Agencias
ENSENADA, B.C. El asesinato esta mañana del
pescador Enrique García Sández a manos de elementos de la Marina en el puerto
de San Felipe, Baja California, es el colofón de un problema social, económico
y criminal que se gestó hace una década con el tráfico ilegal e impune de
totoaba al mercado asiático, y se agravó con la puesta en marcha del programa
del expresidente Enrique Peña Nieto para salvar de la extinción a la vaquita
narina, en el invierno de 2015.
García Sández, de 37 años, fue herido en el
cráneo, brazo y pierna en la mañana durante un altercado con una patrulla de
marinos. Falleció en el hospital del Seguro Social a donde fue llevado por
conocidos a bordo de un automóvil.
Videos que circulan en redes sociales,
muestran a un iracundo grupo de personas gritando contra los elementos de la
Semar. Sobre la caja de una camioneta, un hombre yace con diversos impactos
mientras se produce una escaramuza:
–¡Mataron al Kiki! ¡Mataron al Kiki, una
ambulancia! – se escucha en la grabación de 2 minutos de duración.
Hasta el mediodía se desconocen las causas de
la agresión y tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), como
la Secretaría de Marina (SEMAR) emitieron comunicados en donde expresan que ya
investigan.
En respuesta a la presunta agresión de los
marinos, pescadores ribereños de San Felipe -195 kilómetros al sur de Mexicali,
capital de Baja California- se presentaron a las instalaciones de la Marina en
el puerto en protesta y quemaron un vehículo. La fiscalía estatal dijo que
detuvo a tres personas por esos acontecimientos.
El incidente se da en el contexto de una
movilización de más de dos mil pescadores ribereños que el pasado 23 de marzo
decidieron romper unilateralmente la veda que el gobierno de Enrique Peña Nieto
impuso en el Alto Golfo de California para salvar a la vaquita marina y acabar
con la pesca ilegal de totoaba.
Ambos objetivos fracasaron porque expertos de
la organización ambiental Greenpeace dijeron en enero pasado que quedan menos
de 15 marsopas, conocidas en la región como “cochito”, y el tráfico de buches
del pez al mercado oriental logró utilidades récord en 2018: de acuerdo con
datos de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, entre 150 mil a
200 mil millones de pesos.
Los pescadores ribereños rompieron la veda
porque tienen más de 110 días sin recibir el apoyo que Peña Nieto implementó
para compensar la veda pesquera comercial en el Alto Golfo de California, y
porque no fueron consultados por el nuevo gobierno federal para la creación y
puesta en marcha del Programa Integral para la Sustentabilidad Pesquera en el
Alto Golfo de California.
Además, la ratificación de Pablo Arenas
Fuentes en el cargo de Director General del Instituto Nacional de Pesca
(INAPESCA), hecha por la nueva administración federal, fue la última
provocación que soportaron los pescadores ribereños que trabajan en la región.
“El gran problema de este gobierno fue haber
recogido basura de la administración anterior, como Pablo Arenas. Lo digo
públicamente porque el INAPESCA no ha sido nada más que el tendón de
Aquiles de los pescadores. Es quién nos ha mantenido fuera del agua, es
quien ha mentido, A ellos les deberían de hacer una auditoria, no al sector
pesquero, no a los pescadores, para que se den cuenta de los millones que ha
tirado ese Instituto en proyectos y programa fallidos”, comentó en rueda
de prensa Sunshine Antonio Rodríguez, presidente de la Federación de
Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe y preso hace un año por su
activismo a favor de los pescadores.
Esta organización, al igual que la que
preside Lorenzo Guadalupe García Carrillo –la Federación de
Pescadores Ribereños del Puerto de San Felipe- y otras cooperativas ribereñas
del Golfo de Santa Clara (Sonora), tomaron la decisión de salir a trabajar el
23 de marzo. No fueron molestados por la Marina, la Profepa y la Policía
Federal.
