Editorial

Estancias infantiles, un testimonio

Después de la tragedia de la guardería ABC lo menos que pudiera uno suponer es que se cancelaría el contrato con la empresa propietaria de la estancia, pues así de evidente fue la falta de supervisión y de cuidados para proteger a los niños que estaban allí; sin necesidad de obtener una sentencia penal en contra de los directivos de la empresa propietaria del convenio de guardería participativa con el IMSS, por lo menos se debió tomar distancia de dicha empresa. Todos lo creímos así, y dimos por hecho que se debió proceder a la liquidación.

Como paréntesis antes de empezar mi relato, dejo claro que, para evitar daños a la privacidad de quienes forman parte de un juicio, omito la publicación de sus nombres, aunque todo consta en el expediente respectivo.

Años después de la tragedia, a un despacho en Ciudad Juárez acudieron los padres afligidos de un niño que apenas rebasaba los dos años; el menor presentaba una lesión sufrida en una guardería participativa, y la empresa propietaria del contrato con el IMSS ofrecía resistencia para pagar los daños y las curaciones indispensables para la recuperación del menor.

Ambos padres trabajaban y dejaban el cuidado del menor a cargo de una guardería participativa del IMSS. Un día de mala suerte, el niño cayó al correr por los pasillos de la guardería y se fracturó el fémur; quedó tirado en el suelo, quejándose muy levemente por el dolor de la fractura, y los empleados de la guardería pasaron junto a él sin advertir que estaba lesionado. El niño permaneció allí tirado, cómo si estuviese caído en el desierto o en medio de la nada, casi una hora, con los trabajadores del lugar caminando a su alrededor pensando que sólo dormía o jugaba cuando debió ser atendido instantes después de sufrir la lesión.

Se inició la investigación para llamar a juicio a los superiores de los administradores locales y fue de gran sorpresa saber que se trataba de una empresa nacional que administraba, con ganancias razonables, guarderías participativas del IMSS en todo el país y que una de las guarderías que había administrado era la ABC de Hermosillo.

La administración de guarderías participativas del IMSS es un negocio, y no viene de una vocación por cuidar niños. Es una compañía que brindaba el servicio, como Uber o cualquier empresa que venda víveres o cualquier hospital particular, y que después de la tragedia de la guardería ABC seguía en el negocio y sus empleados seguían teniendo descuidos que convertían en tragedias. No estamos hablando de una empresa mercantil que sufrió un accidente en uno de sus centros de trabajo, sino de una que recibe recursos del IMSS para atender a menores con derecho legal a recibir todos los cuidados y medidas preventivas necesarias para garantizar su seguridad.

El niño ya va a kínder y ha sido sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas para recuperar la función en su pierna, aunque todavía falta una más que demorará hasta que madure un poco más para dejarle totalmente sanas y crecientes sus estructuras óseas, y así evitar que la pierna lastimada vaya a quedar más corta que la otra. Esto viene a la memoria ahora que se polemiza el papel y la vía de financiamiento a los padres de familia que requieren cuidados diarios para sus hijos mientras ambos trabajan.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El caso de las estancias infantiles ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde Chihuahua se interpuso la primera controversia para que el gobierno federal dé marcha atrás en su decisión de modificar el esquema de subsidios del programa Estancias Infantiles, creado desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Porque, conste, no se elimina el susidio, sino que éste ya no se les entregará a los administradores de los planteles, sino directamente a los padres de familia. Esto lo hace el gobierno para quitarles a administradores y empleados el subsidio que no fue del todo bien empleado, sino todo lo contrario. En lo sucesivo, por lo tanto, los particulares tendrán que sostener sus estancias con sus propios recursos, como toda empresa privada lo hace, y ofrecer sus servicios a los padres de familia, quienes tendrán que elegir a la estancia que les proporcione el mejor servicio.

Ellos, los administradores, argumentan que el subsidio de 800 pesos por cada niño por mes no es suficiente, ya que el servicio de guardería privada cuesta 2000 por mes; y así es, en efecto, pero sólo cuando ofrecen servicios educativos, tipo preescolar, de los cuales hay algunos muy contados en Guerrero. El esto son un sinfín de guarderías improvisadas, incluso en casas habitación que no cuentan con los espacios idóneos para que los niños estén.

