Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La semana que comienza arrancó con el destape del delegado de gobierno en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. El destape de su aspiración por la gubernatura del estado la hizo el presidente municipal de Azoyú, en la región de la Costa Chica, donde se celebró una reunión regional de presidentes y legisladores de Morena, siendo el anfitrión el alcalde azoyuteco, José Efrén López Cortés.

Bueno, en realidad eso fue de mero trámite, porque todos en Guerrero sabemos que Pablo Amílcar es aspirante a la gubernatura, no hacía falta un destape de parte de nadie.

En política, sin embargo, lo que no se expresa no existe. Y es por eso se estilan los destapes y autodestapes, que también ocurren, para decir “aquí está, sí va, si quiere”, o “sí voy, no me descarten ni me desencarten”.

Claro, una vez destapados, ellos mismos se encargan de decir que no, que no son los tiempos, que lo importante es cumplir con la encomienda que en este momento tiene, que llegados los tiempos, si la gente los aclama –digo, si la gente se los pide-, pues con gusto obedecerían la voz del pueblo.

Tanto se ha abusado de esta estrategia política, que ya nos sabemos el libreto.

Bueno, al menos Pablo tuvo la decencia de esperar este año para destaparse, pues los perredistas Carlos Reyes Torres y Evodio Velázquez Aguirre, tienen desde el año pasado encarrerados. Y no comenzaron reconstruyendo al partido, que tanta falta le hace, sino lanzando sus aspiraciones y creando bandos a favor de sus proyectos. El partido puede esperar, que al fin y al cabo ya está tan mermado, que la reciente encuesta de la empresa Enkoll, únicamente 12 por ciento de la preferencia electoral, “si hoy fueran las elecciones”.

Pero en cuanto a identificación de los electores con algún partido político, únicamente 7 de cada 100 se identifica con el PRD.

En contraste, 35 por ciento se identifican con Morena, y si hoy fueran las elecciones, siempre según Enkoll, 60 por ciento votaría por algún candidato morenista.

Y para no variar, en el top ten de Morena en Guerrero figura, prácticamente con un empate técnico, el senador Félix Salgado Macedonio, por quien votaría 36 por ciento de los electores; y el delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, con 34 por ciento.

Es decir, que estamos ante un empate técnico en Morena, que será muy difícil destrabar.

Pero, no es lo mismo ser senador, un legislador de la República, miembro de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, que ser un empleado del Poder Ejecutivo. Máxime cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha puesto reglas muy claras para quienes aspiren a algún cargo de elección popular: “Primero renuncien”.

Luego entonces, siguiendo esa regla del presidente, Pablo Sandoval tiene contados sus días como delegado en Guerrero, pues de otro modo no podrá cumplir con la norma y corre el riesgo de ser linchado políticamente, y ser acusado de que usa los programas sociales para hacer campaña.

Quizás lo más sensato para él sea volver al Congreso local, como líder de la bancada de Morena, o de plano esperar de aquí a septiembre, que es cuando comienza el proceso electivo, y meterse de lleno a la pelea.

Sea cual sea su decisión, Pablo tiene un escenario complejo delante de sí. En otros tiempos, estaría en el mejor lugar, pero en este momento está en el lugar más peligroso, prácticamente una vitrina, y recordemos que participar en política es como estar en la casa del jabonero, donde el que no cae, resbala.

La actual administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha desarrollado una intensa campaña en la que la institución es presentada como la Universidad de la Nación. La frase es brillante porque refleja tanto la opinión que los universitarios tienen de sí mismos, como la forma en la que les gustaría ser percibidos. Sin embargo, bajo la insistente campaña, se ocultan contradicciones que corresponden al ámbito universitario y no deben ser endosadas al país.

Una de estas contradicciones la representa la forma en la que han abordado las demandas del movimiento feminista en la UNAM; el proceso en sus inicios y en su desarrollo ha permitido a la opinión pública observar cuál es el significado de la autonomía para los actores del conflicto universitario. Para éstos, autonomía y cumplimiento de su propia legislación no están vinculadas porque la entienden a la manera de la sociedad feudal, como un privilegio de carácter colectivo que les permite, en primer lugar, disfrutar de leyes particulares, y en segundo, cumplirlas o no a su arbitrio. Esta manera de entender la autonomía es resultado de la confusión que existe entre aquellos que no conocen la historia ni el significado de la autonomía.

La autonomía no se entiende sin el privilegio. Éste es propio de las sociedades jerárquicas, antidemocráticas, organizadas para preservar la desigualdad. Por esta razón las revoluciones del mundo moderno tienen como rasgo común su lucha contra los privilegios, porque éstos se oponen a la igualdad.

En sus distintas etapas la Universidad ha portado diferentes apellidos, Real, Nacional, y a partir de 1933, Autónoma; pero sin importar el nombre, su función ha sido la de preparar los cuadros al servicio de un proyecto de organización social; en el caso de la Colonia, de organización jerárquica, y en el caso de la etapa posterior a la Revolución Mexicana, de organización horizontal, democrática, lo cual significa que la Universidad cumple una función política porque su vocación desde su inicio es la de servicio público. La idea de que es una institución apolítica, neutral, es resultado de una lectura mal intencionada que pretende, por una parte, desnaturalizar la función para la que fue creada, y por la otra, plantear en términos de conflicto la relación su relación con el Estado.

