Ómicron o la factura del egoísmo

Jorge Zepeda Patterson

Ómicron, la nueva variante del Covid, podría ser el nombre de una serie de televisión o de una novela futurista. Y en cierta manera lo es. Lo poco que aún se sabe de esta versión surgida en África es que tiene una capacidad de mutar muy superior a la de sus predecesoras. Eso significa un futuro plagado de incertidumbre. Por lo pronto, el solo anuncio de su existencia sacudió a las bolsas el viernes pasado y provocó la suspensión de vuelos desde África a buena parte del resto del mundo. A las medidas restrictivas que diversos países de Europa venían adoptando de cara al invierno y a la cuarta oleada de la pandemia, se suma ahora la enorme incógnita que Ómicron representa. Y ya era preocupante el anuncio de hace unos días de que el efecto de la doble vacunación se debilita aceleradamente pasados seis meses.

Habíamos aceptado que el Covid llegó para quedarse, pero dábamos por descontado que lo peor había quedado atrás y que en lo sucesivo constituiría una especie de Influenza más rigurosa, una enfermedad más molesta que mortal, gracias a las vacunas y al desarrollo de remedios para los síntomas. Pero esa presunción se está haciendo trizas rápidamente.

En las últimas horas los laboratorios han anunciado análisis de emergencia para asegurar que las vacunas que se encuentran en circulación siguen vigentes frente a esta nueva variante. Lo sabremos a ciencia cierta dentro de algunos días. Pero incluso si así es, la rapidez de mutación de Ómicron podría poner en duda, una y otra vez, tal garantía. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud, OMS, había designado las variantes de COVID con las letras del alfabeto griego en orden descendente: Alfa, Beta, Gamma, Delta. Por alguna razón decidió ahora saltarse varias de estas letras y llegar a la O, 15 de la lista, (Ómicron es la O breve, Omega la O larga). Pero a estas alturas está claro que, como los nombres de los ciclones que van agotando el santoral, nuevas variantes irán asumiendo otras letras griegas, lo cual nos condena a vivir con la esperanza de que ninguna de las siguientes versiones rompa el relativo blindaje que ofrecen las vacunas vigentes.

Sin ánimo de ser catastrofista, la biología no hace distingos ni existe un impedimento bíblico que impida una eventual mutación a algo mucho más letal para los seres humanos.

En ese sentido nos encontramos en una carrera contra el tiempo: acotar la reproducción del Covid antes de que surjan variantes aún más peligrosas. Por desgracia, el egoísmo de los seres humanos se convierte en nuestro peor enemigo. No es casual que las dos últimas mutaciones hayan surgido en India (Delta) y en África (Ómicron), regiones donde los niveles de vacunación son particularmente bajos. En las densas poblaciones de estas zonas el Covid encuentra un enorme campo de expansión y, en esa medida, de mutación incesante.

Los países más ricos han actuado de manera unilateral, haciendo lo necesario para salvarse a sí mismos sin darse por enterados de que vivimos en una burbuja planetaria. Delta requirió unas pocas semanas para convertirse en la variante predominante en Occidente a partir de su primera detección en el sudeste asiático. Con Ómicron está sucediendo aún más rápido. Este sábado varios gobiernos informaron haber detectado casos documentados en territorio europeo. Las potencias tendrían que haber entendido que la salud de un alemán, un sueco o un neoyorquino es tan frágil como la indefensión en la que vive un nigeriano o un paquistaní. La solución final contra el Covid es planetaria o no es.

El acaparamiento de las vacunas en las sociedades occidentales y sus remilgos para participar en una ayuda humanitaria que ponga a disposición de los países pobres una solución, más allá de lo testimonial o simbólico, se está volviendo en contra de los habitantes de las propias potencias.

La crisis de salud tomó al mundo por sorpresa a principios de 2020; los gobiernos reaccionaron con las inercias que estaban vigentes en un orden pre pandémico. Pero ahora tal estrategia está condenada a fracasar frente a los datos que comienzan a surgir y la amenaza de un nuevo ciclo de contagios. Tendríamos que asumir la lección y entender que nos encontramos ante una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor.

Pero no solo tendría que cambiar la estrategia planetaria para enfrentarlo. Los gobiernos también tendrían que hacerlo de manera distinta al interior de sus propias fronteras.

En México se montó una logística de vacunación bajo la lógica de que se trataba de una intervención de emergencia y extraordinaria. Nada para presumir, pero se logró un cometido aceptable (ligeramente por debajo de Brasil, Colombia, Argentina o Turquía países con los cuales podría compararse).

Pero los nuevos datos revelan que el Covid llegó para quedarse y con él la necesidad de nuevas y reiteradas vacunaciones masivas. Lo que creíamos sería una campaña de una vez y para siempre de erradicación del virus, se convertirá en una tarea permanente de una forma u otra. Esto entraña una nueva estrategia. Por un lado, para no utilizar enormes contingentes de brigadas extraordinarias, ni hacer uso de escuelas y edificios públicos que se han reintegrado a sus rutinas. Y por otro, para permitir a los ciudadanos recurrir a la vacunación en farmacias o clínicas de barrio en cualquier momento, sin limitarlo a breves y restrictivos periodos.

Se entiende que el gobierno de la 4T haya asumido la responsabilidad absoluta del esfuerzo para inocular a la población a lo largo de 2021. Se trataba de un fenómeno demasiado intempestivo y desconocido. Pero ahora tendríamos que incorporar a la sociedad en su conjunto, sus recursos y su infraestructura, para hacer de la forzada convivencia con este virus una tarea de todos. Habrá que aprender a vivir con el Covid, si es que queremos vivir, punto.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este jueves cerró la convocatoria para aspirantes a dirigir la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y según el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Alfredo Sánchez Esquivel, se registraron 30 abogados, entre ellos Héctor Salvador Calleja, actual encargado de despacho de la Fiscalía, tras la renuncia de Jorge Zuriel de los Santos Barilla.

Esta semana fue que se dispararon los registros, hasta alcanzar las tres decenas. A partir de ahora, los diputados se centrarán en la revisión de perfiles para elegir a los 3 que se presentarán ante el Pleno, para la elección de quien será el nuevo fiscal.

Posiblemente la terna la elija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero será de entre los que seleccione el Congreso. Digamos que de los 30 registrados se descarten 20, y entonces de los 10 restantes saldrá la terna dela que saldrá el nuevo fiscal titular.

El caso es que para diciembre se debe elegir al nuevo fiscal.

Recordar que el Congreso local tiene todavía el pendiente de nombrar también al nuevo auditor general del estado, pero seguramente eso lo dejarán para el año siguiente, pues se atravesó la renuncia de Jorge Zuriel.

Muchas opiniones se han vertido respecto a las características que debe tener el nuevo fiscal. Y lo decimos porque la mayoría de los que se registró fue a presumir sus logros académicos y laborales. Los hay con doctorados y maestrías en derecho penal. Los hay abogados litigantes o gente con experiencia en la procuración de justicia. Por ejemplo, se registró un coordinador antisecuestros comisionado a las dos costas y Acapulco, y eso ya es mucho decir, porque para resolver un secuestro no sólo se necesita conocer la ley, sino también tener el temple para lidiar con la familia de las víctimas, así como con los mismos secuestradores.

Lo cierto es que para fungir como fiscal de una entidad como Guerrero, no sólo se necesita preparación académica. No es un concurso de conocimientos tal cual. No es una pasarela de doctores, maestros licenciados en derecho.

Lo que los diputados deben analizar es, primero, que le nuevo fiscal tenga suficiente independencia del Poder Ejecutivo. De lo contrario, será un “fiscal carnal”, como lo fue el propio Jorge Zuriel de los Santos, que fue sacado de las oficinas del secretario general de Gobierno, siendo amigo de uno de los hijos del gobernador Héctor Astudillo.

Su antecesor, Xavier Olea Peláez, también fue un “fiscal carnal”. Fue nombrado contra todo pronóstico y su elección sostenida incluso con el voto vendido de los diputados perredistas, en lo que fue un escándalo de grandes proporciones que derivó en la renuncia de Sebastián de la Rosa como coordinador de la bancada amarilla.

