Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con el fiscal Alejandro Gertz Manero y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para reabrir el Caso Ayotzinapa.

Se entiende que los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa están comenzando a hacer presión sobre la Presidencia de la República, pues ya pasó un año de que se estableció la Comisión de la Verdad, pero los avances son muy pobres.

Tan sólo se han establecido búsquedas de restos en diversas partes de la entidad, y aunque se han hallado restos, estos se enviaron a un laboratorio de Europa para su análisis, y por ahora no hay manera de determinar dónde están los muchachos, como tampoco hay forma de dar con los responsables de este crimen de lesa humanidad, sobre todo porque muchos de los implicados están siendo liberados por errores de procedimiento, sin importar si son o no culpables de la cacería y desaparición de los normalistas.

Lo que es peor, el secretario de Seguridad Pública de la entidad dijo antier que son precisamente los hombres que han sido liberados los que están violentando Iguala y sus alrededores, pues volvieron para demandar su parte en el negocio que perdieron cuando fueron detenidos, tras los hechos sangrientos de septiembre de 2014.

El asunto se antoja, sin embargo, demasiado difícil. Han pasado muchos años y el presidente reveló algo que se convertirá en el nudo gordiano del caso: los delincuentes tienen un pacto de silencio, y ha sido casi imposible atar cabos. Por lo tanto, les está ofreciendo protección, amnistía y hasta recompensas, a cambio de que aporten datos de lo que sucedió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Con todo, la reconstrucción de estos hechos, luego de tanto manoseo oficial, no será fácil. Y aunque el presidente señaló que resolver el Caso Ayotzinapa es de la más alta prioridad para su gobierno, no vemos por dónde pueda actuar el Poder Judicial, sobre todo porque muchos de los principales implicados fueron dejados en libertad por un juez federal del norte del país, sin que hasta la fecha se le finquen responsabilidades.

Lo que es peor, la Fiscalía se limitó durante todos estos meses a quejarse por las atribuciones del juez, pero nada hizo para retener a los detenidos en prisión.

Mientras el subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se desgastaba recorriendo la entidad, sobre todo los sitios por donde pudieron ser llevados los muchachos, en la Fiscalía el titular Alejandro Gertz Manero dejaba hacer y pasar. A su vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación jamás llamó a cuentas al juez que decidió liberar a gente como El Cabo Gil y otros delincuentes confesos, alegando que sus declaraciones les fueron arrancadas mediante tortura. Esto pese a que en los teléfonos celulares de los detenidos hay evidencias suficientes de su participación en aquellos lamentables hechos.

Ha sido así como el caso se fue revolviendo hasta hacerlo intrincado y engorroso.

¿Qué procede ahora? Abrir el caso a la sociedad civil y atender todos y cada uno de los testimonios que se aporten. Viene a la memoria el del líder de la CRAC-PC, Eliseo Villar Castillo, quien desde el penal de Chilpancingo reveló que conoce a dónde fueron llevados los muchachos, pero desafortunadamente los mismos abogados de Ayotzinapa le callaron la boca.

Alejandro Encinas atendió a Villar Castillo en el penal de Cuernavaca, y le ofreció revisar el lugar donde se indica que están los muchachos, un lugar de difícil acceso según Villar Castillo, quien además demandó protección para él  y la ex coordinadora Adelaida Hernández Nava y la hija de ambos, por considerar que su vida corre peligro.

Hasta la fecha, no se ha hecho nada al respecto, y el abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, se limitó a despreciar el testimonio de Villar Castillo, acusándolo de querer notoriedad y de pedir su libertad a cambio de los datos.

Tal vez sea la hora para el Encinas y el fiscal general de la República atiendan el testimonio de Villar Castillo, y se use toda la fuerza de la Guardia Nacional para acudir al lugar donde se presume están los muchachos. De no hacerlo, quedará la duda de que los abogados del caso algo esconden.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Esta semana se reabrió el programa de Fertilizante, y comienzan los preparativos para su capítulo 2020. Autoridades del nivel federal y estatal comienzan acercamientos para “coordinarse”, en aras de que la organización y entrega del fertilizante gratuito para productores de granos básicos en Guerrero, sea un proceso menos caótico que lo que fue en 2019.

Pero nadie asegura que esta vez todos los actores políticos y sociales se mostrarán en calma, pues todo debe comenzar con la elaboración de los padrones de beneficiarios, tarea que se le dejará de plano a las asambleas de los ejidos y de los bienes comunales.

Es decir, que con el ánimo de evitar dimes y diretes, zafarranchos y cosas peores, como lo vimos el año pasado, la Secretaría de Agricultura le dejará a los propios productores el control de los padrones, sin lo cual definitivamente volveremos a vivir el infiernito en que este programa se convirtió en el ciclo anterior, y en donde hubo de todo, como en botica.

