El Chapo y las desapariciones

Culpable de los diez cargos que le imputaban: esa fue la sentencia del jurado que juzgaba al narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en la Corte de Distrito Federal en Brooklyn, Nueva York el pasado 12 de febrero. No fue una sorpresa para nadie, pues además del conocimiento público de las actividades del capo del Cártel de Sinaloa, los fiscales prepararon un detallado caso con una avalancha de evidencias.

Alan Feur, el periodista del New York Times encargado de seguir el juicio contra narcotraficante mexicano, enfatizó la meticulosidad con la que distintas agencias del gobierno de Estados Unidos prepararon el caso.

“El enjuiciamiento de Guzmán Loera en Estados Unidos se planeó con años de anticipación y requirió del trabajo investigativo del FBI, la DEA, la Guardia Costera estadounidense, el área especial de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y de fiscales federales en Miami, San Diego, El Paso, Nueva York y Washington. El equipo del juicio también dependió de decenas de oficiales de policía estadounidenses y de las autoridades de Ecuador, Colombia y la República Dominicana” (https://www.nytimes.com/es/2019/02/12/chapo-guzman-culpable/).

En ese trabajo, los fiscales llevaron a la Corte a 56 testigos de los cuales 14 trabajaron alguna vez para “El Chapo”. La evidencia en su contra fue abrumadora.

Fueron diez cargos que enfrentaba “El Chapo” en la Corte de Nueva York, el principal de ellos su participación en una iniciativa criminal continua, y además; conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana; conspiración para importar cocaína (a Estados Unidos); conspiración para distribuir cocaína; distribución internacional de cocaína, heroína, mariguana y otras drogas; uso de armas de fuego; conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico (Forbes, 12 febrero 2019). Encontrado culpable por el jurado, ahora “El Chapo” esperará la sentencia del juez Brian Cogan hasta junio próximo.

“El Chapo” fue juzgado y encontrado culpable. Pero como escribí en este mismo espacio en noviembre pasado: en la Corte de Nueva York no sólo se juzgaba al capo del Cártel de Sinaloa, sino también al narco-Estado mexicano. Hubo varios testimonios que hablan de cómo la corrupción aceita y hace operar el negocio del narcotráfico al amparo del poder político.

El abogado de El Chapo, Jeffrey Lichtman, dijo el 13 de noviembre, que tanto Enrique Peña Nieto como su antecesor Felipe Calderón, recibieron sobornos del Cártel de Sinaloa. En el caso del priista Peña Nieto se habló incluso de una entrega de 100 millones de dólares, antes de la campaña presidencial de 2012.

En días posteriores Jesús Zambada hermano de Ismael Zambada, El Mayo, dirigente del Cártel de Sinaloa junto con “El Chapo”, reveló que él personalmente entregó seis mdd a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón, a cambio de protección del Cártel de Sinaloa. Declaró además que García Luna recibió otros 50 mdd del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En el juicio se pasaron audios de grabaciones de las conversaciones telefónicas en las que “El Chapo” da órdenes directas a un comandante de la AFI emplazado en Sinaloa y este se le reporta dócilmente.

Pero en la Corte de Nueva York también se escucharon testimonios que dan cuenta de las prácticas criminales y los métodos para deshacerse de presuntos adversarios, entre ellos las torturas, las ejecuciones, cuerpos lanzados a hogueras o enterrados vivos.

Ese fue el testimonio de Isaías Valdez un ex miembro del miembro de las fuerzas especiales del Ejército mexicano que posteriormente fue guardaespaldas y secretario de “El Chapo”. En la Corte de Nueva York narró como directamente Guzmán Loera mandó cavar una fosa donde arrojaron vivos a dos detenidos que antes habían sido torturados. Luego ordenó que se le prendiera fuego a la fosa con los cuerpos aún vivos de los detenidos.

¿Cuántas órdenes semejantes dio “El Chapo”? ¿A cuántas personas se desapareció, se asesinó y enterró en fosas clandestinas ordenadas por este narcotraficante y el Cártel de Sinaloa? No lo sabemos a ciencia cierta porque “El Chapo” no fue juzgado por estos crímenes por el gobierno de Estados Unidos. La justicia estadounidense juzgó a “El Chapo” supuestamente para detener el flujo ilegal de drogas a su país, pero también para quedarse con los activos financieros de “El Chapo” y el Cártel de Sinaloa. Esas son sus prioridades.

Pero es totalmente condenable y reprobable que el gobierno mexicano no hubiera aprovechado las veces que detuvo a “El Chapo” para conocer esta información o que su extradición a Estados Unidos estuviera condicionada a que el capo también informara sobre las desapariciones, enterramientos y centros de exterminio que ocurrieron en los territorios que controlaba, con la evidente complicidad de poder político mexicano.

El juicio por “El Chapo” revela un absoluto desprecio por las vidas humanas que han estado en juego en esta mal llamada “guerra contra el narco” por parte de los gobiernos involucrados.

