Categoría: Opinion

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El fin de semana anterior nos sorprendió con una tragedia por guachicoleo. Tarde o temprano, las hordas de ladrones de combustible –lamento usar esa frase pero es real-, se auto-inmolarían en aras de sostener un negocio que en realidad les es ajeno, pues mientras ellos se ganan unos cuantos pesos por los bidones que logran recolectar, los verdaderos dueños del negocio y que mueven a miles de familias en zonas rurales de varios municipios del país, están actuando con cálculo y sigilo, movilizando a su favor a los pauperizados, los habitantes de los traspatios de este país, a donde el desarrollo no ha llegado, y donde se viven niveles de pobreza catastróficos.

Esta es la herencia maldita del gobierno que recién dejó la presidencia de la República. Imposible no decirlo. Sabemos que esto provoca prurito entre los priístas del país, pero para ser sinceros, las bases del partido son inocentes de lo que desde las cúpulas se haya fraguado. Además, no están solos, pues en este negocito también figuran los panistas, quienes gobernaron desde el año 2000 al 2012. Y aunque Vicente Fox Quezada diga que en su sexenio no se conocía de ese delito, en efecto hubo pocas tomas clandestinas, pero el guachicoleo de cuello blanco, el que opera desde dentro de Pemex y en todas las áreas, ya existía.

¿Alguien recuerda, por ejemplo, las explosiones del 22 de abril en Guadalajara? Esa tragedia registrada en la perla tapatía en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y del priísta gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, también fue provocada por los guachicoleros de cuello blanco, quienes quedaron en la total impunidad porque todo el aparato de justicia y de gobierno se confabuló para protegerlos.

Los guachicoleros se habían robado tanto combustible, que ante la amenaza de una auditoría de la cual recibieron el pitazo, derramaron millones de litros de gasolina al drenaje, desde la planta de la colonia La Nogalera, situada en un lugar alto de la ciudad. El combustible corrió por el drenaje aguas abajo, pero se taponó justo en la avenida Independencia, donde en su cruce con la avenida Juárez, frente al mercado de San Juan de Dios, tuvieron que hacer un sifón en el colector de aguas negras para construir el paso del tren ligero.

Este sifón permitía el paso del agua, pero no de los mortales vapores de la gasolina. Calles arriba, en varias colonias del Sector Reforma de la ciudad, la gente comenzó a denunciar que de los drenajes de sus baños y regaderas salía olor a gasolina. Incluso de las losetas de sus pisos fluía el olor. Fueron varios días lo que los expertos de Protección Civil trabajaron, tratando de encontrar el origen de esos olores. Sólo detectaron la presencia de gasolina y otros hidrocarburos, pero no con el origen de ello. Una tarde, cuando ya era el olor insoportable y viendo que incluso salía vapor de las alcantarillas, Protección Civil Estatal comenzó a quitar todas las tapas del drenaje, dejándolas abiertas. Era un día martes. Al día siguiente, a las 10:00 de la mañana comenzaron a reventar las calles del céntrico barrio de Analco, afectando también a las colonias Atlas, San Carlos y Las Conchas, y otras de más arriba.

En un instante, 15 kilómetros de calles estallaron y aquello parecía una zona de guerra. Y es que levantaron las tapas del drenaje, pero no impidieron el paso de vehículos ni de personas, porque los expertos de Pemex no se dignaron a dar instrucciones, sabiendo que la gasolina es volátil y altamente inflamable. Tampoco evacuaron porque el alcalde de Guadalajara determinó que no había riesgo. Además eran días de asueto –Semana Santa-, y los niños estaban en sus hogares. Según cifras oficiales, esas explosiones que se registraron una a una ininterrumpidamente, ocasionaron la muerte de más de 700 personas, dejaron casi 800 heridos y 15 mil personas sin hogar. Sin embargo, periodistas y civiles que estuvieron cubriendo la tragedia reportan por lo menos el doble de muertos, siguiendo su propia contabilidad en los lugares que se habilitaron como morgues, donde se les iba colocando un número a los cuerpos, sin contar los que murieron en clínicas y hospitales posteriormente.

