ESTRICTAMENTE PERSONAL

Ajustan la estrategia de seguridad

Raymundo Riva Palacio

La captura en Estados Unidos del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le abrió un enorme e inesperado espacio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el 17 de octubre, cuando sucedió el culiacanazo, había perdido su magia por la mala estrategia en el combate a los cárteles de la droga. La caída de García Luna proporcionó la excusa ideal. “Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad del pasado”, escribió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en su cuenta de Twitter. “La detención… la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de (Felipe) Calderón al Cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia”.

Los datos no le dan la razón al secretario Durazo, pero eso no es lo importante en este momento. Tampoco la narrativa política para justificar el fracaso del gobierno en el combate a los cárteles de la droga, ni la política laxa que ha llevado a México a una Pax Narca. Menos aún la discusión sobre García Luna, que deberá defenderse ante las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn y probar que las imputaciones son falsas. Lo que es importante, porque apunta en la dirección correcta, es lo que sucedió en las vísperas, un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para ajustar la estrategia de seguridad.

La visita del procurador general estadounidense, William Barr, la semana pasada a México, y su plática con López Obrador, selló ese acuerdo. Los detalles permanecen ambiguos, perdidos en los espacios de opinión pública. Un comunicado del Departamento de Justicia, indicó que Barr había discutido con el gobierno mexicano el combate a las organizaciones criminales trasnacionales, y un fortalecimiento en la cooperación bilateral para llevarlas a tribunales. El comunicado del gobierno mexicano aportó un dato adicional, al informar que se reforzaría el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, integrado en agosto pasado sin que hubiera dado señales de vida.

Los acuerdos a los que llegó Barr con el gobierno de México hicieron que el presidente Donald Trump se desistiera de clasificar a los cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas. Reactivar un grupo de coordinación bilateral no habría sido suficiente para que reculara Trump, pero frente a la vorágine de información sobre las negociaciones de último minuto del acuerdo comercial norteamericano, nadie reparó en ello. La postura de Barr, como todas las que han mantenido en situaciones críticas con el gobierno de López Obrador, fue inflexible.

El presidente había anticipado pocas horas antes de recibir al procurador, que analizarían un documento que iba a presentar. El plan que llevó Barr tenía una exigencia, la de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, y trabajar conjuntamente con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General, para combatir a los cárteles de la droga. Abrazos no, y balazos cuando fuera necesario para someter a las organizaciones criminales. No importaría el discurso que quisieran usar el presidente y el gabinete de seguridad, porque en todo caso sí se haría el ajuste exigido por Trump para impedir que su amenaza se concretara.

No esperaríamos un cambio de narrativa. Si López Obrador la pudo mantener, aunque con gran desgaste, en los momentos más difíciles de su gobierno en la materia, el culiacanazo y la matanza de la familia Le Barón, tras la captura de García Luna, de la cual fue notificado el gobierno mexicano pero no fue producto de una negociación, esa retórica le podrá dar frutos renovados y fortaleza política. Para efecto de la seguridad de los mexicanos, no importa. La pusilanimidad ante las organizaciones criminales y la pérdida de Estado ante su violencia, tendrá un corrector que en un principio difícilmente se verá, pero que deberá funcionar.

Lo fundamental es detener el avance territorial de los cárteles y la colonización de las instituciones. Previamente a la visita de Barr, pero tras la experiencia de Culiacán, se reactivaron diversos sistemas de inteligencia en el viejo Cisen, llamado actualmente Central Nacional de Inteligencia, que fueron apagados al llegar el gobierno de López Obrador. Igualmente, se ha comenzado a recuperar inteligencia y equipos tácticos de la Marina para trabajar en el desmantelamiento de las bandas criminales en la Ciudad de México. Un reciente trabajo en ese sentido, de acuerdo con funcionarios federales, permitió que volvieran a acercarse a José Antonio Yépez, El Marro, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, renaciendo la posibilidad de que capturen al rey del huachicoleo en El Bajío.

Aunque producto de un desastre y tragedias, lo que está sucediendo por fuera del escrutinio público en materia de seguridad, es positivo. La rectificación que se está haciendo ayudará al gobierno a ir recuperando la paz, aunque ciertamente, pronto, si se empieza a confrontar a los cárteles de la droga, se empezarán a notar bajas en las fuerzas federales. Sólo no combatiendo se evitan víctimas en el Ejército y la Guardia Nacional. Sólo enfrentándolos, la promesa de recuperar la paz y la tranquilidad nacional, de mantener la nueva estrategia, va a ser una realidad.