Si realmente existiera un Estado de derecho que buscara la justicia, la detención de “El Chapo” debería tener como prioridad encontrar la verdad sobre las víctimas de esta guerra, para hacer todo lo posible por detener desapariciones y encontrar a miles de cuerpos que hoy están sin identificar.

Pero los gobiernos no buscan encontrar esa información que pueden ofrecer los capos de las drogas porque al buscarla se encontrarían así mismos. Ellos son corresponsables tanto de los grandes negocios del capitalismo ilegal, así como de la violencia organizada que está asociada a estos negocios.

Los distintos gobiernos, y todo el Estado mexicano, es corresponsable de esa violencia y por tanto de las desapariciones, masacres y fosas clandestinas que se producen para que funcione el lucrativo negocio del narcotráfico.

Los testimonios escuchados en el juicio de la Corte de Brooklyn confirman que los grandes negocios del crimen organizado en México no pueden operar sin la complicidad y protección del poder político y altos mandos de las fuerzas armadas y policiales de este país. En la Corte de Nueva York, no sólo se juzgó a “El Chapo”, también al narco-Estado mexicano.

Editorial

El problema de los símbolos

No es problema que el hijo menor del Presidente sea inscrito en una de las escuelas más caras del país. Desde hace tiempo se han escuchado historias de lo que significaba tener al hijo de un Presidente compartiendo las aulas de ciertas instituciones. Eran historias llenas de sorpresa y de terror: se hablaba de guaruras, de francotiradores en los techos; de un constante desprecio del estudiante de marras hacia sus profesores, sabedor del poder que encarnaba. Hoy que buena parte de esas historias caen más dentro de los terrenos de lo mítico.

El asunto es que los hijos de los Presidentes que están en edad escolar, deben continuar estudiando. Y es lógico que los inscriban en las escuelas que sus padres consideran las mejores. Sobre todo, partiendo de la base de que, aún con austeridad republicana, sus sueldos les alcanzan sobradamente para que estudien donde ellos quieran. Si el Presidente y su esposa se quieren gastar un alto porcentaje de sus ingresos en la educación de su vástago, apenas parece normal.

El problema viene de otro lado. Este gobierno ha intentado gobernar a partir de símbolos: el coche blanco, los vuelos en líneas aéreas comerciales, la reducción de salarios, la presunta abolición de privilegios y otros más trascendentes: consultas y plebiscitos a modo para intentar convencernos de que el pueblo es quien manda. Los símbolos funcionan en tanto representan cosas pero no en términos de eficiencia fáctica. De poco sirve la probidad de los funcionarios si no tienen las capacidades específicas que requiere su encargo.

Si bien actualmente los símbolos representan un capital político importante para la causa del presidente López Obrador, se corre el riesgo de que con el paso del tiempo, los hechos y las malas decisiones devalúen la importancia simbólica que posee. Nadie pone en duda la legitimidad de su llegada al poder, pero sí son criticables algunos dislates en su actuar, en sus decisiones, en sus propuestas, pero sobre todo, entre sus colaboradores.

Pese a lo anterior, se sigue gobernando desde el plano de lo simbólico, esperando que una pequeña acción concreta represente mucho más que una reforma grande. Es en este campo, en el de lo simbólico, donde choca la idea del colegio costoso. A todos quedaba claro (para bien o para mal; más para mal) que los Presidentes anteriores tenían solvencia económica suficiente para gastar a manos llenas. Así que no era raro ser testigos de los derroches familiares. Ahora, se nos ha querido convencer de que las cosas son diferentes. ¿Entonces? Entonces resulta chocante la ruptura del símbolo.

Se prefiere, sobra decirlo, que el hijo menor del Presidente estudie en la escuela más cara de México o del mundo si, a cambio, se van dejando de lado los símbolos y se va actuando más sobre los hechos. Porque conforme pasen los meses, serán hechos los que exija la población, y no más símbolos. Mientras eso no suceda, mientras sigan tomándose decisiones que extienden el manto de impunidad que ahoga al país, seguirá pareciéndome chocante una acción concreta que traiciona el discurso simbólico donde nos encontramos.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Pese a todas las manifestaciones realizadas a lo largo y ancho del país, por los administradores de las estancias infantiles, la Secretaría de Bienestar –antes Sedesol-, anunció que el programa se mantiene, pero con nuevas reglas de operación que le pegan directo al esquema originalmente planteado, y que consistía en que se entregaba un subsidio por cada niño beneficiario, directamente a los administradores de las estancias.

En lo sucesivo, según declaró la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, el subsidio será entregado de manera directa a los padres de familia y de manera directa, a través de una tarjeta bancaria. De este modo, los padres se encargarán de contratar el servicio de guardería para sus hijos.

