Editorial

Leer noticias y no morir en el intento

Es evidente que la información juega un papel central en nuestra vida personal y comunitaria. Tener información en cantidad y calidad suficiente es indispensable para tomar buenas decisiones. Nos ayuda a formar nuestra opinión acerca de cómo los eventos se correlacionan, permitiéndonos hacer hipótesis que explican el mundo; nos auxilia a unir medios con fines, escogiendo el camino que pensamos mejor; nos posibilita evitar el peligro, o ir en ayuda de los(as) que se encuentran en él. La información da contenido a los criterios que guían nuestras decisiones -las conductas y valores que consideramos modelos y que forman nuestras identidades y racionalidades-. Tener buena información es indispensable para la supervivencia de las personas y de las sociedades; así como para el mantenimiento de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias a ella vivimos más y en un entorno más justo.

Sin embargo, la mera disponibilidad de datos, y las tendencias que se generan como resultado de su consumo, no resuelve el problema de cómo interpretarlos. El hecho que millones de personas en el mundo sepan, más o menos en tiempo real, qué sucede en torno a determinados eventos señala que éstos son importantes. No obstante, saber lo que todos(as) saben no siempre es equivalente a identificar los problemas centrales, que es lo que -a la larga- permite encontrar soluciones. Para entender la información es indispensable poder relacionarla con otros datos, lo que a su vez requiere la capacidad de ponderar: distinguir lo importante de lo que no lo es. “¿Qué implicaciones tiene esto, en el mediano y largo plazo?”, “¿Qué significa esto?” son preguntas que es necesario responder para tener guías de interpretación.

En el fondo, para leer las noticias es necesario tener una hipótesis sobre el misterio del mal, que vaya más allá de establecer una estrategia para no convertirse en sus víctimas. Particularmente en estos últimos días, nos hemos confrontado a tragedias terribles y dramáticas, que lanzan al abismo a las personas y a las comunidades. A pesar de esto, la realidad misma, la dignidad humana y los ejemplos luminosos de personas que, aún en medio de la tragedia, muestran esperanza y valentía al confiar en los demás, nos sugieren que hay otras posibilidades. Existen otros criterios, otros modelos, para ponderar la información, para distinguir lo relevante de lo que no lo es.

Cada vez que leemos noticias nos enfrentamos a una oportunidad de reflexión y a una elección. ¿Qué criterio usaré para interpretar la información? ¿Qué opinión me merecen los acontecimientos? ¿Existen aproximaciones que me dan una visión unificada de la realidad? Esta visión ¿me posibilita colaborar con los(as) demás para encontrar soluciones, o solamente me encierra en mi mismo(a)? Una ciudadanía activa y responsable se construye desde estas actitudes básicas. Para leer noticias y no morir en el intento debemos acostumbrarnos a pensar y ponderar, rumiar y cavilar sobre lo que hemos leído; después de leer, el silencio. Los significados no aparecerán de manera evidente ni a la primera, pero es esencial que realicemos estos ejercicios. En estos tiempos, nuestra democracia requiere ciudadanos razonables y ecuánimes, adultos, que vivan hasta las últimas consecuencias las implicaciones de su capacidad de elección.

¿Y después de Tlahuelilpan…?

Pablo Raphael

Una semana antes de la desgracia, un grupo de soldados que custodiaba los ductos de Pemex en la zona de Tlahuelilpan, Hidalgo, fue agredido por huachicoleros. Tres elementos del Ejército fueron retenidos contra su voluntad y 72 horas después los criminales liberaron al último. 

Desde 2014 hay reportes de seguridad que refieren a la banda criminal que administraba las tomas clandestinas en esa región. La comunidad sabe que su base no está en Tlahuelilpan, sino en la población vecina de Teltipán de Juárez. 

Entre los líderes huachicoleros destacaba Julio César Zúñiga Cruz, apodado por sus compañeros como La Parka. Se trata del mismo sujeto que, 24 horas después del incendio, fue baleado en la carretera Mixquiahuala-Tlahuelilpan y murió antes de llegar al hospital. 

Sería ingenuo suponer que no hay vínculo­ entre los tres eventos: el secuestro de soldados, el incendio de la toma clandestina y el asesinato de Zúñiga Cruz. Sin embargo, no existe todavía información suficiente para ligar, en una narrativa comprensible, los elementos que explicarían la tragedia responsable de segar una centena de vidas humanas. 

Rubén Salazar, consultor en seguridad para asuntos energéticos de Etellekt, señala que el robo de combustible en los ductos de Pemex no es un hecho nuevo: hay registro de tomas clandestinas desde que se instaló el ducto que se extiende de Tuxpan a la refinería de Tula. 

Sin embargo, es a partir del año 2004 cuando el robo hormiga se transformó en un negocio ligado a los grandes cárteles del crimen organizado. En Hidalgo, concretamente, fueron Los Zetas –encabezados en ese momento por Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca–, quienes escalaron en volumen y sofisticación este negocio criminal. 

Los Zetas contrataron a pequeños grupos locales para que robaran el combustible y luego se hicieron cargo de comercializarlo a granel. 