Recordemos el caso de la guardería ABC, que estaba ubicada en una zona industrial, y al incendiarse una bodega anexa, arrasó con la estancia infantil, quemando a decenas de infantes.

De algún modo, el programa de estancias infantiles se diseminó en todo el país, y en una colonia puede haber 2 o 3 de ellas, pues ni siquiera se atendió la zonificación. Muchas operan con unos cuantos niños, y no se entiende cómo cubren todos los gastos –renta, luz, agua- empleados- pues aunque reciben un subsidio para alimentación y cuidados de los menores, dada su baja matrícula aún eso resultaría insuficiente. Aquí podría caber la posibilidad que alegan los diputados federales, en el sentido de que los administradores reportaban un mayor número de niños, de manera que pudieran con los gastos y además tener una ganancia, porque de otro modo no se entiende dónde estriba el negocio de tenerlas.

En este espacio defendemos el programa de guarderías infantiles, pero concretamente el subsidio. Y hay que aclarar que es algo que el gobierno federal no está quitando, sino que lo está reencauzando de otro modo, directo a los beneficiarios, como sucede con todos los demás programas.

Desde luego eso pone en aprietos a los administradores, porque si no están preparados para hacer el tránsito hacia lo privado, no van a subsistir.

Es un tema un tanto cuanto espinoso, porque por un lado están los niños que requieren cuidados mientras sus padres trabajan; pero por otro lado están los administradores que pelean el subsidio, para que se les entregue directamente a ellos, a fin de conservar los empleos.

Entonces no se trata de niños –o al menos no solamente-, sino de mantener un esquema de negocio y empleo que es obvio.

Y cierto que están en su derecho los administradores y empleados de pedir que se les respete su derecho al trabajo, pero por tratarse de un subsidio con recursos públicos, el gobierno que es el que administra nuestro dinero, tiene que hacer los ajustes que considere necesarios.

Se habla, por ejemplo, de un recorte sustancial al programa, pero los diputados alegan que se hizo porque en realidad es dinero que se desviaba, y no beneficiaba a los niños. Tal como sucedía con el dinero para el campo, que se entregaba como una cuota para las organizaciones sociales. Y dado que ya los subsidios al campo serán directos, entonces se recortó el dinero de las organizaciones como CNC, CODUC, UNTA y otras, que entregaban ese dinero público a sus militantes y sin supervisión alguna.

No sabemos qué tanto avanzarán los administradores de las guarderías en sus manifestaciones, porque en estricto sentido el programa no desaparece, sólo cambia de reglas de operación. La recomendación es que en lugar de desgastarse en las calles, se adapten, y se organicen para instalar guarderías competitivas. Tal vez si se asocian unos con otros, podrán crear una red de este tipo de centros de atención infantil, y tener muchos más niños de los que hoy tienen, aprovechando el subsidio que les dará a los padres el gobierno federal.

Aunque claro, estos podrán incluso pagarles o a algún otro familiar para que les cuide a los pequeños. Ese es el problema.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Se avecina otra ruptura en el PRD

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”: Miguel Cervantes.

Los políticos, mis estimados, no han podido superar la derrota ni maniobrar con la afrenta que recibieron en las pasadas elecciones, cuando Morena les dio hasta con la cubeta, faena que los dejó muy disminuidos, desunidos y entre ellos enfrentados, a tal grado que ni los partidos más fuertes en el estado de Guerrero, como el PRD y el PRI encuentran la salida.