Las primeras reuniones para la elaboración de los padrones ya se están realizando en la Tierra Caliente, donde se le está diciendo a la gente que si no aprovechan esta oportunidad para construir padrones confiables de productores, no habrá otra. Si los productores permiten, por miedo o por presión política, que se cuelen aviadores al programa, así como falsos maiceros, será responsabilidad de las asambleas de ejidatarios.

El año pasado, como recordaremos, tirios y troyanos se pasaban la bolita unos a otros, mientras se colaban miles y miles de falsos productores. Se habló de más de 70 mil personas que se registraron con más de un millón de hectáreas, tierras que no existían o no se utilizaban para la siembra de maíz o frijol.

Todo fue más difícil, porque el control de los listados se le dio a los servidores de la nación, quienes hicieron lo que les vino en gana, instalando mesas alternas a los centros de acopio para entregar vales a gente que en ese momento iba llegando, en detrimento de los que se habían registrado con anticipación en las ventanillas oficiales.

Las quejas contra los servidores de la nación fue generalizada y una de las exigencias para este año es que estos personajes desaparezcan de la escena, pues la verdad es que no son necesarios. Al contrario, le imprimen al programa mucha presión política y, además, no han dejado de caer en la tentación de registrar a “su” gente, aunque se trate de personas que no producen.

Para esta ocasión, de acuerdo con lo que se ha divulgado en las últimas horas, se eliminará la dotación de semillas mejoradas, y únicamente se le otorgarán a los productores paquetes de 6 bultos de fertilizante por hectárea, en razón de 3 de DAP y tres de Urea.

Tampoco se exigirán los certificados de derechos parcelarios, sino que basta que los ejidatarios en sus asambleas reconozcan que alguien sí es productor de maíz o frijol, para que se le considere, sin importar si lo hace en tierra propia o la renta. Es decir, que se va a censar a los productores, no a la tierra y por lo tanto el dilema de la certificación de la propiedad se elimina.

En cuanto a la coordinación del programa, nuevamente será un funcionario federal. Se trata del subsecretario de Agricultura Miguel García Winder, quien ayer recibió al delegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y al titular de la Sagadegro, Juan José Castro Justo, para revisar precisamente el proceso de la entrega del fertilizante para el próximo ciclo agrícola Primavera-Verano 2020.

Insistimos, sin embargo, que ninguna reunión en la Ciudad de México bastará para resolver el entuerto que se tiene en Guerrero. Se necesita mucha voluntad política de gobiernos y organizaciones sociales, para que dejen de obstaculizar el programa, y que el gobierno federal dé garantías de transparencia, algo que no cumplió el año pasado.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El PRD Guerrero se desembaraza de sus tótems políticos y comienza a construir su unidad, a partir de afinidades y proyectos. Dos de sus principales aspirantes al gobierno de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre y Carlos Reyes Torres, están decididos a caminar solos hacia la elección que viene, sin alianzas con otros partidos de derecha, sobre todo sin alianza con el PRI, a las que están convidados con la advertencia de que solos no podrán nunca remontar su propia debilidad electoral.

Pero Evodio y Carlos piensan distinto. Ambos tienen un año trabajando desde la base, reafiliando a los tránsfugas perredistas que los abandonaron en la elección de 2018, así como a nuevos militantes, aprovechando a los miles de jóvenes que están en su mayoría de edad, lo mismo que otros ciudadanos que no habían decidido participar en política, y consideran que tan sólo tomando en cuenta el padrón, son el partido más fortalecido en este momento.

Este fin de semana, durante la reunión de las dirigencias nacional y estatal del PRD, a la que asistieron los dos principales aspirantes al gobierno del estado, así como los miembros de las tribus que los arropan, parece que se pusieron en claro algunos aspectos, entre ellos que por estatuto tienen vetada una eventual alianza con el tricolor, pese a que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, líder de la Izquierda Progresista Guerrerense así lo ha planteado.

El dirigente del partido, Ángel Ávila Romero, aclaró este punto y dijo que competirán solos, de entrada con Evodio o con Carlos Reyes, aunque estos están abiertos a declinar en caso de que algún aspirante externo demuestre tener mejor arraigo entre la población.

Y es aquí donde se abre un abanico de posibilidades para gente incluso de Morena, que podría verse obstruida en sus aspiraciones por quienes ya se sienten con medio cuerpo en Casa Guerrero.

Los perredistas saben que, contra viento y marea, y no obstante que Morena parece en este momento un partido fuerte y que irremediablemente llegará a Casa Guerrero, en política nada está dicho y que las cosas pueden cambiar en cualquier momento.

De hecho, así ocurrió en 2018, cuando se hicieron de la mayoría de los ayuntamientos, aunque perdieron las diputaciones locales y federales, así como la senaduría. Es el PRD el partido que más alcaldías detenta en este momento en el estado, cuando se esperaba el arrastre de Morena aprovechando el efecto Peje.

Y en esos nichos precisamente están colocando su esperanza.

Cierto que perdieron Acapulco, por ejemplo, así como también Zihuatanejo, pero por primera vez llegaron a la capital del estado.

