Categoría: Editorial

Hasta encontrarles

Las cifras se vuelven lejanas cuando no tienen comparación o cuando de tanto mencionarlas se vuelven abstractas. A veces los números no dicen gran cosa y aunque de entrada los veamos como algo “escandaloso” somos incapaces de traducirlos en razón cuando no tienen un contexto que les dé vida.

La semana pasada, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejando Encinas y la Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, informaron que desde los años sesenta a la fecha, en México existen más de 61 mil personas desaparecidas (40por ciento más de lo que se tenía registrado a finales del 2018) y que solo en el primer año de Gobierno se registraron 5 mil 184 desapariciones. La cifra es escalofriante. Recordemos que aún en los periodos más espeluznantes de la historia reciente de la región, ningún otro país ha sido testigo del terror que de manera continua ha vivido México. En Chile a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y durante la dictadura de Pinochet, desaparecieron a 2025 personas; y en Argentina, durante el terrorismo de Estado que trajo la última dictadura cívico militar de 1976 a 1983 se registraron 30 mil desapariciones. En México la cifra no se detiene y termina con puntos suspensivos; se perpetúa a través del tiempo de la mano con la impunidad casi total en estos casos, que ha significado un cheque en blanco para la comisión de más desapariciones.

Durante este año hemos tenido ante nosotros mensajes contradictorios por parte del Gobierno; por un lado, se ha dicho que es una prioridad del Gobierno conocer el paradero de las personas desaparecidas en nuestro país y se han creado espacios de memoria referentes al terrorismo de Estado; por otro, se cierra el acceso a los acervos históricos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que pueden dar información sobre el paradero de algunos de los que fueron sujetos de desaparición forzada en los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. En el mismo sentido, se reconocen miles de personas desaparecidas en el país y se habla de su búsqueda e identificación, pero no se habla sobre las acciones que se van a llevar a cabo para que este segundo año, la cifra de 5 mil 184 personas desaparecidas se reduzca a cero.

Es cierto, es importante sumar para saber de qué estamos hablando cuando decimos que la desaparición es un fenómeno sistemático y generalizado, pero ¿por qué quedarnos a medias? Ahora ¿a quién hacemos responsable de esas más de cinco mil desapariciones que ocurrieron ya en el marco de la llamada transformación?

Las cifras presentadas por el Subsecretario Encinas no son suficientes para que podamos entender el contexto en el que vivimos.

El horror que provoca la estadística nunca se va a comparar con el dolor de aquellxs que se encuentran detrás de la cifra. Miles de víctimas que buscan a sus padres, madres, abuelxs, hermanxs, hijxs. México se ha convertido en un país de buscadorxs, en el que cada región cuenta la historia de alguna persona que desapareció. Las cifras deben dejar de ser algo abstracto, para empezar a traducirse en miles de historias que debemos seguir nombrando y recordando. Hasta encontrarles.

Juicio a Calderón

Sería absurdo culpar a un gobernante en específico de la terrible tragedia ocurrida en Torreón, Coahuila, con un niño de once años disparando a sus compañeros y a su maestra para luego quitarse la vida, pero sin duda es corresponsable la clase política de este país que decidió una supuesta estrategia de combate al crimen organizado y que ha derivado en el periodo de mayor violencia en el México contemporáneo.

La guerra contra el narcotráfico ordenada al inicio del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, en un contexto de deslegitimación política por las denuncias de fraude electoral en la elección presidencial de 2006, es la muestra más clara del fracaso de para combatir la violencia.

Por el contrario, con cifras históricas, ahora se puede afirmar que la decisión de decretar esta supuesta guerra contra el crimen organizado es la variable principal que explica el aumento sistemático de la violencia en el país, tanto los homicidios intencionales, la desaparición de personas, como horrores como las fosas clandestinas y cuerpos mutilados.

