Categoría: Zihuatanejo

¿Le cree al Presidente?

Raymundo Riva Palacio

Treinta y seis horas después de que el líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso convertir al INEGI en un comisario político y fiscalizador del patrimonio y bienes privados, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a apagar el fuego. No es conveniente, zanjó en Palacio Nacional, para eliminar un horizonte de impuestos patrimoniales y expropiaciones –como diseñó o ejecutó el presidente José López Portillo por una crisis económica que él mismo provocó-, generó una dura crítica por la intencionalidad del partido en el poder, en un momento en que tendría que estar evitando el conflicto permanente para salir de la emergencia sanitaria y enfrentar la catástrofe económica con un consenso nacional.

Ramírez Cuéllar es un político inteligente, usualmente sensato –como describió el director de El Financiero, Enrique Quintana-, y que como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados había luchado contra los emisarios del Presidente en la negociación presupuestal, para no deshidratar por completo el corpus del sector público en aras de la dogmática austeridad López Obrador. Cuidadoso, Ramírez Cuéllar no es ningún suicida. Por esto mismo, no es creíble que haya sido una iniciativa sin inducción presidencial.

La comunicación entre los líderes de Morena en las cámaras con Palacio Nacional ha sido fluida, pero en ocasiones difícil. En el Senado, Ricardo Monreal ha tenido que enfrentar los ataques de personas radicales y muy próximas a López Obrador, y necesitado discutir personalmente con el presidente los asuntos que le interesan para analizar su viabilidad y factibilidad. Ramírez Cuéllar, sin ese acceso y poder, pudo ayudar a sectores populares que iban a ser masacrados en el presupuesto. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, es otra cosa. En privado admite los riesgos que se están construyendo con las ocurrencias de Palacio Nacional, pero en público es genuflexo. Sólo Monreal ha llegado a actuar con rangos de autonomía y le ha costado. Ramírez Cuéllar no, pero ha pataleado.

El manifiesto de Ramírez Cuéllar contiene elementos en los que no está hoy el pensamiento de López Obrador, como una reforma fiscal y un Consejo Fiscal autónomo para evaluar las políticas del gobierno, pero en lo general refleja las fijaciones ideológicas del Presidente, particularmente su animadversión contra los empresarios y sus deseos de venganza, que transpira cotidianamente contra ese gremio, que considera, fue cómplice de gobiernos “neoliberales”, chuparon recursos públicos por décadas, fueron avaros y se enriquecieron sin compensar a las clases más desprotegidas. No hay filtros ni excepciones en las palabras de López Obrador. Inclusive del magnate Carlos Slim, a quien está utilizando –y el empresario se deja utilizar a cambio de contratos-, se ha llegado a expresar en privado de manera soez, midiendo su fuerza superior al del multimillonario.

En su tarea de bombero político, López Obrador dijo que “no es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tiene”, como deberían de hacerse las cosas. Las palabras se oyen equilibradas y prudentes. Hacer de la propiedad privada y el patrimonio un ejercicio bianual público, es llamar al linchamiento, cuando prácticamente todos los días López Obrador utiliza el atril de Palacio Nacional para lanzar sermones condenatorios de empresarios. Hizo del mercado de la oferta y la demanda en las gasolineras, un ejercicio semanal para lapidar a las gasolineras que cobraran más el litro de combustible, sugiriendo corrupción y abuso. Hizo escarnio público y condena de las empresas que despidieron trabajadores ante la profundización de la crisis económica, a los que llamó no solidarios. 

Sin contexto ni explicación, fustiga todo el tiempo al sector privado, generaliza, homogeniza industrias, personas, omite circunstancias y contextos, y tiempos. Todo el sector es abusivo y obligó al gobierno a firmar contratos leoninos dice, y eso se acabó, afirma, porque era cosa del pasado neoliberal, neoporfirista y corrupto. Hoy son diferentes. Y como lo son, aniquilará todo lo que representa ese pasado. 

Sus palabras conciliatorias del martes son un placebo efímero. El presidente miente y engaña cotidianamente sin pudor alguno ni rectificación posible. No es que no se de cuenta, pero hacerlo debilitaría la narrativa de la cuarta transformación, que con base en ardides y falsedades, de propaganda y semiótica, mantiene todavía el consenso para gobernar. La pregunta abierta es si le cree la sociedad al Presidente.

Si uno se atiene a la aprobación de López Obrador en las encuestas y no se mete a revisar los atributos de su conducción, 6 de cada 10 personas sí le creen al Presidente. En el otro campo hay un grupo significativamente menor que no le cree. SPIN, Taller de Comunicación Política, que ha llevado el registro cuantitativo y cualitativo de las comparecencias públicas diarias de López Obrador, tiene registrado hasta el 15 de mayo, con 365 mañaneras a cuestas, 26 mil 161 “afirmaciones no verdaderas”, como su director, Luis Estrada, identifica falsedades claras -como que México se fundó hace 10 mil años, casi al final de la Edad de Piedra-, o afirmaciones que no son verificables –como que todo el pueblo es bueno-.