En resumen, el PRD está en la jugada y aunque como partido la gente no les da mucha esperanza, un buen candidato podría hacer la diferencia.

En este momento, los perredistas pudieran parecer ingenuos en su proyecto, pues simplemente ni los votos ni las preferencias electorales les dan esperanza; de ahí que el ex gobernador Aguirre los estaba considerando en una alianza ante Morena y pro-PRI, que ya se dijo no podrá realizarse, al menos no legalmente.

Pero parece que la decisión es en el sentido de mantenerse como partido, y comenzar a crecer a partir de ahí, tal y como hizo le PRI, que tras la salida de Aguirre en el 2010 se quedaron tan pequeños, que en el Congreso eran una fuerza marginal. Pero en la elección de 2015, los priístas supieron capitalizar los errores de su principal adversario y retomaron el poder con Héctor Astudillo Flores. Hoy, por cierto, el tricolor parece también decidido a mantener lo que ya tiene en la mano, sin caer en el fatalismo del tsunami morenista, que no es tal.

Por lo tanto, podemos afirmar que el PRD es más útil solo que acompañado. Si va en la alianza del PRI, se diluirá, se asimilará. Y si se mantiene, aunque no gane, mucho habrá logrado.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Adela no ve su suerte. Ni siquiera ahora que se fue de gira por el medio oriente, a donde irá a pedir dinero para sanear la bahía de Santa Lucía, una de las más bellas del mundo pero también una de las más contaminadas, puede estar en paz, pues sus problemas y excesos la persiguen.

Y es que su suplente en la presidencia municipal del puerto de Acapulco, Matilde Testa García, hizo pública una denuncia que presentó ante diversas instancias del gobierno federal, para exhibir los excesos de doña Adela, sobre todo su nepotismo, señalando que la señora alcaldesa acapulqueña tiene a toda su parentela metida en la nómina municipal, cobrando en varias dependencias.

Precisa que sus hermanas, cuñados y sobrinos, son los que parten el queso, se encargan de las contrataciones de obras, de asignarlas sin licitaciones, de las contrataciones de personal, etcétera, haciendo entre todos un gobierno muuuy familiar.

Matilde Testa pide que se investiguen los bienes de la alcaldesa Román Ocampo y de sus familiares directos e indirectos, en virtud de que desvía recursos públicos “a través de sus hermanos, sobrinos, cuñados, cuñadas”.

En lo que parece más bien un pleito entre comadres, pues la mujer expone que le pidió un empleo a doña Adela y ésta la despidió con cajas destempladas, diciéndole que no le daría nada porque es una ignorante, que se arrepentía de haberla elegido como su suplente, porque además había señoras ricas que le proponían meterle mucho dinero a su campaña…y cosas por el estilo.

Los señalamientos contra los parientes son también de dicho, aunque afirma que su oficio de solicitud de investigación contra Adela Román contiene elementos de prueba.

Así pues, hace ocho días le fue recibido el documento en la oficina de la Presidencia de la República, también fue sellado en esa misma fecha en la Secretaría de la Función Pública, y un día después en la Secretaría de Seguridad, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema Nacional Anticorrupción, en la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la misma dependencia, en el grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, entre otros.

¿Qué tal? Si por ánimos no para la señora alcaldesa suplente.

No desestimamos sus denuncias sino el tono de las mismas. Por lo demás, no sería la primera vez que un gobernante recurra a la práctica del nepotismo, desde que José López Portillo nombró a su hijo José Ramón como subsecretario, por solicitud de su sucesor, Miguel de la Madrid Hurtado, llamándolo “el orgullo de mi nepotismo”, y de quien se dejó influenciar para nacionalizar la banca y defender el peso “como un perro”.

Aquí en Guerrero y sus alrededores, para no ir muy lejos, pasando por todos los municipios, hoy se estila que los candidatos registren a sus esposas, hijos o hijas como sus suplentes, para en caso de dejar el cargo para irse a buscar otro, entonces todo quede en familia.

Y esto está permitido por la ley electoral. Es decir, que la mismísima ley electoral del estado de Guerrero fomenta el nepotismo de origen. Se va el esposo, y se queda la esposa. Se va el hijo y se queda la madre, etcétera.

Por lo tanto, ¿por qué habría de sorprendernos que una vez en el poder, un gobernante no se haga ayudar de su familia, que es a la que más confianza le tiene? Jojojo.

También en los hechos, se estila que las esposas de los gobernantes encabecen una presidencia o una gubernatura bicéfala (en la presidencia de la República también ha pasado, como fue el caso de Martha Sahagún de Fox, la Jefa, quien despachaba desde sus cabañas del amor en Los Pinos), desde donde toman las principales decisiones, aún por encima de lo que sus esposos –quienes son los que realmente fueron votados-, hayan decidido.