El monto destinado para niños con capacidad será de 3,600 pesos bimestrales (1,800 mensuales). Aplica desde 1 día de nacido hasta un día antes de cumplir los 6 años.

Para niños no discapacitados el subsidio será de 1,600 bimestrales (800 pesos mensuales), desde un año hasta un día antes de cumplir 4 años.

Las reglas de operación implican la revisión de que los niños beneficiarios no tengan también el servicio del IMSS o del ISSSTE.

Y finalmente, hay la disposición para que se incorporen al programa niños de zonas de alto rezago social, pobreza extrema y algos grados de marginación y violencia, así como los que vivan en municipios indígenas.

La razón de estos cambios ya harto se ha dicho: corrupción. Tal y como sucedió con otros programas de desarrollo, asistencia social y salud, el de estancias infantiles se preñó de corrupción e impunidad, y la intención del gobierno federal es de desmantelar la estructura, sin eliminar el programa.

En este espacio hemos dicho, sin embargo, que el cambio no es ventajoso, sino todo lo contrario. Las mismas madres de familia han expresados que lo ideal sería someter a las estancias infantiles a una revisión estricta y periódica, tanto física como financieramente, en lugar de entregarle el dinero a los padres.

Reconocen que este dinero se diluirá más fácilmente, como sucede con el Oportunidades, que las madres más tardan en cobrarlo que en gastarlo, en la compra de artículos innecesarios o que nada tienen que ver con la alimentación de las familias.

Y a menos que en las reglas de operación se obligue a las madres y padres de familia para que contraten los servicios de guardería para sus hijos, podemos estar seguros que será dinero tirado, pues la cultura que prevalece es que dinero regalado, es dinero no apreciado.

La gente, cuando habla de que recibe apoyo “del gobierno”, considera que es dinero de nadie y que lo puede usar indiscriminadamente, pero lo cierto es que es dinero de la nación y que debe usarse de manera correcta y con responsabilidad.

¿Qué hará la gente con niños discapacitados, por ejemplo? Lo mismo que ahora hacen: tenerlos en la casa, viendo televisión, o con familiares, marginados y abandonados, cuando en las estancias infantiles al menos aprenden reciben algunos conocimientos básicos. Y, lo más importante, que se les saca del escenario familiar, donde incluso son maltratados, para ampliarles un poco su perspectiva de desarrollo.

Cierto, el gobierno de AMLO está cumpliendo al sostener el programa de estancias infantiles. También entendemos que hay una estructura corrupta que debe desmantelarse. Incluso es entendible que esto tiene que ver con partidos políticos, pues la estructura del viejo régimen inevitablemente respondía a las necesidades partidistas de intercambios de votos.

Pero, insistimos, el nuevo esquema puede ser un agujero sin fondo si no se le reencauza adecuadamente.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Reactivan brazo económico

*“No somos tapadera y no vamos a permitir la corrupción”: AMLO

La última administración federal del PRI, la de Enrique Peña Nieto, empobreció brutalmente a la población del país, confirman los últimos reportes del Coneval. Ahora se intenta revertir esta situación. Para ello, llevan a cabo un combate frontal contra la corrupción prevaleciente en los últimos años, y reactivan el brazo económico nacional: Pemex, para lo cual presentó este viernes un plan de medidas que prevé incrementar los ingresos de la petrolera en 107 mil millones de pesos y reducir su carga fiscal. En territorio mexicano hay petróleo para los próximos 40 años en aguas profundas y someras, corroboran reportes oficiales.

De entrada, este año no se contratará deuda para la petrolera, pues el endeudamiento neto de la empresa de 2013 a 2018 suma 140 mil millones de pesos.  Alberto Vázquez, director de Finanzas de Pemex, indicó la primera medida es que se inyectarán a esta empresa productiva del Estado 25 mil millones de pesos en capitalización, y la segunda que se la darán más de 35 mil millones de pesos para pensiones. Además, habrá un incentivo para disminución de la carga fiscal de 15 mil millones de pesos, el cual será acumulativo a lo largo del sexenio y en 2020 podría ser de 30 mil millones.

Vázquez destacó: “Por robo de combustible para la empresa está política va a dejar un beneficio por recuperación de ingresos de 32 mil millones de pesos, estos valores resultados de la empresa no consideran impacto de ingresos, además de IVA e IEPS; en conjunto de apoyos y de medidas que van a incrementar beneficios nos da un ingreso adicional de 107 mil millones de pesos”.

En términos reales, Pemex aumentará su inversión en 36 por ciento, al pasar de 204 mil millones de pesos en 2018 a 288 mil millones, destacó el funcionario. Por su parte, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, indicó que la reducción fiscal podría dejar 90 mil millones a final del sexenio. “Pemex será totalmente respaldado por este gobierno y si se requieren más acciones para capitalizar (la empresa) se va a hacer”.