Subraya Rubén Salazar que, hacia 2009, el gobierno de Felipe Calderón compartió con las autoridades de 400 municipios los planos de los ductos de Pemex por donde fluye el combustible. El propósito, se dijo, fue sumar a ese ámbito de gobierno en el combate contra los huachicoleros. 

¿Inocencia o perversidad? Después de esa decisión, los planos de esos ductos cayeron en las manos equivocadas. Las empresas criminales dedicadas al robo y comercialización de hidrocarburos compraron predios y construcciones adyacentes a los tubos para potenciar, con mayor comodidad, el hurto. 

Gonzalo Monroy, experto de la consultora GMEC, advierte que, al principio, el combustible robado se revendía entre transportistas que requerían volúmenes grandes de diésel o gasolina, pero a partir de 2014 la población civil también decidió adquirir el combustible ilegal, debido a la diferencia de precios. 

“¡Vamos por la gasolina de a diez!”, cuenta el reportero Alejandro Torres Castañeda, de Noticiario Retrovisor, que convocaba la gente de la región. El ahorro de ocho o nueve pesos por litro de gasolina no es argumento menor, sobre todo en épocas de dificultad económica. 

El negocio de combustible robado se volvió aún más jugoso y masivo en los últimos cuatro años. El gobierno de la República asegura que, sólo en 2018, fueron extraídos ilegalmente más de 60 mil millones de pesos en combustible, lo cual implicaría que, durante la última década, Pemex sufrió pérdidas aproximadas por 250 mil millones de pesos relacionadas con esta forma corrupta de extracción. 

Mientras esto ocurría, germinaron las pequeñas organizaciones responsables del robo hormiga a lo largo de la geografía por donde corren los ductos de la paraestatal. Lo mismo en Nopalucan de la Granja que en Palmarito, Puebla, en Acambay, Estado de México, o en Mixquiahuala, o Teltipán de Juárez, en Hidalgo. 

Las bandas recolectoras del huachicol no son las responsables de vender el producto al mayoreo, porque esa es tarea de los cárteles grandes. Se añade, en este contexto, la pugna por el territorio de la criminalidad que han emprendido esas empresas de talla mayúscula.

La región donde se encuentran las poblaciones de Tlahuelilpan, Mixquiahuiala, Teltipán y Tula sufre hoy en día la disputa violenta entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los antiguos Zetas. 

Hasta el fin de semana de la tragedia, el grupo criminal que controlaba el tramo preciso del ducto que hizo explosión estaba bajo las órdenes de una banda cuyo centro de operaciones está en Teltipán de Juárez. Y, en efecto, Julio César Zúñiga Cruz, alias La Parka, era una de las cabezas de esa organización local. 

Fuentes reporteriles de Tula informan que dicho sujeto habría participado en el secuestro de los soldados ocurrido la semana previa al accidente, hecho que lo colocó bajo la mira de autoridades y enemigos, incluso antes de que sucediera la tragedia. 

Pero Zúñiga Cruz no era el único líder huachicolero de la región, ni su asesinato desmantela el negocio o las operaciones de la organización para la cual trabajaba. El sujeto es una mera hebra del extenso tejido empresarial detrás del robo de combustible en la zona de Tula. 

Afirma el presidente municipal de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, que en su pueblo la gente no es huachicolera, y tiene razón: los huachicoleros viven y despachan en Teltipán de Juárez y, excepto a Zúñiga Cruz, hasta el día de hoy a nadie más le ha sucedido nada.

La credibilidad en la lucha contra el control del territorio que tienen las grandes organizaciones del crimen organizado depende en este momento de la manera como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador atienda la crisis de Tlahuelilpan. 

Dejar las cosas como están en términos criminales, aunque se repartan apoyos sociales al por mayor, sería una simulación. 

Desmantelar la banda de Teltipán de Juárez que secuestró soldados, provocó la fuga del ducto de Tlahuelilpan y controla la región de Tula es un mandato que la realidad impuso como ineluctable.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

*Sectur fija metas en México

*Funcionarios trabajan en la certificación de Ixtapa-Zihuatanejo

Mis estimados, después de los dimes y diretes contra el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, por haber desaparecido el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el funcionario puso los puntos sobre las íes sobre este tema y expuso los motivos de la liquidación de ese organismo, exhibiendo las corruptelas en que incurrían los funcionarios.

El secretario dejó ver que el Consejo de Promoción Turística de México, contaba con 23 delegaciones por el mundo y cada una de ellas manejaba un presupuesto de varios miles de millones de pesos anuales; sin embargo, mencionó el secretario que hay un problema estructural en el sector y que el reto del gobierno de AMLO será revertir la situación, pues expuso que la media mundial del sector turístico representa 10.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero en México apenas supone 8.8 por ciento.

No obstante, admitió Torruco Marqués que actualmente el sector representa casi 41 millones 500 mil turistas por año, lo que supone cerca de 23 millones de dólares (500 mil millones de pesos) por año. Entonces, no está tan mal estructurado como dice. Es cierto que se fugaba mucho dinero en esas 23 delegaciones en el mundo, pero si arribaron 41 millones 500 mil turistas, quiere decir que sí funcionaban las delegaciones.

