Opinion | - Part 108

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Inseguridad e impunidad demuestran: fracasa militarización

*EU alerta a sus connacionales sobre la violencia en México

* Próxima boda en la familia Verde; “cachan” trampas de MD

“Entre las diversas maneras de matar la libertad, vi hay ninguna más homicida para la República que la impunidad del crimen”: Francisco de Miranda.

La militarización impulsada por la 4T no tiene resultados favorables para la nación ni para su población, sólo para los fines políticos del actual inquilino de Palacio Nacional. La inseguridad registra nuevos récords conforme avanza esta gestión federal y la ola de homicidios rebasa los 103 mil ejecutados en este gobierno. También la impunidad está en niveles extraordinarios y peligrosos. El poder de los cárteles de la droga se asentó en este sexenio debido a la política de “abrazos no balazos”, permitiendo se multiplicarán las actividades delictivas de las organizaciones criminales. La militarización preocupa a los mexicanos pues muchos ven la antesala de la implantación de una dictadura y la cancelación del proyecto democrático impulsado desde finales del siglo pasado en el país. Las tareas asignadas al Ejército abarcan ya todas las actividades y esto es lo visto más claramente durante el actual mandato.

El crecimiento de las fuerzas armadas de México es seguido de cerca por observadores internacionales. De acuerdo con un ensayo de la organización estadounidense Atlantic Council –dedicada al análisis político, económico y de seguridad mundial-, México supera en personal militar activo a los 13 nuevos miembros de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Con sus 236 mil 450 efectivos, tiene más soldados que los 228 mil que en conjunto hay en Macedonia, Montenegro, Albania, Croacia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y Hungría.

La inclusión de México a la llamada Alianza Atlántica “añadiría más personal militar en servicio activo a las filas de la OTAN que los 13 nuevos miembros de la Alianza juntos”, destacan Christopher Skaluba, director de la Iniciativa de Seguridad Transatlántica en el Centro Scowcrof para Estrategia y Seguridad del Atlantic Council, y Gabriela Doyle, asistente de programa en la Iniciativa de Seguridad Transatlántica.

De acuerdo con esa organización, México sería el tercer ejército de la OTAN, sólo por debajo de Estados Unidos y Turquía. El análisis destaca que en la última década, las fuerzas armadas mexicanas se han convertido en un ejército fortalecido y más profesional, experto en la guerra de cuarta generación y opera en todo el espectro del conflicto, desde misiones quirúrgicas de las Fuerzas Especiales conformadas por pequeñas unidades hasta las operaciones de estabilidad a nivel de división en áreas comparables en tamaño a Bélgica.

A pesar del incremento de la militarización del país, los resultados en seguridad son lamentables. En cuanto a ejecuciones, la gestión de López Obrador hizo suyo el récord histórico de 2019, cuando el país alcanzó 35 mil 651 asesinatos, de acuerdo con cifras del mismo Inegi. La cifra más alta desde que se efectúan registros, 1990. Para 2020 la administración de AMLO batió su marca previa: la cifra llegó a 36 mil 579 asesinatos, 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa igual a la registrada en 2019. De acuerdo con el SESNSP, de septiembre de 2018 al cierre de septiembre de 2021, en México han sido asesinadas en total 100 mil 300 personas.

El de López Obrador es ya el periodo de gobierno más violento de la era moderna. En mayo pasado la administración del tabasqueño logró un registro doble del gobierno de Felipe Calderón y 75% más de los ocurridos durante la gestión de Enrique Peña Nieto. De nada han servido las críticas al manejo de la seguridad nacional de AMLO en México y a nivel internacional. La liberación de Ovidio Guzmán en 2019, uno de los líderes del grupo criminal Cártel de Sinaloa, además el dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación en varias zonas del país pone en duda la existencia de una correcta estrategia de seguridad. Y mientras, el poder de los cárteles se fortalece y crece. Por ejemplo, en Michoacán, familiares de desaparecidos denunciaron que grupos armados al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan levas en la zona de Tierra Caliente desde hace dos años.

Las víctimas son privadas de su libertad para engrosar las filas del cártel. También hay registros de niñas raptadas para ser esclavas sexuales de los jefes de plaza de la organización delictiva, así como de jóvenes torturados con el fin de sacarles información. Esto ha provocado la huida de cientos de personas de las comunidades en donde ha incursionado el CJNG. En el colmo, esta organización ha puesto precio a las cabezas de habitantes de los sitios en donde se han resistido a sus ofensivas. En Zacatecas, al grito de auxilio del gobernador David Monreal respondió el presidente López Obrador y anunció la implementación de un Plan de Apoyo y Rescate para el estado donde también se vive una crisis financiera y creciente ola de inseguridad.

El jueves pasado aparecieron 10 muertos, nueve de ellos colgados en un puente entre los municipios de Ciudad Cuauhtémoc y Luis Moya, y ese mismo día fue el más violento con saldo de 20 personas asesinadas. Ante los acontecimientos registrados en los últimos días en el estado, el gobernador destituyó el pasado viernes a Arturo López Bazán como secretario de Seguridad Pública, y en sustitución fue nombrado Adolfo Marín Marín, general brigadier en retiro. La creciente violencia en territorio mexicano llevo al gobierno de Estados Unidos a ampliar su listado de alertas de viaje de sus ciudadanos ya sean los radicados o quienes se encuentren de visita en México, al encontrarse en un mayor riesgo de ser víctimas de delitos violentos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y asaltos.

También la inacción del gobierno ante los cárteles de la droga preocupa al gobierno estadounidense, donde se resienten los efectos del tráfico de estupefacientes. En ese país, existe una epidemia por consumo de drogas desde hace años, pero la pandemia de Covid-19 solo ha empeorado las cosas. El virus, además de provocar cientos de miles de fallecimientos, impulsó el abuso de drogas, en especial, de opiáceos sintéticos hasta sobrepasar un umbral trágico: en un año, entre abril de 2020 y abril de 2021, las muertes por sobredosis pasaron de cien mil en la primera potencia mundial. Fueron en total, 100,306 fallecimientos, según el recuento provisional publicado la semana pasada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés).

Además del fracaso de la lucha contra la corrupción de López Obrador, preocupa profundamente la impunidad. Un amplio informe de México Evalúa, quienes revisan la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, revela el 94.8% de los delitos no ve una salida. Ni una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal. La cifra ha aumentado desde 2019, cuando ya se manejaba un 9i2.4%. La impunidad crece con unas fiscalías asfixiadas por el número de carpetas y alimenta la seguridad de que matar, extorsiona, secuestrar o desaparecer sale gratis a los delincuentes.

Ante ese panorama, Luis Cresencio Sandoval, general titular de la Secretaría de la Defensa, respondió, durante el festejo de la conmemoración del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a las preocupaciones de observadores y expertos: “Tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción, debido a que la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas”, Sin embargo, fue claro al señalar están comprometidas en apoyar la consolidación del actual régimen. Además, exhortó a unirse al proyecto de la 4T y trabajar en un mismo objetivo. López Obrador también reaccionó a la creciente preocupación por la militarización del país. Reconoció la lealtad de militares, marinos y guardias nacionales que, dijo, vienen del “México profundo”, y pertenecen al pueblo mismo. “Los integrantes de la Fuerzas Armadas son leales a la Constitución y a las instituciones, no han pertenecido ni van a pertenecer, estoy seguro, a la oligarquía”, señaló el tabasqueño en el desfile en el cual participaron 3 mil 953 militares, dos mil 431 civiles y 335 niños. Se utilizaron dos mil 52 caballos, 71 vehículos y 15 aeronaves.

De los pasillos

En el gobierno de la 4T se prendieron las alertas ante la advertencia del presidente y director general de General Motors México, Francisco Garza, en el sentido de que México dejará de ser “un destino” para la inversión privada extranjera si no se realiza la transición hacia energías renovables. “Si no existe un manejo jurídico, estructural en México enfocado a la producción de energía renovable, General Motors no va a parar su visión cero (emisiones de carbono)”, señaló el directivo en la 49 Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)…

El próximo fin de semana tendrá lugar otra boda, ahora de una de las integrantes de la familia poseedora del Partido Verde. Ya veremos la reacción del primer mandatario por el gasto hecho por sus aliados en una de esas ceremonias salpicas de salitre sexenal…

La mediocridad alcanzó a la cultura y una muestra de ello puede verse en la ex residencia oficial Los Pinos. Todo contrasta y da fe del dispendio de recursos bajo el falso argumento de la austeridad republicana…

Todo indica es inocultable el daño causado por Mario Delgado a Morena. El filtro de sus decisiones y la supervisión directa de las acciones le fue asignada al titular de Gobernación Adán Augusto López, pero también los de la Comisión de Elecciones hace lo suyo marcando pueden crecer esas listas presentadas de cuatro aspirantes por estado para la contienda por la gubernatura: dos hombres y dos mujeres. Encontraron la serie de trampas puestas por el ex carga maletas de Emilio González, se percataron de sus intenciones de entregarle a ese partido oportunidades para hacerse de un número mayor de gubernaturas y seguir con esa alianza lo están pensando muy seriamente, más aún cuando el inquilino no aparece con las disposiciones de antaño.

