Categoría: S.O.S Costa Grande

(Misael Tamayo Hernández, in memoria)

Este lunes abren la minería y el sector de obras públicas, con un protocolo de seguridad muy estricto, pues para nada la pandemia está domada en el país, como dijo el presidente López Obrador, sino que en estados y municipios siguen los contagios y para Guerrero lo peor está por venir de aquí al 15 de junio.

El gobernador Héctor Astudillo anunció ayer que dentro de dos semanas podría abrir el sector turístico, siempre y cuando el semáforo nacional lo permita.

Sin embargo, esto se complica. Acapulco es la meca del turismo en Guerrero, y mientras no se controle la pandemia en ese municipio, no avanzaremos. Ayer se reportaron 1,282 contagios acumulados desde el inicio de la pandemia, y 112 decesos. Estamos hablando de que más del 60 por ciento de los casos registrados a nivel estatal, están en Acapulco.

El gobierno debe comenzar a proveer alimentos a los sectores que ya están muy castigados por la cuarentena, para que se guarden dos semanas más. No es suficiente lo que está haciendo el municipio, urge que el estado y la federación pongan sus ojos en Acapulco. Pedirle a la gente mayor sacrificio, sin ofrecerle soluciones, hará que simplemente se violen los protocolos de Sana Distancia.

Por ejemplo, ayer, pese a que estamos viviendo el peor momento de la pandemia, comerciantes de Altamirano decidieron abrir mediante un acuerdo interno. Se comprometen a cuidar todas las medidas de salud y le informan al ayuntamiento que habrá estricta vigilancia en sus locales.

Pero esa no es la solución. Se le está dejando a la gente la carga de la pandemia, pues salvo algunas excepciones, los apoyos donados por gobierno y particulares son insuficientes para sostener, por ejemplo, al sector turístico, que es el que más familias ocupa para su funcionamiento.

De un lado, se les exige a cerrar sus negocios; del otro, no se les dan alternativas, sobre todo para los trabajadores, pues las nóminas de las empresas tienen que seguir pagándose, aunque no haya ingresos. También siguen vigentes los créditos, el pago de energía eléctrica, teléfono, sky, etcétera. Ninguno de estos servicios condonó pagos ni tampoco dio facilidades, salvo algunos servicios bancarios, donde permitieron no pagar en 4 meses o hasta 6, pero sin dejar de emitir los respectivos intereses de deuda, que se irán anexando al capital de los clientes. Únicamente les hicieron el favor de no cargarles intereses moratorios.

El caso es duro para Guerrero, más que para cualquier entidad, porque somos una economía basada en el turismo, y las playas cerraron desde el inicio de la pandemia, para impedir la salida de gente de las grandes ciudades. Entonces, se empataron los tiempos de la pandemia nuestra con las de la Ciudad de México, y ahora que se reactivan algunas actividades en la capital, para nuestra entidad se decretan 2 semanas más de confinamiento.

Hubo también mucha desinformación, o más bien se manejó la información a pausas, dándole a la gente fechas posibles de apertura, que motivaron que, una vez cumplidas esas fechas, la gente quisiera volver a la calle. Como el confinamiento seguía, se desesperaron.

Sucedió, por ejemplo, en algunos municipios que cerraron sus entradas, diciendo que estábamos en etapa 3 de la pandemia, cuando no tenían ni un solo caso. Ahora que quieren volver a controlar a la gente, ya no pueden.

Es complejo este problema. La gente ignora todos los procesos de una pandemia. No sabemos, por ejemplo, que los contagios son prácticamente inevitables, por tratarse de un agente infeccioso que se cuela por vías respiratorias. No es el caso del Sida, que depende de un contacto sexual entre personas, o bien por transfusión sanguínea. El Covid-19 se mete incluso por las mucosas de los ojos, y se queda en las superficies por un tiempo, de modo que, si alguien las toca y no se lava las manos, puede contagiarse.

Ese alto nivel de contagio hace que esta pandemia sea muy difícil de controlar. Y al no haber medicinas ni vacunas, entonces la sobrevivencia del paciente depende de su propia resistencia y de su propia genética y salud.

Afortunadamente, aunque a nivel nacional se nos reportan más de 10 mil muertes, son apenas el 10 por ciento de los contagios, pues todavía siguen siendo más lo que sanan que los que mueren. Esto irá creando lo que se llama “inmunidad del rebaño”, y en algún punto la pandemia podrá ceder, pero dicen que eso podría tomar entre 2 y 3 años.

Entre tanto, tendremos que acostumbrarnos a vivir en la “nueva normalidad”.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Como se dijo en su momento desde hace dos semanas, Guerrero seguirá cerrado, mientras las urbes del centro del país se preparan para una reapertura controlada y escalonada.

Es nuestro tiempo de sufrir el paso de la pandemia, ya que como dijo el doctor Gatell, son “muchas pandemias”, no solamente una, las que está sufriendo México. Se refiere a los tiempos de los contagios, y en este momento ya no sabemos si alegrarnos por los municipios donde hay pocos casos, o preocuparnos, porque tratándose de una pandemia, a cada municipio le tocará su momento de la multiplicación y aceleramiento.

Es decir, que cuando Acapulco y los municipios que en este momento están sufriendo por una escalada de casos y alta mortalidad, hay algunos que apenas tienen un caso, lo cual significa que están en la primera fase de la pandemia, y les falta pasar por las dos siguientes.