Los hechos ocurridos entre noviembre del año pasado y el día de hoy han servido a la opinión pública y a las nuevas generaciones de universitarios, observar lo que hoy parte de su comunidad entiende por autonomía, es decir, la forma en la que las autoridades aplican las leyes y la manera en la que las universitarias y los universitarios cumplen las leyes que ellos mismos se han dictado. En pocas palabras, la autonomía, desde la perspectiva moral, no significa ni ausencia de leyes ni suspensión de las mismas; significa, sí, la voluntad de cumplirlas sin necesidad de una fuerza externa que nos obligue a ello. Desde el punto de vista jurídico, la autonomía no significa leyes “a modo”, especiales para un grupo; tampoco significa extraterritorialidad ni licencia para violentar la ley en forma impune.

Los sucesos invitan a la reflexión porque, al amparo de la autonomía, han pasado casi cinco meses desde que estalló el conflicto en algunas dependencias universitarias y lo único que se ha podido observar es que, en vez de diálogo, se formulan invitaciones al diálogo; en vez de un ejercicio racional, existe un ejercicio emocional; en vez de acciones para solucionar el conflicto, se realizan acciones para prolongarlo; en vez de acatar la ley, se proponen modificarla; en vez de participación de la comunidad, la autoexclusión de un sector de la misma. La opinión pública, con razón, se pregunta: ¿Es esto autonomía?

Para no especular sobre la autonomía ni para teorizar sobre ella, basta observar la conducta seguida por los universitarios en dos reuniones recientes. Una la del Consejo Universitario, reunido el 12 del mes en curso, con el propósito de modificar el Artículo 95 del Estatuto General de la UNAM, según el cual se considera falta grave cualquier acto de violencia y en particular la violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria.

Ignoro cuál fue la intención de quienes participaron en la redacción de esa modificación, así como la de los consejeros que la aprobaron, casi por unanimidad, de vincular cualquier tipo violencia, en particular la de género, con las garantías a los derechos humanos. Con este enunciado, la violencia en la universidad cubre un espacio tan amplio como el de los derechos humanos, que son el fundamento del estado de derecho.

Resulta alarmante que, a partir de ahora, en este nuevo contexto, si las universitarias o los universitarios realizan una “toma” de las instalaciones y suspenden las actividades, vulneran el derecho humano a la educación. Vale recordar lo que establece el artículo 1º de la Constitución Política: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Las mujeres también matan? La violencia no es privativa de ningún sexo, porque no es algo biológico. Es algo que cada persona desarrolla a lo largo de sus vidas, y con base en sus experiencias personales, y eso incluye su entorno social.

Las mujeres también matan, roban, violan, secuestran, asaltan y agreden. Y las mujeres también matan desde sus vientres a sus propios hijos, o incluso los matan porque les hartan sus llantos, o porque les estorban, o en venganza contra sus maridos, o porque quieren salir de antro. ¿Cuántos casos hemos conocido de estos?

Y con esto no estoy defendiendo a los hombres machistas y asesinos de mujeres, violadores de niños, parricidas, sicarios, descuartizadores y otras porquerías que andan por ahí al por mayor, gracias a que hace cosa de 15 años México comenzó una era de oscuridad y violencia extrema, que todavía no termina y no sabemos realmente cuándo esto terminará.

Pero lo más triste es que a todos ellos los dio a luz y los educó una mujer. Una mujer los amamantó y cuidó sus sueños. Una mujer cuidó su cuna, conoció sus primeras palabras, lo llevó a la escuela. Una mujer le enseñó las primeras canciones.

Una mujer –quiero creer que así fue-, tuvo que enseñarles a esos violentos a rezar. Les dio su bendición, los llevó por primera vez a misa, les habló del amor infinito del Creador.

Y como madre sólo hay una, a esos violentos, feminicidas, violadores, infanticidas, una mujer los vio perderse, extraviarse, disfrazar sus verdaderas intenciones, como el monstruo de Toluca, que además de matar a varias mujeres, mató a su propio padre. Y en su conversación telefónica con su madre desde el penal, le confesaría sus pecados, le diría “no llores, de aquí no ya no salgo, a menos que me suicide”. Cuando ella lloró y le dijo: “Ay, hijo”, él le contestaría “no, no no…no llores”. Entonces ella le confesaría: “Te quiero mucho, haya pasado lo que haya pasado, te quiero mucho, hijo”. Fríamente, el monstruo de Toluca le diría: “Ya, tráeme unas cosas que necesito, unos tenis sin agujeta, jabón, pasta de dientes….”, etcétera.

Y así sucesivamente. Y yo me pregunto: ¿Puede una madre detener la ruta de un asesino? ¿No se dio cuenta esa madre y la de todos los demás feminicidas y asesinos, que algo andaba mal con sus vástagos?

Por experiencia sabemos que los padres conocemos a nuestros hijos demasiado bien. Somos los que los vimos nacer y crecer, y no pueden engañarnos. Una cosa es que finjamos no saber, o que elijamos no saber.

Entonces, decíamos, la violencia no es una cuestión biológica, ni de sexos, ni una cuestión de hombre contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, y mucho menos es una cuestión política.