¡Aquí no!

Ernesto Hernández Norzagaray

En el norte de Sinaloa está en peligro uno de los humedales más importantes del país. Se pretende la construcción de la planta de amoniaco “más grande de Latinoamérica” en la bahía de Ohuira ubicada en el municipio de Ahome y los promotores políticos de la consulta ciudadana están dispuestos a sacarla a su favor y para ello basta ver como la han diseñado.

Rabindranath Salazar, Subsecretario de Gobernación, fue a Los Mochis, a exponer las características de la consulta y a promoverla, el Gobernador Rubén Rocha estuvo en el mismo tenor, los alcaldes de Ahome, Guasave y El Fuerte y, en todos, parece haber sintonía de que se deba construir la planta en el noveno humedal Ramsar en importancia del país.

Y, así, contraviniendo los derechos de los ahomenses, los pueblos originarios y los compromisos internacionales del Estado mexicano, como son los que obliga la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, mejor conocido como Convención Ramsar, que México suscribió en 1986 para preservarlos y mantener los equilibrios en los ecosistemas húmedos del planeta.

La opinión de los científicos y activistas medioambientalistas, ecologistas, funcionarios, políticos, periodistas y, obviamente, la de quienes potencialmente serán afectados por los riesgos que oficialmente se reconocen (emisiones de gases a la atmosfera, alteración de la calidad de los recursos de la laguna de Ohuira, alteración de los suelos y modificación en los ecosistemas) en este proyecto industrial contaminante ha sido cuestionado por su impacto que habrá de tener sobre la calidad de vida los vecinos incluso algunos han señalado la experiencia de Trinidad y Tobago donde una planta similar significó un incremento sustantivo de los casos de cáncer.

Pero, eso no parece importar, se impone la racionalidad económica sobre el equilibrio de la naturaleza y la vida humana.

Así, cómo distintas fuentes lo han documentado, de salir adelante se cumpliría el negocio de dos exgobernadores y empresarios que han invertido tiempo y relaciones para hacer viable este proyecto que tendría financiamiento alemán y suizo por un monto de 100 mil millones de pesos.

Informe: Los hábitos de compra creados durante la pandemia pueden estar aquí para quedarse

Se podrá decir que ninguno de los ex invertirá en la planta, qué cómo lo ha aceptado Francisco Labastida Ochoa, solo están ahí “gestionando” cuando en realidad estaban operando políticamente el proyecto y ahora, para que no se vea que es un negocio de políticos priistas, pierden visibilidad para que sea con cargo político para el Gobierno morenista ante esto sorprende el entusiasmo con que el ejecutivo estatal abraza el proyecto.

Rocha Moya no ha escatimado elogios al proyecto que favorecería “la agricultura de todo México”, ante el asombro de activistas morenistas, que se han opuesto desde sus orígenes y que ahora están en el dilema de apoyar a su gobernador o seguir combatiendo la instalación de la planta de amoniaco.

Al final de cuentas, es una historia depredadora, que ya hemos visto en otros lugares cuando políticos y funcionarios públicos aprovechan su estatus para hacer negocios personales o de grupo.

Pero, vamos, al tema de la consulta que ha sido diseñada para que no falle a favor de sus promotores:

Primero, se integra selectivamente un Consejo Ciudadano para la Consulta Popular con “figuras de reconocido prestigio de la región” pero, no se hace explicito, el criterio técnico que el seleccionador utilizó para elegir a cada uno de ellos y, peor, notoriamente, podrían estar en ese Consejo principalmente quienes están a favor del proyecto. Así, se hizo visible en la propia conferencia de prensa donde se presentó el modelo de consulta, con la intervención del boxeador Jorge “Travieso” Arce quien, como miembro del Consejo aprovecho para mostrar abiertamente sus simpatías por la planta. Y, curiosamente, dejan fuera de ese Consejo Ciudadano a quienes lo han cuestionado y los que serán directamente afectados con la instalación de la planta o aquellos que se han amparado contra este ecocidio largamente anunciado.

Segundo, la conferencia de prensa se celebró el 16 de noviembre y la consulta será el 28 del mismo mes, es decir, escasos 12 días después, lo que significa, que en ese tiempo breve se hará una campaña de difusión e invitación para participar en ella, lo que indica que hay prisa para sacar adelante el “sí” y, hay en marcha, todo un operativo, por lo que no se descartan prácticas perniciosas como las ocurridas en las pasadas elecciones municipales cuando los ahomenses fueron víctimas de la violencia.

Tercero, el Subsecretario de Gobernación no aceptó dar a conocer la pregunta que habrán de responder los ciudadanos involucrados con un “si” o un “no”, como tampoco explicó cómo se seleccionarán a los responsables de cada una de las 30 mesas que habrán de ser instaladas en Ahome, Guasave y El Fuerte, este último, sorprende porque no tiene salida marina

Cuarto, incluso, llama la atención que una buena parte de las mesas serán instaladas en sindicaturas rurales donde existe mayor desconocimiento del impacto medioambiental del proyecto y, sorprendentemente, se omite una mesa en las comunidades indígenas pertenecientes a la nación Yoreme-Mayo de Lázaro Cárdenas y Ohuira y sólo, una de ellas, está contemplada en Topolobampo que es el epicentro del malestar ciudadano.

Quinto, las 30 mesas de recolección de boletas se distribuirán en Ahome (16), Guasave (13) y El Fuerte (una), incluso una casilla especial en Los Mochis, pero, sin que haya un padrón de potenciales participantes y el subsecretario, a pregunta expresa de la prensa, sobre el número de boletas solo señaló que “habría suficientes” para todos aquellos que quieran manifestarse el 28 de noviembre y para darnos cuenta de la desmesura, el despropósito y la intención, basta recordar que en Ahome durante la pasada elección el INE se instalaron 650 casillas para recolectar los votos.

Y sexto, o sea, la consulta está diseñada bajo el principio de “quien hace la consulta hace la trampa”, pues define cual es el sector que más interesa que participe y de esa manera perversamente se deja en minoría a quienes serán directamente afectados como es el caso de los pueblos originarios que han elevado su voz por la negativa y se han amparado contra el proyecto.

Interesa legitimar la consulta mediante la consulta misma y con los que quieran participar, es decir, si el día de la consulta asiste un cinco o un 10 por ciento de las personas en condición de manifestarse es suficiente para legitimarla, aunque dado el interés expresado por los convocantes de la conferencia de prensa, no hay que descartar la movilización de sufragantes por el “sí”, en tanto, eso sucede, activistas ambientalistas de Ahome, Culiacán y Mazatlán, se han acercado al Congreso del Estado, para denunciar la ilegalidad de la consulta y buscar apoyo y para este viernes 19 de noviembre hay una convocatoria para movilizarse en Los Mochis.

Esto, ocurre, en medio de amenazas de muerte, contra miembros del colectivo ambientalista “Aquí no” de Topolobampo que es la parte siniestra de esta operación contra el humedal que busca legitimarse con la consulta y, por encima de los seis amparos, que existen ante las instancias jurisdiccionales del país.

En definitiva, Aquí ¡no!

Desaparecidos: la ONU no nos salvará

Rubén Martín

Con más de 300 mil muertos, casi 95 mil desaparecidos reconocidos oficialmente, más de 52 mil cuerpos sin identificar, tres mil fosas clandestinas y una estela de episodios con su reguero de masacres, cuerpos colgados, desmembrados y torturados, México vive una crisis excepcional de violencia organizada, nombrada desde el ámbito de los derechos humanos como una crisis humanitaria de grandes proporciones.