El informe sobre fosas clandestinas y registro de personas desaparecidas presentado el lunes 6 de enero por el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, y por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Karla Quintana, aportan datos contundentes al revisar las cifras históricas de las desapariciones en México.

El informe de la Comisión Nacional de Búsqueda confirma que el fenómeno actual de las desapariciones coincide totalmente con la decisión del Gobierno de Felipe Calderón de estallar la supuesta guerra contra el narcotráfico.

El reporta abarca 55 años de estadísticas: de 1964 a 2019. En total se han reportado 147,033 personas desaparecidas, de las cuales 85,396 han sido localizadas, pero siguen sin aparecer 61,637 personas.

De este total, 1,584 desapariciones ocurrieron entre 1964 y 2005, que representan 2.57 por ciento del total. El resto, 60,053 personas (97.43 por ciento del total) ocurrieron a partir de 2006, justo cuando Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado.

El Estado mexicano no es responsable, evidentemente, de todas las desapariciones que ocurren en este periodo, pero sí del contexto que permitió que grupos armados privados asumieran soberanía territorial de facto e imponer la más cruda necropolítica: decidir quien vive y quien muere. Decidir, quien puede ser desaparecido o no.

Pero la estrategia contra el crimen organizado no solo fue fallida, pues ahora los cárteles de los negocios ilegales, son más poderosos que cuando se declaró la guerra contra ellos. Y este resultado podría ser calificado de una monumental incompetencia, sino conociéramos de las relaciones entre criminales y gobernantes.

Casos como el del ex Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna revelan que en lugar de combatir a todo el crimen organizado, las fuerzas del Estado protegían a poderosos cárteles. Y así hacían sus grandes negocios, mientras se desataba el periodo de mayor violencia contra la sociedad mexicana.

Literalmente, las ganancias de los cárteles de la droga, de algunos políticos que lo permitieron y el pago de varias campañas a candidatos a puestos públicos se levantaron sobre pilas de cadáveres, desaparecidos y fosas clandestinas. Es algo que no debe quedar impune. Felipe Calderón es uno de los principales responsables de esta situación que tenemos en México. Debe ser juzgado por ello.

Los negocios de Dios

Crecidas por el juego que les ha dado el nuevo Gobierno, no solo el Presidente López Obrador sino también el Senador Ricardo Monreal, las iglesias en México ha lanzado un embate contra los principios del Estado laico. No es la primera vez que lo hacen, pero como decía aquel asesino, ellos van tentaleando y donde sienten blandito empujan la daga.

Así como los medios vivimos de hacer efectivo el derecho a la información, las iglesias viven de lucrar con el derecho a la creencia bajo el argumento de exigir mayor libertad religiosa. Qué hacemos unos y otros con el dinero que se genera de dicha actividad es otra discusión. Lo importante es tener claro que ambos derechos son de los ciudadanos, jamás de las instituciones, ni de sus símbolos, ni de sus profetas o dioses. Nada tiene de malo hacer negocio con el derecho de información, pero las empresas periodísticas están y deben estar sujetas a la reglas que tiene toda empresa. Durante algunos años quisieron ser parte de las excepciones (no pagar seguro social, tener régimen especial de impuesto, etcétera) pero terminaron poniéndose en regla. Lo mismo podemos decir para las iglesias.

¿Cómo debemos tratar a las iglesias? Es innegable que las iglesias, vistas como conjunto, tiene un aporte social muy importante, como también lo es que son enormes negocios que acumulan grandes fortunas institucionales y personales. Según la revista Forbes, Edir Macedo, líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios mejor conocida en México como “Pare de sufrir” es uno de los 50 hombres más ricos de Brasil con una fortuna estimada en mil cien millones de dólares. De acuerdo con investigaciones periodísticas las propiedades personales de la familia Joaquín que lidera la Luz del Mundo solo en Estados Unidos suman 7.3 millones de dólares. Pero ninguna de ellas se acerca ni de lejos al valor del emporio de Los Legionarios de Cristo estimado en 20 mil millones de dólares y un flujo anual de mil millones de dólares derivado de 500 empresas de su propiedad, algunas de ellas receptoras de dinero público.

