Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

AMLO confirma desaparición de la ZEE

“Nada es más caro que una oportunidad perdida”. H. Jackson Brown.

Mis estimados, en México vamos reculando como los cangrejos, pa’ tras, pues es preocupante lo que acontece en materia de política económica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No habíamos visto en el México lindo y querido, tanto desliz por parte de un mandatario federal en una misma semana. Son alarmantes las acciones; por ejemplo, el mandatario festejó con alegría la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México, porque “era un barril sin fondo; no se fomentaba el turismo, se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades, para pagar publicidad en periódicos. Entonces, algunos están inconformes porque ya no hay derroche”, dijo AMLO.

Sin duda que la cancelación del (CPTM) traerá consecuencias graves al país, en relación al turismo, pues en las condiciones de inseguridad y violencia que hoy vive México, requiere de colaboraciones por parte de un organismo especializado en el rubro turístico.

Insistimos que México requiere hoy más que nunca no de una manita de gato para limpiar la imagen ante el mundo, pues en el extranjero el país está muy mal parado, de nación violenta no la bajan; entonces, el presidente AMLO, antes de festejar la anulación del Consejo de Promoción Turística de México, debió decir a los mexicanos qué organismo va encargarse de esa tarea, pues ellos saben la derrama económica que deja la industria sin chimenea en México, y también conocen bien las alertas de los gobiernos extranjeros que recomiendan a sus connacionales no viajar a este país por la altos índices de inseguridad y violencia que aquí se viven.

En serio, mis estimados, estamos en aprietos los mexicanos, no sabemos hasta dónde vamos a parar con estas decisiones tan desventuradas del gobierno del presidente AMLO; sin embargo, los más infelices seremos los guerrerenses y los michoacanos, pues también el mandatario federal anuncio ayer la desaparición por completo de las Zonas Económica Especiales (ZEE). A la pregunta de los reporteros en el sentido de si era cierto que se terminaba ese proyecto, contesto: “Sí, totalmente, y estoy esperando que se apruebe la Ley de Austeridad; si veo que pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum, memorándum interno, para que nadie vaya a pensar que es lo mismo. No, el cambio va. No es fácil, pero va. Se oponen, ya nadie va a hacer negocios al amparo del poder público. Es que tenían tomado, secuestrado al gobierno”.

Esto lo dijo el presidente AMLO en relación a la cancelación de las ZEE, pues a decir el mandatario federal sirvieron estas zonas económicas especiales para hacer negocios al amparo del poder público, sobre todo en la compra de terrenos, donde derrocharon recursos; y criticó al presidente Enrique Peña Nieto por el proyecto.

“Según, la ZEE era supuestamente para ayudar, pero nunca ayudaron, hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos, no se benefició en nada. Queda totalmente enterrado el proyecto de crear siete Zonas Económicas Especiales en el país, impulsado por el gobierno anterior. Lo vamos a enterrar por completo con un decreto presidencial, que ya analiza la consultoría jurídica del Ejecutivo Federal”, dijo el mandatario (La Jornada el pasado miércoles 24).

No obstante, AMLO optó por dejar la zona económica del Istmo de Tehuantepec, tal como se los dije en este espacio, pues ya lo había confirmado con esta escribidora la diputada federal Maricarmen Cabrera Lagunas. Ella me comentó que sólo dejarían como ZEE la del Istmo de Tehuantepec, pero que la de Guerrero desaparecería, así como las demás distribuidas en puntos estratégicos del país.

Con la confirmación de la cancelación de las ZEE corroboro que es más de lo mismo. La Cámara de Diputados se mueve a la orden del emperador del Palacio Nacional. Según el mandatario federal, en lugar de esas zonas van a crear una zona libre con seis parques industriales a lo largo del Istmo de Tehuantepec, que une a los puertos de Salinas Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, pues dijo que ésta es la región de mayor rezago en el país. El responsable del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, expuso que la zona libre incluirá parques industriales de 500 hectáreas cada uno, con incentivos fiscales similares a los otorgados en la frontera norte. Con ello, pretende el gobierno del presidente AMLO incentivar la economía de los ejidatarios, pues comprarán terrenos ejidales, según para que los propietarios se beneficien y no se queden nomás viendo cómo pasa el progreso y el desarrollo, sin que se les incluya, dijo Marín Mollinedo.

Exacto. Eso mismo pretendían hacer en Guerrero y Michoacán; incluso, los ejidatarios invirtieron dinero que no tenían para pagar abogados que les asesoraran para que ellos pudieran reunir los documentos correctos de sus terrenos, para que los pagara el gobierno. Y un requisito que les exigían eran escrituras; el que no tuviera el terreno escriturado, no le compraban. Y eso es verdad, el gobierno no compra problemas, desde que los ejidatarios son problemáticos, pues piden que les paguen varias veces sus predios; desgraciadamente esa mala fama hay en la entidad con los ejidatarios, nadie les quiere comprar porque piensan los compradores que adquieren un problema.

Por eso los señores ejidatarios de Guerrero y Michoacán buscaron asesoría para poder vender sus predios, para afincar la ZEE Puerto Unión, pero ahora se quedaron como el chinito, nomás milando, y lo peor endeudados con abogados.