Sin embargo, estos dos institutos políticos siempre han dado de qué hablar, pues se disputan el poder con todo, y al interior de ellos hay corrientes que jalan la panga para donde mejor les conviene. Por ejemplo, en el tricolor aún controla el timón del partido el alto mando del estado, y hay que reconocer que de todos los partidos en Guerrero el más fracturado por los recientes comicios fue el PRD, pues la mayoría de la militancia que emigró a Morena salió del sol azteca. Y, cosa de locos, los pocos dirigentes que se quedaron en el partido insisten en sepultar al PRD para siempre, ya que entre ellos se disputan la dirigencia estatal de ese partido con uñas y dientes, y se divisa el último adiós al partido amarillo que dio mucha gloria y dinero a varios personajes de la política, que por medio del PRD se encumbraron a presidencias municipales, diputaciones locales, federales y al senado de la República. Incluso hasta gobernadores llegaron varios de esos personajes que nunca imaginaron alcanzar tanta fama, y lo lograron por el PRD.

Por cierto, hoy que esos políticos ya no tienen poder, andan desesperados, pues quedaron acostumbrados a los halagos y a gastar dinero, por eso andan como los pelícanos, buscando a ver qué pescan para calmar sus ansias.

El pasado fin de semana se rompió el hilo por lo más delgado en el PRD, pues los integrantes que forman la Comisión Política de la Nueva Mayoría, y cinco corrientes más, le exigieron a Ricardo Barrientos Ríos que renuncie a la dirigencia del partido. Pero el dirigente del PRD les reviró diciendo, “naranjas dulces limón partido, no voy a renunciar, porque si renuncio violamos los estatutos partidistas que exigen las dirigencias colectivas”. Jojojo. Se puso caro el guachicol al interior del PRD.

Barrientos Ríos, sereno dijo que los que exigen su renuncia fueron enviados, pues es un trasfondo político la exigencia,  y pidió sensatez y cordura a los integrantes de Nueva Mayoría. Les dijo que se apeguen a los nuevos lineamientos del partido, pues todo se rige por estatutos y no por capricho, jejeje. ¡Ah, qué caray!, bien rápido se vuelan los políticos y se aferran al poder con uñas y dientes. Y cuando es para su conveniencia, entonces si respetan las leyes, pero cuando les afecta, se la pasan por el arco del triunfo.

Y eso queda claro. Los dueños del PRD no aprenden ni porque los vuelvan a parir, como decía mi madre. Primero son ellos, luego ellos y al último ellos. No les dejan espacios a nuevas personas, siempre son ellos. Por eso, ahora que tomen el cascaron del partido y que se lo guisen y se lo coman entre los que quedan.

En serio son cabeza dura. Cierto que hay ambición entre los dirigentes por tomar las riendas del PRD estatal. Claro que las hay, pues en lo municipal existe la pelea, cuanto más en lo estatal. Sin embargo, varios dirigentes perredistas que ostentaron cargos y hasta se enriquecieron del partido, siguen fragmentándolo como si lo odiaran.

Los dirigentes de Nueva Mayoría, como Evodio Velázquez Aguirre, han sido los más beneficiados del partido, son los nuevos ricos de Acapulco, pero quieren más y se le fueron a la yugular al presidente estatal del PRD. Se olvidaron de la amistad que presumían tener. Les valió sombrero el deterioro del partido, eso no les interesa, ellos quieren poder y dinero; por eso, furiosos le aventaron la soga al cuello a Barrientos Ríos. “Venimos a exigirte que respetes el documento firmado en septiembre del año pasado, en que se especifica que el nuevo dirigente del PRD estatal, sería Amador Campos Aburto, así como el secretario general Bernardo Ortega Jiménez”, dijeron, y lanzaron la advertencia que “de no cumplir lo pactado, los integrantes de Nueva Mayoría, dejaremos de asistir a las convocatorias que emita la fracción parlamentaria y el Comité Estatal”.

Y agregaron: “Si continúa  Ricardo Barrientos sin cumplir lo pactado en designar al ex diputado local, Amador Campos Aburto, como dirigente estatal del PRD, nos declararemos como una corriente independiente”.

El dirigente estatal del PRD, Ricardo Barrientos, reconoció dicho acuerdo, pero dijo que fue pactado antes de que se realizará el consejo nacional del PRD, del pasado 15 de noviembre, donde se modificaron los estatutos del partido, y que se especifica que ahora las dirigencias nacional, estatal y municipios serán colectivas, con cinco miembros en el caso de la nacional y los estados, y tres en los municipios.