Garantizar la libertad de creencia nada tiene que ver con dar más facilidades a las iglesias para que tengan medios de comunicación o regímenes fiscales especiales. El mercado de la salvación mueve mucho dinero y sin duda la mayor parte de éste se destina a obras de beneficencia y construcción de comunidades que contribuyen a que en mundo sea un poco menos peor. Nadie puede negar el aporte de las iglesias en la atención a migrantes, para poner un ejemplo muy concreto y actual, o lo que históricamente han aportado en materia de salud y tratamiento de adicciones, pero tampoco podemos descartar que puedan convertirse en perfectos paraísos fiscales ideales para el lavado de dinero, y como hemos señalado, para la creación de fortunas personales, familiares o institucionales.

Por su importancia y lo que representan socialmente, los negocios de dios deben ser no menos sino cada vez más regulados.

El sur de México

El sur de México pareciera otro país. En Chiapas hablan de vos como en Centroamérica, en Yucatán la historia propia se sobrepone a la nacional, mientras que, en Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Oaxaca la población vive de una economía rural muy alejada de la industrial de centro y norte.

Desde hace un siglo se han planteado ideas para impulsar el desarrollo en esta parte del país marcada por la pobreza y el rezago.  Pero hasta ahora nada ha funcionado y la población, una buena parte indígena, sufre un retraso económico y social importante.

Durante el siglo XX hubo iniciativas importantes de abatir este atraso. La primera fue de Porfirio Díaz quien planteó construir el tren que conectara los océanos Pacífico y Atlántico; luego fueron Luis Echeverría y Ernesto Zedillo los que plantearon ideas parecidas de hacer esta red ferroviaria y usarla como pivote de crecimiento económico.

Los tres grandes proyectos fracasaron porque no tomaron en cuenta a la población indígena que ve la llegada de esta iniciativa como un peligro a la tierra que les ha dado el sustento por generaciones.

Nuevamente se echó a andar esta idea de impulsar el sur de México con los proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de construir el Tren Maya en la península de Yucatán –iniciando en Chiapas– y el Corredor Transístmico con vías de tren y una super carretera que vaya del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, al de Minatitlán, Veracruz, y compita con el Canal de Panamá.

Pero como en los tres primeros casos, al gobierno de López Obrador le ha hecho falta dialogar y establecer acuerdos con los pueblos indígenas y campesinos que ven como algo ajeno e incluso amenazante que se construyan estas vías para beneficio de grandes empresarios extranjeros y nacionales, dejándolos una vez más al margen del desarrollo.

Para el Corredor Transístmico se prevé una inversión total de 8 mil millones de pesos, incluyendo la rehabilitación de la vía de ferrocarril; la ampliación de la carretera Salina Cruz-Coatzacoalcos; la modernización de esos dos puertos de Oaxaca y Veracruz; y la rehabilitación de las refinerías de Salina Cruz y de Minatitlán, para abastecer de combustible a toda la región.

En tanto, se prevé que el Tren Maya tendrá una inversión 7 mil millones de pesos para rehabilitar las vías obsoletas que van de Palenque a Valladolid, y la construcción de mil 400 kilómetros de vías nuevas en los tramos de Selva y Caribe, atravesando los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Hace falta saber cómo y de qué manera habrán de beneficiar a las comunidades de los siete estados estos dos magnos proyectos que plantea el gobierno de López Obrador porque hasta ahora solo se han emitido comunicaciones muy generales de la inversión pública asegurando que beneficiarán con fuentes de trabajo los años de construcción.