Y ahora que se usa que las mujeres sean nombradas candidatas por ley en una proporción 50-50, los políticos que no califican por género nominan a sus esposas, pero una vez en el poder, ellos son el poder tras el trono.

Y así sucesivamente. Por lo tanto, que sirva el caso contra Adela para revisar las leyes vigentes, y para que se tipifique, de una vez por todas, el nepotismo como un delito. De lo contrario, esto será el cuento de nunca acabar.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Tremendo revuelo se armó ayer que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció su disposición a cancelar los puentes vacacionales de fin de semana, también conocidos como “fin de semana largo”, que se instituyeron desde la era panista con el propósito de fomentar el turismo y reactivar la economía de los sitios vacacionales del país.

Estos fines de semana largos, según el sector turístico, han resultado todo un éxito, pues la gente ya está acostumbrada a ellos y se programan para estos días de asueto, aprovechando que se suman al sábado y domingo, añadiendo el viernes y el lunes.

Estos descansos son obligatorios sobre todo para los burócratas, lo cual incluye a los profesores de todos los niveles, bancos, y otros tipos de empresas, aunque la verdad es que no todos los empleadores los acatan.

La razón que dio el presidente está basada en un trasnochado patriotismo, pues considera que las fechas históricas de la nación, deben celebrarse con todo el honor que merecen, en lugar de que se les tome como días para descansar y vacacionar.

Actualmente, los fines de semana largos no siempre coinciden con la fecha a celebrar, como sucedió con este 5 de febrero, que cayó en miércoles, y los días de asueto fueron del viernes 31 de enero al lunes 3 de febrero, favoreciendo el desplazamiento de familias a los centros turísticos más cercanos.

De este modo, la gente que no gusta de vacacionar en navidad y año nuevo porque los puertos están muy saturados, suelen esperar estos otros días de descanso para salir, aprovechando que las carreteras están más despejadas y hay mayor oferta hotelera, además de más barata.

Con los puentes vacacionales o fines de semana largos, no sólo se incentiva al sector turístico, que incluye generación de ingresos a todos los prestadores de servicios turísticos, sino que también se contribuye al sostenimiento de empleos.

En lo personal no le veo nada de malo a esto.

Si se consuma el plan del presidente López Obrador, en cambio, con las fechas cívicas que no coincidan con los fines de semana ocurrirán dos cosas: de todos modos las escuelas y entidades de gobierno perderán el día de trabajo, lo mismo que los bancos, pero como no se tiene mayor margen de maniobra, las familias evitarán desplazarse más allá de su lugar de origen.

Volverán los puentes de entre semana, perdiendo horas clase, situación que aprovecharán los profesores sobre todo, quienes eran los que más se beneficiaban con estos descansos, al grado de que ya les decían los ingenieros, por tanto puente que hacían.

Luego entonces, el daño será director al turismo y eso incluye de lleno a Guerrero, donde la Autopista del Sol, además de ser de las peorcitas a nivel nacional, es también una de las más caras, y a la que por cierto ayer se le incrementó el peaje en 3 por ciento.

Para nada es esto una buena idea, y no se puede anteponer el bienestar de miles de familias que viven del sector, y que dependen del flujo de visitantes, por un esquema rígido de civismo.

Los empresarios ya alzaron la voz desde ayer. Recién se conoció el anuncio del presidente, unos le pidieron que esa decisión no sea unilateral, sino que sea llevada a consulta, a propósito de que están de moda.

Hoteleros y empresarios guerrerenses advirtieron que habrá una severa afectación en la economía de las ciudades turísticas, si prospera la disolución de los fines de semana largos en el calendario escolar que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este miércoles.

Comentan que la eliminación de los fines de semana largo, reduciría a la mitad los días de ocupación que actualmente registra, y con ello se desplomaría el empleo en los lugares turísticos.

En resumen, cuestión de prioridades. Esperemos que Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, dependencia que es la cabeza del sector a nivel nacional, se atreva a decirle a su jefe que la conmemoración de algo que ya sucedió y que se sigue festejando como algo que es parte de nuestra identidad como nación, no puede estar por encima de lo actual.

No hay mayor acto de civismo que velar por el bienestar de los vivos.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ahora que la muerte de mujeres se ha convertido en un deporte nacional, la Fiscalía General de la República está proponiendo que se incrementen las penas de cárcel hasta 70 años para cualquiera que ose asesinar a una mujer, independientemente de si se cumplen o no los requisitos del feminicidio.

“Si simplemente se tipifica y se mantiene el delito de feminicidio como un homicidio en contra de una mujer; este feminicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe ser de 40 a 70 años; que es superior a la que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado”, explicó el fiscal Alejandro Gertz Manero, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, donde reconoció que la alerta de género no resolvió este problema, sino todo lo contrario.

