Categoría: Editorial

El dinero de los partidos

El financiamiento público de los partidos suele ser uno de los elementos de las democracias competitivas. En consecuencia, está integrado en el sistema político mexicano. Sin embargo, no existe una regla única. No hay en el mundo uno idéntico a otro.

El jueves 12 de diciembre, el PRI y el PAN, junto con otros cuatro institutos políticos, votaron en contra de la reducción del financiamiento a la mitad, propuesta por Morena en la Cámara de Diputados. Ambos acusaron a este partido de querer deshacer el actual sistema político y buscar su predominio.

En el fondo, esos dos viejos partidos creen que ahora, más que nunca, requieren un fuerte subsidio del Estado para tratar de recuperar su votación anterior al 2018. No obstante, la idea de que los recursos que hoy reciben les resultan indispensables es mala por ser falsa. En la reciente elección federal, el PRI y el PAN incrementaron el dinero gastado, pero cayeron en número de votos obtenidos. El partido que más sufragios obtuvo fue el que menos dinero había recibido.

Las reglas del financiamiento no se limitan a las campañas electorales, como ocurre en muchos otros países, sino que comprende también el llamado gasto ordinario que se entrega mensualmente. La bolsa anual de dinero para todos los partidos se conforma al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de ese total se reparte entre los partidos de manera igualitaria y el resto se asigna a cada cual según el número de votos obtenido en la más reciente elección de diputados federales. Además, las entidades federativas cuentan con sendos mecanismos de subsidio a los partidos.

Morena ha planteado siempre que esa bolsa debe reducirse. No se trata sólo de canalizar unos 2 mil 500 millones anuales (la mitad del financiamiento actual) hacia otros gastos necesarios, sino también de bajar las erogaciones públicas que se destinan a sostener pesadas burocracias partidistas.

El proyecto de disminución del financiamiento a los partidos partió de reiteradas expresiones populares. El subsidio ha ido subiendo a una cantidad importante, más aún cuando la bolsa aumenta un 30% en los comicios intermedios y en un 50% en el año de la elección presidencial.

La demanda de reducir este financiamiento no sólo tiene años sino que en 2018 fue una insistente promesa de Morena y su candidato a la Presidencia, los cuales admiten su existencia pero rebaten la cuantía. Es así de simple.

Durante meses se sostuvieron diálogos entre varios partidos en aras de alcanzar la mayoría requerida para emitir una nueva norma. Hace unos días se vio claro que no sería posible, pero al proyecto ya se le había dado publicidad y estaba listo para ser votado en el pleno de San Lázaro.

Morena no quiso más demoras porque nada indicaba que la situación fuera a cambiar y, además, su obligación era cumplir con una promesa política de campaña aún cuando no fuera posible alcanzar el éxito por ahora.

La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (274 votos) se ha pronunciado por bajar el subsidio a los partidos pero, en México, la norma es constitucional y para modificarla se requiere dos tercios en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

En síntesis, los responsables de que el próximo año se sigan erogando unos 5 mil millones de pesos en gastos de operación de los partidos son quienes han votado en contra: PAN, PRI, MC, PVEM, PRD y PT.

El debate sobre este tema, sin embargo, continuará.

Los efectos del misil García Luna

Todavía no zarpa el barco y ya recibió un misil por debajo de la línea de flotación. Cuando el partido de los Calderón, México Libre, está a punto de lograr las asambleas necesarias para convertirse en obtener el registro recibe un golpe letal: la detención de Genaro García Luna no sólo pone en duda hasta dónde sabía Felipe Calderón, sino cuál será su oferta en materia de seguridad después de semejante fracaso.

Cualquiera de las dos posibles respuestas a la primera pregunta es letal para el ex Presidente. Si no conocía las actividades de García Luna, sus arreglos y sus corruptelas estamos frente a un personaje que vivió engañado y engañándonos con una estrategia que él nunca controló. Si la respuesta es sí, la cosa es mucho peor, pues implica que la estrategia de seguridad calderonista fue sólo una farsa, una simulación para favorecer a un solo cartel, una guerra que buscaba administrar la violencia para seguir con la misma corrupción de siempre.