Era obvio que Olea era un “fiscal carnal” y el propósito de su nombramiento llevaba como objetivo liberar al ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes, de quien fue como abogado defensor. Una vez cumplido ese cometido, fue despedido para dar paso a Zuriel de los Santos, quien vino de menos a más, vendiéndose ante la opinión pública como un fiscal súper efectivo y poco dado a los reflectores….así hasta que el mes pasado le filtraron un video en el que aparece dialogando con un presunto jefe de la delincuencia organizada.

Al día siguiente hizo pública su renuncia, aunque le faltaban varios años para concluir su mandato al frente de la FGJE. La renuncia surtió efecto el 15 de noviembre; y mientras tanto el Congreso abrió la convocatoria para seleccionar al su sucesor.

De nada nos sirve a los guerrerenses un fiscal que traiga el sello del Poder Ejecutivo. Necesitamos un fiscal que ejerza su cargo con independencia y decisión. Que no esté al mande usted del Poder Ejecutivo. Que actúe sin línea, pues.

Pero no sólo eso. Es necesario que tenga la visión de reivindicar la función del Ministerio Público, que consiste fundamentalmente en defender a las víctimas de delitos, lo cual pasa, primeramente, por integrar de manera honesta las carpetas de investigación, que son la base de todo juicio. Si una carpeta está mal integrada, los jueces van a encontrar siempre deficiencias para liberar a los delincuentes, trastocando con ello todo principio de derecho.

Hay mucho más que un aspirante a fiscal debe presumir y garantizar, y que son asuntos más importantes que su currículum vitae. No sirve de nada que tengan cursos en el extranjero, si ignoran la realidad que priva en el estado, y si omiten la urgente necesidad de un cambio. 

Todos prometen “relanzar” a la Fiscalía. La pregunta es, ¿hay recursos para ello? ¿O sólo les va a alcanzar para asignarse jugosos sueldos y traer camionetas blindadas? 

¿Cómo van a resolver la triste situación de la Policía Investigadora Ministerial, que es cada vez más enana y opaca? 

Ojalá que los diputados sean lo suficientemente honestos y le den a Guerrero un fiscal completo, alguien que no llegue atado de manos y pies, al servicio del poder, sino del pueblo.

Estado de los estados

Lilia Arellano

*Decreto salvavidas para el Ejército

*¿Son en verdad obras de interés público?

*Empoderamiento para dóciles féminas

“El Ejército entiende mejor la idea de la gloria que la idea de la libertad”: Condesa de Ségur

Temibles son las reacciones del Ejecutivo federal. Una vez llega al tope su “tolerancia” hace sentir el poder presidencial y, sin importar cuantas leyes se trastocan ordena, según él, resuelve. Acusan quienes tienen contratos para la realización de obras, éstas se retrasan, aumentan los costos, se enfrentan a manifestaciones de inconformes y quedan paralizadas durante semanas, se llenan de amparos y, no hay manera de llevarlas a cabo en sus tiempos y conforme a sus formas y proyectos. Culpan, por una parte, al burocratismo, pero por la otra su mayor deseo es cumplirle al presidente. Los permisos ambientales son difíciles de obtener cuando se trata de devastar, pero no imposibles y, una vez dada la instrucción desde Los Pinos, todo se autoriza. Las comunidades e inclusive empresarios intentan se cambien los trazos, las rutas, pero quienes llevan a cabo las obras se muestran renuentes a tomar en consideración las afectaciones.

Si bien se encargan los proyectos, su realización cuenta en el presente con dos caminos, el de la contratación de constructoras suficientemente conocidas como las del grupo de Carlos Slim o, el Ejército. Está claramente visto el retraso en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles al deber solicitar permisos por las afectaciones de la obra al medio ambiente, pero también por la serie de adquisiciones de terrenos, la mayoría de ellos ejidales. El Decreto, al mencionar cuentan con tan solo cinco días las dependencias federales para entregar permisos y licencias o, de otra forma, entra en vigor el “Juan te llamas” se llevarán a cabo sin cumplir con los requisitos aparecidos en reglamentos, aunado esto a la utilización de un esquema llamado expropiación consensuada. También a la refinería Dos Bocas, cuya fecha de inauguración no significará su entrada en operación ha logrado reunir decenas de amparos y es de sobra conocido estas dos obras han visto alterado el presupuesto original, agregándose a los costos originales cientos de millones de pesos.

Recientemente los hoteleros de la Riviera Maya quintanarroense, particularmente los ubicados en Playa del Carmen, junto con los del Consejo Coordinador Empresarial, redactaron una misiva dirigida al presidente en donde le solicitan se cambie el trazo del Tren Maya, al provocar el actual divida la ciudad en dos, además de afectarse las entradas a los centros de hospedaje ubicadas a la orilla de la carretera, puntos en los cuales, además, tienen instalaciones hidráulicas y eléctricas. Con la puesta en marcha de este Decreto, ninguna de sus demandas será atendida. La obra continuará según lo planeado en un proyecto, por cierto, alterado en más de una ocasión. Habremos de conocer si tampoco se les dará validez a los amparos ya gestionados y, relacionado con la adquisición de tierras, la consideración de interés público sumada a la seguridad nacional torna en prácticamente imposible llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes.

Gustavo de Hoyos, ex dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana expresó: “orden presidencial mata legalidad”, al tiempo de sostener este acuerdo avasalla las leyes aplicables a los proyectos oficiales aduciendo razones de interés público y seguridad nacional y es a todas luces inconstitucional. Según el profesor de la Maestría en Anticorrupción de la Universidad Panamericana Gerardo Carrasco, no existe un fundamente jurídico válido para el Decreto. Cita el artículo 89, Fracción I de la Constitución, el cual prevé la facultad del presidente para emitir reglamentos con apego a la legislación, pero pretende colocar su voluntad sobre lo establecido en las leyes administrativas. Lo de seguridad nacional no puede ser el pretexto para desobedecer el principio de legalidad, ni el respeto a los derechos humanos. La orden a todas las dependencias de la Administración Pública Federal para autorizar provisionalmente cualquier obra o proyecto es ilegal, pues desconoce la totalidad de los procedimientos que establecen, los cuales deben cumplirse antes de su ejecución.

La disposición vuelve a poner en jaque las obras insignia de este gobierno. El Aeropuerto Felipe Ángeles es insuficiente, con apenas si 14 puntos para abordaje y desembarco, no es ni la mitad de una de las terminales del ya considerado “viejo” Aeropuerto Internacional de la CDMX. Sin calificar a una obra empequeñecida frente al proyecto cancelado de la terminal aérea en Texcoco, solamente el traslado hasta su ubicación tiene, para los usuarios frecuentes de la capital del país, un costo similar al del boleto adquirido para viajar. Los trazos de carreteras sustituyen la construcción de un tren para llegar a ese punto. ¿Puede ser entonces considerado de interés público cuando ni siquiera significará el desahogo de las terminales existentes? Todos los aeropuertos entran en el esquema de seguridad nacional, sin embargo, su vigilancia sigue concesionada a una empresa particular y, además extranjera.

Dos Bocas ha venido retrasando su terminación y, el dinero empleado en su construcción hubiese permitido la renovación, actualización, modernización de las ya existentes. Esta muy forzada su inclusión en el interés nacional y, todas las instalaciones petroleras son consideradas dentro de la seguridad nacional, ya violada en más de una ocasión por quien entonces mostraba afición por la toma de instalaciones petroleras. Al Tren Maya van encontrándosele otros atributos ligados al desarrollo y el proyecto se manejó integral, pero todo indica les quedó muy grande el saco y han abonado a su retraso los cambios de último momento y la falta de estudios sobre el subsuelo. Existe un interés nacional basado en las posibilidades reales de generación de divisas y empleos a través del turismo, sin embargo, esto no es suficiente como para violar leyes y saltarse reglamentos, menos aún para ignorar a los afectados.

En lo político ya comenzaron los jaloneos en la Cámara de Senadores desde donde se lanzan llamados para promover la controversia constitucional correspondiente. Marko Cortés, dirigente nacional panista advierte la presentación de todos los recursos legales posibles ante la SCJ al considerar inaceptable sentar un precedente peligroso porque evita las licitaciones públicas, entregando los contratos a quien el gobierno elija y al precio que quiera dárselo, dejando fuera de todo escrutinio la realización de las obras. Jaqueline Peschard, ex presidenta del INAI consideró

pasa por encima de la transparencia de acuerdo con el Artículo 6 de la Constitución. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, sostiene que el acuerdo es la culminación de un proceso iniciado con el traslado de la mayor parte de los proyectos estratégicos a las Fuerzas Armadas.

