México: sin brazos para combatir la corrupción

El pasado 24 de junio se publicó por primera vez el Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción 2019 (CCC). El estudio abarca 8 países de América Latina que en conjunto representan el 90% del PIB de la región. De ellos, México aparece en sexto lugar con una calificación general de 4.65 (escala del 1 al 10), esto significa que nuestro país reprueba en su capacidad de detectar, sancionar y disuadir la corrupción.

El CCC es elaborado por la organización empresarial Americas Society/Council of the Américas y la empresa consultora international Control Risk. Este indicador se suma a los esfuerzos existentes para medir la corrupción que, a diferencia del Índice de Percepción de la Corrupción, utiliza una metodología híbrida. Es decir, no se limita únicamente a variables de percepción, sino que incluye variables concretas acerca del desarrollo institucional de cada país.

No obstante, al revisar a detalle el análisis se puede observar que la variable encargada de evaluar la Movilización de la sociedad civil contra la corrupción tiene la calificación más alta (8). Esto nos obliga a preguntarnos, ¿si tenemos una sociedad civil con una calificación aprobatoria, por qué reprobamos como país?

Esto sucede porque las variables que miden la capacidad legal y la democracia obtuvieron calificaciones por debajo de 5, lo que quiere decir que México carece de instituciones sólidas capaces de combatir la corrupción. Para enfrentar este problema, la estrategia debería enfocarse en fortalecer a las instituciones que den cumplimiento a las reformas constitucionales en materia anticorrupción de 2016.

La política anticorrupción actual resulta contradictoria ya que está basada en medidas de austeridad y recortes presupuestarios que han vulnerado la continuidad de las actividades de instituciones clave en el combate, en lugar de invertir en la solución de este problema.

Aunque desde la campaña presidencial la actual Administración ha manifestado que el combate a la corrupción es una de sus prioridades, estas intenciones no se reflejan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, en donde hay una caída del 12 % en el presupuesto asignado a las principales instituciones y unidades que se encargan de combatir la corrupción, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, entre otros.

La siguiente gráfica, que toma como base el año 2015, registra el mayor crecimiento del presupuesto para el combate a la corrupción en el PEF 2018, con un aumento del 11%. Este incremento tenía el objetivo de consolidar instituciones y fortalecer la cooperación entre ellas, lo cual no tiene continuidad presupuestal en 2019.

Combatir la corrupción, además de voluntad política, requiere de presupuesto suficiente, de autonomía y de garantizar que los esfuerzos de la sociedad civil realizados para el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sean respetados. El SNA debe ser considerado de nuevo como la plataforma que genere puentes institucionales entre el Gobierno y la ciudadanía para combatir la corrupción.

De lo contrario, se estaría poniendo en riesgo la buena calificación obtenida en la variable Movilización de la sociedad civil contra la corrupción, sin corregir o mejorar los aspectos en los que se reprueba. ( Rebeca Paredes (@Rebeca_Paredes) )

Editorial…

El negocio fifí

         No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador acude a la Convención Nacional Bancaria. En alguna ocasión, como candidato, se abstuvo, pero el año pasado lo hizo con una presentación que fue importante para proyectar certeza. Hoy lo hace por primera vez como presidente.

         No hay negocio más fifí que la banca. Tampoco hay una actividad cuyas características y necesidades sean tan poco comprendidas por los políticos.

         López Obrador ha mostrado más cautela en su trato con la banca de lo que muchos esperaban, pero otros miembros de Morena no han tenido esa inteligencia. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del partido, propuso prohibir el cobro de varios tipos de comisiones, lo que produjo un desplome de las acciones de los bancos en la bolsa. El presidente, en cambio, se ha negado a seguir el camino populista. En repetidas ocasiones ha declarado que no aceptará la propuesta de Monreal ni ninguna parecida. “Vamos a ir viendo que pasa con las comisiones -declaró este 19 de marzo–. Que sea a través de la competencia y que no enviemos ninguna iniciativa con ese propósito. No queremos inestabilidad.”