López Obrador resaltó que el principal problema de Pemex fue de corrupción y la enorme deuda que dejaron los gobiernos pasados. Reiteró que durante el periodo neoliberal Pemex fue saqueada y parte de este andamiaje fue la reforma energética que, afirmó, fue “un rotundo fracaso con todas estas instancias reguladoras supuestamente independientes cuando estaban al servicio estas intermediarias”. AMLO subrayó que si se acaba la corrupción que hay en Pemex, “va a renacer” la empresa petrolera y reportó podría llegar a un billón de pesos la utilidad del presente año “es decir, la mitad de su deuda”.

Los tecnócratas optaron por la privatización, por lo que son responsables del fracaso de Pemex y ahora dicen que no se va a poder rescatar a la empresa, afirmó el titular del Ejecutivo federal, pero aceptó el desafió: ”Vamos a sacar adelante a Pemex, va a ser una empresa de utilidades, y va a tener ganancias”.

AMLO contra

la corrupción

A la Fiscalía General de la República se le entregarán un millón 500 mil pruebas de irregularidades en entrega de recursos de programas de Sedesol, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó se hallaron anomalías en 2 de cada 3 estancias infantiles, tales como falta de permisos para funcionar y falta de seguridad para los niños, entre otras. “Les vamos a entregar los datos de toda la corrupción que había en la Sedesol y no sólo se les va a entregar a ustedes, se le va a entregar a la Fiscalía General, de los padrones, de cómo se destinaban recursos para la gente y no llegaba el dinero, por eso la decisión de no entregar fondos con intermediarios”.

El mandatario reiteró que los apoyos ahora se entregarán directamente a los padres de familia y no a las estancias, y criticó que partidos políticos de oposición hayan salido a defender el programa de estancias, aun sabiendo que estaba mal. En un mes estará resuelto el problema de las estancias infantiles, aseguró.

Respecto al caso Odebrecht, López Obrador dijo que la investigación de éste continúa, así como la de otros expedientes por presuntos casos de corrupción. “No somos tapadera y no vamos a permitir la corrupción. Y además no lo podríamos hacer porque nos convertiríamos en cómplices.

Hay actos de corrupción que si no los denunciamos nos convertimos en cómplices por omisión”, explicó.

El periódico La Jornada publicó este viernes datos acerca del convenio celebrado en febrero de 2017 entre la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y su contraparte brasileña para no ejercer ninguna acción penal, civil o administrativa en contra de directivos de Odebrecht, quienes habrían incurrido en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos.

Precisamente en ese sentido, López Obrador envió un mensaje a los proveedores del gobierno, quienes –sostuvo- “ya andan haciendo propuestas indecorosas, que el 10 por ciento, que el 15 por ciento”. Por ello, advirtió, empresa que se le demuestre soborno a funcionarios será dada de baja, sin importar el servicio que ofrezca, “trátese de quien se trate… por corrupción, ningún chantaje, de nada, de nadie”, puntualizó.

La instrucción, subrayó, es que una irregularidad que pudiera ser un acto de corrupción debe  investigarse. “Con todo respeto a la autonomía de la Fiscalía, cada determinado tiempo, eso fue lo que acordamos hoy, le vamos a pedir que nos diga el estado en que se encuentran nuestras denuncias en casos de corrupción”. Todas las investigaciones están abiertas: “hoy en la mañana pregunté: ¿ cómo va la investigación de los carro-tanques (para transportar gasolina)?; ¿se acuerdan que dieron 27 millones de dólares de anticipos y no regresaron nada y ya los había supuestamente exonerado porque Pemex no presentó pruebas?. Ahora estamos con esa investigación. Hay alrededor de 2 mil denuncias, de expedientes abiertos, por el robo de combustible”.

De los pasillos

Este viernes, el presidente de EU, Donald Trump, declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México para costear la finalización del muro de separación entre ambos países tras considerar insuficiente la partida de 1.500 millones de dólares aprobada finalmente por el Congreso de ese país. Trump argumentó que su decisión ha sido motivada por “esta invasión que está viviendo Estados Unidos, por criminales, por traficantes de drogas”… En respuesta, líderes del Partido Demócrata aseguraron que esta declaración es ilegal. “La declaración ilegal del Presidente sobre una crisis que no existe violenta nuestra Constitución y hace que EU sea menos seguro, robando la necesidad urgente de fondos de defensa para la seguridad de nuestros militares y nuestra nación”, señalaron en un comunicado conjunto el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y Nancy Pelosi, líder de la cámara baja…

Durante el último año del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto,  la población con un ingreso laboral inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (costo de la canasta alimentaria) aumentó de 39.3 a 39.8 por ciento entre el tercer y cuarto trimestre de ese año, derivado de la reducción en el poder adquisitivo del ingreso laboral y de un mayor crecimiento de los precios rurales y urbanos, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Este organismo detalló que lo anterior se debió a que hubo una disminución del ingreso laboral de 1.2%. Acotó que de manera anual se observa una disminución de 2.9 por ciento entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018.