Gertz propuso de entrada que se le quitara la etiqueta de “feminicidio” al asesinato de una mujer, y es dejara tal cual, pero los grupos defensores de los derechos de las mujeres a vivir libre de violencia de género, no estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, creo que es lo ideal, porque actualmente el feminicidio está considerado en los Códigos Penales de 28 entidades federativas y en el régimen federal, pero con muchos requisitos; es decir, para tipificarlo como tal, se imponen siete condiciones, requisitos y circunstancias, “que complican inútilmente su judicialización”, dijo el fiscal.

La urgencia de combatir este delito, no tanto con protocolos de concientización y alertas de género, es porque de 2012 a la fecha, el feminicidio aumentó 137.5 por ciento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Esto mayor que todos los demás delitos, y por lo tanto urge que se tomen medidas apremiantes para contenerlo.

Para Gertz Manero, la tipificación del asesinato de una mujer se vendió como la panacea contra este delito, pero ha resultado todo lo contrario.

Sobre todo, resulta casi imposible hacer justicia en estos casos. Primero, porque para imputarle al asesino este delito, se tienen que cumplir los requisitos previstos en la ley, en los que se demuestre que se trató de un crimen de odio contra la mujer; es decir, que se le mató sólo por ser mujer y no por cualquier otra causa.

Entonces, su propuesta de “desfeminizar” el feminicidio, válganos la expresión, es para acelerar los procesos judiciales y en contraparte ofrece elevar las condenas para los asesinos de mujeres hasta 70 años.

Si se cumple esta premisa planteada por Gertz Manero, entonces el homicida de una mujer (vámonos sumando a la desfeminización de este delito), simplemente moriría en la cárcel, lo cual me parece perfecto.

El funcionario detalló: “Es verdaderamente preocupante. Nos cuesta más trabajo a nosotros consignar y judicializar un delito de feminicidio que un delito de homicidio; entonces se vendió eso como que iba a ser la panacea que iba a resolver el problema del abuso frente a las mujeres, y resulta que ahora es lo contrario”.

Lo que propone Gerts Manero, en concreto, es que el feminicidio se plantee como un “homicidio con agravantes”. De este modo, las condiciones para judicializar o para consignar al homicida, serían mucho más fáciles que ahora.

Y sí, tiene razón. Simplemente en el caso de los medios de comunicación, cualquier muerte de mujer, consideramos que es un feminicidio y la publicamos como tal, pero no es así. De hecho, fiscales y MPs nos piden que no manejemos ese término, hasta que la autoridad determine si realmente lo fue, o si entra en el esquema de un homicidio común.

La verdad es que las feministas defensoras de la paz para las mujeres deben tomarle la palabra al fiscal. Digo, si es que lo que quieren es justicia y contener este cáncer. Porque si lo que quieren es seguir luciéndose en foros y exponiendo el problema, señalando con dedo flamígero la ineptitud de las autoridades, al mismo tiempo que obstruyen sus posibles soluciones, pues como decían en mi rancho, “en su salud lo hallarán”.

Los números son fríos. Cada día mueren más mujeres, y la justicia está atorada. El fiscal está exponiendo en dónde realmente radica el problema. Lo que sigue es buscar soluciones.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por fin, la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), puso en marcha un plan preventivo ante la amenaza que representa el eventual arribo del coronavirus al país.

Apenas este lunes, a 5 días de que la OMS declaró alerta mundial por el coronavirus de Wuhan, China, que ya se expandió a más de 20 países, los encargados de la promoción y del desarrollo turístico de México se reunieron para tomar decisiones al respecto.

No obstante los riesgos que nuestro país muestra, por ser una potencia turística, y por tener relaciones comerciales con los países del lejano Oriente, parece que las autoridades de este país ni sudan ni se abochornan, ante lo que será inevitablemente una pandemia.

Cuando hablamos de pandemia, nos referimos a una enfermedad que va más allá de un brote o de una epidemia, y que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región, como está sucediendo en China, donde ayer se notificaban cerca de 20 mil infectados y más de 300 muertes.

A los familiares de las víctimas del coronavirus, por cierto, ni siquiera se les está dando la opción de velar a sus difuntos, sino que por orden del gobierno estos son incinerados irremediablemente.

Así de grave es la situación. Y lo peor es que se están divulgando el resultado de una investigación realizada por infectólogos de India, en la que señala que el coronavirus de China tiene muestras de que es en realidad una recombinación con el VIH, virus que provoca el SIDA, lo cual señalan que su aparición y propagación no fue algo fortuito, sino que fue algo creado en un laboratorio con fines de ser usado como arma biológica.

Aunque de esto, desde luego, no hay mucho en los medios formales, tarde o temprano los expertos tendrán que explicar cómo y cuándo surgió este virus, que vino a sorprendernos en el inicio de este año 2020.

Entre tanto, China llegó al límite de su capacidad de atención a las víctimas, pues aunque ya construyó un hospital y está en proceso otro, se le agotan las reservas de máscaras y equipo de aislamiento, por lo cual está pidiendo ayuda a todas las naciones.

Y eso también nos muestra la gravedad del problema, y nos permite discernir que no se nos está informando toda la verdad.