Y agregó el presidente del PRD estatal, que esa dirigencia colectiva en Guerrero, la encabeza el propio Amador Campos Aburto; la ex candidata a la gubernatura, Beatriz Mojica Morga; el ex senador por Guerrero, Lázaro Mazón Alonso; y el ex presidente de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes. El quinto sitio se reservó para una mujer, para respetar la equidad de género. Jojojo. ¡Qué bonita familia amarilla!

Y entonces les cuento el final de la novela. Ricardo Barrientos no respetará el acuerdo firmado a Nueva Mayoría. Y les explica a sus compañeros que sean ellos, los dirigentes, los primeros en respetar los estatutos internos del partido y que no se ve bien que ellos mismos violenten esos acuerdos.

“Sería muy lamentable -dijo Barrientos Ríos-, si se van mis compañeros del partido, pero los únicos facultados para llevar acabo los cambios, son los de la dirigencia nacional”. Jojojo. Ni hablar, señores de Nueva Mayoría; con la pena, ya les hizo de chivos los tamales don Ricardo Barrientos.

Bien dice el dicho, que todo se paga en esta vida, y esta patraña amarilla apenas comienza. Veremos volar zapatazos y chanclazos por todos lados, pues también la diputada Perla Edith Martínez Ríos le mandó decir a Barrientos Ríos que ella también había tomado la decisión de no asistir a las convocatorias de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, así como los llamados que convoca el Comité Estatal.

Sin embargo, el presidente estatal del PRD se aferra al cargo y dice que hasta el momento no ha recibido ningún documento por escrito, que lo que sabe fue por los medios de comunicación y las redes sociales, pero que de cualquier manera ya había notificado la petición de Nueva Mayoría a la Dirección Nacional del PRD, y que ellos de terminen que procede.

Mientras tanto, los dirigentes de Nueva Mayoría están con un pie fuera del PRD; incluso, varios militantes de esa corriente ya tienen medio cuerpo en Morena.

En el municipio de Zihuatanejo, varios perredistas andan en campaña pero no por el PRD, pues del sol azteca nada quieren saber; andan haciendo pininos para llamar la atención del dirigente de Morena, o en busca de padrinos que los lleven a los brazos del presidente López Obrador, quien tiene la batuta de ese partido en la mano. Y la mera verdad, no creo que acepte arrepentidos amarillos. Si los acepta, tendrán que hacer cola y no querrán formarse varios, pues de los personajes que se dice en los corrillos del puerto de Zihuatanejo, van a emigrar a Morena, no quieren ser cola, ellos quieren ser cabeza, y pues es ahí donde la puerca va torcer el rabo y los marranitos el rabito. ¡Buen día mis estimados!     

Editorial

Energía y corrupción en México

Ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha embarcado en otra “cruzada” en materia energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Manuel Bartlett tendrá que ir más allá de lo que ha sido el combate al robo de gasolinas a Pemex.

Bartlett tiene la oportunidad de emprender una acción que sea más que ideológica: la revisión del primer proyecto de generación de electricidad de la reforma energética.

Se trata de un conflicto que tiene la empresa mexicana Codisa Corp Energy con las empresas europeas Enel Green Power México y Prodiel México por las alegadas prácticas ilegales de las transnacionales para incrementar sus ganancias.

La controversia tiene que ver con la construcción del parque solar más grande en el continente americano, y el segundo más grande del mundo, en el municipio de Viesca, en Coahuila. Fue el primer proyecto en operación de la primera subasta eléctrica tras la reforma energética del gobierno de Enrique Peña.

La italiana Enel Green Power México ganó en 2016 una subasta lanzada por la CFE para la instalación de 2.3 millones de paneles solares con el propósito de generar 1.7 gigawatts al año. De acuerdo con la información institucional, abastecerá a un millón 300 mil casas y será cuatro veces más barata de producir que con carbón o diésel.

Es el proyecto más grande la firma italiana en el mundo, para el que dispone de dos mil 400 hectáreas, y le permitirá la venta de energía a la CFE durante 15 años.