         Parte del problema es que los políticos no entienden el delicado negocio de la banca. Según Monreal, “son un abuso cercano a la usura las comisiones bancarias y los intereses que se cobran a usuarios en México”. La afirmación es muestra de ignorancia. La comisión que más se cuestiona a los bancos es la de retiro de dinero de cajeros automáticos, pero el costo promedio en México es de 25 a 30 pesos mientras que en Estados Unidos o Europa se eleva a tres dólares o tres euros, alrededor de 60 pesos.

         ¿Por qué piensa Monreal que son más altas las comisiones en México? En sus argumentos citó un estudio de la Condusef que señala que el porcentaje de las utilidades bancarias que procede de comisiones es mayor en México que en otros países. Pero esto es consecuencia de que el negocio bancario tradicional, tanto en captación como en crédito, es muy superior en otros países por lo que un menor porcentaje de los beneficios de los bancos proceden de las comisiones. La solución no es prohibir o limitar las comisiones bancarias, sino promover una mayor bancarización en México.

         La prohibición o limitación de las comisiones afectaría más a los más pobres. Un cajero automático puede costar entre 2,200 y 15,200 dólares en Estados Unidos (priceithere.com). A esto hay que añadir los costos de instalación y mantenimiento, que en México se elevan por el vandalismo. Los bancos van a mantener siempre cajeros automáticos en zonas prósperas, pero dejarán de tenerlos en los lugares más pobres si no tienen forma de volverlos rentables. La principal consecuencia de la iniciativa de Monreal sería dejar a los pobres sin cajeros y quizá sin otros servicios bancarios. Lo mismo ocurriría si se aplican controles gubernamentales a las tasas de interés: los créditos más riesgosos y más pequeños desaparecerían.

         El presidente ha entendido el problema y ha anunciado que no va a intervenir en la operación de los bancos. Necesita una banca vigorosa y rentable para cumplir con su compromiso de impulsar un crecimiento económico de 4 por ciento anual. Lo peor para eso sería que la banca redujera créditos por una política gubernamental que castigara sus ingresos.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Desde febrero de este año, cuando el Juez Cogan declaró culpable de 12 cargos criminales a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, se esperaba su sentencia definitiva por un jurado que se alzó en Nueva York para deliberar, y que ayer dictó una sentencia de por vida para el sinaloense, más 30 años adicionales de manera simbólica.

Aún no se sabe a dónde irá el Chapo a purgar su condena perpetua, pero lo más seguro es que vaya a donde está Ociel Cárdenas Guillén y Juan García Ábrego, ambos jefes del Cartel del Golfo, de cual surgieron otras organizaciones como Los Zetas.

No sé si los mexicanos sufran el síndrome de Estocolmo, que se imputa a víctimas que terminan amando a sus victimarios, pero a la mayoría de la gente en este país le pesó esta sentencia, sobre todo porque el juicio fue a todas luces injusto.

¿Por qué se dice eso? Porque si hubiera sido justo, en este momento estarían siendo sentenciados también junto con el Chapo Guzmán, funcionarios y jefes policiacos que lo protegieron durante los 30 años que duró su carrera delictiva, desde 1989 a la fecha. Y no sólo eso, sino que también se sirvieron de sus ganancias, pues lo poco que se supo durante el juicio es que el Cartel de Sinaloa, del cual El Chapo era líder, financió la campaña por la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, así como también le dio dinero a Felipe Calderón.

Entonces, si fue así, ¿por qué Peña Nieto está de fiesta permanente en España, y por qué Felipe Calderón anda en México como Juan por su casa, construyendo incluso un nuevo partido político junto con la mustia de su mujer, Margarita Zavala?

De haberse hecho justicia en el caso del Chapo Guzmán, por lo menos tres ex presidentes de la República Mexicana (incluido Vicente Fox, el que lo sacó de la cárcel de Puente Grande, Jalisco), estarían camino a ir a la máxima cárcel de seguridad que jamás se haya construido en la historia de la humanidad, conocida como la Súper Max, donde nunca el capo sinaloense verá el sol ni hablará con ningún ser querido o amigo hasta su muerte.

