Opinion | - Part 109

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Morena se moviliza

*PRI: dividido e indeciso

*Mataron la “Ley Saldívar”

*En Q.Roo: van por RMM

“Si tu odio pudiera ser convertido en electricidad, se podría iluminar el mundo entero”: Nicola Tesla.

Luego de ignorar y mayoritear a los partidos de oposición en la Cámara de Diputados para aprobar, sin cambios, la iniciativa de Presupuesto para el próximo año enviada por el presidente López Obrador, las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) van ahora por lograr el aval de la contra reforma energética del tabasqueño, mientras la alianza opositora (PAN, PRI y PRD) se resquebraja por la indecisión y división de la bancada priísta y la falta de liderazgo del líder tricolor Alejandro Moreno. En tanto, el inquilino de Palacio Nacional sigue fomentando la polarización del país y sentencia que si los legisladores del PRI rechazan la aprobación de la reforma eléctrica se estarán afianzando como “buenos salinistas”.

La administración de López Obrador anunció una campaña nacional para defender su polémica reforma eléctrica tras el rechazo de la oposición en el Congreso a discutirla por la falta de apertura del oficialismo en la negociación del presupuesto. En la mañanera, AMLO anunció: “Se va a iniciar una campaña en todo el país sobre el porqué de la reforma eléctrica, que la gente sepa. Cuando impusieron la llamada reforma energética en el gobierno anterior, la gente no se enteró”. La reforma causa controversia porque limita a 46% la participación de entes privados en la generación eléctrica, elimina a los reguladores autónomos y prioriza el despacho de las plantas de la empresa del Estado, incluyendo las de combustibles fósiles, sobre las renovables de privados. Ante la presión de EU y Canadá, los legisladores de la alianza oficialista pospusieron el debate de la reforma hasta 2022.

Mientras en Palacio Nacional, el líder del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, celebró la aprobación del presupuesto para cumplir las instrucciones de López Obrador y anunció su movilización para avalar ahora la reforma eléctrica, el PRI exhibe su división interna en torno a la contra reforma energética del tabasqueño: Rubén Moreira, coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, sostiene están abiertos al diálogo y a debatir las mejoras o posibles cambios en la iniciativa presidencial y no descartó presentar su propia iniciativa de reforma eléctrica. Esta posición contrasta con la del dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno, quien advirtió no habrá reforma eléctrica hasta después de las elecciones federales de junio de 2022, pues el diálogo con Morena está cerrado.

La negativa de Moreno respecto a la reforma energética de López Obrador se dio después de que Mario Delgado, líder de Morena, aseguró su partido sepultará al PRI en las elecciones de 2022.

Así, el campechano acusó a morenista de cerrar el diálogo con la oposición y con el PRI, precisamente cuando el gobierno federal y Morena buscan la aprobación de la iniciativa presidencial en abril del próximo año. “Lo único que hizo el dirigente de Morena con esa actitud es ir cerrando el diálogo con los partidos de oposición, y hoy como dicen, ¡tengan su reforma eléctrica!, que la vamos a discutir después de junio”, subrayó el dirigente priísta.

Tras los señalamientos de Delgado, en la bancada priísta en la Cámara de Diputados creció el rechazó a la iniciativa presidencial de reforma constitucional en el sector eléctrico. A los 16 legisladores priístas quienes a principios de octubre advirtieron rechazarán en sus términos la propuesta presidencial, se sumaron otros seis, ante “la cerrazón” morenista para no mover una coma a las iniciativas del Ejecutivo, por lo que ahora son 22 los que alejan a Morena de la consolidación de esa reforma. Se trata de los diputados Carolina Viggiano, Cynthia López, Yolanda de la Torre, Eufrosina Cruz, Karla Ayala y Alberto Acosta, que se suman al rechazo al plan eléctrico. Por ser una reforma constitucional se requiere mayoría calificada de 333 votos; Morena y sus aliados suman 277, por lo que faltarían 56 sufragios que podría obtener del PRI, partido con 71 legisladores, pero 22 la rechazan.

También el diputado panista Jorge Triana, señaló el domingo pasado, durante la discusión del Presupuesto 2022, que la reforma eléctrica impulsada por el Ejecutivo “está muerta”, luego de que Morena y sus aliados rechazaran casi 2 mil reservas de la oposición. Sin embargo, en un programa radiofónico, Moreira admitió “Creo que lo que está muerto es el diálogo entre la bancada oficial y la oposición, y será muy difícil revivir el diálogo después de las injurias y de todo lo que sucedió (en la discusión del fin de semana sobre el Presupuesto)”, comentó el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro. También subrayó que el PRI en la Cámara baja no descarta presentar su propia propuesta de reforma eléctrica al existir diferencias con la iniciativa del presidente López Obrador.

La indecisión priísta es azuzada desde Palacio Nacional por el presidente quien afirmó: si los legisladores del PRI rechazan la aprobación de la reforma eléctrica “Van a afianzarse como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda no solo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. Entonces no es un asunto de toma y daca, los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian; es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores”.

SCJN invalida

La “Ley Saldívar”

Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la llamada Ley Saldívar, el artículo décimo tercero transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual permitía ampliar por dos años el periodo del ministro Arturo Zaldívar como presidente de ese máximo tribunal. Sin mayores discusiones, el Pleno de Ministros aprobó el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, donde se advertía que esa determinación constituía una violación a la Constitución y vulneraba a la independencia del Poder Judicial Federal.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández señaló que el transitorio impugnado “es a todas luces inconstitucional y atenta contra los pilares de la democracia, la división de poderes e independencia de los jueces”. También el ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que la Constitución establece claramente que la presidencia de la SCJN tiene una duración de 4 años, sin posibilidad de reelección, por lo cual la “Ley Saldívar” constituye una “contradicción palmaria” al orden constitucional. La decisión de la SCJN también invalida la prórroga de dos años en los periodos de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

De los pasillos

Tras 20 meses de posponer la edición 45 del Tianguis Turístico por la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Mérida, Yucatán, la feria más importante de la industria en México. El mandatario señaló que Yucatán, donde la actividad turística es un elemento fundamental, es un ejemplo a nivel nacional en la recuperación de los empleos perdidos a causa de la pandemia del Covid-19. El gobernador Mauricio Vila destacó la importancia que tiene este evento en la entidad. “Refrendamos nuestro compromiso con el Tianguis Turístico, un evento hecho a la Yucateca: con mucho esfuerzo” …

López Obrador pernoctó en Quintana Roo y desde esta entidad tuvo lugar la mañanera. El vuelo rumbo al encuentro con los firmantes del T-MEC salió de Cancún, ciudad en donde crece el ánimo de morenistas e inclusive de empresarios en apoyo a Rafael Marín Mollinedo.

La sociedad se ha volcado tratando de evitar lleguen los registrados en la convocatoria de Morena al encontrarse la entidad en un momento de graves crisis por un lado; y, por el otro, resienten con mayor rigor la presencia de la corrupción, de la inseguridad, de la orfandad gubernamental no solamente a nivel estatal sino municipal.

A ello se suma la generación de una gran división dentro de los morenistas ante las intenciones de quienes aspiran a la candidatura por la gubernatura al establecer claramente ninguno de ellos pertenece a ese partido y solamente lo han utilizado para obtener el poder y celebrar alianzas con el Partido Verde cuyos dirigentes, representantes, diputados y alcaldes han demostrado su afición al saqueo, a los negocios y a las componendas.

La rémora en la cual se ha convertido la franquicia de los González le pesa sobre todo a Mara Lezama quien recientemente perdió dos apoyos importantes pero aún vivos, prueba de ello es la cercanía provocada por Julio Scherer, de la alcaldesa benitojuarense con la gobernadora de la CDMX a quien le peleó la foto como quinceañera frente a su ídolo.

Sobre Santiago Nieto comienzan a salir las historias negras, los negocios y el nombre de sus “operadores”.

El bucle opositor

Alejandro Páez Varela

Herido de una costilla a otra, el bloque opositor no ha podido reorganizarse aunque ha hecho algunos intentos de acciones conjuntas. En 2021, en la elección federal donde tenía posibilidades de recuperarse (en las intermedias pierde casi siempre la fuerza en el poder), cedió territorio y apenas con mentiras piadosas pudo maquillar su debacle. Pero su realidad es muy difícil. Tan difícil, que cuando Marko Cortés hablaba de una catástrofe para el PAN en 2022 se quedaba corto porque sus socios caminan hacia su desaparición. Si el PRD llega con registro al 2025 será un milagro. Y si el PRI retiene dos gubernaturas antes de las presidenciales de 2024 deberá agradecérselo a la vida.