Para construir el campo fotovoltaico, la firma italiana contrató a Prodiel México, sucursal de Prodiel, empresa cuyas oficinas centrales están en Sevilla, España. Para el proyecto, los españoles crearon la empresa Novamper Construcción México. Ésta, a su vez, subcontrató a Codisa.

Conocida como Villanueva, la gigantesca planta solar se inauguró en marzo del año pasado en medio de una controversia con la firma mexicana por falta de pago, originada por la negativa de Codisa a reportar un incremento mayor de sus costos.

Desde septiembre 2017, Codisa reclama judicialmente el pago de 10 millones de dólares por trabajos que hizo para la construcción de la planta y que le fueron retenidos por su negativa al alegado fraude. Las empresas europeas han negado la acusación.

La demanda de la empresa nacional está archivada en los escritorios de la CFE y de la Fiscalía de la Ciudad de México luego de que la fiscalía de Coahuila quedara rebasada.

El caso escaló e involucra ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración.

Señalar los conflictos de interés de funcionarios convertidos en ejecutivos de empresas energéticas extranjeras con operaciones en México, así como el incumplimiento de mega contratos con la CFE, deja muy buenos dividendos políticos y apoyo ante un sector de la opinión pública.

Si el gobierno federal se queda en la estridencia, poco se habrá ganado en lo que presenta como parte de su lucha contra la corrupción.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A propósito del recorte de recursos al programa de las estancias infantiles de Sedesol (hoy Secretaría de Bienestar), así como a la suspensión temporal del programa, al detectarse graves irregularidades –lo que ha provocado manifestaciones en todos los estados de la República-, conviene hacer algunas precisiones.

Primero, que en definitiva es un programa prioritario, que debe mantenerse por dos motivos centrales: uno, que permite que las mujeres en etapa productiva se inserten al mercado laboral sin limitaciones de sus hijos. Segundo, que estos tengan un espacio digno donde estar mientras sus padres trabajan, y sin estar expuestos a la violencia intrafamiliar, que se ha diseminado como un cáncer por todo el país, aunque la verdad nunca hemos sido el paraíso de los derechos infantiles, pues que yo recuerde, los golpes, varazos y chanclazos eran la mejor manera de educar a un niño en nuestros tiempos. Pero de aquella violencia hasta cierto punto entendible, que se aplicaba a los hijos desobedientes y rebeldes, lo que ahora vivimos sí que raya en la crueldad, merced al consumo de drogas de parte de los adultos, al alcoholismo, a la pobreza extrema y otros tantos factores que meten a los seres humanos en verdaderos infiernos, que los niños no tienen por qué vivir.

Se dice que las abuelitas dulces y amorosas son las mejores para educar a los hijos, pero eso tampoco es verdad. Todo lo contrario, la experiencia dicta que una abuela mal cría a un niño, pues ya no está para dirigirlo con mano firme, sino que le tiene lástima y es condescendiente con él.

Pero lo más grave que ocurre es que las abuelas y abuelos se apropian de un papel que no les corresponde, usurpando el papel de los padres, a quienes llegan a quitarles autoridad, mal aconsejando a los hijos para que no los obedezcan. Este es el camino más corto para crear niños malcriados, que serán jóvenes problemáticos, de los cuales tenemos muchos hoy en día.

El modelo de que mientras la madre trabaja el hijo esté en una guardería no es nuevo, sino que desde 1837, Friedrich Froebel creó el primer jardín de infancia o “Kindergarten”, como un instrumento educativo eficaz para desarrollar las destrezas y conocimientos en el niño en relación con el mundo.

En México, las guarderías pasaron a ser una conquista sindical de los beneficiarios del IMSS y del ISSSTE, aunque en realidad la Ley General del Trabajo siempre estipuló que los patrones debían proporcionar el servicio a sus empleadas, para evitar el abandono de los hijos, algo que desde luego nunca se cumplió.

En 2007, el ex presidente Felipe Calderón decretó el establecimiento del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para aquellas familias que no son trabajadores del Estado ni son derechohabientes del IMSS, tratando de volver el servicio universal. Algunas –sobre todo en las grandes ciudades- comenzaron a dar clases de preescolar.

