Congreso exhorta a instalar mesa interinstitucional para revisar la integración del TSJ

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Chilpancingo, Gro..— A propuesta del diputado Aristóteles Tito Arroyo, el Congreso del Estado acordó la instalación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional, con el objeto de analizar la integración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la operatividad de las salas y el cumplimiento de la representatividad indígena en las magistraturas pendientes.

En la sesión de este martes, el legislador presentó dicho exhorto, haciendo hincapié en la deuda histórica que el Estado mantiene con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de justicia.

Manifestó que, para hablar de justicia, se debe reflejar la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y garantizar la participación de los pueblos Nahuas, Ñuu Savi, Me’phaa, Ñomndaa y afromexicanos en la máxima instancia judicial no es un detalle menor.

Asimismo, señaló que esta es una oportunidad para garantizar, al menos, un 30 por ciento de representación indígena, además de un porcentaje adicional para personas de identidad afromexicana.

Por ello, propuso la instalación inmediata de una Mesa de Trabajo Interinstitucional para analizar la integración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la operatividad de las salas y el cumplimiento de la representatividad indígena en las magistraturas pendientes.

Asimismo, se exhortó a la Junta de Coordinación Política para que, por su conducto, solicite a la gobernadora de Guerrero y al presidente del Tribunal Superior de Justicia que en dicha mesa participen la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado, el presidente del TSJ y la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno.

La mesa tendrá como objetivo realizar un diagnóstico de la integración del TSJ, los nombramientos que faltan por emitir y remitir por parte del Ejecutivo estatal, así como la necesidad de asegurar que en los nombramientos pendientes se cumpla con la representatividad de al menos el 30 por ciento para personas originarias de pueblos y comunidades indígenas, y un porcentaje adicional para el pueblo afromexicano, garantizando una justicia incluyente y con perspectiva de pluralismo jurídico.

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