El bloque opositor lleva años en un bucle. Da vueltas y vueltas en un espiral descendente, repitiendo sus mismos errores. La única novedad que agregó en años recientes fue la incorporación de los patrones a sus filas, lo cual no es un logro sino un acto de mínima honestidad: los grandes capitales han condimentado el caldo de los políticos durante décadas, llámense Roberto Hernández o Claudio X González. Lo demás es lo mismo. La oposición no quiere reinventarse. Y así, con sus mismos errores y sus mismas dolencias crónicas, intenta fundirse en un mismo cuerpo, cansado y artrítico, que no puede aspirar a más. Y este diagnóstico se conoce internamente pero se tapa hacia afuera, como el vendedor de fruta que pone la rosita en la tapa y esconde abajo la que se pudre.

Me extraña la imposibilidad de la oposición para ver más allá de sus barbas. Presiona a López Obrador justo por donde el Presidente resolverá: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las medicinas, la infraestructura (Tren Maya, Dos Bocas, Transístmico). Enumero únicamente de lo más visible. Parece no conocer y no entender al Presidente. Contra viento y marea, este Gobierno entregará toda esa obra. Y cuando menos lo piense el bloque, AMLO estará inaugurando una a una esas obras que son históricas y, como sucedió con la meta de vacunación, los críticos no tendrán otra opción que cerrar la boca y apechugar. Lo he dicho antes: así pasó en la capital con, por ejemplo, los segundos pisos.

Y es curioso que el bloque opositor no aprieta por donde hay una debilidad sistémica: el combate a la corrupción. Más allá de los lugares comunes (que Felipa, que Pío), no tiene un discurso unánime en esa materia. Y podría. Contra todo lo que el Presidente desea, la Fiscalía General de la República (FGR) (y su ente anticorrupción), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no operan como un solo cuerpo y los resultados son apenas notorios, aislados y muy focalizados. Por distintas razones, estas oficinas no están articuladas y por sí solas tienen deficiencias institucionales (incluso formales) para ir por su cuenta. Y en tres años de 4T no han mostrado músculo.

Pero la oposición está metida en un bucle. Le meten toda la fuerza a temas que el Presidente va resolviendo y luego se ve obligada a guardar silencio. Decían que la falta de ortodoxia económica de AMLO nos llevarían a una crisis espeluznante, a más deuda, a inflación y etcétera, y que todos esos ladrillos –como el anuncio de 2006– desplomarían al país porque “AMLO es un peligro para México”. No sucedió. Apenas hablan ya de eso. Otro ejemplo: Felipe Calderón sacó una tabla donde “demostraba” que nos vacunarían en no sé cuántas décadas. No fue así. Ya no habla de ello y se veía contento –y cómo no, qué alivio– cuando se vacunó.

¿Por qué los críticos en los medios y la oposición no han desencadenado una campaña contra Alejandro Gertz Manero, como sí lo han hecho contra lo demás? Es una pregunta con varias respuestas. La principal es que no comen lumbre: quién de ellos, en su sano juicio, pediría que el brazo anticorrupción de la 4T funcione. Es como si los condenados a muerte en una prisión medieval criticaran a gritos a su verdugo por haber engordado o porque le queda feo el capuchón negro. Piénselo. Calderón y Vicente Fox nunca han calificado de ineficiente a Gertz Manero. Ni lo harán. Para que el Fiscal sea eficiente se necesita que vaya por ellos. Yo dudo que los persiga (y esa es otra respuesta a la pregunta de por qué lo tratan tan bien si es tan ineficiente): Gertz Manero es parte del mismo sistema que se le pidió sanear.

Sin embargo, la oposición como un todo ha caído en un círculo vicioso, una espiral, un bucle eterno en el que critica… y se ve obligada a guardar silencio porque le cierran la boca. Y la materia donde puede criticar no la toca porque si la toca, le muerden la cola. Por eso vemos a una oposición obsesionada con pocos temas. Las tendencias “críticas” que levanta en las redes, una semana cualquiera, son las mismas de antes de la pandemia: Ovidio, Felipa, Pío, la mamá de “El Chapo”. Los que más odian al Presidente (y, a mi gusto, los más estúpidos y con menos vocabulario) lo llaman “cacas” porque AMLO le dijo a los muchachos que unirse al crimen organizado no era “cool”, que era caca, algo que muchos pensamos. Pero hasta allí. Un bucle de pocos temas y pronto perderán varios de ellos. Creo que Dos Bocas, Tren Maya, AIFA y Transístemico dejarán de ser materia (como la economía o la vacunación) apenas se presenten.

En fin. Para mí, al ritmo que van los días, la mayor deuda de la 4T será en justicia y seguridad. La impunidad se enseñorea. Prendieron la luz antes de tiempo (sea a propósito o no) y las ratas corrieron a esconderse y así han estado tres años. Al sistema judicial no le han quitado una sola pluma. Los jueces podridos siguen donde estaban. Se da amparo a los que tienen dinero o poder político. Se mata a quien se quiere matar y pocas veces los asesinos pagan.

Pero la oposición no toca muchos de esos temas porque si los toca, le rompen en hocico. Entonces se cicla en lo mismo: Ovidio, Felipa, Pío, la mamá de “El Chapo”, Dos Bocas, Tren Maya, AIFA. Y en temas coyunturales: Reforma Eléctrica, algún escandalillo de poca monta, Presupuesto de Egresos, una palabra en un discurso, una letra mal dicha. O enchuecan la torre de control en una foto para tener materia. O truquean la foto del hijo del AMLO para que vista Armani o cualquiera de esas marcas caras. Nada, pues. Ah, y no hablan de corrupción, como debieran. Y no hablan porque si hablan, les rompen el hocico. Y entonces el bucle se vuelve eterno. Un bucle opositor, eterno. Y así quieren ganar elecciones. Así ganarán un carajo, como bien saben.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Una vez logrado el presupuesto de egresos de la Federación 2022, lo que sigue para los diputados federales y senadores de Morena y sus aliados es conseguir la Reforma Eléctrica, que podemos considerar es la madre de todas las reformas hasta ahora impulsadas, pues de esto depende revertir el control de la iniciativa privada -mayormente extranjera- en uno de los sectores más importantes del país, del que depende nuestra soberanía como nación, y la viabilidad de la recuperación económica del país en el corto y mediano plazo.

Lo mismo que sucede con el sector petrolero, si se hubiese fortalecido a Pemex y no se hubiese entregado el sector a los capitales privados, privilegiando la importación de gasolinas con el garlito de que es más barato importar que producir, no estaríamos hoy comprando la gasolina a precio dólar, siendo que somos un país productor de petróleo.

El gas entra en esta rebatinga también, lo mismo que el litio, mineral del que México posee grandes reservas de las que no se nos había informado, por cierto, pero que afortunadamente el triunfo de AMLO en 2018 cortó la entrega de los yacimientos a particulares.

Los energéticos, siempre se ha dicho, que son estratégicos para todos los países. Es absurdo entregarlos o, al menos, retirar la injerencia del Estado en ello, como resulta que hicieron con la reforma energética de Peña Nieto, optando por dejarle a la empresa estatal una mínima participación, por debajo de las empresas privadas que, por cierto, siguen consumiendo y vendiendo gasolina importada por Pemex, pues hasta ahora sus contratos de producción son nulos en los hechos, y lo deben ser de derecho.

La reforme a la CFE que plantea AMLO es precisamente revertir el porcentaje de participación del Estado en el sector, dejándolo como productor mayoritario de electricidad, mientras que a las productoras o generadoras privadas se les dejaría 46 por ciento del mercado, algo nada despreciable pero que definitivamente no les convence, por la reforma peñista les puso todo en bandeja de plata, pues las privadas solamente genera energía, y la CFE se las tiene que comprar, pero no están obligadas a crear redes de distribución, sino que usan lo que ya tenemos construido.

Lo que sí tienen es un mercado privado disperso. Por ejemplo, si la energía se produce en Oaxaca, en los parques eólicos, la generadora -por ejemplo Iberdrola- puede tener un cliente en Baja California, y exige que la CFE le entregue la energía. Esto obviamente implica que la paraestatal absorba los costos de conducción y también la merma, porque todo mundo sabe que cuando la energía viaja grandes distancias, se va degradando su potencia.

De paso, las generadoras privadas reciben estímulos por unos 160 mil millones de pesos anualmente, tan sólo porque están en el sector de “energías limpias”, y sin considerar que la producción hidroeléctrica es una de las más limpias que existen, y que la CFE cuenta con presas generadoras que si recuperan su potencial seríamos un país autosuficiente y nos sobraría para vender, por ejemplo, a países vecinos.

Ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con diputados federales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, junto con sus coordinadores, quienes se comprometieron mantenerse unidos para sacar adelante la reforma eléctrica, sin necesidad de “comprar” votos a la oposición, que se quedó en blanco en su intento por reasignar grandes partidas del Presupuesto de Egresos 2022, poniendo la reforma eléctrica como moneda de cambio.

Además, el presidente anunció una campaña informativa a nivel nacional para dar a conocer a la gente el sustento y los alcances de la reforma energética, esto para evitar la manipulación de datos y la mentira que está divulgando la oposición, sobre todo en lo que concierne a que la CFE volverá a las contaminantes plantas de carbón, y que se le prohibirá a los particulares tener páneles solares.

“Ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y eso lo vamos a aclarar”, dijo el mandatario durante la conferencia mañanera.

Y es que desde que se dio a conocer la iniciativa de Reforma Eléctrica enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, políticos opositores, medios y opinadores profesionales, se han dado a la tarea de manipular y tergiversar la información, aduciendo falsamente que se pretende dar preferencia a la generación de energía por combustión de carbón, principalmente.

La reforma, dijo el mandatario, privilegia la renovación de las plantas hidroeléctricas, así como la generación termoeléctrica y nuclear, las cuales son energías limpias, más baratas y confiables que aquellas producidas con tecnología eólica o fotovoltaica.

Como mexicanos, lo que queremos es energía más barata porque los costos de la luz se han vuelto extremos; obviamente queremos energía más limpia porque no podemos retroceder en materia ecológica. Y si eso pasa por recomponer lo que descompusieron los del régimen anterior, que se haga.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Violencia, inseguridad y desapariciones

*Grave crisis de Derechos Humanos: Segob

*En Q. Roo: “eran muchos y parió la abuela”

“La verdad no está de parte de quien grite más”: R. Tagore.

Junto con la irresoluble crisis económica existente y agravada la cual ha impedido a México alcanzar los niveles de crecimiento de los llamados gobiernos neoliberales -insuficientes también para cubrir los requerimientos de la población y las capacidades del país-, la inseguridad pública, la ola de violencia, los constantes incrementos de ejecuciones y las desapariciones forzadas, son las asignaturas pendientes más urgentes del régimen del presidente López Obrador. Su equivocada política de “abrazos no balazos” ante las actividades de las organizaciones criminales, principalmente dedicadas al tráfico de drogas, se convirtió en los hechos en un acuerdo de “dejar hacer, dejar pasar” y con ello potenciar la creciente impunidad con la cual operan en esta administración. El sangriento saldo del fin de semana fortalece esta crítica.

El propio Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reconoció ayer durante la visita oficial del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada la grave crisis humanitaria y de derechos humanos presente en México dando conocer de manera directa la realidad del país ante este fenómeno, cuyo saldo acumula a la fecha 94 mil casos de desapariciones forzadas reportadas. El funcionario hablo de la desaparición forzada en nuestro país, en donde se tienen elementos de corte histórico y social en los cuales aparecen la lucha política asociada a la violencia del Estado, a la lucha armada adquiriendo una dimensión mayor durante la guerra sucia y la llamada guerra contra el narcotráfico en 2007, la cual desató el fenómeno de la desaparición entre particulares vinculada a la corrupción de las policías ligadas al crimen organizado.

La gravedad de la ola de violencia llevó a un grupo de líderes de diversos partidos de oposición, investigadores y periodistas de distintos medios de comunicación a exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno tomar cartas en el asunto frente a la agudizada violencia resentida en todo el territorio nacional. En una carta dirigida al gobierno federal, señalan: desde hace una década el país se encuentra hundido en una crisis de violencia en donde tan sólo en 2019 y 2020 se han registrado 70 mil homicidios equivalentes a un promedio de 100 muertes violentas diarias. A la fecha, el número de ejecuciones supera las 103 mil víctimas, y la cifra sigue creciendo pese a de acelerada militarización de México.

En la misiva, destacan los asesinatos de un ex gobernador, seis periodistas, tres alcaldes en funciones, cerca de medio millar de policías, más de mil menores de edad y alrededor de 3 mil 500 mujeres. También subrayan dentro de las últimas elecciones políticas fueron ejecutados 102 políticos y miembros de partidos de los cuales 36 eran aspirantes a distintos cargos, lo anterior supera, según esos datos, en un 37.7 por ciento a las agresiones registradas en las elecciones de 2017-2018. Investigadores y periodistas recalcan la gravedad de la violencia registrando por cada 100 mil habitantes 25.7 personas asesinadas, mientras otros reportes en la actualidad y a nivel mundial revelan son ejecutadas 6.1 personas por cada 100 mil habitantes. A lo anterior se le suman más de 85 mil personas desaparecidas o encontradas sin vida entre el 2006 y 2020, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda así como también la existencia de más de 4 mil fosas clandestinas-

Los autores de esta carta piden a las autoridades expliquen estas cifras y lo que las está causando. “¿Esto es un conflicto armado o una crisis de seguridad pública?”. También demandan a los líderes de las cámaras de Diputados y Senadores la presentación de acciones a tomar para ponerle fin al ciclo de violencia actual. “¿Qué rol jugará el Congreso en la construcción de la paz?, cuestionan los investigadores y periodistas, quienes señalan el número de desaparecidos registrado en el país duplica el número de desparecidos en Colombia tras cinco décadas de conflicto armado interno o las dictaduras militares que se vivieron en Sudamérica durante el siglo pasado.

Desapariciones

Por la inútil y sangrienta guerra contra el narcotráfico detonada por el entonces presidente Felipe Calderón para alcanzar una legitimidad que se le negó en las urnas, para el 2013 las cifras de desapariciones ya se proyectaban como alarmantes: 26 mil personas. Ante la gravedad de la situación, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) requería entonces a México formalizar una invitación para visitar el país. El gobierno de Enrique Peña Nieto negó esa solicitud.

En esta administración a cargo del presidente López Obrador, inició este lunes la visita oficial de expertos de la ONU, la primera que se realiza en el mundo. Se prevé la delegación ofrezca una conferencia de prensa el 26 de noviembre. En los últimos ocho años, el CED continuó con sus evaluaciones a México: en 2015, cuando sumaban 29 mil 203 desapariciones (según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro) se emitieron las primeras recomendaciones; en 2018 el crecimiento incesante disparó la cifra a 69 mil 556; mientras, la renuencia mexicana se mantuvo, pese al “enérgico” llamado del CED, enviando nuevas observaciones.

Actualmente, de acuerdo al más reciente reporte del Sistema Nacional de Búsqueda, se contabilizan 94 mil 406 personas no encontradas, pero además existe el reconocimiento oficial de la existencia de una grave crisis de derechos humanos. Según Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quienes presentaron ante el CED el primer caso mexicano de desaparición, el país ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo, Con cerca de mil casos, sólo está detrás de Irak.

Los programados encuentros con autoridades y fiscalías federales y de 12 estados, así como con colectivos de víctimas, tienen como precedente el diagnóstico sobre México del CED en 2018: “El Comité lamenta profundamente se mantenga una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio y que imperen la impunidad y la revictimización. Observa con preocupación la falta de datos confiables sobre desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificar y fosas clandestinas sin atención adecuada. Hay obstáculos para la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones”.

El Centro Prodh subraya entre los grandes pendientes –porque es el contexto donde continúan graves violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones-: “tenemos serias preocupaciones sobe la política de seguridad que ha profundizado la militarización con una Guardia Nacional compuesta en gran parte por militares”. También destaca y lamenta “en determinados estados sí ha ocurrido (una política sistemática de desaparición forzada), por lo que deberían asumirse como crímenes de lesa humanidad: Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila; en pasadas administraciones, Jalisco, Guerrero”. Otros ámbitos de preocupación son el deficiente desempeño de las fiscalías, la falta de una política integral de Estado que genere coordinación adecuada.

Durante la visita de los integrantes del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, Alejandro Encinas garantizó la apertura del Gobierno de México a los expertos para ofrecer toda la información. “Estamos abiertos al escrutinio internacional y más en particular, para enfrentar el enorme reto que tenemos para restaurar un estado de derecho que nos permita garantizar el pleno respeto y las garantía a los derechos humanos de todas las personas de nuestro país”. Por su parte, Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité y jefa de la delegación, recordó esta visita a México había sido solicitada desde 2013 y hasta hoy se pudo concretar. A partir de este lunes y hasta el próximo 26 de noviembre, los cuatro integrantes de la CED sostendrán encuentros en 12 entidades federativas con autoridades federales y estatales, como la SER, Segob y la FGR.