EL PASQUIN de Veroníca

Zihuatanejo se está transformado en materia de turismo, en esta administración que encabeza el Presidente Municipal Jorge Sánchez Allec, al lograr que se atraigan mejores programas, proyectos y obras como el notable muelle turístico que detonan la llamada industria sin chimeneas que reconforta la economía de prestadores de servicios turisticos abundantes en este lugar e impactan en el desarrollo del destino y elevan la infraestructura lo que promete atraer mayor inversión y mas visitantes.  Durante el banderazo de inicio de construcción del nuevo muelle de Zihuatanejo el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, manifestó que para su gobierno todos los destinos turísticos de la entidad son importantes, pero resaltó el cariño especial que le guarda a Zihuatanejo y a su gente, donde siempre es recibido con gran calidez y emoción, así mismo reconoció el gran trabajo del alcalde Jorge Sánchez de quien se dijo satisfecho por los logros de su gobierno a tan solo unos meses de asumido el poder y se comprometió a continuar apoyándolo para que siga dando más y mejores resultados, como esta importante obra turística que impulsará nuevamente la llegada de cruceros a este binomio de playa y promoverá la actividad marítima y recreativa que se desarrolla en las playas de nuestra bahía; ya que esta obra cumple con  todos los estudios y requisitos solicitados por las diferentes instancias. Afirmó Astudillo Flores que esta obra en la que se invertirán 100 millones de pesos será de gran ayuda para darle mayor calidad y atractivo al destino; para que continúe en esa ruta de desarrollo que su gobierno ha trazado para este municipio al que apoyará hasta el último día de su mandato.  Por falta de un muelle adecuado que garantizara la seguridad de los pasajeros, Zihuatanejo dejó de recibir la visita de cruceros desde el 2015 lo que impactó severamente la economía del lugar. Sector que se recuperará con la construcción del nuevo muelle.  El muelle de Zihuatanejo representa el equipamiento urbano en atería turística más importante que ningún otro, ya que confluyen en él la mayoría de las actividades del sector turismo y pesca desde el origen de la ciudad hasta nuestros días. El viejo muelle tenía más de 60 años de antigüedad y presentaba fallas estructurales a causa del embate de las olas, el desgaste natural y los sismos que soportó y otros fenómenos naturales, como: mar de fondo, tormentas y huracanes. Según un estudio elaborado por SECTUR para el año 2030 la proyección del número de turistas que se espera captar en Ixtapa-Zihuatanejo en el año es de un millón 765 mil 549 turistas anualmente; una tasa de crecimiento de 6%, considerando el repunte en la ocupación que ha tenido Ixtapa Zihuatanejo en los últimos 5 años y los esfuerzos de promoción que se llevan a cabo tanto nacional como internacionalmente, como la reciente participación de Jorge Sánchez en el FITUR España. Por ello la importancia de construir un nuevo muelle, mejorar la infraestructura turística y elevar la calidad de los servicios que se ofrecen al turista.  El nuevo muelle tendrá una longitud de 80 m., contará con siete módulos (muelles de espera) los cuales darán servicio a 210 personas simultáneamente. Tendrá un hermosa y moderna plaza de acceso con aérea ajardinada y de descanso, un amplio andador de acceso que conectará con la ciclopista, cinco módulos con plataformas de escalinatas (tres plataformas de atraque y servicio de embarcaciones turísticas y dos plataformas de atraque y servicio destinado para los tenders de los cruceros). Potente alumbrado, una caseta mareográfica con tres compartimentos destinadas para el uso exclusivo de la UNAM, una para la Capitanía de Puerto y otra para la SEMAR. Jorge Sánchez, resaltó que este proyecto y otros, como la ciclopista que conectara el parque ecológico del Limón con el muelle, buscan en primer término elevar la calidad de la infraestructura turística ofreciendo servicios y atractivos que apoyen la movilidad de las personas, mejorar el acceso marítimo, promover el turismo y generar instalaciones seguras para nuestros visitantes, sobre todo para quienes gustan de los deportes acuáticos y para que los prestadores de servicios que trasladan a los turistas en vehículos acuáticos brinden un traslado seguro a los turistas y residentes. Jorge Sánchez, en tres meses de gestión ha logrado lo que no se consiguió en las dos últimas administraciones, grandes obras de impacto turístico que ofrecen grandes atractivos, mayores opciones de diversión promueven el turismo ecológico y muestran a los visitantes que arriban de todas las regiones del país y el extranjero nuestra extensa y rica biodiversidad, con un clima soleado la mayor parte del año. Y es que el turismo como fenómeno social de masas se ha convertido en los últimos años para México, en factor importante y básico de su economía, por este motivo, el mandatario municipal desde el momento de su elección  se dio a la tarea de buscar los mecanismos para retomar la gestión de la construcción tan importante del nuevo muelle turístico lo que le ha valido la distinción y reconocimiento en toda la entidad por tratarse de una obra que beneficia a toda la región, y que fue gestionada, aprobada y ejecutada a solo cuatro meses de iniciada su administración. Esta obra no solo beneficia a Zihuatanejo, sino a una parte importante de la región de la Costa Grande, considerando que la oferta laboral que generan las empresas turísticas benefician, indirectamente, a los municipios cercanos, pues muchas personas vienen de Petatlán y La Unión a trabajar a Ixtapa. El nuevo muelle turístico sin lugar a dudas mejora la imagen urbana y de atracción turística local, nacional y extranjera, ya que esto permitirá abrir mayores fuentes de empleos y desde luego los distintos sectores se verán beneficiados, por mencionar algunos: pescadores, hoteleros, vendedores de artesanías, guías de turistas, restauranteros, lancheros, entre otros. Con estas acciones a favor de la sociedad que depositó su confianza en Jorge Sánchez, la llamada industria sin chimeneas se engrandece con obras como esta que constituyen hoy para Zihuatanejo y el Estado, una de las actividades de mayor importancia en la economía, siendo el sector que mayor trascendencia ejerce sobre las actividades inmediatamente relacionadas con ella, llevando sus beneficios económicos, social, cultural y humano a las familias de esta ciudad gracias al Presidente Municipal.