Creerle o no al Presidente se ha convertido en un acto de fe, por un lado, y de contraste con la evidencia por el otro. No hay punto medio en el México polarizado. ¿Usted le cree López Obrador? La estadística de SPIN registra 71.6 “afirmaciones no verdaderas” en cada mañanera. Pero en un país con superávit de inteligencia emocional y profunda fe en él, la seducción persiste y oculta los engaños. La inteligencia racional está en cuarentena, en espera –si llega-, el choque con la realidad, que alineará en uno o en otro sentido, la credibilidad en el Presidente. Pero cuando eso suceda, López Obrador no cambiará, ni rectificará el rumbo. Para saberlo no se necesita fe, sino memoria.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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El camino a las expropiaciones

Raymundo Riva Palacio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se está radicalizando. Al mismo tiempo, apura su proyecto endogámico. En tres días se dieron tres acciones en ráfaga que, si de manera individual son preocupantes, vistas en su conjunto configuran una amenaza para millones de mexicanos. Las acciones violentan el Estado de Derecho que dice defender, y pretende abolir eventualmente la propiedad privada –protegida por los artículos 14 y 27 constitucionales-, bajo la premisa lópezobradorista que el Estado dejará de ser “gestor de oportunidades”, y se convertirá en “garante de derechos”. 

Los derechos para el presidente tienen que ver con la justicia, no con la aplicación de la ley, por lo que garantizarlos, en su racional, es subjetivo, discrecional y sujeto a fobias. Pese a que no ha terminado de arrasar los contrapesos, la posibilidad de que reoriente a la nación bajo esas líneas, es enorme. El rumbo ideológico que sigue López Obrador está definido en un párrafo en la página 22 del ensayo que publicó el sábado sobre su política económica, para “desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del mero crecimiento”. 

“Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y la riqueza”, subrayó. Los conceptos no son lo mismo, pero los vincula para enterrar la medición del crecimiento mediante el Producto Interno Bruto, cuando al empezar a ver decrecimientos y rozar el cero por ciento, contra el 2% prometido para este año, se deshizo de ese criterio con la intención quizás que el costo del fracaso de su política económica no se le transfiriera a su imagen personal, sobre la cual descansa el proyecto de gobierno. 

El PIB mide la productividad de una sociedad, la distribución de la riqueza permite la evaluación sobre la desigualdad económica, que eventualmente ayuda a diseñar políticas públicas para frenarla o erradicarla. La distribución del ingreso permite ver la relación entre la población y el ingreso nacional, y la aportación que cada individuo o empresa aporta a la generación de valor. López Obrador no aclaró a qué se refería específicamente al incorporar la distribución del ingreso como una de sus variables fundamentales en la política económica de su régimen, ni qué pensaba hacer. Pero hubo una sincronización con Morena, su partido, que esboza el propósito.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, propuso dotar al INEGI de facultades constitucionales para medir la riqueza en el país. “Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada”, destacó. “Ya no se trata de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”. Las dos se miden ya, mediante el Coeficiente de Gini, pero no es un error de Ramírez Cuéllar. La intención sugiere objetivos ulteriores.

Su premisa, cuando habla de una riqueza “inobservada”, es que hay ingresos ocultos y, por tanto, de procedencia ilícita, por lo cual plantea que el INEGI tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria para que pueda ver la información financiera y bursátil de las personas. “El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”. 

Quiere modificar el sistema jurídico para que la fiscalización con fines de hacerla pública la haga un órgano autónomo, no el gobierno, que hoy en día tiene toda esa información, obligado por la ley para mantenerla privada, con fines recaudatorios. La propiedad privada llevada al campo de la política, la polarización, y el  linchamiento. Por lo mismo, se puede argumentar, para crear condiciones para expropiaciones en un nuevo entorno nacional donde el Estado sea “garante de derechos”.

La temporada de caza sobre el sector privado está abierta, en varios campos. En menos de tres semanas López Obrador también se ha referido a las Afores, cuyos más de cinco billones de pesos son manejados por los bancos privados. El presidente ha tenido la tentación de meterse en ellas y jalarlas para disponer de  más recursos, pero las condiciones no se le habían presentado hasta la actual crisis del coronavirus, que le dio el espacio para insistir que tras la emergencia sanitaria, buscará una solución a lo que se hizo “en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros”. A buen entendedor pocas palabras. Desde finales de abril, el diputado de Morena, Edelmiro Santiago, propuso reformar la ley para que sea el Banco del Bienestar quien administre las Afores.

López Obrador quiere construir un Estado de bienestar a la mexicana, que proteja a los pobres de las desigualdades sociales, desventajas “y otras calamidades”. El planteamiento es política, social y éticamente correcto, pero la medicina para hacerlo es lo que genera preocupación. En su propuesta, Ramírez Cuéllar le vuelve a dar sentido al todo. Ese Estado de bienestar, como lo concibe López Obrador, quiere que quede plasmado en la Constitución, que de certeza “de lo que será la nueva normalidad”.

Esa “nueva normalidad” la estamos viendo: las leyes actuales no sirven y hay que cambiarlas. Mientras eso sucede con un Congreso a modo, se violan, como sucedió con el decretazo del viernes que elimina la inversión privada en energías limpias. Por medio de la  ilegalidad y de la amenaza se va construyendo el Estado de bienestar tropical. Los órganos reguladores son hostigados hasta que se colonizan, porque como los medios, sometidos a ataque sistemático, también representan una molestia para López Obrador. Ramírez Cuéllar añadió cuerpo a la meta presidencial: un Acuerdo Nacional y de Solidaridad, tutelado, excluyente y represor. Las semillas del nuevo México, están plantadas. 

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