De los pasillos

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó la necesidad de firmar un pacto de no agresión con aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. La funcionaria, quien ha negado ser la apuesta del presidente López Obrador para la sucesión en 2024, expresó se lleva bien con el senador Ricardo Monreal y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quienes también son mencionados como aspirantes presidenciales…

“Éramos muchos y parió la abuela” reza el viejo y sabio refrán aplicable a los registros hechos en las seis entidades en donde habrán de tener el clásico proceso electoral sexenal. En el caso de Quintana Roo, se apuntaron 15 personas. Un cuarteto de féminas aparece bajo los nombres de Laura Esther Beristain Navarrete, Maria Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Beatriz Anahí Mendoza Samos y Freyda Marybel Villegas Canché. Las dos primeras aparecen y se califican en los municipios en donde han gobernado o dicen gobernar, como impresentables y se duda tengan capacidad para enfrentar los retos existentes en la entidad porque sus administraciones han resultado fallidas, fatales y con un gran sello de corrupción. Anahí tiene su historia y aún siguen perplejos con el triunfo obtenido, inclusive es un elemento al cual no debe perdérsele la vista. Doña Marybel seguirá en pie de luche y podría resultar la carta de uno de sus anteriores partidos, el más probable: PRD…Los del sexo masculino son: dos Rafaeles: uno Murillo Bueno y el otro Ojeda González; Manuel Aguilar Ortega, Victor Manuel Alcérreca, Luis Javier Alegre Salazar, Sergio Benjamín Carbajal Rejón, Luis Fernando Chávez Zepeda, Alfredo Antonio Kanter, José Luis Pech y Germán Felipe Ramírez Villegas. Si acaso tres son reconocidos, el resto pudieran lograr los votos de sus novias o novios. Aunque según refieren los morenitas irán 3 y 3, pero nada impide sean 4 o 5 o 6 las féminas convertidas en candidatas porque la equidad de género solo es para beneficio del sexo débil. O sea, machucón a los de pantalones o ¿se atreverán a pelear por esas mismas cuotas? De no ser por la importancia de la entidad, tanto en el nivel económico-turístico, como geográficamente, los registros muestran lo alejado de los pretensos de la realidad y, en algunos casos el cinismo de pretender seguir en la política y en el poder arrastrando una cola más larga que la Cuaresma. Ninguno -obligadamente debe ponerse: ninguna- le garantiza a los quintanarroenses, a los fuereños e inclusive a los turistas un mínimo de seguridad, menos aún de gobernabilidad. Morena tiene solo un delegado jodido.

Nicaragua: un lío para la Cancillería

Carlos A. Pérez Ricart

No hay límites a lo peor. Con estas seis palabras empecé una columna escrita para este mismo espacio hace menos de dos meses. Hacía referencia a Daniel Ortega y a su incesante degradación como Presidente de Nicaragua.

El pasado 7 de noviembre Daniel Ortega, líder histórico del movimiento sandinista y Presidente de Nicaragua desde 2007, validó la máxima: No hay limites a lo peor. Ortega “ganó” la elección presidencial de su país con el 75% de los votos a su favor. Su “victoria” le abre la puerta a un cuarto mandado presidencial consecutivo y tercero desde que en 2014 él y su grupo cambiaran la Constitución para permitir la relección indefinida.

La elección del 7 de noviembre, como otras anteriores, fue una farsa. Una gran pantomima. En Nicaragua las autoridades electorales están controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un partido político que desde hace mucho tiempo dejó de ser frente, sandinista, y de liberación; el padrón electoral lleva años sin auditarse; no es público y está amañado a conveniencia del líder; el día de la elección no hubo forma en que la comunidad internacional confirmase que se cumplieran mínimos estándares democráticos. A los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y del Centro Carter se les prohibió la entrada al país. Lo más abyecto es, sin embargo, la falta de libertad política que hay en Nicaragua: las elecciones del 7 de noviembre se dieron en un contexto intolerable: siete probables candidatos presidenciales detenidos, tres partidos políticos ilegalizados, y más de treinta lideres políticos encarcelados. Otros tantos viven en el exilio. Todo eso abonó para que ninguna persona con mínimas posibilidades de triunfo pudiera enfrentarse a Ortega en la elección presidencial.

Aunque los números oficiales señalan que la participación electoral rebasó el 65 por ciento del padrón, Urnas Abiertas —un observatorio ciudadano formado para el monitoreo del proceso electoral— difundió que, según sus casi 1500 observadores repartidos por todo el país, la abstención rebasó el 80%. En ello concuerdan versiones periodísticas que, en todos sus reportes, muestran que los centros de votación se mantuvieron vacíos la mayor parte del día. En algunos lugares no asistió ni un solo votante.

El apoyo al régimen es mínimo. La encuesta con mayor credibilidad en Nicaragua, CID-Gallup, publicó que la intención de voto por Ortega no rebasaba el 19 por ciento. Esa misma encuesta demostró que la mayoría de la población no solo no iría a votar, sino que desconfiaba directamente de la autoridad electoral. De ahí que el supuesto apoyo del 75 por ciento de la votación en favor de Ortega no solo resulte inverosímil, sino jocoso. Un porcentaje ridículo.

Admitámoslo: la posición del Gobierno de México ante lo que sucede en Nicaragua no es fácil. Por un lado, debe buscar alejarse de las voces injerencistas que llegan desde Washington. Por el otro, en el marco de sus compromisos internacionales, debe buscar salidas políticas que garanticen el ejercicio de libertas políticas en el país centroamericano. Admitiendo la tensión y la complejidad del cuadro político, no puede aceptarse que la Cancillería de México siga sin condenar, así sea mínimamente, el estado de las cosas en Nicaragua.

La posición de México se había caracterizado, hasta ahora, por su pasividad y condescendencia con el régimen de Ortega: una llamada de atención, un tweet medianamente crítico, un exhorto que no leyó nadie. Después de las elecciones del 7 de noviembre, aunque tuvimos una oportunidad, nada de eso cambió.

El 12 de noviembre, en el marco de la clausura de la 51° Asamblea General de la OEA, varios países promovieron una resolución sobre la situación en Nicaragua. En ella se señalaba que las elecciones en ese país “no fueron libres ni transparentes ni tienen legitimidad democrática”. Se esperaría que México, como firmante y promotor de la Carta Democrática Interamericana hubiese apoyado la resolución. No fue así. La resolución terminó por ser aprobada por 25 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones. Entre las abstenciones estuvo la de México. Incluso Argentina, gran aliado estratégico durante en todo lo concerniente a la situación en Nicaragua, votó a favor de la resolución. Las otras seis abstenciones fueron de las delegaciones de Bolivia, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Dominicana y Belice —apenas para una hexagonal de Concacaf.

¿Que la OEA ha sido tomada por un grupito de funcionarios con perfiles antidemocráticos? Sí, es verdad. ¿Que la DEA jugó un papel importantísimo en legitimar el golpe de Estado contra el Gobierno de Bolivia en 2019? También es cierto ¿Que Luis Almagro ha vuelto a la OEA un espacio en el se impulsan agendas parcializadas? Cierto. No hay duda.

Sin embargo, se equivoca la Cancillería de México en hacer de Nicaragua una víctima de su —por demás legitima e incluso necesaria— disputa con la OEA y su inefable Secretaria General. Es posible hacer ambas cosas: repudiar la escalada autoritaria de Daniel Ortega en foros internacionales (y así cumplir con compromisos diplomáticos básicos) y, al mismo tiempo, continuar luchando, al interior y de forma inteligente, por transformar la OEA en un organismo verdaderamente plural.

Validar la elección de Ortega a través de la abstención en la Asamblea de la OEA fue un error diplomático y político. Para comenzar, representa una piedrita más (¿y cuántas van ya?) en el zapato del actual Canciller en su lucha por llegar a Palacio Nacional. Puedo imaginar —desde ahora— a los críticos del círculo rojo en 2024 recordándole el infame voto. Además, la abstención en la OEA supone un retroceso en el objetivo del canciller por devolver a México al primer plano regional. Lo más importante, sin embargo, es que parece dar el mensaje de que sí, en efecto, el gobierno del Presidente López Obrador está dispuesto a coquetear con autoritarismos rancios.

Y ojo: no se trata de ser injerencista ni de montarse en la peor tradición de golpes de estado financiados desde Washington. Se trata de pintar una línea en donde hay que trazarla. De fijar posiciones donde hay que hacerlo: sin miedo a la crítica de la izquierda radical y sin dejarse avasallar por la lógica de la derecha antipopular. Se trata de gritar —fuera y dentro de nuestras fronteras— la frase que tanto sentido dio al movimiento político que ha encabezado el presidente los últimos treinta años: Democracia Ya, Patria para todos.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Guerrero continuará 2 semanas más en semáforo verde, lo cual implica que para principios de diciembre nuestra entidad estará en su mejor momento para recibir a los visitantes por la temporada de Navidad 2021.