Editorial

El incierto futuro de carecer de oposición formal

La lucha política en México vive un momento singular: el nuevo gobierno no tiene oposición organizada. Los dos partidos perdedores de la reciente elección carecen de dirección y, en consecuencia, de una plataforma política aunque sea mínima. Se va sabiendo lo que no quieren, pero no se conoce lo que buscan. Son reactivos y odian la nueva coyuntura en la que se encuentran, pero nada más.

Esta situación ha de ser, previsiblemente, momentánea, pero crea por lo pronto gran incertidumbre, en especial dentro de la nueva fuerza gobernante del país.

Desde la instalación de la Legislatura, aquellos dos partidos mostraron más su preocupación por no ser ninguneados y enseñar, en consecuencia, sus limados dientes, que por presentar su carta de exigencias, aspiraciones, peticiones y recomendaciones que, se supone, debe tener siempre todo partido político. Ninguno de ellos cuenta con una interpretación de lo sucedido en los recientes comicios y mucho menos de un análisis de la situación política del país.

En lugar de los dos partidos derrotados, la oposición se ha empezado a ubicar en los medios de comunicación y en la patronal. Pero, por definición o naturaleza, esos mecanismos de difusión de ideas y de agrupación gremial carecen de plataformas políticas precisas y no son instrumentos de elaboración programática, como tampoco conforman mecanismos para agrupar ciudadanos y postular candidaturas.

La crítica al gobierno que difunden muchos medios de comunicación y no pocos órganos patronales e, incluso, empresas, es poco propositiva, muy rasposa y a veces algo irónica. Aunque tiene cierto valor, no puede ser un sustituto constructivo de la oposición organizada y militante.

En consecuencia, el gobierno y los legisladores de la mayoría no encuentran interlocutores políticos para organizar el debate, contrastar sus propuestas, negociar acuerdos, construir escenarios incluyentes o, por el contrario, romper lanzas en abierta contienda.

Nunca se puede calcular cómo podría reaccionar cada uno de los dos partidos ante iniciativas presentadas por el gobierno o la mayoría en el Congreso. Lo peor es que no son tampoco susceptibles de consulta antes de formular nuevas políticas públicas o proyectos de reformas legislativas. Entre panistas y priistas nadie puede definir una orientación posible antes de la formalización de los hechos políticos, los cuales, una vez anunciados, sólo concitan el intento de bloqueo de parte de los dos partidos.

En otras palabras, casi nunca hay contrapropuestas de parte de los dos partidos que salieron de las recientes elecciones con graves contusiones y una consecuente ofuscación. El PRI y el PAN no han podido definir aún cual será su papel político y sus objetivos concretos en los próximos dos años.

Cuando la oposición formal está confundida, también sufre la fuerza gobernante porque el vacío que deja aquella es llenado por poderes informales que no respetan canon alguno y carecen de interés electoral, es decir, deseo de ganar votos mediante su concurso en la lucha política abierta.

Frente a esta singular situación que está viviendo México, convendría que el gobierno y la mayoría legislativa hicieran el esfuerzo por llevar a los dos partidos derrotados al terreno de la construcción común de cierto tipo de proyectos, no sólo de leyes sino también de políticas públicas.

Si con paciente insistencia se empieza a abrir la convocatoria sincera hacia los partidos, podría detenerse a tiempo la tendencia de que éstos sean sustituidos por otros mecanismos más difusos e irresponsables de organización de intereses.