Tras el respiro que le dará a la economía la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, frenar el alza de los índices delictivos y el incremento de homicidios dolosos, debe ser el siguiente objetivo. López Obrador no perderá cara. Sólo necesita no a empatar en términos definitivos su discurso y la narrativa sobre el fenómeno, con las acciones. El presidente ha demostrado su pragmatismo y que está dispuesto a tomar riesgos aun mediante políticas en las que ideológicamente no cree. Enfrentar criminales es una de ellas, y lo que está haciendo es encomiable.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Necesario, rastrillar camino al Capricho del Rey

ELIUTH ESPINOZA

El camino de terracería al Capricho del Rey, en la colonia y playa La Ropa, debe ser rastrillado antes de que comiencen las vacaciones de fin de año.

A escasos días del arranque oficial del receso escolar de fin de año, el también concurrido acceso por tierra a playa Las Gatas, presenta enormes agujeros.

Por el lugar caminan, y transitan a diario en vehículos particulares, turistas nacionales y extranjeros. Por lo que al presentar estos hoyos, y ser muy reducido, con regulares embotellamientos en temporada alta, el camino se podría convertir en una fuente de quejas en las siguientes semanas.

En tanto, nuevas invasiones a zona federal de mangle en La Ropa, para la venta de alimentos provenientes del mar, son consideradas competencia desleal por restauranteros y colonos.

Se trata de los negocios semifijos de mariscos ubicados sobre el camino de terracería a la zona mejor conocida como el capricho del Rey.

Los cuales han rellenado y colocado decks de madera en terrenos ganados al mar, con presencia de flora nativa a los costados, tal es el caso del mangle botoncillo, característico de esta zona del país.

Consultados dos restauranteros y colonos de la zona turístico-residencial, expresan que los establecimientos son ilegales, además de carecer de tomas de luz y agua.

En promedio, los locales tienen una capacidad para 10 mesas, además de la venta en playa.

“Está mal eso, ellos empezaron hace tiempo ahí, buscaron la manera de gestionar un permio”, comentaron este miércoles para Despertar de la Costa.

“Hablamos a Desarrollo Urbano, nos dijeron que se tenía que abordar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Es una incongruencia urbana, ya que si hay inconformidad, no procede, comentaron, carecen de certificados de higiene y regulación sanitaria.

Con policías cierran predio donde pretenden instalar antena

Eliut Patiño Alcaraz

Este miércoles elementos de la Policía Municipal y Estatal bajo presuntas órdenes del gobierno municipal cerraron el predio supuestamente propiedad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ), donde se pretende instalar una antena de telecomunicaciones de la compañía Telcel y que durante años ha sido la servidumbre de paso no oficial de los vecinos de la colonia Lomas Diamante, por lo que se generó un conflicto entre uniformados y habitantes. 

Desde las 09:00 horas el personal contratado por la empresa privada para instalar la antena de telecomunicaciones llegó acompañada de la Policía Municipal para comenzar con sus trabajos, posteriormente arribó una patrulla de la Policía Estatal, por lo que inmediatamente los vecinos se hicieron presentes para impedir que se llevaran a cabo los trabajos, pero los uniformados fijaron bloquearon los accesos al predio para no permitir que nadie entrara o saliera, a excepción de los trabajadores. 

En entrevista, el vecino de la colonia Lomas Diamante, Santos Torres Gutiérrez, reprochó que el gobierno municipal está siendo arbitrario, al no cumplir el trato de palabra que hizo el Secretario General, Juan Manuel Juárez Meza que hizo con los inconformes el pasado 4 de diciembre, donde les dijo que se iba a cerrar el lugar hasta que buscaran una servidumbre de paso oficial y ahora, simplemente les bloquean el acceso para permitir que se haga la antena sin demostrarles la autenticidad de que es propiedad de Capaz, porque aseguró que el Ejido de Agua de Correa, ya fijó una postura ante la situación. 

En más de una ocasión se dieron discusiones subidas de tono, una cuando los policías no le permitieron salir ni entrar a una señora, otra más cuando menores de edad que acaban de salir de la escuela intentaban regresar a sus viviendas pero los uniformados mantuvieron su postura de no moverse de los accesos. 