El mandatario federal eligió la zona libre del Istmo de Tehuantepec, porque vio rezago económico en el Sur y Sureste con respecto a los del Centro y Norte del país. Sin embargo, a mi parecer el mandatario federal sigue marginando a los estados de Guerrero y Michoacán, dos entidades que han sido muy golpeadas por el crimen organizado y que atesoran centenares de personas viviendo en extrema pobreza y marginación. Por eso en estos dos estados se reproducen los sicarios, porque vive la gente en total marginación y olvido por parte de los tres órdenes de gobierno; y que ahora que tenían estas dos entidades la oportunidad de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión, para proveer de empleos a centenares de personas, se la arrebató el gobierno federal sólo porque no es un proyecto que reúna sus propias expectativas. Pobres guerrerenses y michoacanos, tan lejos de Dios y ahora también del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y no crean que sólo por ahí “chupó Faros” esa entidad; también nos tocó a los guerrerenses bailar con la más fea, con relación al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), pues al momento de su cancelación los más desprotegidos en la publicidad seríamos los destinos del estado de Guerrero, y también de Michoacán. ¡Qué mala puntada!

El estado suriano cuenta con al menos 44 municipios con vocación turística, que con la cancelación del CPTM pasan a ser los más perjudicados. Aunque no los promovían directamente a ellos, sino que promovían al Triángulo del Sol (Acapulco-Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón), pero esa publicidad aportaba beneficios indirectos a los destinos pequeños del estado.

Estos destinos en su mayoría pertenecen a municipios muy pobres, que requieren apoyo de la Federación para su promoción y desarrollo.

Por su parte, el estado de Michoacán cuenta con más Pueblos Mágicos, que también los canceló la Federación. A esa entidad le ha llovido muy fuerte sobre mojado, pues también con la cancelación de la reforma educativa, los maestros estatales de Michoacán serán responsabilidad del estado; y con la pobreza que se porta el gobernador Silvano Aureoles Conejo, valió chichi de iguana la educación en esa entidad michoacana.

Guerrero se salva por ese lado, porque son pocos los maestros estatales en la entidad. Pero, ojo señores, no olviden este artículo, guárdelo en su ropero: Hoy la educación en México sufre el peor retroceso de su historia; sin embargo, para los que dudan, estén alertas, pues no falta mucho para que la educación la municipalice y los municipios sean obligados a pagar a sus docentes; y con la pobreza que hay en la entidad, 76 municipios se quedarían sin educación, pues tal vez cinco ayuntamientos sí puedan pagar a sus profesores, me refiero a Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Chilpancingo e Iguala. Pero los demás no tienen ni el alma completa, cuanto menos para solventar una nómina magisterial. Y es aquí donde la puerca va a torcer el rabo y los marranitos el rabito. Entonces los municipios van a estirar la cobija hasta donde les alcance, pero al no poder solventar la nómina magisterial tirarán la toalla. Entonces, las escuelas pasarán a la iniciativa privada, y ahora sí, sólo van a estudiar los hijos de los padres que puedan pagar una colegiatura, mientras que los estudiantes que no tengan recursos para pagar una educación privada, se quedarán sin estudiar. Y vaya que son miles de estos estudiantes que pueden quedar sin educación. Y no crean que falta mucho para eso, falta bien poquito. Con la actitud del gobierno de AMLO, no duden que se apresure este drama educativo.

Por cierto, a esta casa editora llego una petición de ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, por parte de estudiantes beneficiados con las becas de preparatoria del área de la Costa Grande de Guerrero, ya que dicen los estudiantes que deben ir a cobrar su cheque al Bansefi, y no hay ninguna sucursal de ese banco en esta región; por lo tanto tienen que trasladarse hasta acapulco o Lázaro Cárdenas, Michoacán, y están muy lejos esas dos ciudades. Además, la beca que les llega es de mil 600 pesos, y mitad del dinero lo gastan en los pasajes. Por eso hacen un llamado al mandatario federal, para que les cambie el banco. Ahí tienen, muchachos, esperamos tengan respuesta favorable a su petición.

Por otro lado, mis estimados, hoy arranca el torneo de Pez Vela en Puerto Vicente Guerrero. La comisaria Silvia Araujo, invita a los aficionados al deporte de la pesca para que vayan a participar y de esa manera apoyen el destino de Puerto Vicente Guerrero, municipio de Tecpan de Galeana. Oigan, no sean gachos, apoyen al destino. Todavía hay espacio para competidores y los premios están de rete chupete. Si van, me mandan video porque con la gripa que me cargo no tuve humor de inscribirme al torneo, ni de rentar una lancha para irme a pescar un pez vela a Puerto Vicente Guerrero. Jejeje. Éxito a los competidores. ¡Feliz fin de semana!       

Editorial

Protejamos la Tierra, el planeta azul

La alta mar forma un vasto patrimonio mundial que cubre el 61 por ciento del área del océano y el 73 por ciento de su volumen. Abarca un sorprendente 43 por ciento de la superficie de la Tierra y ocupa el 70 por ciento de su espacio vital, incluyendo tierra y mar. Estas aguas internacionales albergan una impresionante riqueza de vida marina y de ecosistemas, y, en virtud de su enorme extensión, son esenciales para el funcionamiento saludable del planeta. La vida marina que habita este mundo es el motor de la bomba biológica del océano: captura el carbono en la superficie y lo almacena a gran profundidad. Sin este servicio esencial, nuestra atmósfera contendría un 50 por ciento más de dióxido de carbono y la temperatura del planeta sería tan alta que se volvería inhabitable.