Es necesario que los habitantes de las comunidades y poblados tengan claro saber cuál será el impacto que tendrán dichos proyectos en su desarrollo y para eso el gobierno de la Cuarta Transformación tendrá que implementar una estrategia de comunicación que despeje cualquier duda que exista en la población y no ocurra como en los otros tres intentos de querer imponer los proyectos a la fuerza y no con el convencimiento.

Retos de la seguridad federal

La detención del extitular de seguridad federal Genaro García Luna ha sido un bálsamo para Alfonso Durazo, el actual secretario, quien ha podido montarse en un discurso efectista que transitoriamente le permite dejar atrás los serios pendientes –donde ha habido algunas luces positivas también que no habría que regatearle al político sonorense– que hay en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, están fuera de la coyuntura política y afectan las percepciones de seguridad de la comunidad. Conviene subrayar que la realidad es una percepción y no es unívoca.

Primero. Un aspecto muy importante que ha logrado Durazo ha sido eliminar o minimizar su ruta de colisión con los policías federales inconformes por no aplicarse totalmente los beneficios que la Constitución les otorga cuando desaparece su materia de trabajo.

Segundo. La falta de ayuda de los mandos de la propia Policía Federal al vocero de los policías inconformes, Mario Alberto Lover, quien fue objeto de un ataque en la carretera Cocula-Iguala, Guerrero, el pasado 25 de diciembre, puso en tensión de nueva cuenta esa relación que ya había sido modificada para bien de todos. En la denuncia por abuso de autoridad interpuesta por Lover Martínez contra Sigifredo Valencia y Nicolás González Perrín, comisionado de la Policía Federal y director de Fuerzas Federales del mismo organismo, respectivamente, en la Fiscalía General de la República el 30 de diciembre pasado, se señala la inacción ordenada por ambos servidores públicos, quienes podrían haber incurrido en el delito federal grave de omisión de auxilio previsto en el artículo 215, fracción III, del Código Penal Federal. Hoy, un policía federal con un liderazgo potencial interno jamás hubiera emergido a la luz pública si no se hubieran dado las circunstancias que detonaran ese comportamiento que mucho ayudó a su causa. Y vaya que hay un cambio significativo. Ahora, como cualquier persona, los policías tienen derecho de manifestación, expresión y organización que hace un punto de quiebre histórico no sólo en México sino en América Latina y otras partes del mundo.

Tercero. Durazo sigue teniendo varios retos que resolver para hacer que la seguridad sea una realidad concreta: a) Generar un espíritu de cuerpo en la secretaría donde, como se vio en el ataque a Lover Martínez, hay distintos grupos con diferencias de percepción y de criterio, lo que imposibilita que esa institución cumpla su misión; b) Los resultados en seguridad van a la baja y hay un divorcio entre los discursos iniciales y las políticas efectivamente puestas en marcha, circunstancia que genera desconfianza y temor en la comunidad por cuanto a la capacidad de contención del crimen organizado y de los delitos de alto impacto de jurisdicción federal y, en gran medida, local, por la incidencia definitoria de la secretaría en los recursos económicos asignados a las policías estatales y municipales a través de sus diversos programas de apoyo, donde los criterios de asignación no están claros ni menos la pertinencia de las estrategias que no se han traducido en resultados. De igual forma, habría que señalar que la extinción legal de la Policía Federal no hace que desaparezca el problema por decreto ni tampoco que los mandos denunciados dejen de ser responsables de sus acciones si hay delitos que se puedan efectivamente acreditar.

El zapatismo frente a AMLO

Con el zapatismo hemos topado, pudo haber rezado el reporte de gobernación (en caso de que lo hubiera) del primero de enero de 2020 al presidente, tal como sucedió hace 26 años cuando en plena fiesta de año nuevo Salinas se enteró que había una insurrección en el olvidado estado de Chiapas. La diferencia entre una y otra fecha es abismal, lo que sí se parece es la incapacidad de ambos presidentes de entender que alguien estuviera o esté en contra de su proyecto salvador de la patria.