La mala noticia para todas las mujeres y para todos los hombres, es que la violencia es una cuestión de educación, de formación, de inculcar valores.

¿Por qué las mujeres están convocadas a salir a la calle? ¿A quién van a presionar con eso? Sí, al gobierno. Pero si demostrado está que el problema central de la violencia está en los hogares, ¿qué harán con eso?

Tarde o temprano, hombres y mujeres, los matrimonios y hogares todos, tendremos que comenzar a poner en orden en casa, a revisar nuestros cánones de disciplina y reglas de conducta para nuestros hijos, porque la Constitución nos da amplia libertad para educarlos. Luego entonces, los únicos responsables de qué tipo de hijos mandamos al mundo, es nuestra y de nadie más. Al contrario, ahora es la tecnología la que nos está educando a nuestros hijos. Los teléfonos celulares son las nuevas niñeras, como antes lo era la televisión. Pero antes lo más violento era El Chavo del Ocho, o Santo el enmascarado de plata. Hoy, hasta existe un video de música norteña en donde el esposo encuentra a la mujer con otro, la ahorca y la encajuela. Y eso ven nuestros hijos. Eso les permitimos ver.

Dicen los expertos que darle un celular a un hijo, equivale a dejarlo en una ciudad solo, durante toda la noche. ¿Podemos imaginar a cuántos peligros estaría expuesto? También está la música, sucia y sin valores. En los videoclips de ahora, los de Dame más gasolina se quedan cortos, pues cada vez es más obvio lo que están infundiendo en las mentes de nuestros hijos.

Por si algo faltara, están los juegos violentos, juegos de guerra, de peleas a muerte, de destrucción del planeta entero. Y eso están haciendo nuestros hijos.

Pero, sobre todo, está la narcomúsica y las narcoseries, y un sinfín de programas en donde la mujer es poco menos que basura, un producto desechable y para ser usado. Y eso está metiéndose en la mente de nuestros hijos.  Y si de paso nos ven a nosotros pelear, humillar, chantajear, deshonrar, engañar a nuestras esposas, o viceversa, ¿por qué nos extraña que tanto loco ande suelto?

Con la marcha del 9 de marzo, veremos histeria colectiva, destrozos y acusaciones, de mujeres que tienen razón de indignarse en cuanto al incremento de los asesinatos de mujeres y niños, que hace 5 años comenzaron a dispararse.

Pero, ¿qué pasará con la raíz del problema? ¿Cuándo se revertirá esta tendencia? ¿Con la pena de muerte? Ya nos veremos, combatiendo la muerte con la muerte.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Caso resuelto. El caso Fátima, que mantuvo en vilo al país desde el martes 11 de febrero, terminó siendo un caso más de la violencia feminicida y machista, en donde un hombre toma a una niña para satisfacer sus instintos más bajos, esta vez con la variante de que fue su mujer la que se la trajo, para salvar a sus propias niñas de ser atacadas sexualmente por su progenitor.

Cuando se ven descubiertos, en lugar de liberar a la pequeña, optaron por matarla. Trataron de descuartizarla –de ahí los cortes en las entrepiernas y el pecho- y la tiraron en unas bolsas a escasos metros de la vivienda donde la mantuvieron cautiva.

No imaginaban que un sistema de videovigilancia, así como testigos de la escuela de Fátima, llevarían a identificar a la mujer que raptó a la niña, y junto con ello dar con la vivienda, que previamente ya habían abandonado para huir a esconderse a casa de una tía del hombre, sin imaginar que la propia mujer, al enterarse de lo que habían hecho, los entregaría a la Guardia Nacional.

De todo el caso, quizás lo más destacable es la actuación de la tía de Mario, quien tuvo el valor de entregar a su sobrino y a la esposa a las autoridades, pues pocas veces se sabe que los familiares actúen de esa manera, y más bien suelen proteger a los victimarios.

¿Por qué Fátima? ¿Fue una víctima al azar? No. La mujer la eligió primero, porque la conocía. Segundo, porque sabía que era una niña a la que se le ponía poca atención, y porque sabía que su madre sufría de una enfermedad mental, esquizofrenia o paranoias, y posiblemente pensó que no la buscaría.

La pobre madre de Fátima, Magdalena Antón, sigue pensando en que Giovana es inocente, pues le dio asilo en su casa en noviembre pasado, cuando estuvo huyendo del marido, quien amenazó con matarla y quemarla. Y en su delirio mental sigue diciendo que a su hija la mató su ex concuño, un hombre que murió hace 10 años, a quien acusa también de haber matado a su hermana, aunque la hermana vive en Estados Unidos.

Este es un caso para los más avezados psicólogos. En esta trama, la única mente criminal es la de Mario.

Giovana, por su parte, parece ser aquí una de tantas mujeres adictas a relaciones tóxicas con sus parejas, y que terminan muertas de mil maneras por sus maridos violentos. En esta ocasión, ella le trajo a la niña que él pedía, y eligió a una que conocía, aunque la verdad pudo ser cualquiera, tan sólo porque su propia hija estaba en peligro de ser violada por el propio padre.