Es muy probable que la respuesta esté en medio, que el Presidente nunca haya tenido control completo y que haya tomado decisiones pragmáticas que iban en contra de su propia política. Ningún Presidente, ni siquiera el poderosísimo López Obrador o antes Carlos Salinas, tiene ni puede tener control, ya no digamos absoluto sino suficiente, en este tema porque, y este es el verdadero mal, el crimen organizado está enraizado en las instituciones del Estado mexicano, llámese fuerzas armadas, policía federal, poder judicial, fiscalía, etcétera.

De hecho, se sabe que Calderón desconfiaba de todos sus colaboradores en materia de seguridad y tenía la costumbre de confrontarlos permanentemente, lo que aparentemente tampoco sirvió de mucho. El resultado del misil García Luna es que la ya de por sí cuestionada política de seguridad implementada por Calderón quedó desnuda y la oferta electoral de su partido, desbaratada.

El Gobierno de López Obrador va a festejar, con toda razón, la derrota definitiva del modelo calderonista de seguridad. El riesgo es que se queden en la retórica del “se los dije” y “la derrota moral de la oposición” y no vean que la política de seguridad que está implementando el actual Gobierno nos está llevando al mismo derrotero.

Para decir qué estuvo mal nos basta y sobra la campaña, pero que un año después no exista una política clara, sistemática y coherente en materia de seguridad es muy preocupante. La Guardia Nacional y el la aniquilación por decreto de la corrupción no bastan. No es suficiente para las condiciones de podredumbre que imperan en casi todo el país.

Primero porque las corrupción de nuestras instituciones va más allá de cualquier voluntad presidencial; es un cáncer que está en la médula. Segundo porque si a la Guardia Nacional no se le da este año un impulso definitivo hacia la institucionalización corre el riesgo de corromperse como lo han hecho todas las que anteriormente se encargaron de combatir el crimen organizado y terminaron asimilándose.

En sus doce años de gobierno y aún antes, esto es en la administración de Ernesto Zedillo, los panistas han tenido personajes polémicos en las instancias de seguridad y justicia, algunos de los cuales son perseguidos y acusados de realizar actos ilegales como Eduardo Medina Mora  y Genaro García Luna, lo cual mina esa imagen de honestidad que fue la bandera que por años blandieron en el panorama político.

La historia negra del paso de los panistas por la impartición de justicia comenzó en el gobierno de Zedillo con Antonio Lozano quien ocupó la Procuraduría General de la República. La llegada del abogado causó esperanzas en un sector de la sociedad porque su militancia en un partido cuya bandera era la pulcritud y la honestidad generó la ilusión de que serían garantías de un trabajo impecable. Pero esto no sucedió.

Esa imagen pronto se desvaneció cuando Lozano contrató a una vidente, La Paca, para encontrar los restos del diputado tamaulipeco del PRI, Manuel Muñoz Rocha. El fraude costó a la procuraduría cuatro millones de pesos, pero el costo para Lozano fue mayor pues tiempo después tuvo que dejar el puesto y se dedicó a litigar en su despacho.

Otro panista célebre por sus tranzas en los tribunales es Diego Fernández de Cevallos alias El Jefe. Sin mayor prurito este abogado se dedicó a litigar mientras era legislador. Sus negocios le redituaron millones de pesos de ganancias.

Sólo por citar dos casos: por la devolución de impuestos a Jugos del Valle recuperó mil 540 millones de los cuales se llevó entre 30 y 50 por ciento. Luego, en el litigio por el predio en Santa Úrsula Coapa de la familia Ramos Millán ganó un porcentaje similar por los mil 214 millones de pesos que recuperó para dicha familia.

Cabe recordar que por el despacho de Diego Fernández han pasado prominentes socios como Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación; Arturo Chávez Chávez y Antonio Lozano Gracia ambos extitulares de la Procuraduría General de la República.

Otros miembros del PAN metidos en el mundo de las leyes o en la procuración de la justicia y que son investigados en México y en otros países por negocios turbios, son: el magistrado Eduardo Medina Mora y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Medina Mora, diplomático, exprocurador General de la República, director del extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), asesor de algunos organismos privados y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es investigado por el gobierno de Reino Unido mediante la National Crime Agency tras detectar transferencias millonarias hechas desde México a sus cuentas por dos millones 383 mil 526 libras esterlinas en los dos últimos años.

