Lilia Arellano
*EU pone freno a la reforma eléctrica de AMLO
*Cede Congreso a presiones de legisladores republicanos
*Lozoya sigue contando con la protección gubernamental
“Las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo”: Giuseppe Mazzini.
La opinión pública, la de los organismos cúpula empresariales, de las empresas generadoras de energía limpia, de los especialistas del sector privado y de instituciones de educación superior, no tuvieron ninguna influencia en la decisión del presidente López Obrador de sacar adelante la aprobación de su reforma constitucional en la materia, incluso forzando a un parte del PRI, y dividiendo a ese instituto político, a apoyarla en el Congreso de la Unión.
Sin embargo, la presión del gobierno y el Congreso de Estados Unidos, y las empresas con inversiones en generación de electricidad en territorio mexicano, fue definitiva para frenar, de momento, la iniciativa presidencial, la cual se prevé se aprobará hasta el mes de abril próximo.
Las presiones directas a la presidencia tuvieron efectos inmediatos: el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó ayer que su partido y el PT y PVEM buscarán discutir y aprobar la reforma eléctrica presidencial hasta abril de 2022. “Nos propusimos concluir el proceso de Reforma Eléctrica, que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, Senadores y al menos 17 congresos locales, a más tardar el 15 de abril”, informó el legislador, tras llevarse a cabo una reunión plenaria entre los tres partidos, donde dieron a conocer ahora darán prioridad a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que para la reforma energética “no hay prisa”.
Lo cierto gira en torno a la presión de congresistas de Estados Unidos y del propio gobierno del presidente Joe Biden y fue esto lo que llevó a meter el freno de mano a la contra reforma eléctrica obradorista. Un grupo de 40 congresistas republicanos de EU enviaron una carta al Secretario de Estado Antony Blinken, a la secretaria de Comercio, Gina M. Raimond, y a la secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm, además de la representante comercial Katherine Tai, donde expresan una profunda preocupación sobre la escalada del gobierno de México para excluir a las empresas privadas de su sector energético en contradicción con sus compromisos internacionales, incluido el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). El vecino tiene por costumbre atender las llamadas de auxilio de la IP, acción contraria a las llevadas en esta tierra.
De acuerdo con los legisladores estadounidenses, hay una abrumadora lista de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses. Por ello, demandan: “Una respuesta oportuna y clara. Nosotros los instamos a redoblar sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas con el fin de detener las acciones discriminatorias y proporcionen a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México la igualdad de condiciones, según lo previsto por el T-MEC”, de acuerdo con lo expuesto en la misiva.
Según los republicanos, el gobierno mexicano pretende dar a Pemex y a la CFE un trato preferencial lo cual se considera violatorio de compromisos ambientales internacionales, debido al uso del combustóleo en plantas de la CFE.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió en Palacio Nacional con autoridades del gobierno federal para analizar los alcances de la iniciativa en la cual se propone dar el 54% del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En sus redes sociales publicó: “Sostuve hoy importantes reuniones con @GobiernoMX para hablar sobre reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esa reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de EEUU. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días”.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, impulsora de la reforma, ha confirmado el encuentro. “Fue grato escuchar al embajador sobre sus dudas y comentarios. México y Estados Unidos por años han colaborado en el sector con absoluto respeto a sus leyes y soberanía de cada país. El diálogo es abierto y continuo señaló en Twitter. A estas citas ni de chiste invitan a Manuel Bartlett, queda claro el porqué.
Desde el pasado mes de octubre, el presidente envió al Congreso una propuesta para reformar la Constitución que pretende desmontar gran parte de la reforma energética constitucional aprobada en 2013, la cual abrió el mercado eléctrico a la participación privada por primera vez en más de 70 años.
La iniciativa incluye suspender permisos de generación de electricidad ya otorgados y cancelar contratos con empresas privadas tanto nacionales como extranjeras.
Las cámaras de comercio de EU y Canadá, cada una por su lado, ha dicho ésta reforma contraviene lo acordado en el T-MEC.