Sin embargo, y sin dejar de preocuparnos por la promoción de los destinos turísticos, apuntamos que una cosa es la promoción y otra la generación de empleos, pues si no hay turismo tampoco hay empleo.

La meta del gobierno de AMLO es cambiar el dilema y no sólo promover que vengan los visitantes, sino también la generación de empleos, y para eso proponen construir 22 mil cuartos de hotel. Asegura el secretario de Turismo que cada cuarto representa la creación de un puesto y medio de trabajo directo, así como tres y medio indirecto.

Sin embargo, cita el secretario de Sectur y dice que si aspiran alcanzar la media internacional del PIB y que para eso están trabajando. “Elevaremos el gasto per cápita y la captación de divisas”, dijo.

Aceptó el titular de la Sectur que en el primer rubro México hoy está en lugar número 40 a nivel mundial. Comparativamente hablando, expuso que en 1994 estábamos en la posición 90 en captación de divisas. Es así, dijo Torruco Marqués, como se mide la importancia de un país en el sector, “y ahora nos encontramos en el 15; nuestro referente será llegar a ese noveno lugar para estar entre los 10 primeros”.

Pero si no hay un plan de promoción al país en el mundo dudo que alcancen las metas. Si bien es cierto que había muchas fugas de dinero en las delegaciones, debieron corregirlas, pero que sigan promoviendo al México lindo y querido, pues no sólo en el CPTM había fuga de miles de millones de pesos. La verdad es que en casi todo los organismos e instituciones se tenían las mismas prácticas saqueadoras.

No obstante, la promoción turística es bien importante para el país, como lo plantea el secretario de Turismo. Por ejemplo, dijo que en ferias como la Fitur promoverán al sector. Tal vez funcione pero no será al nivel de la promoción que hacían las 23 delegaciones en el mundo. Esto es real y vale la pena ponerlo a discusión, mis estimados, sobre todo los sectores turísticos.

Es verdad, que ese sector era una cueva de ladrones, pero insisto que no pueden dejar la promoción del país a un lado. Esto sí es preocupante. Después de ver las cifras de turistas que arribaron al país el año pasado, preocupa más, y peor la mala imagen que tiene el México lindo y querido derivado de la violencia.

Hoy más que nunca es urgente la promoción de las bellezas del país al mundo para limpiar la mala imagen que tiene, pues no sólo los Estados Unidos ha puesto mal al país ante sus connacionales, sino que en otras naciones también lo han hecho y eso le pega a México, aunque no captemos turismo de esas naciones.

Los gobernantes piden hablar bien de nuestros destinos de playa, pero otros medios de comunicación internaciones, así como las redes sociales, nos meten zancadilla con los dos pies y así no se puede. No obstante, sigamos a la espera que con el plan del secretario de Turismo puedan atraer turistas al país y, como dijo, alcanzar la media mundial del sector turístico que representa un 10.4 por ciento de los ingresos netos de la nación por año.

Mientras se acomoda el secretario de Turismo federal, la Plataforma de Turismo Mundial TripAdvisor reconoció a Ixtapa-Zihuatanejo dentro del top 10 de destinos más populares para vacacionar. Esto relacionado por altas cifras de ocupación hotelera en la pasada temporada vacacional. Así mismo, el TripAdviso ubicó a Playa La Ropa en el lugar número 10 como la playa más popular de México, entre otros ganadores; por ejemplo, en la categoría de hoteles de lujo se encuentran Cala del Mar Resort, Spa Ixtapa, Casa que Canta, Marea y Amuleto, entre otros.

Sin duda que estos reconocimientos vendrán a abonar a la imagen del puerto, ya que el presidente Jorge Sánchez Allec pidió a su gabinete turístico trabajar en la certificación de Ixtapa-Zihuatanejo, según informó el secretario de Turismo municipal, Jesús Gallegos Galván. ¿Ya ven por qué les digo, que Ixtapa-Zihuatanejo es el puerto más bonito de México?, aunque reparen otros, pues. Jejeje.

Sin embargo, dijera un amigo, no todo es felicidad, siempre tienen que surgir los prietos en el arroz. Esta vez, con todo el dolor de mi corazón le voy a dar una raspadita a la regidora Elva Negrete, de extracción priista. La edil tiene sentimiento porque no le han dado dinero como en otras administraciones en las que ella ha ocupado el cargo de regidora. Olvida que se acabaron los tiempos de vacas gordas y son tiempos de vacas flacas. El tema de la austeridad le ha pegado a los tres niveles de gobierno, sean PRI, Morena o PRD, y tal parece que la regidora González Negrete no entiende de eso, que ya no es lo mismo que antes. Porque aunque el gobierno del puerto sea tricolor, todos tienen que entrarle a la austeridad, y es injusto lo que ella pide, pues hasta reconoce que ya le dan 4 mil pesos para gasolina y lloriquea porque los gastos de gestoría que manejan para comprobar los regidores ascienden a 15 mil pesos al mes, 5 mil pesos menos que lo que les daban en la pasada administración. Y todavía recalca. “Calculo que nos quedan 500 pesos diarios para dar una respuesta a los ciudadanos, es poco, hace falta”.