Y qué bueno que así esté sucediendo, porque no podemos imaginar si todos los 81 municipios de la entidad estuvieran al ritmo de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Arcelia, Pungarabato, Tlapa y otros, que están pasando por el vendaval, saturando sus hospitales y camas de terapia intensiva.

Es un hecho que no en todas las regiones se tienen la misma disponibilidad de camas de hospital. De hecho, podemos decirnos afortunados los que contamos con algún hospital, y que se tenga lo mínimo para atender casos de Covid-19.

Ayer, por ejemplo, la Secretaría de Salud y el gobernador del estado anunciaron que se comprobaron casos en los municipios de Ometepec y San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica; en Malinaltepec, en la Montaña; en Tlalchapa, zona de la Tierra Caliente; y en Copalillo, en la Zona Norte que ya prácticamente se vistió de rojo.

En realidad, los casos están desde hace una o do semanas. Estaban en calidad de sospechosos en Ometepec, Xochistlahuaca, San Luis y Malinaltepec. Sin embargo, por la lentitud en el procesamiento de las pruebas, se dieron a conocer hasta hoy.

El jefe jurisdiccional de aquella región, Macario Navarrete, aceptó que es tan alta la carga de trabajo del Laboratorio Estatal, que el resultado de una prueba puede tardar hasta 2 semanas.

Y eso es preocupante, de verdad, porque al no tener evidencia de que se trata de un caso de coronavirus, las personas pueden confiarse y seguir haciendo su vida normal; o bien las autoridades pueden no tomar las medidas de control correspondientes, como es el cuarentenar a la persona bajo sospecha, así como a sus familiares.

Creo que estos requisitos son mínimos para hacer un debido control de la pandemia, sobre todo en municipios se tienen pocos casos. En Acapulco, ni hablar, ahí ya se multiplicaron tantos, que el ayuntamiento tiene apartado un espacio en el panteón El Palmar, suficiente para 300 tumbas.

Entre tanto, el gobernador Héctor Astudillo reiteró ayer que Guerrero seguirá cerrado y solamente volverán a abrirse algunos servicios básicos, como las áreas de Finanzas, que son indispensables para la recaudación.

Confirmó además que no habrá regreso a clases en junio ni julio, porque sería muy arriesgado debido al aumento de los casos de esta enfermedad, por lo que la UAGro ya notificó a la comunidad universitaria de esta decisión.

Este viernes, el mandatario estatal dará a conocer las medidas que se implementarán el próximo mes para continuar la lucha contra el Covid-19, y anunció que seguiremos cerrados mínimo hasta el 15 de junio.

Por lo tanto, amable lector, nos quedan dos semanas fuertes, porque se trata del pico de la pandemia. Veremos de todo. Muchos contagios, pero también muchas muertes, porque siendo la infección por Covid-19 un padecimiento sin cura ni vacuna, la sobrevivencia dependerá de cada individuo, pero también de la disponibilidad de hospitales y de la oportuna intervención médica.

Sabemos que, desafortunadamente, a diferencia de otros países, en México está muriendo gente joven, porque 9 de cada 10 mexicanos tenemos sobrepeso, lo cual es una condicionante grave ante el Covid-19.

Pero no nos demos por vencidos. Hemos estado conociendo de casos de ancianos que están superando la enfermedad, y nuestro deseo es que los índices de mortalidad sean mínimos.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Pese al Covid-19, a nivel nacional se están gestando cambios muy profundos, en materia administrativa y que tienen que ver con el combate a la corrupción. Los mexicanos no estamos enterados, por ejemplo, de cuánto dinero se mueve a través de unos 380 fideicomisos aún vigentes en el país, heredados del viejo régimen, pero de los cuales únicamente 19 cuentan con controles suficientes para seguirle la ruta al dinero (6 por ciento del total). Es decir, 94 por ciento de estos fondos se maneja en forma discrecional por funcionarios y beneficiarios del dinero que es público.

Cuando se nos dice que el Fondo Nacional de Atención a Desastres Naturales (Fonden), va a desaparecer, no es así. La intención del gobierno federal no es suprimir los fondos, y menos cuando se trata de algo tan importante como la atención en caso de desastres naturales, sino regularlos, según lo explicó el diputado federal por el Distrito 08, Rubén Cayetano García.

El caso llama la atención, desde que el presidente de la República anunció la revisión de los fideicomisos ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué tantas medias verdades y medias mentiras? ¿Qué es un fideicomiso y qué es un fondo? Casi no sabemos nada del asunto y, por lo tanto, nos vamos con la finta de lo primero que dicen en redes sociales.

El tema tiene muchas aristas. Primero, entender que un fondo de recursos es una bolsa de dinero que se destina para determinado fin, generalmente bueno. En cambio, un fideicomiso es una figura administrativa que permite que los fondos sean manejados, sean por entidades públicas e incluso por particulares.

En el caso de Fonden, sepamos que también es un fideicomiso. En resumen, fondo es dinero y fideicomiso es un instrumento de control financiero de ese dinero.

Hablemos primero de la parte buena de los fideicomisos: Permiten destinar bienes y recursos para fines como la construcción de proyectos de infraestructura, otorgar apoyos a pequeños productores, financiar causas sociales, fortalecer la defensa a los derechos humanos; todo esto sin que estos puedan ser tocados por otras entidades ni utilizado para otros fines, aun en procesos de transición.

Al transferirse bienes a una institución financiera para que los administre, permite que estos tengan rendimientos y se incrementen, generando un patrimonio autónomo.