Lamentablemente, a pesar de su importancia para nuestra supervivencia, al estar fuera de las fronteras de nuestro mundo terrestre estas áreas están fuera de la jurisdicción nacional. En tierra, se han trazado la mayoría de las fronteras y los actos de las personas y las naciones han sido regulados por ley. Pero más allá del alcance del control nacional, la última frontera del mundo (la alta mar y las profundidades del océano) sigue siendo un lugar donde unas leyes débiles y una mala gobernanza han permitido que el saqueo continúe casi sin control.

Actualmente unas cuantas naciones ricas explotan la vida marina con fines de lucro bajo la libertad otorgada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, esa misma convención conlleva deberes que se han ignorado en gran medida, como conservar los recursos marinos vivos y proteger y preservar el medio ambiente, incluidos los ecosistemas y hábitats raros o frágiles.

La vida marina en alta mar y en las profundidades oceánicas ha sufrido como consecuencia de la negligencia de la administración unida a la oportunidad y a la codicia.

Muchas de las especies más icónicas -como los albatros, las tortugas o los tiburones- han sufrido dramáticas disminuciones en sus poblaciones en el espacio de unas pocas décadas. Hábitats como los arrecifes de coral de aguas frías o los campos de esponjas, en ocasiones de siglos de antigüedad, han sido destruidos por los equipos de pesca pesados que se arrastran a lo largo de los fondos marinos. Incluso han disminuido poblaciones de especies que deberían haber estado bajo una administración estricta, lo que destaca el fracaso de las organizaciones encargadas de supervisar su explotación para cumplir incluso con este mandato limitado.

Por ejemplo, la población de atún rojo del Pacífico se ha desplomado a menos del 3 por ciento de su abundancia histórica según señala un reporte de la comunidad científica que -con base a esta realidad- recomienda proteger al menos el 30 por ciento de nuestros océanos para antes del 2030.

El valor de las reservas marinas totalmente protegidas (los santuarios marinos) como herramienta clave para proteger hábitats y especies, reconstruir la biodiversidad oceánica, ayudar a los ecosistemas oceánicos a recuperarse y mantener los servicios ecosistémicos vitales, se reconoce ampliamente y se refleja explícitamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número 14 y en la Meta de Aichi número 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica de la CDB 2011 – 2020.

Estamos a tiempo, lo necesitamos, porque sin la mar, sin su equilibrio, sin sus servicios, la Tierra no podría existir y nosotros como humanidad, tampoco.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Para los guerrerenses, sigue siendo un enigma la forma en que se maneja el Poder Judicial del Estado. Pero de lo que sí estamos seguros es que al seno del Tribunal Superior de Justicia, se cocina todo tipo de delitos imputables a los servidores públicos, como el nepotismo en las designaciones de cargos, tema en el que los magistrados ponen, imponen y disponen, en un enredado reparto de cuotas de poder entre los togados.

Pero no sólo los magistrados llevan mano en esto, sino también funcionarios de menor rango, que se ceban sobre los cargos de jueces de control y ejecución penal, algo tan crucial en el nuevo sistema de justicia penal, que los tristes resultados que se tienen en Guerrero en materia judicial se deben precisamente a que esos cargos se entregaron en una subasta entre cuates, y no por sus perfiles, sin respetar los exámenes de oposición.

Hasta donde logramos entender este asunto, los magistrados son propuestos por el gobernador en turno, pero votados por el Congreso local. Obviamente los criterios que prevalecen no son los profesionales y de perfil, sino que es un asunto entre amigos y familiares (y hasta “protegidos”), pues todo cargo público es bueno para el pago de favores electorales.

Y si el gobernador propone, el Poder Legislativo le hace el favor de que todo salga a pedir de boca; incluso suelen presentarse ternas disparejas, en las que uno es el bueno y los demás son los rivales más débiles; desechables, pues. Mentira que se tengan convocatorias abiertas y exámenes de oposición, o cosas por el estilo.

Ahora mal, ¿qué sucede en el Congreso, una vez que la pelota está en su cancha? Todo se mueve en función de intereses partidistas: por un lado, está el partido interesado en quedar bien con el gobernador, sobre todo los plurinominales, pues para eso justamente los enviaron a esa tribuna. Y luego están los partidos interesados en llevar mano de este tipo de negociaciones. No es que les importe quién llegue como magistrado, sino que lo que importa es vender el voto para que el partido que sí está interesado logre su objetivo.

Y así es como se da la compra-venta de votos en el Pleno del Congreso local, cosa que ha existido por siempre, hasta convertirse en “parte de” la vida legislativa en el estado, y donde los diputados no votan libremente, sino a juicio de sus coordinadores, y estos a su vez a juicio de su partido –cuando se da el caso de que no haya gobernador afín-, pero sobre todo a juicio del gobernador en turno. Todo esto corrompe de origen al Poder Judicial, que como denunciaron diputados de Morena desde el pasado martes, es un verdadero nido de corrupción y nepotismo. La fracción parlamentaria de Morena denunció que magistrados, jueces y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) beneficiaron a esposas, hijos, familiares y amigos otorgándoles plazas de jueces de control y ejecución penal, sin contar con carrera judicial ni el perfil.

De acuerdo con la diputada Nilsan Hilario Mendoza, los ganadores del concurso para elegir a los jueces de control y de ejecución penal, no acreditaron los requisitos de elegibilidad establecidos en la propia ley y no cuentan con carrera judicial de conformidad con los artículos 97 y 163 de la Constitución local.

