Categoría: Opinion

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El “Guachicolazo”, pese a ser un problema demasiado complejo y a los errores de logística cometidos por el gobierno federal, le está sirviendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como nueva catapulta política.

Según el diario El Financiero, prácticamente 90 de cada 100 mexicanos está a favor de esta cruzada anticorrupción en Pemex, contra 11 en contra. La empresa encuestadora de María de las Heras da un 72 por ciento a favor, contra 18 en contra. Mientras que Mitofsky registra 57 contra 36 por ciento.

Y en general, 76 de cada 100 mexicanos aprueban su gestión, a mes y medio de que comenzó, lo cual es la calificación más alta de cualquier mandatario en la historia.

Esto contrasta diametralmente con la imagen que se está tratando de afianzar en redes sociales, en el sentido de que el pueblo repudia la medida de control de AMLO, para frenar el robo de combustible, no en los ductos, sino lo que se roba desde dentro de la paraestatal y que es 80 por ciento del total, y que el presidente estaba perdiendo sus bonos políticos. Nada más alejado de la realidad, pues los números son fríos y no mienten.

Los números que día a día, en sus conferencias matutinas, ha ido presentando, son escalofriantes. Y aunque ya medios nacionales habían incursionado en ese espinoso tema –incluso hay libros que hablan de cómo Pemex estaba cooptado por una mafia de cuello blanco-, faltaba una estrategia con el rigor que está siendo llevada, para que todas las ratas salieran de la ratonera, literalmente.

Y queremos pensar que todavía no sabemos todo. Ayer, el presidente dijo que el robo de combustible, popularmente conocido como “guachicoleo” (aunque en realidad este término habla de un proceso de adulteración y no de robo de un producto como tal) comenzaba desde las plataformas petroleras. Estamos hablando entonces de una cadena de saqueo que dista mucho de ser el ya tan conocido “robo hormiga” que sucede en todas las dependencias públicas, e incluso en las empresas privadas.

Este es un caso apocalíptico, que forzosamente derivó en un obligado aumento al precio de la gasolina, y un incremento en las importaciones, para robarlo y para ir compensando el desfalco -que si nos atenemos a los listados de Forbes, mismos que revelan solamente lo robado por los guachicoleros de a pie, pero no de la mafia de cuello blanco-, fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando todo se salió de control, al pasar de 189 tomas clandestinas en el año 2000, en el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, a 12 mil 581 en 2018, con el regreso del PRI al poder.

Pero aún durante Calderón el problema estuvo de algún modo controlado, pues en 2007, su primer año de gobierno, se detectaron 323 tomas en los ductos de Pemex, contra 1,635 en 2012.

Fue con Peña Nieto cuando todo se volvió un saqueo descarado, tanto dentro como fuera de Pemex. El sexenio comenzó en 2013 con 2,781 tomas clandestinas, hasta alcanzar las 12 mil 581 en 2018, y el guachicoleo se generalizó en el país, con la intervención de grupos delincuenciales, sobre todo en el triángulo rojo de Puebla, donde se aprovecha la pendiente de las cumbres de Maltrata en Veracruz, para chupar los ductos de Pemex, pues en ese punto, aunque los ductos sean cerrados, el combustible sigue fluyendo hasta por dos horas, por la sola atracción de la gravedad.

En ese triángulo, por lo menos 5 municipios poblanos tienen una economía basada en el robo de combustible, y es en ese punto donde continúan los boquetes en los ductos, de ahí la importancia de que permanezcan cerrados.

Pero lo peor está sucediendo dentro de la paraestatal, y la madeja apenas comienza a desenredarse. Un funcionario de Hacienda dijo antier que en el esquema de robo están metidos hasta ex alcaldes, diputados, empresarios y un largo etcétera.

¿Cómo no va a respaldar la gente de México esta cruzada? ¿No era lo que queríamos, que se combatiera la corrupción? Pues bien, ahí tenemos la repuesta. Sabíamos que era un cáncer masivo, y en este combate habrá muchos daños, incluidos los inconvenientes de ir a una gasolinera y que te digan que no hay combustible.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El próximo 8 de febrero, el  presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará en la Tierra Caliente, para echar a andar el programa de fertilizante para los productores de granos básicos.

El coordinador del programa, Héctor Manuel Popoca Boone, anunció que hay nuevas reglas de operación del programa, entre ellas la depuración inmediata de los padrones de cada ejido y comunidad, así como que los presidentes municipales, saquen las manos del asunto.

Incluso, dijo que habrá sanciones para los alcaldes o funcionarios de cualquier nivel, que traten de manipular las asambleas en donde los campesinos revisarán sus padrones y por sí mismos determinarán quiénes sí producen maíz o frijol.

Pero no ha sido tan fácil para el gobierno federal organizar este programa, que por primera vez no se entregará con el esquema que se tenía en el estado, ya que la Federación lo absorbió. La principal dificultad que se encontraron los funcionarios federales es de que se carece de un padrón confiable. Así tenía que ser porque los listados dependen de cada presidente municipal, y los incrementan a conveniencia, según sus compromisos de campaña, aunque la tierra es la misma. Era tan grave el problema, que varios de una misma familia estaban dentro del reparto, aunque la tierra que tenían no creía. Eso implica, obviamente, que no lo necesitaban y lo vendían a terceros, generalmente personas que sí siembran grandes extensiones de tierra y quienes no tienen acceso al programa, que se pensó para ayudar a los productores pobres, conocidos como “el sector social”.

Se supone, además, que el fertilizante se debe de entregar únicamente a los productores de granos básicos, pues ese es el espíritu del programa, pero durante muchos años se entregó sin que se cumpliera ese distintivo.

Decíamos que los padrones son el principal obstáculo para que el programa inicie sin problemas. Popoca dijo que intentaron usar los del programa de Maíz y Frijol de la Sagarpa (Pimaf), pero que tampoco resultó confiable, mucho menos los que usan las organizaciones de productores.

Por lo tanto decidieron comenzar con el padrón del Proagro, que además está georreferenciado. Esto significa que se tendrá un listado de productores, pero también de terrenos cultivables. Cada quien deberá demostrar cuál es su parcela y se tendrá un mapa digital de ella, que será además monitoreado vía satelital. Es decir, que si alguien no siembra, con sólo hacer un acercamiento satelital se podrá saber si el terreno está vacío. Se habían tardado en usar estos instrumentos tecnológicos para mejorar los programas federales, sobre todo en materia agropecuaria.

Paralelamente, con base en los padrones de Pro-Agro, el coordinador estatal se ha puesto metas de realizar asambleas ejidales y comunitarias, para que ejidatarios y comuneros sean los que se encarguen de depurar los padrones, en reuniones libres. ¿Qué significa esto? Que no se permitirá la presencia de ningún político que incida en el resultado de las votaciones, al depurar los padrones.

Resulta interesante todo este proceso de limpia de padrones, encaminado a rescatar el programa de fertilizante Más Maíz, porque ante tanto problema lo ideal es eliminarlo en definitiva e idear una nueva estrategia de apoyo a los productores de granos básicos.

Incluso el programa estaba destinado a desaparecer, pues recordemos que ya no había manera de justificar el desvío de recursos del ramo 33 en los ayuntamientos para comprar fertilizante. Sin embargo, a petición de parte, se está haciendo un esfuerzo por mantener este beneficio y lo mejor que pueden hacer los productores es cooperar. Los alcaldes, por su parte, vale más que no le busquen tres pies al gato, tratando de mantener el control del programa, porque tan sencillo como que les hacen auditorías de los años pasados, y podemos apostar que no quedará mono con cabeza.