Los recursos públicos que están integrados en un fideicomiso no tienen que ejercerse en el mismo año que ingresaron, lo que permite que la proyección del gasto sea mejor planeada. Es decir, hablando del Fonden, que en caso de que no se ejerzan todos los recursos, tampoco se reintegran a la Federación, sino que el fondo se va acrecentando y generando intereses.

Un fideicomiso permite flexibilidad para la realización de distintos negocios y contratos, sin importar si se cumplen los fines por los cuáles se crea.

Lo malo de los fideicomisos públicos es la forma como se usan y se abusa de éstos. Sólo 19 fideicomisos públicos a nivel federal cuentan con controles propios de vigilancia. Pero 360 de ellos no tienen estos controles.

Crearlos es muy fácil, pues basta un simple contrato entre distintas entidades, en donde se diluyen las responsabilidades y se dificulta el seguimiento del gasto y de la información.

Existe mínima información que explique y justifique su ejercicio. La mayoría sólo tiene disponible información general de los montos de sus ingresos, egresos y contrato de creación, pero no tienen disponible información detallada del destino de los bienes o los negocios que se realizan, ni mucho menos si existe seguimiento sobre el cumplimiento de sus fines.

Lo feo, según la organización Fundar México, es que a pesar de que está prohibido el secreto bancario o fiduciario respecto al ejercicio de recursos públicos, los fidecomisos públicos -que por cierto son administrados por instituciones financieras privadas-, tienen la posibilidad de resguardar la información de las operaciones que realizan como confidenciales.

A través de los fideicomisos, las entidades públicas evitan regresar a la Tesorería de la Federación lo que no gastaron de su presupuesto, sin señalar a qué fideicomisos ni la justificación de ese gasto. De esa forma podrían crear nuevos fideicomisos sin ninguna utilidad social o transferirlos a fideicomisos privados, en donde no existe la posibilidad de seguir el destino final de estos.

Cada año se destinan del presupuesto montos a las entidades públicas para que éstas los transfieran a los fideicomisos que administran, pero estas transferencias se sobre-ejercen de manera exponencial sin que exista justificación de dicho sobre-ejercicio y sin que se especifiqué a cuáles fideicomisos van esos montos. “Por ejemplo, en 2017, se aprobó en el presupuesto que 42 mil millones pesos de destinarían para fideicomisos, sin embargo, las dependencias en realidad transfirieron 310 mil millones pesos, es decir 600% más. Lo cual muestra un problema de control presupuestario en estas figuras”.

No hay seguimiento del cumplimento de sus fines y su utilidad. A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho diversas observaciones sobre los riesgos de discrecionalidad que permiten los fideicomisos y las afectaciones que pueden generarse en las finanzas públicas, siguen las prácticas de opacidad y no se vigila su uso. Éste es el punto. Al conocer tantos detalles, la discusión termina. Los fideicomisos deben regularse.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

México reportó ayer su cifra máxima de muertos, al sumar 501 decesos en 24 horas.

La plataforma nacional, se alimenta de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), que incluye a 759 hospitales notificantes, de los cuales ayer presentaron su reporte 730 de ellos (96 por ciento).

Hubo también 3 mil 455 nuevos casos en todo el país, de un día para otro.

Afortunadamente, aunque la disponibilidad de camas no es pareja en todo el país, el gobierno federal reporta que se tienen 15 mil 021 camas disponibles, pues sólo 38 por ciento, es decir 9 mil 399, están ocupadas.

La disponibilidad que se tiene es de 62 por ciento de camas de hospitalización, porcentaje que es con mucho superior a lo que se esperaba para el país, pues la apuesta es que el Covid nos desbordaría a los niveles de Italia y España, o incluso al nivel de Ecuador, donde los muertos estaban en las calles.

Afortunadamente no llegamos a ese espectáculo dantesco, y aunque todavía falta un buen trecho para salir de la pandemia, los expertos afirman que lo peor está pasando, aunque los casos positivos se acumulan y los muertos también, al grado de que nos preguntamos si es prudente terminar con la sana distancia, y volver a lo que ahora llaman la “nueva normalidad”.

Claro que la disponibilidad de camas de hospital no es un beneficio general, sino que hay estados y ciudades ya saturados, o con insuficientes espacios, y que requieren de una urgente atención. En Guerrero, por ejemplo, la disponibilidad de camas de hospitalización es baja, lo mismo que las camas para terapia intensiva.

De hecho, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció esta necesidad y anunció una especial atención para Guerrero, y el gobernador enseguida anunció la reconversión de más camas para el hospital de Quemado, en Acapulco.

Afortunadamente también se tienen disponibles las del Hospital Covid de Chilapa, que está bajo dirección de la Sedena.

Hay que aclarar que Guerrero tiene el primer lugar en ocupación de camas, pero no tanto porque tengamos muchos casos, o porque la situación se haya vuelto inmanejable, sino porque la infraestructura de por sí era pobre, porque recordemos que la reconversión de los hospitales se hizo a marchas forzadas, y aún se sigue haciendo.

No es lo mismo decir que la Ciudad de México o algún otro estado (que cuentan con muchos y los más grandes hospitales del país) tiene aún muchas camas disponibles, pese a que concentran el mayor número de casos, que referirnos a un estado como Guerrero, con apenas dos hospitales generales, unos cuantos hospitales regionales, y los demás hospitales básicos comunitarios. De verdad que está para llorar esta historia. El porcentaje de ocupación es, por lo tanto, en función de la disponibilidad de los espacios.