En su momento, Carlos Salinas de Gortari creía que nos iba a llevar al primer mundo a través del tratado de libre comercio y las reformas neoliberales. Eran los tiempos del priísmo más boyante. Del que parecía que no se acabaría nunca. Nunca imaginó que un pequeño grupo de indígenas organizados pusiera en jaque el proyecto, pero sobre todo que cuestionaran de raíz los preceptos inamovibles de la economía. López Obrador y sus incondicionales creen, igualmente, que solo existe un camino, el que ellos llaman Cuarta Transformación, y que no es otra cosa que el regreso al desarrollismo del siglo XX, pero con disciplina fiscal. Quien esté en contra del modelo es considerando enemigo de la Patria (vulgo, conservador) y por tanto del pueblo. No son pocos lo que López Obrador ha metido a ese costal con tan solo una protesta, por mínima que ésta sea.

Más allá de la consulta patito (esto estaba en el presupuesto) los indígenas zapatistas tienen sus razones para oponerse el progreso propuesto por el gobierno de López Obrador. Podemos compartir o no sus argumentos y su visión del mundo, pero ellos tienen muy claro lo que quieren de su territorio y tienen todo el derecho no solo a expresarse sino a ser escuchados.  “Nos hemos mantenido firmes en construir algo nuevo. Hemos tenido fallas y errores, es cierto. Seguramente haremos más en nuestro largo camino, pero nunca nos hemos rendido, nunca nos hemos vendido, nunca hemos claudicado (…) y cada vez somos más. Tenemos un proyecto de vida, en nuestras comunidades florecen escuelas y clínicas de salud, y se trabaja la tierra en colectivo (…) y en colectivo nos apoyamos, somos pues comunidad, comunidad de comunidades. Y seguimos firmes en el cumplimiento de nuestro deber como pueblos guardianes de la madre tierra”, dijo el comandante Moisés en el discurso de celebración de los 26 años de zapatismo.

Quizá en número sean tantos o menos que los que participaron en la amañada consulta, la diferencia estriba en que las bases indígenas zapatistas tienen una enorme legitimidad por la congruencia con la que han actuado a lo largo de 26 años. A diferencia de otros enemigos a los que el presidente suele atacar, los zapatistas no tienen intereses creados. Y en eso, el que puede perder más es por supuesto, quien encabeza este nuevo gobierno.

Marta, la tesorera de los Legionarios

El ejercicio de la memoria siempre será importante, sobre todo ahora que en las redes sociales lo que importa es la descalificación, el insulto o la crítica impronta antes que el análisis basado en los hechos pasados y presentes. Tal es el caso de las relaciones que hubo entre el gobierno de Vicente Fox y los Legionarios de Cristo a través de Marta Sahagún.

Estas relaciones fueron tan estrechas que llegaron a plantear la formación de la Universidad de Artes y Oficios en Michoacán, que sería manejada por los Legionarios, con una inversión de 84 millones de pesos, la cual incluía un dispensario médico y un centro integrador.

El proyecto estaba tan avanzado en terrenos donados por el propio Maciel que el presidente Fox y Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana, firmaron el convenio el 16 de mayo del 2002, en Valencia, España, y se comprometieron a invertir en la universidad, en un área de casi 4 mil metros cuadrados.

Las relaciones entre la familia de Marta Sahagún y Marcial Maciel eran antiguas. Nacieron en el mismo pueblo, Cotija, Michoacán, de donde son coterráneos y con el tiempo y el poder se fortalecieron.

Alberto Sahagún de la Parra, padre de Marta, y Marcial Maciel fueron amigos desde la infancia: “De chicos íbamos, Marcial y yo, a cazar güilotas y patos. Después, él siguió su propia vida y yo la mía”, reveló el suegro del expresidente, al recordar que el padre de Marcial, don Francisco Maciel, tenía unas haciendas en el pueblo, una de ellas se llamaba Ayumba y estaba rumbo a Tingüindín; la otra se llamaba Poca Sangre”. (Proceso julio 2002).

