Motocicletas asesinas
Raymundo Riva Palacio
En la última semana, dos
asesinatos han sido de alto impacto. Uno fue el de Abril Pérez Sagaón, que
tiene cimbrada a la opinión pública desde que se cometió hace 10 días, y el
otro fue el de Bryan del Pardo, que tuvo una fama efímera por su participación
en un exitoso programa de TV Azteca, la madrugada del domingo pasado. Los casos
están totalmente desvinculados salvo por el método empleado en su ejecución:
fueron realizados a bordo de una motocicleta, donde viajaban dos personas. La
prominencia de ambos crímenes han relegado la manera como se hicieron, que sin
ser un procedimiento nuevo, subraya la tendencia de cómo la delincuencia está
empleando otras formas de ajustar cuentas de una manera rápida, sorpresiva y que
les permita escapar.
Cualquier conductor en la
Ciudad de México habrá notado un número creciente de motocicletas en la capital,
que se desplazan de manera arbitraria por todos los carriles, en las vías de
alta velocidad, o serpenteando por las calles. No se trata ya de motociclistas
de paquetería o comida rápida, sino de aquellos que por razones económicas y de
tiempo, han optado por ese tipo de transporte. Entre 2013 y 2017, el INEGI
reportó un incremento de 90% en el número de motocicletas en el país, pasando
de un millón 900 mil a tres millones y medio de unidades. No hay un reglamento
especial para motocicletas, cuando menos en la capital, y la normatividad, que
tiene que ver con la movilidad, es de 2015.
Los asesinatos de Pérez
Sagaón y Del Pardo son los últimos registrados con este método en la capital.
Reportes extraoficiales señalan un incremento en el número de asesinatos
dolosos con este método que, en la Ciudad de México, asocian con un mayor
número de centroamericanos y asiáticos. Sin embargo, no se puede concluir que
el método es importado. Hace un año, por ejemplo, fue asesinado en Coyoacán
Jesús García Vallejo, el abogado del ex gobernador de Quintana Roo, Mario
Villanueva, que purga una sentencia por delitos relacionados con el crimen
organizado, en Coyoacán, la misma alcaldía donde mataron a Perez Sagaón y a Del
Pardo. Pero tampoco puede establecer, con la información disponible, que eso
revele un patrón.
El fenómeno es nacional. Un análisis comparativo realizado
por el Índice Glac el año pasado, estableció que el uso de motocicletas en la
logística delictiva incrementa los delitos contra la integridad física y el
patrimonio de las personas, y observó la existencia de una correlación entre el
crimen y el robo de motocicletas. En el ranking que correlaciona los homicidios
dolosos y el robo de motocicletas hasta octubre de este año, las entidades
donde el fenómeno es más grave son Baja California, donde la correlación es
0.95, seguida de Puebla y Tabasco (0.87), Veracruz y la Ciudad de México
(0.82). En el caso de la capital federal, la tasa acumulada de motocicletas
robadas en la Ciudad de México hasta julio fue de 16.1 por cada 100 mil
habitantes, mientras que la tasa de homicidios dolosos fue de 10.3.
El crimen en motocicleta no es un fenómeno nuevo. En 1984, dos sicarios
pagados por Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín, asesinaron desde una
motocicleta al ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, en
Bogotá. La publicación Insight Crime reportó en agosto de
2015 que en los tres años previos mil 537 guatemaltecos habían sido asesinados
por criminales motorizados, y otros 699 habìan resultado heridos, que
contribuyeron a un incremento de 50% de homicidios dolosos en esa nación. Ese
mismo año en Ecuador, el número de asesinatos por parte de motiristas era de
nueve al día, con lo que sumaron en los primeros siete meses de 2015, el 15%
del total de crímenes en el país.
El uso de sicarios motirizados es común en América
Latina. En Centroamérica ha sido una táctica desarrollada por las pandillas,
como los maras salvadoreños, que han comenzado a instalarse en la zona de
Tepito. No hay un consenso sobre cómo enfrentar ese método, y se han probado
varios sin que hayan perdurado. Cuando se popularizó el sicariato motorizado en
Colombia, las autoridades en Medellín prohibieron que viajaran hombres en ese
tipo de transporte, y después de varios años, un tribunal revocó la medida.
Hace 10 años, el entonces presidente guatemalteco, Álvaro Colom, prohibió que
viajaran dos personas en motocicleta –uno maneja y el otro dispara-, pero su
sucesor Otto Pérez Molina revocó la restricción.
El fenómeno del sicariato motorizado ya se instaló en
México, y muy pocos han reparato en los riesgos que entraña. Uno de los escasos
es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que ha tenido conversaciones a
nivel federal sobre la posibilidad de prohibir todas las motocicletas en su
estado. Si esa fuera una solución eficaz, seguramente ya lo habría hecho. Lo
mismo se podría decir de Tabasco. Si el total de homicidios dolosos es llevado
a cabo casi en su integridad por asesinos en motocicletas, si se prohibiera ese
tipo de vehículo se acabaría con el homicidio doloso. Sin embargo, no hay
soluciones lineales, y mucho menos cuando la opción por las motocicletas están
relacionadas con factores económicos.
De cualquier forma, las autoridades tienen que
comenzar a analizar las tendencias de homicidios dolosos desde motocicletas y
atajar ese tipo de crimen antes de que los desborde. Cómo se puede hacer, es
algo que se tiene que estudiar desde diversos ángulos. La contracara es qué
sucederá entre la población, si prolifera este tipo de asesinatos. En la calle,
en el tráfico, en los congestionamientos, se sentirán como un pato sentado en
espera que le disparen. El pánico ante esa posibilidad será mayúsculo y
generará tensiones sociales adicionales. No hay que esperar a que eso suceda.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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