En tanto que García Luna, quien al igual que Medina Mora colaboró con el gobierno de Fox y el de Felipe Calderón, fue detenido este martes en Estados Unidos acusado de ayudar al Cártel de Sinaloa a “operar con impunidad” a cambio de millonarios sobornos, según informó el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.

El hombre fuerte del gobierno de Calderón, tiene un largo historial de escándalos, entre ellos haber organizado con Televisa el escenario para la detención de una banda de secuestradores en la que incluyeron a la ciudadana francesa, Florence Cassez, quien resultó ser inocente.

Los panistas han manchado uno de sus principios rectores: la honestidad, y sin esta pierde confianza ciudadana en este tiempo de crisis en el que su fuerza esta menguada. Por cierto… Los planes de Felipe Calderón y Vicente Fox de erigirse como la oposición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador van al fracaso con los escándalos de sus correligionarios y excolaboradores. Difícilmente alguien puede creer que no estaban enterados de los negocios turbios de García Luna, Medina Mora, Antonio Lozano, Gómez Mont, Fernández de Cevallos y algunos otros que están en los expedientes de la justicia mexicana y extranjera.

García Luna, el policía del PAN

Faltaban menos de tres meses para que se acabara el gobierno de Felipe Calderón cuando su hombre fuerte, Genaro García Luna, cayó de la gracia de Estados Unidos.

En agosto de 2012, elementos de la Policía Federal a su cargo atacaron en el poblado de Tres Marías, Morelos, una camioneta de agentes de la DEA que estaban al frente de una investigación para localizar casas de seguridad del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El vehículo, con placas diplomáticas, era conducido por un efectivo de la Marina, que entonces trabajaba de forma estrecha con el gobierno de Estados Unidos en la cacería de narcotraficantes mexicanos.

Guiados por un presunto delator, los agentes de la DEA y el marino fueron atacados por los elementos de la Policía Federal (PF). La entonces Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de García Luna y responsable de la PF, justificó el ataque y dijo que los policías confundieron a los agentes de la DEA con secuestradores.

Los policías fueron encarcelados bajo la acusación de haber colaborado con esa organización delictiva, que se escindió del cártel de Sinaloa, que durante años tuvo como uno de sus dirigentes a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Sentenciado en julio pasado a cadena perpetua en Estados Unidos, ‘El Chapo’ Guzmán fue el hombre al que los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox y Felipe Calderón no pudieron detener. Al primero se le escapó y el segundo nunca lo encontró.

En ambos, García Luna tuvo un papel preponderante. Fox lo puso al frente de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que pretendió emular al Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Durante el juicio del ‘Chapo’ en Estados Unidos, Jesús ‘El Rey’ Zambada acusó a García Luna de haber recibido del cártel de Sinaloa tres millones de dólares en 2005 a cambio de protección e información sobre las organizaciones rivales. Fue el año en que se empezó a desbordar el narcotráfico en México.

Cuando Calderón se quedó con la Presidencia, hizo de García Luna su gran aliado en el combate al narcotráfico, a costa de divisiones y enfrentamientos en el gabinete de seguridad.

Desplazó al entonces secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien este año fue destituido como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigado por sus no aclaradas millonarias transferencias internacionales.

Calderón le dio a García Luna presupuesto, hombres, equipo, incluido de espionaje, y la relación con Estados Unidos. Con su detención en Texas, Estados Unidos, demostró que las relaciones con los funcionarios mexicanos son coyunturales y las sostienen mientras tengan protección presidencial.

Durante siete años, ese país administró el expediente de García Luna hasta acusarlo formalmente. El corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, documentó desde entonces cómo el gobierno estadunidense estaba detrás del policía favorito de Calderón.

En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo perdonó. Dejó pasar, por ejemplo, la petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que lo investigara penalmente por las graves violaciones constitucionales que cometió durante la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez.