Al respecto, Raymundo Rivapalacio, en su columna Estrictamente Personal expone: “A golpes de puño hemos entrado en una nueva fase política en este país. México se ha erigido en un Estado paramilitar controlado por un civil, que gobierna por decreto en menoscabo de la Constitución. El presidente Andrés Manuel López Obrador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, argumentando implícitamente razones de Estado o razones de su Estado, encuadró su llamada cuarta transformación, que son sus tres megaproyectos de infraestructura, dentro del marco de seguridad nacional, Arropándolo el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval dejó la institucionalidad al Estado mexicano y optó por la inconstitucionalidad al gobierno de López Obrador, colocando ambos los cimientos de un estado de excepción”.

De los pasillos

El 2021 será el segundo año consecutivo con salidas históricas de capital, que difícilmente podrían ser frenadas con un aumento en el rendimiento ofrecido a los capitales, advirtió Joanathan Fortun, economista senior del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

El analista se refiere a la salida de capitales que ha presentado México desde el cierre del 2020 y hasta el 10 de noviembre de este año; según cifras del Banco de México la fuga asciende a 265 millones 025 millones de dólares. Liquidación que representa 103.6% de la salida histórica registrada en el 2020, el año de la pandemia y la incertidumbre por el confinamiento mundial…

Ahora a las interrogantes surgidas del exterior se suman movimientos relacionados con la paridad peso-dólar al proponerse el nombramiento de la subsecretaria de Hacienda Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México. Su tarjeta de presentación habla de la habilidad de no gastar por gastar. Además de ser la primera fémina en alcanzar esa posición, dentro del gabinete es la menos fea…

En tan solo sesenta y tantos días, en Zacatecas, se han registrado 414 asesinatos. Por un lado aparece la figura del gobernador David Monreal a quien visitó el presidente para dar a conocer su Plan de Apoyo para la entidad. La respuesta de los criminales fue colgarle ocho cadáveres en árboles y puentes…

Loretta Ortiz, la recién nombrada ministra de la SCJN, tuvo que presentarse por tercera ocasión para ser aprobada por el Senado. A raíz de su elección comenzaron a circular los antecedentes sobre su trayectoria en los cuales el litigio no aparece y eso es natural. Estando casada con José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, le garantizaron su permanencia en la burocracia jurídica…

Por cierto, el fiscal Ortiz es más que un padrino o que un tío para Arturo Herrera, la amistad entre el padre del ex secretario de Hacienda y ex aspirante a convertirse en gobernador del Banco de México con el septuagenario funcionario fue muy fuerte y tal vez logre verse su mano protectora si al hidalguense lo llevara AMLO a ocupar la gubernatura, aunque eso le signifique un retroceso al cual se le unirá el desprestigio ante las aprobaciones a muchos movimientos hechos desde la UIF, con Santiago Nieto, para garantizarse el futuro económico…

El control total en la distribución de los medicamentos estará a cargo de la milicia, tal vez en breve se sepa de las adquisiciones porque se preparan los médicos militares para la realización de esta tarea… El inamovible Carlos Romero Deschamps sigue mangoneando en el Sindicato Petrolero y no hay poder en México capaz de evitarlo y mucho menos de investigar todas y cada una de sus capacidades, robos, abusos. Sólo se espera le entreguen la medalla al huachicoleo.

AMLO-Ejército: amasiato corrupto

Martín Moreno

Furioso por el reportaje de Latinus (63) mediante el cual se descubrieron y revelaron las corruptelas del Ejército mexicano en la construcción de la Base Militar Aérea de Santa Lucía, López Obrador respondió fiel a su naturaleza: si tienes una uña mala, córtate la mano. AMLO ordena que obras y proyectos de Gobierno se mantengan bajo opacidad, sin transparencia, sin licitación pública y por asignación directa, con el fin de reservar información y evitar así que se siga exhibiendo la corrupción de la 4T. Es un decreto autoritario que nos ubica rumbo a una dictadura política.

De aplicarse el decretazo “por razones de seguridad nacional”, ningún ciudadano podría ampararse ante los atropellos del Gobierno. ¿Cuánto costarán las obras y quiénes las realizarán? Será imposible saberlo. Prohibido preguntar. Prohibido informar. Prohibido rendir cuentas. Prohibido ampararse.

López Obrador se ha percatado que a la mitad del camino, su Gobierno ha fracasado en economía, seguridad, crecimiento, salud, pandemia, medio ambiente, y en prácticamente todos los rubros y mediciones. Y eso nada tiene que ver con la popularidad presidencial: una cosa es la simpatía personal hacia el gobernante y otra, muy diferente, es la evaluación ciudadana respecto a la eficacia a la hora de gobernar. ¿Y cuál es el veredicto? La 4T sale reprobada en su gestión de Gobierno.

Y ante el fracaso, AMLO muestra no sólo autoritarismo, sino también desesperación con el decretazo autoritario. Y ello lo está llevando a cometer locuras dictatoriales que seguramente acabarán en la Corte.

Aún más:

Los armatostes presidenciales: la Base Militar Aérea de Santa Lucía (no es un Aeropuerto), el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, son proyectos-caprichos caros, inviables e ineficientes. AMLO lo sabe también y de ahí su obsesión de entregárselos al Ejército para que los construyan, vigilen, administren y exploten en lo financiero. Es parte de su estrategia para militarizar al país.

¿Cuál es el miedo de López Obrador?

Que ante el desastre de su régimen, Morena pierda las elecciones presidenciales de 2024 – algo cada vez más posible, probable y viable-, y que el nuevo Presidente (a), cancele sus onerosos proyectos. Por ejemplo: que Santa Lucía solamente se dedique a tareas militares, o aplicar a Dos Bocas una reconversión industrial para que deje de ser refinería, o bien, que el trenecito del sureste sea cancelado o concesionado por inviable. ¿Esto sería posible si la oposición gana la próxima presidencial? Sí, lo es.

¿Y cómo pretende AMLO blindar sus armatostes?

Entregándoselos al Ejército en custodia. Que sean los militares quienes le garanticen, más allá del 2024, que sus obras -es un decir- permanezcan y prevalezcan como legado histórico y que por ellas López Obrador sea recordado en la historia, a pesar de que los tres proyectos están condenados al fracaso.

¿Y cómo convencer a los militares de ser leales a AMLO más allá de su sexenio?

Mediante una vieja pero funcional fórmula: comprándolos con dinero. Sobornando al Ejército. Coptando a los altos mandos castrenses.

Hasta hoy, le ha funcionado.

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El honor del actual Secretario de la Defensa Nacional tiene precio.

El General Luis Cresencio Sandoval está a la venta.

El Ejército mexicano puede ser comprado por un político civil.

Sí: se vendió más rápido el General Secretario que el avión presidencial.

Porque cuando Sandoval llama a los mexicanos a ser parte de la autollamada Cuarta Transformación a través de un panfleto oral: “Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha…”, no sólo se está convirtiendo en mercenario con fusil, sino también, en vulgar matraquero de la 4T al hacer un exhorto público para pertenecer a un movimiento político, violando la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que en su Artículo 17, señala en su parte medular:

“Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente…”.

El General Sandoval habla como militar pero opera como político. ¿Cómo?  Vendiendo lealtades a un partido a cambio de dinero.

A este Ejército encabezado por el soldado Cresencio Sandoval, el Presidente civil lo ha comprado a base de muchos millones de pesos. De miles de millones de pesos. AMLO les regaló a los militares los contratos para construir la Base Militar de Santa Lucía y ordenó que todos los beneficios de administración financiera se vayan a los bolsillos de los militares. Y algo similar ocurre con el Tren Maya. Con dinero, AMLO tiene en la bolsa al indigno Sandoval y a los generales, hoy convertidos en voceros del Gobierno en turno. Vamos, ni en los años dorados del PRI se veía tal abyección del Ejército hacia el Gobierno.