Pero el caso no paró ahí. Esas explosiones abrieron una verdadera cloaca que de haberse combatido en su época, se le hubiera cortado el pescuezo al monstruo guachicolero que ahora conocemos. Días después de estas explosiones, los expertos de la paraestatal –que para entonces ya estaban involucrados en las investigaciones- detectaron gasolina en el subsuelo de la colonia La Nogalera, precisamente donde se ubica la planta de Pemex en Guadalajara, y otras aledañas. Para recuperar el combustible, cavaron pozos de absorción para captar el agua del nivel freático y con ella la gasolina que se fugó por los drenajes rotos. Como consecuencia, al ser el suelo de Guadalajara de xal (piedra liviana y porosa), y al quedar sin agua porque la drenaron, el subsuelo se hundió provocando que cientos de casas se cuartearan.

Las pérdidas fueron incuantificables. Veamos la explicación del gobierno salinista: “Tubos de agua nuevos, hechos de hierro revestido de zinc, fueron emplazados cerca de una tubería de acero perteneciente a Pemex. La humedad de la tierra hizo que los metales tuvieran una reacción electrolítica, que eventualmente ocasionó la corrosión de esta última, creando un agujero que provocó que la gasolina se fugase al subsuelo y en la tubería principal municipal”. Un vil cuento, para tan grande tragedia. Eran tiempos salinistas, y lo que fue la evidencia de un robo hormiga, aumentó hasta convertirse en lo que ahora conocemos como “guachicoleo”.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los partidos del Frente por México: PAN, PRD y MC, votaron el pasado miércoles en contra del proyecto de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, con el argumento de que, aunque se le antepuso un mando civil, dependerá en estricto sentido de una junta mayor integrada por mandos militares.

Consideran los diputados de lo que fue el Frente por México en la pasada elección presidencial, que la seguridad pública no debe ser “militarizada”.

Fue el diputado panista Jorge Romero, quien dio el posicionamiento de su grupo parlamentario: “Se nos quiere vender aquí que (la Guardia Nacional) va a tener un mando civil. Ajá. Todos los demás artículos de su dictamen señalan, sin duda, la naturaleza militar, castrense, de esa guardia.

“Ejemplo: su máximo órgano deliberativo habrá de ser una Junta de Estado Mayor con mandos militares. Ustedes dicen que (la SSP) se encargará de lo administrativo, lo estratégico, de la planeación”.

Bueno, los argumentos son válidos viniendo de alguien que no tuviera cola que le pisen, que no es el caso de estos partidos. Que nos expliquen estos señores –que además firmaron orondos el Pacto por México para despojar al país de su soberanía energética-, cómo es que el modelo calderonista, basado en la militarización del país, no fue refutado. Y por qué el modelo de Enrique Peña Nieto tampoco fue observado, aunque éste eliminó la Secretaría de Seguridad Pública (obviamente por la podredumbre en que la dejó Genaro García Luna, el súper policía del calderonato), y concentró todo en la Secretaría de Gobernación, haciendo de ésta una “Súpersecretaría de Estado”, pero inútil, porque en estricto sentido, el modelo de Peña Nieto fue también un esquema militar disfrazado.

Recordemos que EPN dividió al país por regiones, y en cada entidad impuso a los secretarios de seguridad pública, todos mandos militares de alto rango, que operan por encima de los gobernadores, y quienes han venido haciendo de las entidades federativas su coto de poder. Guerrero es un claro ejemplo de ello, pues hasta la fecha, desde que se fue el General Pedro Almazán, impuesto desde la defenestración de Ángel Aguirre Rivero, todavía no se nombra al titular de Seguridad Pública, sino que se tiene a un encargado de despacho.