Los vecinos, expresaron que sin esa “pasadera” tienen que caminar más de un kilómetro, por ello es que ahora su petición además de no instalar la antena, es entablar diálogo con las autoridades municipales para buscar una servidumbre de paso. Sin embargo hasta el cierre de esta edición ningún funcionario del gobierno de Jorge Sánchez Allec, se hizo presente. 

Vuelven a aguas de Zihuatanejo barcos foráneos de pesca

ELIUTH ESPINOZA

En los últimos días regresaron al litoral costero del municipio, los barcos atuneros y camaroneros de otras entidades del país, poniendo en riesgo la producción local, denunció Elio Orbe Solis, representante de la Federación de Cooperativas Pesqueras y Acuícola de Zihuatanejo.

Consultado sobre la producción de pescado, dijo este miércoles en la Unidad Deportiva que hasta ahora está muy bien, pero por desgracia “la situación económica que estamos pasando nos deja con ventas muy bajas”.

Consideró que hay pesca “está saliendo un poco de todo por las temperaturas templadas del agua; entrando el agua fría, especies como el cocinero y el ronco se retiran, pero nos queda el pescado rojo que es el más comercial”, asegura.

Orbe dijo que a pesar de las buenas expectativas, lo que preocupa es el regreso de barcos atuneros en las costas, para ese problema la solución rápida es que las instancias correspondientes atiendan el llamado, “autoridades estatales y federales”.

El pescador detalló que las embarcaciones de gran calado capturan especies en los bancos en los que los ribereños pescan, situación que los afecta directamente, “si son saqueados de esa manera, al rato no vamos a tener producto para ofrecerle al pueblo ni al cliente que nos visita” .

Luego de ausentarse por este año, los barcos camaroneros regresaron desde hace un mes, Orbe dijo que ante la presencia “se les pidió de favor que se retiraran, pero al parecer ya son otros barcos”.

Por el regreso de las embarcaciones dijo que se han acercado presidentes de Cooperativas y Federaciones Pesqueras, para ver qué se puede hacer, “nos gustaría que nuestras autoridades actúen como se debe para que protejan las áreas de pesca que el sector frecuenta a diario; se ocupa hacer recorridos en zonas de bajerías, y áreas que estamos ocupando”.

A los locales les afecta que los barcos grandes traen máquinas y radares de alta calidad, tecnología con la que no cuenta el ribereño. Las afectaciones no solo son económicas para el sector, ya que en lo ambiental repercute porque hacen arrastres que afectan flora y fauna marina de la región, además del sustento de los pescadores locales.

Por el cambio de gobierno federal, dijo Orbe hay la incertidumbre porque todavía no se asientan bien las bases con las que van a trabajar, “estamos a la espera de esa información para saber cómo vamos a entrarle a la solicitud de apoyos. Ojalá y que se hagan a mayor escala para el beneficio de más gente” .

Al final expuso que el gobierno federal debe prohibir el ingreso de camaroneros del norte del país pero sin “descobijarlos” y a la vez mandar recursos para “el sur sureste” en mayor proporción, como lo refiere en su discurso.

Familiares de damnificados por amoniaco toman caseta Feliciano

Eliut Patiño Alcaraz

Familiares de las personas afectadas por el derramamiento de 40 mil litros de amoniaco tras la volcadura del tractocamión de la empresa SIMSA sobre la autopista Siglo XXI en territorio guerrerense tomaron la caseta de cobro Feliciano, en el municipio de La Unión, pidieron apoyo económico a los automovilistas para cubrir los gastos médicos de las más de 40 personas intoxicadas que aún no han recibido atención.

En entrevista, el señor Delfino Solano Bustos originario de la comunidad El Pinzan, municipio de La Unión y hermano de uno de los fallecidos, declaró que hay muchas personas que no han sido atendidas, porque desde la mañana del sábado 7, un día después del incidente, los desalojaron del Hospital General de Lázaro Cárdenas, Michoacán presuntamente para evitar más intoxicaciones a otros pacientes, sin importar que muchos todavía presentaban síntomas de vómito, diarrea, ardor de piel y ojos, entre otros malestares. 

Entre los relatos, la gente cuenta que cada vez son más las personas que son trasladadas a hospitales porque las autoridades federales ni la empresa SIMSA o su aseguradora Quálitas se han preocupado por brindar atención médica, expresaron que lo primero que hicieron fue buscar a los familiares de los fallecidos para que les otorgaran el perdón con engaños, pero a excepción de eso, la atención que han recibido, incluso por los mismos hospitales michoacanos ha sido ineficiente.