Estados como Jalisco presumen que sólo están ocupando el 10 por ciento de sus camas Covid, pese a que se trata de una de las entidades más pobladas. Pero también una de las que tiene la mejor infraestructura de salud, tanto del sector público como del IMSS y del ISSSTE.

Recordemos por lo tanto que, en Guerrero, estamos en el pico máximo de la pandemia, y dependerá de cómo acatemos los ciudadanos las medidas de prevención, como la curva de contagios se vaya aplanando.

A nivel nacional, el presidente se congratuló en su conferencia mañanera de este martes, y felicitó al pueblo de México, por haber sido obediente con el Quédate en Casa y la Sana Distancia, estrategias que están por concluir, para dar paso al reinicio de actividades económicas, sociales, educativas y políticas, de manera escalonada.

Desafortunadamente, Guerrero no se incluye en esa apertura. Ayer dijo el gobernador Héctor Astudillo Flores, que -dado que la entidad permanece en “rojo”-, no podrá pasar a la “nueva normalidad”.

Pero incluso a nivel nacional, eso de la vuelta a la “nueva normalidad” parece más un espejismo, y el subsecretario Hugo López Gatell lo ha venido diciendo una y otra vez, que dar terminado el programa de Sana Distancia, no significa luz verde para salir a hacer una vida “normal”, como la conocíamos antes del Covid-19.

En resumen, la vuelta a la “nueva normalidad” se hará de manera escalonada, pues mientras las grandes urbes vayan saliendo, en algunos estados la pandemia estará en su pico máximo de transmisión, entre estos Guerrero.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hablemos un poco de la decisión que tomó el presidente para regular el sector eléctrico, sobre todo en cuanto a la producción de “energías limpias” se refiere.

Visto a vuelo de pájaro, parece un exceso el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenece), para impedir el acceso de las nuevas plantas de “energías limpias” que están en proceso de construcción, al Sistema Eléctrico Nacional, con lo cual la CFE se vería obligada a comprarles el fluido que produzcan.

Este “frenón” cayó como un ladrillazo a empresas privadas que, aprovechando la apertura del sector, tienen amplios planes de inversión, en la producción de energía eólica, por ejemplo, o energía solar, para inyectarlo directamente al fluido de la CFE.

Es como si el gobierno federal no quisiera que el país transitara hacia este tipo de energías, y quisiera mantener los viejos esquemas de termoeléctricas e hidroeléctricas.

Entonces, todo esto ha desatado gritos estentóreos de empresarios, ecologistas, periodistas, que señalan cómo el presidente se atreve a apostarle a la vieja forma de producir electricidad, cuando ya el mundo se encamina a las energías limpias.

Pero como decía mi padre, el diablo está en los detalles. Revisándolos, nos damos cuenta que no existe nada sano detrás de ese esquema, pues no se trata de una competencia natural, en donde los inversionistas arriesgan su dinero en la creación de empresas productoras de energía, que luego le venden a la CFE a precios competitivos. O bien que crean sus propias redes y tienen su propio mercado.

Todo lo contrario, el esquema diseñado desde la era panista y que se afianzó con Enrique Peña Nieto, es parecido al de las obras público-privadas, en donde el gobierno entrega nuestro dinero a los inversionistas privados, para que creen empresas que pasan a ser su patrimonio, que a su vez producirán algo que luego le vendrán al mismo gobierno.

Pero esto no para ahí. En el caso de las empresas productoras de “energías limpias”, prácticamente se les entregó el sector en charola de plata, pues se les dan subsidios millonarios de parte del gobierno federal, hasta por 160 mil millones de pesos por año, tan sólo por dedicarse a ese rubro.

Pero, además, ellas tienen libertad de tener sus propios clientes consumidores de energía eléctrica, pero se las surten usando las redes de la CFE.

Lo que es peor, las empresas pueden tener un cliente por ejemplo en Sonora, pero la energía la producen en Oaxaca. Entonces la CFE está obligada a surtirle la energía a ese cliente, sin que a la empresa le cueste el traslado del fluido.

Y, lo más grave, es que todo está diseñado para que la CFE deje de producir electricidad, para garantizar la compra del fluido de las empresas privadas, porque hemos de saber que las redes tienen determinada capacidad, y no se le puede sobrecargar, so riesgo de colapsar el sistema. No podría la CFE producir su propia electricidad, y al mismo tiempo meterle a su red la de las empresas privadas.

Esta es la razón por lo que la CFE dejó de producir electricidad en sus plantas, y también es la razón de por qué se nos ha venido encareciendo el recibo de luz, porque sencillamente un alto porcentaje de la energía que se consume en el país, ya no es de la paraestatal, que por su parte fue achicándose.

Luego entonces, es aplaudible la decisión de AMLO de regular todos estos aspectos, y que dejen de cargarnos a los consumidores ese paquetito que se le entregó envuelto como regalo a las empresas privadas.

Con el paro económico por la pandemia de Covid-19, todo se agravó, pues al no tenerse el mismo consumo de energía, las empresas exigen que se les siga pagando tanto el subsidio como también se le siga comprando su energía. Y eso implicaría que la CFE prácticamente no produzca nada y se paren sus plantas.

Ese privilegio les dio Enrique Peña Nieto al subscribir el programa de Despacho por Orden de Mérito, que significa que quien entra primero a la red de transmisión y distribución de energía son los productores privados.