Por lo tanto, es urgente que nuestro país tome medidas contundentes de control, como lo están haciendo países como Estados Unidos y Francia, quienes están cuarentenando a todo visitante que llega desde China, sobre todo si estuvieron en la provincia de Wuhan.

Frente al titular de Turismo, Miguel Torruco Marqués, los secretarios del ramo en los estados coincidieron en que se debe establecer un protocolo general para todo el país, en el que también participen los prestadores de servicios turísticos, agencias de viajes, líneas aéreas y navieras, pero sin causar pánico.

La verdad que en ocasiones coincidimos en que el pánico es innecesario, pero la experiencia demuestra que sólo ante el miedo la gente actúa. Cuando surgió el cólera a inicios de a los años 90 en el país, el miedo a la muerte arregló muchos problemas que tenía este país, como el regar frutas y verduras con aguas negras, pero también que la gente no tenía un control adecuado de estos productos en sus hogares.

Incluso, recordamos que por aquella época podíamos beber agua de la llave directamente, sin tener que hervirla. Fue en aquella época cuando se recomendó comprar agua purificada, y entonces proliferaron las empresas purificadoras del vital líquido, propio para consumo humano.

En los ranchos la gente comenzó a construir sus letrinas y a dejar de defecar al aire libre.

Y todo eso se consiguió en cuestión de meses, tan sólo por el temor al cólera.

Hoy, la gente debe ir haciendo conciencia de los síntomas del coronavirus, y una vez que se detecte el primer caso en este país (ayer se tenía otro caso sospechoso en Jalisco), entonces todos comenzar a ser parte de la solución, en lugar de ser parte del problema.

Ante cualquier síntoma, la gente debe actuar y dejar de automedicarse.

Los controles son necesarios, pero lo son más los hábitos preventivos. Estos hacen la diferencia entre un brote, una epidemia y una pandemia.

En tanto no haya una vacuna contra el coronavirus de China, todo lo que hagamos al respecto queda pequeño, pues todavía no se conoce la magnitud de la infestación.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Suenan tiempos de cambios en los partidos políticos. Salvo Morena, que se retrasa y empantana, el resto de los institutos políticos están renovándose y preparándose para la madre de todas las batallas de julio de 2021, fecha en que se renovará la gubernatura, las diputaciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones federales.

Hay mucho en juego y por eso tanta movilidad en los partidos. Se ve a ex perredistas y ex petistas coqueteando en Morena, pero no de manera directa, sino a través de las candidaturas externas. Gente que está haciéndole en este momento el caldo gordo a Luis Walton Aburto; gente que antes hizo un gran rodeo desde el PRD y pasando por los partidos de izquierda, en su empeño por retomar el poder.

Otros perredistas se observan ahora alrededor del diputado Antonio Helguera, quien de manera automática quedó en uno de los extremos del ring de Morena. Del otro está el grupo que lo repegó contra la pared, para que dejara la presidencia de la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Gobierno del Congreso local. En pocas palabras, se le quitó el control del Poder Legislativo, aunque algunos dicen que esto fue a cambio de prebendas a la oposición, negociadas de antemano, pues el resto de las bancadas se sumaron de manera contundente en apoyo del nuevo coordinador, y en contra sutilmente del que se fue.

Este domingo Helguera estuvo en Tecpan de Galeana, donde fue recibido por el ex alcalde Élfego Martínez González, y estuvo acompañado de los consejeros del partido Sergio Montes Carrillo y Galdino Nava.

Independientemente de la salud política de sus aliados, Helguera anunció que los morenistas no permitirán que el PRI retenga el poder.

Para ello, claro -a sabiendas de que hay condiciones para garantizar el triunfo que en este momento parece inevitable, pero que tampoco está seguro, sobre todo porque la madeja de Morena se enredó desde el nivel nacional-, Helguera expuso que lo primero es la unidad y en segundo lugar la apertura del partido a las organizaciones sociales, que buscan participar en este proceso de cambio.

Esto, por supuesto, no le conviene a los que ya están encarrerados. Al contrario, la apertura les mueve el tapete y piensan que les va a alcanzar el “Efecto Peje”, como en 2018 y sin considerar que el ejercicio del poder desgasta.

Una cosa deben considerar los líderes de Morena: que hay muchas ovejas sin pastor ahí afuera, y que son manadas las que están buscando entrar por la puerta que la ley les permite como externos. De modo que si no son recibidos aquí, serán muy bien recibidos enfrente, donde tienen les hacen falta refuerzos.

Priístas, panistas, perredistas, petistas y verde-ecologistas son capaces de tumbar a su gente, con tal de darles puerta a los externos, con la única consigna de que no vayan a engrosar a Morena.

No será la primera vez que lo hagan, sino que es una estrategia que conocen bien y les resulta a la perfección.

