Lilia Arellano
*Cuarta Transformación,
¿hacia dónde?
*AMLO requiere gobernar
con mandatarios estatales y alcaldes
*Gasto en seguridad, el
más alto en 15 años
A diez meses de distancia, no se ve claro el rumbo hacia dónde
va México en el actual gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López
Obrador, autodenominado Cuarta Transformación. No se puede hablar de un cambio
de régimen, pero sí de administración federal, cuya orientación parece no
quedar claro ni para los propios integrantes de su gabinete legal y ampliado.
Se ha hecho énfasis en el combate a la corrupción, la austeridad republicana y
el fin del despilfarro, cuyas acciones si bien han logrado mantener ciertos
niveles de aprobación del titular del Ejecutivo federal, no han contribuido a
resolver los dos principales problemas del país: el mediocre crecimiento
económico, estancamiento y ahora franco retroceso, y la inseguridad pública,
cuyos índices día a día rompen récords de ilícitos. Y todo parece indicar, de
acuerdo al Paquete Económico en análisis en la Cámara de Diputados, el año
entrante será igual, con las mismas inercias y sin atender los reclamos de la
base estructural de gobierno del país, los mandatarios estatales y los
presidentes municipales, cuyas demandas han sido ignoradas y rechazadas por la
gestión del tabasqueño, e incluso éstos últimos fueron echados a la fuerza, con
gas lacrimógeno, de Palacio Nacional.
Todo esto no hace sino contribuir a la incertidumbre y la
ingobernabilidad del país. AMLO, ya se vio, no puede gobernar solo, necesita
además de un gabinete eficaz y eficiente, que entienda el proyecto de nación el
cual prometió construir. Pero no sólo eso, requiere también del trabajo y
colaboración de los gobernadores, la mayoría de la oposición, no pertenecientes
a su partido Morena, quienes el pasado mes de septiembre amagaron incluso con
romper el Pacto Fiscal si persisten los
recortes al presupuesto para las entidades federativas. Lo mismo sucede con los
alcaldes, en su gran mayoría opositores, quienes rechazan los recortes al
presupuesto municipal para 2020, y ya amagaron romper el diálogo con las
autoridades federales, tras ser plantados en la Secretaría de Gobernación por
funcionarios federales, quienes simplemente no acudieron a la cita, por lo cual
se rompió la mesa de trabajo. Enrique Vargas, alcalde de Huixquilucan, y
presidente de la ANAC, manifestó retiraron el voto de confianza al gobierno
federal otorgado la semana pasada, y afirmaron analizan la posibilidad de
reactivar sus acciones de protesta. En su generalidad, los alcaldes son
menospreciados por el gobierno federal morenista.
En el Senado, la fracción parlamentaria del PAN buscó
modificar el superávit primario para canalizar a municipios del país 26 mil
millones de pesos y respaldar la Ley de Ingresos, pero la mayoría de Morena
rechazó la propuesta. Minerva Hernández, de Tlaxcala, explicó propusieron
“deslizar el superávit del balance primario en un 0.1 por ciento, como una
medida contracíclica por la vía del gasto, a fin de que los municipios puedan
invertir en infraestructura y combatir la inseguridad”. Sin embargo, la
fracción de Morena no aceptó la propuesta. “No aceptamos nada de deuda. No
vamos a deslizar este porcentaje de superávit, porque no queremos que se endeude
el país y no queremos autorizarle al presidente de la República que se endeude,
porque el mismo ha expresado su voluntad de no a la deuda (…) Pareciera ser
mínimo un 0.1 por ciento, que representan 26 mil millones de pesos, sin
embargo, no vamos a ceder en eso. No queremos que el país se endeude más”,
indicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena, al atajar la propuesta
panista.
Los alcaldes elaboraron el viernes pasado un documento,
entregado a la SHCP, donde plantean modificar las reglas de diversos fondos
federales para que cuenten con recursos, sin candados y sin burocracia, a fin
de atender temas como la seguridad, desarrollo urbano y atención a temas
sociales. Las propuestas serán enviadas también al Congreso para su discusión.
Plantearon la modificación de las
reglas, coberturas y alcances del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS) para que éstas no se limiten sólo a la atención de la población
en pobreza extrema y se conviertan en un fondo de infraestructura general y con
la posibilidad de poder aumentarse.