No la chifle regidora, porque es cantada.

Los regidores, sin embargo, siempre se han manejado por dinero. Quedaron muy mal acostumbrados, igual que los diputados; sino ven el billete, no aprueban, y levantan la mano hasta que les muestran la lana. Entonces si rápido firman lo que sea.

El cabildo nunca ha desempañado su papel, como es su responsabilidad; si lo hicieran, otro gallo le cantaría al municipio. Todo lo mueven con dinero. Ahora, Elba González debiera estar agradecida de ser regidora porque ella nunca ha hecho nada por el PRI para merecer la regiduría. Hay otras distinguidas priistas que merecían estar en su lugar, y no lo están porque no tienen padrinos como ella. El alcalde debe decirle a González Negrete, con esa actitud “no me ayudes, comadre”.

Y si quiere recursos, que se los gane, porque el dinero no es del presidente, es dinero que se obtiene de los impuestos que paga el pueblo; y primero que se lo gane trabajando, porque los ediles nunca atienden a la gente; primero, ni están en sus cubículos, andan desayunando en restaurantes caros. Mentira que apoyan a los ciudadanos, los traen vuelta y vuelta a los pobres, y si les dan 200 pesos es mucho.

Y no se sienta, mi estimada Elva González, pero no se vale su actitud. Cuántas personas que trabajan de sol a sol, y ya quisieran ganar tan siquiera los 4 mil pesos que usted recibe para la gasolina, que por cierto no los gasta en un mes de ir a casa diario, porque gestiones no hacen. Repito, perdón regidora no quise ofender; mi intención es que se acoplen a los tiempos que vivimos. ¡Feliz día, mis estimados!  

Opulencia, despilfarro, exceso… pero pocos nombres

En menos de dos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exhibido la opulencia que en el servicio público se aprovechó a cargo, naturalmente, del erario.

Más allá de sus formas –para muchos cuestionables, e inclusive, desproporcionadas—desde el 1 de diciembre pasado el país se ha encontrado frente a una galería de excesos, comodidades y despilfarros imposibles de justificar.

En muchos sentidos, la opulencia con que se atendían los gobernantes se había tornado normalidad, pues en un país que ha vivido bajo un presidencialismo de contrapesos menores –hasta hoy— nadie entre la clase gobernante parecía dispuesto a señalar lo que a final de cuentas les beneficiaba a todos.

El espectáculo inició con la apertura de la residencia oficial de Los Pinos al público, con sus estancias palaciegas, su diferentes casas y salones, que aun con su desmantelamiento –por cierto, hasta hoy no explicado–, son testimonio de la vida de lujo para los gobernantes de un país donde la pobreza crece año con año.

Siguió con la exhibición del avión presidencial y sus amenidades, lujo llevado a marmóreas superficies, donde no había juegos de sala sino juegos de tronos acojinados y alcoba presidencial.

En su expresión más reciente, la revelación el pasado martes 29 del parque vehicular que tenía a su cargo el Estado Mayor Presidencial, se ha convertido en motivo de asombro, con sus vehículos de lujo, Audi y BMW, de blindaje especial y millonario costo; con sus decenas de camionetas que solían verse en caravanas de achichincles a los que se les facilitaba el paso o bien, de su extraño inventario de tractores, tractocamiones y motocicletas.

Aun falta por conocer la flota aérea del gobierno federal que se rematará en marzo.

Aun así, la exhibición adolece de nombres de los usuarios; de los beneficiarios concretos de esos excesos. Por ejemplo ¿en cuál casa vivía Peña Nieto? Quiénes usaban los vehículos de lujo? Conoceremos las bitácoras de vuelo para determinar cuándo estuvieron al servicio personal y familiar la alta burocracia?

Es asunto necesario porque, entre otras razones, lo pendular de la política hace renacer hasta los peores, que ahí está el matrimonio Calderón-Zavala presto a construir un nuevo partido; porque quienes no han llegado a la Presidencia se reconfiguran en otros cargos de elección popular y, sobretodo, por un sentido mínimo de derecho a saber en qué y por quién se usaron los bienes de la nación.

Lo tangible importa. Justo ayer se dio a conocer por el propio López Obrador que el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales, una cantidad que rebasa toda noción salarial.

Si nos atenemos al desarrollo de estos meses fue en eso, los salarios, en donde inició el recuento de exhibición de excesos, pero nunca como hasta ayer se había mostrado el rostro feo de la indolencia con ese volumen de dinero ni en un área tan sensible para la población.

Escribo sensible porque Infonavit es la única alternativa para la clase trabajadora de adquirir una vivienda, aun en las condiciones persistentes de precarización de los derechos sociales.

“Los puntos” de Infonavit son objeto de broma constante; su tasa de interés y condiciones de crédito están diseñadas para no perjudicar la competitividad de los intereses leoninos que imponen los bancos privados, beneficiarios a su vez de los programas para combinar recursos… y aun así, cuando mucho alcanza para una vivienda mínima, en un sector apartado y con materiales de baja calidad.

