Joel Solís Vargas
Sin ápice de sensibilidad, ni de solidaridad con su género –sororidad, le dicen las feministas–, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aseguró que tiene fotos “comprometedoras” que diputadas federales del PRI habrían enviado al dirigente de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas.
En vez de comunicarse con cada una de ellas por una vía privada, para alertarlas y acordar destruir las fotos en su poder, lo dijo en su programa semanal en Facebook Watch, para que todo México y el resto del mundo se enteraran.
Pero podría estar metiéndose en un lío enorme creado por ella misma.
Las diputadas cuyas fotos están, según ella, en poder del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, primero tendrían que declarar que la posesión de Alito sobre ese material no fue autorizada por ellas, y que en ese caso son víctimas de espionaje o de hackeo. Mientras ellas no se consideren víctimas, sea porque ellas mismas enviaron sus fotos al líder priista, sea porque se acuestan con él, quien está fuera de lugar es la gobernadora.
Para completar el cuadro, el tuit que este viernes subió y de inmediato borró la Presidencia de la República, el que anunciaba que la FGR había abierto una carpeta de investigación a Moreno Cárdenas por posibles tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, echa por tierra cualquier carpeta de investigación del organismo.
La explicación es simple: la instancia que debe anunciar la apertura de una carpeta de investigación es la propia FGR, porque es un organismo autónomo. Que lo hiciera el Poder Ejecutivo permite suponer que el Presidente tiene ascendencia sobre el fiscal, es decir que tiene autoridad sobre la Fiscalía, que de ese modo deja de ser autónoma, y viola el debido proceso y la presunción de inocencia.
Pero, por otro lado, sirve muy bien para suponer que lo que el régimen busca, en realidad, no es hacer justicia, procesar a Alito y obligarlo a devolver lo robado, sino hacer un teatro con fines electorales, destinado a exacerbar los ánimos sociales para ganar votos en la elección presidencial que viene.
Sólo hay que atar cabos: ella ataca –no se sabe si por orden de alguien con autoridad sobre ella, pero ya el lector se lo puede imaginar– al dirigente del partido cuyos diputados se negaron a aprobar la contrarreforma energética del presidente López Obrador, al líder del partido que pactó con otros dos una moratoria constitucional, que significa que sus legisladores no autorizarán cambios a la Constitución en lo que resta de este sexenio.
Morena (o la Presidencia, o el Presidente) ya tomó nota de las estadísticas de las votaciones más recientes: en la jornada de revocación de mandato sólo votaron 17.77 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y de esos, 91.85 por ciento (es decir 15.15 millones, 16.3 por ciento del padrón electoral) votaron por que siguiera AMLO. Este ejercicio democrático sirvió pare medir con mucha exactitud el tamaño del voto duro de López Obrador (pues ese día fueron a votar quienes tienen un real, fuerte y profundo lazo emocional con él): 15.15 millones.
En la elección de gobernadores de este año votaron 52.68 por ciento de los electores inscritos en el padrón de los estados implicados. El promedio de los votos que esos electores depositaron en las urnas a favor de Morena o sus coaliciones fue de 50 por ciento. ¿Y cuánto es 50 por ciento de 50 por ciento? En efecto: 25 por ciento del padrón. Esta cifra es la suma del voto duro más el voto movilizado por el calentamiento de los ánimos debido a las campañas electorales. Es decir que el voto blando de Morena es de 9 por ciento.
En la elección presidencial normal votan más. Se trata del voto indeciso, el de última hora. ¿Y cuántos son esos votos? Esta es la duda de los líderes del régimen, duda que tratan de disipar con encuestas. Pero éstas, por lo visto, no los tienen satisfechos, pues el régimen está echando mano de tretas como la que ahora trae de un ala a Alito.
Así, las acciones de la gobernadora Layda Sansores muestran que el interés de quien la patrocina no es la justicia, sino el circo. Cualquier abogado sabe que, si se abriera un juicio sobre los delitos que se deducen de los diálogos que contienen las grabaciones supuestamente privadas de Alejandro Moreno, que ella ha estado haciendo públicas, entonces estas grabaciones no servirían en un juicio tan sólo por el modo en que fueron obtenidas: subrepticio y ostensiblemente ilegal.
Si una prueba ha sido obtenida de manera ilegal, el juez tiene la obligación de desecharla (por eso los jueces liberaron a los detenidos por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, porque estos lograron probar que habían sido torturados, sea con amenazas, sea con golpes, y por tanto, todas sus confesiones y declaraciones autoincriminatorias fueron eliminadas, así hayan confesado la verdad, y sin éstas, los procesados tenían que ser liberados). Y encima de ello, al difundirlas, como lo ha hecho la gobernadora semana a semana en su programa de Facebook Watch, el acusado ha sido exhibido como (lo que de seguro es:) un corrupto, es decir que ella se ha adelantado a la sentencia del juez y en los hechos ha declarado culpable ante la opinión pública al acusado. Eso es violación al debido proceso y a la presunción de inocencia. Cualquier juez desecharía los alegatos basados en las grabaciones difundidas.
No es de creer que Layda Sansores no sepa esto o no tenga quien la asesore en esta materia, así que no queda más que concluir que quienes empujan este linchamiento político de Alito no desean llevar el caso a los tribunales, sino hacer un circo mediático con miras a la elección del 2024.
Pero con el asunto de las diputadas que ella dice que enviaron sus fotos en cueros a su dirigente sí que se excedió. ¿De qué podrían acusarlo a él si ellas le enviaron sus fotos en cueros? Él no las ha divulgado; es más, hasta antes de este sainete, nadie sabía que tenía esas fotos. Quien asegura que él tiene ese material gráfico es la gobernadora Layda Sansores.
Si esas fotos existen y si la mandataria las hace públicas, quien habrá cometido el delito sería ella.
Las diputadas son mayores de edad (y se supone que le habrían enviado a Moreno Cárdenas sus fotos siendo ya mayores de edad) y son libres de regalar sus fotos íntimas a quienes ellas quieran y de acostarse con quien ellas prefieran. De eso también se trata el empoderamiento de la mujer, ¿que no?.
Otra cosa es que él hiciera públicas esas fotos sin el consentimiento de ellas, porque entonces ellas podrían acusarlo de pornovenganza digital (una violación a la Ley Olimpia), y entonces él podría ser perseguido y procesado por la justicia.
Pero en la actual circunstancia, si esas fotos empezaran a circular en redes sociales, ellas deberían querellarse contra quien resultara responsable, no necesariamente contra Alito, pues ya no es seguro que el indiscreto haya sido él si las fotos se las robaron y ahora las tiene la gobernadora. Porque el hecho de que uno tenga en su celular fotos de sus parejas sexuales en cueros no es delito. Delito es divulgarlas sin permiso.
Ahora bien, ¿qué hará Layda Sansores, la gobernadora que en los hechos no parece que se dedique a gobernar? Si hace públicas las fotos, podría meterse en un gran lío judicial; si las entrega a alguna fiscalía o al Poder Judicial, podría estar divulgando material privado sin tener autorización y sin demostrar legítimo interés jurídico en ello.
Va un consejo gratuito: que se reúna con cada una de las diputadas de las fotos y que, ante cada una, destruya las fotos correspondientes. Y que ruegue al santo de su devoción que nadie que posea copia de esas fotos las haga públicas, porque las afectadas podrían acusarla a ella.