También, sumar los recursos del Programa para el
Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) con el (Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública) FASP a fin de
crear un fondo que se divida en un 80 por ciento para estados y 20 por
ciento para municipios, y los proyectos se inscriban directamente en
Gobernación y los recursos lleguen etiquetados a estos últimos. “En el caso de
los recursos del FORTASEG, eliminar la obligatoriedad de la concertación entre
los estados y los municipios y que el acceso sea directo entre los municipios y
la Federación, además del incremento a 6 mil millones de pesos”, destaca el
documento. Asimismo, restituir los recursos para el presupuesto 2020 y
etiquetarlos a los municipios para Pueblos Mágicos, Pueblos Indígenas,
Fonregión, Migrantes, Mineros, Fonden y Fonhapo.
Pidieron no disminuir los fondos de los ramos 23, 28 y 33.
“Que en lugar del ramo 23, se cree un ramo para el desarrollo de
infraestructura municipal, con ministración directa a los municipios y que la
ventanilla sea la Secretaría de Hacienda. Dentro de la misma agenda, los
alcaldes solicitan haya ajustes de tarifas de la Comisión Federal de
Electricidad y del Agua Potable en municipios. Pidieron: “que exista el derecho
generalizado de cobro de basura en municipios. Que se permita el cobro de
prediales a establecimientos federales y estatales, así como a empresas
productivas del Estado, además de empresas concesionarias”, entre otros puntos.
Armando Portugués, alcalde perredista de Tultepec, Estado de México, reiteró
les urge presupuesto para infraestructura, como la construcción o reparación de
aulas, techos, pavimentación, bacheo y pintura. Lamentó que los 50 mil millones
que se entregaban a los municipios en el sexenio anterior hayan sido eliminados
del presupuesto, y llamó a la Federación a restituir ese dinero de manera
directa a los ayuntamientos para evitar acusaciones de que existen “moches” o
desvíos de recursos.
Gasto en seguridad,
el mayor en 15 años
Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto (2006-2018) y hasta este 2019, han sido casi 2 billones de pesos los que
el gobierno mexicano ha destinado a las instituciones de seguridad del país
–las secretarias de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y la SSP,
Gobernación, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal (FASP)-, sin embargo, los indicadores de violencia también
han ido incrementándose. De hecho, este año se prevé cierre con el registro de
mayor número de víctimas de homicidios dolosos desde 1997, cuando comenzaron
los registros oficiales de incidencia delictiva en el país.
Después de que Felipe Calderón detonará la llamada “guerra
contra el narcotráfico”, el gasto público en seguridad fue de al menos 54,207
millones 725,500 pesos, en 2006. En 2007 aumentó 23.4%; en 2008, incrementó en
20.61%; en 2009 el aumento fue de 35.4%; en 2010 se registró una reducción de
1.6%; en 2011, los recursos para cuatro dependencias y un fondo fueron de
127,339 millones 180,532 de pesos; y en 2012, alcanzaron los 146 mil 838
millones 341,051 pesos.
Con Enrique Peña Nieto en la Presidencia, los recursos
erogados en materia de seguridad pública aumentaron paulatinamente y de manera
considerable hasta superar 183 mil. 615
millones de pesos en 2018. Y para este 2019, en la administración del
presidente Andrés Manuel López Obrador, los recursos para el tema de seguridad
pública a cargo de la Sedena, Marina, Gobernación y el FASP llegaron a 193 mil
746 millones de pesos, 5.5% más que en el 2018.
El presupuesto en esta materia para el próximo año será el
más alto en 15 años. Para el 2020, el fondo que se plantea entregar para la
seguridad es de 199 mil 985 millones de pesos, lo que sumaría 2 billones 113 mil
728 millones 541 mil 921 pesos gestionados para la seguridad pública del país
desde 2006.
A pesar del enorme caudal de recursos destinados a mejorar
la seguridad pública, la estrategia sigue siendo la misma. El actual gobierno
de la Cuarta Transformación sigue con la tendencia de la militarización de la
seguridad pública, a través de la Guardia Nacional, lo cual entraña el riesgo
de continuar los operativos improvisados, guiándose con la lógica del populismo
punitivo de la mano dura, advierte la investigadora Rebeca Calzada Olvera,
integrante del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE).
De manera similar a los dos sexenios anteriores, la
estrategia de seguridad pública del actual gobierno federal está basada en
operativos militares en donde hay más improvisación y uso excesivo de la fuerza
que planeación estratégica, lo que se traduce en el fracaso de operativos como
el de Culiacán, ya conocido como el “culiacanazo”.