Estas relaciones continuaron con Marta, quien por ocho años fue la tesorera de Los Legionarios de Cristo en Guanajuato e incluso dio clase en algunas de las escuelas que esta organización tenía.

Ahora que los propios Legionarios reconocieron el abuso sexual que Marcial Maciel hizo a decenas de niños y adolescentes, las autoridades de procuración de justicia mexicanas podrían abrir una investigación sobre la responsabilidad que pueden tener tanto Marta Sahagún como Vicente Fox, quienes difícilmente no se enteraron de estos delitos cometidos por el amigo de la familia Sahagún, cuando ellos habitaban la residencia presidencial.

Así como es difícil creer que Felipe Calderón no sabía de los negocios con el narcotráfico de su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, el mismo caso podría ser con la expareja presidencial sobre los abusos de Maciel cometidos desde 1941, año de la fundación de los Legionarios, hasta el 2005.

Durante el sexenio de Fox no hubo ningún indicio o señal de investigar a Maciel y sus complicas de pederastia, sino todo lo contrario. Aún se recuerda su expresión: “¿Yo por qué?”, cuando se pidió intervenir, en 2002, ante el asalto de un grupo de hombres armados a las instalaciones de Canal 40, donde años antes se habían realizado reportajes sobre la pederastia de Maciel que le ocasionó el retiro de publicidad de la empresa Bimbo, de Lorenzo Servitje, uno de los financieros de los Legionarios.

Si se investigan las vinculaciones entre la pareja presidencial Fox y Marta con los Legionarios de Cristo se encontrarán indicios claros de encubrimiento ante la demanda de que se indaguen los casos de abuso sexual a menores que para entonces ya se habían hecho públicos, señalando a Marcial Maciel, amigo de la familia Sahagún.

Semana de pesadilla para la Derecha

Parecía que la Derecha ganaba terreno en contra del Gobierno de AMLO; logró realizar una marcha importante, tenía los datos dramáticos de la violencia en el país y aprovechaba inmoralmente el error de Culiacán, la tragedia de los LeBarón y la economía nacional que, a grandes rasgos, parece no desarrollarse. Aunque a México le iba mal, a ella le iba bien políticamente, y sabemos que sólo le interesa recuperar el poder, aunque el país se hunda.

Pero la semana comenzó en su contra cuando se supo que García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, había sido detenido en Miami y sería enjuiciado en la corte de Nueva York, y las acusaciones no podían ser más graves; fue señalado de proteger al Cártel de Sinaloa, utilizando al Ejército y a la Policía Federal para combatir a sus competidores, buscando además crear un único cártel que controlara el trasiego de enervantes rumbo al país del norte, y hasta le acusan de haberse echado una liebre personal, cruzando algunos kilitos de coca y lavando dinero.

Con esta detención, se revela que la crisis en Culiacán, y el dominio de la zona por parte de los ejércitos particulares de los cárteles de los Zambada y los Guzmán no es cosa nueva, y no surgió de evitar confrontarlos violentamente cuando se tenía detenido a Ovidio Guzmán, sino que el fortalecimiento de estos grupos se dio en los maravillosos años del Gobierno de Calderón, con toda la protección del Estado.

¿Cómo pueden criticar a AMLO de no pelear por Culiacán, cuando ellos, durante 12 años, fueron los encargados de fortalecer, encubrir y perseguir a los adversarios del cártel? Aunque la Derecha sea cínica, por lo menos debería mantener alguna conexión con la realidad, y reconocer que la fuerza del narcotráfico tiene su origen en convenios con el Gobierno panista de Calderón.