La concepción original de las guarderías y preescolar fue la de “potenciar el desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor, social, creativo, etc., en los niños”.

Es decir, que el planteamiento era excelente, como todo lo que sucede en el ámbito gubernamental. Pero desde entonces, como se ha visto, el asunto de las estancias infantiles se convirtió en un tema económico más que formativo. Comenzaron a operarlas personas improvisadas, gente sin educación y sin carrera, hasta convertirse en negocios familiares, que contrataban empleadas también sin perfil en muchos casos.

De ahí que el gobierno federal esté decidido a reducir al mínimo la inversión en las estancias infantiles, considerando que la mayor parte del recurso programado se diluía en la corrupción, pues las encargadas reportaban más niños de los que atendían, para bajar el dinero y robarlo, algo que no es nuevo de hecho, porque si algo distingue a este régimen político es la corrupción.

Pero insistimos que eso no es suficiente motivo para desaparecer el programa. Las familias entienden que las guarderías son un lugar donde se “guardan” a los niños, es decir, un lugar donde están a salvo. Y probablemente consideran que es lo mismo tener estancias infantiles, guarderías, preescolares o que los cuide algún familiar. Pero no es así. Una estancia infantil nos da la oportunidad de guardar a los niños de la violencia desde su edad como lactantes, y a recibir una formación previa al inicio de su educación formal. Hay que recordar que la palabra educar implica no sólo la enseñanza de contenidos, sino que implica dirigir, encaminar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño.

Y un niño maltratado y abandonado, definitivamente no podrá nunca insertarse de manera exitosa a la vida social. Porque si algo marca a un niño es el rechazo y el abandono. Esto es lo que está en juego en el tema de las estancias infantiles, señores diputados. Estamos hablando de niños, de los futuros ciudadanos mexicanos, no de animales ni de costales de mercancía.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

México el sexto país más visitado del mundo

Muelle en Zihuatanejo, tendrá 80 metros lineales

“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización”: J.P.Sergent.

Mis estimados, continúan las buenas noticias para nuestro México lindo y querido. Vean porqué se los digo, pues a pesar de los problemas de inseguridad que hace años azotan al país, el turismo extranjero, a pesar de toda esa negatividad, continúa visitando los destinos mexicanos; y esa es una buena reseña para contarla. Las estadísticas del Banco de México, muestran que nuestro país cerró en el 2018 como el sexto país más visitado del mundo y que los ingresos de divisas por turismo entre enero y diciembre del año pasado, fueron de un 5.5 por ciento del PIB.

El año pasado, 41.4 millones de extranjeros arribaron a México, para disfrutar alguno de sus muchos lugares turísticos, lo que significó el aumento que ubicó a México como el sexto país más visitado del mundo, con ingresos de al menos 22 mil 509.6 millones de dólares, cifra superior a la de 2017, cuando se captaron por concepto de turismo 21 mil 336.1 millones de dólares.

Ojalá este dato le abra los ojos al secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, y cambia de opinión con relación a la promoción del país.

La estadística del Banco de México expone cifras significativas, y habría de usarse por los encargados del ramo turístico en México para continuar con el plan de promoción ya establecido, para dar a conocer el país en el mundo, o continuar con el plan de no promocionar a México y que cada destino haga su propia campaña publicitaria.

Una cosa es clara como el agua clara, mis estimados: el secretario de Turismo Federal, no viene a descubrir el hilo negro en materia turística, sí sabe mucho del ramo, de eso no hay duda y también sabemos que el país es un destino turístico que se oferta solo; no obstante, el crimen organizado tiñó de rojo a la nación y por eso deben continuar promoviéndolo en el mundo, como lo han venido haciendo, pues las estadísticas del Banco de México lo dicen todo: el año pasado, pese a la inseguridad, 41.4 millones de turistas extranjeros que arribaron al país.

