Andrés Manuel como Trump
Raymundo Riva Palacio
La relación de los medios de
comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es cada vez más
difícil. Se esperaba sus conferencias de prensa mañaneras iban a ser un
instrumento útil, donde transmitiría un mensaje sin intermediarios a sus
gobernados y, al alimón, respondería las dudas de quienes procesan, ordenan,
contextualizan y jerarquizan sus declaraciones, los medios de comunicación. Las
cosas no han salido como se esperaba, quizás más frustrante y decepcionante
para los medios que para él -quien finalmente cumple el objetivo de ocupar la
mayoría de los espacios la mayoría del tiempo-, aunque en la última semana el
presidente mostró señales de molestia con periodistas y subió el tono de sus
insultos.
Varios periodistas lo han confrontado
por la forma como estigmatiza y polariza a los medios, utilizando como
peyorativo el calificativo de “fifís” y “conservadores”, y cada vez los medios le
exigen respuestas a sus preguntas, no evasivas ni ataques. Las cosas apuntan a
que empeorarán. Las advertencias
sobre la polarización que crea el discurso del presidente contra medios y
periodistas -algunos de los cuales identifica por nombre-, reflejo de su mecha
corta y su carácter excluyente contra quien no esté incondicionalmente con él,
van creciendo. Él se defiende: es su derecho de réplica.
La semana pasada el periodista Ciro
Gómez Leyva, abrió un debate en Radio Fórmula, donde varios abogados hablaron
sobre este derecho. Dos posiciones reflejan la complejidad del tema. Por un
lado, Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación, dijo que el presidente
sí tiene derecho a la libertad de expresión, como reclama López Obrador, pero
en momentos y espacios donde sea ciudadano y no en un marco institucional -como
las mañaneras-, aunque en ningún espacio está facultado para dañar
la moral de terceros. Daniel Cabeza de Vaca, ex procurador general, afirmó que
el presidente tiene la obligación moral de hacerlo “en este nueva dinámica” que
vive nuestra sociedad.
Una tercera visión que cabe, a partir
de un concepto asimilado en el mundo pero poco debatido en México -de ahí la
falta de bibliografía sobre el tema-, es que el presidente no tiene los mismos
derechos que un ciudadano, en donde entran por definición los periodistas, más
allá de la función social que realizan. Robert Sharp, un activista por la libertad de
expresión en el capítulo inglés de PEN, una organización internacional de
escritores, escribió en diciembre de 2016
sobre el presidente Donald Trump, que si bien la protección de la Primera
Enmienda lo ampara, las restricciones sobre la libertad de expresión para un
presidente son distintas a la de los ciudadanos.
Un caso básico es sobre los límites de
la libertad. Si un ciudadano sin cargo público incita a la violencia, lo que es
un delito, puede ser detenido y llevado ante la justicia, pero la policía no
puede aprehender al presidente, ni un juez procesarlo. “La libertad de
expresión del presidente está constreñida a las realidades de la política”,
apuntó Sharp. “La mayoría de los políticos están constreñidos por la cortesía y
por aquellas políticas que se consideren aceptables por el electorado”. Esta
línea, ciertamente, es muy tenue por la subjetividad que implica, y por el tipo
de formación del político. El presidente Barack Obama, recordó Sharp, se
contuvo varias veces de hablar lo que pensaba para no ofender a un grupo de
ciudadanos, lo que Trump, que no es político y que busca la controversia para
elevar la atención en el tema que le interesa, no está acotado por esta
consideración política. López Obrador se encuentra en esta categoría.
Es un presidente al que los parámetros
de la Presidencia, el gobierno y las instituciones le estorban para gobernar, y
su interacción con los medios y periodistas, cuando no se trata de utilizarlos
como vehículos de propaganda, se convierten en un obstáculo enfadoso. Trump ha
sido consistente en su hostilidad hacia los medios. En un
artículo publicado en el portal del Poynter Institute
en enero de 2018, Indira A.R. Laksmanan, recordó que ningún
presidente disfruta la mirada crítica de los medios. “Pero ningún presidente
antes de Trump se había enfrascado en una guerra con la prensa como esta,
refiriéndose despectivamente de los periodistas como ‘mentirosos’, ‘vendedores
de falsedades’ y ‘enemigos del pueblo’.”
Trump no ha
agumentado, como López Obrador, el derecho de réplica. En una sociedad madura,
el jefe de la Casa Blanca sería severamente criticado y puesto en la frontera
de violaciones constitucionales. En México es distinto. El derecho de réplica
del presidente, sea López Obrador o no, se puede dar dentro de los límites de
la ley cuando un medio o un periodista dañen su reputación y fama pública como
individuo, por ejemplo, con difamaciones o calumnias, o se entrometan en su
vida privada. Pero cuando la crítica es sobre acciones y decisiones que
afectan a la sociedad en su conjunto, sobre los abusos y excesos de poder, ese
derecho -que no lo limita a responder con datos y argumentos- queda limitado al
no ser equitativo.
Todas las
mañanas tiene un atril para lanzar infundios contra los medios y periodistas,
con una exposición nacional que amplifica la forma como los mancilla con
impunidad porque nadie mas tiene el mismo espacio para replicarlo.La libertad
de expresión del presidente no contempla la provisión para denigrar a los
medios, ni estimular con sus palabras linchamientos. Se puede argumentar que está
en los linderos de violar la Constitución, que señala que “es inviolable la
libertad de difundir opiniones, información e ideas”, y de manera indirecta,
por intimidaciòn, rompe la línea de la legalidad al empujar la previa censura.
La regresión de las libertades es real.
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