La preocupación de los vecinos de las comunidades El Pinzán, La Compuerta y La Garita, municipio de La Unión, así como de Infiernillo, municipio de Arteaga, Michoacán es la presencia del amoniaco en la zona, pues lamentan que han muerto más de 100 animales, incluso la vegetación se ha secado por la misma razón, por lo que exigen a las autoridades del gobierno del Estado de Guerrero y la federación, que hagan un impacto ambiental y demás estudios pertinentes para sanear el agua y el ambiente, porque recientemente se les prohibió pescar por dos meses, cuando la mayor parte de los habitantes sobreviven de esa actividad. 

A la protesta, arribó un representante del gobierno del Estado de Guerrero, Antonio Reyes Pascacio y el regidor de Salud del municipio de La Unión, Omar Torres Rosas, quienes hablaron con los manifestantes y extendieron su apoyo para brindarles despensas, alimentos y otros insumos, así como asesorías jurídicas para conseguir que la empresa Quálitas indemnice a los afectados. Sin embargo fueron claros en decir, que de momento únicamente se podían hacer cargo de los guerrerenses por cuestiones legales, pero harían lo que esté en sus manos para apoyar a la gente de Infiernillo, que también necesitan ayuda y que reprochan que su gobernador, Silvano Aureoles Conejo no se ha hecho presente. 

Poco turismo en playas, pese a constantes vuelos internacionales

Blanca Mares

Pese a los vuelos charter que vienen desde Canadá y de Estados Unidos, las playas del municipio lucen casi vacías, por lo que restauranteros temen esta temporada pueda ser más baja que en años pasados.

Doña Isabel, trabajadora de restaurante en playa La Ropa, comentó: “En años anteriores se veía más turismo norteamericano, canadiense y hasta europeo, pero como han salido noticias negativas sobre la violencia que se vive en México, muchos prefieren no venir a Guerrero, sobre todo porque desde la aduana de sus países, les dan la recomendación para que no vengan, cosa que nos está afectando a todos los que vivimos en los destinos turísticos, pues nuestra fuente de ingresos son ellos”.

Otros trabajadores del sector hotelero,como Leticia Ortega trabajadora de un conocido hotel de Ixtapa dijo: “En el caso de hoteles como este, que son cadenas internacionales, podemos decir que no tenemos tanta afectación, es decir, sí baja también la ocupación pero no de forma dramática, ya que nosotros ofrecemos paquetes convenientes para los visitantes, pero sobre todo la seguridad de que dentro de nuestras instalaciones y en la zona de playa estarán seguros, sin embargo esto a veces no es suficiente para el turista extranjero”.

Al intentar abordar a Jesus Gallegos Galván Director de Turismo Municipal para tener su opinión en referencia al tema, no logramos tener contacto con él.

Padres de familia cierran Cbta de La Unión

Eliut Patiño Alcaraz

Padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) Número 177 cerraron el plantel para exigir a las autoridades del subsistema una explicación del por qué suspendieron por 10 años al profesor e Ingeniero Agrónomo Agropecuario, Amado Rodríguez Pantaleón; aseguran que el motivo que exponen, no amerita el castigo asignado. 

Alrededor de las 07:00 horas de este miércoles, los padres se apoderaron del plantel y pegaron una pancarta donde se lee: “Lic. Fernando Cajeme Bojorquez Cardoso, director general de la UEMSTAYCM. Los padres de familia del C. B. T. A. No. 177 exigimos: la reinstalación total, pago total de salarios pendientes y respeto a los derechos laborales del Ing. Amado Rodríguez Pantaleón. Los padres de familia de esta escuela le reconocemos su trayectoria profesional como profesor de nuestros hijos y fundador de esta escuela”. 

En entrevista, el secretario del comité de padres de familia, Jorge Navarrete Mastache, dijo que piden la reinstalación de Rodríguez Pantaleón, quien fue deshabilitado para la docencia a través de una notificación oficial de las autoridades del subsistema por haber puesto una fotocopiadora al interior del plantel, lo que fue considerado una falta grave por la que quedó 10 años suspendido de su trabajo como profesor en el CBTa. 