Fue la más evidente, pero no la única acción del ejercicio de poder arbitrario del expolicía que, después de salir del gobierno, se estableció en Miami y se asoció con agentes de Estados Unidos y Colombia para crear una empresa de consultoría en seguridad.

Por su relevancia, su detención se equipara a la del general Jesús Gutiérrez Rebollo, en 1997, cuando el presidente Ernesto Zedillo le confió el combate al narcotráfico desde el desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Fue sentenciado a 40 años de prisión, acusado de trabajar para el cártel de Juárez. Hace seis años murió en prisión.

De comprobarse los cargos en su contra, García Luna tendría una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. A menos de que se declare culpable y decida colaborar con la justicia de Estados Unidos y cuente lo que pasó en los sexenios panistas, cuando el narcotráfico se extendió en México.

Adicciones, una peste moderna

Nuestro país ha sido víctima de diversas epidemias, enfermedades que se propagan con gran virulencia y afectan a grandes sectores de la sociedad, y las adicciones se han convertido en una de estas plagas; son una verdadera peste que azota el país, particularmente a Ciudad Juárez, donde, en el último año, más de 150 mil personas mayores de 12 años han probado las drogas.

Desde la época de la Conquista, cuando los aztecas todavía luchaban por defender su ciudad, contagios de viruela y sífilis destruyeron las vidas y fortalezas de los defensores de la gran Tenochtitlán, llevándolos finalmente a entregar la ciudad. Entre las armas de fuego, las traiciones internas y las enfermedades fue derrotado el gran Imperio Azteca.

Hoy en México miles de jóvenes cancelan todo proyecto de vida, desarrollo personal y abandonan la escuela, víctimas de las adicciones. Quién cae víctima de las drogas es como quien caía víctima de la viruela, el cólera o la peste bubónica; vemos como poco a poco se va agotando, como, aquel que era joven, fuerte y feliz, se va enajenado, buscando un fantasma, una nube, algo inexplicable; vemos como se va acabando físicamente y socialmente.

En Juárez, en los últimos tres años, la demanda de drogas se ha incrementado notablemente; la mayoría de los adictos comentan que es más fácil conseguir drogas en la actualidad, pero también son conscientes que es más peligroso: hace poco un reportero de un medio internacional entrevistaba a un vendedor de drogas, cuando sus adversarios llegaron a ejecutarlo, hiriendo al periodista durante la agresión.

Las adicciones afectan a todos, desde niños menores de 12 años hasta a los más fuertes, y más de 20 mil usuarios necesitan consumirlas permanentemente, usuarios que aparte de padecer de esta enfermedad, son criminalizados; en los últimos años se acumularon 10 mil carpetas de investigación en contra de personas que tenían en su poder pequeñas cantidades de drogas prohibidas, apenas lo suficiente para procesarlos como vendedores.

Hemos visto como, igual que las pestes europeas y americanas produjeron la muerte de cientos, aquí miles han muerto, vinculados a la venta y distribución de drogas; más de 2 mil personas, una tasa de mortalidad mucho mayor que la causada por la gripe porcina.

Así como en cualquier epidemia es indispensable diseñar una estrategia que coordine los esfuerzos de todas las instituciones y asociaciones responsables, y no es mucho lo que difieren los protocolos de atención de las adicciones que los protocolos epidemiológicos; requieren un abordaje preventivo y una infraestructura de tratamiento en tres pisos: consulta externa, tratamiento ambulatorio, e internamiento y rehabilitación; pero, dado el número de procesados penalmente por narcomenudeo, el 60 % de los juicios son de esta naturaleza, hay un nuevo nivel de atención requerido: la justicia terapéutica, porque no pueden ser considerados sólo delincuentes, y la cárcel no resuelve el problema.

La demoledora radiografía de Cepal

 El Panorama Social 2019 que presentó hace unos días la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es un documento muy útil para entender la dimensión del desastre social que dejaron en México los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el periodo 2006-2018.

Y no sólo porque los datos de la Cepal dejan claro que en esos 12 años la pobreza en México aumentó 4.2 puntos porcentuales (pasó del 37.3% al 41.5%), sino porque el reporte del organismo de Naciones Unidas documenta con datos duros que eso 

Cuando el panista Felipe Calderón llegó al poder, en diciembre de 2006, México figuraba entre los cinco países latinoamericanos con menores niveles de pobreza.