Los nueve acreditados como jueces de control son, siempre de acuerdo con el informe de Morena: Víctor Hugo Nava García, hijo del magistrado Félix Nava Solís; Yolanda Morales Silva, quien se desempeña como proyectista del magistrado Nava Solís “y protegida del magistrado Paulino Jaimes Bernardino”, dijo la diputada.

Francisco Michel Espinoza Larios, hijo del consejero Francisco Espinoza Grado, y su proyectista, Reyner David Ramírez, también fueron designados como jueces de control, al igual que Luis Jesús Hernández, sobrino político del secretario general de acuerdos del TSJ, Juan Sánchez Lucas.

En la lista se encuentra también, Evelyn Ramírez Venegas, “protegida” del magistrado Víctor Arellano Justo; Mario Hernández, “protegido” del asesor de la presidencia del TSJ, Adrián Vega Cornejo. Verónica Roldán, quien es auxiliar de la magistrada Norma Leticia Méndez Abarca, y Erick Serrano Aguirre, proyectista del consejero magistrado Alfonso Vélez Cabrera.

Los cuatro jueces de ejecución penal son: Celia Croman Flores, esposa del juez Bartolo Currichi Meza; María Teresa Sánchez Romero, sobrina del secretario general de acuerdos del TSJ, Juan Sánchez Lucas, y esposa del juez de Control Luis Enrique Hernández. 

Génesis Hernández Rodríguez, esposa del magistrado Raúl Calvo Sánchez, y Flaviano Alfaro Fierro, secretario auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos del TSJ, área que preside Juan Sánchez Lucas.

En el exhorto que propusieron los diputados de Morena pedían también al presidente del TSJ, Alberto López Celis, que entregara  al Congreso un informe de los métodos de selección, criterios, lineamientos y bases para el otorgamiento de plazas a las juezas o jueces de control y juezas o jueces de ejecución.

Las bancadas del PRI y PRD votaron en contra y el punto de acuerdo fue turnado a comisiones. ¿Qué tal?

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

¿Y el Sistema Nacional de Inteligencia, apá?

Sin duda, mis estimados, todos los mexicanos anhelamos que el gobierno controle la violencia e inseguridad que tiene de cabeza al México lindo y querido. Aunque moleste a muchos mi petición, es necesario que comencemos a gritar para que se ponga un alto a las matazones, secuestros, robos de autos con violencia y un largo etcétera. Los mexicanos no podemos seguir siendo tan indolentes ante semejantes hechos. Si a su familia no la han atacado, de todos modos levante la voz, pues al paso que vamos no tardará el dolor en tocar su puerta. Así que no espere que llegue el daño para levantar la voz, hágalo ahora.

Con esto, no estoy invitando a nadie a que se rebele contra el gobierno; no, los problemas se proponen y se dialogan, no se apasione con nada ni con nadie.

Al presidente AMLO se le hizo bolas el engrudo en relación de la seguridad y violencia; dijo que se comprometía a que en seis meses bajarían los niveles de inseguridad en el país, promesa que inquietó a los analistas en seguridad, quienes de inmediato comentaron que es muy aventurado, que es algo inviable, que es prematuro decir que en seis meses bajarán los niveles de inseguridad en el país, porque en ese lapso es imposible revertir todo lo que durante 13 años se ha hecho. Que el presidente no cumplirá su meta, que la seguridad no mejorará.

Los expertos en seguridad comentan las razones de por qué no cumplirá su promesa el mandatario de bajar los niveles de inseguridad en el país en seis meses. Jorge Lara Rivera, académico de la Universidad Panamericana, especializado en temas de seguridad, afirmó que el presidente, “al darse cuenta de que no redujo la violencia en los primeros días de su mandato, está comprando más tiempo, pero si no cambia su estrategia pasarán otros seis meses y hará lo mismo, saldrá a poner un pretexto de por qué no logro disminuir la inseguridad. Lo que dijo en su conferencia es aventurado, no puede asegurar algo sin decir cómo lo hará”.

Según Lara Rivera, el equipo de seguridad del mandatario debe dar a conocer las acciones concretas para reducir la inseguridad y no establecer plazos.

Los analistas en seguridad entrevistados por el diario El Universal, coincidieron que el gobierno de AMLO no cuenta con una estructura bien organizada en materia de seguridad. Y para muestras un botón: en su columna, Carlos Ramírez expuso que “seguridad no es el pasado sino atraso en Sistema de Inteligencia”. Tienen que leer el artículo, mis estimados, para que se den cuanta del tamaño del peligro en el que está incrustado el país.

Y, por favor, no me quiera hacer jabón para bañar perros callejeros; antes, primero lean el texto de Ramírez y después me critican. Ahí el articulista comienza diciendo que de las matanzas en Guanajuato, Morelos y Veracruz no se puede responsabilizar al sexenio anterior, sino que fueron producto de una desordenada estrategia nacional de seguridad pública del nuevo gobierno.

Expone: “Toda la atención se ha centrado en la organización de la Guardia Nacional, sin que se vea algo concreto en unos de los ejes de la estrategia, como la creación del Sistema Nacional de Inteligencia. Aun cuando hubiera cierta malicia criminal en funcionarios del pasado para organizar ataques masivos como los perpetrados en estos cuatro meses, lo mejor hubiera sido señalar con pruebas a los responsables. Si Enrique Peña Nieto seguirá cargando toda su vida el fardo de los 43 normalistas de Ayotzinapa por un error grave de inteligencia, culparlo de la masacre de Minatitlán suena a justificación malvada.