El segundo aspecto es que mataron a la pequeña. No era el plan original, pero al ver que la andaban buscando, y como sabía que la niña los conocía, sobre todo a Giovana, los delataría. Entonces optaron por ahorcarla y posteriormente deshacerse del cadáver, metiéndolo a una bolsa de plástico, y tirándolo en un baldío.

Para las autoridades lo que pesa es el feminicidio, claro; y como tal lo van a resolver, pues les urge cerrar el caso, para acallar la furia social, que comenzó desde hace tiempo y que hizo crisis primero con el homicidio de Ingrid, a manos de su marido violento, un ingeniero civil alcohólico que le dobleteaba la edad; y luego el caso Fátima vino a derramar el vaso.

Pero no todo es blanco y negro en este tipo de crímenes. Hay claroscuros que deben analizarse, y que las feministas no deben perder de vista. Porque están pensando en que el Estado (léase gobierno en todos sus niveles y poderes), puede resolver esto, pero realmente es algo muy complejo. Y el ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, donde existe la pena de muerte desde hace unos 40 años, pero donde siguen habiendo muertes y violaciones de mujeres y niñas. Algunos casos son tan tenebrosos, que realmente siguen pendientes de resolver.

Insistimos en que todo se resolverá desde los hogares y en los hogares. Cuando ya se comete un delito, es retomado por las autoridades, pero lo que ocurre dentro de las paredes de una casa, antes de que el crimen ocurra, nos toca resolverlo a nosotros, como sociedad, como familias.

Mientras que como sociedad huyamos a la responsabilidad que nos toca asumir, seguiremos viendo a las feministas marchando y vandalizando edificios públicos, y a los internautas de redes sociales interpelándolas, burlándose de ellas, pero sin percibir que el monstruo del feminicidio sigue orondo, sentado en la sala de cada hogar.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El homicidio de una niña de 16 años en Coyuca de Benítez, mereció la recomendación de gobierno del estado, a la Fiscalía General, para que el caso sea investigado con criterio de género; es decir, como feminicidio, considerando este delito como la más terrible expresión del machismo.

Por fin, y tras los escándalos que estallaron en la Ciudad de México con el asesinato de Ingrid Escamilla a manos de su marido, y con el secuestro, tortura y homicidio de la niña Fátima, presuntamente a manos de conocidos de su familia, en las entidades federativas se está moviendo algo para cerrarle el paso a los feminicidas, que han venido tomando como deporte el asesinato de mujeres, en todas las formas posibles.

Si algo distingue a un feminicidio de un asesinato común, es la saña con la que se comete, y en donde se denota un odio intrínseco del criminal hacia su víctima, por el hecho de ser mujer.

Pero casos como estos hay cientos y no sólo en la Ciudad de México. Ejemplo de ello es lo que sucedió el martes en Coyuca de Benítez, donde una jovencita salió de su casa con sus amigas, pero ya no volvió, y fue localizada al amanecer  acribillada. Según su madre, le llamó a la 1:30 de la madrugada, pero ella no alcanzó a contestar, y por la mañana se enteró de su deceso.

Y uno se pregunta, ¿qué hace una madre cuya hija menor de edad no llega a la casa? ¿Por qué esperar hasta el amanecer para verla retornar? ¿Por qué no salió a buscarla, cuando no llegó a una hora prudente?

Esto nos indica que la madre estaba acostumbrada a que la muchacha estuviera fuera de casa durante la noche.

Siendo honestos, el primer descuido se dio al seno del hogar, donde a sabiendas de que estamos viviendo tiempos malos, tiempos de hachas, permitimos que nuestros hijos vivan como si nada sucediera allá afuera.

En tiempos pasados, por ejemplo, se les ponía a los hijos –sobre todo mujeres-, una hora de llegada al hogar, y era una regla inquebrantable. Se conocían nuestros amigos y se nos obligaba a alejarnos de aquellas personas que nuestros padres consideraban inapropiados. Y a nosotros nos quedaba obedecer, so riesgo de atenernos a las consecuencias, que no era otra cosa que el gobierno de papá y mamá, así sin escándalos.

En cambio, todas esas reglas se han relajado, y ahora que remos que el gobierno se encargue de cuidarnos a nuestros hijos cuando salen de noche, y sin nuestra vigilancia.

Podremos decir que el que el que una chica ande de noche fuera de casa no es motivo suficiente para que la maten. Y en estricto sentido no, pero ¿cómo dejarle al mundo la tarea de que nos cuiden a nuestros hijos? Eso es una locura.

Volviendo al tema, las estadísticas nacionales demuestran que el asesinato de mujeres se concentra en 4 entidades federativas, pero afecta a más de 20 de las 32 existentes, Guerrero incluido, pues aquí hace dos años se extendió la alerta de género para 9 municipios, precisamente por el elevado número de mujeres asesinadas.

Pese a ello, falta coordinación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, sobre todo en cuanto a la homologación de criterios jurídicos para perseguir y acotar este delito.

Veracruz y el Estado de México las que tienen más casos, con 25 y 15 víctimas respectivamente. En 2019, fueron abiertas 122 carpetas por feminicidio en zona mexiquense.

La ola de violencia de género también afecta a la Ciudad de México. Además del brutal asesinato de Ingrid Escamilla a manos de su pareja, han ocurrido otros siete casos.

En Nuevo León, en enero pasado se cometieron 8 feminicidios, lo mismo que en Oaxaca.