El tabasqueño busca hacer de la empresa eléctrica del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la preponderante en el sector. Para lograrlo, la ley le garantizaría el 54% del mercado. Además, desaparece a los reguladores y le da al Estado el derecho exclusivo de exploración y producción de litio y otros minerales considerados “estratégicos”.
Abogados y especialistas han advertido que, si la ley se aprueba, se abrirían un alto número de litigios y arbitrajes internacionales que serían muy caros para el país.
La contra reforma eléctrica de AMLO prevé eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y traspasar sus atribuciones a la Secretaría de Energía. Además, reduce las posibilidades del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente y otorga al Estado la explotación del litio. La iniciativa, modifica tres artículos constitucionales y nueve transitorios, “trata de rescatar y fortalecer a la CFE, garantizar (…) la seguridad energética del país, y que sea posible se tenga electricidad a menor costo para todos los mexicanos”, según Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
Lozoya, por
fin, preso
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por fin está preso, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera por roto el polémico acuerdo con el cual lo había mantenido lejos de la cárcel desde que llegó a México en julio de 2020. A petición del Ministerio Público, el juez Artemio Zúñiga lo encerró en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a la espera del juicio, cuya fecha podría decidirse en una audiencia programada para el próximo 3 de diciembre. El togado explicó la alta penalidad de los delitos imputados se suma a las redes familiares y los recursos económicos suficientes para, tal vez, poder huir.
El fiscal Manuel Granados Quiroz cuestionó que Lozoya no ha hecho el mínimo intento para pagar una reparación del daño de 7 millones 385 mil dólares, lo cual es un requisito indispensable para que la FGR pueda negociar un criterio de oportunidad que le permita la inmunidad penal. “Su actitud ha sido evasiva, grosera (…) no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada”, destacó el fiscal. ¿Y los videos? ¿y las supuestas pruebas en contra de Peña Nieto, Videgaray e inclusive de Ancira? ¿olvidamos los casos Odebrecht y Agronitrogenados?
Lo palpable, cierto y real es el fracaso de la tan cacareada lucha contra la corrupción. El pacto sigue vivo y actuando. Peña Nieto disfruta, López… también.
De los pasillos
A cinco kilómetros del municipio de Pijijiapan, Chiapas, un grupo de migrantes se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional. El encontronazo se registró a las 08:00 horas del jueves, cuando personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) intentaron detener a migrantes rezagados de la caravana.
Las autoridades buscaban encapsular a este grupo migrante para subirlos a camionetas del INM. Los migrantes lanzaron piedras, palos y otros proyectiles hacia la Guardia Nacional, cuyos integrantes optaron por retirarse.
Un oficial de la GN resultó herido, pues cayó de la unidad donde viajaba y después fue golpeado por un grupo de personas. Los migrantes lo dejaron en la carretera y, posteriormente, fue rescatado por sus compañeros…
Las acciones violentas de la mafia no frenan. En el interior del hotel Hyatt Ziva de Puerto Morelos dos personas fueron ejecutadas. El mentiroso fiscal quintanarroense, herencia a Carlos Joaquín de Miguel Ángel Mancera, de inmediato se dio a la tarea de negar fue en el hotel, pero testigos informaron del secuestro de una persona y de ese acto se paso a la balacera. Como si se requiriera de una rápida información Oscar Montes de Oca aclaró se trató de un enfrentamiento entre grupos antagónicos de narcomenudistas. El gobernador y el propio gobierno federal y hasta la chaparrita Rosa Icela deberían recetarle el clásico “no me ayudes compadre”, porque su versión no le sirve a los aterrados turistas hospedados en ese centro ubicado en Punta Petempich, menos aún cuando entre ellos se encontraba un ejecutivo de NBC Universal. La nota no tardó en aparecer en las páginas digitales del diario El País, las fotos se viralizaron y las autoridades declaran con argumentos “de domingo 7”. Y luego no se explican lancen alertas en contra de la entidad…
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