Sobornar al Ejército desde Palacio Nacional -para el Presupuesto 2022 se autorizó que los dineros para los militares crezcan en 22 por ciento-, no sólo ha degradado al propio Ejército y arrodillado a Sandoval y generales a los pies del Presidente. No. Ha ido más allá: ha fomentado la corrupción entre el propio Ejército y los civiles. Como nunca.

Allí está el valioso y revelador reportaje de la colega Isabella González en Latinus, bajo la conducción del periodista Carlos Loret de Mola, mediante el cual se comprueba que tras la revisión de 966 contratos en la construcción de Santa Lucía, se “encontró empresas fantasma, compañías acusadas de desvío de recursos que reciben contratos, proveedores dedicados a rentar juegos infantiles a los que les rentaron tractocamiones, y hasta un señor en una pequeña tlapalería que según los papeles, es el principal contratista del aeropuerto”, según explicó Loret. Es decir: corrupción, corrupción, corrupción.

Eso es precisamente lo que AMLO, el Ejército y la 4T, quieren evitar mediante el decretazo autoritario del lunes pasado: que ya no se sigan descubriendo y documentando los actos de corrupción del régimen y se hagan públicos en algunos medios. Es censura innegable.

¡Únanse a la cuatroté!, es el virtual grito de guerra del soldado Sandoval.

Así, el Secretario de la Defensa Nacional de México vendió su honor a cambio de dinero.

Y todo, por los miedos de López Obrador para 2024.

*****

A México se le está militarizando. Sí, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua. Militarizar para proteger los excesos de los dictadores y lanzar la amenaza abierta, desnuda, en contra de opositores y ciudadanos: si te metes conmigo, te metes con los soldados.

El decreto de AMLO busca ubicar a nuestro país en la oscuridad financiera pública, en solapar la corrupción y la impunidad dentro del Gobierno, y en despojar a los mexicanos del derecho a la información pública.

México militarizado.

Ejército vendido.

Decretazo autoritario.

Y un Presidente entre delirios y locuras.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Acelerador a la reforma eléctrica

*Trudeau y las concesiones mineras

*Sensatez pide RM a la Sheinbaum

“La plata cede al oro; el oro, a la virtud”: Horacio

Hace una semana la principal preocupación presidencial se centraba en la aprobación, sin quitarle una coma a su presupuesto de Egresos, el dinero a ejercer el próximo año. Aunque bien podría ser se centrara la atención en remarcar la autoridad autoimpuesta del Ejecutivo sobre el Legislativo, una vez vista la disposición de dinero a criterio del tabasqueño, venga de donde venga, se obtenga como se obtenga, llegue haiga sido como haiga sido. El tema y la atención, una vez superada la cuestión presupuestal, está en la aprobación de la Reforma Eléctrica. Para los diputados todo está listo, pero atenderán la instrucción del primer mandatario y se sentarán “a escuchar a todos aquellos que sienten que se van a ver afectados y platicar con ellos, debatirla, hacer foros, llamar a especialistas, académicos y a los altos directivos para que en un trabajo de debate, de conocimiento, los mexicanos sepan por que razón se pretende”. O sea, a montar el circo de la farsa porque ya decretó 8 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con la reforma, Dócilmente, Ignacio Mier acudió a Palacio Nacional a recibir instrucciones y de inmediato se ha dado a la tarea de cumplirlas.

Se dieron ya a conocer las posiciones contrarias provenientes no solamente de la iniciativa privada nacional sino de la extranjera, resaltando la situación de las empresas productoras de energías limpias, las cuales han firmado contratos con el gobierno de México para la realización de esta tarea. Sin embargo, en la Cumbre de Líderes de América del Norte, el tema energía no fue tratado con Joe Biden, receptor de las cartas de inconformidad firmadas por empresarios de su país, sino con el primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Según lo informado desde el templete de Palacio Nacional, con Trudeau trató el tema señalando que con la reforma anterior se hicieron negocios con el pretexto de las energías limpias en México y se especuló financieramente. Destacó trataron la posibilidad de modernizar equipos generadores de electricidad para operar con turbinas en hidroeléctricas tal y como se hace en Canadá a través de una empresa pública.

No evitó hablarle de la entrega de 110 contratos a empresas extranjeras, acción con la cual saquearon al país. La relación con Canadá se trató con pinzas. Hubo este rosario de quejas y con ello el canadiense podrá comprobar en México se lanzan acusaciones, pero no se procede. No se hizo ninguna referencia a la necesidad de llevar a cabo acciones legales en el terreno internacional en contra de contratos considerados leoninos. Nada más se reporta un saqueo y se cambia de hoja, o de reforma. Como si Justin Trudeau no llegara a esa reunión debidamente informado, le hizo saber que Bombardier, empresa de su país, está construyendo los trenes para el Tren Maya y se hace ese trabajo en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, en donde también opera la francesa Alstom con igual encargo. Esta plática fue la entrada para llegar al platillo suculento: las mineras. Sobre este tema “ya solo tenemos pendiente la cuestión fiscal”, reveló el tabasqueño al ser interrogado. Lo oculto es quien y como, bajo cuales condiciones están llegando a acuerdos sabedores de la intervención del flamante senador Napoleón Gómez Urrutia.

Este siniestro personaje quien se ha desempeñado como líder de mineros, ha cometido todo tipo de fraudes, sin embargo, resultó una pieza clave para estas empresas en Canadá, y de esos abusos, de las condiciones en las cuales las mineras canadienses tienen laborando a estos trabajadores rechazando los controles de seguridad existentes por lo menos en el papel, de eso AMLO no hizo ningún reproche. Como seguramente tampoco le dijo están a la espera del cumplimiento ordenado por un juez en el cual debe “Napito” devolver a los trabajadores 55 millones de dólares. Con la acusación de este robo a los sindicalizados se provocó el autoexilio de Gómez Urrutia a ese país. Ostentándose como presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y en un afán de hacerse presente en el senado, lejos de reclamar lo conducente a la seguridad de los mineros, a la supervisión de la Secretaría del Trabajo sobre las condiciones laborales o de asegurarse de la entrega de indemnizaciones a quienes han resultado heridos o muertos en el cumplimiento de su trabajo -como sucedió recientemente en las minas de carbón-, se dedicó a pelear contra las outsourcing. Su respaldo a las organizaciones internacionales del trabajo perjudica más al país que la reforma eléctrica presentada por EPN. De eso, con Trudeau, ni media palabra.

El presidente trasladó a su gira la cita: “hasta en los tinacos hay niveles” y volvió a salvar a uno de sus preferidos, aún y cuando con ello eche por tierra promesas y aseveraciones de cambio.

El turno

de las obras

El decreto presidencial en el cual se considera a las obras de infraestructura de casi todos los sectores parte de la “seguridad nacional” y la dispensa de permisos y licencias para llevarlas a cabo, muestra de nueva cuenta se está al borde del autoritarismo. Un ejemplo lo podríamos encontrar en la orden de construir una carretera en la Selva Lacandona y ser esta obra considerada de seguridad nacional, lo cual llevaría a devastar la selva sin necesidad de las autorizaciones correspondientes, de las otorgadas por las dependencias de gobierno creadas para dar la certeza y seguridad a los proyectos. O también puede perseguirse el seguir entregando mayores parcelas de poder al Ejército en su calidad de garante de la seguridad nacional. Estas autorizaciones exprés acarrearan un sinnúmero de inconformidades.