En Baja California, Sinaloa y Puebla se investigan siete feminicidios en cada entidad; en el primer estado, de las 26 asesinadas, solo siete se clasificaron como este tipo penal.

Nayarit tiene  20 municipios con tienen alerta de género, y en lo que va del año suman seis víctimas en la entidad,

Tamaulipas y Chiapas registran cuatro crímenes cada uno; Chihuahua, tres; Baja California Sur, dos, al igual que Hidalgo, Querétaro y Morelos; y uno en Coahuila, Tabasco, Yucatán, Colima y Quintana Roo; mientras que en Guanajuato y Jalisco, donde han asesinado a 44 y 24 mujeres este año, respectivamente, las autoridades aún no determinan cuántas fueron ultimadas por razones de género.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La Cuarta Transformación se desboca. Los problemas se acumulan y el equipo del presidente no responde a las expectativas de este proyecto nacional de gran calado, que está enfocado en el rescate de las instituciones y en la restauración del Estado de Derecho.

Todo lo contrario, parece que los mexicanos votamos por un proyecto político-económico muy diferente al que ha estado ofreciendo la Cuarta Transformación, la cual en muchas tareas de gobierno francamente ha decepcionado al electorado, por los pobres resultados, y porque poco a poco nos damos cuenta que ser de Morena no es sinónimo de honestidad, cordura y buen juicio, sino todo lo contrario, parece que los morenistas están olvidando para qué fueron electos, y el escándalo los persigue.

En consecuencia, su popularidad disminuye mientras la oposición avanza.

En la última semana, por ejemplo, dos hechos sangrientos enlutaron al país. No es que sean los únicos que han sucedido, y desafortunadamente tampoco serán los últimos, pero sí fueron los que más permearon en la sociedad, como la gota que derramó el vaso, y que demostraron en todo su horror el tamaño del reto del gobierno lópezobradorista en materia de combate a la violencia, y el largo trecho que nos falta en la pacificación del país, que a pesar de los esfuerzos del último año, con la creación de la Guardia Nacional, el avance es demasiado lento y la meta se antoja prácticamente imposible.

Y es que la pacificación del país pasa, según el proyecto del presidente AMLO, por la desmilitarización de la guerra contra el narcotráfico que diseñó Felipe Calderón Hinojosa y el establecimiento de un real Estado de Derecho.

Pero con las instituciones podridas, no llegaremos muy lejos. Por ejemplo, el caso de un jefe del narcotráfico de la Ciudad de México apodado El Lunares, que en una semana fue dos veces liberado por un juez, alegando errores de procedimiento, pese al historial delictivo del sujeto, es un claro ejemplo de los verdaderos enemigos del gobierno actual.

De paso, está un pobre impulso al crecimiento económico, el cual este año se espera tan sólo de 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, muy lejos del 2 por ciento prometido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y muy muy retirado de la promesa de campaña de López Obrador de crecer al 4 por ciento del PIB al cerrar el sexenio.

Esto último, hay que reconocer, es una de las cosas que más le ha pegado a la gente, incluso peor que la violencia, a la que parece que ya nos hemos acostumbrado, de una o de otra forma.

El bienestar prometido no se ve por ningún lado, y las carencias en el sector salud, en hospitales y clínicas del Estado sigue siendo una batalla de todos los días para los pacientes, incluso de los que cuentan con seguridad social, pues todo estaba desmantelado y en ruinas.

¿Cuál es el resultado de todo esto? El desgaste para el presidente y su partido, que es a lo que le apuesta la oposición.

Así tenemos la disminución del apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, reflejada en la última medición de Consulta Mitofsky.

A fines de enero, 57.6% de los mexicanos aprueba la gestión del mandatario federal. Es decir, esto representa 9 puntos y medio menor que el de febrero de 2019, cuando AMLO obtuvo su mejor nivel (67.1%).

¿Qué factores influyeron en esta disminución de popularidad? El sondeo mostró que los principales factores fueron el aumento al salario mínimo; el caos y confusión por el arranque del Insabi; el anuncio de hacer una rifa para el avión presidencial; la amenaza de salud por el coronavirus, y la falta de medicamentos para niños con cáncer.

Entre los jóvenes, de 18 a 29 años, AMLO tiene mayor aceptación (65.6%). Por nivel de estudios, las personas con preparatoria o menos son quienes más respaldan la gestión (59.3%), en comparación con quienes tiene estudios de universidad o más (50.3%).

Y así sucesivamente.

No debe olvidar la gente de Morena, que el enemigo a vencer no está fuera, sino dentro. Y que todo error que cometan, será capitalizado al máximo por la oposición.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La Dirección General de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, emitió ayer por la tarde un comunicado urgente, a partir de la divulgación del brutal asesinato de la niña Fátima, en la Ciudad de México, que se suma al indignante y terrible crimen contra Ingrid a manos de su esposo, la semana pasada.

El comunicado suena a amenaza y huele a censura hacia la prensa en general, cuando lo más importante es resolver los feminicidios, no acallarlos.

En este embrollo, el gobierno federal se enreda en su propia red, porque prohíbe la divulgación de imágenes de niños, aunque se difuminen sus rostros. Pero habría que recordarles que la Alerta Amber en eso consiste precisamente, en divulgar los rostros de las personas desaparecidas, pidiendo la colaboración de la sociedad para encontrarlas.