Falta mucho por saber y es necesario saberlo con nombres. La sola revelación del salario en Infonavit ofende y, en este caso, es posible ponerle cara: la del priista hidalguense David Penchyna, un nombre que no se debe olvidar dado que con su ostentación impune ofende la desgracia de millones de mexicanos. Como él, faltan más, muchos más.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Resulta imposible no revisar lo que está sucediendo con el programa de Fertilizante, que a partir de este año pasa a ser de jurisdicción nacional. Primero, porque el gobierno federal, léase Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), determinó en diciembre pasado nominar a Héctor Manuel Popoca Boone para conducir este programa, y consumar su traspaso del estado a la federación, lo cual pasa forzosamente por la revisión de los padrones y el saneamiento de la corrupción que es inherente desde los inicios a este programa, que comenzó como un incentivo estatal para los productores, pero que durante el gobierno de René Júarez Cisneros, precisamente con Popoca Boone como secretario de Desarrollo Rural en Guerrero, le fue transferido de manera arbitraria a los ayuntamientos, pese a que estos no reciben una partida específica para ese asunto, razón por lo cual comenzaron a echar mano de los dineros del Ramo 33, que viene etiquetado por la Federación para obras sociales.

Hemos dicho que nadie fue capaz de revertir esta arbitrariedad. Al contrario, cada gobernador a partir de entonces dejó hacer y dejó pasar, condenando a los municipios y sus comunidades a un terrible rezago en su desarrollo.

Poco a poco, sin embargo, se fue cerrando la pinza. A la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Sedesol revisó los tremendos rezagos en materia de desarrollo humano en Guerrero, y llegó a la conclusión de que esto se debía a que los recursos del Ramo 33 se estaban desviando. La titular de la dependencia, Rosario Robles Berlanga, intentó por todos los medios prohibir el uso de esos dineros para la compra de fertilizante, pero la presión política del gobierno estatal, con Ángel Aguirre Rivero como gobernador, así como los presidentes municipales y partidos de la entidad, impidió el cambio.

Finalmente, en 2017, cuando el gobierno de Peña Nieto hizo una revisión de los programas sociales y de desarrollo, y eliminó muchos de ellos, algunos por ser innecesarios, otros por no haber dado resultados y otros más porque duplicaban el esfuerzo de diversas secretarías. Así fue que se eliminó el programa “Huerto Familiares” de la Sedesol, el cual utilizaban los presidentes municipales para justificar el desvío de recursos del Ramo 33 a la compra del fertilizante.

Con la llegada de AMLO, el gobernador logró que el presidente de la República centralizara el programa, y para este año se etiquetaron 650 millones de pesos (de los 1,200 que en realidad gastaban estados y municipios). Eso fue el acabose, porque por todos lados hubo presión para que se incrementara la cantidad etiquetada por los diputados federales, y el problema lo enfrentó Popoca Boone, a quien responsabilizaban de la caída de la inversión. Él explicó en su momento que los alcaldes compraban el fertilizante con un sobreprecio de 40 por ciento. En realidad eso fue lo último que declaró, antes de saberse que había sido quitado del programa.

Con el nombramiento que le fue otorgado 28 de diciembre de 2018, vía oficio (el cual fue expedido por la oficina del secretario del ramo y firmado por el mismo titular de la dependencia, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula), Popoca Boone comenzó a moverse, con el objetivo de consolidar la transferencia de este programa a la federación, y de inmediato anunció la revisión de los padrones, algo que siempre se ha prometido pero que nunca se ha hecho en realidad.

Anunció Popoca Boone que el programa sería de distribución directa a los campesinos, sin la intervención del gobierno estatal ni de los presidentes municipales, y que las compras de los insumos se harían a través de dos empresas federales que se crearían para ello. Además, comenzó a realizar asambleas comunitarias y ejidales en la Tierra Caliente, región a donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudirá el 8 de febrero para marcar el arranque de este programa.

Pero el nombramiento de Popoca Boone fue impugnado por organizaciones afines a Morena –incluso connotados experredistas revestidos ahora de morenistas- así como por agrupaciones agrícolas ligadas al PRI. Le escupían en la cara sus antecedentes como servidor público y figura política, ligado al renejuarismo.

Bueno, ese prurito de morenistas y la presión de los priístas, por fin hizo agua. Lograron su objetivo, pues removieron a Popoca Boone para nombrar a un fuereño priísta al frente del programa de fertilizante. Se trata de Jorge Gage Francois, excoordinador de Ramas de Producción y Negocios de la Confederación Nacional Campesina (CNC), una organización de productores agrícolas ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero esto no es lo más grave, sino el cambio de estrategia. De antemano se cancela la revisión del padrón y la construcción de uno nuevo. Se suprimen las asambleas comunitarias, que estaban siendo avaladas por la SADER, y se anuncia que para el reparto se utilizará el padrón que ya tiene la Sagadegro, cuyo titular es Juan José Castro Justo, así como el padrón del programa Procampo, ahora conocido como ProAgro.

Evidentemente hubo mano negra para revertir todo el proceso que ya había encaminado Popoca Boone, con base en las nuevas reglas del programa.