En resumen, el gobernador Héctor Astudillo no ha tenido la facultad de nombrar a su secretario de seguridad pública, y por lo tanto tampoco ha tenido la opción de tener un plan de seguridad propio, sino que le fue impuesto desde la Federación, a través de un General del Ejército Mexicano.

Sabido es que Pedro Almazán dio órdenes a los mandos de la Policía Estatal para que no hicieran detenciones en ciertos cuadrantes de la entidad. De ahí muchas noticias en donde sabemos del hallazgo de droga y armas, pero ningún detenido.

Y valdría la pena preguntarse si Pedro Almazán, siendo un General en activo de la Sedena, a quién le rendía cuentas; si a su General, Salvador Cienfuegos, o al gobernador del estado de Guerrero. Bueno, con eso de que dicen que un soldado nunca deja de serlo, aunque esté en retiro…y mucho menos si está de comisión.

Por si fuera poco, además de imponer a los titulares de Seguridad, el gobierno de EPN diseñó lo que se conoce como los Grupos de Coordinación estatales, todos dirigidos por mandos militares, quienes ni siquiera dan la cara al pueblo, pues tienen un vocero que sale a explicar lo que está sucediendo en la entidad, pero que no es otra cosa que un recuento absurdo de daños. Nada de prevención, nada de nada.

En Guerrero todo ha empeorado y el mismo gobernador ha lanzado varios SOS a la Federación, obviamente sin dar detalles del problema, pero es evidente que lo tienen atado, en medio de un hormiguero.

Se necesita ser ciego, sordo y mudo para no enterarnos de la trama que urdieron para apoderarse de los estados, algo que Felipe Calderón no hizo porque si de algo se quejó el ex presidente panista, es que los gobernadores no se alinearon con su política de seguridad y de ahí el fracaso, en lo cual tenía harta razón.

Quizás por ello Peña Nieto cambió de estrategia y en lugar de estar peleando con los gobernadores, o dejando que estos tomaran decisiones en los asuntos de seguridad, les amarró las manos y tomó el control prácticamente de todo el país, a través de Cienfuegos. Bueno, hasta una ley a modo les iba a dar a los militares, para que México entrara de lleno en un estado de excepción.

Lo peor que nos puede suceder como país es continuar por la misma ruta. Algo se tiene que hacer para recuperar los territorios perdidos, y quienes ya tuvieron la oportunidad de trabajar por México, pero fracasaron, sería bueno que optaran por el silencio en lugar de exhibirse.

Porque resulta abrumador que se hayan aliado para enterrar a este país en el más ignominioso de los destinos, pero que ahora que se está tratando de sacarlo a flote se resistan, revestidos de un hipócrita manto democrático.

México ya no tiene remedio, señores. Ya se lo tragaron, o dejaron que se lo tragaran los más terribles devoradores. La militarización ya no es una opción para nosotros, sino que es el único camino posible, pues todo en la vida pública de este país está contaminado. Y como ejemplo tenemos Pemex.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ante el debate del rescate del campo, y el conflicto que se está adelantando por la reducción en el presupuesto del fertilizante, parece que los productores de Guerrero están dejando de lado algo que también es sumamente importante, y tiene que ver con el mantenimiento y conservación de los bosques, de los que la Costa Grande depende.

Los macizos boscosos de la Sierra son la vida para Guerrero y parte de la biodiversidad de México y del planeta en su conjunto. Sin embargo, a nadie le importan. Un puñado de ecologistas viene desde los años 90 advirtiendo el deterioro de la Sierra Madre del Sur, y el riesgo que implica el deterioro de los bosques, que parece que para nadie son importantes, a pesar de que estos sustentan la vida misma, pues representan agua, oxígeno, suelo, paisaje, turismo y en general los bosques sostienen prácticamente toda la economía, la primaria sobre todo.