El caso de la niña Fátima es sumamente doloroso, por la forma en que se perpetró el crimen. Primero, porque la menor le fue entregada por directivos de su colegio, a una extraña, que aparentemente no lo es pues la niña se fue con ella muy a gusto, como si la conociera, según se observa en los videos divulgados de la mujer, por la cual se ofrecen 2 millones de pesos.

Segundo, porque las autoridades capitalinas se negaron a lanzar la Alerta Amber para localizarla. Los padres se volvieron a su casa sin opciones, y fue el domingo que la encontraron metida en una bolsa, con infames huellas de tortura. En este contexto, la Secretaría de Gobernación, que dirige una mujer de leyes, divulgó ayer:

1.- Los medios de comunicación no deben difundir imágenes, voz, nombre, datos personales, o cualquier otra referencia que permita la identificación de niñas, niños o adolescentes, aun cuando se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades.

2.-No está permitido difundir datos personales de niñas, niños o adolescentes relacionados con la comisión de un delito, ya sean autores, víctimas o testigos.

3.- Debe evitarse la difusión de imágenes o noticias que propicien, o sean tendientes a la discriminación, criminalización o estigmatización de niñas, niños o adolescentes.

4.- Con base en la LGDNNA, estas disposiciones son también aplicables a medios digitales.

Asimismo, se les refrenda que esta Dirección General dará puntual seguimiento al cumplimiento de la referida Ley, a través del sistema de monitoreo, de conformidad con las atribuciones que tiene en relación con la protección del derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, pudiéndose hacerse acreedores a las sanciones relacionadas con el artículo 148, fracciones IV, V, VI y VII de la LGDNNA.

En relación con lo expuesto, cabe precisar que esta Dirección General reitera su respeto al derecho a la libertad de expresión, de prensa, de programación y de recepción de contenidos; por lo que, sin menoscabo de estos principios, se realiza esta solicitud de medidas de protección, en atención con lo dispuesto en la LGDNNA y en defensa del principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

¿Qué tal?

Creo más bien que Gobernación está intentando un control de daños sobre la imagen del gobierno federal, dada la indignación que están causando los feminicidios, cáncer que se ha incrementado hasta 140 por ciento en los últimos 5 años, y para lo cual no parece haber solución, pues se trata de crímenes domésticos en su mayoría, donde se involucran como los victimarios los esposos, padres, novios, amantes de las mujeres asesinadas.

Se tiene además la noticia de que hay redes de trata de mujeres, con fines de explotación sexual y tráfico de órganos. Desde hace 5 años se dijo que Michoacán era una de las mecas de este tipo de delitos, y sin embargo no se les ha atacado debidamente. Vamos, ni siquiera se ha intentado.

Y entonces, ante la incapacidad, viene la censura.

Ni siquiera el gobierno de Enrique Peña Nieto pudo imponer un régimen de excepción en cuanto a la libertad de prensa. Lo intentó, presionando a la industria de la radio y la televisión para firmar un acuerdo, pero no todos los medios firmaron, sobre todo la prensa escrita, que fue la que se mantuvo firme en el derecho a informar.

Por ejemplo, en el caso de Ingrid, se indignaron las feministas y los gobernantes por la divulgación de su cadáver. Y está en ciernes una ley para castigar a quienes divulguen y compartan ese tipo de información gráfica. Pero vale la pena decir que si no hubiese sido por ello, si no se hubiese compartido algo tan descarnado, Ingrid fuera un caso más de los miles de feminicidios que se cometen en este país.

Y otra cosa: ¿Qué no es más indignante que la Fiscalía salga a decir que la madre de Fátima padece de sus facultades mentales y que el padre está senil y haga público un reporte del DIF en ese sentido? Esta es la misma estrategia de sus predecesores, basada en desacreditar a las víctimas antes que hacer una investigación, hacer como que responden para ganar tiempo y justificar las omisiones. Y así se defiende al victimario y se retrasa la justicia.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por fin, los legisladores locales están yendo hacia la raíz de todos los males que aquejan a niños y adolescentes, y que se está ampliando a escalas dramáticas al nivel universitario. Esa raíz es la familia, pues es el núcleo familiar donde todo comienza, y donde se debe ir poniendo el remedio para las nuevas generaciones, que a la par que son más solitarias debido al uso y abuso de las redes sociales, son también menos empáticas y más violentas.

Nos referimos al bullying, que se interpreta como “cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada, tanto en el aula como a través de las redes sociales (ciberacoso)”.

Desde hace varios años, se viene informando del incremento de este delito, que de algún modo hemos ido tolerando. Los niños y jóvenes en desventaja, sufren la violencia de otros jóvenes que solos, o en grupo, actúan en contra de sus compañeros, y van creando ambientes críticos en las escuelas, cosa que antes no sucedía.

Lo que antes eran remansos de paz, y donde los niños y jóvenes podían encontrar sus principales motivaciones de vida, se ha convertido en un espacio hostil, al grado de que son cada vez más altas las cifras de estudiantes que dejan las aulas porque son víctimas de violencia y acoso, conocido como bullying, fenómeno social que los profesores no han podido contener, o no han querido, pues más que cualquier otro sector, son los maestros los que ocupan puestos en el gobierno, desde el nivel municipal hasta el nivel federal, pasando por supuesto por el Congreso, que es donde se legisla para ir regulando la vida pública.