En otras palabras, es del todo conveniente desde el punto de vista de la democracia detener el oscurecimiento de la lucha política al que, con su ofuscación, el PRI y el PAN están incitando.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Un nuevo problema le estalló al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, con la desaparición de la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, y de Hilario Cornelio Castro, otro de los miembros de la organización que la acompañaban. Afortunadamente, tras cuatro días en poder de sus captores, fueron liberados y hallados el sábado de madrugada en el municipio de Tierra Colorada, bastión en pleito entre la UPOEG y el FUSDEG.

Cierto que no fueron hallados por los policías que las buscaban, pero la presión social y política logró que sus captores los liberaran, y el gobernador se reunió con ellos horas después.

La aparición de Obtilia desarticuló de inmediato todo operativo de búsqueda, pero no debe cesar la investigación, pues de ella dependen muchas cosas que –de no actuar-, podrán tener un impacto severo en el municipio de Ayutla de los Libres, que hoy tiene un gobierno por usos y costumbres indígenas.

En el inicio no se tenían detalles de este levantón, pero poco a poco, al paso de los días, se diseminaron diversas versiones. Según el esposo de Obtilia, Cuauhtémoc Ramírez, ella iba huyendo de Ayutla rumbo a Chilpancingo, porque desde el fin de semana anterior a su desaparición, ocurrida el martes 12 de febrero, arreciaron las amenazas en su contra.

¿La razón? Que ella forma parte del consejo de obras del nuevo gobierno comunitario de Ayutla, y tiene en su contra a los promotores de las elecciones por usos y costumbres, léase la Unión de Pueblos y  Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), cuyo líder es Bruno Plácido Valerio, pues estos exigen controlar el recurso de obras.

Siempre en la versión de Cuauhtémoc Ramírez, Obtilia era el muro de contención en contra de la UPOEG al interior del Concejo Municipal Comunitario, y de ahí que comenzaron a presionarla vía amenazas de muerte.

Hay que saber que elementos de la UPOEG así como los de la CRAC-PC se encargan de dar seguridad en Ayutla, pues desde que adoptaron este nuevo tipo de gobierno, el gobierno estatal y federal desarticularon a la Policía Preventiva Municipal y también les dejaron de entregar la partida relativa a la seguridad pública.

También hay que considerar que las amenazas contra Obtilia eran recurrentes y en realidad ha estado amenaza por muchos años –ella responsabilizaba a la gente del PRI-, al grado de que por presiones internacionales se le proporcionaron medidas cautelares y una patrulla de la Policía Estatal la estaba cuidando permanentemente, excepto ese día que desapareció, porque según los policías que fueron entrevistados por reporteros de la Costa Chica, la mujer tenía la costumbre de sa

lir sin avisar a dónde iba, y prefería andar con gente de su organización que con los uniformados dispuestos para su seguridad.

Desde el miércoles, el gobernador activó a través de la Secretaría de Seguridad Pública un operativo de búsqueda por tierra y aire, mientras que la Fiscalía comenzó también la investigación del caso y lanzó una recompensa para quienes proporciones información sobre el paradero de Obtilia y su acompañante.

El viernes, el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla se presentó ante el gobernador para pedirle que la investigación del caso la retome la Fiscalía General de la República, y Astudillo en ese momento le pidió la atención del caso al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Claro que este caso es ocasión para responsabilizar al gobierno del estado por la inseguridad que priva en la entidad. Y por supuesto que el gobierno en turno es responsable de prodigar seguridad a sus gobernados, pero esto en un contexto de vida normal. Para nadie es un secreto que en México, sus estados y municipios, hace mucho tiempo que la normalidad se acabó, y que sobre todo Guerrero es un polvorín.

Considero que el caso de Obtilia será ocasión para que se revise la actuación de la UPOEG, organización armada a la que, sin embargo, los órganos electorales le permitieron empujar un proceso de gobierno por usos y costumbres indígenas, sin considerar que por el hecho de tener un brazo armado a sus órdenes, como el SSJC (que además tiene varias falanges peligrosas y que depende no de Bruno Plácido, sino del que se dice ser el comandante del grupo, Ernesto Gallardo Grande), la UPOEG estaba imposibilitada para actuar como organización civil y representante de los derechos políticos de los pueblos indígenas..

Pues bien, éste es apenas el comienzo del caótico gobierno de Ayutla, y esperemos a ver lo que sigue. Si la PGR profundiza realmente en esta investigación –que debe hacerlo porque fue un delito que no fenece con la aparición de la víctima- Bruno y sus muchachos están en problemas.