Este estatus lo tendremos hasta el 28 de noviembre, y sólo esperemos que el puente largo del 20 de noviembre (que se adelantó una semana, pues la celebración cae en sábado, días en que además estará lo fuerte del Buen Fin), no traiga consecuencias funestas y nos reporte incrementos graves de casos de Covid-19.

Es que en este fin de semana largo por las fiestas de la Revolución Mexicana registró una ocupación hotelera de 73 por ciento en promedio, la cifra más alta desde que se dispersó el Covid-19 en México.

Y claramente eso se sintió en los puertos, donde la gente tenía que esperar su turno para entrar a comer a los restaurantes, y donde las tiendas departamentales estaban a reventar.

Si todo esto se hizo sin el debido cuidado de parte de la población, que sigue dando muestras de que ya no le teme a la pandemia, podríamos tener un incremento de casos Covid, eso no se descarta pues lo cierto es que el coronavirus sigue entre nosotros, no se ha ido, y los cuidados y precauciones se deben de mantener.
La gente debe saber que todo depende de nosotros, no del gobierno. La prevención la hacemos nosotros.

Y también debemos entender que la entidad está ante una severa crisis económica, y eso se resiente aún más en el sector salud, donde la gente tiene que comprar hasta la anestesia para las operaciones, si es que tiene la suerte de encontrar un quirófano operando.

De verdad, qué lamentable situación la que heredó el actual gobierno y será hasta el siguiente año que se tengan recursos frescos. De modo que si se desatara un repunte de Covid-19, sepan que toparemos con una muy cruda realidad.

Entre tanto, podemos decir que tras la desastrosa tercera oleada que vivimos entre julio, agosto y septiembre, Guerrero descansa de la pandemia. En las últimas 24 horas se registraron sólo seis casos nuevos para sumar 217 casos activos, de los cuales Acapulco presenta 55, Iguala 30, Taxco 30 y Chilpancingo 23.

En cuanto a defunciones, en estas dos semanas de noviembre suman 26 casos, y se tienen 48 pacientes hospitalizados.

Como consecuencia, las playas y aforos de personas a hoteles, restaurantes y bares se mantienen, y por ahora el sector turístico se muestra optimista, porque es muy probable que la Navidad pueda ser disfrutada de nuevo en Guerrero, tras dos años de restricciones.

Sólo con el fantasma de la violencia parece que se resiste y comenzó de nuevo a azotar no sólo a Acapulco, sino también a la Costa Chica, sobre todo San Marcos, Cruz Grande y Copala, así como a municipios de la Costa Grande cercanos al puerto.

Eso para nadie es un secreto y el gobierno tendrá que hacer su parte si quiere rescatar la Navidad, que se nos puede cebar si la criminalidad aumenta.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, recordemos, anunció el reforzamiento de la seguridad para Acapulco y Chilpancingo con la llegada de más elementos de la Marina, pero eso no ha sido obstáculo para que los grupos delincuenciales asesten golpes a sus adversarios, sin dar tregua.

El pasado fin de semana, por cierto, fue extremadamente violento. Hubo tres quemados en San Marcos, un descuartizado en Copala, así como vehículos incendiados también en San Marcos, además de ejecuciones en Acapulco y Chilpancingo, entre estos una mujer adulta mayor, empleada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fue asesinada en su propio hogar.

Aunque ya estemos acostumbrados a estas noticias, de todos modos son de alto impacto. Ahora imaginemos lo que ocurre entre los extranjeros que posiblemente ya tengan sus reservaciones hechas.

Sería muy prudente que la gobernadora revise su plan de seguridad, porque además hay quejas en el sentido de que el nuevo titular del ramo despacha desde la Base Naval, y quien realmente manda es el subsecretario.

Los comandantes y jefes de grupo de la Policía Estatal ya están resintiendo el cambio y señalan que hay una grave escasez de combustible. No tarda y también les darán cartuchos contados.

Todo esto ocurre mientras las bandas delincuenciales andan armadas hasta los dientes.

Señores, si quieren salvar la Navidad, no sólo importa el Covid. La seguridad es algo ineludible.

¿Quién financia al periodismo en México?

Guadalupe Correa-Cabrera

El tema de la transparencia en el financiamiento a medios de comunicación en nuestro país y en el mundo en general es clave. Es preciso encontrar vías diversas para poder tener un debate justo al respecto, pues están en juego la información misma y el futuro del periodismo a nivel general.

Hace algunos días tuve la oportunidad de participar como parte del Jurado en el Premio Nacional de Periodismo 2020—que será entregado, por categoría, este viernes 19 de noviembre. En el proceso de evaluación de los trabajos como parte de este ejercicio, pude reafirmar una inquietud que mantengo desde hace un par de años sobre las agendas y el financiamiento que determinan de lo que se va a hablar en los medios de comunicación, es decir, los temas prioritarios en las agendas de medios y quiénes son los actores influyentes en el periodismo.

Me referiré ahora exclusivamente al caso de México, pero reconozco que las dinámicas que aquí se identifican operan a nivel global y plantean una problemática que debemos abordar con rigor y profundidad. Es claro que quien tiene acceso a financiamiento puede realizar mejor su trabajo, ampliar sus esferas de influencia y destacar en cualquier profesión, ya sea en la labor periodística, la academia o la ciencia, el arte, los negocios y hasta el trabajo social. También es evidente que en un mundo tan desigual como en el que vivimos, los apoyos se concentran en pocas manos o en pocas mentes, y son los grupos más poderosos y ricos los que determinan las agendas de trabajo en la ciencia, el arte, la tecnología y los espacios de información.

El financiamiento a medios de comunicación es un tema bastante delicado en un contexto de gran precariedad en la carrera periodística. Sabemos que la gran oferta de medios alterativos y la crisis económica han dejado a muchos medios (en especial a los pequeños), y a muchos reporteros, a merced de quienes quieran y puedan apoyar su trabajo, en especial a merced de los dueños del gran capital. La información es sinónimo de poder y quien controla la economía, controla los medios de comunicación y también la política a nivel global. En México se observa una concentración del financiamiento a medios en pocas manos y una oferta del mismo dominada por grandes grupos de interés y gobiernos extranjeros.

El financiamiento público a los medios de comunicación ha estado fuertemente cuestionado y son bien conocidos sus efectos perversos en lo que se refiere a la protección a políticos o gobiernos corruptos. Existe un cierto consenso respecto a la necesidad de transparentar los recursos públicos dirigidos a esta profesión para evitar el llamado periodismo “chayotero”. También se reconoce el fenómeno de la “plata” o el “plomo” en contextos o regiones dominados por la delincuencia organizada. Recuerdo, por ejemplo, cómo llegaron a silenciar a los medios de comunicación en Tamaulipas los grupos criminales que se disputaban el control del territorio, el narcotráfico y todo lo demás, bajo un esquema de paramilitarismo delincuencial.

No obstante los efectos nefastos en el periodismo del financiamiento público selectivo—y en defensa de ciertas agendas de administraciones o servidores públicos corruptos—así como del control de medios locales por parte de algunos grupos criminales, también destacan los intereses poco transparentes del gran capital privado. El financiamiento privado a medios de comunicación parece ser de una dimensión muy superior a cualquier otra fuente monetaria de apoyo al periodismo. Si se hace un análisis de los mejores trabajos periodísticos, de las agencias de medios que dominan el espacio público (incluyendo aquellas que defienden o dan acompañamiento al gremio), así como de los principales premios de periodismo en el país, estos parecen estar financiados en gran medida por fundaciones de poderosos empresarios o grupos económicos (la mayor parte extranjeros), así como por agencias gubernamentales de los países más poderosos del mundo occidental.

Si uno hace un análisis de esas redes de financiamiento y de las agendas de esos grupos, es posible identificar elementos comunes y relaciones interesantes que nos explican el porqué de un enfoque en ciertos temas por parte de los medios de comunicación o reporteros más relevantes del país. Existe actualmente un enfoque en trabajos sobre feminismo, violencia de género, diversidad sexual, desaparecidos, seguridad con enfoque en lo local, cambio climático, salud pública, entre otros. Dichos temas también son centrales en las agendas del gran capital transnacional o de las fundaciones a través de las cuáles este último canaliza sus recursos y justifica su gasto para apoyar causas concretas que, por supuesto, benefician sus intereses.

En resumen, las grandes fundaciones u organizaciones filantro-capitalistas que financian medios de comunicación en el mundo, además de hacer aparentemente buenas obras, representan los intereses de sus creadores quienes, por lo general, son los dueños del gran capital internacional. Por otro lado, las agencias de gobiernos extranjeros apoyan agendas informativas que avanzan los intereses geopolíticos de grandes potencias. Si uno investiga los temas que apoyan estos gobiernos y fundaciones, coinciden claramente con sus objetivos de adquirir cada vez más poder y más recursos.

