Farsantes en el Senado
Raymundo Riva Palacio
El Senado discutió el martes
la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, solicitada por
el PAN contra un gobierno de Morena, y por Morena contra dos gobiernos del PAN.
La justificación en los tres casos es por los altos índices de criminalidad y
la falta de respuestas adecuadas por parte de las autoridades. Todo esto es una
farsa. Están jugando con espejos para disfrazar sus vendettas políticas, como
parte de una lucha ratonera entre dos fuerzas que avanzan rápidamente a una
confrontación total. Es un juego que no está claro dónde va a terminar y cuánto
durará su pretensión de engañar a todos.
Los revanchismos sobre esos gobiernos
tienen que ver con temas que rebasan por mucho el de la seguridad, el pretexto
para destituir a Diego Sinhue Rodríguez en Guanajuato, Cuitláhuac García en
Veracruz, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Los panistas
fueron tras la cabeza del gobernador de Veracruz tras la destitución forzada
del ex fiscal, Jorge Winkler, que había nombrado el ex gobernador panista
Miguel Ángel Yunes. La acción contra el de Tamaulipas se dio como respuesta a
una presunta ejecución de ocho personas por parte de policías estatales en
Nuevo Laredo. Y contra el guanajuatense, la joya económica del PAN,
aprovechando el hecho que el robo de combustible no ha podido ser controlado. Las
razones, sin embargo, no se sostienen.
De acuerdo con el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, esas tres entidades están muy lejos de estar
entre las más violentas del país. Guanajuato se encuentra en el lugar nueve
(mil 542 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes entre enero y agosto),
Tamaulipas figuras en el 21 (792 homicidios dolosos), y Veracruz está en el 28
(407). Si los senadores y senadoras estuvieran realmente preocupados por la
seguridad, serían otras las entidades en donde pondrían el ojo: Colima, el más
violento, con dos mil 315 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes;
Querétaro que ha tenido mil 995; Aguascalientes, con mil 917; la Ciudad de
México con mil 874; y Baja California, con mil 882. En Veracruz se dio la mitad
de las víctimas de delitos que en la Ciudad de México, pero el énfasis está en
Cuitláhuac García, no en Claudia Sheinbaum. Ese realmente no es el problema de
fondo.
Al pretexto balín que
anteponen, se suman lecturas incorrectas de la Constitución. Para uno de los
más reconocidos constitucionalistas, el maestro Elisur Arteaga, “las amenazas
de los panistas y morenistas son simples bravatas, (y) están encaminadas a
producir ruido. No van más allá”. Arteaga ha explicado y documentado como de
acuerdo con el artículo 76 fracción V de la Constitución, el Senado no puede
desaparecer los poderes en las entidades. “A lo que lo faculta ese precepto es
simplemente a certificar la desaparición de los poderes, cuando realmente no
existen, y a declarar, con vista a esa certificación, que es llegado el caso de
designar gobernador provisional”, abundó.
“La aprobación de la
certificación de haber sido desaparecido por poderes de una entidad, se hace
por el voto de más de la mitad de los senadores presentes, lo que significa que
los panistas, ni contando con el voto de los priistas y los perredistas,
podrían lograrla. Los senadores de Morena, si bien pudieran contar con los
votos necesarios para aprobar una declaración de esa naturaleza, no les
alcanzaría para nombrar gobernador provisional, pues de conformidad con ese
mismo precepto, el nombramiento de gobernador se debe hacer contando con el
voto aprobatorio de las dos terceras partes de los senadores presentes”.
Según Arteaga, “ni uno ni
otro sacarían provecho de su acción y, en cambio, meterían ruido donde hay
silencio y más desorden donde hay menos desorden. Si en estos momentos esas
entidades, contando con autoridades legítimas, se muestran ingobernables por el
alto índice de criminalidad, mucho más lo serían para el caso de que resultaran
gobernadas por autoridades impuestas y derivadas de una errónea interpretación
del texto constitucional”.
Arteaga aporta la
interpretación jurídica frente a la aberración jurídica en la que están
incurriendo panistas y morenistas en el Senado, y el Sistema Nacional de
Seguridad Pública contradice las intenciones políticas con los datos duros de
cómo los gobernadores que quieren destituir, no son quienes, por esas razones
de incapacidad en el combate a los criminales que provocan la violencia,
deberían de estar en la picota. Pero está claro que tampoco se trata de eso.
No son serias nuestras
legisladoras y legisladores, ni están actuando con responsabilidad. Están
dispuestos a torcer la ley para satisfacer apetitos vengativos y manejar
tramposamente las estadísticas y la información dura, engañando a la
ciudadanía. El maniqueísmo de sus acciones y declaraciones han contribuido a la
falta de referentes sólidos en el debate público, y a la creciente fabricación
de argumentos falsos y contextos inexistentes.
La confusión que generan
refuerza la vacuidad deliberativa en la que nos encontramos, donde la
sonoridad, aún sin fundamento, es lo que domina en el ruido ensordecedor de
nuestra política. No era lo que se esperaba de ellos cuando se les dio el voto,
pero es la forma como responden, despreciando con su traición a quien los
eligió, y sumándose a una clase política ruin que contribuye a la confusión. No
estamos pasando por el momento de mayor luminosidad en nuestra vida pública,
pero sí por tiempos donde la farsa predomina en los asuntos públicos. Sus
pugnas políticas devienen vendettas, y conducen a discusiones tramposas. Son
estas signo de los tiempos, ante lo cual no se puede claudicar. La
mediatización no ayudará a nadie, empezando por aquellos que ven en ella la
nueva forma de hacer política.
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