García Luna, ¿primero en la lista?
Raymundo Riva Palacio
El martes, una noticia opacó el final de la negociación del acuerdo
comercial con Estados Unidos y Canadá: agentes federales habían detenido en los
suburbios de Dallas a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el
gobierno de Felipe Calderón. El fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de
Nueva York, en Brooklyn, donde se juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, lo
acusó de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa y de conspiración
con el narcotráfico.
Donoghue dijo que era por lo que se había señalado en su contra en la Corte
de Brooklyn y en otros tribunales. Es decir, la acusación no sólo se sustentaba
en lo que esa fiscalía había investigado, sino en testimonios de diferentes cortes.
Sin embargo, el fiscal dejó entrever que una parte importante de la acusación
se había hecho durante el juicio de El Chapo Guzmán. La hizo Jesús
Zambada, apodado El Rey, hermano del jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael El
Mayo Zambada, en una declaración ante el Gran Jurado, que se usó en
Brooklyn.
En el quinto día del juicio, su abogado recordó que Zambada, que no quiso
ratificar ante ese tribunal su declaración por el riesgo de no poderla
respaldar con pruebas y perder su calidad de “testigo protegido”, había afirmado
que le entregó una maleta a García Luna en un restaurante con tres millones de
dólares -que caben en tres cajas si los billetes de 100 dólares-, a nombre de
su hermano. Un despacho del corresponsal de la agencia Reuters, detalló más
imputaciones:
“Un testigo en el juicio sobre la acusación de tráfico de drogas en Estados
Unidos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán,
testificó que pagó un soborno multimillonario a un subordinado del presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, en 2005. El vocero de López Obrador no
respondió inmediatamente la llamada, ni el mensaje de texto en busca de su
comentario… Zambada dijo que pagó ‘unos cuantos millones’ de dólares a un
funcionario del gobierno de la Ciudad de México mientras López Obrador era jefe
de gobierno, porque creía en ese momento que iba a convertirse en el próximo
secretario de Seguridad Pública”.
En enero, dentro del mismo juicio, Alex Cifuentes, quien se identificó como
secretario personal de Guzmán a finales de la década pasada, testificó que le
había pagado un soborno de 100 millones de dólares al ex presidente Enrique
Peña Nieto en 2012. Otros nombres de personas relevantes en México empezaron a
salir, como el del ex presidente Felipe Calderón, a quien los testigos
protegidos acusaron también de recibir dinero del narcotráfico, que llevó a la
Casa Blanca a solicitar al juez que aquello que no tuviera sustento ni fuera
motivo del juicio, no se hiciera público. Pero el batidero estaba hecho. Gobernadores,
políticos, militares y policías aparecieron durante el juicio como parte de lo
que se dibujó como una corrupción sistémica en México.
En una columna publicada a mediados de noviembre
del año pasado, se señaló que si todas las afirmaciones que hizo El Rey
Zambada fueran ciertas, desde hace décadas México sería un narcoestado. Pero
eran tan extraordinarias las imputaciones, que pese a no haberlas ratificado en
la Corte, habría que preguntarse qué estaba persiguiendo la Fiscalía en
Brooklyn, y continúa buscando, al seguir utilizándolas en otros casos. La
acusación de Zambada no era nueva. La hizo por primera vez tras ser detenido en
2008, cuando señaló que García Luna y su equipo, que trabajaban en el
desmantelamiento del Cártel de Sinaloa, habían recibido dinero del Cártel de
Sinaloa.
El entonces procurador, Eduardo Medina Mora, buscó evidencias contra García
Luna, sin encontrar alguna, pero a un miembro clave de su equipo, el
comisionado de la Policía Federal, Gerardo Garay, apoyado en una declaración de
Edgardo Bayardo, un mando medio de la Policía Federal detenido por García Luna al
comprobársele que recibía 25 mil dólares mensuales del Cártel que convirtió en testigo
protegido, lo metió a la cárcel. Cuatro años después, Garay fue exonerado de
todas las acusaciones.
Zambada fue extraditado a Estados Unidos y se convirtió en uno de los
testigos importantes en el juicio contra Guzmán, que como se publicó hace más
de un año, tenía un alcance mayor. Todo el Estado mexicano fue puesto a juicio
en Brooklyn, y las imputaciones de Zambada, contra lo que se propuso en esta
columna, no se tomaron con cuidado por los antecedentes sobre la calidad de los
testigos protegidos, y el daño reputacional que hacían.
Un testigo protegido de la DEA acusó a Manuel Bartlett, ex secretario de
Gobernación, de haber estado involucrado en el asesinato del agente de la DEA,
Enrique Camarena Salazar, y pese a que años después se desmoronaron todas sus
imputaciones, el daño quedó sobre el actual director de la Comisión Federal de
Seguridad. Dos testigos protegidos de la DEA acusaron a Raúl Salinas de recibir
dinero del narcotráfico, y sin importar que fueron expulsados del programa
porque nunca pudieron probar las imputaciones, la mancha quedó sobre el hermano
del ex presidente.
Hoy, una vez más, los fiscales en Estados Unidos le dan credibilidad a un
testigo protegido. García Luna es la primera víctima del Estado mexicano del
juicio contra Guzmán. Ya deberá probar la Fiscalía la solidez de su caso, y si
es contundente, la lista que sigue incluye a Peña Nieto y a Calderón, junto con
personas vinculadas al gobierno de López Obrador. Haber pactado con Estados
Unidos el nuevo esquema de seguridad -del que se hablará más adelante-, no
blinda al presidente de un ataque futuro; que no se le olvide La captura del ex
secretario, laureado, reconocido y muy aplaudido por los estadounidenses, es el
mejor ejemplo.
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