Hoy la Cepal ubica a México y Honduras como los países con más pobreza en la región, con tasas superiores a 35%. Esa degradación de México a un país con un creciente número de ciudadanos que viven en una asfixiante situación social se dio en los gobiernos del panista Calderón y del priista Peña Nieto.

Con Calderón, la pobreza aumentó 7.1 puntos porcentuales. Ese sexenio México terminó con 44.4% de pobres, y la pobreza extrema se duplicó al pasar de 6.8% a 12.9%.

Con Peña, el porcentaje de pobreza se redujo 2.9 puntos, al cerrar en 41.5%, pero el número de mexicanos pobres aumentó y llegó a 52.3 millones, de acuerdo con las mediciones de la Cepal.

Según el organismo regional, durante los sexenios de Calderón y Peña el número de mexicanos pobres aumentó en 12.2 millones.

Cuando Calderón inició su gobierno, en 2006, la tasa de pobreza en México era similar al promedio regional (35.8%). Cuando lo terminó, en 2012, era 15.7 puntos más alta que la media latinoamericana.

Peña también dejó un país con un porcentaje de pobreza mucho más alto que el promedio regional: 41.5% contra 30%, lo que arroja una diferencia de 11.5 puntos porcentuales.

Esto quiere decir que mientras América Latina ha logrado importantes avances en la lucha contra la pobreza en los últimos 15 años, México registró notables retrocesos.

De acuerdo con los datos de la Cepal, entre 2006 y 2018 el porcentaje de pobres en la región se redujo 5.8 puntos, a pesar de las crisis económicas de los últimos años en Brasil y Argentina, mientras que México, en ese mismo lapso, subió en 4.1 puntos su tasa de pobreza.

Hace dos décadas, México era de los países latinoamericanos con menos incidencia de pobreza. En 2018, último año del gobierno de Peña, ese indicador registró una tasa 22.1 puntos más alta que la de Brasil, 18.2 puntos superior a la de América del Sur en su conjunto y hasta 3.6 puntos por arriba de la de Centroamérica.

En la región, sólo Honduras tiene un porcentaje de pobreza (55.8%) mayor que el de México.

Calderón y Peña dejaron un país con una tasa de pobres superior a la de países como El Salvador, Bolivia, República Dominicana, Paraguay y Colombia.

México es uno de los cuatro países más desiguales de la región y está muy lejos de la equidad en ingresos que han alcanzado naciones como Uruguay, Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador.

La clase media mexicana representa apenas 33% de la población, mientras que 64.9% de los mexicanos pertenecen a estratos bajos, según el Panorama Social 2019 de la Cepal.

En cambio, a nivel latinoamericano la clase media está mucho más consolidada –la mitad de la población se ubica en esa categoría— y la clase baja se ha reducido a 46.6%.

Con un año en el poder, ahora corresponde a López Obrador comenzar a dar resultados. En economía y en seguridad las cosas no han marchado mejor que en los gobiernos de sus predecesores. Y en materia social, donde está puesto el énfasis del presidente, habrá que esperar por mediciones que permitan comenzar a comparar.

Instalados en la creencia

La creencia es dar por cierto algo independientemente de sus evidencias factuales. El Gobierno de López Obrador vive instalado en la creencia. Eso y no otra cosa es lo que está detrás de los otros datos, otros datos que no existen, otros datos que el Gobierno contesta invariablemente a las solicitudes de información que no tiene porque que tener soporte documental ellos porque no es su obligación tener documentos de los dichos del presidente (no es broma, así contestan). La creencia alimenta la fe y la fe, según los creyentes mueve montañas, pero, cito a un cardenal tapatío, entre los múltiples milagros de Jesucristo, que hizo caminar a los paralíticos, ver a los ciegos, convirtió agua en vino (este sigue siendo mi milagro favorito) e incluso resucitó muertos no hay evidencia que le haya quitado lo bruto a nadie. La fe es capaz de provocar muchas cosas, pero no de cambiar la evidencia.