De nada servirán los reclamos de quienes se vean afectados en sus tierras, ya sean de la iniciativa privada, o ejidales o comuneros. Seguramente lo de producir energías limpias, cuidar el planeta, evitar deforestaciones, lograr desarrollo sin alteraciones ecológicas se ha convertido en un grave problema para los objetivos de la 4T y nada mejor a un decreto para hacer de lado cualquier problema y así eliminar inconformidades. Se dan golpes sobre la mesa y se acaba con cualquier intento de aplicar criterios diferentes a los generados en Palacio Nacional. Así van caminando las realidades en nuestro país y puede lograrse todo en estos momentos en los cuales no existe ninguna oposición. Quienes la integran y pertenecen a partidos políticos están cuidando mantenerse libres, han cometido suficientes tropelías y no parece quieran mostrar algún rostro de defensa por estas imposiciones. Si no existe una oposición organizada, la reacción de la sociedad puede presentarse en cualquier sentido con todo lo que ello represente frente a un Ejército comprometido con la 4T

De los pasillos

Una vez recibida la instrucción presidencial para montar el teatro de escuchar a quejosos y a expertos para evitar el calificativo de imposición con la aprobación mayoritaria de la contra reforma eléctrica, Ignacio Mier, explicó como realizarán el foro y alista los preparativos del escenario. Por si no se recuerda, Mier es el legislador que dijo, sobre la violación a una joven ejecutada por su homólogo poblano: “No lo hizo en su horario de trabajo” …

En el senado, Ricardo Monreal advierte la posibilidad de hacer algunos cambios a esta iniciativa del Ejecutivo, lo cual se escucha más lógico, razonable e inclusive de alguna manera intenta salvar sea vista como otra imposición, aun cuando no pueda lograrse mucho …

Por cierto y en relación a las elecciones de candidatos, el zacatecano en ningún momento da marcha atrás a la aseveración sobre lo desgastado de las encuestas y tal expresión podría no existir si no se hubiesen prostituido y manipulado tanto por Mario Delgado, quien inclusive llegó al extremo de presentar resultados cuando ni siquiera se habían levantado. De ahí también solicite a Claudia Sheinbaum prudencia, sensatez, ante la publicidad sobre una decisión sucesoria adelantada.

Para la jefa de gobierno de la CDMX no se imponen límites y tal parece tampoco respeto por las leyes con las cuales están impedidos los funcionarios públicos de hacerse propaganda. Los reportajes desplegados en el diario El País, un acérrimo crítico de López Obrador, sobre su persona y acciones resultan la mejor prueba de la prisa por posicionarse que la acompaña, aunque será difícil, muy difícil llegue a remontar la opinión desfavorable e imborrable para millones de mexicanos, sobre lo sucedido en el colegio Rebsamen y en la Línea dorada del Metro, el encubrimiento de sus funcionarios y la impunidad reinante…

Empiezan a deshojar la margarita de la Estafa Maestra, por lo pronto vincularon a proceso a Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la desaparecida o mejor dicho “transformada” Sedesol, acusada del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Firmó un anexo técnico del contrato por 23 millones de pesos suscrito por la Universidad de Morelos. Sigue el proceso en libertad al igual que el rector de esa casa de estudios. ¿Y Ramón Sosamontes? ¿Y el confeso autor intelectual de la Estafa Emilio Zebadúa González? ¿Tratan de salvar a Luis Videgaray? ¿Le están preparando la cama a Ernesto Javier Nemer? …

Entrampados con temas anteriores a los cuales no les encuentran la cuadratura y menos la solución, para el caso Ayotzinapa ya citaron de nueva cuenta al ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco, pero al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero ni siquiera lo mencionan…

Empezaron a salir los negocios y los tratos hechos a través de un tercero del ex titular de la UIF en Quintana Roo. Devoluciones de cuentas congeladas, venta de protección, garantías para el futuro, son algunos de los señalamientos surgidos a raíz de la protección de ciertos personajes de la política de la entidad hacia integrantes del Partido Verde y en ello se incluye a curuleros y otros llegados al poder por la vía electoral. Malo porque eran los de confianza de AMLO; y en esa misma tesitura aparece un socio enorme, gigante, de los de Aguakan y de ahí no puedan proceder en su contra ante tanta rapiña y abuso.

Los críticos II

María Rivera

La semana pasada escribí sobre el estado en que se encontraba nuestro país en 2018 y del voto de la mayoría. Hacía yo un ejercicio de memoria para aquellos críticos que convenientemente han olvidado de dónde venimos, muy lejos del país pacífico y democrático que les gusta imaginar. Críticos interesados, decía, porque muchos de ellos provienen de las filas de la oposición partidista. Muchos vivían en un país que no existía, salvo en sus parcelas de privilegios, producto de un país obscenamente desigual y no pocas veces obtenidos por su cercanía con el poder gubernamental. Votantes del PRI o del PAN, ex funcionarios de sexenios anteriores, asesores, que durante sexenios apoyaron abiertamente medidas que hoy critican, como la militarización, o no criticaron nada o lo hicieron de manera condescendiente con la barbarie y el latrocinio, hoy se alzan como críticos feroces de este gobierno. Aunque pueda ser chocante, hay que decir también, que de manera legítima. Lo que no es legítimo y es delirante, es que estos críticos pretendan “llamar a cuentas” como pomposa e infantilmente dicen, a los votantes de López Obrador que son críticos de su gobierno, como si tuvieran algún tipo de autoridad sobre los demás. Equivocan el blanco, sin duda, enceguecidos por la polarización. Aun así, tal vez haya que recordar una verdad de perogrullo: el gobierno nos gobierna a todos, por igual, se haya votado por quien se haya votado y es por ello que todos tenemos derecho a la crítica del poder, con la misma legitimidad.

Sin embargo, la narrativa excluyente y polarizadora que López Obrador y los suyos decidieron sostener tras ganar las elecciones, ha logrado desnaturalizar esta idea. Mucha gente cree que hay quienes no tienen “derecho” a la crítica, o que quienes critican al gobierno tienen segundas intenciones, no puede tener razón. Esto constituye uno de los rasgos más ominosos de este gobierno y ha representado una traición al espíritu democrático con el que llegaron. Pronto, todos entendimos que el presidente emprendería sus cambios a través de la mentira perversa del discurso maniqueo, la difamación y el amedrentamiento de quienes se opusieran a su transformación; que defenestraría instituciones funcionales sin estudios previos y sin importarle, incluso, afectar a los más pobres, entre ellos mujeres y niños. Y no es que el país deba rebosar en una falsa unidad, como pregonan algunos. Es que el poder no debería discriminar a ciudadanos según sus orientaciones políticas, ideológicas, partidistas, ni señalar a sus opositores y críticos como si de traidores a la patria se tratara. Esa aberración, la exacerbación de dos bandos en disputa, creada desde el gobierno, significó la desnaturalización de cualquier debate civilizado en torno a la cosa común. No solo en las redes sociales donde campean, por igual, ejércitos de trolls y bots dedicados a evitar cualquier discusión medianamente razonable, sino en los espacios institucionales para ello. Todos somos víctimas de este enredo, donde cada vez parece más difícil entablar una conversación siquiera. “Fifís, chairos, facilitadores, conservadores, oportunistas”, etc. forman parte ya de nuestra jerga para mediar odios y resentimientos.

La polarización también ha servido como coartada para aquellos que, habiendo sido feroces críticos de los gobiernos anteriores, hoy se abstienen de criticar prácticas y políticas de este gobierno muy similares a las tomadas por gobiernos anteriores, completamente contrarias a cualquier movimiento que se precie de ser de izquierda o humanista, e incluso, abiertas traiciones a los ofrecimientos de campaña de Morena. Críticos que gritaban en plazas contra la militarización y llamaban al expresidente Calderón “asesino” por los miles de muertos de todo el país, que crearon banderas como “No + Sangre”, hoy no dicen nada ante el agravamiento de la violencia, ni critican la política de seguridad que no ha logrado resolver el saldo sangriento. Nada dicen de estados como Michoacán o Zacatecas, donde el crimen organizado reina impunemente, como sucediera en sexenios anteriores. Tampoco ante la violencia que este gobierno comete todos los días contra los migrantes, a quienes se les caza, inclementemente para beneplácito de la política estadounidense; no, no se conmueven ante las víctimas, como antaño, sino que emprendieron una campaña de calumnias contra ellas cuando intentaron acercarse al presidente. Algunos, lejos de quedarse callados, se han sumado servilmente a la campaña militarizadora del presidente López Obrador, o han llamado “cuentos, telenovelas” al desabasto de medicamentos oncológicos de niños. Es decir, pasaron de ser críticos a ser propagandistas sin ningún escrúpulo, se sumaron a las narrativas gubernamentales sin el menor recuerdo de las críticas que tan vehementemente sostenían. Es increíble, pero a estos críticos del pasado, nada los desanima de apoyar al gobierno, ni el proceso de creciente militarización, ni las iniciativas de naturaleza innegablemente autoritaria de este gobierno como el decreto recién publicado que atenta contra todos los controles anticorrupción y la transparencia, ni el criminal manejo de la pandemia que ha dejado medio millón de fallecidos, ni el desmantelamiento de instituciones del Estado perfectamente funcionales, ni el asedio a las comunidades académicas del país. Vamos, ni los pobres, a quien el gobierno dejó desprotegidos, les importan. A ellos, lo que les importa es criticar a los críticos, a los medios, a los viejos villanos del país, y apoyar a un político ciegamente, aunque contradiga cada una de las cosas que prometió.