No hace falta hacer mención a proyectos de comunicación individuales, ni a sus financistas específicos. Solamente hay que revisar los trabajos individuales o los esfuerzos de periodismo colaborativo más exitosos, más premiados y más influyentes. También hay que revisar el financiamiento internacional a los premios de periodismo que apoyan al talento mexicano. En muchas ocasiones hablamos de los mismos financistas y de las mismas agencias internacionales o de gobiernos extranjeros.

Hay quienes consideran loables los apoyos del gran capital a los medios de comunicación—sobre todo a periodistas “independientes” o a los pequeños medios locales. En el actual contexto de precariedad en el periodismo y considerando cómo se presentan las temáticas inclusivas de apoyo a temas diversos y con un supuesto enfoque en las minorías o en el medio ambiente, todos estos esfuerzos parecen en realidad encomiables. Si uno hace una lista de los temas y trabajos apoyados mediante el capital internacional parecería que aquellos que lucraron con las guerras y la pobreza del mundo, especularon en las bolsas de valores internacionales empobreciendo a naciones, o promovieron golpes de estado (duros o blandos) en beneficio del capital occidental, promueven ahora supuestamente las causas “más justas” y los valores “más nobles del mundo”.

Resulta irónico que los más ricos y poderosos de repente se volvieron buenos o benevolentes y ahora deciden qué proyectos de buen periodismo promover para beneficio de la humanidad. Quizás promuevan efectivamente buenos trabajos y a periodistas talentosos, y apoyen selectivamente causas nobles, pero de ahí a que podamos defenderlos a capa y espada o adscribirles valores extraordinarios sería demasiado ingenuo o quizás hasta indolente de nuestra parte. El hacer esto significaría ignorar o no entender que dichos actores se siguen beneficiando de no pagar impuestos por sus donaciones, y pueden canalizar estos recursos para continuar apoyando sus causas materiales, ideológicas, políticas o incluso geopolíticas (en caso de proyectos hegemónicos).

En este contexto complejo, se requiere tomar conciencia y conocer los orígenes del financiamiento privado a medios de comunicación. Con esto no se demoniza a priori el apoyo por parte de gobiernos extranjeros, agencias internacionales o fundaciones filantrópicas de capital transnacional. Tampoco se juzgan—como perversas o benevolentes—sin analizar antecedentes, las causas de quienes otorgan financiamientos.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Presupuesto 2022 sin cambios

*PAN: “Está muerta” reforma energética de AMLO

*Salieron del país $266 mmd en inversión extranjera

“El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza”: Sir Francis Bacon.

La ausencia de análisis, discusión y negociación en la Cámara de Diputados, en donde se aprobó sin cambios la propuesta de Presupuesto de Egresos 2022, demostró, una vez más, la única voz y opinión que cuenta en la administración de los recursos federales de México es la del inquilino de Palacio Nacional. A pesar de la propuesta de un presupuesto alterno presentada por los legisladores federales de los partidos de oposición, de haberse presentado 1,994 reservas, sus voces no fueron escuchadas y se les aplicó la aplanadora de la mayoría de Morena, PT y PVEM para sacar adelante la iniciativa presidencial antes de agotarse el tiempo límite marcado por la ley.

El presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2022, fue aprobado, en lo general y lo particular, luego de una maratónica sesión, iniciada el miércoles pasado, y se avaló un gasto total de 7.08 billones de pesos. Fue remitido de inmediato al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Este presupuesto histórico, se logró aprobar alrededor de las 2:00 de la mañana del domingo, con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones, luego de ser rechazadas las 1,994 reservas presentadas por los diputados, particularmente los de oposición. La discusión se extendió hasta el fin de semana y confrontó en diversas ocasiones a los legisladores, particularmente por desechar las reservas, sin un análisis mínimo.

Integrantes de la coalición Va por México, buscaban, en el presupuesto alternativo presentado, reasignar 380,000 millones de pesos del PEF a través de recortes a gastos operativos, así como a los proyectos prioritarios de la administración de López Obrador, como el Tren Maya o la refinería de Dos bocas. Esa propuesta fue sistemáticamente atacada por la bancada oficialista de Morena y sus aliados, a la cual calificaron de “vacilada” y una “marcianada”. También temas de fondo como el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Poder Judicial confrontaron a los legisladores federales, pero no cambiaron en nada.

El presidente López Obrador reconoció la aprobación del PEF 2022 por parte de la Cámara de Diputados y felicitó a los legisladores por su “postura en defensa del pueblo y no de minorías, por siempre privilegiadas”. En sus redes sociales, el mandatario destacó el Presupuesto fue avalado con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones. Dio su aval a los legisladores considerando actuaron en beneficio de 25 millones de familias pobres y de clase media con recursos de programas destinados a la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar.

El diputado panista Jorge Triana denunció extorsiones por parte diputados morenistas durante los días de discusión: “Que si queríamos más recursos para medicamentos, teníamos que apoyar la contra reforma eléctrica”. Triana criticó la postura de los partidos oficialistas pues en ningún momento estuvieron abiertos a discutir las modificaciones del Presupuesto 2022 propuestas por la oposición. El panista recordó a los legisladores del bloque de la 4T necesitan de votos de otras fuerzas si quieren lograr la aprobación de algunas reformas constitucionales enviadas, como la eléctrica, o adelantadas, como la reforma electoral, y para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Anoten bien la fecha del día, 14 de noviembre de 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia (necedad, estupidez) de los partidos que lo apoyan”.

Por su parte, la bancada del PRI calificó de lamentable que la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados no hubieran sido capaces de “escuchar, debatir, analizar y cambiar ni siquiera una coma” en el paquete económico enviado por el Ejecutivo para aplicarse el próximo año. Durante varios días, dijo, como partido ofrecieron argumentos sólidos para realizar modificaciones, con el fin de cubrir necesidades en diferentes rubros de la economía sin que se tomaran en cuenta.

En un comunicado, señalaron: “Los diputados federales de la bancada del tricolor hemos demostrado nos importan las familias, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los campesinos, los connacionales, los hermanos indígenas, los emprendedores, las personas en situación vulnerable, los universitarios, los docentes y los investigadores. Por ello, condenamos la cerrazón de los legisladores morenistas para mejorar la distribución de los recursos que son de toda la ciudadanía”. Y remataron: “El interés de Morena por destinar un gran porcentaje del presupuesto a sólo cuatro grandes obras y a cuatro programas sociales usados con fines electorales, demuestra la insensibilidad y el olvido de esta administración por las causas prioritarias”.

El PRI acusó a los morenistas y a sus aliados de tener oídos sordos a las opiniones de los expertos, organizaciones y ciudadanos participantes en los parlamentos abiertos, en donde se demandaba asegurar con recursos los medicamentos para los niños con cáncer, prevenir y atender el cáncer de mama, el acceso universal a la atención a la salud, dar seguridad a las familias ante los desastres naturales, mejorar la educación, invertir en el desarrollo del campo, dar recursos suficientes para la protección de las mujeres, cuidar el medio ambiente y la sustentabilidad. Los legisladores priístas también afirmaron quedó en evidencia como el gobierno estrangula a los municipios y quiere destinar más recursos a gastos de operación y burocráticos, que a engrosar el número de beneficiados por los programas sociales.

También el líder del PAN, Marko Cortés Mendoza, consideró los diputados de Morena, PT y PVEM mostraron su rostro insensible y autoritario al no escuchar las exigencias de la sociedad luego de la aprobación del Presupuesto a ejercer el año próximo. El dinero público es destinado a “obras faraónicas” que no son urgentes, en lugar de ser utilizado en programas de impulso a la generación de empleo, servicios de salud, abasto de medicamentos, seguridad pública, entre otros. “Los diputados federales de Morena y aliados harán que el gobierno de AMLO se consolide como una “fábrica de pobres”, aun cuando el presidente ha centrado su discurso en el combate a la pobreza”.

En San Lázaro, un punto que generó controversias fue cuando, aún terminada la sesión a primera hora del sábado, los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia le festejaron, a distancia, a López Obrador su cumpleaños, lo que generó gran molestia en los demás partidos políticos, cuyos representantes manifestaron su inconformidad porque esto fue transmitido por el Canal del Congreso. Conforme avanzó la discusión, los legisladores agudizaron su agresividad. Ente carteles con groserías, e incluso el uso de palabras en tribuna, intentaron avanzar de manera más rápida el sábado, cuando empezaron a retirar sus reservas. Hacia el final, varias de éstas ya no fueron presentadas y sólo se añadieron al Diario de los Debates por acuerdo.