“Toda estrategia de seguridad se basa en tres pivotes: La organización policiaca, el liderazgo de los funcionarios y jefes policiacos y sobre todo a inteligencia. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le cedió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional a su nueva área de seguridad y le dio el nombre de Centro Nacional de Inteligencia, pero antes lo hundió en el desprestigio y desnudó sus incompetencias con la apertura parcial de archivos”.

Éste es un párrafo de la columna, léanla toda para que estén enterados, y al menos sepan por dónde les llegará el madrazo. Y no crean que es broma lo que les digo, es en serio, pues un país como México mayormente por los grupos criminales que se disputan a sangre y fuego las plazas, no puede ni por unas horas estar sin un aparato de inteligencia nacional, pues estos “equipos” son de carácter estratégico y de atención, prevención, coordinación y seguimiento de riesgos y amenazas, esto también lo dijeron los analistas en seguridad.

Ahora sí pueden sacar su conclusión, mis estimados, y determinar si en seis meses bajarán los niveles de la inseguridad en el país que prometió el presidente AMLO. En verdad deseamos que así sea; no obstante, con buenos deseos no se solucionan los problemas.

Cuando leí el texto me dio escalofrío al darme cuenta que el país no tiene un sistema nacional de inteligencia operando; con razón todos roban en México, y los grupos delictivos cada día se adueñan más del territorio nacional y cada vez son más agresivos.

También en nuestro país hay redes de colombianos operando con toda impunidad, secuestran, roban autos, y en Guerrero matan y extorsionan; son un verdadero peligro para los guerrerenses, principalmente en Acapulco son peligrosos, ¿y quién los vigila? Nadie. La Guardia Nacional no viene a hacer ese trabajo, así que esas redes seguirán operando, matando, secuestrando y extorsionando.

A leer el artículo vino a mi mente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), aunque lo insultaron y calumniaron, existía y al menos para algo servía, aunque sea para vigilar a los políticos traidores.

Varias cosas previó el CISEN en México, aunque no lo reconozca el presidente AMLO. Sin embargo, como lo exponen los analistas en seguridad, es prematuro prometer que en seis meses bajarán los niveles de violencia e inseguridad en el país, sin tener un sistema de inteligencia operando. Es preocupante esto, pues los grupos criminales se dieron cuanta que pueden hacer y deshacer, ya que nadie los patrulla.

Y para que se den cuanta del tamaño del problema que vivimos los mexicanos, les relato lo sucedido en la Autopista del Sol, donde criminales atravesaron carros en el carril de la autopista para robar a los vacacionistas Según relatan los automovilistas, los asaltaron justo al salir de los túneles cerca de Chilpancingo, donde no hay señal de celular; “ahí pararon los coches e hicieron un embotellamiento de al menos 200 autos, o tal vez más, y pasaban los ladrones coche por coche asaltando, muy feo, muy feo”, relata el asaltado.

Otro cibernauta comenta: “Fui testigo hace dos horas en plena sierra de Guerrero en la carretera Acapulco-México KM 260, de un asalto; cerraron la carretera y asaltaban a todos; nos bajaron de los coches y caminamos en sentido contrario a 40 grados y sin señal de celular”.

Otra familia en ese mismo asalto fue víctima de robo de su auto BMW color negro. Increíble. Ese auto por ahí está, ni modo que lo suban a la sierra, van a llegar con el puro volante los ladrones, pues son carros para la ciudad, muy bajitos.

En verdad, un caso de terror. El gobernador Héctor Astudillo anunció el reforzamiento de la seguridad en la Autopista del Sol, y al igual que al mandatario estatal nos sorprende a todos la forma de robar de estos criminales.

¿Por qué delinquen con tanta impunidad estos malvados? Porque saben que no hay un sistema operativo controlando, vigilando e informando por parte del gobierno federal, por eso hacen lo que les viene en gana.

Pues bien, mis estimados, les cuento que también el presidente AMLO metió los pies al mismo pozo que otros mandatarios, dando plazos para bajar los índices de la violencia e inseguridad, y les dio parque a sus acérrimos enemigos políticos para que le disparen dardos todos los días. Y no quero ni imaginar cuando se cumpla el plazo y el crimen, en vez de disminuir, avance, y los criminales maniobren en México con más poder que ahora.

No lo deseo, aclaro, soy mexicana de corazón y lo que pasa al país me duele, pues todos conocemos la forma de actuar de estos malvados, son expertos en la maldad los canijos y no andan con juegos de matatena.

Aclaración: El artículo que se publicó ayer en el espacio de Palabra de Mujer, es de la autoría de Ana Cristina Ruelas. Gracias.

Editorial

Un año después: Meade, los millones y el silencio oficial

Al cumplirse un año desde la publicación de un reportaje que abordaba la desaparición de miles de millones de pesos destinados a población indígena que no existe, José Antonio Meade Kuribreña, decidió responder a través de su cuenta de Twitter, que sólo se trató de una confusión.

La desaparición de 12 mil 645 millones de pesos, producto de una ampliación presupuestal a la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2015, cuando Meade Kuribreña era titular de la dependencia cayó mal en todos los frentes cuando en abril de 2018 se publicaron los pormenores de las denuncias que, dentro del propio gobierno de Enrique Peña Nieto, se hicieron por hechos que hasta ahora no tienen una explicación oficial.

Fue en la edición 2164 del semanario Proceso, publicada el 21 de abril de 2018, cuando el caso de los 12 mil 645 millones se dio a conocer, con llamado de portada, verificación de datos en los presupuestos públicos, los documentos emitidos en el seno de la secretaría de Gobernación en los que se acusaba el desvío y una entrevista con el autor de los oficios, Jaime Martínez Veloz.