En resumen, quienes no dejan de ganar son las empresas privadas y quien pierde es la CFE, explicó la diputada Dolores Padierna. ¿Qué tal?

Pero nada de esto nos explican los que con cajas destempladas señalan que AMLO trae una política antiecológica, cuando no se trata del medio ambiente, sino de enriquecimiento ilícito, a costa de entregar el sistema eléctrico nacional, tal como hicieron con Pemex.

Urge regular. Y encontrar un esquema equitativo. Hay que producir energías limpias, pero sin que esto implique el sometimiento ni del gobierno, ni del pueblo a los caprichos empresariales.

Podemos comenzar por los gobiernos municipales, que produzcan su propia electricidad mediante huertos solares y/o eólicos, y que se la entreguen a la CFE para que dejen de pagar los recibos de alumbrado público. Esto sí nos beneficiaría, porque actualmente a los consumidores nos cargan el cobro del Derecho de Alumbrado Público, algo ilegal y oneroso.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Parece que nos están dosificando la información. Mejor dicho, en realidad sí lo están haciendo. Primero, a nivel nacional nos empataron con las fases de las grandes ciudades, desmovilizando a todo el país, cuando no había ni un solo caso de Covid-19 en pueblos y comunidades. Los gobiernos locales y comunitarios decretaron el cierre y blindaje, aunque las autoridades de Gobernación no lo recomendaban e, incluso, lo desautorizaron.

Pero cerraron en vano. Se desgastaron en vano, porque en la mayoría de los casos no evitaron la llegada de la pandemia, sino que, además, ahora se nos dice que lo peor está por venir. Y después de más de 60 días de cierres, de estrés y desinformación, ahora tenemos que lidiar con el paso de la pandemia en el tiempo en que nos tocaba hacerlo, no antes, no bajo el calendario de la Ciudad de México.

¿Y qué sucedió con todo esto? Que la gente se cansó. Además, se le desinformó. Se le dijo primero que la apertura sería para el 10 de mayo y no sucedió. Luego que el 17 de mayo y tampoco sucedió. Ahora que al 30 de mayo y tampoco sucederá, porque justo en esa fecha comenzará lo peor para nosotros. A nivel nacional se dará por concluido el programa de Sana Distancia, pero para nosotros deberá continuar. Y epidemiológicamente sabemos que lo que tardó la curva de contagios en subir, tardará lo mismo en bajar. Otros 3 meses entonces y por eso el médico Hugo López Gatell pronostica que México estará hasta octubre lidiando con la pandemia, y advierte que el 30 de mayo no significa apertura, porque se corre el riesgo de que se registe un repunte de casos, justo cuando se espera que se estabilicen. No que no haya, no que no se contagie la gente, solamente que el ritmo de los contagios y el número de estos vaya reduciéndose.

Eso quiere decir que durante todo el mes de junio en Guerrero estaremos lidiando con el incremento de casos, la saturación de hospitales y la escasez de camas para atender los casos graves.

Los muertos, que ahora suman 160, aumentarán irremediablemente. Por lo tanto, aunque ya estemos cansados, ahora debemos seguir las recomendaciones oficiales al pie de la letra, porque ahora sí es nuestro tiempo de actuar.

Lo grave es que, pese a los blindajes y cierres en pueblos y comunidades; y, mejor dicho, debido a ello, el Covid 19 llegó con furia. ¿Por qué? Porque la gente se creyó segura dentro de los cercos sanitarios y retenes, que evitaban el flujo vehicular incluso de un municipio a otro, pero sí permitían la llegada de camiones surtidores de comidas y bebidas de otros estados de la República, o bien de ciudades con alto número de contagiados. Y dentro de los pueblos la gente andaba a sus anchas, confiados, hasta que fueron apareciendo los primeros casos, y con estos la expansión de la pandemia. En pocas palabras, fueron brutalmente sorprendidos.

Siempre se ha dicho que el cierre de los pueblos no era la manera más segura de prevenir la pandemia, precisamente porque eso crea una falsa confianza entre la gente y no toman las medidas sanitarias correspondientes, como el lavado de manos, y el uso de cubrebocas.

Pero, además, porque los cierres provocan pobreza y desabasto entre la población, sin que con ello se evite la llegada del Covid-19.

Y así ha venido expandiéndose la pandemia a la mayoría de los pueblos de Guerrero, por gente de fuera. Por ejemplo, en este momento el caso de la Zona Norte se recrudeció, por la apertura de la mina de Mezcala, donde 40 contratistas provenientes del norte del país dieron positivo al Covid-19, en una zona donde de por sí ya la pandemia estaba de subida por los descuidos en Iguala.

Ahora se nos dice que lo peor para Guerrero está por comenzar, pero ya están saturados los hospitales, con menos de 30 por ciento de disponibilidad de camas, por lo cual la entidad ocupa el primer lugar en ocupación hospitalaria.

Mejor dicho, Guerrero tiene tan pocas camas disponibles, que con mil casos positivos ya casi se ocuparon todas. Luego entonces, a partir de la siguiente semana se tendrá que poner en marcha el Plan DNIII, para transferir los casos graves a los hospitales y unidades Covid a cargo del Ejército, porque los de la Marina ya también se anunciaron saturados.

Recordemos cuando se nos presentó el Plan DNIII como la panacea de todos los males, pues incluso se nos dijo que los enfermos serían trasladados en helicóptero a recibir atención médica, y que si era necesario se abrirían hospitales en plazas públicas y unidades deportivas. Y conociendo el profesionalismo de los médicos militares, lo creíamos.