Por su magnitud, México vive una guerra informal que no es reconocida por las autoridades de todos los niveles, dedicándose apenas a administrar esta violencia que azota a la mayoría de la población, especialmente a los más pobres, y donde muchas veces la violencia es funcional para la imposición de distintas dinámicas de acumulación de capital como ocurre con frecuencia en megaproyectos estatales o privados.

Este es el contexto en el que llega a México el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) en el que cuatro de diez de sus integrantes se encontrarán con familias organizadas que tienen desaparecidos, víctimas de violencia, organizaciones civiles de derechos humanos, autoridades y distintos sectores sociales para recoger testimonios, reportes, análisis y con todo ese material, realizar un informe que será presentado en marzo del próximo año para compartir sus conclusiones y recomendaciones.

La delegación del CED estará recorriendo el país del 15 al 26 de noviembre y está compuesta por Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité y jefe de la Delegación, por Juan-Pablo Albán Alencastro, Juan-José López Ortega y Horacio Ravenna.

El CED es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes. Desde su creación, es la primera ocasión que el CED lleva a cabo una visita a un país miembro firmante de la Convención contra desaparición forzada, y como ha subrayado el mismo CED, habían solicitado la visita de trabajo a México desde el año 2013, al inicio del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, sin embargo esta fue negada.

Ante esta negativa del gobierno de Peña Nieto y ante el notable crecimiento del fenómeno de las desapariciones, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió “enérgicamente” al Estado mexicano reconocer la competencia del Comité en agosto de 2016. Pero el gobierno siguió siendo omiso.

Si ahora el CED está en México es gracias a las exigencias y tenacidad de las madres organizadas que buscan a sus desaparecidos. En el año 2018, María Herrera, una madre michoacana que ha sufrido la pérdida de cuatro de sus hijos, exigió que el gobierno mexicano aceptara la visita de la CED ante instancias jurídicas.

En 2019, a comienzos del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, María Herrera, acompañada de organizaciones de derechos humanos, ganó un amparo para exigir al gobierno esta petición. Para sorpresa de María Herrera y abogados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, impugnó la decisión. La presión de las familias llevó a que en agosto de 2019, finalmente, el gobierno mexicano aceptara la visita que ahora se concreta.

Aunque es la primera visita al país, el CED ya se había pronunciado sobre la grave situación de las desapariciones forzadas en México: en su primer informe, reconoció que en México hay un contexto de “desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”. Además México es el segundo país del mundo en solicitar acciones urgentes al CED, por atrás de Iraq. De un total de 1,031 acciones urgentes solicitadas en el mundo, 424 corresponden a México, recordó en un artículo reciente el Centro Prodh.

Los integrantes de la CED que llevan a cabo la visita a México ya han empezado a recoger testimonios dolorosos, conmovedores y con la esperanza de que esta visita contribuya a cambiar el contexto de desapariciones generalizadas que existe en el país. El jueves, en Monterrey, los integrantes del CED escucharon a madres de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León que en ese estado hay 5,790 personas desaparecidas, 2,089 personas sin identificar, 410 desconocidas que se encuentran en fosas comunes, y seis grandes campos de exterminio donde han sido detectados hasta 600 mil restos orgánicos de humanos (Proceso, 18 noviembre 2021).

Ese mismo día, en Nayarit los colectivos de familias denunciaron la crisis forense que existe en el estado así como el crecimiento de fosas clandestinas y también expresaron su preocupación por la seguridad de los familiares de las víctimas, ya que “están en riesgo, toda vez que son tan visibles y alzan la voz frente a estas violaciones de derechos humanos”. En Nayarit también se denunció que el órgano de procurar justicia, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, ha actuado en realidad como parte de la “estructura criminal” y ha cometido crímenes de lesa humanidad (La Jornada, 19 noviembre 2021).

Juan José López Ortega, representante del CED, estuvo la mañana de viernes pasado en Guadalajara, en una reunión con más de 50 representantes de organizaciones de familiares, quienes expusieron tanto los casos individuales y masivos de desapariciones, crisis forense y respuesta burocrática poco eficiente del gobierno de Jalisco. Y escuchó también las denuncias de que se cometen desapariciones forzadas en Jalisco, como quedó evidenciado en el episodio represivo conocido como el Halconazo tapatío, del 5 de junio de 2020. En ese episodio el gobernador de Jalisco reconoció que la Fiscalía estatal está infiltrada por el crimen organizado.

Relatos y testimonios como estos recogerán los enviados del Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU a la largo del país durante una semana más. Los familiares de desaparecidos tienen esperanza de que sus testimonios, evidencias e indagaciones que los integrantes del CED recojan en su gira en México produzca un informe contundente que obligue al Estado mexicano a dar una respuesta eficaz a la exigencia de presentar con vida a los casi 100 mil desaparecidos que hay en México.

Pero por más que esté justificada esta esperanza, ningún organismo de la ONU “salvará” a México de esta crisis de violencia generalizada. Es necesario que desde abajo se articulen las familias y la sociedad se movilice masivamente de forma solidaria para poner freno a esta guerra informal que padecemos. La salida no vendrá de la ONU y del Estado mexicano, que es cómplice por comisión u omisión de esta crisis por desapariciones y los episodios brutales de violencia. Tendrá que ser buscarse con la sociedad organizada desde abajo.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Nuestra amada Costa Grande, como ninguna otra región del estado y del país, fue escenario para la cruenta Guerra Sucia, periodo que abarcó desde el final de la década de 1960 hasta finales de los años 1980, y que consistió en una estrategia político militar para exterminar a los grupos y movimientos opositores al régimen unipartidista, donde el oficialismo era la constante, incluida la prensa.

Estos grupos, ante la represión que tuvo su máximo momento en la masacre de Tlatelolco, en 1968, y luego con El Halconazo de 1971, se alzaron en armas y dieron pie a una virulenta reacción oficial que, sin embargo, fue tan bien diseñada y ejecutada que tardó 20 años, tiempo en el cual uno a uno fueron desarticulados los grupos opositores y sus líderes cazados y asesinados.

El Partido de los Pobres, el Movimiento de Acción Revolucionaria, la Liga Comunista 23 de Septiembre, por citar algunos, fueron blanco de la represión político-militar, lo que se llama Guerra Sucia, que en realidad fue un terrorismo de Estado.

A diferencia de lo que sucedió en otros países de Centro y Sudamérica, donde la represión fue menos cuidada, más rápida y virulenta, en México fue quirúrgica y silenciada dentro y fuera del país. Fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de una prensa cómplice, censurada y también amedrentada.

De hecho, se conoce poco de ese oscuro periodo porque los archivos fueron eliminados. Y aunque Vicente Fox abrió la primer fiscalía para investigar los movimientos políticos del pasado (Femost), los resultados fueron mediocres, pues hasta la fecha prevalecen los pactos de silencio e impunidad, así como el secreto de Estado, ya que aún se tienen clasificados documentos militares a los que los grupos defensores de los derechos humanos no han tenido acceso.

El colectivo Eureka, por ejemplo, tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido al día de hoy.

Eureka fue fundado por Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo fue desaparecido. “Mientras México apoyaba a la Revolución Cubana, al Gobierno de Salvador Allende y al Sandinismo, en su interior el régimen priista “ocultaba” la persecución a los movimientos de izquierda que pedían la democratización del país”, expuso Jorge Gálvez miembro de este comité.

Las historias son espeluznantes. Gente lanzada al mar desde helicópteros luego de haberlos torturado. Enterrados en destacamentos militares, como Rosendo Radilla. Hombres jóvenes echados al Pozo Menéndez, y un largo etcétera que, en realidad, se han quedado en el nivel de las fábulas porque, como decíamos, se tiene muy poca documentación oficial al respecto, y mucho menos hay información periodística, salvo de los eventos más obvios y escandalosos, como lo fueron la Matanza de Tlatelolco y El Halconazo.

Pero no sólo fueron perseguidos los guerrilleros; en realidad se se arrasó con todo: disidentes de izquierda, estudiantes, obreros y campesinos. Todo lo que estorbara al régimen fue acorralado y sus líderes silenciados.

Después de Tlatelolco, siguieron dos décadas de arrestos, torturas y desapariciones perpetradas por la ya extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la complicidad del Ejército.

Fue hasta el gobierno de AMLO que el tema vuelve a retomarse, a la luz de la existencia de las decenas de miles de desaparecidos, producto de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, y que ya asciende a unas 100 mil personas.