Aún así, desde mi punto de vista como derechohumanista, me parece exagerada la reacción de Andrés Manuel al anunciar el despido de todos los que trabajaron en las áreas de seguridad con García Luna y Calderón, porque ante cualquier circunstancia se debe respetar el principio de presunción de inocencia; primero se debe abrir una investigación y no se debe sentenciar a priori, ni siquiera a los que se sospeche pertenezcan a los demonios de la corrupción más perversa.

Respecto a la economía, ciertamente no hay crecimiento, pero también se debe reconocer que se están combatiendo la desigualdad y la polarización social económica, y que en nuestro país, al término de este año, los pobres son un poco menos pobres y los ricos no han visto sus tierras expropiadas ni han sido obligados a pagarle al Gobierno para poder desarrollar sus empresas.

La visión del futuro económico del país mejora con el cierre de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y esperamos que no sólo impulse a los negociantes y empresarios, sino que también ofrezca mejores condiciones laborales para los trabajadores de los tres países.

Los de derecha en estos días lucen deprimidos, pensativos y tristes, los más honorables simplemente manifiestan su desilusión y se sienten defraudados por quienes les ofrecieron un país honesto, de moralidad cristiana y de respeto al Estado de derecho; han descubierto que debajo de aquel manto de santidad con que se cubrían los gobiernos panistas y el último del PRI existía un fenómeno purulento, corrupto, oportunista e inhumano.

Los que aspiran a la restauración del país que se les fue de las manos en julio de 2018, harían bien en pensar que esta patria generosa, que va buscando transformarse a través de la vida política ciudadana y empresarial en un país libre de corrupción, más igualitario, más equitativo y respetuoso del Estado de derecho, tiene cabida para ellos, aunque quieran regresar el reloj de la historia, pues todos son mexicanos, víctimas de sus ideales santificados, moralizantes y que dan prioridad a las empresas.

Sean quienes sean, son habitantes de este gran país, y si algo se permite en México, es soñar.

Arde el bajío

Dice el gobernador de Guanajuato Diego Sinhué Rodríguez que las reuniones diarias del gabinete de seguridad que lleva a cabo el gobierno federal en Palacio Nacional encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no definen las estrategias contra la violencia en su entidad.

El jefe de su partido, el PAN, Marko Cortés de plano desdeñó esas reuniones asegurando que no sirven para nada. Pero es en esa entidad de la región del bajío donde la violencia del crimen organizado se ha entronizado con más de 7 mil homicidios dolosos en los últimos cuatro años según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Hace un año exactamente publiqué un estudio de inteligencia militar (Proceso 2198) donde se acusaba a los gobernadores del PAN que han estado en Guanajuato desde hace más de una década de haber preferido invertir en votos que en seguridad pública en el tiempo en que comenzaban a tener presencia los carteles de Michoacán, Jalisco y el local, Santa Rosa de Lima.

Autoridades de inteligencia castrense previnieron a los gobernadores Sihnué Rodríguez, Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana y Miguel Márquez, que Guanajuato estaba en la mira del crimen organizado. Pero ninguno de estos panistas tomó en cuenta los llamados de los analistas militares y en lugar de dedicar una buena parte de su presupuesto a equipar las instituciones policiacas y de seguridad, decidieron comprar despensas en tiempos de elección para ganar votos y mantener el bastión político para el PAN.

En el informe se precisa que a los tres últimos gobernadores panistas previos a Sinhué Rodríguez se les pidió que tomaran medidas para enfrentar con urgencia esta situación, pero mostraron falta de interés para dedicarle recursos humanos, materiales y económicos a la crisis de seguridad.

“La inversión que no se realizó en su momento ahora resultará en extremo onerosa, se requieren fuertes cantidades en recursos humanos, equipamiento, logística, armamento y medios de inteligencia. Los gobiernos involucrados decidieron escatimar dinero a la solución del problema, la inversión en estos temas es muy cara y produce menos votos que convirtiéndolos en despensas.”

