocupación de que no hay seguridad para sus ciudadanos. En temporada de invierno varios de ellos emigran al Caribe Mexicano, pero ahora están cautelosos; de no controlarse esta situación por las autoridades, habría graves consecuencias”.

De los pasillos

Tras celebrar la renuncia de la secretaria de Turismo en la Ciudad de México, Paola Félix, tras darse a conocer viajó a Guatemala en un avión privado y supuestamente fue detenida en el aeropuerto de la Aurora, por intentar meter al país vecino 25 mil dólares en efectivo, la bancada del PAN en el Congreso capitalino, a través de su coordinador, Christian Von Roehrich, calificó como un “acto de hipocresía” el actuar de los funcionarios de Claudia Sheinbaum quienes se ostentan como austeros en la vida pública pero “derrochan lujo en lo privado”.

Los panistas conminaron a la Contraloría local a indagar y sancionar este hecho, que fue con dolo y desatendiendo su responsabilidad en eventos relevantes como es la Fórmula 1 en la capital del país.

Jugar con fuego: AMLo y el Ejército

Jorge Zepeda Patterson

No resulta fácil para un simpatizante de la izquierda, sea que profese una versión radical o una versión socialdemócrata, coincidir con la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar porciones importantes de la vida pública al Ejército. El anuncio de que se creará una empresa operada por los militares para administrar y recibir los ingresos que aporten el Tren Maya, el proyecto del corredor Interoceánico, el Puerto de Coatzacoalcos, el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, y los aeropuertos por construirse en Chetumal, Tulum y Palenque confirman el deseo del mandatario de consolidar el poder de los soldados frente al resto del Gobierno y el conjunto de la sociedad. Se trata justamente de los proyectos más ambiciosos del Gobierno; al convertir a las Fuerzas Armadas en el beneficiario directo de estas cuantiosas inversiones, habría que asumir que al final del sexenio sería el estamento más favorecido por la llamada Cuarta Transformación. Y, por otro lado, tampoco podemos olvidar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a las Cámaras para poner a la Guardia Nacional bajo control de las Fuerzas Armadas. La formación de esta fuerza había sido aprobada a condición de que fuera un organismo civil, sujeto a códigos civiles; ahora se intentaría convertirla en una dependencia de los militares. ¿Cómo no preocuparse de esta pinza que otorga a los soldados una capacidad económica autónoma y control de una porción de la administración pública, por un lado, y un poder policiaco y político frente a los ciudadanos, por otro?

Esta decisión se nutre de la idea de que el Ejército es la institución más confiable y disciplinada del Estado mexicano; algo en lo que quizá coincidimos todos. Pero al ser el actor al que la sociedad entrega los recursos para el ejercicio de la fuerza, es también el que menos implicado tendría que estar en las tareas relacionadas con el ejercicio de la autoridad, la economía o el derecho.

“Si estos bienes se lo dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones no aguantan ni la primera embestida. Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a siete pesos el metro cuadrado en zona turística”, dijo el Presidente el jueves pasado. Sin duda es cierto, pero López Obrador también tendría que acordarse de que se trata del mismo ejército que actuó a voluntad de Felipe Calderón o de Gustavo Díaz Ordaz y el mismo que desapareció a luchadores sociales a lo largo de años en la llamada “Guerra Sucia”.

Y por lo demás, el Presidente tendría que percibir lo desconcertante que resulta para su propio Gobierno asumir que los administradores públicos, que él ha traído, no son de confianza, mientras que los soldados que pertenecen al régimen anterior sí lo son. Su propia frase “no aguantan ni la primera embestida”, refiriéndose a los funcionarios actuales y futuros, echa por tierra el pañuelito blanco que suele agitar en lo alto para festejar el fin de la corrupción.

Incluso aceptando que el Ejército es más confiable como administrador que el propio gabinete o los cuadros obradoristas, entregar parcelas completas de la administración pública a los militares, equivale a renunciar al mandato de construir un servicio público decente y profesional al que estaría obligado un movimiento que ha prometido el cambio.

Los errores y autoritarismos de los presidentes priistas son evidentes, pero habría que concederles el mérito histórico de mantener al Ejército acotado frente al poder civil. Después de la Revolución Mexicana tomó casi medio siglo sacar a los generales del poder político y el siguiente medio siglo para consolidar esta tradición. En buena medida gracias a ello, México se ahorró las tragedias golpistas que vivieron prácticamente todos los demás países de América Latina. En buena lógica el Ejército fue asumido como un recurso de “úsese en caso de incendio”; literalmente, porque durante décadas se ganaron el respeto de la sociedad en situaciones de emergencia y poco más.

Por todo lo anterior resulta incomprensible la disposición de López Obrador para convertir a las Fuerzas Armadas en un poderoso protagonista de la vida civil. La construcción de un orden democrático lo desaconseja, la historia mundial y nacional de las luchas de izquierda o populares lo repele, el sentido común lo rechaza.

Los riesgos de este “empoderamiento” castrense están a la vista. En el mejor de los casos, le otorga al Presidente que esté en funciones, en su calidad de Comandante Supremo, un poder con autonomía favorable a tentaciones autoritarias o represivas. En ese sentido, AMLO podría estarle poniendo la cama a un mandatario que en el futuro lo utilice sin límites ni cortapisas en contra de la sociedad. O peor aun, ofreciendo a los generales razones y recursos para decidir actuar al margen del poder civil. Si ellos mismos terminan sintiéndose mejores administradores que los funcionarios, argumento del Presidente, ¿cuánto tiempo pasará antes de que comiencen a ofrecerse para corregir o resolver lo que a su juicio hacen mal los civiles?

López Obrador se ha referido a sí mismo como un demócrata, como un luchador de izquierda, como un humanista y como un hombre amante del amor y la paz. Difícil entender como encaja el fortalecimiento de los generales en esa ecuación.

En la Antigua Roma el Senado solía alejar de la ciudad a los mandos con tropa para evitar tentaciones; las grandes legiones tenían prohibido cruzar el río Rubicón, que se encontraba a cientos de kilómetros de la metrópoli. Todo con el propósito de no poner a la ciudad de Roma a merced de un general. Justamente el fin de la república sobrevino cuando Julio César decidió cruzar el río con sus legiones desoyendo el mandato. López Obrador entrega las obras más importantes de su Gobierno al Ejército con el propósito de que nunca se privaticen y pertenezcan al Estado de manera irreversible. Pero no las está entregando a la Nación solamente, sino al ejército en particular. Y ese empoderamiento también podría ser irreversible. ¿Quién va a ser el valiente que los vuelva a meter en sus cuarteles o los haga cruzar de regreso el Rubicón?