Violencia
galopante
Raymundo
Riva Palacio
¿Alguien
se sorprendió por enterarse que el primer cuatrimestre de este año es el más
violento en la historia de los registros de incidencia delictiva desde que se
iniciaron en 1997? Todo se fue al alza, de acuerdo con los datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se han
convertido en una de las estadísticas que se esperan mensualmente con mayor
ansiedad, al haberse convertido en pulso de la gobernabilidad y balanza sobre
el éxito o fracaso del gobierno. El sexenio del presidente Andrés Manuel López
Obrador arrancó con una inercia trágica de la administración del presidente
Enrique Peña Nieto, que destrozó los sistemas policiales por ignorancia e
incapacidad, pero que tampoco ha mostrado más allá de la retórica, una idea
clara de cómo enfrentar el fenómeno.
Los
datos del Secretariado ratifican tendencias delictivas. Colima, donde se dieron
7.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes -la tasa más alta del país-, no ha
logrado restablecer la calma después de que hace poco más de dos años, por el
descuido en el puerto de Manzanillo -responsabilidad de la Marina, por cierto-,
empezaron a entrar cargamentos chino de fentanilo, que recorrieron las viejas
rutas de las metanfetaminas por el noroeste de Michoacán -las zonas protegidas
por los paramilitares patrocinados por el gobierno peñista que incorporaron a
miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación-, y entraron a Jalisco para que
desde ahí se exportara al ávido mercado de consumidores estadounidenses.
Colima
viene en espiral descendiente desde el peñismo, como el caso de Chihuahua,
donde el ex gobernador César Duarte relajó el esquema de seguridad que se había
instalado, particularmente en Ciudad Juárez, y que el gobernador Javier Corral,
ha sido incapaz de restablecer. Corral ha estado enfocado en encarcelar a
priistas y no ha prestado la atención debida al tema de la seguridad, que se
agravó por un factor externo: los acuerdos de paz en Colombia incluyeron la petición
de las FARC que se suspendiera la erradicación, por lo que la producción de
cocaína volvió a florecer y se reanudaron las exportaciones hacia Estados
Unidos, que en más del 50% pasan por el corredor Torreón-Gómez Palacio-Ciudad
Juárez.
Chihuahua
tiene una tasa de homicidios dolosos de 4.8 por cada 100 mil habitantes,
superior en ocho décimas a la de Guanajuato, que desde el gobierno de Miguel
Márquez se vio involucrado en la lucha de organizaciones criminales por el
control del robo de combustible, que llegó a ser más redituable que la cocaína.
La zona era controlada por Los Zetas, cuya subsidiaria es el Cártel de Santa
Rosa de Lima, pero la estabilidad se rompió con el intento del Cártel Jalisco
Nueva Generación de quedarse con el negocio. Van avanzando, en concordancia con
la estrategia del gobierno de López Obrador de acabar con la organización de
Santa Rosa, dejando de lado a los jaliscienses. Sin embargo, nada es claro con
la estrategia actual. Desde hace casi tres meses la Marina tiene interceptadas
las llamadas telefónicas de todo el entorno de su líder en fuga, José Antonio
Yépez, apodado El Marro, pero no lo han detenido. Varias veces lo
han tenido ubicado por zona, según funcionarios federales, pero se les ha
escapado.
Las
dinámicas en esas entidades no son levanta cejas, como sí lo son los datos que
arrojan las estadísticas en tres nuevos gobiernos, todos de Morena, que
encabezan el incremento delictivo en el país en términos porcentuales. A la
cabeza se encuentra la Ciudad de México, donde la incidencia delictiva subió
237.5% en el primer cuatrimestre de este año, seguida de Morelos, que se
incrementó 210%, y Veracruz, que vivía un desastre en materia de seguridad, y
que aún así incrementó su tasa 168.51%. En los tres casos han echado la culpa a
gobiernos anteriores, pero en los tres casos sus gobiernos han sido incapaces
de restablecer el orden. Problemas de aptitud de los responsables de la
seguridad y ausencia total de estrategia, o acciones equivocadas, han producido
que las peores entidades en la materia estén asociadas a Morena, aunque en el
caso de Morelos, es por alianza, y el gobernador Cuauhtémoc Blanco está en
choque incluso con el partido que respaldó su candidatura.
Las
estadísticas de la violencia no son suficientes para entender el fenómeno que
se vive. Hay características locales y regionales, así como dinámicas
diferenciadas. Sin embargo, existe un común denominador que se trata de cubrir
con la retórica y la expectativa que con la llegada de la Guardia Nacional,
habrá un antes y un después. Se trata de la falta de recursos presupuestarios,
de la debilidad institucional que muestra su cara más vulnerable en los
municipios, del quiebre de los equilibrios en varias partes del país que muchas
veces está asociada con corrupción de autoridades. Igualmente de la negligencia
del sexenio anterior al desmantelar las plataformas de inteligencia criminal,
de inteligencia para la seguridad nacional, y del sistema federal de
penales.
Todos
estos factores no fueron culpa ni responsabilidad del gobierno de López
Obrador. Tampoco serán su culpa ahora, pero sí su responsabilidad. Puede seguir
achacando al pasado todos los males que afectan su gobierno, pero los muertos
de hoy, se le contabilizarán a él, no a Peña Nieto. Por lo mismo, si continúa con
la misma línea estratégica del arranque al gobierno anterior, de dejar
hacer dejar pasar, terminará peor que él en materia de violencia y la
inseguridad irá erosionando su popularidad y aprobación. Peor aún, es que el
país aumentará su teñido de rojo ante la falta de visión, de objetivos claros y
de estrategias confusas como las presentadas hasta ahora, sin señales que vendrá
una rectificación.
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