A estos aplaudidores, otrora críticos, no es necesario que nadie los llame a cuentas, como creen algunos. La historia lo hará, que no le quepa duda, querido lector.

Hágase mi voluntad

Adela Navarro Bello

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se precia de ser democrático, respetuoso de la Ley, honesto, transparente, este lunes sorprendió con un decreto que lo hace ver todo lo contrario a lo que presume.

Publicó en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, un decreto para declarar “de interés público y seguridad nacional”, prácticamente todas las obras que realiza el gobierno de la República, y, además, instruir a las dependencias federales a otorgarles, a esos proyectos, todos los permisos, licencias o dictámenes necesarios para su inicio, sin cortapisa, en un plazo de cinco días, a partir de los cuales la resolución se toma en positivo.

A la letra, el decreto presidencial dice:

“Artículo Primero: Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

“Artículo Segundo: Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

“Artículo Tercero: La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”.

Dos temas son los que ocupan y preocupan, por violentar otras leyes y derechos. El primero, el declarar todas las obras del gobierno de AMLO, “de interés público y seguridad nacional”, lo cual, en automático, blinda y reserva la información al respecto para el ojo ciudadano. Contratos, convenios, presupuestos, empresas participantes, desarrollo de la obra, financiamiento de la misma, todo, queda reservado por tratarse de un tema de “interés público y seguridad nacional”.

En una fracción reformada al Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2014, quedó determinada tal premisa:

“I.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”.

Así, aunque el presidente ha dicho que “esto no tiene nada qué ver con la transparencia, las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, la realidad es que sí. Está inscrito en la Ley que se reserva por razones de “interés público y seguridad nacional”, precisamente los dos conceptos que, en el artículo primero del decreto de López Obrador, se declaran las obras del gobierno de México.

En estas condiciones, después de la oposición y de algunas barras de abogados, fueron los consejeros del INAI, quienes acordaron presentar una controversia constitucional “con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”, resolvieron en el pleno, el cual tiene un máximo de 30 días para presentar el instrumento legal.

El otro tema que ocupa, es el de eximir de los requisitos legales para la construcción de las obras, todos los proyectos del gobierno de López Obrador. Así lo decreta cuando instruye a todas las dependencias federales a que otorguen, de manera provisional en cinco días, los dictámenes, permisos o licencias que se requieran para el arranque de la obra. Además, que, a partir del quinto día, “sin que se emita una autorización provisional expresa, se considere resuelta en sentido positivo”.

El decreto del presidente López Obrador, es básicamente, un “hágase mi voluntad”, por encima de la Ley, de los reglamentos, de las competencias, la normatividad. El gobierno de la República, o uno estatal o municipal, deben, como las empresas y la iniciativa privada, cumplir con una serie, ciertamente extenuante, de requisitos en los tres órdenes de gobierno, para poder iniciar una construcción, además de cumplir con otros trámites para echar a andar la empresa de la que se trate.

López Obrador pretende con su decreto, que el gobierno de la República sea liberado de toda esa carga normativa e iniciar a construir a su libre albedrio, allende si incumple con el medio ambiente, con la certeza jurídica de la tierra, con las normas regulativas, con la seguridad social, la protección civil, el pago de derechos a otros órdenes de gobierno, y decenas de trámites más que se deben cumplir para, en un Estado de Derecho, contribuir a un desarrollo ordenado, justo y en armonía con el entorno social, político y económico.

Justifica el presidente que su decreto tiene dos objetivos que nada tienen que ver con la opacidad y la corrupción: “es un decreto para agilizar trámites, y que los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el tema ya, para que los trámites que tengan qué hacer sean más expeditos”, además para evitar “amparos”, pues dice que un amparo le puede detener la obra, y él tiene que terminarlas.

Ciertamente, en un Estado de Derecho la justicia estará con aquel a quien le asista la razón, y si no es el gobierno, por haber incumplido un requisito o violentado algún derecho, así se determinará, pero es evidente que el presidente no quiere atravesar por el camino de la certeza jurídica, sino por la ruta de su voluntad.

En relación a los trámites, lo más acorde sería que su gobierno simplificara todos esos trámites, requisitos, normatividad y regulación que existen para autorizar el inicio de una construcción o la apertura de una empresa, es una deuda pendiente del gobierno federal. Pero no, para el presidente es más fácil eximirse a sí mismo, como representante del Estado Mexicano, de cumplir con los requisitos de Ley, que cambiar la misma para favorecer a todos, a la inversión en general.

Desafortunadamente, el gobierno de la República, no solo el actual, actúa a su conveniencia y provecho, porque seguramente, si alguno de los antecesores de López Obrador, hubiese emitido tal decreto, él habría sido el primero en manifestarse, en dudar, en presumir opacidad y corrupción.

Ahora, es buen momento que preguntarse, en la práctica, dónde quedó la prometida transparencia, la honestidad, la máxima publicidad de los contratos del gobierno, el respeto a las leyes y a las instituciones, porque en estos momentos, impera más el “hágase a mi voluntad”, que otra cuestión.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Fracasa lucha anticorrupción

*País “armado hasta los dientes” por EU

*Si o no a militarizar la Guardia Nacional

*Morena “la tiene fácil” en Quintana Roo

“La corrupción la pagan los pobres”: Papa Francisco

De acuerdo con el diario internacional Financial Times, la lucha contra la corrupción del presidente López Obrador, una bandera llevada como insignia en la frente, no logra saltar del discurso a la acción. La periodista Christine Murray consideró es más bien una “estrategia profundamente influenciada por la política y con poco que mostrar”. La realidad para los mexicanos se presenta diariamente, cuando “pagan cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos para el papeleo básico como iniciar una empresa o pagar impuestos a los automóviles”. Lo más preocupante, subraya, es la existencia de un patrón “de exoneración de los aliados políticos y la persecución de los críticos del gobierno o sus opositores”.

Según FT, el mandatario mexicano se centra una y otra vez en “endiosar” a la llamada cuarta transformación al destacar el combate llevado a cabo por su administración en contra de uno de los males que históricamente ha aquejado a México, pero basta con revisar los datos y las victorias presumidas para percatarse de la inexistencia de resultados, y, los vistos, no son precisamente gracias a su gobierno.

Cita el caso de los sobornos de Odebrecht en el país: “El ex jefe de la petrolera estatal de México, Emilio Lozoya, fue extraditado de España hace más de un año por presuntos sobornos , pero fue solo después de la difusión de las fotos de él comiendo pato de Pekín en un restaurante de lujo se desencadenó la indignación pública y apenas el mes pasado los fiscales solicitaron lo pusieran en prisión preventiva”. El artículo publicado este lunes fue titulado “López Obrador tiene poco que mostrar por su lucha contra la corrupción”.

Aclaró sobre el caso de Lozoya, que ahora podría será la aportación más grande de la 4T en el combate a la corrupción, fue solo porque la periodista de El Financiero, Lourdes Mendoza, reveló la foto del ex director de Pemex cenando en el Huna, lo cual desató un gran escándalo mediático, pero, de no haber sido así, ¿Lozoya seguiría gozando de privilegios? Murray resalta si bien su plan de austeridad republicana le da cierta credibilidad a sus dichos en contra de la corrupción, a la vez sus instituciones “carecen de independencia o recursos para sostener una lucha de tales dimensiones”. En su texto, enumera dos casos: la reciente renuncia de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de ser sorprendido en su propia boda de lujo en Guatemala; y en segundo lugar, la Auditoría Superior de la Federación, donde las denuncias penales no terminan por ser relevantes.

El artículo señala: el discurso contra la corrupción de AMLO se le ha vuelto casi una obsesión llevada como un “tesoro preciado” a las Naciones Unidas el pasado nueve de noviembre. Y esa obsesión no le permite ver “del dicho al hecho, hay mucho trecho”. La edición del periódico británico destaca: “Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 124 de 180 países. El fiscal federal anticorrupción solo ha logrado asegurar dos sentencias por delitos en más de dos años y medio en el cargo. Los cargos de alto perfil tardan en avanzar (…) No tienen una política de enjuiciamiento penal (…) eligen casos por razones muy poco claras. Esa arbitrariedad es una mala señal en la fiscalía”, comentó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México. López Obrador, dice Murray “está más preocupado por mostrar una imagen de austeridad, que por las acciones y los resultados que su gobierno está teniendo”.

