Legalizarán la tortura
Raymundo Riva Palacio
El equipo jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador acompañó al
fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al Senado, donde presentaron nueve
iniciativas de ley en materia de seguridad y justicia. Voluminoso paquete para
que el Senado lo estudie y, eventualmente lo apruebe. Cuidado. Las reformas son
una manzana envenenada y constituyen una regresión importante al modelo de
justicia que se construyó con las reformas constitucionales de 2008 y 2011 que
modificó el sistema penal a fin de resolver la creciente impunidad. “No ha dado
los resultados esperados”, dice la exposición de motivos del paquete entregado.
Por lo tanto, se colige de las iniciativas, hay una profunda regresión al
sistema de justicia mexicano bajo la máscara de “garantizar el acceso a la
justicia que tanto reclama la sociedad”. Difícilmente se puede pensar que la
sociedad quiere que se legalice la tortura, como pide la reforma, y que México
regrese a un sistema donde el autoritarismo sea el que marque el destino de los
ciudadanos.
La manzana envenenada comienza en los dos últimos párrafos de la exposición
de motivos, que señalan: “Conforme
a lo dispuesto en la fracción IX apartado A del artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone la nulidad de ‘cualquier
prueba obtenida con violación de derechos fundamentales’. En ese sentido, se
considera ‘prueba ilícita’ a toda aquella obtenida bajo estos términos y se
aplica en beneficio del imputado su exclusión… Este tipo de elementos
probatorios representan una de las problemáticas más complejas en la materia,
pues lleva consigo por un lado el interés público de la persecución del delito
y por el otro, la protección de los derechos individuales”.
“Nuestro sistema procesal penal considera
como regla general la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, con el
objeto de eliminar del caudal probatorio aquellos elementos obtenidos en
contravención a derechos fundamentales del imputado”, añade la exposición de
motivos, que subraya la existencia de “diversas interpretaciones” de la Suprema
Corte de Justicia para establecer excepciones, como la jurisprudencia sobre la “teoría
del vínculo o nexo causal atenuado”, donde le permite al juez de la causa (que
elimina, por cierto, la iniciativa), o el tribunal de apelación, lleve a cabo
la valoración respecto de la exclusión de la prueba ilícita, tutelando la
adecuada defensa, la presunción de inocencia y el principio de contradicción.
Otra “hipótesis” que menciona la
iniciativa es la relativa a la “teoría
del descubrimiento inevitable”, donde las pruebas “no necesariamente
deben declararse ilícitas y excluirse, pues toda prueba que se hubiese
producido sin necesidad de recurrir a la prueba determinada como ilícita, será
válida en virtud de que las circunstancias hubieren llevado necesariamente a su
descubrimiento, desvirtuando así el nexo antijurídico que ésta presupone”. La
Fiscalia y la Conserjería Jurídica de la Presidencia buscan que “ante la
existencia de una actuación ilegal en la investigación ello no suponga
automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley”.
Por ello, proponen reformar la fracción IX
del artículo 20 constitucional, que originalmente establece que “cualquier
prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”. La
nmodificación plantea que “los elementos
probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron
obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el
juzgador de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en su
vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o su descubrimiento
hubiere sido inevitable”.
En lenguaje simple y llano, abre la puerta
a que cualquier prueba ilícita, como la obtenida mediante tortura, pueda ser
considerada por el juez como prueba lícita, que también se refuerza por otra
reforma en donde se permite al ministerio público retener a una persona durante
48 horas sin orden judicial. Durante ese tiempo, podrían cometerse abusos contra
esa persona para obligarla -hablando hipotéticamente- a realizar cualquier
declaración que la impute -la primera declaración ante el ministerio público
vuelve a tener un alto valor en la reforma propuesta-. Las reformas contradicen
los postulados que ha planteado el gobierno y algunos funcionarios prominentes.
Lo que se propone, por ejemplo, habría
permitido que las denuncias de Florence Cassez de tortura por parte de
comandantes policiales para que reconociera su culpabilidad en secuestros,
fueran tomadas como válidas, sin necesidad de que se probara en el marco de los
instrumentos de la ley su propia culpa, con lo cual los argumentos del presidente
de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a favor del debido proceso, y del
garantismo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sean enviados
a la basura. Las reformas también eliminan la posibilidad de realizar por sí
actos de investigación, y se limita el derecho de interponer recursos.
Esta reforma afectaría directamente a los
padres de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y tácitamente
revertiría la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito,
en Reynosa, en septiembre de 2018, que permitió la creación de una Comisión de
la Verdad y la coadyuvancia de los padres y sus abogados. Este punto contradice
al subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que
aplaudió la resolución de aquél tribunal. Otras propuestas también afectan su
trabajo, como, sobre el mismo caso de Ayotzinapa, que las pruebas que
consideraba ilegales dentro de lo que se conoce como “la verdad histórica”,
sean ahora legales, dando legitimidad al cuestionado trabajo del ex procurador
Jesús Murillo Karam.
Las reformas propuestas chocan con los
postulados garantistas que dice defender el gobierno del presidente López
Obrador al obligar al juez a valorar las pruebas obtenidas por métodos poco
convencionales o ilegales, y no considera los convenios internacionales
suscritos por México. Son un salto al pasado autoritario que el Senado no debe
permitir.
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