En la confrontación que el padre Alejandro Solalinde ha emprendido contra Javier Sicilia hay un abismo entre la argumentación de uno y de otro. Solalinde está instalado en la creencia, argumenta desde la fe y ha convertido, peligrosamente, al Presidente en un mesías. Que alguien crea fervientemente en el Presidente, en un partido o en una postura política tiene riesgo de convertirse en fanatismo, pero es parte esencial de las democracias. Pero Solalinde ha dejado de ser un activista por los derechos humanos para convertirse un predicador sin más argumento que su fe en el Presidente, desacreditando desde su púlpito callejero las exigencias ciudadanas de una política pública de seguridad basada en evidencias.

Paralelamente, el ministro Arturo Farela, el líder de las iglesias evangélicas agrupadas en Confraternice (que hay que aclarar que no son todas, ni siquiera las más importantes) anuncia que darán cursos de valores a los chavos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en una clarísima intromisión de las iglesias en políticas gubernamentales. Más que el Gobierno diga que el contenido no será religioso, poner el programa de valores en manos de predicadores es, desde donde se vea, una violación a estado laico, y una política pública que no apela a la evidencia sino a la fe. Nuevamente tenemos a un Gobierno instalado en la creencia: los chavos van a cambiar porque alguien los va a evangelizar.

Nos puede gustar o no el estilo personal de sermonear del Presidente en las mañaneras. Sin embargo, mientras se quede en ese espacio no pasa nada, corremos el riesgo de aburrirnos o que un reportero se descalabre en un cabeceo involuntario, pero hasta ahí. El problema es convertir la creencia, sea cual sea, en política pública y querer imponer visiones religiosas, sean católicas, como la de Solalinde, o evangélicas, como al de Farela, a los programas sociales o de seguridad.

Juárez es más que un monumento que hay que proteger de los “ataques” de las feministas. Si está ahí es para recordarnos que, por el bien de todos, para que cada uno de nosotros podamos creer lo que queramos, las iglesias y los ministros deben tener su espacio y el Estado debe ser laico. Mezclarlos es dinamita pura.

Mentalidad judicial constitucionalista

Ahora que llega una nueva integrante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presenta una oportunidad más para reflexionar sobre el perfil de las personas a las que querríamos encargar la responsabilidad de defender nuestros derechos humanos y nuestra Constitución. Una cuestión sobresaliente para mí es que en las designaciones que le han tocado a esta nueva administración, para nada se ha pensado en gente interna del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué será eso?

Seguro alguien me podría decir que con nombramientos a modo el nuevo gobierno quiere restar independencia y autonomía a la Suprema Corte. Y quizá quisiera añadirse que entre las filas judiciales de aquel poder federal es casi impensable encontrar personas por completo leales con el régimen. Pero la verdad me cuesta trabajo imaginar tanta pulcritud y distancia como para que no se proponga a nadie, a una sola persona con experiencia en la impartición de justicia del orden federal.

Intuyo que a quienes gustan de conservar las tradiciones no les debe caer nada bien esta exclusión, y por eso mismo esta columna la dedico a las personas, a las que respeto, que pudieran estarse preguntando qué les toca hacer para que se les considere dentro de dos años o dentro de cinco, cuando haya necesidad de volver a renovar la integración de la Corte. Obvio, tal como estamos nada puede hacerse para controlar judicialmente las designaciones, pero un tema debemos reflexionar.

No creo que sea disparatado postular que mientras la mentalidad judicial no deje de ser legalista y formalista –es decir, más preocupada por apresurar respuestas en la aplicación acrítica de las leyes que en cuestionarlas a la luz de la garantía de los derechos, y más ocupada en descargar los pendientes apelando al respeto de las formas como si de dogmas se tratara, en lugar de buscar decidir con justicia el fondo de las controversias que juzgan–, no habrá perfiles atractivos para la Corte.

Puedo imaginar múltiples ejemplos para ilustrar la diferencia entre una mentalidad judicial y otra. Por supuesto añoro que cada vez existan más personas con mentalidad constitucionalista entre las filas del Poder Judicial federal. No ignoro que hay titulares y personal que son constitucionalistas referentes. Pero me voy a centrar en un caso que importa a Proceso, que me parece tiene interés público de sobra, y que apenas pudo resolverse el día de ayer en la Primera Sala de la Corte.