A veces no es necesario que los detractores se metan a sus partidos, sino que los financian para que trabajen en los partidos enanos, usando la estrategia de pulverización del voto. ¿Para qué si no sirven los partidos de reciente creación, que no garantizan para nada la participación política, sino que sólo son instrumentos de control de las fuerzas electorales que emergen en el tejido social?

En otros casos, los que regentean a estos partidos van en busca de sus prerrogativas, dinero que les dan aunque carezcan de una genuina base social, y con las cuales salen de pobres, porque basta engatusar a alguno que haya sido despreciado en otro partido, para lanzarlo como candidato, al cual ponen a gastar sus buenos pesos en una campaña de antemano perdida, mientras ellos se embolsan el dinero.

Este año, por ejemplo, los partidos se reparten 5 mil 239 millones de pesos para las llamadas actividades ordinarias y, lo peor, sin ser año electoral.

De ese tamaño es la tajada que se reparten, y además sobra para los partidos de nueva creación, aunque estos estén haciendo eso cada tres años, pues al no poder obtener más de 2 por ciento de los sufragios, entonces se les retira el registro, y así sucesivamente.

Bueno sería que se legislara al respecto, porque lejos de fortalecer al sistema de partidos que existen en México, se deforma el proceso democrático.

Como ya lo hemos dicho, todos los partidos están en franco reacomodo, mientras que el partido lópezobradorista se despedaza por dentro.

Para colmo, cierro con lo que dijo ayer Alejandro Moreno Rojas, gente del grupo del senador Ricardo Monreal, quien visitó el puerto de Acapulco. Este sujeto, que es un férreo opositor a la Yeidkcol Polevsnky, dijo que la prioridad de su partido no es ganar la gubernatura de Guerrero, sino solamente la mayoría en la Cámara de Diputados, en respaldo al presidente de la República. ¡Hágame usted el Re C favor!

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Mientras más cruceristas siguen llegando a nuestros puertos, haciendo escala en su viaje por el mundo, cerramos esta semana, amable lector, con la noticia de que la Organización Mundial de la Salud determinó ayer decretar la alerta global por el coronavirus de China, aunque apenas el pasado lunes había decidido no hacerlo, o esperar a tener mayores evidencias.

Es la sexta vez que la OMS adopta esta medida, tras hacerlo por la gripe A en todo el mundo (en 2009), la polio en Oriente Próximo y el ébola en África Occidental (2014); la zika en América (2016) y el pasado mes de julio contra el ébola en la República Democrática del Congo.

Las críticas por esta tardía decisión del organismo global que se encarga de vigilar las políticas de salud en el mundo, no tardaron en proyectarse a través de medios y redes sociales, porque la tardanza fue a todas luces una decisión política. Es decir, que la OMS dijo no tener suficientes elementos para decretar la alerta, pero sólo para no perjudicar a China, país que ha venido incrementando su influencia económica en el mundo.

¿Qué provocó esto? ¿En qué consistió el error? En que cada nación y cada gobierno, al no haber un criterio general para todos, que se adopta a partir de la alerta global, comenzó a tomar sus medidas por separado, atendiendo los reportes de sus propios gabinetes de seguridad nacional y de salud.

Rusia, por ejemplo, cerró el miércoles su extensa frontera de más de 4 mil kilómetros que comparte con China, por temor a que el coronavirus se expandiese por sus territorios –generalmente provincias alejadas-, sin ningún control.

Los países europeos también comenzaron a sacar masivamente a sus ciudadanos, a petición de estos, aunque estuvieran en zonas de cuarentena, lo cual fue también un error, pues hasta el momento se ignora el comportamiento del virus, y hay versiones que señalan que puede tener una ventana asintomática de hasta 9 días, luego de lo cual desata su fuerza. Esto significa que en ese periodo la persona es portadora del virus pero sin síntomas, y entonces las medidas que se están adoptando en puertos y aeropuertos, son insuficientes, pues se basan solamente en apartar a las personas que presenten temperatura, y otros síntomas gripales, así como tos, sin considerar el comportamiento del patógeno y el periodo de incubación, así como sus formas de transmisión.

La OMS llamó entonces a una “acción global” contra el virus. Sin embargo, aunque China misma está tomando medidas sumamente drásticas para contener la epidemia, que ya está en todo su territorio, incluido el lejano Tibet, el organismo multilateral dijo que “por el momento”, no es necesario imponer restricciones a viajes y comercio.

Desafortunadamente, para esta hora, ya han transcurrido 30 días de la primera alerta que lanzó China el 31 de diciembre, sobre la presencia o aparición de un nuevo virus en la provincia de Wuhan. Es decir, que China avisó y notificó oportunamente de este nuevo patógeno, pero el mundo y sus organismos de representación global se sentaron a ver cómo el gigante asiático perdía el control sobre la enfermedad, que hasta ayer tenía presencia ya en 18 países, entre ellos Estados Unidos, donde ya se produjo el primer caso de persona a persona; es decir, que hasta el miércoles todos los casos se referían a personas que habían estado en China, concretamente en la zona del brote, pero una vez que comienzan a enfermar personas que nunca estuvieron en ese país, es cuando ya se infiere que la enfermedad traspasó la primera línea y comienza a convertirse en epidemia.