No sólo se tiene una fiscalía para investigar lo que sucedió en la Guerra Sucia, así como otra para el Caso Ayotzinapa, sino que por fin se autorizó la visita del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en su primera visita a México, luego de 10 años de negativas para su ingreso al país.
Obviamente, uno de los estados a visitar por este comité es Guerrero, no sólo por el Caso Ayotzinapa, sino porque la entidad ha sido escenario de violencia permamente.

Realmente la Costa Grande fue refugio de los alzados de la Guerra Sucia. Uno de los casos más sonados fue el de Lucio Cabañas Barrientos, nacido en El Porvenir, Atoyac de Álvarez, el 12 de diciembre de 1938; y asesinado en Técpan de Galeana, el 2 de diciembre de 1974.

Lucio fue un maestro rural mexicano, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la sierra de Guerrero, durante la década de 1960 y hasta su muerte en 1974.

Lucio inició su formación política en la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), que en ese entonces dirigía el sanlusiteco Genaro Vázquez Rojas, y luego se acercó al Partido Comunista Mexicano. El 18 de mayo de 1967, Lucio convocó a una reunión en Atoyac, donde se desató una balacera, pues el intento era asesinarlo. Se remontó desde entonces a la sierra. En abril de 1974 la guerrilla dirigida por Lucio Cabañas decidió secuestrar a Rubén Figueroa, senador de la República y candidato a la gubernatura del estado de Guerrero. Figueroa estuvo secuestrado durante 5 meses y fue rescatado el 8 de septiembre de ese año por un operativo policiaco-militar.

Después de este acontecimiento el estado respondió con toda su fuerza contra la guerrilla de Lucio Cabañas e inició su persecución sin cuartel, hasta que 3 meses después, la madrugada del 2 de diciembre de 1974 se dio el último enfrentamiento con tropas militares, iniciándose un tiroteo en la selva cafetalera El Otatal, municipio de Tecpan, donde Lucio fue asesinado con el tiro de gracia, aunque hay una versión de que al verse en desventaja se colocó su rifle en la garganta y se quitó la vida. Quién sabe. Falta ver lo que la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia logra excavar de las catacumbas del poder político y militar de México. Entre tanto, también se busca a los desaparecidos casi 100 mil desaparecidos de la Guerra contra el Narcotráfico.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*EU-México-Canadá: “Mucho trabajo por hacer”

*Protege Biden a los agentes trabajando en el extranjero

*AAL será filtro electoral; aparecen intereses de Delgado

“Para la diplomacia una cuestión aplazada ya está resuelta”: André Maurois.

Tal vez la perspectiva que mejor enfoca la reunión de “Los Tres Amigos” en Washington, es la declaración del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, antes de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden: “Tenemos mucho trabajo que hacer”. Más allá de las labores a realizar por los gobiernos de México y sus socios comerciales para mejorar e incrementar la competencia económica del bloque de América del Norte o superar las diferencias en materia de producción de energía, urge la solución al problema migratorio, el cual tensa desde hace años las relaciones entre EU y México. Antes de reunirse con Joe Biden, el presidente López Obrador celebró la iniciativa del mandatario estadounidense para regularizar la estancia de 11 millones de migrantes la cual espera sea aprobada por los legisladores. “No hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio”, declaró AMLO. Sin embargo, tal documento no ha llegado al Congreso estadounidense.

Durante la reunión con Kamala Harris, vicepresidenta de EU, en la Casa Blanca, López Obrador insistió en que tanto EU como México deben ayudar a Centroamérica para combatir las causas que originan el fenómeno migratorio. “Si se fortalece la integración económica en América del Norte se debe regular la migración”, comentó y puso como ejemplo a la Unión Europea y la integración económica para el crecimiento conjunto. El problema migratorio tiene en jaque tanto al gobierno de Biden como al de López Obrador. En México, la llegada y traslado de caravanas de migrantes han sobrepasado la capacidad de atención de las autoridades. Ejemplos sobran, uno de ellos se ubica en la frontera sur de México, en donde cerca de tres mil migrantes, provenientes de al menos una decena de países, la mayoría de Centroamérica y Haití, iniciaron este jueves una nueva caravana con rumbo a la Ciudad de México para solicitarle al presidente el libre tránsito y la pronta regularización de su situación legal.

López Obrador hizo referencia en la reunión con Kamala Harris al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con Daniel Josephus, quien ocupó el mismo cargo en la época que gobernaron Franklinh D. Roosevelt, en Estados Unidos, y Lázaro Cárdenas en México, “Ayudó mucho el embajador Daniels, porque era un hombre progresista y entendió el por qué de las decisiones del general Cárdenas, además el presidente Roosevelt era su amigo y esto fortaleció las relaciones entre México y Estados Unidos; es importante sean personas de confianza, como es el caso del actual embajador. Nos llevamos muy bien, es muy buena la relación”. El presidente mexicano también subrayó Salazar se ha ocupado de los temas como la integración económica, respeto a la soberanía y migración, los cuales comprende muy bien.

Durante su encuentro en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden le recordó a su homólogo López Obrador: Estados Unidos y México “están en pie de igualdad”. “En realidad, señor presidente, ya no usamos expresiones como “nuestros amigos del sur”, sino que estamos hablando de nuestros pares, nuestros países están en pie de igualdad, y eso es lo que me gusta de ustedes”, dijo el mandatario estadounidense. Por su parte, AMLO resaltó los más de 200 años de relación entre los dos países. Asimismo, destacó la importancia del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ya que se trata de un instrumento fundamental. “Agradecemos mucho este trato respetuoso y vamos a ayudar, a participar, para la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones en el mundo. Integración económica con respeto a nuestra soberanía, tenemos muchas posibilidades de fortalecernos”, respondió el mexicano.

En su encuentro, el presidente López Obrador enfatizó a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, la necesidad de avanzar con el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar que propuso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que busca apoyar a cerca de 750 millones de personas de escasos recursos. “Ambos jefes de Estado resaltaron la importancia de avanzar en la consolidación de una comunidad norteamericana en la que la calidad de vida y el bienestar de las personas sea la métrica central de las políticas públicas de los gobiernos”, resaltaron en un comunicado.

El narco de

EU-México

Antes de reunirse con el presidente López Obrador en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden firmó una ley que permitirá al Departamento de Justicia estadounidense perseguir donde sea a quienes ataquen a agentes estadounidenses. La administración de Biden está preocupada por la inacción de la gestión del tabasqueño ante las actividades criminales de los cárteles de la droga y de la política seguida hasta el momento de “abrazos, no balazos”, en los hechos convertida en un “dejar hacer, dejar pasar” las actividades ilícitas de las organizaciones del crimen organizado.

La legislación fue nombrada en honor de Jaime Zapata y Víctor Ávila, agentes de la oficina de Inmigración y Aduanas destacados en México, atacados el 15 de febrero de 2011 por elementos del crimen organizado cuando iban de Monterrey a la Ciudad de México a bordo de una camioneta blindada. Zapata murió y Avila sobrevivió gravemente herido. Varios de los responsables fueron detenidos y juzgados luego en Estados Unidos. Dos de ellos sentenciados a cadenas perpetuas consecutivas por delitos diversos pero no por el asesinato.

El presidente Biden explicó: una condena de homicidio fue descartada en apelación, “porque la ley no ponía en claro que el Departamento de Justicia puede perseguir a quien mate o trate de matar a un agente federal de los Estados Unidos”. De acuerdo con el mandatario estadounidense, esta ley “va a proteger a los agentes que sirven en el exterior y envía un mensaje a los carteles de la droga, terroristas y criminales, dondequiera que operen, que si atacan a nuestros agentes no escaparán a nuestra justicia”.

Mario Delgado

es descubierto

Es de suma importancia la determinación adoptada por el presidente de la República al dejar en manos del titular de Gobernación la recepción y obviamente solución a los reclamos de quienes están inconformes con el registro y la selección de candidatos de Morena, partido inexplicablemente adelantado en las acciones con las cuales se marca el inicio de procesos electorales en 6 entidades del país. Desde el día en el cual fue nombrado el ex gobernador de Tabasco Adán Augusto López, el Ejecutivo dejó claramente establecido que sería quien se encargaría de atender muchos de los renglones relacionados con la política interna y, a no dudar, las próximas elecciones estatales están incluidas, más aún cuando las inconformidades provendrán de quienes militan en el mismo partido por el que lucharon ambos tabasqueños.

