ESTRICTAMENTE PERSONAL
Negociar con criminales
Raymundo Riva Palacio
Negociar con criminales no, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Eso se hizo en el pasado y no funcionó, porque la seguridad es
responsabilidad del gobierno y de nadie más, subrayó. Cierto. Por esa razón
nacieron los Estados modernos, para proveer la seguridad a sus gobernados, que
fue algo en lo que claudicó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que
desde el inicio pactó con criminales, que camuflajeados en la desesperación de
los michoacanos que ante la violencia se organizaron en grupos de autodefensa,
fueron utilizados para el exterminio de Los Caballeros Templarios. Esa obtusa
estrategia, violando las leyes internacionales, puso a Michoacán al borde de la
guerra civil en un año.
La historia sirve mucho para evitar errores, a partir de las experiencias
vividas. Por eso, el proyecto del gobierno de López Obrador de dar amnistía y
generar empresas productivas en las zonas calientes de la violencia, donde el
tejido social se entrevera entre el mundo de la legalidad y el mundo de la
criminalidad, estaba sentado sobre un tambor de dinamita con la mecha prendida.
El primer paso del plan, construir un parque agroindustrial en La Huacana,
donde vejaron y privaron de su libertad a una decena de soldados que realizaba
operativos de desarme en mayo, estalló estrepitosamente. No era lo que creían
que iba a suceder.
Hace casi tres semanas, una reunión privada, la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, describía satisfecha cómo estaban trabajando intensamente
con diferentes grupos armados para establecer mecanismos que restablecieran la
seguridad y se acabara la violencia. ¿Con grupos armados?, le preguntó su
interlocutor. “Hablamos con todos”, respondió. En el encuentro, el
subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, dijo que acababa de dialogar con
los grupos de autodefensa en La Huacana, donde había acordado la instalación
del parque industrial, y con la “Columna Armada Pedro J. Méndez”, en Villagrán,
Tamaulipas. “Pero ese grupo está ligado al Cártel del Golfo”, interrumpió el interlocutor.
“Ellos no son, sino una escisión”, dijo Peralta. “Inclusive me dieron las
órdenes de aprehensión contra ellos”.
Peralta tenía razón, pero a medias. De acuerdo con personas que conocen el
desarrollo de ese grupo, hace varios meses se fraccionó y la parte que dialogó
con el subsecretario se había alineado con Morena. Quienes rompieron con ellos
no se vincularon a ningún partido, por lo que, según las mismas fuentes, han
sido hostigados permanentemente. Ese grupo es encabezado por los Leales, Octavio
Leal Moncada, a quien apodan “El Tarzán” o “El Profe”, Cesáreo Leal Pérez, y
Eloy Flores Martínez, que usa el alias de “El Licenciado”. Sin embargo, la
escisión no redime de manera instantánea a quienes se acercaron a Morena, en
busca claramente de un certificado de impunidad a sus cuentas pendientes.
Es el mismo caso en La Huacana. Aunque el Cártel Jalisco Nueva Generación
difundió un video donde se desvinculó del grupo que privó de su libertad a los
soldados, no quiere decir que quienes lo hicieron estén libres de culpa o sean
inocentes. El ataque a los soldados se dio porque en un operativo decomisaron
fusiles de asalto, incluidas las mortíferas Barrett de 50 milímetros, de uso
exclusivo del Ejército y querían que se los regresaran—condición que se cumplió
para su liberación. En ese municipio, junto con los de Buenavista Tomatlán y
Tepalcaltepec, nacieron los grupos de autodefensa civil penetrados por el
cártel de las drogas, que desató la violencia incontenida en 2013 y 2014, que
sólo se pudo reducir temporalmente -en la otra cara de la historia-, por la
llegada de un comisionado para el Desarrollo y la Seguridad, Alfredo Castillo,
que actuó como procónsul. Castillo logró desarmar a quienes no eran parte del
crimen organizado, pero nunca se pudo hacer lo mismo con aquellos vinculados al
CJNG, con los que se llegó a un entendimiento
tras la liquidación de Los Caballeros
Templarios. El que los grupos de autodefensa no sean parte orgánica de los
cárteles, no los coloca del lado de la ley ni de actos criminales por los que
no tengan que pagar.
La falta de experiencia en el gobierno y de pericia en el manejo de
comunicación, provocó una nueva crisis donde no existía. El plan no era
desconocido en Palacio Nacional y la secretaria Sánchez Cordero hablaba con esa
confianza. Al explotar el tanque de dinamita sobre el que no se habían dado
cuenta estaban sentados, el presidente López Obrador se vio obligado al control
de daños. Desautorizó a Peralta y le pidió ajustarse a la Constitución y
ceñirse a las leyes. En el gabinete de seguridad de este miércoles se dio la
contra orden de mantenerse el diálogo con los grupos armados y expresó su
desacuerdo con el programa de los proyectos productivos. Es decir, reculó sobre
una política que él mismo estimuló.
Pero no está más. Es dialéctico rectificar. Su problema es más grande. El
gobierno del presidente Donald Trump ya lo tiene nuevamente en la mira. Lleva
casi un mes criticando al gobierno de López Obrador por tener una política más
enérgica para frenar el narcotráfico, y el secretario de Estado, Mike Pompeo,
ha sugerido que podrían certificar una vez más los esfuerzos del gobierno en
esa materia. Como en la migración, se está yendo de bruces el gobierno. A
diferencia de la actitud en el tema migratorio, el presidente está actuando con
mayor celeridad. No basta la retórica, pero es una buena oportunidad para
corregir o rediseñar la estrategia contra los criminales. Por ejemplo, que los
combata, que les cambie los incentivos, que no los apoye ni los tolere, aunque
esto se de por omisión y no necesariamente -esperemos-, por comisión.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