El escándalo debía ser mayúsculo, pues superaba en cuantía a uno de los escándalos más sonoros del sexenio peñanietista, identificado por la Auditoría Superior de la Federación y que adoptó forma periodística en el reportaje conocido como “La Estafa Maestra”, un exhaustivo proceso de verificación y rastreo de historias detrás de los fríos números, publicado en Animal Político unos seis meses antes, que identificó el desfalco de 7 mil 670 millones de pesos.

Indiferencia. El 22 de abril de 2018, se llevó a cabo el primer debate entre candidatos presidenciales pero el asunto no fue abordado por ninguno de los participantes. López Obrador, para entonces ya sin increpar al gobierno de Enrique Peña Nieto, y Ricardo Anaya, enfrascado en atender las imputaciones que se le hacían por lavado de dinero y concentrado en conseguir una alianza con el PRI, simplemente callaron.

En el trabajo de Proceso, se expuso que las anomalías fueron reportadas por Jaime Martínez Veloz al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; también al presidente de la comisión de Asuntos Indígenas, Vitalicio Cándido Coheto, así como al presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Jorge Charbel Estefan Chidiac. Finalmente, acudió a la Auditoría Superior de la Federación con sus denuncias, pero de ninguna instancia, dijo, obtuvo respuesta. Entonces renunció al cargo de Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.

El pasado 23 de abril, José Antonio Meade respondió al menos ocho veces a usuarios de Twitter que le cuestionan sobre el asunto con un mismo mensaje:

“En la nota se confunde un reporte transversal sobre atención a comunidades indígenas con el presupuesto aprobado y ejercido. No hubo ni incremento ni desvió, solamente la confusión, seguramente sin mala intención, de dos fuentes que contenían información diferente (sic)”.

Los trabajos periodísticos tienen por objetivo hacer público lo que a la sociedad compete y, en efecto, tener esa intención no es malo. Aquí el punto es que la explicación de Meade no sólo es tardía, sino insuficiente. Pero es aun peor que la secretaría de la Función Pública, la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, como en el momento electoral de 2018 cuando se publicó la pieza periodística, se mantengan en silencio sobre la desaparición de los recursos y la invención de millones de personas en los padrones gubernamentales.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El sismo de 4.5 grados registrado ayer al noreste de Zihuatanejo, sumado a los dos ya registrados el lunes y martes en Ometepec, no son nada bueno. De acuerdo con los sismólogos no oficiales (que no trabajan para el Sistema Sismológico Nacional), estamos ante un “enjambre sísmico”, que involucra también a Oaxaca, y que estos movimientos telúricos podrían ser precursores de un gran terremoto.

De acuerdo con estos sismólogos, así como de medios independientes, se puede esperar uno de hasta 7.5, o incluso de 8 grados.

Los sismos registrados en la zona de subducción de la placa del Pacífico con la placa de Cocos, además, incrementan el riesgo de erupción del volcán Popocatépetl, ya que se encuentra en la línea de flexión de la placa Norteamericana (la placa continental) y la placa de Cocos, que subduce o se mete por debajo del continente. Una zona de flexión es el punto donde la placa que subduce o la placa subducida se quiebran, provocando fallas terrestres.

Estudios demuestran que después del gran sismo de Chiapas, del 7 de septiembre de 2017, la zona de flexión que se tenía tierra adentro, alcanzando Puebla, en realidad se multiplicó y ahora se tienen por lo menos otros dos puntos de quiebre, y de ahí la vulnerabilidad de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como la posibilidad de que uno grande tenga lugar en el Itsmo de Tehuantepec.

Sin ser aves de mal agüero, solamente personas conscientes de una realidad que ya no pueden omitir las autoridades –algo que suelen hacer con el argumento de no generar alarma entre la población-, consideramos que es tiempo de que los gobiernos federal, estatal y municipal hagan su parte, y que la población se organice y esté consciente de manera permanente acerca de la posibilidad de un sismo.

Suele suceder que cada que se registra un terremoto, la gente está desprevenida. Se carece de una cultura de la prevención, pese a que harto se ha dicho que estamos en una zona de alta sismicidad, ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, llamado así por la cantidad de volcanes que existen en las márgenes del gran Océano, tanto en Occidente como en el Oriente, donde hay también una gran placa marina suelta, que está moviéndose constantemente, conocida como la Placa del Pacífico.

Si revisamos las estadísticas del SSN, desde 1990 a la fecha, es obvio que la sismicidad ha aumentado de manera alarmante, y que esto es exponencial.

Es decir, que si en 2017 tuvimos 26 mil 363 sismos, para 2018 esa cifra aumento a 30 mil 193. En 2016 el registro fue de 15 mil 547 movimientos telúricos, y para 2015 la cifra alcanzó solamente 10 mil 946.

Es decir, que en un periodo de 4 años, de 2015 a 2018, se triplicó el número de sismos en México, pasando por los grandes terremotos de Chiapas y Pueblas, de cuyas secuelas el país todavía no se recupera. En 1990, tuvimos sólo 796 sismos.

¿Cuándo comenzó a incrementarse la sismicidad en México? Desde 2009, cuando se registraron 2 mil 301 sismos.

Pero en 2015 se dio un gran salto, al pasar de 7 mil 608 sismos en 2014, a 10 mil 946. Desde entonces, la tierra en México no se ha dejado de mover y en los últimos 4 años ha temblado más que en los anteriores 25 años.

