El costo criminal de la austeridad
Raymundo Riva Palacio
El secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo galvanizó la zozobra
en la Ciudad de México por los altos índices de criminalidad. Claudia
Sheinbaum, la jefa de gobierno, ha dicho que las cifras crecientes de violencia
se magnifican porque en la anterior administración se habían “maquillado”, y el
presidente Andrés Manuel López Obrador salió a arroparla el martes, convirtiéndola
en víctima de “grandulones abusivos” –que no identificó- mientras la sociedad
seguía llorando a Norberto. Algo está muy mal en esta díada de la retórica
contra realidad, el eterno dilema de la Cuarta Transformación. Los datos, sin
embargo, son alarmantes.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó
que el secuestro, el detonante de la inquietud en la capital federal, bastión
de López Obrador, se elevó 271 por ciento en el primer cuatrimestre de este
año, superando casi 10 veces el promedio nacional. Vivimos el peor momento
desde 2009, al haber subido los secuestros de 1.5 por mes en el primer
cuatrimestre de 2018, a 6.5 en el mismo periodo de 2019. Lamentablemente, no es
el único delito descontrolado.
En la edición de Eje Central que
circula a partir de hoy, se registra que de diciembre del año pasado a abril de
2019, las mayores tasas de crecimiento delictivo son robos a transporte
público, transporte individual, robos a casas, a negocios y a transeúntes,
considerados como robos patrimoniales. Pero en homicidios dolosos, como en
secuestros, las tasas son inverosímiles. Las tres alcaldías que más altos
índices tienen de son Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, donde el incremento de
ese tipo de homicidios fue de 165, 162 y 157 por ciento. En el resto de la
capital, el aumento fue de 100 por ciento promedio.
Sheinbaum tiene un problema con su equipo de seguridad y se anticipan
cambios para la próxima semana. Sin embargo, hay otros factores ajenos al
fenómeno de la violencia que inciden en la inseguridad. Por un lado, el recorte
presupuestal draconiano que impuso el gobierno de López Obrador. Los fondos
para seguridad pública en la Ciudad de México se redujeron 53 por ciento, y las
alcaldías con mayor disminución, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero,
son donde mayor número de secuestros se ha registrado. Por el otro, la
coincidencia en el crecimiento de la incidencia delictiva con el nivel de
desempleo creciente (5.3% de diciembre a marzo), y la pérdida de poder
adquisitivo, ante la disminución de salarios en la administración pública y los
despidos.
Se puede plantear como hipótesis de trabajo que la externalidad de la
austeridad republicana impulsada por el presidente López Obrador, ha tenido un
alto costo en materia de seguridad y los crecientes índices delictivos. No puede
ser asumido como el único factor, porque también existe la larga curva de
aprendizaje del equipo de seguridad de Sheinbaum, que llevó decisiones
estratégicas falidas, como la disminución de patrullajes en la Ciudad de México
y la cancelación de unidades móviles de policía –internamente le dijeron a los
policías que no servían para nada-, y al despido masivo de jefes policiales,
bajo la concepción, imbuida desde la Presidencia, que todo el pasado era
corrupto y había que erradicarlo.
En cualquier caso, el tipo de delito que ha subido exponencialmente es el
patrimonial, o secuestros como el del joven Ronquillo, que tiene una tipología
que se imita el método de un secuestro exprés, que siempre se ha asociado con necesidades
económicos en la sociedad. La desaceleración general de la economía ha
provocado que las actividades productivas tengan un atorón, por lo que las
empresas han tenido que recortar sus costos laborales, añadiendo presión a la
tasa de desempleo, al no absorber personal despedido del gobierno central. En
el caso de la Ciudad de México, decisiones de la jefa de gobierno como parar la
industria de la construcción, no sólo impactó en todo el conjunto de la
economía capitalina, sino que provocó desempleo en estados colindantes de la
capital.
Luchar contra la corrupción y los excesos es una política necesaria como
principio, pero a la luz de los resultados, su instrumentación ha sido un
desastre. Reducir a rajatabla los presupuestos en materia de seguridad
trasciende a la Ciudad de México. La Secretaria de Hacienda recortó 3.8% el
presupuesto dedicado a la seguridad pública en el país, que incluso ya había
sido aprobado. La necesidad de ajustar el gasto por todos lados para transferir
recursos al plan de rescate financiero de Pemex, sin afectar los programas
prioritarios del presidente –Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas-, han llevado
al gobierno a una contradicción de la cual no se ve cómo va a salir. Presiones
adicionales tendrá en los próximos 45 días al tratar de reducir
significativamente el flujo migratorio, con el respaldo de seis mil elementos
de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur.
Si en estos momentos esa fuerza significa el 40% del total de elementos de
la Guardia Nacional, ¿qué sucederá en el territorio que vigilaban previamente?
Los índices de violencia y crimen seguirán subiendo. La Ciudad de México es el
microcosmos que tiene que ver el presidente López Obrador para convencerse de
que su política de austeridad sin matices, aunque excelente en concepto y
dirección, tiene costos muy altos embarcarse en toda una transformación que
quiere ser simultánea, sin gradualismo ni etapas. El problema, como se ve en la
capital federal, es que su intransigencia está costando más vidas y más
violencia, más inseguridad y más inestabilidad, más incertidumbre y más miedo.
El camino es equivocado en su diseño y debe modificarlo porque ni él ni el país
irá así a ningún lado.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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