Hoy, sin embargo, vemos a un sector salud desesperado, altamente contagiado y trabajando bajo condiciones extremas y precarias. El titular de Salud en el estado reconoció ayer que 269 trabajadores del sector salud han contraído el virus, y que eso representa el 23 por ciento del total de los casos. 4 de ellos murieron víctimas de la enfermedad.

Con todo esto, no tenemos opciones. La sana distancia no terminará para nosotros el 30 de mayo. Ahí comenzará algo peor.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Comenzaron las campañas políticas? ¿Se estancaron? Realmente nunca ha dejado de menearse la clase política; lo que sí cambiaron fueron los métodos y las formas, pero el objetivo es el mismo: la conquista del poder.

Lamentablemente, antes de tiempo, cuando no se lo esperaban, los políticos fueron repegados a la pared, y se vieron a sí mismos en una situación de emergencia, en la que los ciudadanos ya no sólo quieren palabras y salivazos, ni caras y manos limpias, sino apoyos para solventar la crisis, la falta de empleo, el cierre de negocios.

En tiempos de vacas gordas, todo suena bonito. Pero en tiempos de vacas flacas, no hay promesas que alcancen a cubrir alguna expectativa del electorado.

En este momento, se observan algunos enroques en la entidad, que nos muestran que la clase política no ha claudicado; al contrario, se preparan en todos los partidos políticos para la madre de todas las batallas, que será en 2021, y ahora en medio de una terrible pandemia, que si bien se nos dice que va a pasar, lo cierto es que aunque pase el ojo del huracán, mientras no se encuentre una vacuna o una cura para la infección por Covid-19, el peligro estará latente y podemos apostar a que este virus que dicen que saltó de los murciélagos al humano, en un remoto lugar llamado Wuhan, China, ya no es el mismo que anda por el mundo, porque las cepas mutan y se crean nuevas combinaciones de los agentes patógenos.

Eso, dicen los expertos, complicará la creación de una vacuna única para el Covid-19, y posiblemente tengan que hacerse múltiples intentos.

Por ahora, decíamos, la clase política en Guerrero y en el resto de las entidades que irán a elecciones en 2021, está en un dilema, porque tendrán que pelear palmo a palmo en un campo minado, y dependiendo de lo que el gobierno haga del manejo de la crisis.

Por ejemplo, en Guerrero, donde se decía que Morena tenía todas las de ganar en el caso de la elección para gobernador, habría que revisar los nuevos escenarios pasando la pandemia, pues el trabajo del gobierno estatal ha sido bueno, lo mismo que el trabajo en los municipios, -que aunque no manejan recursos extras para enfrentar este tipo de problemas, han estado respondiendo, cada cual de acuerdo con sus posibilidades-.

La apuesta es si pasada la pandemia, la gente en Guerrero seguirá siendo tan fiel a Morena como antes. En las encuestas divulgadas a inicios del año, cuando el Covid 19 todavía no pisaba tierras guerrerenses, el partido tenía una preferencia electoral de más de 60 por ciento, incluso por encima de la popularidad del presidente de la República.

Por ende, se decía que Morena estaba ya con medio cuerpo en Casa Guerrero, sin importar el candidato que pusieran, aunque claro que hay diferencias grandes entre todos los aspirantes.

Con el paso de la pandemia, la mortandad, el apagón económico y la pobreza que se resiente ya en todos los niveles, no sabemos realmente qué va a suceder.

Cierto que el presidente dio órdenes de adelantar becas, y dar créditos a micro-negocios, en un intento por contener y mitigar la falta de ingresos, pero en este tenor no está todo a salvo, porque hay un gran hermetismo en el manejo de estos programas, que siguen estando en el puño del delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y su gente en las regiones.

Pero si acá se quisiera tener datos de a quién se le han dado microcréditos y los criterios que se siguieron para ello, simplemente nadie informa.

Por lo tanto, insistimos, sólo podremos tener un panorama general en una nueva medición.

Desafortunadamente para la oposición, tampoco ha estado a la altura. Vemos a gente como Manuel Añorve Baños haciendo el ridículo, ya cansado de hecho, y también a Mario Moreno, bastante quieto.

Los externos a Morena hacen su lucha por mantenerse vigentes a través de redes sociales, con algunas monerías, pero nada más.

En este momento, los únicos que andan a sus anchas son los que están manejando programas federales y recursos públicos, como Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román Ocampo.

Félix Salgado Macedonio ya se despidió del Senado, obviamente en busca de tiempo para comenzar su precampaña, pero viene con las manos vacías.

Y así todos los demás, están callados porque simplemente no tienen ninguna alternativa entre manos. Entonces, todo está en veremos.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Para quienes estamos atentos a las conferencias de las autoridades de salud, que informan acerca del avance de la pandemia de Covid-19, nos conviene saber “otros datos”, parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, relacionados con la pandemia, para entender la magnitud del problema sanitario que estamos enfrentando no sólo como nación, sino a nivel gobal.

De por sí hay voces que dudan de las cifras oficiales, sobre todo si las comparamos con las de otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades reportan 90 mil muertos, y 1 millón 500 mil contagios.