En realidad, los gobiernos estatales no están invirtiendo en la conservación de bosques. Los presupuestos de las dependencias medioambientales son muy pobres y han fallado los intentos por rescatarlos. En los municipios el panorama es de plano patético. Mucho menos se ha hecho efectiva la vigilancia de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo que más bien ha sido un membrete en la entidad, al grado de que habiendo 7 regiones, además de la Sierra, sólo se tienen oficinas de esa dependencia en Acapulco.

En este sector todo está fallando, y el impacto negativo hace muchos años que lo estamos viendo: incendios forestales, ríos secos y contaminados, escasez de agua en la mayor parte del territorio estatal (y nacional), saqueo de los bosques de manera indiscriminada sin devolverles nada.

Esperemos que de parte del nuevo gobierno federal se tenga una estrategia genuina para impactar en el sector medioambiental, pues la corrupción permea en todas las áreas y ésta no es la excepción. Al contrario, el campo y la ecología son tan vulnerables, que todo mundo contamina sin recato.

Para no variar, los programas de reforestación que se han lanzado, a la postre resultan un verdadero fracaso, pues simplemente las metas nunca se cumplen, y los resultados son un desastre.

Sabemos que el gobierno federal tiene diseñado el programa Sembrando Vida, para reforestar de manera masiva los bosques del país, y que esto será motivo para generar empleos. Es decir, se adoptará el modelo de empleo temporal para que los brigadistas trabajen. Hasta ahí todo bien, pues tampoco el esquema de voluntariados ha servido de nada. Los amantes de la ecología están generalmente en las ciudades, advirtiendo de los peligros, pero pocos salen a plantar siquiera un árbol.

En el campo, ni se diga. Nadie quiere problemas con nadie y son pocos los ejidos en donde se tiene un plan de manejo forestal, aunque éste debe ser obligatorio. Los ejidatarios se quejan que la ley se les aplica a ellos de manera puntual, pero no a los terratenientes, quienes disponen de sus recursos naturales arbitrariamente, sin importar el daño que provoquen. Abren tierras al cultivo sin miramiento, derribando bosques de cualquier tipo, cuyos suelos por naturaleza son ácidos, ya que tienen vocación forestal y no agrícola.

Para hacer frente a esta crisis, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó desde octubre pasado el programa Sembrando Vida, que es uno de los 25 proyectos prioritarios de su administración federal.

Tendrá una inversión de 15 mil millones de pesos, para sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables e incluir cultivos de ciclo corto.

El gobierno federal aportará las plantas y los recursos para sembrarlas. Cada productor, comunero y ejidatario que se integre a este proyecto cultivará 2.5 hectáreas, por lo que recibirán un jornal de 5,000 pesos mensuales.

Además, deberán formar parte de una comunidad de aprendizaje integrada por 25 campesinos que recibirán capacitación de un técnico social, quien trabajará para favorecer el bienestar de la comunidad, impulsando relaciones de cooperación, armonía y corresponsabilidad; un técnico productivo, que los asesorará sobre técnicas de producción, tipos de suelo y cultivos mejor adaptados; y tres becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que vivan en la comunidad y que participarán en los procesos productivos y sociales.

Esto último es lo que me parece que marca la diferencia con otros programas, como el que lanzó Felipe Calderón y que resultó un fiasco. Primero, se dispone de suficientes recursos económicos; segundo, se impulsa la reforestación con fines económicos; y tercero, se impulsará la reeducación y concientización de la gente del campo es, asesorados por técnicos.

Sin un cambio de mentalidad en la población será muy difícil superar los niveles de deterioro ambiental, en un país que es el cuarto por su biodiversidad, y por lo tanto uno de los más importantes para el sostenimiento de la vida en el planeta.

Guerrero, por sus sierras, es uno de los pulmones del país. Y aunque aquí el problema de rescate es mucho más complejo por la situación de inseguridad en esa región, la intervención de los ejidos, de las familias y gobiernos, será crucial para lograr la meta.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El “Guachicolazo”, pese a ser un problema demasiado complejo y a los errores de logística cometidos por el gobierno federal, le está sirviendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como nueva catapulta política.