Algo está pasando en la tierra, y nuestra entidad y nuestro país. Pero inmersos como estamos en asuntos que replican las redes sociales, y que involucran a los políticos y sus peripecias, no nos estamos ubicando en lo realmente importante, que por un lado son los sismos, y por otro lado la devastación ambiental.

¿Hasta cuándo?

Palabra de Mujer…

Ni peras ni manzanas, seguimos con la Ley Chayote

Desde su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció un plan que llamó como “Plan de austeridad y combate a la corrupción”, en el cual mencionaba, en su punto 29 “reducir en un 50 por ciento el gasto de publicidad oficial del gobierno federal”. Tras la publicación del Plan, el colectivo #MediosLibres instó al nuevo gobierno a reabrir la discusión legislativa en la materia a fin de aprobar una ley de avanzada y abrogar la recién aprobada Ley General de Comunicación Social (apodada Ley Chayote), ya que, si bien la reducción del gasto es necesaria, la medida no es suficiente ante la falta mecanismos de control y de criterios claros, transparentes y objetivos de asignación.

La nueva configuración política surgida a raíz de las elecciones del 1º de julio de 2018 representa una oportunidad para la sociedad mexicana en distintos ámbitos, entre ellos el de la libertad de expresión. Durante el periodo de transición entre el 1º de julio y el 1º de diciembre, se habló de la necesidad inminente de la reforma —recién nombrado coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, en entrevista con Javier Risco para El Financiero Bloomberg señaló: “Hay que modificar la Ley de Comunicación Social, la llamada «ley chayote»” y añadió: “Yo esperaría que antes del primero de diciembre pudiera reformarse esta ley”. Sin embargo, ya en el segundo periodo legislativo de la LXIV Legislatura, la regulación pasó a segundo plano y, de nueva cuenta -como ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto-, parece haberse quedado en el olvido. Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo —quien en su momento fue un férreo opositor de la aprobación de la ley en el Senado— advirtió que hasta en tanto la Suprema Corte no se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la norma no habría reforma alguna: “…nosotros estamos esperando la sentencia de la Corte -refiriendose a la sentencia ante la acción de inconstitucionalidad presentada por los PAN, PRD y MC, así como por la presentada por la CNDH-, queremos ser muy respetuosos en ese sentido. A partir de lo que ocurra ya sea que se ratifique o que se considere inconstitucional, a partir de eso, empezaremos a ver qué es lo que sigue”.

Y esto pareciera confirmar lo que desde Artículo 19 y Fundar hemos dicho una y otra vez: la publicidad oficial es un bien y una herramienta a los que ningún gobierno (hasta ahora) ha querido renunciar, pues como decía Gérman Espino, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, “vale más comprar a los medios que hacer un buen gobierno”.

En enero de 2019 se publicó un presupuesto de $4 mil 165 millones de pesos para comunicación social, aprobado para el ejercicio fiscal 2019. Es un monto similar al aprobado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018. En su momento, será necesario analizar si efectivamente se cumplirá con la austeridad anunciada en materia de publicidad oficial y el respeto a los topes presupuestales o si las prácticas poco transparentes y de ejercicio indiscriminado del gasto se mantendrán.

No obstante, la semana pasada, el mismo Jesús Ramírez, anunció, en el marco de las conferencias matutinas, la publicación de una Política de Comunicación Social que si bien, en conjunto con los lineamientos emitidos en el mes de enero de este año, son un elemento importante para promover mayor transparencia y claridad sobre la asignación del gasto en publicidad oficial, también se quedan cortos cuando se trata de atender el problema que refiere la asignación arbitraria de recursos multimillonarios y por lo tanto en la posibilidad de romper la relación perversa que hasta hoy existe entre el poder y la prensa. Los controles al gasto en publicidad no pueden depender de la voluntad política del gobierno en turno, de ahí la importancia de contar con una legislación que la regule de manera que no vulnere los derechos a la libertad de expresión y a la información.

Y no se trata de quejarse, se trata de reconocer la realidad de nuestro país. Pensemos, si la Constitución, que es el máximo ordenamiento legal, es letra muerta en muchas situaciones de la vida pública de nuestro país, por qué no lo serían estas normas, que no son vinculantes, que si no se cumplen no hay consecuencia. Los lineamientos y la política publicados por el ejecutivo federal, sin duda, se distinguen de aquellos que fueron el estandarte del actuar de los sexenios del PAN y el PRI en la materia y son un buen comienzo para fijar los estándares bajo los cuales deberá escribirse una nueva ley. Pero el problema del uso proselitista del dinero público en México no se resuelve con estas normas. Por el contrario, lo que permitiría es sectorizar el gasto y daría lugar a que la información se pervierta hacia el mejor postor, quién más pague por publicidad oficial se convierte en el administrador de la información, aquel que logre sortear la jurisdicción que cubren estas normas es capaz de mantener la cultura del engaño a través de la manipulación de la información que llega a la sociedad. Por ejemplo, el legislativo, el judicial o los Estados que se regulan con la Ley Chayote, pueden seguir utilizando la publicidad oficial como un mecanismo de control de las líneas editoriales de los medios de comunicación pues estos lineamientos y esta política no les son aplicables.