De acuerdo a los padres, Amado Rodríguez, tiene 35 años de antigüedad, además es fundador del plantel y sin dejar de lado que tiene 40 horas en las que imparte clases relacionadas a su profesión, por ello es que los tutores exigen a Fernando Cajeme Bojorquez Cardoso una explicación, porque consideran que una fotocopiadora no es una falta “tan grave como para dejarlo 10 años sin trabajar en el CBTa”. 

En la notificación oficial, se habla de la instalación de una papelería al interior del CBTa pero los padres aseguran que es completamente falso solo es una fotocopiadora por lo que aseguran que todo fue “plan con maña de sus mismos compañeros”. 

Gobernador Astudillo formaliza entrega de vehículos a presidente Jorge Sánchez Allec

*Un autobús, dos camionetas y 3 autos compactos

Al encabezar este miércoles una reunión en las canchas techadas de la Unidad Deportiva municipal, donde entregó apoyos a pescadores y ganaderos de la Costa Grande, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, formalizó la donación  de seis vehículos al Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, cuyas llaves puso en manos del presidente Jorge Sánchez Allec.

Se trata de un autobús nuevo que el alcalde Sánchez Allec gestionó para apoyar a los deportistas locales cuando tengan que salir a representar a Zihuatanejo fuera del municipio, así como dos camionetas y tres autos compactos que se pondrán a disposición de dependencias del gobierno municipal para su uso oficial.

En su mensaje de bienvenida al Ejecutivo estatal, el presidente Jorge Sánchez Allec agradeció esta nueva visita de Astudillo Flores, “quien una vez más trae buenas noticias y apoyos a nuestros paisanos pescadores ribereños y productores del campo,  que casi siempre son los más afectados de fenómenos climatológicos”.

Sobre la donación del autobús, dijo sentirse agradecido con el mandatario guerrerense, “porque en primer lugar el gobernador Héctor Astudillo me ha ayudado a cumplir un sueño, un sueño que como presidente municipal y durante la campaña yo hablé con muchos deportistas, con muchos artistas, con mucha gente que tiene talento en Zihuatanejo, y que desafortunadamente, siempre que había eventos, andaban buscando la manera de juntar un dinerito para poder salir”.

Por su parte el gobernador Héctor Astudillo Flores, después de estimar que  en el periodo vacacional de fin de año vendrán a Guerrero más de un millón 100 mil turistas, y afirmar que Ixtapa-Zihuatanejo es el segundo destino turístico más visitado en el estado, sostuvo que “el presidente municipal ha hecho todo para tener este camión y estos vehículos que hoy me ha permitido entregar”.

Ofreció regresar a Zihuatanejo antes de Año Nuevo “para ver cómo están las cosas del turismo aquí”, al tiempo de expresar su deseo de que la temporada decembrina sea de acercamiento y de fortalecimiento afectivo para todas las familias de esta parte de la región Costa Grande de Guerrero.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

García Luna, ¿primero en la lista?

Raymundo Riva Palacio

El martes, una noticia opacó el final de la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá: agentes federales habían detenido en los suburbios de Dallas a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. El fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde se juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, lo acusó de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa y de conspiración con el narcotráfico.

Donoghue dijo que era por lo que se había señalado en su contra en la Corte de Brooklyn y en otros tribunales. Es decir, la acusación no sólo se sustentaba en lo que esa fiscalía había investigado, sino en testimonios de diferentes cortes. Sin embargo, el fiscal dejó entrever que una parte importante de la acusación se había hecho durante el juicio de El Chapo Guzmán. La hizo Jesús Zambada, apodado El Rey, hermano del jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en una declaración ante el Gran Jurado, que se usó en Brooklyn.

En el quinto día del juicio, su abogado recordó que Zambada, que no quiso ratificar ante ese tribunal su declaración por el riesgo de no poderla respaldar con pruebas y perder su calidad de “testigo protegido”, había afirmado que le entregó una maleta a García Luna en un restaurante con tres millones de dólares -que caben en tres cajas si los billetes de 100 dólares-, a nombre de su hermano. Un despacho del corresponsal de la agencia Reuters, detalló más imputaciones:

“Un testigo en el juicio sobre la acusación de tráfico de drogas en Estados Unidos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, testificó que pagó un soborno multimillonario a un subordinado del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en 2005. El vocero de López Obrador no respondió inmediatamente la llamada, ni el mensaje de texto en busca de su comentario… Zambada dijo que pagó ‘unos cuantos millones’ de dólares a un funcionario del gobierno de la Ciudad de México mientras López Obrador era jefe de gobierno, porque creía en ese momento que iba a convertirse en el próximo secretario de Seguridad Pública”.