Hace cinco años, el colega Arturo Rodríguez solicitó acceso a unos contratos que tienen algunos bancos privados con diversos gobiernos, federal y locales. Cinco años han pasado y tendrán que transcurrir más meses para que se tenga la ocasión de que en sede judicial se defina algo por demás elemental: ¿esos contratos que involucran recursos públicos son información pública o información privada de los bancos? En lugar de decidir el fondo, prevalecen los “formalismos”.

Cualquier persona de enfoque ortodoxo podrá dar varias razones “técnicas” que rigen el amparo, a fin de defender lo adecuado del razonamiento judicial que hasta ahora ha impedido que se decida el fondo del asunto. Lo que le costará más trabajo es justificar con argumentos jurídicos los motivos por los cuales se actúa como si no existiera un mandato constitucional que obliga a toda instancia judicial a privilegiar la solución de fondo del caso sobre los formalismos procedimentales.

Una persona que juzgue con mentalidad constitucionalista de modo alguno puede ignorar que en el párrafo tercero del artículo 17 de nuestra Constitución existe un mandato, una orden que no debería desacatarse, para preferir llegar al fondo de los casos y decidir lo consecuente, en lugar de perderse en las formas. Esa orden tiene como principal sujeto obligado a los poderes judiciales y especialmente a quienes integran el Poder Judicial federal. Esta clase de personas son las ideales.

Me pregunto: ¿cuántas personas en los juzgados y tribunales de amparo podrían preferir resolver el fondo del caso aludido, en lugar de compartir lo decidido por la Primera Sala? Pues bien, ojalá en dos años y luego en cinco, sea un gran número.

Las memorias incómodas de Tatiana Clouthier

Revisar a agua pasada lo que sucedió en la campaña electoral de 2018 parecería un tanto ocioso. Sobre todo cuando no nos damos abasto para comentar el día a día de una presidencia tan polémica como la de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el recuento que ha hecho Tatiana Clouthier de esos meses vertiginosos ofrece claves importantes para entender mejor lo que hoy estamos viviendo.

Juntos Hicimos Historia, el libro publicado por la coordinadora de campaña de AMLO tiene el enorme mérito de hablar las cosas al chile, como podría haber dicho esta norteña claridosa. Eso y la peculiar cualidad de haber sido colocada en el centro mismo de la operación a pesar de ser una extraña a ese círculo íntimo, le permiten una mirada desde adentro a veces de extrañeza frente a los usos y costumbres de las tribus de Morena, en otras ocasiones incluso de reprobación, pero siempre honesta y bien intencionada.

Tatiana Clouthier fue panista buena parte de su vida. Hija y activista en la campaña de Maquío por la presidencia del país en 1988, diputada blanquiazul, candidata y coordinadora en diversas campañas de ese partido. Renunció al PAN en 2005 tras la elección de Manuel Espino a la dirección y dedicó afanes y desvelos a distintas organizaciones y causas de la sociedad civil. Eso la fue llevando poco a poco a buscar un cambio político por otras vías hasta entender que el tabasqueño era la única alternativa para impulsar un México diferente. Hizo trabajo a su favor en la campaña de 2012 y volvió a acercarse para el 2018. Y no fue poca su sorpresa cuando él la invitó a asumir la coordinación de la campaña.

Tatiana describe la manera en que a pesar de sus diferencias le va ganando la admiración y el respeto por López Obrador. Una y otra vez constata la arraigada sencillez y austeridad del candidato que a veces raya en lo absurdo: la modestia de hoteles y fondas que frecuenta, la infatigable manera en que saluda a los humildes y se toma la foto cien del día como si fuese la primera, la calidez del núcleo familiar del ahora presidente. Tatiana tiene una especial predilección por Beatriz Mueller y su texto ofrece ángulos desconocidos de la primera dama, que contrastan con la dura imagen que han proyectado los medios.