El problema que desde Artículo 19 y Fundar hemos expuesto desde hace más de 10 años no es uno que se resuelva desde el ejecutivo federal y requiere de una política de Estado. En este asunto hay responsabilidad de todos los poderes y todos los niveles de gobierno, incluidos los órganos autónomos. Por esto, hemos sido insistentes en la necesidad de una ley general que fije criterios claros, objetivos y transparentes para regular la publicidad oficial, que además, sancione el uso indiscriminado del gasto y prohibía su uso propagandístico.

No olvidemos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la administración pública federal gastó 60 mil 237 mdp. Tan sólo en 2018 se ejercieron, preliminarmente, 7 mil 849 mdp, lo cual constituye prácticamente un sobre-ejercicio del doble de lo aprobado para dicho periodo. Por otro lado, el monto aprobado en los estados para el año fiscal 2018 sumó un total de 3 mil 105 mdp según los presupuestos de egresos de los estados.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Comunicación Social el 1o de enero de 2019, la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, la arbitrariedad en la asignación de los recursos, el condicionamiento de las líneas editoriales, la censura, la asfixia financiera, el premio y castigo monetario a los medios de comunicación, están ya respaldadas por la ley. Por esta razón, Es necesario retomar las discusiones sobre las iniciativas existentes, abrogar la Ley General de Comunicación Social ley y trabajar por un marco normativo que promueva la democratización de los medios, la pluralidad informativa y la libertad de expresión.

Así, mientras se define si la Política y los Lineamientos cambian las cosas o si la Corte declara la inconstitucionalidad de la Ley aprobada, nos quedamos con la Ley Chayote. El costo de no abrogarla es el silencio y, desgraciadamente en México, ya existen muchos factores que hoy son limitantes de información. El Congreso de la Unión debe, sin más, retomar la política publicada por el Ejecutivo Federal y hacerla ley, tomando en consideración las bases mínimas publicadas por el Colectivo Medios Libres.

editorial

Cuautla y Minatitlán: la esperanza y la realidad

La llamada Semana Santa, festividad superior de la cristiandad –tan arraigada en México que es período vacacional–, se vio perturbada esta vez por dos hechos de violencia que, como en los sexenios pasados, quedan como marca dolorosa en el primer semestre de la administración.

Primero, fue el ataque registrado el 13 de abril en la exhacienda El Hospital, en Cuautla, Morelos, con saldo de cinco muertos y una decena de lesionados; y luego, el de Minatitlán, el viernes 19 de abril, con saldo de 13 muertos.

Los dos ataques tienen por común denominador la muerte de civiles y, dolorosamente de cuatro niños –tres en el caso de Cuautla, un bebé en el ataque de Minatitlán–, reflejo de una barbarie que invade este país y plaga los relatos periodísticos –no por fifís ni conservadores sino porque son los hechos– desde hace al menos 12 años.

Ya sabemos cómo es que llegamos aquí, cómo fue que el fracaso en todas las estrategias gubernamentales mantuvo el horror, realidad persistente que se manifiesta a lo largo y ancho del territorio nacional y que en buena medida motivó la esperanza en una propuesta diferente, en una oferta de gobierno distinta.

Es la esperanza que mantienen millones de personas por ver concretarse aquello que se dijo ampliamente en el discurso derechohumanista respecto a atender las causas profundas, generadas por la desigualdad; en la definición política de un presidente que asume la responsabilidad por la seguridad de los ciudadanos de manera personalísima y, en la conciencia generalizada de que el imperio del terror sólo es posible como resultado de la complicidad de agentes del Estado en su instauración.

Y como se sabe y fue ese pasado reciente lo que motivó el voto, lo que incomoda es que sea tan indispensable para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el recordarlo llevando al terreno del diferendo político la falta de eficacia de las fuerzas del Estado (por decir lo menos) hoy, cuando lo que ocurre, y precisamente por asumirlo de manera personalísima, de él depende.

Cierto es que el problema de la violencia viene de antes y cambiar las cosas, tarda. Pero los hechos ahí están, no son producto de lo que el mandatario caricaturiza en lo “fifí”, “conservador” y cosa de “adversarios”, aun cuando estos puedan usar –dicho sea de paso, legítimamente—esos hechos en su narrativa opositora, su ejercicio crítico y en ejercicio de su libre opinión.

Remitir a los adversarios frente a hechos de sangre, es llama maniobra evasiva o, para usar esta jerga a la que es tan afecto el mandatario, un lavado de manos a lo Poncio Pilatos, para justificar uno de los primeros fracasos de la remilitarización que vino con su sexenio.

Hay que recordar que, aun sin formalizar la Guardia Nacional, el despliegue militar fue medida autorizada en el ámbito legislativo por el que inclusive el mandatario reclamó cuando los diputados eliminaron un artículo transitorio de la reforma constitucional al efecto, y que terminaría subsanándose a su gusto en el Senado. Y hay que recordar también que uno de los despliegues enormes de personal militar fue precisamente a Minatitlán desde el pasado enero.

Y, por supuesto, está la indolencia hacia las víctimas (que, por cierto, no es la primera vez que se nota), ya que preocupado por su condición política, suele dejarlas en segundo plano y hasta borrarlas de sus expresiones tornándose líder inhumano, incapaz de una palabra al menos por los niños asesinados antes que por “los sepulcros blanqueados”.

Hasta ahora su narrativa ha funcionado para millones que mantienen la esperanza en un cambio, pero no por eso es acertada. La esperanza, en este caso por la seguridad, se estrella tarde o temprano con la realidad abominable, de la que el gobierno, lo encabece quien sea, es ineluctablemente responsable.

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