En Reino Unido, España, Francia e Italia, las cifras son también escalofriantes, pero en México -aunque ya rebasamos la mortalidad registrada en China, con poco más de 5 mil muertes- la situación es manejable aún, pues a pesar de nuestra precaria infraestructura sanitaria, aún no se rebasa la capacidad instalada en cuanto a pacientes que han necesitado hospitalización, y aún hay espacios en el rubro de los que necesitan cuidados de terapia intensiva.

Sin embargo, existe un subregistro tanto en el aspecto de la morbilidad (que se refiere al número de casos registrados), como en cuanto a la mortalidad (que se refiere a los decesos).

¿De qué tamaño es ese subregistro? No sabemos. Las autoridades no niegan esta realidad, pero debido a que la gente muere sin pruebas, no se puede determinar a ciencia cierta si se trató de un caso de Covid-19, o algo que se le parecía, pues no olvidemos de que se trata de una especie de neumonía atípica, que provoca una inflamación generalizada.

Un reportaje divulgado ayer por la organización Mexicanos Contra la Corrucpióni, revela que en la Ciudad de México “hay al menos 4 mil 577 actas de defunción en las que se asienta que la causa confirmada o probable de esas muertes fue Covid-19, una cifra tres veces más alta a la que ha reportado el gobierno capitalino”.

Esos 4,577 fallecimientos corresponden al periodo de 18 de marzo al 12 de mayo.

“En 3,209 de esas actas se incluye a Covid como sospecha o probable causa de defunción. En 323 se consigna que es Covid confirmado. Y en alrededor de un millar dice Covid, o coronavirus o Sars Cov 2”.

Comparativamente hablando, el 12 de mayo el gobierno de la Ciudad de México reportaba 937 defunciones por Covid-19.

El gobierno federal, a su vez, en su portal oficial reportaba 123 fallecimientos sospechosos de coronavirus en la capital.

“La diferencia entre lo que asientan 4,577 actas de defunción hasta esa misma fecha habla de otra realidad: habría hasta tres veces más muertes en las que hubo sospecha o confirmación de Covid-19”, cita Mexicanos Contra la Corrupción, con lo cual se comprueba lo divulgado por medios internacionales.

Oficialmente, entonces, solamente se reconocen los casos confirmados. Y aunque el gobierno federal decretó que se enlisten como casos “sospechosos” de Covid a todos los que mueran con sintomatología parecida, lo cierto es que ante la falta de una prueba contundente, todo quedará a ojo de buen cubero, y al criterio de los médicos que firmen las actas de defunción.

Estamos, por lo tanto, ante un terreno minado. Fuera de lo que se confirme, lo demás es ir a ciegas. Estamos en el terreno de las probabilidades, entre el puede o no puede ser.

El gobierno federal nunca ha negado que haya subregistros. De hecho, siempre se dijo que por cada caso confirmado de Covid-19, habría entre 8, 10 y hasta 12 casos más que no se confirmaron. En las entidades de la República Mexicana esa cifra de subregistro puede ser mayor.

Por lo tanto, estamos ya ante decenas de miles de casos positivos, y ante unas 10 mil muertes, considerando las confirmadas y las sospechosas.

Señalan que el gobierno esconde algo, pero a estas alturas un caso o mil casos no hacen la diferencia. Guerrero, por ejemplo, se está pitando de rojo. Y aunque siguen 10 municipios libres de contagios y de riesgo, eso es apenas 10 por ciento del total del territorio estatal, y una mínima parte de la población, porque estamos hablando de pueblos pequeños, en cuanto a territorio y población.

En una pandemia como la que estamos viviendo, siempre se hablará de “aproximaciones”, y para efectos de control epidemiológico, de algo se tiene que partir. El programa “centinela” con que cuentan los epidemiólogos es solamente un instrumento y es inexacto. Así es en todo el mundo. Las cifras oficiales sólo son un parámetro que nos deja ver la magnitud de la pandemia.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los gobernadores de la República, afiliados a la Conferencia Nacional de Gobernadores, le pidieron ayer al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, recursos extraordinarios para enfrentar los efectos de la pandemia, pero también flexibilidad para justificar los gastos que han estado haciendo, tanto en el rubro de salud, como en el rubro de asistencia social.

El gobernador Héctor Astudillo Flores fue enfático en la necesidad de que se haga una bolsa de apoyo a los empresarios de Guerrero, quienes desde finales de marzo cerraron sus negocios para evitar la llegada de turistas, a fin de que puedan reabrir el sector.

La situación de Guerrero es crítica, por el esfuerzo extraordinario que aún están haciendo gobierno y sociedad en la contención de la pandemia por Covid-19, expuso el mandatario frente al titular de Hacienda.

Pero el resto de los miembros de la Conago expusieron prácticamente los mismos problemas: economías caídas, alto desempleo, agotamiento de recursos, y la falta de dinero para abrir.

De no actuar el gobierno, de no ayudar, muchos empresarios no podrán volver a reiniciar, y con ello no serán reactivados los empleos en diversos sectores.

Astudillo, por ejemplo, pidió que la Comisión Federal de Electricidad otorgue plazos para el pago de los recibos por consumo de luz, sin que esto represente una condonación. Simplemente un plazo para pagar de manera más holgada los recibos, que sobre todo en la hotelería son demasiado altos, por el tipo de tarifas que maneja.

Pero también pidió recursos extraordinarios para enfrentar lo que resta de la pandemia, ya que en este momento el dinero de Salud que se les adelantó a los gobiernos estatales está agotado, pues se usó en la reconversión y equipamiento de los espacios de atención para enfermos de Covid-19.