¡Caray! ¿No es esto suficiente para que decidan hacer una promoción intensiva de nuestros bellezas naturales, históricas, culturales y religiosas? ¿Qué más datos quieren para continuar con el plan de promoción, señores funcionarios? Porque si bien es cierto que había corrupción en los organismos encargados de la promoción, también es verdad que eso se puede corregir, pero no deben dejar de promover a nuestro país ante el mundo, ya que los mismos gobiernos extranjeros han puesto como lazo de cochino a México y prohíben a sus connacionales que viajen acá, señalando incluso a los municipios con altos índices de criminalidad, entre ellos los del estado de Guerrero.

El mismo Banco de México expone la balanza turística, comparándola con el valor de las exportaciones de petróleo crudo que hasta noviembre pasado superaron los 24 mil millones de dólares y las remesas ascendieron a 33 mil millones de dólares. Es decir, las estadísticas muestran la diferencia de los ingresos de divisas con los egresos, y se mantuvieron favorables a México, con un superávit de 11 mil 209.3 millones de dólares, siendo el turismo la tercera actividad económica que más aporta al Producto Interno Bruto nacional.

Con todo esto, no entiendo cómo los gobernantes no inyectan recursos al rubro turístico, le ponen muchos peros; de verdad quedaron mal a acostumbrados, pues México se vendía solo. Recuerden que Acapulco le abrió las puertas del mundo al país, y así fue por decenios. No obstante, la violencia reciente le dio en la madre a México, le torció el pescuezo a la gallina de los huevos de oro y ahora, para atraer turismo, tenemos que promover de manera intensiva los destinos turísticos que dieron fama a México, porque aunque estén teñidos en sangre los turistas vienen a disfrutarlos. Pero sino los invitamos a que vengan y les garantizamos seguridad, ya no vendrán.

Uno de los datos que arrojaron las estadísticas del Banco de México, menciona que el segmento del turismo de cruceros al país subió 8.3 por ciento; es decir, 8 millones de visitantes cruceristas visitaron México. ¿Por qué subrayó el dato? Pues nada menos porque Ixtapa-Zihuatanejo al fin tendrá un muelle decente para recibir a este sector en el hermoso puerto de Zihuatanejo.

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el presidente Jorge Sánchez Allec, dieron el banderazo de arranque de la obra. El nuevo muelle tendrá una longitud de 80 metros lineales y 9 metros de ancho; contará con 162 pilotes y 5 accesos para embarque; luminarias y mobiliario urbano. En pocas palabras, una gran obra de gran impacto con una inversión de más de 100 millones de pesos que provienen del gobierno estatal. Si ustedes, mis estimados, se quieren enamorar del muelle antes que esté listo, vaya a los Facebook del gobierno estatal, municipal y de Despertar de la Costa, donde circula un video de cómo quedará el muelle en Playa Principal, y le aseguro que se emocionará con el proyecto.

Sin embargo, hay algunas personas a las que les duele el cambio. Pero no se preocupen, el dolor pasa rápido cuando se comienzan a cosechar los frutos.

El mandatario estatal también se comprometió a entregar al presidente Sánchez Allec 20 millones de pesos más para terminar el Paseo del Pescador hasta el final de la Playa Principal; o sea, el gobernador, se comprometió a embellecer esa área que tanta falta le hace.

Ahí tienen, pues, mis estimados, el informe. Bien pronto el muelle le dará otra cara al destino de playa. No negamos que hay problemas de inseguridad en Zihuatanejo, el sol no se puede tapar con un dedo, pero los zihutanejenses viven del puerto, del turismo, y todos deseamos que no existan problemas de inseguridad de ninguna índole, todos queremos vivir en paz sin intrusos malignos. Nadie desea el mal a nadie, ninguna persona en sus cinco sentidos desea que al puerto turístico le vaya mal y menos los funcionarios municipales, pues la primera autoridad del municipio de Zihuatanejo, como el estado y la federación, tiene la obligación de brindar seguridad a sus gobernados, a todos sin distingo.

A los ciudadanos nos resta implorar al cielo que este mal acabe; de lo contrario, perdemos todos, pues vivimos todos del turismo de una o de otra manera, y si el puerto se va al carajo, nos vamos todos.

Desgraciadamente el destino de playa es chiquito y no tiene muchas columnas, y ese es punto desfavorable para Ixtapa-Zihuatanejo. Por eso las pérdidas lo mandan al abismo del mar de tres patadas.