La semana anterior, por fin, el diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de adición a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que la Procuraduría y/o el Ministerio Público tomen las medidas necesarias contra padres de hijos generadores de acoso escolar, “cuando el resultado de esta conducta sea consecuencia de su mal actuar dentro del núcleo familiar”.

Es decir, que por fin se dieron cuenta que los niños agresivos no viven solos, ni se criaron solos, sino que tienen padres que son responsables directos de su conducta, y que por ser aquellos menores de edad, los progenitores deben responder por sus vástagos.

Cuando esto comience a suceder realmente, cuando a un padre se le cargue la responsabilidad dela conducta de su hijo menor de edad, entonces puede ser que las cosas comiencen a cambiar de veras.

De acuerdo con el boletín oficial, en la exposición de motivos, el legislador de Morena refiere que es común que los niños agresores de maltrato escolar vengan de una dinámica familiar violenta. “Si crecen en un ambiente donde se vive de cerca la violencia y el abuso verbal, físico o psicológico, ya sea entre sus padres, de sus padres hacia él o de algún hermano o tío, es una realidad que aprenderán a seguir estos patrones y/o encontrarán en el ‘bullying’ una forma de desahogar sus propios sentimientos de inseguridad, angustia y enojo contenido”, abundó.

Pero, la realidad dicta lo contrario. No siempre se cumple esta premisa y como ejemplo estamos los de la generación que ahora tiene de 35 años para arriba. Somos una generación que sufrió mucho rigor de parte de nuestros padres, fuimos golpeados a veces por nada, y para nosotros la escuela –aunque tenía su rigor y no siempre la convivencia era sana-, era lo mejor que nos podía pasar.

En cambio ahora, los padres no golpean a sus hijos, porque los hogares han sido permeados por las políticas diseñadas para frenar la violencia intrafamiliar. Entonces, la realidad es que los niños y jóvenes violentos vienen de hogares donde se les permite todo, donde incluso se les defiende cuando son señalados por los profesores, de hacer bullying.

Hay infinidad de historias en este tenor, en que los padres, en lugar de acudir a la escuela a ejercer disciplina sobre sus hijos violentos, acaban acusando a los profesores de no querer a sus hijos, etcétera.

Esperemos que las adiciones legales propuestas por Cabada Arias cobren vigencia, que no sean refrenadas, para que los padres respondan por sus hijos. Veremos que bien rapidito van a cambiar las cosas en los hogares, y los hijos abusivos van a ser metidos, sí o sí, en cintura.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por órdenes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, investigará qué medios divulgaron las fotografías descarnadas del feminicidio de Ingrid Escamilla. Obviamente, estos medios tendrán que decir de donde tomaron la información, porque se observa que fue la policía capitalina la que produjo ese material y lo lanzó tal cual a las redes, de donde lo tomaron no solamente los medios de comunicación de todo el país, sino también ciudadanos comunes.

No sólo se investigará a los medios de comunicación formales, sino también a los medios digitales o páginas de Facebook que operan como medios, que son los que comenzaron a subir el material que les llegó de fuentes policiales, casi en tiempo real.

Incluso miembros comunes de redes sociales divulgaron la escena dantesca en donde se observa el cuerpo mutilado de Ingrid Escamilla, sin filtrar las fotografías, como dictan las normas periodísticas, pues se trata de material sensible que no sólo revictimiza a la mujer y sus familiares, sino que ofende al lector mismo, considerando además que en las redes navega todo tipo de personas, incluso niños, quienes son los primeros que se enteran de lo que está fluyendo en estos medios, porque los usas profusamente.

De verdad que vale la pena que se dicten reglas claras en el manejo de este tipo de información, pues resulta que a los medios formales nos censuran por todo; incluso Facebook amenaza recurrentemente con cerrar las páginas por divulgar material que se considera viola las reglas de la comunidad, pero en cambio otros sitios que no sabemos si son medios de comunicación reales, o son sólo una pantalla, les permiten todo.

Basta ver cómo en Guerrero hay páginas que se dedican casi en exclusiva a la nota roja, tienen cientos de miles de seguidores, y lo único que hacen es alimentar la red con fotografías morbosas, a las que únicamente les ponen marca de agua del medio en cuestión, pero nada más.

Y uno se pregunta por qué este tipo de noticias y fotografías no las censura Facebook, y por qué esos sitios nunca son cerrados ni castigados, como sí sucede con los medios que aún imprimimos y estamos en la calle, y que sólo usamos las redes para competir en esa plataforma, pues de pronto se pusieron de moda, e incluso la clase política hace uso profusamente de ellas.

En cuanto a la obtención de la información, los medios formales cada vez batallamos más para que se nos proporcionen datos y fotografías de los hechos sangrientos, y si se nos proporcionan o se nos permite tomarlas, tenemos que cumplir una serie de requisitos, para evitar que se nos censure por parte de la Fiscalía.

En cambio, los medios digitales suben todo y de manera muy cruda, sin cubrir los ojos a los detenidos, lo cual ya es un requisito del nuevo sistema de justicia penal, y sin censurar las fotos de muertos.