La lista de quienes se inscribieron rebasa toda lógica al aparecer lo mismo tricolores que blanquiazules o aquellos durante años ubicados como apartidistas. Se considera que habrá muchas inconformidades con los listados de inscritos como aspirantes a la candidatura para gobernadores. 156 aparecen. De entre ellos nos ocuparemos por ahora de los 15 de Quintana Roo y de quienes han recibido como respuesta ir a ventilar sus inconformidades en la oficina del encargado de la política interior. La instrucción presidencial fue directa para don Adán Augusto quien, además de recibir quejas e inconformidades deberá entrevistarse personalmente con quienes serán los candidatos. Del palacio de Covián surgirán las instrucciones para Mario Delgado de quien, al parecer, ya se descubrió sus objetivos no son los mismos de los morenistas sino más bien apuntan a beneficiar a los verdes, con quienes tiene grandes deudas.

Tanto Delgado como Citlalli Hernández se encuentran a la expectativa. A la secretaria general ya no le interesa aparecer dando respaldo a su superior, los rumores con respecto a lo hecho en otras elecciones, entre otros la simulación de encuestas, abona en la desconfianza generada en el ánimo presidencial y, por ende, no desea verse salpicada. La importancia de no generar divisiones está presente y se ve claramente al multiplicarse las peticiones para ser recibidos de manera personal por el alto funcionario. En Quintana Roo se elegirán 15 diputaciones de mayoría, con sus curules de representación proporcional se suman otras 10. Hasta ahora todo apunta a desear no se presenten quienes buscan la reelección porque su manejo actual en el Congreso ha sido sumamente dañino.

Si bien para el Ejecutivo federal el método de selección con base en las encuestas se considera el mejor, en Quintana Roo puede demostrársele no siempre es el idóneo. Ha sido muy fácil para Mario Delgado falsear no solo resultados, sino la realización de esta práctica. Ahora se dice encabeza las preferencias quien representa al Verde, no a Morena y así es visto por ciudadanos de todos los sectores. El fenómeno surgido a raíz de mencionar a Radael Marín Mollinedo como el abanderado ideal al ser fundador de ese partido, por estar adentrado en los problemas de todo el estado al haberlo recorrido palmo a palmo, es para los de ese partido el único con el cual puede garantizarse se haga presente la 4T, inclusive el sector empresarial lo ve con buenos ojos ante el éxito con el cual ha manejado sus negocios y el proyecto del Tren Interoceánico.

Sabedores de poder dejar establecida la necesidad de optar por un candidato con el cual se garantice la unidad y, posteriormente la gobernabilidad, no dejarán de buscar la posibilidad de ser escuchados y atendidos en sus demandas. Quien ha obtenido el poder municipal con la supuesta representación morenista, pero abanderando prácticas y negocios del Verde, cuenta con algunos expedientes y denuncias en el presente también analizadas. Por lo pronto no todo está dicho.

Los viajes ilustran, sobre todo a AMLO

Jorge Zepeda Patterson

A mi juicio lo más importante de la reunión de Biden, Trudeau y López Obrador no reside en los acuerdos logrados o el intercambio de ideas, siempre imprescindibles entre vecinos, sino en la manera en que tales acuerdos y compromisos modernizan la perspectiva del Presidente mexicano y, en cierta manera, matizan las posiciones más controvertidas de su administración.

Me parece que la mayor virtud de Andrés Manuel López Obrador es que ha buscado gobernar teniendo en cuenta a los pobres y sus genuinos reclamos. Más allá de los aciertos y desaciertos de la Cuarta Transformación, el mero arribo de un Gobierno que abre la esperanza a las mayorías abandonadas conjuró por el momento el riesgo de estallidos sociales e ingobernabilidad.

Conducir a nuestro país desde la agenda del “México profundo” es un acierto, pero proponer soluciones con la mentalidad del México profundo puede convertirse en un desatino. Y es que se trata de dos cosas distintas. Nada que reprochar al planteamiento de AMLO de considerar que ha llegado el momento de atender a los desesperanzados, bajo la consigna de “primero los pobres”. El problema es cuando las soluciones que se ofrecen surgen esencialmente de la perspectiva, la visión del mundo y los recursos de este México profundo. López Obrador es el Presidente mexicano que mejor conoce la geografía del país y sus habitantes; pero por desgracia también es el Presidente mexicano que menos contacto ha tenido con la realidad internacional o las tendencias mundiales en muchos campos.

Esto no significa que AMLO sea un ignorante en lo que toca al mundo ni mucho menos. Resultan sorprendentes las relaciones personales que ha entablado con líderes de oposición e incluso con empresarios importantes de otros países. Está bien enterado de los temas de historia y política internacional que le interesan. Pero lo cierto es que ha viajado poco y su exposición a muchos otros aspectos de la vida contemporánea internacional es escasa. Quizá a ello se deba el manejo más bien plano con el que encara temas de la agenda moderna progresista, en el que el feminismo, los derechos humanos o el medio ambiente forman una parte sustantiva. Son asuntos complejos y cargados de matices sobre los cuales la comunidad internacional ha debatido largamente en los últimos años. Pero son debates que resultan ajenos a la experiencia o al interés del Presidente y, por consiguiente, suele encararlos en una versión más bien reduccionista. Una y otra vez AMLO ha dicho que “el pueblo es sabio” y esa debe ser la fuente de la que se abreve para encontrar las soluciones para los problemas del país. Y ciertamente se trata de una perspectiva que no debe estar ausente en el diseño de soluciones y políticas públicas; pero también es cierto que la ciencia y la humanidad en su conjunto están inmersas en un proceso continuo en busca de alternativas y posibilidades, algo sobre lo cual el Presidente no parece particularmente interesado.

Fue importante que el mandatario mexicano y su comitiva, en los distintos paneles, pudieran hacer ver a sus socios nuestros criterios y realidades. Pero tanto o más importantes es que este encuentro puede influir en las propias perspectivas de AMLO, justamente porque su mayor déficit, en lo que toca a su trayectoria personal como Jefe de Estado, reside en su manejo de temas globales.

Las perspectivas y compromisos que López Obrador asume tras este tipo de encuentros me parece que lo beneficia enormemente en su calidad de gobernante. Le puede tener sin cuidado buena parte de los asuntos que el resto de los mandatarios del mundo discuten en sus múltiples encuentros, de allí su reiterada ausencia en todos estos foros, fiel a su consigna de que la mejor política exterior es la política interior. Pero AMLO ha gobernado con la convicción de que el intercambio comercial y la integración industrial con Estados Unidos resultan fundamentales para la prosperidad de los mexicanos. En ese sentido considera que esta “política exterior” es una manera de hacer política interior, de allí su interés personal en la definición del nuevo TLC o su empeño por llevar las mejores relaciones posibles con Trump, y ahora con Biden.

Pese a sus conocidas críticas al mercado internacional, a la globalización indiscriminada o al neoliberalismo imperante en el mundo, en el encuentro recién terminado fue quizá el más ambicioso, al afirmar que los tres países tenían que acelerar su proceso de integración para neutralizar el protagonismo de China en términos comerciales y productivos. Algo quizá políticamente incorrecto, pero impecable en términos de la oportunidad histórica que significa para México convertirse en una opción para las fábricas occidentales asentadas en tierras asiáticas.

Pero eso, a su vez, obliga a México a empujar agendas laborales, ambientales, jurídicas y, en general, procesos de apertura y competencia empresarial y financiera que no necesariamente están en el programa de la 4T y en ocasiones, incluso, son contrarias a ella. Los propios deseos del Presidente para acelerar la integración tenderían a limar algunos de los aspectos más cuestionados de las políticas públicas del Gobierno.

Por eso es que este viaje es trascendente. Ser consecuente con los acuerdos asumidos, le llevarían a seguir gobernando con las urgencias y prioridades del México profundo, pero con las políticas al alcance de un México global y moderno. El modelo de desarrollo estabilizador de los años 50 y 60, profundamente estatista y nacionalista, que en ocasiones el Presidente parece tener como referencia, no es precisamente el más compatible con los desafíos de los procesos de integración de la economía mundial actual. Esto no significa, desde luego, que en aras de tal integración el Estado mexicano debe ceder frente a las exigencias expoliadoras de potencias y trasnacionales. Solo se trata de que el Presidente tenga la flexibilidad para encontrar en las oportunidades que ofrece la economía global las opciones para insertar a México en los escenarios que más beneficien a los millones de pobres a los que les urge un futuro diferente. En ese sentido, esta gira fue un paso importante.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por fin, un diputado local presentó una iniciativa para actualizar la Ley Orgánica del Municipio Libre y su armonización con los tiempos electorales que trasladaron la toma de posesión de los presidentes municipales al 30 de septiembre de cada tres años, cuando antes se hacía el 1 de diciembre.