¿Así o se los envuelvo?

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

La corrupción crea miseria

La ASE se mueve a paso de tortuga

La corrupción, mis estimados, es el mal de todos los males; es una podredumbre que contaminó al país en general. Todos los mexicanos conocemos de qué tamaño es el boquete de pudrición que supura pus en nuestro México lindo y querido, y por eso el país tiene millones de personas en pobreza extrema, y que vive carencias muy severas en relación a la educación y salud, alimentación y vivienda.

Sin embargo, la magnitud del problema apenas se revela, y para muestras un botón: Durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, recordarán que siempre presumió el combate a la corrupción; no obstante, los datos oficiales muestran lo contrario. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por la organización Transparencia Internacional, puso al descubierto al ex presidente mexiquense, pues en su administración el país cayó 33 lugares en el ranking de posiciones, al pasar del lugar 105 en 2012 al 138 el año pasado.

Tan sólo en el último año, México cayó tres lugares respecto al 2017 y se ubicó en la posición 138 de 180 países, al obtener una calificación de 28 puntos sobre 100. México se ubica al final de la tabla, apenas por arriba de Guatemala y Nicaragua, naciones con crisis de gobernabilidad democrática. ¡Caray!, con razón los estados y municipios del país están infestados de delincuentes. Con estos datos, mis estimados, pueden darse una idea del porqué el país está en desdicha, con altos índices de criminalidad y pobreza, pues la corrupción tiene un tremendo impacto negativo para el desarrollo de la población. Al haber corrupción e impunidad, dos flagelos que van de la mano, se reducen los recursos públicos, y eso se refleja en menos recursos a rubros prioritarios para el progreso de los pueblos, como por ejemplo educación y salud.

Con el cambio de gobierno se destapó la cloaca y es inevitable la hediondez que alcanza a ex funcionarios de los tres niveles de gobierno, pues el gobierno de AMLO no se callará semejante asunto y en su momento va a revelarlo todo, como ya hizo en el caso del petróleo, e irá desenredando la madeja hasta dar con los culpables.

De hecho, volvió a decir el presidente López Obrador, que va a terminar con la corrupción, al costo que sea.

Sin embargo, en el tema llamado corrupción el estado de Guerrero no canta nada mal las rancheras, y el efecto nacional está metiendo al aro a los funcionarios estatales. El gobernador Héctor Astudillo Flores, el año pasado puso en marcha un plan de combate a la corrupción; no obstante, fue revelado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que continúa un proceso resarcitorio contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), pues según la ASE dicho organismo paramunicipal, durante el periodo del presidente Evodio Velázquez Aguirre, incurrió en irregularidades financieras y cuatro ex funcionarios tendrán que devolver más de 100 millones de pesos al organismo. ¡Caracoles bien refritos!

¿Será que le va a caer la tartamuda al perredista Evodio Velázquez Aguirre? Dudo mucho que trascienda el caso. Dijo el auditor que en diciembre iniciaron el procedimiento resarcitorio contra cuatro ex funcionarios de la Capama, pero adivinen qué, el auditor Damián Peralta se negó a dar los nombres de los ex funcionarios, como ya es su costumbre, aludiendo que están en proceso y que los involucrados serán llamados de nueva cuenta por la ASE para concluir el procedimiento.

Damián Peralta aseguró que la ASE volverá a llamar a los ex funcionarios involucrados en este fraude y que estos tienen derecho a presentar la documentación que compruebe ese billetito. Pero sino solventan las observaciones financieras, indicó el auditor, se notificará a la Secretaría de Finanzas y Administración, para que se haga un procedimiento de ejecución fiscal y embargue los bienes con los que habrán de pagar los más de 100 millones de pesos. ¿Qué tal?

Lo malo del relato, mis estimados, es que los ciudadanos desconocemos en qué paran estos procesos, pues nunca se da a conocer si devuelven el recurso los ladrones ex funcionarios, si los inhabilitan por cinco años o si los encarcelan. Una cosa nos queda clara: nadie ha pisado la cárcel por robarle al pueblo.

Además, ese correctivo de la inhabilitación política es de risa loca; deberían inhabilitarlos de por vida para ocupar cargos públicos, pues para no variar el auditor Damián Peralta dijo que la ASE inhabilitó por cinco años al ex presidente de Leonardo Bravo (Chichihualco), Alfredo Alarcón Rodríguez, y a tres ex funcionarios más: el síndico, el tesorero y el director de obras públicas de ese municipio, en la administración 2015-2018, por la omisión en la presentación de la cuenta pública del 2017. Por eso hacen lo que les da la gana los funcionarios, pues los castigos son menores.

Al que también le van a cobrar los berrinches y le pasará la guillotina es al ex presidente del municipio de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena. La auditoría que viene para este angelito es del programa anual de 2018, pues le pusieron el dedito meñique en su foto al chilpancingueño, y si la suerte lo abandona le van a cobrar muy caro sus arranques de soberbia.

Los funcionarios del gobierno de Antonio Gaspar Beltrán, comienzan a cantar como los grillos a la oreja al ex alcalde Leyva Mena, que de plano solito cavó su propia tumba, políticamente hablando. Y dice un dicho popular que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Jojojo.