Todos sabemos, de hecho, que el problema por el Covid-19 está lejos de concluir. El estado de Guerrero todavía deberá enfrentar el pico de la pandemia, que será dentro de 10 días en Acapulco, y de ahí se irá desplazando por el resto del territorio estatal.

Guerrero no podrá abrir el próximo lunes, y sólo 12 municipios de la entidad tendrán ese privilegio, pero se trata de comunidades pequeñas, la mayoría indígenas, que no representan prácticamente nada en el contexto económico, pues no concentran ni turismo, ni minería, ni nada por el estilo.

Luego entonces, el grueso del sector económico de Guerrero continuará cerrado no sólo al 1 de junio, sino incluso hasta el 1 de julio, pero el desgaste viene desde marzo, con playas cerradas, más de 200 hoteles cerrados, con diez mil empleos perdidos que posiblemente ya no se puedan volver a recuperar, así como un alto sub-empleo; es decir, puestos de trabajo a los que se les está pagando menos, a cambio de sostenerlos a lo largo de la crisis.

La preocupación es genuina, pero la idea que nos dejó el secretario de Hacienda es que no habrá recursos extraordinarios para los estados. Si acaso les garantizó que los dineros que están etiquetados para ellos están garantizados, pero nada más.

Al contrario, los gobernadores se quejaron de que la Federación les ha aplazado dinero ya etiquetado, y en otros casos graves que les cancelaron sin previo aviso importantes partidas del gasto corriente, como también a los municipios.

Por lo tanto, no vemos cómo quiere el gobierno federal que todo vuelva a reactivarse, sino hay recursos disponibles para ello. Lamentablemente, el presidente de la República ha dicho que las empresas que quiebren, será bajo su propia responsabilidad. AMLO parece no entender que las empresas viven de dinero, y al no haber ingresos, pero sí muchos gastos, muchas ya se murieron y volverán a levantarse.

Tal vez por eso se nos avisa que despertaremos a la “nueva normalidad”; es decir, algo que será anormal, no sólo porque el Covid estará ahí afuera acechando, sino por la situación económica de franca y profunda crisis que encontraremos.

Dolia Estevez

Abundan las razones de peso legal y ético por las que es altamente improbable que el Gobierno de Estados Unidos acepte la sugerencia de Andrés Manuel López Obrador de invitar a la periodista Anabel Hernández a colaborar con los fiscales en el caso criminal contra Genero García Luna, que se desarrolla en una corte en Nueva York (mañanera 05/05/2020).

Además, ni necesidad hay. Los fiscales que lo acusaron de aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa están haciendo bien su trabajo. Les sobran las pruebas y testimonios procesales para enjuiciar, y probablemente condenar, al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Un periodista difícilmente puede poseer más información y material probatorios que el gobierno estadounidense. Cuestión de recordar el impresionante caudal de evidencia y testigos que desplegó la fiscalía en el reciente juicio de “El Chapo” Guzmán.

En el caso de García Luna, la fiscalía ya entregó a Cesar de Castro, su abogado defensor, 30 mil páginas de pruebas para su revisión en anticipación a un posible juicio. El acervo incluye declaraciones del acusado, registros migratorios (petición de residencia y solicitud de ciudadanía estadounidense), registros escolares y de la propiedad, videos, fotografías y documentos relacionados a decomiso de drogas, armas y lavado de dinero, comunicaciones interceptadas y grabaciones (hechas por agentes estadounidenses en México y/o en Estados Unidos), y un disco duro con información descargada de los dispositivos electrónicos de García Luna (Misiva de Richard Donoghue a De Castro 20/02/2020).

La información proporcionada a de Castro hasta hoy, bajo acuerdo por escrito de mantenerla secreta, es tan solo la punta del iceberg. La fiscalía ha adelantado que tiene una extensa lista de probables “testigos cooperantes”, cuyos nombres no han sido divulgados, pero que son ex altos mandos de los carteles que darán testimonios de primera mano sobre la presunta entrega de sobornos millonarios a García Luna.

El código penal estadounidense prohíbe al poder judicial interrogar a periodistas sobre su trabajo o forzarlos a declarar judicialmente. Nos protege de revelar fuentes confidenciales que usamos en el trabajo de recaudar información.

La única excepción a la regla, que se usa en circunstancias extraordinarias, es cuando la autoridad agota todas las avenidas en acusaciones por homicidio o delitos que amenazan la seguridad nacional, y la información en poder del periodista es clave para alcanzar un veredicto condenatorio. En casos así, el periodista puede ser citado a comparecer. Reporteros y medios casi siempre combaten en las cortes esos citatorios. Hay reporteros que han preferido ir a la cárcel por desacato que colaborar con los fiscales.

Los periodistas no somos coadyuvadores ni fiscales. Nuestra misión es persuadir a la opinión pública no a un jurado. El periodista no se inmiscuye e implica en casos judiciales, reporta sobre ellos. Compartir con la autoridad información y datos obtenidos en el ejercicio de nuestro trabajo es violatorio de la ética profesional. Hacerlo, contraviene la separación entre el Estado y el llamado cuarto poder.

No nos toca hacer el trabajo de las autoridades. Nuestra tarea se limita a publicar y transmitir información. Traducir en evidencia la información y datos en el dominio público concierne exclusivamente a la autoridad jurídica. El planteamiento de López Obrador, por tanto, no es viable; no corresponde a la realidad ni es consistente con la forma en que se desarrolla la relación medios-gobierno en Estados Unidos.