Según el diario El Financiero, prácticamente 90 de cada 100 mexicanos está a favor de esta cruzada anticorrupción en Pemex, contra 11 en contra. La empresa encuestadora de María de las Heras da un 72 por ciento a favor, contra 18 en contra. Mientras que Mitofsky registra 57 contra 36 por ciento.

Y en general, 76 de cada 100 mexicanos aprueban su gestión, a mes y medio de que comenzó, lo cual es la calificación más alta de cualquier mandatario en la historia.

Esto contrasta diametralmente con la imagen que se está tratando de afianzar en redes sociales, en el sentido de que el pueblo repudia la medida de control de AMLO, para frenar el robo de combustible, no en los ductos, sino lo que se roba desde dentro de la paraestatal y que es 80 por ciento del total, y que el presidente estaba perdiendo sus bonos políticos. Nada más alejado de la realidad, pues los números son fríos y no mienten.

Los números que día a día, en sus conferencias matutinas, ha ido presentando, son escalofriantes. Y aunque ya medios nacionales habían incursionado en ese espinoso tema –incluso hay libros que hablan de cómo Pemex estaba cooptado por una mafia de cuello blanco-, faltaba una estrategia con el rigor que está siendo llevada, para que todas las ratas salieran de la ratonera, literalmente.

Y queremos pensar que todavía no sabemos todo. Ayer, el presidente dijo que el robo de combustible, popularmente conocido como “guachicoleo” (aunque en realidad este término habla de un proceso de adulteración y no de robo de un producto como tal) comenzaba desde las plataformas petroleras. Estamos hablando entonces de una cadena de saqueo que dista mucho de ser el ya tan conocido “robo hormiga” que sucede en todas las dependencias públicas, e incluso en las empresas privadas.

Este es un caso apocalíptico, que forzosamente derivó en un obligado aumento al precio de la gasolina, y un incremento en las importaciones, para robarlo y para ir compensando el desfalco -que si nos atenemos a los listados de Forbes, mismos que revelan solamente lo robado por los guachicoleros de a pie, pero no de la mafia de cuello blanco-, fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando todo se salió de control, al pasar de 189 tomas clandestinas en el año 2000, en el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, a 12 mil 581 en 2018, con el regreso del PRI al poder.

Pero aún durante Calderón el problema estuvo de algún modo controlado, pues en 2007, su primer año de gobierno, se detectaron 323 tomas en los ductos de Pemex, contra 1,635 en 2012.

Fue con Peña Nieto cuando todo se volvió un saqueo descarado, tanto dentro como fuera de Pemex. El sexenio comenzó en 2013 con 2,781 tomas clandestinas, hasta alcanzar las 12 mil 581 en 2018, y el guachicoleo se generalizó en el país, con la intervención de grupos delincuenciales, sobre todo en el triángulo rojo de Puebla, donde se aprovecha la pendiente de las cumbres de Maltrata en Veracruz, para chupar los ductos de Pemex, pues en ese punto, aunque los ductos sean cerrados, el combustible sigue fluyendo hasta por dos horas, por la sola atracción de la gravedad.

En ese triángulo, por lo menos 5 municipios poblanos tienen una economía basada en el robo de combustible, y es en ese punto donde continúan los boquetes en los ductos, de ahí la importancia de que permanezcan cerrados.

Pero lo peor está sucediendo dentro de la paraestatal, y la madeja apenas comienza a desenredarse. Un funcionario de Hacienda dijo antier que en el esquema de robo están metidos hasta ex alcaldes, diputados, empresarios y un largo etcétera.

¿Cómo no va a respaldar la gente de México esta cruzada? ¿No era lo que queríamos, que se combatiera la corrupción? Pues bien, ahí tenemos la repuesta. Sabíamos que era un cáncer masivo, y en este combate habrá muchos daños, incluidos los inconvenientes de ir a una gasolinera y que te digan que no hay combustible.