Aunque yo no me trago el discurso de la ASE, pues ni están en la lista todos los que deberían estar, ni están todos los que son y que en su momento fueron señalados de desvíos de recursos; sin embargo, lo que ha trascendido en redes sociales, en relación al desvío de recursos por parte del gobierno del ex alcalde acapulqueño, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, no tiene ninguna comparación con los 100 millones que reveló el auditor Damián Peralta. Se habla en realidad de una millonaria fortuna. Pero el ex alcalde se defiende y dice que no todo ese desfalco es de su administración, que hay otros muñecos involucrados, pero tampoco revela nombres.

Y decíamos, mis estimados, por el rebenque de la corrupción, la pobreza e inseguridad golpea duramente al municipio de Acapulco. El puerto  posee altos índices de personas pobres y en pobreza extrema. Es inimaginable que un puerto como Acapulco maneje estas listas de pobres. Existe un rezago en el municipio en todos los rubros; sin embargo, lo que tiene en la lona al puerto es la criminalidad. El destino de playa está a centímetros del abismo y de no ser rescatado urgentemente por la federación y el estado, el puerto turístico se disipará  como la brisa del mar. Ningún guerrerense en sus cinco sentidos, desea que eso ocurra con el puerto de Acapulco; sin embargo, es bien urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y que hagan lo que corresponda para que los acapulqueños vivan en paz.

Les recuerdo que nadie debe estar por encima de la Ley; ese es el primer requisito para que haya orden en la entidad, por eso hay gobierno estatal, municipal y federal, cada cual en sus territorios. Todos debemos respetar las leyes, y es el gobierno quien debe meter orden en el estado y municipio. ¡Feliz día, mis estimados! 

Editorial

En la mira, políticos-empresarios huachicoleros

La exhibición de datos, así sea dosificados, sobre la forma en que el robo de combustible se extendió por diferentes zonas del país, deja dudas sobre quiénes podrían ser los responsables del robo a gran escala, tanto en la clase gobernante del pasado inmediato como en el sector privado.

En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de un sistema paralelo, lo que alguno de los funcionarios inmersos en la implementación de la estrategia describió como un sistema encima del sistema de transporte de combustible por ductos.

De acuerdo con los datos de Pemex, actualizados a noviembre pasado, se estima que el robo de combustible representa el 7 por ciento de lo que se transporta por ducto, de manera que, en efecto, podría tratarse de la ganancia que hasta ahora Pemex dejó de percibir en un estimado de entre 46 mil millones y 70 mil millones de pesos, dependiendo de la fuente, en el último año.

En su edición 2204, actualmente en circulación, el semanario Proceso expuso la forma en que el gran robo ocurre a través de una red que, con tomas ilegales de extracción precisas, cuenta con ductos clandestinos que se tienden sobre varios kilómetros para llegar a terminales de almacenamiento, donde se cargan vehículos con capacidad para transportar decenas de miles de litros de combustible.

Hasta ahora, con los indicios que ha dado la Unidad de Inteligencia Financiera y, aunque en menor medida, la Fiscalía General de la República, resulta más o menos claro que hay franquiciatarios de Pemex involucrados en la recepción del robo de combustible.

Existe la posibilidad de que también participen del mercado ilegal de combustibles, tanto empresas transportistas de amplio parque vehicular, como grandes empresas de distribución de productos en transportes terrestres, inclusive, cadenas de supermercados.

Luego, el resultado de esta operación tiene que ser en dos vías: una, la que implica a poderosos servidores o exservidores públicos de la petrolera y otra, la de quienes de manera consciente comercializan el combustible robado.

Aun cuando se han anunciado averiguaciones previas y casos ya judicializados, hasta ahora no existen indicios de que las investigaciones lleguen hasta los más altos niveles de responsabilidad. Y, en el caso más sonoro de todos, el del general Eduardo León Trawitz, ni siquiera se ha abierto averiguación previa pese a que todo indica que será el primero en ser llamado a cuentas.

León Trawitz, quien fuera responsable de la seguridad de Enrique Peña Nieto cuando éste fue gobernador del Estado de México, ocupó la posición clave en la seguridad de Pemex durante el sexenio pasado y, para que esté disponible, la actual administración lo acaba de regresar de la representación diplomática en Panamá, a donde se le destinó como agregado militar.

Ese país centroamericano, famoso por los paraísos fiscales que ahí se desarrollaron fue un destino temporal para el mando castrense, ascendido en el sexenio peñanietista, notable su relación con el llamado Grupo Atlacomulco, que tiene en Acambay uno de sus semilleros, lugar enclavado en una región que se ubica como uno de los principales puntos huachicoleros.

Fieles a su tradición de combinar política y negocios al amparo del poder, los priístas mexiquenses son conocidos en parte por su empresas transportistas y por ser franquiciatarios de gasolinerías, aunque lo mismo ocurre en diferentes zonas del país, como ya se evidencia en Puebla con los alcaldes involucrados en el proceso ilegal.

