Violencia, la
terca realidad
Raymundo Riva
Palacio
El martes por la
tarde fue de locos en algunas ciudades del norte del país. Por horas circuló en
chats en Culiacán que en el norte de la ciudad había grupos armados que
preparaban las armas ante una ruptura entre Ismael El Mayo Zambada,
e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En
Monclova, Coahuila, corría la especie de presencia de camionetas del Cártel del
Noreste, y que estaban evacuando el centro de la ciudad y la Presidencia
Municipal. Las versiones eran verosímiles. En Culiacán manda el Cártel de
Sinaloa, y en Coahuila, el Cártel del Noreste está estirando su músculo.
Los rumores
forzaron al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a informar a través de
Twitter que era falso, y que la policía estatal lo había corroborado en
recorridos que hicieron para corroborar las versiones. En Monclova, de acuerdo
con personas con acceso a información, se debió a un desalojo en la Fiscalía
estatal por una amenaza de ataque, que llevó a las autoridades a cerrar las
calles como prevención y a desplegar policías municipales armados sobre los
techos.
La sicosis de
apoderó de esas ciudades norteñas. El metabolismo parece haber cambiado desde
el 17 de octubre, “el jueves negro”, como lo recuerdan los culichis, o el culiacanazo,
como se le conoce en el resto del país. Desde aquél día, la situación de la
inseguridad se ha deteriorado, no únicamente en percepción. Después de la
derrota de las fuerzas federales ante poco más de un centenar de paramilitares
al servicio del Cártel de Sinaloa, en la frontera de Sonora con Chihuahua, una
célula de la organización criminal La Línea, que fue brazo armado del Cártel de
Juárez, asesinó a tres mujeres y seis de sus hijos de la familia Le Barón, con
una saña que no se había visto.
Las autoridades
no tienen ningún detenido que haya participado en el culiacanazo,
ni el Ejército, que tomó la derrota como personal se sintió agraviado porque
detuvieron a militares como presión para que el gobierno cancelara la detención
de Ovidio Guzmán López, ha retomado la línea de recaptura. A la Marina, a la
que se le encargó hace meses de detener a José Antonio Yépez, El Marro,
líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, que se dedica al huachicol en El Bajío,
se le escapó hace dos semanas, después de haberlo tenido cercano en octubre. La
investigación sobre la matanza de la familia Le Barón ha resultado tan
deficiente, que aún no terminan los peritajes balísticos, ni han podido
judicializar a los criminales de La Línea que detuvieron.
Todo esto parece
la crónica de un colapso del Estado Mexicano, el del gobierno en materia de
seguridad, y la victoria de las organizaciones criminales que, además, empiezan
a batirse para arrancarse plazas y ampliar su control territorial. Las
autoridades parecen floreros parlantes que tratan de ocultar la violencia con
una frase, pero los índices de violencia suben cada mes. Un análisis de la
consultora Glac sobre los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
volvió a romper los niveles históricos en octubre. De ocho delitos, sólo el
secuestro del fuero federal mejoró. El homicidio doloso subió 2.19%, el
homicidio doloso con arma de fuego 2.91%, el feminicidio 11.96%, el secuestro
del fuero común 9.35%, la extorsión 35.23%, las lesiones dolosas 6.57%, y los
delitos patrimoniales 35.32%. En el total, la incidencia delictiva subió 8.77%.
El debate sobre
los datos de incidencia delictiva en el cual está enfrascado el gobierno con
los expertos y los medios, contaminó a la economía. La última encuesta del
Banco de México entre especialistas del sector privado, donde se recortó la expectativa de
crecimiento para este año, muestra por primera vez el realineamiento
de las tres principales razones de la incertidumbre a aspectos directamente
asociados con la gobernanza. El 21% de las respuestas mencionó consideró como
razón de la baja en el crecimiento es la incertidumbre política interna, el 18%
de las respuestas identificó a la inseguridad pública, y el 15% la
incertidumbre sobre la situación económica interna.
El estilo
vertical y personalísimo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador
genera la incertidumbre en todos los frentes. Cuando una sola persona decide la
suerte de 130 millones de personas, los riesgos de que se equivoque en la
decisión se multiplican tanto como el impacto que puede tener sobre el colectivo.
Esa verticalidad en la decisión cruza todas las variables sobre la certidumbre
del liderazgo, una de las cuales está en entredicho y cuestionada, es la
estrategia de seguridad.
El presidente se
mantiene inamovible. Dice que las cosas van bien y que su política de seguridad
es la correcta. Su postura es desde un punto de vista moral, que no es parte de
las variables con la que se mide el funcionamiento y los resultados de un
gobierno. Pero es inútil discutir con el presidente sobre la base de las razones,
porque en automático llueven las descalificaciones. Si las cosas le salen mal,
es culpa del pasado, como dice de la seguridad, o de los gobernadores que no
hacen nada por combatirla, como perfiló esta semana sus nuevos enemigos.
Al final podrá
seguir predicando sobre lo que ya no es para ocultar sobre lo que es. Y esto es
el avance de los cárteles de la droga para control territorial en el país,
incertidumbre social ante el abandono institucional, que lleva a la zozobra y,
ante la angustia y ansiedad, proliferando los rumores, la inestabilidad. La
sociedad no es la única vulnerable. Quienes quieren hacer negocios se
encuentran en la misma situación. No hay quien garantice sus inversiones. El
gobierno, al claudicar en varias ciudades, es irrelevante. Los criminales, aún
no actúan como los señores de la guerra de Asia y África, y se
vuelven interlocutores válidos de los inversionistas. Es el peor de los mundos
para los inversionistas y para los mexicanos en general.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