De acuerdo con las cifras oficiales, del 2014 al 2018 en Guanajuato se cometieron 4 mil 97 homicidios dolosos, la mayoría con armas de fuego. Esta cifra casi fue alcanzada en este año en que se registraron 3 mil 211 víctimas.

“La delincuencia organizada es un fenómeno que afecta a todas las entidades del país en forma diferenciada; sin embargo, existen factores diversos que permiten su desarrollo y expansión. En forma general podemos identificar en la entidad el accionar de organizaciones delictivas dedicadas a la falsificación o alteración de moneda, contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de menores e indocumentados, robo de vehículos, asalto organizado, robo y comercialización de carburantes, robo al transporte carretero y ferrocarrilero”, sostiene uno de los documentos militares mencionados.

Junto con Guanajuato, los estados que forman la región del bajío —Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Aguascalientes—, se han convertido en la región más peligrosas del país. Los principales carteles del crimen organizado se aposentaron ahí mientras que los partidos políticos, en este caso el PAN y PRD, decidieron invertir electoralmente antes que cumplir con su mandato principal: dar seguridad a la ciudadanía.

La sagrada amistad: Trump y AMLO

Nada en las biografías de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump anticipaba la posibilidad de que se convirtieran en grandes compinches. Por el contrario todo permitía suponer que la convivencia de sus presidencias constituiría un verdadero choque de trenes. Trump se abrió camino a la Casa Blanca insultando a los mexicanos y haciendo de los vecinos del sur los responsables de todos los males, reales e imaginarios, de Estados Unidos. Su trayectoria de millonario rapaz y racista no podía ser más opuesta a la de AMLO y a su evangelio franciscano. El “primero los pobres” de López Obrador es el perfecto antónimo al “primero los ricos” del republicano.

El romance entre ambos parecería contradecir incluso el cálculo político, algo en lo que ambos son verdaderos profesionales. Por lo que respecta a Trump, las tendencias sociales del presidente mexicano podrían haberse convertido en un combustible perfecto para la retórica de odio sobre el vecino del sur, acusando a su colega de izquierdista y de ser un émulo de Hugo Chávez; un argumento para mantener viva la tesis de la amenaza que representa la convivencia con los latinos y la necesidad de construir su muro. Una oportunidad que por alguna razón Trump ha dejado pasar. Lo hizo incluso antes de que Andrés Manuel tomara posesión: “Me gusta México. Me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo. Un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él, que con el capitalista, él sabe que México necesita de Estados Unidos”, aseguró en referencia a Peña Nieto (agosto 2018).

Por su parte, la repulsa unánime que genera entre todos los sectores sociales de nuestro país los ataques del empresario presidente en contra de México, le ofrecían a AMLO un pretexto idóneo para exacerbar la necesidad de mantenerse unidos. Tenía en bandeja un ingrediente perfecto para mantener viva una narrativa nacionalista combativa y movilizante. Y sin embargo, la luna de miel entre ambos se ha extendido a tal grado que casi un año más tarde López Obrador se siente impelido a escribir el siguiente tuit: “juramos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad” (2 de junio, 2019).

Las declaraciones de amor entre ambos dejan perplejos a sus propios equipos, a sus traductores, a los expertos en geopolítica. Y ciertamente no se trata de un amor platónico. Una y otra vez el mandatario estadounidense ha intervenido para suavizar posiciones comerciales, levantar embargos, presionar a los demócratas a firmar el nuevo tratado o detener el decreto que convierte a los cárteles en terroristas ante la ley norteamericana. Es cierto que buena parte de esas medidas las había propiciado él mismo, pero a la postre ha buscado acuerdos conciliatorios, contra todo pronóstico. López Obrador no se ha quedado corto; ha asumido responsabilidades para contener el tráfico de centroamericanos en su paso hacia el norte y ha aceptado modificaciones en las condiciones industriales y laborales con las que opera el sector maquilero de nuestro país, entre otras cosas.