Este cambio ha venido provocando una serie de conflictos entre los presidentes salientes y entrantes, y sobre todo ha creado una amplia laguna legal, en la que las omisiones y agandalles son la constante.

Fue el diputado local por el distrito XV, José Efrén López Cortés, quien presentó la iniciativa de reforma, pues como alcalde sufrió en 2018 por la entrega de una administración endeudada y plagada de laudos laborales.

Lo peor es que nadie responde por las omisiones de los que se van, y más bien se traspasan a los que llegan como “deudas institucionales”, que en estricto sentido no lo son, porque se trata de algo hecho a propósito de parte de los ex presidentes. No es que no tengan recursos para hacer los pagos de la energía eléctrica, o para reportarle al SAT el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores de baso, o las cuotas al ISSSTE que también pagan los trabajadores.
Nada de eso. Es sólo que los alcaldes en funciones aprovechan que se van el último día de septiembre para heredarle a su sucesor todo lo malo, mientras que ellos se llevan todo lo bueno, léase “diezmos y ofrendas”.

Bueno, no vayamos lejos. Si sucede hasta en el gobierno del estado, ¿por qué no en los municipios?

El cambio de gobierno de este año fue aparentemente “sin problemas”, pero en los hechos no es así. La mayoría de los alcaldes se están quejando de que les dejaron un cochinero, salvo los de reelección, que como gobernarán otros 3 años, ellos se entienden con su teje y maneje.

Lo que hallaron los nuevos alcaldes, no es nuevo, valga la redundancia: adeudos con CFE, Conagua, SAT, ISSSTE, laudos, esto sin contar obras inconclusas.

El otro conflicto es que aunque tienen que ejercer solamente el recurso que le corresponde hasta septiembre, ellos se agandallan y ejecutan obras fuera de su tiempo, dejándole al nuevo alcalde nada más la tarea de pagar lo que ellos se comieron, porque no se necesita mucho para entender por qué hacen esto, y es para comerse el diezmo correspondiente.

Lamentablemente, la ley es laxa en este sentido y solamente si el nuevo presidente denuncia el caso, se fincan responsabilidades, y eso si es que la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General, no se prestan a componendas.

Para no andan en problemas, los nuevos alcaldes aguanta y tratan de salir adelante con su proyecto, aunque sin lograrlo realmente, porque no pueden iniciar arrastrando adeudos tan exagerados.

Por lo tanto, aunque con 10 años de retraso, la propuesta del diputado José Efrén López era justa y necesaria, y los diputados deben aceptarla en toda su extensión.

El legislador azoyuteco propuso el decreto por el que se reforman los artículos 39, 41, 42 fracción VII, 44 párrafo segundo y 62 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para crear los “candados” necesarios para evitar desfalcos y fugas.

De acuerdo con su propuesta, que se fue a comisiones para su revisión y dictaminación, “las administraciones municipales salientes deberán entregar a las administraciones entrantes la documentación que acredite estar al corriente en el pago de los servicios de energía eléctrica; de agua potable y de adquisiciones que hayan llevado a cabo con proveedores de bienes y servicios”.

Continuó: “Así como en la obligación de enterar a la Federación las cantidades retenidas por concepto del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al ISSSTE y/o IMSS; así como la documentación que acredite que personal del ayuntamiento que fue contratado al inicio de la administración, fue indemnizado conforme a Ley, para no generar demandas laborales a la administración entrante”, refirió.

Su iniciativa también incluye que cada ayuntamiento saliente hará entrega en la segunda quincena de septiembre de los informes e inventarios sobre el patrimonio mobiliario e inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los archivos e informes sobre el avance de los programas de gobierno pendientes o de carácter permanente, asegurando la disponibilidad de recursos para garantizar el pago de aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la administración municipal.

¡Genial! Esperemos que los diputados, aunque muchos de ellos fueron alcaldes y dejaron su cochinero, o pretenden serlo, no opten por dejar atajos por dónde librarse de estas obligaciones.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Q. Roo: total rechazo al Verde

*Reunión compleja para “los tres amigos”

*Senado: Economía circular vanguardista

“No hay más alianzas que las que trazan los intereses”: Publio Sirio.

La mañanera ofrecida en Cancún, Quintana Roo, como parte de la agenda presidencial anterior al abordaje del avión con rumbo a Washington para participar en la reunión con los integrantes del T-MEC, fue muy informativa, con claras referencias en las cuales el primer mandatario dio muestras de estar interesado en el presente y el futuro de esa entidad “a la que quiero mucho”. Definió de manera amplia y suficiente la ruta del Tren Maya, haciendo hincapié en los beneficios cuyos efectos empiezan a notarse en la generación de empleos. Lo mismo abordó el tema y dieron el reporte de la vacunación que de la seguridad y la instalación de un contingente de más de mil integrantes de la Guardia Nacional para brindar tranquilidad a pobladores y visitantes de la Riviera Maya.

Aprovechó para aclarar que no llamará al gobernador Carlos Manuel Joaquín González a su gabinete, hablará con él hasta el término de su sexenio y ya se verá si el yucateco accede o no a participar porque “es una decisión personal”. Insistió en el método de las encuestas para definir a quienes aspiran a la candidatura de Morena para competir por las gubernaturas y amplió el comentario a las seis entidades en donde se llevarán a cabo procesos electorales el próximo año. La pregunta más obligada en la conferencia se centraba en si Rafael Marín Mollinedo sería candidato o no a la gubernatura. El Ejecutivo repitió lo ya pronunciado en el templete de Palacio Nacional sobre la estimación, el afecto, el reconocimiento brindado a su paisano, resaltando su honestidad y la importancia de la responsabilidad actual. Obviamente se mostró complacido de saber sigue contando con un funcionario comprometido y leal, ambas actitudes demostradas durante cinco décadas.

La puerta no quedó cerrada, sino todo lo contrario, el balón quedó en la cancha de Rafa Marín. Si, como pudo percibirse el presidente está enterado del diario acontecer quintanarroense, sabrá de los grandes negocios hechos al amparo del poder por quienes han utilizado a Morena como mero trampolín. Estará enterado del registro masivo realizado al ordenar Mario Delgado la salida anticipada de la convocatorio, documento con el cual provocaron el enojo de los fundadores y militantes reales del partido del presidente al advertir la aparición de 15 nombres y ninguno de ellos luchadores por la formación y la penetración de esa organización en Quintana Roo. Aparecen los nombres de quienes han alcanzado posiciones, como es el caso de la alcaldesa de Benito Juárez, Cancún Mara Lezama, a quien se le identifica plenamente con el partido Verde y de la ex presidente municipal de Solidaridad, Playa del Carmen, Laura Beristaín, cuyo pasado inmediato habla de la oportunidad de aparecer como candidata y ganar una curul abanderada por la alianza con la cual alcanzó el gobernador actual el mandato, afiliándose a Morena por mera conveniencia y así participar como candidata a la alcaldía.

Marybel Villegas, la senadora, ha estado representando a todos los partidos existentes y para completar su muestrario solamente le falta Movimiento Ciudadano. El resto, tampoco figura dentro de los fundadores u luchadores de Morena, por lo tanto se unen para exigir dejen de entregarles los cargos a quienes no representan a ese partido y mucho menos comulgan con la 4T. Llegó el momento, revelan, de dejar de agachar la cabeza y exigir volteen a los seguidores de Morena para darles la oportunidad de gobernar. Señalan a Rafael Marín como el hombre con quien se pondría fin a las divisiones ya existentes al revelarse la entrega hecha a los Verdes y la ampliación de éstos en la entidad al estar presentes en el municipio Puerto Morelos y haber conseguido dos curules federales respaldando las candidaturas de los ex alcaldes de Puerto Morelos, Laura Fernández y Juan Carrillo de Isla Mujeres. Sus intenciones han sido aprovecharse de la alianza con Morena para avanzar en el norte del Estado, lugar en donde se registra el más alto padrón electoral. El sur y su pobreza no están en su agenda

Se cree en las palabras de López Obrador por reconocer en esta entidad ha triunfado en sus tres participaciones buscando la presidencia. De ahí tengan la certeza los fundadores de Morena que serán escuchados. El rechazo a la intervención, injerencia, posicionamiento en el poder del partido Verde está presente y se manifiesta de manera severa, con señalamientos con lo cuales se comprueba su empoderamiento. El equipo de trabajo en el Ayuntamiento está compuesto de personajes heredados del trienio de Remberto Estrada, los principales asesores de la señora Lezama son los autores de los grandes fraudes inmobiliarios denunciados en Latinus. Es mentira, señalan, se tenga un abanico tan grande como el presentado a raíz de la convocatoria forzadamente lanzada por Mario Delgado, de ahí que surge de manera indiscutible su apoyo a Rafael Marin, a quien consideran un auténtico morenista generador de unidad y lo más importante para ellos: formará los cuadros políticos del futuro, generará un nueva clase de políticos para el bien de los quintanarroenses, no solamente en beneficio de Morena.