Eso no quiere decir que estuviera de acuerdo con todas las posiciones de López Obrador. Le costó trabajo entender la alianza con el PES, el partido de las iglesias evangélicas y más aún la invitación a personas como Napoleón Gómez, el controvertido líder de los mineros o a Manuel Bartlett el hombre que a su juicio había congelado el sistema en la elección en la que compitió su padre. En ambos casos expresó su sentir y ahora lo publica, algo inusitado en una coordinadora de campaña. En otras ocasiones llamó la atención al propio López Obrador sobre aspectos puntuales: “Ya no le digas señora Calderón a Margarita Zavala, son cosas que tienes que cuidar”; deja de hablar de amnistía para los criminales, habla mejor del proceso de paz. Le pidió una y otra vez que no criticara a la sociedad civil como un todo ni se peleara con la iniciativa privada de manera indiscriminada; no todas las organizaciones civiles son malas ni todos los empresarios son mafiosos; muchos están con nosotros. En algunas cosas AMLO le hizo caso en otras no. Si los consejos deveras sirvieran habría fábricas para producirlos, dice Tatiana. A la postre concluyó que el hombre tiene años de experiencia y casi siempre sus intuiciones han mostrado ser correctas.

Un año después

¿Qué tan distinto es el Andrés Manuel del primer año al que imaginamos? Cada uno tenía una expectativa diferente, hace un año todos esperábamos ciertas cosas y temíamos otras, había agoreros del desastre y pregoneros de la gloria y pocos, muy pocos moderados. ¿Ha sido un buen año?

Sigo pensando que lo mejor de López Obrador fue haber ganado la elección, esto es, que su triunfo generó una esperanza que rompió la inercia creciente de descontento y mal humor social y que de no haberse dado estaríamos muy probablemente en una situación muy similar a la de Chile.

Los pobres, la justicia social y la austeridad del sector público ganaron en apenas 52 semana un espacio en la agenda del país que nunca habían tenido. Si hoy hay empresarios discutiendo el salario, si hoy los pobres tienen lugar en el Palacio y en la agenda del Presidente y si a ningún servidor público se le ocurre hacer el más mínimo gesto de ostentación económica es porque la presidencia impuso una forma distinta de entender el ejercicio del poder.

Un año después resulta aún más insoportable de lo que ya era el moralismo del Presidente, esta tan falsa como absurda dicotomía entre buenos y malos. Saca ronchas la victimización y la prepotencia del grupo gobernante, la falta de autocrítica y el desprecio de la técnica. Nada hay políticamente más peligroso que el purismo y la pretendida superioridad moral de un grupo, el que sea y por las razones que sean. El revanchismo es la tumba de todas las revoluciones.

Las mañaneras han resultado un ejercicio desgastante y desgastado. Un ejercicio que comunica mucho, pero informa poco, que banaliza lo importante y da un espacio exageradamente grande a lo banal. Gobernar no es tirar netas sino resolver problemas, y las mañaneras se han convertido en el púlpito desde el que el Tlatoani nos sermonea cada mañana y combate a la realidad con otros datos.

No se puede decir que es un buen año cuando la economía no crece y la inseguridad no baja, cuando el empleo cae y el crimen organizado anda a sus anchas por el territorio nacional, cuando, en palabras del Presidente, los criminales le hacen una guerra de cuatro horas al Estado y, eso no lo dijo el Presidente, pero sí sucedió, el Estado sale derrotado. Estamos lejos, muy lejos de aquellos agoreros del desastre económico, de quienes decían que el país se iba a caer.

Lo más preocupante de estos primeros doce meses es sin duda lo político. La concentración de poder en manos del Presidente no tiene antecedentes en la era de la democracia. La ruta que ha emprendido López Obrador para eliminar todo aquello que él considera un estorbo para el desarrollo de su proyecto debe ser motivo de preocupación, pero más aún debe serlo la incapacidad de la oposición no digamos para articular un discurso alternativo de nación sino simplemente una visión de país que les permita actuar congruentemente.

Un años después tenemos un Presidente popular, un gobierno de medio pelo, un país con urgencias y una ciudadanía todavía con esperanza. Ah, y una realidad terca como una mula que no va a cambiar con discursos moralistas sino con acciones y políticas públicas sustentadas y sostenibles a largo plazo.