“Seguimos teniendo el mismo problema, no tenemos instituciones. El presidente no ha invertido nada de su capital político o recursos, no es parte de su proyecto el fortalecimiento de las instituciones”, señaló Edna Jaime, directora del Think-Tank México Evalúa. Un claro ejemplo es la Guardia Nacional, una institución debilitada , carente de una estrategia clara de seguridad. La política de “abrazos, no balazos” tiene desatadas a las organizaciones criminales sin que los elementos de la GN puedan hacer algo al respecto. La tarea del Ejército ya no es enfrentarse al crimen organizado, sino “cuidar” el territorio de los cárteles.

Financial Times también señala AMLO utiliza las “mañaneras” para hacer propaganda de la cuarta transformación, pero con muy pocos datos que lo respalden. “En una de sus conferencias de prensa mañaneras López Obrador prometió publicar detalles de quienes han sido sancionados o acusados de corrupción. En el comunicado posterior dijo que miles de funcionarios habían sido excluidos del gobierno y se habían presentado cientos de denuncias penales, pero no mencionó una sola condena penal”..

500 mil armas

a México

Al participar este lunes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presidido por México este mes, el canciller Marcelo Ebrard señaló: los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir el tráfico de armas han sido insuficientes. Luego de reconocer el esfuerzo del grupo para contrarrestar acciones ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, admitió: “Sin embargo, nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes”, por lo tanto demandó la colaboración de los gobiernos nacionales y la IP para frenar los efectos nocivos de éste tráfico.

“Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo de sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse las fabricadas bajo la ley no lleguen a manos criminales”.

En este punto, Ebrard recordó la demanda entablada en agosto contra las empresas Smit & Wesson Brands, Barret Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Colt´s Manufacturing Company y Glock por llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias facilitando el tráfico ilícito lo cual ha profundizado la violencia en nuestro país.

La Corte Federal de Massachusetts aceptó días después el litigio, recordó el canciller, quien remarcó todavía faltaba la notificación y el proceso legal. En ese caso, aclaró el funcionario, no se trata de cuestionar el derecho de particulares a comerciar armas, “sino de denunciar prácticas negligentes que generen graves consecuencias en otras poblaciones”.

Este martes el gobierno mexicano esperaba la respuesta de las once empresas fabricantes de armas de Estados Unidos demandadas hace tres meses.

De acuerdo con cifras del propio Ejecutivo federal, cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde EU, y sólo en 2019, fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos. Los datos revelan que entre el 70 por ciento y el 990 por ciento de las armas encontradas en las escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos.

 Sobresalen los fusiles Barrett calibre .50 con alcance antiaéreo, fusiles Ar-15 calibre .50, ametralladoras Browning M2 calibre .50, lanzacohetes antiaéreos, fusiles AK-47, lanzagranadas y granadas, así como pistolas escuadra y revolver, calibre .45, .44 y .38.

El gobierno mexicano prevé que la respuesta de las armadoras contenga argumentos como cuestionar si la cancillería mexicana puede demandar en Estados Unidos, señalar que su legislación les otorga inmunidad contra demandas civiles por daños y responsabilizar al gobierno de México por daños descritos en el litigio.

De los pasillos

Kamala Harris va a saborear estar en la oficina de la presidencia de EU en tanto Joe Biden es sometido a un profundo examen médico en el cual se someterá a una colonoscopía…

Comenzaron las reacciones sobre las simpatías manifestadas por el primer mandatario mexicano. El republicano Marco Rubio, lanzó fuertes críticas por la defensa pública a mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela a quienes califican de extrema izquierda aún y cuando el autoritarismo está presente.

Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, el legislador expresó “nosotros nov vamos a interferir en las elecciones y en la política interna de México, pero yo no creo que la culpa sea del pueblo mexicano. Creo que la culpa es del líder que tienen en la presidencia…

Calladita se ve más bonita, le recomiendan a la Sheinbaum cuando de hablar de seguridad se trata. Ese tema se lo deja a su compañero, al titular de la Secretaría Omar García, de quien se espera aclare debidamente la penetración de la Unión Tepito en el centro histórico de la capital del país, adueñándose de predios…

Estamos al borde en la entrada de la cuarta ola de Covid-19, en algunas entidades se nota el repunte. El reporte de hoy del Doctor Muerte, servirá para negar tal situación ya presente en otros países desde donde se han lanzado todas las alertas para estar preparados, situación de la cual asegurará López Gatell está el sector salud debidamente preparado, lo cual no es verdad al saberse han desmontado hospitales dedicados a esta tarea…

Empiezan en Quintana Roo las presentaciones de denuncias sobre el manejo presupuestal de los alcaldes salientes. Estas acciones se hacen periodo tras periodo, pero no se han visto resultados, ni en esta entidad ni en muchas otras. Por lo pronto la alcaldesa de Othón P. Blanco cuya cabecera está en Chetumal, capital del estado las interpuso en contra de varios exfuncionarios…

Para la ex alcaldesa de Solidaridad Laura Beristain el camino es otro, por ahora. Ya se inició el juicio político en su contra en el Congreso Local, aún y cuando lo deseable es la intervención de la Auditoría Superior estatal, pero eso no será posible en virtud de haberle enviado desde esa dependencia al auditor municipal previa recompensa económica…

Quien tiene las castañas en el fuego es la reelecta Mara Lezama de Benito Juárez, Cancún. De entrada, olvidó el lema morenista: no mentir, no traicionar, no robar. La investigación de las denuncias en su contra se está realizando y una vez perdidos los principales apoyos para mantener paralizados los expedientes, el camino va sobre una muy floja cuerda con todo y la propaganda realizada tanto por doña Laura como por doña Mara por su inscripción como aspirantes de Morena a la candidatura para gobernador.

Elija su Revolución Mexicana

Alejandro de la Garza

El sino del escorpión fatiga numerosas interpretaciones de la Revolución Mexicana para ratificar la complejidad multifacética de ese proceso histórico y la imposibilidad de explicarlo con facilidad a más de cien años de los hechos. Hay quienes la asumen como una revolución democrático burguesa, otros la indagan desde la perspectiva marxista de la lucha de clases, algunos la ven como parte de la modernización económica capitalista, muchos más ven en ella el parto del Estado mexicano moderno, y aún abundan quienes la califican como un revolución traicionada o corrompida.

Las primeras interpretaciones surgieron casi paralelas a la revuelta popular (1911-1920), y ya durante el siglo XX se multiplicaron las visiones novedosas. Las valoraciones inmediatas de la revolución están en las memorias de sus protagonistas, como Álvaro Obregón y su idea de la pacificación posrevolucionarios por la vía electoral (aunque después, vale recordar, el Caudillo defraudaría las elecciones y el hecho le costaría la vida). Pero el alacrán recomienda el segundo volumen de las memorias de José Vasconcelos, La Tormenta, testimonio personal de prosa viva y emocional, sobre el agitado periodo de guerra.

En los años veinte sobresale la interpretación de Manuel Gómez Morín, integrante de la “Generación de 1915”, quien reconoce el ascenso de las masas revolucionarias, urge a terminar la violencia y aboga por la reconstrucción mediante “la técnica, el método y la crítica”. En los treinta crece el interés de historiadores extranjeros, aprecia el escorpión. Entre ellos el austriaco-estadunidense Frank Tannenbaum, quien en su libro Peace by Revolution (1939), define la Revolución Mexicana como un movimiento espontaneo, arraigado en la multitud de comunidades del campo y dirigido contra las haciendas, idea retomada por las interpretaciones subsecuentes.

En estos años se realizan también valoraciones ya más documentadas de la revolución, al verse su vigencia recobrada por el gobierno de Lázaro Cárdenas, “encarnación de la continuidad de la revolución”, según Lombardo Toledano. El dirigente obrero encuentra en el cardenismo una grandiosa etapa de acción renovadora de la revolución, pero ante esta idea surge la crítica de Luis Cabrera, para quien el cardenismo era la desviación más peligrosa de los principios revolucionarios por su caudillismo, la alineación corporativa de las masas trabajadoras, y por su propuesta de una educación socialista. Este fue el primer choque entre el enfoque marxista y el enfoque liberal sobre la Revolución Mexicana.