La puerta está abierta y, si como se pregona se escucha la voz de la gente, algo irá a pasar.

Ayer también, López Obrador se refirió al tema de la migración hacia Estados Unidos e insistió en encontrar una vía para regularizarlos. Además de prometer ayuda para los paisanos, señaló: “Si el presidente Biden presenta la iniciativa para la regularización de los 11 millones de migrantes, nosotros vamos a estar atentos, pendientes, dándole seguimiento, tomando nota de la postura que asuman los legisladores de un partido y de otro. Ojalá y haya unidad, pero si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros los vamos a señalar en su momento de manera respetuosa, lo vamos a dar a conocer aquí, de que un partido, sus legisladores, no ayudaron a algo que es justo, humanitario, porque hay millones de mexicanos que bien, trabajan desde hace años en EU, que han aportado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa nación, entonces merecen ser tratados con justicia”.

En otro tema, relacionado con la reconstrucción de la economía tras las restricciones de la pandemia surgen muchos puntos de importancia vital como los proyectos de infraestructura internos y los apoyos fiscales a la industria. Los Estados Unidos cuentan con los recursos económicos para tal efecto, pero no sucede lo mismo en México, donde se ha dado prioridad sólo a los proyectos de AMLO, dejando de lado el resto y a la iniciativa privada en general. Aquí entra también lo relacionado a la industria, en particular a la automotriz, pues se han impulsado importantes apoyos fiscales a la fabricación de vehículos eléctricos en Estados Unidos. El tema pega en la economía mexicana en donde tiene en gran peso la fabricación y exportación automotriz.

Tanto México como Canadá están preocupados por las disposiciones de Biden y su propuesta de crédito fiscal para vehículos eléctricos que favorecerían a los fabricantes sindicalizados con sede en Estados Unidos. El proyecto de ley de gasto social y clima que estudia el Congreso estadounidense incluye hasta 12,500 dólares en créditos fiscales para vehículos eléctricos de fabricación estadounidense, incluido uno de 4.500 dólares para autos fabricados por sindicatos. Pero tanto México como Canadá quieren un campo de juego nivelado y compiten para atraer a las empresas para que construyan plantas para la cadena de suministro de vehículos eléctricos en sus países. En este punto, las tensiones crecen entre los tres países, pues México considera que Estados Unidos hace una interpretación estricta sobre la aplicación de reglas de origen para calcular el valor de contenido regional de los automóviles en el marco del T-MEC. Incluso, la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier ha criticado lo que calificó de políticas proteccionistas de EU, que han socavado al mercado laboral mexicano.

Un tema que sacará chispas es sin duda la contra reforma eléctrica impulsada por la administración de López Obrador, quien explicó en su conferencia mañanera desde Cancún, Quintana Roo, que el tema no forma parte de la cumbre trilateral con Joe Biden y Justin Trudeau, pero aclaró que si sale en la conversación lo tratará y les explicará por qué quiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo las extranjeras y en especial las españolas que nos veían como tierra de conquista y tenían de empleados a los ex presidentes de México (…) ¿Ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden y primer ministro? Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México”.

Sin embargo, la propuesta de reforma eléctrica de AMLO ha provocado críticas por parte del gobierno y los grupos empresariales de Estados Unidos, a quienes les preocupa que no cumpla con las obligaciones de México en virtud del T-MEC. “Para que México siga siendo respetado como país de inversión, debe ser muy consciente al cambiar de manera radical contratos en detrimento de las empresas que confiaron en la buena fe de las negociaciones de la administración anterior”, comentó Federico Peña, un ex secretario de Energía estadounidense.

De los pasillos

México se ubica entre las naciones del primer mundo, al actualizar sus leyes en materia de protección al medio ambiente, a la reutilización de innumerables deshechos de la vida cotidiana en lo que se llama “Ley General de Economía Circular”. El Senado de la República, en sesión ordinaria de este miércoles 17, aprobó con mayoría de votos el Dictamen del Proyecto de Decreto por medio del cual se expide la Ley de Economía Circular, de cuyo contenido, la senadora María Merced González hizo una amplia exposición, en su intervención en Tribuna. Para la senadora del estado de Hidalgo, el que se apruebe esta Ley, pone en guardia a decenas de municipios, regiones y zonas del país, en donde empresas de diversas explotaciones, las cementeras, por ejemplo, han puesto en peligro la salud de los habitantes de la región. La nueva Ley, además, permitirá la reutilización de innumerables embalajes, cartón, plásticos, utensilios de un solo uso, que lo mismo encarecen la producción en general, que llenan de basura las ciudades, en donde, a mayor consumo, más contaminación con ese tipo de productos que, al ser reutilizados, en el futuro habrán de abaratar la producción de productos sin fin.

Morena contra el INE

Jorge Javier Romero Vadillo

¿A qué se debe el encono de Morena contra el Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué tanto odio sobre todo contra el consejero presidente Lorenzo Córdova y contra el consejero Ciro Murayama? Una campaña de denuestos orquestados que reverbera como lugar común entre los seguidores más obtusos del Presidente de la República y su partido ha marcado la relación con el órgano del Estado encargado de organizar las elecciones, como si se tratara de un bastión reaccionario a demoler para poder consolidar el nuevo régimen al que dicen aspirar. Pero ¿qué les ha hecho el INE que tanto furor les causa?

El rencor presidencial contra la autoridad electoral podría tener su origen en el supuesto agravio causado contra su candidatura en 2006, el tan alegado como mítico fraude que, según la épica lópezobradorista, le dio injustamente el triunfo a Felipe Calderón. Sin embargo, en todo caso el actor malévolo fue el IFE, un instituto distinto, cuyo Consejo General estaba integrado por personas completamente diferentes a quienes hoy encabezan hoy a la autoridad electoral. Después de aquella malhadada elección, hubo una reforma constitucional que incluso destituyó a los consejeros y cambió sustancialmente las reglas al gusto de quien se consideraba víctima de entuerto y desde entonces las reformas se sucedieron, impulsadas por los propios partidos políticos y alcanzadas con mayorías calificadas. Así, resulta muy retorcido atribuirles a los consejeros actuales la culpa de lo ocurrido hace tres lustros.

Por otra parte, más allá de los insultos y los aspavientos, en lo que va de la existencia del actual INE no ha habido un solo conflicto postelectoral relevante, pues todos los litigios en torno a campañas y resultados se han resuelto en el marco de la ley y los diferentes actores han terminado aceptando los fallos del Tribunal Electoral, el cual en muchas ocasiones ha revertido los acuerdos del INE, mientras que en otras ocasiones los ha ratificado. Ese solo hecho es prueba de que el sistema electoral es funcional. Tanto en 2018 como en las elecciones de este año, lo mismo que en los comicios locales que le ha tocado gestionar al INE, la ciudadanía ha podido votar en libertad, las casillas se han instalado y los resultados han fluido oportunamente. Quien recuerde el clima creado por las protestas postelectorales de los años ochenta y noventa del siglo pasado no podrá más que reconocer el enorme avance que en la normalización de la competencia política ha representado la existencia de una autoridad electoral no controlada desde el gobierno federal o desde los gobiernos locales.

La existencia misma de Morena como un partido competitivo, que irrumpió hace apenas siete años en la escena política y hoy es con mucho la primera fuerza electoral del país, es prueba del enorme avance democrático vivido por México durante el último cuarto de siglo. Es insostenible, sin recurrir a falsedades históricas, que fue el vuelco electoral de 2018 el momento inaugural de la auténtica democracia. Y es todavía más insostenible acusar a los consejeros del INE de actores empeñados en cerrarle el paso al cambio cuando cada uno de los triunfos de la coalición presidencial ha sido producto de elecciones impecables.