¿Qué está pasando? ¿Por qué a los medios formales se nos limita tanto, y a estos sitios que generalmente son dirigidos por una sola persona, se les facilita todo? Estamos enterados que forma de trabajar de esos sitios es que están incrustados en todos los grupos de Watsapp policiales, con el visto bueno de los jefes policiacos, y que de manera automática se enteran de todo.

Serían los mismos policías los que toman fotos en el lugar de los hechos, y ellos mismos las fletan en los grupos de Watsapp, con lo que en automático los sitios digitales las suben a sus plataformas “en caliente”, pues lo que buscan son el mayor número likes y temas que se conviertan en trending topic, para que sus páginas crezcan en seguidores y likes o “me gusta”.

Luego entonces, quizás la investigación de la Segob conduzca de una vez por todas a la institución de criterios de divulgación de noticias en redes sociales, y se regulen las páginas que se abrieron aprovechando la gratuidad de las redes, pero que no viven de ventas ni de publicidad, sino que se trata de falsos medios de comunicación, en donde un solo individuo se dedica a publicar todo tipo de nota roja, como en el pasado los medios amarillistas tipo Alarma.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Como un balde de agua fría cayó para la familia Lozoya, sus abogados y sus correligionarios políticos, la detención del ex titular de Pemex en España, con fines de extradición para que responda ante la justicia mexicana por los delitos de cohecho, lavado de dinero y fraude.

De inmediato, en un intento por atajar el fuego, la diputada federal y ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, emitió un comunicado para pedir justicia en este caso, y no distractores ni propaganda política, argumentando

La diputada del PRI escribió: “Estamos frente a una conducta personal, al amparo de un cargo público, por lo que sería lamentable que se utilice como instrumento de propaganda política”.

Sí y no. Se trata de la conducta personal de un alto directivo del gobierno federal, pero cuyo jefe inmediato era nada más y nada menos que el presidente de la República, en cuya campaña le tocó recolectar 5 millones de dólares de la empresa Odebretch, a cambio de contratos millonarios con Pemex, precisamente, cargo que Lozoya desempeñó hasta 2016.

Y si como dice el abogado de Lozoya que éste no se mandaba solo, y hasta mandó a citar como testigo del caso de Fertinal al ex presidente Enrique Peña Nieto, imposible que el PRI se desembarace de esta zaga político-delictiva, que implica los delitos de cochecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, así como fraude contra una empresa del Estado.

Recordemos que el caso de Fertinal no lo detectó este gobierno, sino que fue la Auditoría Federal la que en 2017 expuso el asunto, de la desventajosa compra de una de las empresas productoras de fertilizante de ese grupo, propiedad de los españoles Ancira. Primero, no sólo porque se compró a un sobreprecio de más de 600 millones de pesos, sino porque la planta era chatarra y además se adquirió con todo y sus adeudos que tenía con el Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, quien ya no tenía esperanza de recuperar su dinero, pues estaba en cartera vencida.

Es decir, fue un negocio redondo a expensas de Pemex, pero además no es el único, pues falta reabrir el caso Odebretech, que la Unidad de Inteligencia Financiera aún está documentando.

En poicas palabras, Lozoya Austin no saldrá bien librado de ésta, mucho menos el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se trata de un caso emblemático de los niveles de corrupción que permearon su administración.

Aunque los diputados priístas quieran ahora deslindarse de Lozoya, difícilmente lo lograrán. A diferencia de lo que sucedió con la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, a quien por su pasado perredista dejaron a su suerte, no podrán hacer lo mismo con Lozoya Austin, máxime que su abogado, Javier Coello, está empeñado en demostrar que su cliente sólo seguía órdenes.

El caso de Chayo Robles es tan grotesco, que podemos decir que tampoco se mandaba sola, pues incluso llegó a vender zonas naturales protegidas, y desvió dinero destinado al combate a la pobreza, usando incluso a las universidades públicas del país para ello. Por lo tanto, no sólo Robles Berlanga debe estar en la cárcel, sino los rectores que se prestaron a sus movidas.

El caso Lozoya es igualmente detestable, pues el usar dinero de la petrolera, pese a su carga fiscal y a sus cuantiosas deudas, sólo para ayudar a los cuates a salir de deudas, y para volverles a comprar bienes que ya se habían desincorporado, que además no son útiles para el sector, es algo sin nombre, es inmoral y un crimen.

Una vez extraditado, Lozoya tendrá que dar pormenores de las redes de corrupción que durante 4 años que estuvo al frente de Pemex minaron la paraestatal, y sobre todo qué papel desempeñó Peña Nieto en todo esto, pues apostemos a que a diferencia de Rosario Robles, él sí hablará de su ex patrón, quien fue el que finalmente se benefició no sólo del soborno en dólares de Odebretch, sino también de los trinquetes de Pemex.

Se acabó la fiesta para Peña Nieto, quien tras divorciarse de la Gaviota, anda de gigoló con una nueva conquista, viviendo como rey en España, por cierto.

El presidente AMLO está empeñado en recuperar el dinero que se tragó la corrupción, y qué mejor que este caso para inyectarle al instituto para devolver al pueblo lo robado.