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

*Pandillas de funcionarios al servicio de empresarios

*Renovación de órganos autónomos; IP, imprescindible

Desde hace muchos años, estudios serios e investigadores reconocidos habían señalado la metamorfosis del gobierno en México, el cual evolucionó de representar y administrar los bienes de la Nación para el bienestar de su población a comprimirse, a partir de la década de los 80´s, en pandillas al servicio de los oligarcas. Estos funcionarios, conocidos popularmente como tecnócratas, operaron desde finales del siglo pasado el traslado de la riqueza y bienes de la nación a manos de unos cuantos particulares, quienes vieron incrementadas sus fortunas exponencialmente al amparo del poder político, el cual llegaron a controlar completamente. Fue un periodo de despojo, de saqueo, de robo a la Nación, para lo cual se modificaron leyes a fin de hacer legal toda una serie de atracos.

No es sino hasta ahora que un presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expone claramente esta situación y lamenta el hecho. AMLO intensificó sus críticas contra los organismos autónomos; reprobó los elevados sueldos de sus funcionarios; y señaló que incluso se les permitió cometer ilícitos y se pagaban sus fianzas. “Muchas de estas cosas de abusos, de falta de moralidad, se presentaron por la mescolanza entre poder público y poder privado, o sea no había frontera, no había separación, el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios, mujeres y hombres de negocios, más hombres que mujeres, entonces ya hay esta separación que es sana para todos”, señaló.

Y explicó: “Hubo mucha simulación, se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno, para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares y en todos esos organismos la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados y nos vendieron la idea de que esto era la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil, que eran gente decente porque los del gobierno eran unos corruptos”.

López Obrador aclaró a representantes de medios de comunicación no estar en contra de la Iniciativa Privada, sino de la corrupción. “Quiero dejar en claro que no estamos en contra del sector privado, estamos en contra de la corrupción y son los momentos también para que las organizaciones del sector privado se deslinden, el sector privado haga el compromiso de apoyar a empresas con dimensión ética, a verdaderos empresarios, no a corruptos que se han dedicado a dañar el país, a saquear la hacienda pública, entonces pedirles eso, estoy seguro que va a haber una muy buena respuesta del sector privado”, subrayó.

El titular del Ejecutivo federal explicó que “afortunadamente se vencieron los plazos en estos organismos autónomos o algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos y ahora, de acuerdo con la ley, nos corresponde proponer al Senado a quienes van a estar en estos organismos, se decidió no cancelarlos para no dar pretextos o excusas porque siempre recurren, les decía yo que gritan como pregoneros que se está afectando al sector privado, no, nosotros necesitamos la participación del sector privado”.

AMLO condenó a los “funcionarios chapulines” que pasaron a las empresas con las que habían tenido contacto en su desempeño público. “Es una vergüenza. Entonces no le hace que se enojen, que no estén a gusto, pero tenemos que acabar con el cáncer de la corrupción y con la simulación, con el hecho de que las leyes se respetan en la forma pero se violan en el fondo. Que no se esté hablando de derecho cuando es un estado de chueco”, concluyó.

De los pasillos

Las encuestas levantadas para calificar la gestión de AMLO durante los primeros sesenta días de gobierno, le han otorgado porcentajes de apoyo, aceptación, simpatía no vistas en el pasado. Un diario de los llamados nacionales le otorgó el 88.7 por ciento; De las Heras el 65 por ciento; Hope & Optimism On Global Peace, el 67 por ciento. Estas calificaciones encuentran dos bases: la primera refiere la forma en la cual ha enfrentado la corrupción en Pemex y las expectativas de recorrer el mismo camino en la CFE, lo cual redunda en rescate patrimonial y, la segunda, resume la enorme generación de optimismo que despierta en los mexicanos palabras y estilo del tabasqueño…

La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar sin efecto la suspensión que impide la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos fue declarada infundada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con tres votos contra dos, la Segunda Sala declaró infundados los recursos de reclamación del titular del Ejecutivo federal y de las cámaras de Diputados y Senadores, al analizar tres recursos de reclamación contra el acuerdo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien en diciembre otorgó una suspensión a la minoría del Senado de la República que congeló dicha ley, la cual establece que nadie puede ganar más que el Presidente, es decir, 108 mil pesos. Fue el 7 de diciembre de 2018 cuando el ministro Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentó la minoría del Senado representado por el PRI, PAN, PRD y MC, además del senador Emilio Álvarez Icaza y, posteriormente, se procedió a conceder la suspensión solicitada “para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión para el ejercicio 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto no se resuelva el fondo de la controversia….”.

Sacudidas caribeñas

Puede considerarse “natural” varios renglones en la vida política y económica de los estados se sacudan cuando se aproxima una jornada electoral intermedia. Las votaciones para renovar los Congresos locales justo a la mitad de los sexenios encabezados por el Ejecutivo tienen una gran importancia para la burocracia del lugar. Serán esos curuleros quienes aprueben las tres últimas cuentas públicas y con ellos finalizará el mandato o, si el calendario electoral no coincide con la renovación tanto de Ejecutivo como Legislativo y los municipales, con ellos se harán ajustes a diferentes leyes con el único fin de garantizar tranquilidad, libertad, impunidad para quien se despide y fungió como máxima autoridad.

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