Por piedad, reaccionen. De este destino comen sus hijos, no sean cabeza dura. Recuerden: Ixtapa-Zihuatanejo, somos todos, y todos estamos obligados a defenderlo, cuidarlo y quererlo. ¡Feliz día, mis estimados!

Editorial

AMLO y los megaproyectos: las declaraciones no bastan

Invisibilizados a través de los años, los opositores a megaproyetcos energéticos, principalmente los impulsados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), finalmente son revindicados y con la razón de su parte, ante el discurso presidencial que, sin embargo, no es suficiente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dieron a conocer que siete gasoductos están parados y que, sin embargo, cuestan al país 21 mil millones de dólares, una cifra que se paga por nada a Grupo Carso, IEnova y TransCanada.

Si bien la declaración nos coloca frente a una serie de pistas sobre el supuesto intento del nuevo gobierno por ordenar al Sector Eléctrico Nacional, también plantea una disyuntiva entre el atropello de derechos, la cancelación de libertades, y el despojo respecto a las enormes inversiones que se perderían en caso de cancelación.

La solución no es fácil y el caso del Proyecto Integral Morelos es paradigmático. Desde 2010 se inició la construcción de un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y llega a Yecapixtla, Morelos, donde se proyectaron dos termoeléctricas, cuyas turbinas serían enfriadas por las aguas del Valle de Cuautla.

Felipe Calderón pretendía inaugurarla y no pudo, como tampoco lo consiguió Enrique Peña Nieto, debido a la oposición de los pueblos del volcán que, con amparos y movilización, frenaron la culminación de la obra, cuyo gasoducto está a unos 150 metros de terminarse, algo que ha expuesto López Obrador para luego pronunciarse a favor de que se termine, aun cuando convoca a una consulta.

Las consultas ciudadanas (y en particular, la consulta indígena) son un pie cojo de López Obrador debido al desaseo con el que las plantea y, este caso no es excepción: propone consultar a todo el estado de Morelos y no sólo a las comunidades afectadas, excluye de la ecuación la peligrosidad volcánica que representa el Popo, y minimiza el daño a las comunidades que viven del agua del Río Cuautla.

A ello se suma el reclamo que durante una década viene haciendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, a través de los mecanismos previstos por las leyes y que, a cambio, padecieron de violentas redadas, con heridos de bala, prisión, hostigamientos, amenazas y vigilancia ilegal, todas acciones del conocimiento presidencial.

La reparación del daño pasa entonces por la justicia que merecen los opositores al megaproyecto, así como por la realización de una consulta de conformidad a los parámetros internacionales que no se están tomado en cuenta para el caso que, por otra parte, no es único.

Y es que al Proyecto Integral Morelos se suma el llamado Gasoducto Sonora, que dividió a la nación yaqui dejando en la indefensión a la comunidad de Loma de Bacúm, proyecto de IEnova, que preside Carlos Ruiz Sacristán y dirige Tania Ortiz Mena, prima de la actual secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena.

En este último gasoducto, las comunidades acusan como agente de división y emisaria de la imposición a Katya Puga, funcionaria que fue de la secretaría de Energía peñista, hoy flamante empleada de González Blanco y a quien se encargó nada más y nada menos que el proceso de consulta por el Tren Maya.

Puga es también señalada en las comunidades tarahuamaras que ganaron amparo ante la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo, asignado por la CFE a TransCanada, y que se mantiene inactivo con enorme costo al erario. Esa empresa tampoco escapa al involucramiento de exfuncionarios, pues ahí las comunidades, acusan, funge como asesor el priista Francisco Labastida.

En estos y otros casos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe actuar con responsabilidad, pues no basta con darle visibilidad a los conflictos. Desafortunadamente, las opciones que está dando, más allá del sensacionalismo de sus declaraciones, no se encaminan a atender el problema de fondo como lo es la defensa del agua y el territorio, así como el derecho a la consulta previa, libre e informada, y sí a mantener la imposición con culpas al pasado y juegos demagógicos.

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