En los textos hipercríticos de Jesús Silva-Herzog y Daniel Cosío Villegas surgen, a principios de los años cuarenta, las interpretaciones donde se denuncia la corrupción y se advierte una desviación de la revolución. Silva Herzog la en peligro de muerte, porque después del cardenismo se han abandonado sus principios y su empuje. Cosío Villegas coincide en ver el principal desprestigio para la revolución en la corrupción de su clase política, por tanto, asegura, su crisis es moral.

Al escorpión lo seduce el dibujo ideológico de la revolución trazado por José Revueltas, esa idea de la revolución como producto de un proceso histórico alienado “que confunde clases, intereses, objetivos y hasta genera una ideología socializante, pero cuyo contenido real ha sido abrir las compuertas del país para el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción”.

Películas menos populares

Como para añadir picante a la discusión, el inglés Alan Knight, uno de los analistas más agudos del fenómeno de la revolución vista a ras de tierra, como una conjugada revuelta de comunidades, lanzó la pregunta clave de su célebre libro La revolución mexicana: ¿burguesa, nacionalista, o simplemente gran rebelión?

El alacrán destaca otras interpretaciones posteriores de la Revolución Mexicana: Adolfo Gilly, con su perspectiva de “la guerra de clases” en la revolución y la idea de la “revolución interrumpida”, nutrió nuevas visiones. Arnaldo Córdoba consolidó el estudio de la política de masas del Estado mexicano posrevolucionario y calificó de revolución burguesa a ese movimiento protagonizado, no obstante, por las masas campesinas. Enrique Semo profundizó el análisis ideológico de la revolución y documentó el proceso de legitimación que significó para la burguesía dominante. También sobresale el análisis del Estado mexicano, su desarrollo y sus desvíos a partir de la revolución, elaborado por Lorenzo Meyer.

Las interpretaciones neoliberales en los últimos cuarenta años, tendieron a combatir el fetiche ideológico en el cual los gobiernos priistas habían convertido a la revolución al vaciarla de contenido político real y dejarla en mera demagogia, una ideología nacional revolucionaria o nacional burguesa confusa y difícil de descifrar Esa corrupción de la idea misma de la revolución, llevó a minimizar el fenómeno histórico y a invalidar sus contenidos centrales, por ejemplo, la reforma salinista del artículo 27 constitucional.

Hoy el escorpión se interroga sobre cómo registrará la historia al régimen de Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la Revolución Mexicana y las continuidades y rupturas de su proceso histórico. ¿Significará un movimiento popular de continuidad después del cardenismo? ¿La adecuación a otra fase del capitalismo global? La historia está abierta.

El injusto maltrato al CIDE

Carlos A. Pérez Ricart

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) lleva varios días en la prensa y no por las razones correctas.

Hay que decirlo como es: el Gobierno federal lleva ya un tiempo maltratando a este centro público de investigación. Algunos dirán que por torpeza; otros que lo hace con premeditación y precisión milimétrica. Los más dirán que la institución es el blanco elegido por Palacio Nacional; otros vemos en la dirección de Conacyt la raíz y corazón de los agravios. Sobre los motivos reales del maltrato tampoco hay claridad. Lo cierto es que el maltrato existe: no verlo es no atreverse a mirar a los ojos.

La letanía de maltratos es larga y puede encontrarse en la hemeroteca con facilidad. Menciono algunos de los eventos que más escozor han causado a la comunidad: la extinción, ordenada desde Palacio Nacional, del principal fideicomiso dl CIDE; la ejecución por parte de Conacyt de una nueva normativa que precarizó (aún más) el Programa de Cátedras de esta institución y al cual están integrados varios de los investigadores más jóvenes (y más brillantes) del CIDE; la persecución por parte de la FGR contra investigadores del Conacyt y ex integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico bajo absurdas acusaciones de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero; la negativa de Conacyt por liberar —de una vez por todas— las reglas de operación de recursos obtenidos de manera externa por el CIDE y que ha provocado que la institución lleve más de un año incumpliendo obligaciones laborales establecidas en el contrato colectivo. Hay varios más, basta abrir los ojos.[1]

Es posible analizar esos eventos por separado e intentar justificarlos como una serie de desafortunadas impericias. Juntos constituyen, sin embargo, una serie de vejaciones que hace tiempo rebasaron el umbral de lo admisible. El último golpe llegó hace cuatro meses con la designación de un nuevo director interino no solamente ajeno a la comunidad, sino en las antípodas de muchos de los mejores valores de la institución.

Aunque el nuevo director interino describió sus tareas como administrativas y temporales, en el ejercicio de su poder ha mostrado todo lo contrario; debía ser puente entre el CIDE y la dirección del Conacyt; prefirió ser motor de desgobierno.

En solo cuatro meses el director interino removió de sus funciones administrativas  a la secretaria académica del CIDE (la segunda persona más relevante en la jerarquía del centro) y al director de la sede Aguascalientes de la institución. Además, en un acto que terminó por cimbrar a la institución, canceló indebidamente y sin fundamento la realización de las comisiones académicas dictaminadoras, una serie de reuniones estatuarias de la que depende el futuro laboral de varios profesores. Ese mismo director interino es uno de los dos candidatos para ser designado como director permanente del CIDE en los próximos días. El rechazo de la comunidad —alumnado incluido— es casi unánime.

Según se desprende del plan de trabajo del (todavía) director interino y de las poquísimas conversaciones que ha mantenido con miembros de la comunidad, este pretende eliminar la “visión neoliberal” con la que, según él, se analizan en el CIDE los problemas del desarrollo de México. Su perspectiva es, casi con seguridad, la misma que predomina en las oficinas de Conacyt, así como en Palacio Nacional.

¿Qué es posible y deseable buscar un nuevo equilibrio entre tareas de docencia e investigación? Sí. ¿Qué el nuevo contexto político debería llevar a la comunidad del CIDE a reflexionar sobre su vinculación con el resto de la sociedad? También. ¿Qué pueden repensarse mecanismos que promuevan un ingreso más plural y de un mayor número de estudiantes? Sí ¿Qué parte de la comunidad del CIDE se benefició de cierta cercanía con administraciones anteriores y ahora pide una paradójica sana distancia? Admitámoslo ¿Qué es necesario replantear el tipo de ciencia social que se enseña en los centros públicos de investigación? Estoy convencido. ¿Qué caben uno o dos pupitres más en cada salón del CIDE y que no estaría mal que esos pupitres estuvieran ocupados por más estudiantes de preparatorias públicas? ¡Sí, enfáticamente!

Lo que no es admisible es tener ese tipo de debates —sanos, incluso necesarios— a partir de políticas públicas mal enfocadas, decisiones arbitrarias y, sobre todo, desde la soberbia.

Lo más lamentable de la crisis que vive el CIDE es que quienes han desatado el maltrato no promueven un modelo alternativo de educación superior. Ni tienen un plan viable para reformar una institución que está lejos de ser perfecta, ni parecen capacitados para hacer mejor las cosas de lo que se había hecho hasta ahora. En sus argumentos predomina la falta de un diagnóstico adecuado, la caricaturización del modelo a combatir y la descalificación del adversario.

Hay quienes aplaudiríamos —y acompañaríamos con gusto— una reflexión amplia sobre los perversos incentivos que dominan la ciencia social en México (y a escala global), así como el tipo de métricas que suelen utilizarse para llenar de contenido los conceptos de excelencia, institución de élite y vanguardia. El tema es que quienes hoy maltratan al CIDE actúan desde la sordera y el maltrato gratuito —eso no podemos aplaudirlo ni acompañarlo; nuestra obligación es denunciarlo.

Si el plan es generar una crisis de gobernanza en la institución, el Gobierno federal va por el camino correcto. Si, por el contrario, se pretende abrir un debate amplio sobre el papel del CIDE —y otros centros públicos de investigación— en el México contemporáneo, es necesario rectificar; no hacerlo es conducir al caos. Y allá no hay nada bueno.

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