¿Por qué les irrita entonces tanto al Presidente de la República y a su partido la actuación del INE? Todas las decisiones del órgano electoral tienen como referencia un marco normativo especialmente detallado y todas sus actuaciones se hace con la vigilancia de representantes de los partidos políticos. Pocos espacios estatales son tan transparentes como el electoral. Una de las cantaletas recurrentes de López Obrador y sus jilgueros es que el INE es muy oneroso y han sembrado la imagen entre sus huestes de corrupción en el manejo de los recursos, además de difundir la especie de que los consejeros viven una vida opulenta a costa del erario.

Empero, ni un solo peso se gasta en el INE sin rendir cuentas. El órgano de fiscalización del instituto es nombrado directamente por el Congreso y la mitad de los recursos presupuestales están etiquetados constitucionalmente para los partidos políticos. Otra buena parte del gasto del INE se va a una tarea de Estado fundamental: la de la identificación de la ciudadanía, mientras que todo lo gastado en los procesos electorales está claramente justificado por las funciones que la ley le otorga.

Así, solo la demagogia y una aviesa intención de reversión autoritaria pueden explicar el empeño del gobierno y su partido en desprestigiar al INE. El majadero trato dado por los diputados de Morena a Lorenzo Córdova el día de su comparecencia para explicar la solicitud presupuestal del instituto estuvo claramente orquestado y tuvo tintes de linchamiento propio de un comité de salud pública. Frente al cañamazo vulgar de los legisladores oficialistas, Córdova hizo filigrana con su seriedad y aplomo y contuvo la grosería con argumentaciones sólidas. De poco sirvieron al final las razones, pues la mayoría sorda de la Cámara, en una muestra de levanta dedos que no se veía desde los tiempos más oscuros de la unanimidad priista, decidió negarle al INE los recursos supletorios para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato en caso de que se presente la solicitud con el número de firmas necesario.

Los tramposos de Morena no ocultan sus torcidas intenciones de desprestigiar al INE y mostrarlo como parcial o incapaz. No solo quieren forzarlo a hacer una consulta sin los recursos indispensables, sino que le están poniendo una trampa con la recolección misma de firmas para llamara a la consulta. El evidente fraude a la ley que hacen al pedir apoyos para una inconstitucional e innecesaria ratificación de mandato es, además de un recurso para simular una suerte de reelección de su caudillo, una emboscada contra el órgano electoral, pues en estricto derecho debería desechar las firmas obtenidas mediante engaño, con lo cual provocaría la ira del Júpiter Tonante de Palacio Nacional.

La pervivencia del INE es crucial para la supervivencia de la democracia mexicana. Ya ha anunciado el Presidente su iniciativa para demolerlo. El resto de las fuerzas políticas tienen la responsabilidad de contener ese atentado contra un patrimonio institucional colectivo.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Estamos en los albores de la reactivación turística de Guerrero. Al menos es indican las circunstancias actuales y, aun cuando se nos viniera una cuarta ola de Covid-19, las playas no volverán a cerrar, si bien nos tendremos que atener a medidas preventivas y reducción de aforos.

Pero eso no implica que tengamos que dormirnos en nuestros laureles, ni como ciudadanos, ni como empleados o propietarios de negocios. Al contrario, cada quien debe hacer su parte en esta tarea de contener a la pandemia y lograr ver la luz al final del túnel.

No sé si sea verdad, amable lector, pero expertos en epidemiología sugieren que la pandemia de Covid-19 estará vigente por lo menos otro año más, siguiendo el curso de todas las pandemias que se han desatado entre la humanidad hasta ahora, y las cuales han tenido una duración promedio de 3 años o mil días.

En algunos casos, las enfermedades han persistido mediante brotes regionales, pero ya no como algo generalizado en el mundo.

Ayer tuvimos buenas noticias en materia turística. Primero, que la alerta que emitió el gobierno de Canadá, por la violencia en los destinos turísticos de Guerrero, prohibiendo a sus ciudadanos viajar a los destinos turísticos de la entidad, ya fue retirada.

“La alerta de Canadá ha sido totalmente retirada, y en la alerta de Estado Unidos, seguimos trabajando con la embajada en México, para proporcionando argumentos necesarios y lograr que nos ayuden con esta alerta”, explicó el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, durante su participación en el Tianguis Turístico de Yucatán.

Como referencia, Sánchez Allec acudió junto con otros 7 alcaldes del estado de Guerrero, a la inauguración del stand turístico de esta entidad, en el Tianguis Turístico, en donde expusieron los acuerdos que ya lograron para sus de playa.

El presidente azuetense señaló que a pesar de estas alertas, los ciudadanos tanto canadienses como norteamericano, siguen llegando al binomio de playa de Ixtapa y Zihuatanejo. A Dios gracias.

Otra buena noticia es que habrá un nuevo vuelo a Zihuatanejo. Sánchez Allec, dijo que ya se cuenta con dos aerolíneas viajando diariamente al puerto y otras dos de San Francisco, al puerto de Zihuatanejo.

Adicionalmente, el alcalde de Zihuatanejo informó que firmarán un acuerdo para la apertura de un vuelo directo de Aero Mar entre Puebla e Ixtapa-Zihuatanejo.

Por si fuera poco, el gobierno del estado informó mediante un comunicado oficial que en hasta el momento, en el segundo día de actividades del Tianguis Turístico, se ha realizado la firma del acuerdo para realizar la próxima convención nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Zihuatanejo, con la participación de 500 agentes de viajes.

Además, firmaron una carta compromiso entre la Secretaría de Turismo del estado y la empresa Price Travel Holding, para que se promuevan los destinos del estado a nivel internacional.

No nos podemos quejar, amable lector. Parece que Zihuatanejo escapa a la vorágine que afecta al puerto de Acapulco y que lo limita en todos los órdenes de la vida pública. Por lo tanto, es el momento de tomar esta oportunidad que se nos da en medio de la más grave crisis económica que sufre el sector turístico.

Decía mi padre que las oportunidades no se dan en maceta. Si no se aprovechan las nuevas circunstancias, es probable que no se vuelvan a presentar.

Afortunadamente, el gobierno estatal y federal están comenzando a concebir a Guerrero de manera integral, más allá del constreñido Triángulo del Sol. El hecho de que se esté desarrollando el Cuarto Polo Turístico de la entidad, rumbo a la Costa Chica, como una alternativa para la saturación que ya registra Acapulco, nos indica que soplan nuevos aires para nosotros, que somos una economía basada eminentemente en el turismo.

Hay planes importantes también para otros municipios de la Costa Grande. Coyuca de Benítez quiere dejar de ser un apéndice de Acapulco y vender su propia marca, como ya San Marcos lo está haciendo.

Entre tanto, fuera de Acapulco y Zihuatanejo, el sector turístico en el resto de los municipios se sostiene por esfuerzos de la gente involucrada en esta actividad. Por ejemplo, esta semana, el asesor técnico del mega proyecto portuario Puerto Papanoa, Julio Santos García, se reunió recientemente con autoridades ejidales de esta comunidad, para informarles que a pesar de los retrasos de tiempos provocados por la pandemia, el proyecto sigue prosperando con la culminación de la etapa de avalúos de parcelas ejidales y privadas de forma individualizada y en general de las 1300 hectáreas que abarca el proyecto.

“Estamos muy cerca de poder concretar esto, nosotros tendremos que hacer una presencia permanente en Puerto Papanoa a partir del 6 de diciembre, donde ya estaremos con una oficina como originalmente lo habíamos planteado”, anunció Santos García.

Por ideas no paramos, amable lector. Lo que falta es inversión y de eso se tiene que ocupar el gobierno. Por un lado, de promocionar los destinos de Guerrero. En segundo lugar propiciar inversiones, y sobre todo apoyar al sector social del turismo, que es el que más empleos genera, y el que está al pie del cañón en las buenas y en las malas.

Claro, también falta que los palaperos y dueños de pequeños negocios en las playas se sujeten y se regularicen, para que comiencen a pagar impuestos municipales y estatales, porque hasta ahora, amparados en que están en zona federal, se niegan a pagar pero sí exigen. Incluso, ni siquiera sus permisos de la Zona Federal Marítimo Terrestre tienen en regla. Si todos hacemos lo que nos corresponde, esto caminará a buen puerto.