De acuerdo a lo avalado por los legisladores, del gasto proyectado para el próximo año, el cual será solventado en más de la mitad por el pago de impuestos, el 74% se destinará al gasto programable, es decir, aquel destinado a proveer bienes y servicios públicos a la población, mientras 26% se canalizará al no programable, es decir, el que se refiere al pago del cumplimiento de obligaciones como participaciones, pago de la deuda y pensiones. Este presupuesto aprobado aún en pandemia, contempla un gasto de salud 15 por ciento mayor para continuar haciendo frente a la emergencia por el Covid-19

Destaca en el PEF 2022, se sigue con el apoyo a los programas y obras insignia del gobierno de AMLO, como la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, entre otros, pese a las críticas de la oposición que cuestionaron el beneficio social y económico que pueden generar. En cuanto al gasto de inversión, se propuso y aprobó una cifra histórica, por 982,287 millones de pesos, 14.3% más a lo aprobado para este año. Del total de ese monto, el 87.9% se destinará a la inversión física presupuestaria; 10.9% a la inversión financiera; y 1.2% a los subsidios para el sector social y para las entidades federativas y municipios.

Sobresale también el incremento al gasto federalizado de poco más de 2.1 billones de pesos, 4.9% superior al del año pasado, registrando el mayor incremento en el actual sexenio.

De los pasillos

Fuga de capitales: de enero al primero de noviembre, han salido de México 266 mil millones de pesos de inversiones extranjeras, impulsadas por una política monetaria conservadora; alta inflación y por iniciativas de reformas como la energética que genera incertidumbre en el país. Al presentar las perspectivas económicas sobre el mercado mexicano, Luis Gonzalí, codirector de inversiones de Franklin Templeton, reveló: “Hay riesgos internos, hay ruido político que hace que el extranjero no vea tan positivo al país y es por eso que “patear” la Reforma Energética (para 2022), aunque sea bueno, genera incertidumbre y eso al inversionista no le gusta” … Ante la incapacidad mostrada por Mario Delgado para convertir a Morena en un partido político sólido, con bases, auténtico, se sigue recurriendo a los desechos de otras organizaciones, principalmente del Verde Ecologista, de quien se dice es el principal extorsionador del tabasqueño.

De manera cínica hace recomendaciones, infla personajes, promete sin bases y sin autorización, nombra delegados y lo cierto de sus acciones radica en el relleno del bulto con el cual presenta sus acciones al Ejecutivo federal. El 2bulto” pesa y no permitirán se convierta en rémora paralizante.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Realmente es necesaria la venta de 42 camionetas blindadas y de lujo de parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda? La lógica indica que no, sobre todo cuando se gobierna en una entidad con índices de seguridad tan elevados como los de Guerrero, y donde hay un notable aumento de los hechos de violencia, en lo que podría ser un reacomodo de grupos aprovechando el cambio de gobierno que, por lo demás, todavía no se concreta. Faltan los cambios de fiscales, agentes del Ministerio Público y, obviamente, los cambios en las comandancias regionales de la Policía Estatal y la Policía Investigadora Ministerial.

Sobre todo, falta que se note el cambio de agenda, pues veníamos de un estilo de hacer las cosas que a todas luces era un laxo. No sabemos si la gobernadora le exigirá al titular de Seguridad Pública más trabajo preventivo, así como coordinación con los municipios, y si le exigirá también al nuevo fiscal general del estado que avance en la investigación de asuntos, pues el rezago en materia de justicia es exagerado.

Es la agenda de seguridad, más que los personajes, lo que debe de cambiar. De nada sirve que llegue una lumbrera a Seguridad Pública, si vienen a cuidar el rancho, como lo hizo el General Pedro Alamazán Cervantes, en cuyo periodo -que abarcó desde el interinato de Rogelio Ortga hasta el primer trienio del gobierno de Astudillo- las cosas empeoraron más allá de lo imaginable.

Durante los tres años y nueve meses que Almazán Cervantes estuvo a cargo de la seguridad del estado, se registraron más de ocho mil homicidios dolosos, colocando a Guerrero en los primeros lugares a nivel nacional por esta causa.

Y aunque para diciembre de 2018 se nombró a un nuevo secretario de Seguridad, la diferencia no se hizo desde el gobierno del estado, sino desde la Federación, a través de la Mesa de Coordinación para la Paz en Guerrero. Poco a poco Guerreo fue saliendo de los ominosos primeros lugares hasta llegar a ocupar el décimo sitio.

Volviendo al tema de las camionetas, entonces no hace falta su venta, sobre todo porque ya son vehículos que perdieron su valor comercial. De los 90 millones de pesos que se invirtieron en su adquisición mayormente de 2018 a la fecha, ya tienen una depreciación del 70 por ciento. Apenas se recuperarán entre 20 y 23 millones de pesos.

Parece mucho dinero, pero es más lo que ya se perdió. La pregunta es, ¿qué sucederá si la gobernadora llega a necesitar una camioneta blindada? Pues nada, que se tendrá que adquirir a su precio de mercado.

Lo que debió hacerse, a nuestro juicio, fue dejar los blindados que sean necesarios, comenzando por el de la gobernadora en caso de necesidad, así como el del futuro fiscal general de justicia y el secretario general de seguridad, casos previstos en la ley, y subastar el resto, porque la verdad son demasiados.

Faltó informar quiénes traían estos vehículos. Se dijo que esa información sería proporcionada y esperemos que el Congreso sí lo haga, porque hasta donde lo anunció el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, los blindados los traían los políticos, sus familiares y hasta ex funcionarios.

Destaca la motocicleta VMW que también será subastada, y que se dijo estaba asignada a Casa Guerrero. ¿Quién la usaba? ¿El ex gobernador Héctor Astudillo, su esposa, alguno de los juniors?

Para colmo, falta que Astudillo entregue 27 camionetas que están en el listado oficial, pero nomás no aparecen por ningún lado. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que continuarán el procedimiento oficial para recuperarlas.

Todo esto nos recuerda precisamente cuando Astudillo asumió el cargo en medio del caos del gobierno de Aguirre y su interino, Rogelio Ortega. Lo primero que se dijo es que habían saqueado el parque vehicular, que habían dejado chatarra. Tal vez por eso el gobernador invirtió casi 100 millones de pesos en el último trienio, para comprar 42 camionetas blindadas, la mayoría Suburban y Cherokee y Tahoe, cuyo costo de mantenimento era superior a los 700 mil pesos por mes, y que gastaban 12 millones de pesos anualmente en combustible, porque por el blindaje esas unidades son pesadas y obviamente gastan más gasolina.

¿Era necesario ese gasto? Y la compra sucedió precisamente en el periodo en que se dijo que habían bajado los índices de inseguridad. ¿Entonces como por qué se compró tanto vehículo caro? Esto huele más a negocio que a una necesidad de seguridad del gobernador y los funcionarios estatales.

En los gobiernos, no siempre se compra lo necesario y urgente, sino cualquier cosa que implique inversión, porque eso lleva implícito el consabido “diezmo”.

Ojalá que los diputados vayan más allá de la subasta de unidades, y revisen a fondo el caso. Aunque, claro, se duda que eso se haga, porque para ello los priístas y perredistas ocupan las principales comisiones en el Congreso local y donde Morena, a pesar de ser mayoría, tiene un control marginal.

En resumen, se entiende que la gobernadora tenga urgencia de marcar la diferencia con su antecesor, pero eso debe hacerse sin incurrir en contradicciones. Se debe dejar lo estrictamente necesario, luego de informar del caso. No olvidemos que lo barato puede salir caro.

Y, ojo, en lo personal insisto en que la gobernadora no puede darse el lujo en andar en el coche de su hermana, en un Guerrero bronco como nuestra entidad, porque ya no es un particular. Es la jefa del Poder Ejecutivo y como tal debe cuidarse, sin que por ello se considere que abusa. La austeridad puede traducirse en un austericidio.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*En la UIF, ¿venganza o combate a corrupción?

*Avanza peligrosamente el recorte millonario al INE

*El senado es temporal, la cátedra para siempre: RM

“Muchas son las leyes en un estado corrompido”: Tácito.

Pablo Gómez, el “histórico luchador de izquierda”, aún con su vasta experiencia legislativa basada solamente en saltar de una curul a otra siempre por la vía plurinominal -cuando lo pusieron a buscar votos perdió y ya no hubo reelección-, no tiene el conocimiento técnico en operaciones financieras, ni el olfato y la audacia de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aun así, prende las alertas de los “adversarios” del presidente López Obrador sobre la ruta a seguir en esa dependencia y la utilización más intensiva de su operación en contra de los representantes del antiguo régimen e inclusive contra “empresarios incómodos”. Ya legisladores de oposición han advertido: con Gómez al frente de la UIF hay riesgos de utilizar el cargo con fines políticos, tal y como se hizo en algunas ocasiones con el propio Nieto por instrucciones del titular del Ejecutivo Federal.

