Qué cedió México
Raymundo Riva Palacio
Ceder, en una negociación, no es necesariamente perder. De hecho, en una
negociación se cede para poder avanzar y el resultado óptimo es cuando todas
las partes ganan. En el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, México
tuvo que ceder. Mucho en este caso, para que los demócratas y los sindicatos,
que son su base electoral, estuvieran de acuerdo en ratificarlo. Los demócratas
se han adjudicado una gran victoria política, quitando reflectores a Trump, que
finalmente cumplió su promesa de campaña de acabar con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, y remplazarlo con un acuerdo que presume
superior. El presidente Andrés Manuel López Obrador podrá sentirse tranquilo,
pese a aceptar los chantajes demócratas que llevaron a su gobierno a perder soberanía.
A cambio, gana certidumbre ante el mundo, recupera parte de la confianza
perdida en su liderazgo y, sobre todo, le da una viabilidad económica a su
administración y al país. Aislar a México del mundo, como su retórica machaca,
era irreal.
La negociación de este acuerdo comercial duro dos años, y la comenzó el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La continuó el de López Obrador
bajo el mismo modelo, que también se usó durante la negociación del TLCAN hace
un cuarto de siglo, dejándose acompañar por el sector privado. Pero en la
última semana, cuando los negociadores estadounidenses, forzados por los
demócratas y con la urgencia de Trump por concluirlo, presionaron a los
mexicanos como no lo habían hecho antes, sacaron al sector privado de la negociación
y lo mantuvieron en la oscuridad sobre lo que estaban discutiendo. De otra
manera, no podrían haber aceptado las condiciones que les planteó el
representante comercial de la Casa Blanca, Roberto Lighthizer. La molestia
empresarial por la marginación en el último tramo de la negociación, será
acicalada cuando terminen de estudiar los adendos que aceptó México.
No habrá intervención dentro de las empresas, pero en realidad sí habrá,
utilizando un término diplomático: attaché laboral. Los attachés,
en el argot diplomático, son los agregados en las embajadas. En este caso, no
estarán dentro de la Embajada de Estados Unidos, pero serán representantes de
los sindicatos en México que “proveerán información in situ sobre las prácticas
laborales” en este país. Es decir, sí habrá una supervisión indirecta dentro de
las empresas, que forma parte de lo que le llamaron “un monitoreo robusto” que
hará las veces de un instrumento de certificación estadounidense de que las
reformas laborales se están aplicando tal y como lo prometieron. Esta era una
de las quejas que tenía el líder de la AFL-CIO, Richard Trumpka, quien cuando
vino a México en septiembre le dijo a la secretaria del Trabajo, Luisa María
Alcalde, que sólo querían que se aprobara el acuerdo para no hacer nada. No les
creemos, espetó.
La presión demócrata se trasladó al gobierno mexicano, que al final aceptó
la creación de un comité interagencias que vigilará la reforma laboral, y que
estará informando al Congreso de Estados Unidos, así como el establecimiento de
metas y objetivos que deben implementar los mexicanos para la reforma laboral.
De incumplirlo, se aplicarán las medidas y sanciones que se añadieron al
acuerdo, y que contemplan los mecanismos reforzados para resolución de
disputas. Una de las grandes innovaciones impuestas, fueron lo que llaman
“reglas de evidencia”, que le permitirá a Estados Unidos litigar “exitosamente”
temas laborales, de medio ambiente y otros temas de alta controversia.
Estos nuevos mecanismos reducen significativamente las capacidades
mexicanas para litigar en los paneles de resolución de disputas, que hubieran
tenido objeciones y observaciones por parte del sector privado. Junto con ello,
en un punto que modifica por completo los equilibrios que se habían logrado, es
un cambio de lenguaje en el texto, donde removieron el fraseo que permitía
ambigüedades en las garantías de protección de violencia a los trabajadores.
Mediante el fortalecimiento de estas reglas, “se crea la presunción que las
violaciones laborales afectan al comercio y la inversión y requerirá que las
otras partes prueben lo contrario”. Es decir, México sería culpable hasta
demostrar lo contrario, y una violación laboral no se restringiría al capítulo
laboral, sino que impacta en el conjunto del acuerdo. De esta manera, el costo
de una violación laboral lleva a litigio todo el acuerdo comercial.
Los demócratas impusieron a los mexicanos una serie de incisos en el tema
de propiedad intelectual que difícilmente el sector privado habría aceptado sin
resistencia, particularmente la industria químico farmacéutica. Los demócratas
presionaron a Trump para remover las provisiones que contribuían a precios más
altos en medicinas, revelado por primera vez la semana pasada en el Financial
Times, pero mantenido en secreto al sector privado por parte de los
negociadores mexicanos. Esto llevó dentro del acuerdo a la disminución de la
exclusividad de las patentes en medicinas y de la información clínica de las
medicinas, empleadas por la industria, alegaron los demócratas, para retrasar
la competencia y el acceso a medicinas a buen precio. La puntilla fue tender
hacia una homologación en los criterios legales entre Estados Unidos en México,
para balancear la competencia y los incentivos por innovación, como establece
la ley en aquel país, que no se reflejaba en el acuerdo.