El mundo sabe que estamos ante el riesgo de una nueva pandemia. Lamentablemente, en México no vemos que haya nada relacionado con esto, y ayer expertos de la UNAM advirtieron que nuestro país no está preparado para una situación de esta magnitud.

Todo lo contrario, dijeron que las medidas de control que se tenían en materia epidemiológica se relajaron, e hicieron un llamado al gobierno en todos sus niveles para que comience ya a reorganizar al sector, así como a informar a la población acerca de las medidas de control a seguir.

Y para esto es precisamente la alerta global de la OMS, para que cada país ponga manos a la obra.

Entre tanto, el número de afectados por el patógeno se multiplicó por 13 en la última semana hasta los 7.818 casos confirmados  y 170 muertos. De ellos, 82 enfermos han sido diagnosticados en 18 países fuera de China. Finlandia, India y Filipinas han sido los últimos en sumarse a la lista. Afortunadamente, no se ha producido ningún fallecimiento fuera del país asiático.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Conforme avanza el tiempo, a través de las redes sociales, porque son medios gratuitos y no están regulados por los órganos electorales, los aspirantes comienzan a desplegar sus campañas electorales. No es que posteen algún mensaje o video y lo compartan entre sus contactos. No. Ellos están montándose en redes, sobre todo en Facebook, pero contratando publicidad. De hecho así se lee en sus publicaciones, se plantea como publicidad y, por lo tanto, debe verse como tal y regularse.

Y es que los órganos electorales y la ley en la materia dejaron esa manga tan ancha a favor de la clase política, que las están usando de lo lindo, a sus anchas, a sabiendas de que no se le toma como propaganda y no se les fiscaliza tampoco.

Además, por si fuera poco, todo lo que hagan mediante redes sociales, aunque sea campaña, no les cuenta como campaña anticipada, aunque lo sea.

En ese tenor, los legisladores nos están quedando a deber, tanto a los ciudadanos de a pie como a los medios de comunicación tradicionales, los que sí generamos empleos en este jodido estado, los que sí comunicamos, informamos y sostenemos plataformas cada vez más costosas.

En otros tiempos, los políticos comenzaban a tender sus redes de información desde el primer día del año pre-electoral, pero tomando en cuenta a medios impresos, televisoras y radios. Hoy, en cambio, pretenden que les publiquemos nomás por su linda cara, como si no costaran los insumos para impresión.

La mala noticia para ellos es que las redes sociales, aunque son escandalosas, no siempre tienen el efecto deseado. En muchos casos actúan en contra, tienen un efecto bumerang, porque la gente opina de manera directa, y no siempre tienen opiniones favorables. Además, tales mensajes son como llamaradas que se encienden y se apagan al paso de las horas, si es que llegan a llamar la atención. De lo contrario, pasan inadvertidas y entonces el que se anunció tiene la idea de que lo vio mucha gente, de que su mensaje se multiplicó realmente, pero es mentira.

La inmediatez es buena, pero también tiene factores en contra, porque cada nota tiene que competir con los miles de miles de mensajes que cada miembro de la red recibe. Difícilmente un internauta se acordará de lo que se les compartió ayer o antier, porque las redes –como su nombre lo indica-, son sociales. Nacieron para que la gente esté en contacto con sus amigos y familiares, y solamente un sector muy pequeño se interesa en noticias, y mucho menos en la clase política.

Los que se informan, además, dudan de lo que se postea si no viene de un medio formal. No se han dado cuenta los políticos que la gente que gusta informarse sigue a los sitios formales, los sitios oficiales de los medios de comunicación.

Y, finalmente, están los que no usan redes sociales, no les gustan y prefieren vivir sin ella. Y además están los grandes conglomerados de gente que vive en el medio rural, sin acceso a internet, y que suelen todavía informarse por la radio, la televisión y los periódicos, si es que les llegan a sus pueblos.

Visto así, las rede sociales no son la panacea para nadie, ni en materia de publicidad, ni en materia de propaganda política. Ayudan, pero no lo son todo. Son herramientas de apoyo en materia de comunicación, pero no vienen a sustituir a los medios, que siguen teniendo sus sitios oficiales, aunque usen las redes para ampliar su rango de influencia.

Es posible que en el futuro próximo, la Internet obligue a los medios a ser digitales. Se dejarán de imprimir y pasarán a ser digitales, pero una cosa es usar la Internet, y otra cosa es vivir en y de las redes sociales. No confundir, por favor. Las redes no sustituyen a los medios. Al contrario, se alimentan de ellos.

Y hablando de costos publicitarios, tarde o temprano la propaganda política en redes también tendrá que ser regulada. Porque no es gratis ¿eh? Para nada. Tiene un costo y eso deben tomar en cuenta los órganos electorales del país y de los estados.