El panista Jorge Triana, vicecoordinador de los diputados del PAN, advirtió el otrora perredista ha demostrado ser vengativo en su actuar como político. De hecho, no más ni menos que su jefe, el inquilino de Palacio Nacional. También señalan Gómez no tiene los conocimientos técnicos exigibles para el cargo, lo cual es del todo cierto, sobre todo comparado con el nivel de su antecesor. “Ese nombramiento es una terrible noticia, Pablo Gómez es un perfil vengativo, con agenda de rencores personales y nada, nada técnico”. En tanto, Jorge Álvarez Maynez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, espera que Pablo Gómez no repita la actuación de Santiago Nieto en la UIF. “Deseamos no repita el protagonismo desmedido de Santiago Nieto y se privilegie la eficacia por encima de la proyección mediática”.

Dadas las primeras declaraciones de Pablo Gómez tras asumir la titularidad de la UIF, los temores de los políticos de oposición parecen tener fundamentos. Gómez destacó: en México no se viven situaciones de corrupción como en cualquier país, nosotros vivimos un Estado corrupto, que es la utilización de la corrupción como sistema integrado a la forma de gobierno. “Es algo distinto y como cosa distinta tenemos que atacarlo”, subrayó en una reciente entrevista con La Jornada, en donde destacó la UIF se volvió un instrumento central en el combate a la corrupción con la llegada del presidente López Obrador. Antes, sostuvo, era una suerte de apéndice del Estado corrupto, “operaba dentro, en los márgenes”.

También en una entrevista radiofónica, Gómez indicó que dependencias como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deben estar en la línea de fuego contra el combate a la corrupción del Estado. Consideró que, para lograr resultados, cada una de las instancias de la administración pública federal deben hacer su tarea y trabajar de manera coordinada. “En estos momentos, su lucha contra el Estado corrupto ha sido tremenda, muy difícil y complicada por lo que hay que hacer una orquestación más desarrollada de carácter institucional. Todo el mundo debe cumplir con su tarea en este asunto y hacerlo cada vez mejor con mayor armonía”, sostuvo.

Gómez Álvarez tiene enfrente una tarea de vital importancia para el régimen de la 4T. Santiago Niego, quien presidió la UIF desde el arranque de la actual administración hasta el pasado 8 de noviembre, cuando renunció debido al ruido mediático en torno a su boda con la consejera electoral Carla Humphrey, el sábado pasado en Antigua, Guatemala, “jugó un papel muy importante, relevante, hizo lo que no se había hecho antes y operó una verdadera UIF; ahora está funcionando y yo no voy a llegar ahí para destruir lo que ya se construyó, sino para conducir el mismo esfuerzo de la lucha contra el Estado corrupto”, recalcó el recién nombrado funcionario.

Ante las críticas a su designación como titular de la UIF, Gómez respondió: la lucha contra el Estado corrupto no puede ser nunca, sería absurdo, meramente técnica. Criticó que en el cambio de gobierno del PRI a PAN “no se combatió el Estado corrupto; ese lo mantuvieron”. Así, subrayó, el objetivo es “acabar con una forma de hacer política, de gobernar, con la corrupción como elemento central de acción gubernamental”. Y defendió que esta clase de puestos “son para acometer tareas políticas en el sentido más amplio, no quiere decir partidistas, sino aquello que atañe al conjunto de la sociedad y no sólo al Estado. La lucha es permanente porque hay muchas personas en el ámbito político, en el ámbito judicial, en el ámbito empresarial que se resisten a dejar atrás al Estado corrupto porque fueron parte de él, lo siguen siendo. Que no me vengan con el cuento de que es un asunto técnico, claro que tiene su técnica, como todo”.

El nuevo titular de la UIF también se refirió a su relación con la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, luego de que éste y Santiago Nieto pasaron de intercambiar acusaciones abiertas por la parálisis en las investigaciones de corrupción, a una suerte de guerra fría. Y presumió: “mis relaciones con el doctor Gertz Manero son estupendas, muy respetuosas”. Ya se verá después del dictamen de la SCJN relacionado con un tema de abuso e influyentismo familiar, si se mantienen esas opiniones o si se repite la opinión presidencial: “es un hombre en la última etapa de su existencia, con mucha edad”.

Recorte

al INE

En la Cámara de Diputados arrancó con protestas, pancartas, consignas y hasta amagos en tribuna la discusión en lo general del Presupuesto de Egresos 2022. La coalición opositora Va por México (PAN, PRI y PRD) y el bloque de la 4T (Morena, PVEM y PT) se confrontaron por la asignación del gasto público para el próximo año, el cual asciende en total a 7 billones 88 mil millones de pesos. El martes, tras seis horas de discusión y entre acusaciones de “cerrazón” hacia las propuestas de la oposición, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general y particular el dictamen del Presupuesto de Egresos de 2022, que plantea un recorte de 7 mil 913 millones de pesos al INE y al Poder Judicial, los cuales serán reasignados en seis secretarías.

El recorte presupuestal contemplado es el más grande aplicado al órgano electoral administrativo y tres veces superior al de 2020, cuyo monto fue de mil 71 millones de pesos, y para 2022 los diputados contemplan recortar casi cinco mil millones de pesos. De acuerdo con la propuesta presupuestal entregada por el Instituto Nacional Electoral, para la revocación de mandato tiene contemplaron un presupuesto preventivo del orden o de tres mil 830 millones de pesos, mientras el correspondiente a la consulta popular es de mil 913.

El recorte al presupuesto del INE, según Margarita Zavala “parece más un mensaje de revancha que de otra cosa, sobre todo por un partido oficial, Morena, que está pidiendo una revocación de mandato”. Mario Carrillo, de Morena, respondió hay un aumento de 13 por ciento al presupuesto del INE en comparación con 2019, y explicó no se puede comparar con este año debido al monto otorgado por las elecciones. Su compañero de bancada, Marcos Medina, secundó: “si con eso no les alcanza, es que las señoras y señores del INE no tienen llenadera”.

El panista Saúl Téllez acusó el dictamen del Presupuesto 2022 no contempla acciones para mitigar la crisis económica ni por la pandemia de Covid-19, por lo tanto votarán en contra de la propuesta. “Es un presupuesto que atiende a caprichos desde la Presidencia; a seguir invirtiendo más recursos sanos a las mega obras faraónicas que no se detienen ante la crisis y el ambiente que estamos viviendo; y la política asistencialistas del despilfarro social que está comprobado por el Coneval, no está dando los suficientes beneficios”, destacó.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral advirtió que de confirmarse el recorte por cerca de cinco mil millones de pesos considerado por la Cámara de Diputados al presupuesto del órgano electoral se pondrá en riesgo la realización del ejercicio de revocación de mandato. El consejero Ciro Murayama puntualizó la autoridad electoral sólo recibe recursos de la asignación hecha en San Lázaro, por lo que de otra forma no contarán con fondos para realizar este ejercicio de democracia directa en 2022. “El recorte puede poner en riesgo, puede comprometer la celebración de estos ejercicios de democracia directa a realizarse el próximo año”.

De los pasillos

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y catedrático de la UNAM, agradece ya comienza a vivirse esta etapa de nueva normalidad permitiendo los encuentros presenciales cada vez más amplios y prolongados. La mañana de ayer el senador estuvo en su amada alma mater. Durante su estadía en el campus, comentó: “esta Universidad es extraordinaria. De manera personal, yo tengo un gran deber moral con ella. Aquí realicé estudios de especialidad, maestría y doctorado. Si no hubiera existido esta Universidad, no hubiera sido Doctor en Derecho, tan sencillo como eso y, por eso tengo ya varios años impartiendo clases en la División de Estudios de Postgrado”. Comentó, nuevamente, es un deber ineludible de todos quienes han pasado y están en ella “defender la Universidad pública. En todo lugar, frente a toda institución. No debe haber recato. Me permito siempre defender a la UNAM donde quiera que esté, porque aquí voy a seguir dando clases toda mi vida, hasta el último día, ser senador es temporal, pero maestro es permanente”.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó el jueves el 18 de noviembre, se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos la Novena Cumbre de Líderes de América del Norte. Los tres ejes centrales de los temas a tratar por los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeu, son la atención de la pandemia por Covid-19, una mayor competitividad en la región, así como desarrollo y migración…