Con tufo mexiquense en este primer momento, el huachicoleo parece encaminarse a dejar en evidencia a empresarios y políticos de distinto signo.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El PRD está en pleno proceso de renovación. Antes debe pasar por una dirección colegiada, que viene a sustituir a la actual dirigencia estatal, que opera bajo el modelo de un Comité Ejecutivo, rodeado de un secretariado y como órgano legislativo el Consejo Político Estatal.

Recordaremos que el año pasado, en su consejo nacional, el PRD determinó, entre otras cosas, modificar sus estatutos para comenzar su proceso de renovación y modernización, anulando de entrada a las tribus que desde su nacimiento en 1990 han venido dándole vida al partido, pero que en los últimos tiempos resultan ser inoperantes, pues al contrario, en lugar de permitir el crecimiento del partido lo han cooptado, arrebatándose unos con otros los cargos de elección popular, traicionándose y pactando con partidos enemigos cuando así conviene a sus intereses.

El PRD de Guerrero, por cierto, parece que no está dispuesto a seguir al ritmo que está marcando el partido a nivel nacional. Por ejemplo, la dirección colegiada debe ser integrada por 5 personas, pero en Guerrero quieren ampliar esa membresía para dar cabida a todos los liderazgos que en este momento, obviamente, son cabezas de tribus o corrientes.

Nadie quiere quedar fuera del órgano de dirección porque será la única manera de mantenerse vigentes. Los líderes saben que en este proceso se juegan el todo por el todo, y que el que tenga más saliva, comerá más pinole.

La verdad es que no sabemos qué sucederá con este partido. Al no estar capacitados para operar fuera de los grupos de poder –algo que también le sucede al PRI y al PAN-, y luego de tantos años de manejarse a través de grupos políticos, que en esencia representan grupos de poder, los perredistas parecen ahora chivos en cristalería.

Ellos siempre presumieron de ser un partido democrático, donde las tribus podían discrepar y pelear en público, al grado de que parecían enemigos acérrimos, pero siempre terminaban reconciliándose en aras de la unidad del partido, decían.

Sin embargo, algo se rompió en la elección de 2018 que no sólo los confrontó, sino que terminó por fraccionarlos al grado de que los liderazgos más visibles del perredismo tradicional están fuera. Unos, como Sebastián de la Rosa Peláez, se quedó huérfano, y aunque dijo que haría de su organización un partido político nuevo, la eliminación de las prerrogativas para organizaciones sociales en el presupuesto federal los dejó encuerados, de modo que ahora trasciende que se sumarán al Panal.

Es el caso también de David Jiménez Rumbo, líder del otrora poderoso Grupo Guerrero, herencia del finado Armando Chavarría Barrera, quien no pudo superar la intromisión del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el cual terminó pactando la candidatura de Acapulco para un externo. David entonces se fue a apoyar al candidato del PRI, y hoy lo más probable es que se sume a este partido.

Otro gran sector del PRD se sumó a Morena, algunos directamente, pero otros a través del Grupo ProAMLO, que dirigió Félix Salgado Macedonio.

Para no dejar, a muchos otros los absorbió el Partido del Trabajo (PT), y para lo cual fue necesario que este partido reventara su alianza con Morena, alegando que no le estaban dando espacios. Lo cierto es que el líder petista, Victoriano Wences Real, jugó chueco en la pasada elección, a cambio de una curul para su mujer en el Congreso local y de la candidatura a la presidencia municipal de Tlapa para él, espacio que por cierto perdió.

El PT fue refugio para muchos perredistas que pretendían candidaturas en municipios y distritos, pero que no pudieron alcanzar por diferentes factores, sobre todo por la equidad de género a que están obligados los partidos, pues tienen que postular al mismo número de mujeres que de hombres.

Volviendo al tema del PRD en Guerrero, su dilema no será fácil de resolver, pues a menos que busquen a los que migraron, no vemos por dónde puedan recomponer sus debilitadas fuerzas.

Ciertamente consiguieron muchas presidencias municipales, pero salvo la de Chilpancingo, ninguna otra es de nivel, y más bien perdieron la perla de su corona, que era Acapulco.

El juego que jugaron en la pasada elección, además fue perverso. A nivel nacional se aliaron con el PAN y el MC, en un proyecto político suicida. Y a nivel local, pese al clamor de las bases para que se aliaran a Morena, decidieron mantenerse en alianza con panistas y emecistas –incluyendo la jugada maestra del PT. Parecía que estaban dando el paso de la muerte, pero obviamente siguieron la lógica de perder para ganar. ¿Cómo? Sí. Era necesario purgar al partido. Y en esa apuesta alguien ganó y mucho.

Hoy buscan una dirección colegiada. Y entre las propuestas a integrarlo se encuentra el exalcalde de Zumpango y excoordinador de los ediles del PRD en la entidad, Pablo Higuera Fuentes; la excandidata al Senado, Beatriz Mojica Morga; el exsecretario de Salud en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Lázaro Mazón Alonzo, así como el exdiputado local en la 60 Legislatura, Amador Campos Aburto. Veremos de qué cuero sale más correa, y qué grupos logran sobrevivir a esta era de cambios.

Salir de la versión móvil