Hasta a los de casa muerde
Raymundo Riva Palacio
La Fiscalía General de la República es tan autónoma, tan independiente, que
hasta a los de casa muerde. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, da
muestras inequívocas de su poder y lleva algunas cosas hasta lo inverosímil. De
esta manera, se le fue encima a la Secretaría de Hacienda y quiere llevar a la
cárcel dos funcionarios y dos ex funcionarios del Instituto de Administración
de Avalúos Nacionales, porque se negaron entregarla sin sustento legal seis
inmuebles que la vieja Procuraduría General de la República puso a su disposición
tras los sismos de septiembre de 2017, porque no estaban en condiciones de
seguir siendo utilizados y el riesgo que significaba para cientos de personas.
Gertz Manero quiso forzar las cosas mediante el amedrantamiento que, para
algunos, puede convertirse fácilmente en terror ante la posibilidad de ir a la
cárcel. Cuando el INDAABIN, el acrónimo del Instituto, se negó a restituir por
la fuerza y al margen de la ley los inmuebles, la Fiscalía General inició de
oficio la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000397/2019, y giró
citatorios a cuatro personas para entrevistarlos en calidad de testigos -una categoría
donde no pueden dejar de ir a comparecer porque entonces violarían la ley-, y
quería imputar a dos altos funcionarios del instituto quebrantar los artículos
214 fracción IIII y el 217, fracción I del Código Penal Federal.
El primero se refiere a que conociendo por razón de su empleo que pueden
resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna
dependencia o entidad de la administración pública federal, por cualquier acto
u omisión no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está
dentro de sus facultades. El segundo al servidor público que ilícitamente
otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos,
enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos.
A quien tiene en el umbral de la imputación es al director general de
Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Alan Daniel Cruz Porchini,
y al ex presidente del INDAABIN, Julio César Guerrero Marín. Los dos fueron
citados a comparecer el jueves pasado -aunque se suspendió la audiencia-, junto
con Luis Gregorio Ojinaga de la Luz, director de Gestión de Uso de Inmuebles, y
a Angélica Vargas Béjar, en ese entonces subdirectora de Evaluación y Usos
Alternos del instituto. De la lectura de la documentación del caso, se puede
argumentar el uso abusivo de la autonomía del fiscal, al grado de que pueda
criminalizar a funcionarios porque cumplieron con la ley.
Todo comenzó el 1 de febrero de 2018, cuando la extinta PGR puso a
disposición del INDAABIN de manera voluntaria seis inmuebles porque no podían
seguir siendo utilizados, luego que los dictámenes estructurales realizados
tras los sismos de septiembre de 2017 establecieron que no podrían seguir
ocupados y sugerían su desalojo. Entre estos se encontraban los edificios
principales sobre Paseo de la Reforma, otro más donde estaban áreas sensibles
de investigación e inteligencia, y tres adicionales, todos ellos en la alcaldía
Cuauhtémoc. La puesta a disposición y la entrega recepción de los inmuebles se
hicieron conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. La entrega física de
los inmuebles se concluyó en octubre y noviembre del año pasado.
La extinta PGR propuso su venta y que los recursos se le etiquetaran, pero
al no tener facultades sobre ese tipo de decisiones, no procedió. Entonces, en
acatamiento de las normas, el INDAABIN notificó a todas las instituciones del
gobierno federal sobre los inmuebles para conocer si había interés en alguna de
ellas para que le fueran transferidos. Al no existir interés alguno, conforme a
la norma de que en ese caso dictaminara el mejor uso y aprovechamiento de los
inmuebles, concesionó cuatro de ellos a privados que invertirían en ellos y los
rehabilitarían, sin que dejaran de ser patrimonio federal.
En marzo comenzaron los problemas. Francisco Sáenz de Cámara, coordinador
de Planeación y Administración de la Fiscalía, le pidió a la Oficialía Mayor de
Hacienda que se le restituyeran los inmuebles y solicitó al INDAABIN que
evaluara la solicitud. El 15 de abril, la oficial mayor de Hacienda, Raquel
Buenrostro, le envió a Sáenz de Cámara la respuesta del INDAABIN, donde
detallaba los resultados de los dictámenes estructurales, las recomendaciones
de desalojo y los procesos de concesión, por lo que concluían que “no resulta
procedente atender de manera favorable la solicitud”.
La respuesta de la Fiscalía por no enajenarles los inmuebles fue ir tras
los que consideraba responsables. Gertz Manero no actuó en contra de Buenrostro
o del presidente del INDAABIN, Luis Mariano Cortés, sino contra su antecesor y
contra funcionarios de segundo nivel del gobierno actual, y omitió incluir en
la carpeta de investigación las respuestas de Buenrostro y de Cortés a la
Fiscalía, con lo cual el Ministerio Público Federal, obtuvo información
parcial, donde se puede argumentar manipulación de la justicia.
La audiencia original para los testigos y los imputados fue diferida para
el 1 de agosto, porque el juez consideró que la Fiscalía General incumplió el
Código Nacional de Procedimientos Penales al no proporcionar en tiempo copias
de la carpeta de investigación a los imputados, con lo cual no podían armar una
defensa adecuada. Se desconocen las razones por las que el miércoles pasado se
dio un nuevo aplazamiento de la audiencia.
La actitud de Gertz Manero recupera sus batallas intramuros en el gobierno
de Vicente Fox, por lo cual abrir fuego amigo contra Hacienda no es algo
insólito en él. Hace unos 15 años ganó en primera instancia su pleito, pero
después lo perdió. Aquello debería haber sido una lección, para recular hoy en
su pretensión y buscar una forma no arbitraria de salirse con la suya.
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