En enero, dentro del mismo juicio, Alex Cifuentes, quien se identificó como secretario personal de Guzmán a finales de la década pasada, testificó que le había pagado un soborno de 100 millones de dólares al ex presidente Enrique Peña Nieto en 2012. Otros nombres de personas relevantes en México empezaron a salir, como el del ex presidente Felipe Calderón, a quien los testigos protegidos acusaron también de recibir dinero del narcotráfico, que llevó a la Casa Blanca a solicitar al juez que aquello que no tuviera sustento ni fuera motivo del juicio, no se hiciera público. Pero el batidero estaba hecho. Gobernadores, políticos, militares y policías aparecieron durante el juicio como parte de lo que se dibujó como una corrupción sistémica en México.

En una columna publicada a mediados de noviembre del año pasado, se señaló que si todas las afirmaciones que hizo El Rey Zambada fueran ciertas, desde hace décadas México sería un narcoestado. Pero eran tan extraordinarias las imputaciones, que pese a no haberlas ratificado en la Corte, habría que preguntarse qué estaba persiguiendo la Fiscalía en Brooklyn, y continúa buscando, al seguir utilizándolas en otros casos. La acusación de Zambada no era nueva. La hizo por primera vez tras ser detenido en 2008, cuando señaló que García Luna y su equipo, que trabajaban en el desmantelamiento del Cártel de Sinaloa, habían recibido dinero del Cártel de Sinaloa.

El entonces procurador, Eduardo Medina Mora, buscó evidencias contra García Luna, sin encontrar alguna, pero a un miembro clave de su equipo, el comisionado de la Policía Federal, Gerardo Garay, apoyado en una declaración de Edgardo Bayardo, un mando medio de la Policía Federal detenido por García Luna al comprobársele que recibía 25 mil dólares mensuales del Cártel que convirtió en testigo protegido, lo metió a la cárcel. Cuatro años después, Garay fue exonerado de todas las acusaciones.

Zambada fue extraditado a Estados Unidos y se convirtió en uno de los testigos importantes en el juicio contra Guzmán, que como se publicó hace más de un año, tenía un alcance mayor. Todo el Estado mexicano fue puesto a juicio en Brooklyn, y las imputaciones de Zambada, contra lo que se propuso en esta columna, no se tomaron con cuidado por los antecedentes sobre la calidad de los testigos protegidos, y el daño reputacional que hacían.  

Un testigo protegido de la DEA acusó a Manuel Bartlett, ex secretario de Gobernación, de haber estado involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y pese a que años después se desmoronaron todas sus imputaciones, el daño quedó sobre el actual director de la Comisión Federal de Seguridad. Dos testigos protegidos de la DEA acusaron a Raúl Salinas de recibir dinero del narcotráfico, y sin importar que fueron expulsados del programa porque nunca pudieron probar las imputaciones, la mancha quedó sobre el hermano del ex presidente.

Hoy, una vez más, los fiscales en Estados Unidos le dan credibilidad a un testigo protegido. García Luna es la primera víctima del Estado mexicano del juicio contra Guzmán. Ya deberá probar la Fiscalía la solidez de su caso, y si es contundente, la lista que sigue incluye a Peña Nieto y a Calderón, junto con personas vinculadas al gobierno de López Obrador. Haber pactado con Estados Unidos el nuevo esquema de seguridad -del que se hablará más adelante-, no blinda al presidente de un ataque futuro; que no se le olvide La captura del ex secretario, laureado, reconocido y muy aplaudido por los estadounidenses, es el mejor ejemplo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa     

Se moviliza Protección Civil por incendio de pastizales

ELEAZAR ARZATE MORALES

El personal de Protección Civil del estado se movilizó por el incendio en la colonia Entronque de Ixtapa, a unos 100 metros de la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas.

Fue después del mediodía del martes que los rescatistas se trasladaron a sofocar el incendio que avanzaba rápido por la gran cantidad de aire que había en ese momento.

Los uniformados utilizaron bombas aspersoras, rastrillos y palas para apagar las llamas que alcanzaron a consumir una hectárea de pastizales y que por poco alcanza una zona de viviendas.

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