La 4T y el fin del Estado
Raymundo Riva Palacio
La celebración para conmemorar el primer aniversario de la victoria en las
elecciones presidenciales, es el primer paso para convertir esa fecha en un
símbolo de la cuarta transformación. Su discurso en el Zócalo, coronación del
día donde comenzó ese cambio profundo que promete, fue la ratificación de lo
que se ha propuesto: el desmantelamiento del Estado Mexicano tal y como fue
concebido en 1928, para la construcción de otro nuevo. A eso se refiere cuando
habla de un cambio radical, una transformación de raíz. “Se trata de construir
una Patria nueva”, dijo desde el templete en la plaza pública, y acabar con “el
régimen corrupto y despiadado que prevalecía”. Ninguna novedad en la retórica,
una narrativa épica sobre el antes, el hoy y el futuro.
El pasado era opresor, pero el presente que ofreció construye futuro, mediante
la transformación de la vida pública. Esa metamorfosis significa el
desmantelamiento de lo que existía y que está tirando a pedazos en forma
acelerada. En su discurso lo dibujó de manera sencilla al hablar de las
transferencias directas de recursos, sin intermediarios, que es uno de los
cambios más profundos que ha hecho en siete meses de gobierno al cancelar
derechos adquiridos en más de 20 programas sociales, como Prospera y el Seguro
Popular, y desaparecer el edificio social que levantaron cinco presidentes. El
poder centralizado y vertical, contrario a todo aquello por lo que se luchó
durante dos generaciones debilitando el autoritarismo hasta que tuvo que
abrirse, restaurado hoy a plenitud, y presumido desde el corazón político del
país como una de las grandes rupturas con todo lo que acabó hace un año.
En este poco tiempo, López Obrador demolió prácticamente todo el Pacto por
México e hizo una serie de contrarreformas que estableció, jurídicamente, el
nuevo andamiaje institucional. Vendrá ahora una segunda fase, que es el
reordenamiento del gobierno para darle una nueva dirección. Dentro de esa nueva
etapa está considerando la desaparición de varios órganos autónomos, comenzando
por aquellos que le estorban a su transformación. Los primeros, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Regulatoria de Energía, con los que
públicamente ha expresado su molestia. La destrucción del Estado como lo
conocemos es la aniquilación de las instituciones, como bien lo dijo desde hace
más de una década cuando tras perder la elección federal declaró “¡al diablo
las instituciones!”.
El presidente es consistente, y en esa congruencia radica su repudio a las
reformas políticas de segunda generación. No le interesa el Instituto Nacional
Electoral, porque no encuentra valor a su trabajo o, porque su sola existencia
le impide reorganizar el país en su ideal, sugerido en algún momento de su
Presidencia, mediante el equivalente de los Comités de Defensa de la
Revolución cubanos, que es una organización de masas que tiene permanentemente movilizada
a la población para defender las conquistas mediante el trabajo directo con las
personas y la comunidad. Tampoco la Comisión Federal de Competencia, porque su
visión no es el de una economía de mercado, sino el de una centralmente
planificada. La existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
como la conocemos, está en entredicho, así como todos los órganos de
transparencia, a los que considera rémoras que tiene que sacudirse. Estos
organismos autónomos también se encuentran en el horizonte de la desaparición. Pero
antes que ellos sucumbirán varias secretarías de Estado, o serán compactadas en
otras dependencias.
La lista la encabeza Economía, a la que ya despojaron del manejo de
comercio exterior, entregándole a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo
único internacional valioso que parece apreciar el presidente, el acuerdo
comercial con Estados Unidos y Canadá. El canciller Marcelo Ebrard está
realizando funciones de ministro de Economía sin cartera, como quedó demostrado
esta semana al encabezar una misión comercial a China para explorar las formas
de incrementar el comercio bilateral. Ebrard también se quedó con la promoción
del turismo, mientras que el 75% de los recursos para ese sector, fueron
desviados para la construcción del Tren Maya. La desaparición de la Secretaría
de Turismo también está sobre la mesa, al no interesar el viajero internacional
y enfocar la estrategia en lo que llaman “turismo de barrio”, que es el
desarrollo turístico en zonas como Iztapalapa.
El achicamiento y reordenamiento del gobierno en esas áreas desnuda lo que
significa la cuarta transformación: voltear hacia adentro y convertir a México
en una isla para su desarrollo. López Obrador quiere un país que coma lo que
produce, que genere sus propias fuentes de desarrollo energético para el
consumo y la industria, que le apueste a la mano de obra intensiva -por
definición masiva-, donde la tecnología no sea utilizada con el propósito de
incrementar el empleo, optando por volumen y no por calidad. Uno también que no
dependa de los empresarios, cuyo sector está en el escenario de ser destruido.
Ayer en el Zócalo habló de uno de esos sectores, el de telecomunicaciones, al
que le antepondrá una empresa estatal de telecomunicaciones. Pero no será el
único.
Su proyecto “por el bien de todos, primero los pobres”, está marchando en
forma veloz. Hacia ellos enfoca su esfuerzo, marchando sobre las clases medias
y las altas. La victoria, remachó para impedir el olvido, acabó con el “régimen
corrupto y despiadado”. Este mismo año, prometió, se terminará de erradicarlo y
quedarán sentadas las bases para la transformación política del país. Ya se
verá, llegado el momento, si es tan buen gestor de la construcción de un nuevo
Estado, como exitoso ha sido en la destrucción del que estructuró y dio orden a
México durante nueve décadas.
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