Esto sin contar a generales, coroneles, mayores, capitanes, los secretarios de seguridad pública federal y estatales, fiscales, jueces, comandantes…empresarios, prestanombres, banqueros que le ayudaron a lavar dinero, etcétera.

Por eso ese juicio, considerado “el juicio del siglo”, deja un mal sabor de boca a los mexicanos, porque de verdad fue un juicio desigual. Lo que se quería era callarle la boca al hombre que durante 30 años fue protegido del sistema, y al cual él mismo financió con hartos recursos.

Jamás El Chapo hubiese perdurado tanto en este país, si su organización no hubiese embarrado las manos de miles y miles de personas, todas vinculadas al poder, que lo protegían.

Lo que es más, analistas conocedores del teje y maneje del narco en este país, afirman que El Chapo no es Joaquín Guzmán Loera; que él solamente es la cara visible de una organización criminal de alcance mundial, que involucra a mucha gente de varios países, incluido Estados Unidos.

Por eso su juicio, del que se esperaba muchísimo, fue de caricatura. Solamente trascendieron algunas cosillas, pero nada de riesgo para la clase política putrefacta que durante 30 años ha hecho del narcotráfico y de la venta de armas un segundo frente de guerra en el planeta.

¿Qué se logró después de la sentencia del Chapo? Nada. En México, la matanza sigue, la entrada ilegal de armas desde Estados Unidos también. Los de arriba ganan y los de abajo ponen los muertos. Y asunto arreglado.

En resumen, el juicio del siglo a Joaquín Guzmán Loera fue un fraude para los mexicanos en particular, pero también para el mundo en general.

La defensa apelará la sentencia perpetua, pero todos sabemos que eso es un mero trámite. Hay muchos que quieren al Chapo en el Alcatraz de las Montañas Rocallosas, hasta su muerte, donde estará acompañando a terroristas miembros de Al Qaeda, Unabomber y otros lengendarios mercenarios internacionales.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Morena: defender lo indefendible

Dirigentes: PRD vivito y coleando

“El poder lo cambia todo hasta el punto de que resulta difícil decir quiénes son los héroes y quienes los malvados”: Libba Bray.

Mis estimados, en pocas palabras el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, defendió con uñas y dientes a los legisladores morenista integrantes del Congreso local de Baja California, en relación a la ampliación del periodo del gobernador electo de esa entidad, Jaime Bonilla, y responsabilizo de la dichosa reforma a los legisladores locales del PRI y del PAN.

Y esto es cierto, que los legisladores del PAN son mayoría en el Congreso de esa entidad; sin embargo, el de la idea de ampliar el periodo del gobernador electo fue el diputado de Morena, Víctor Morán, con el argumento de que un periodo de dos 2 años sólo genera gastos al erario, mientras que un periodo de 5 años beneficiaría la economía local. ¿Qué tal?

Entonces, como dicen en mi rancho, que me pongan donde hay, de lo demás yo me encargo. Jojojo. De tontos no tienen un pelo los legisladores de Morena; que se hagan, es otra cosa. Ellos propusieron la reforma constitucional, que fue aprobada con el apoyo de la mayoría panista y priísta, así como del resto de los partidos enanos, y eso es infracción a la ley, porque dice un dicho popular que tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata.

Aunque diga Mario Delgado que le llama la atención que no aprobó la reforma una mayoría morenista, y que se le hace sospechoso el tema de la reforma, lo cierto es que la aprobaron. Pero como en México todo se vale, no va  a pasar nada, pues dejó bien claro el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, que no procedería una desaparición de poderes en Baja California.

Dijo que toca a la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia de Morena determinar si los diputados morenistas podrían ser sancionados.

Pero no va a pasar nada en ese Congreso, pues no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ayer estuvo el diputado federal Mario Delgado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo más seguro que van a pasar por alto la infracción del Congreso local de Baja California. Y de hecho la sugerencia de Mario Delgado lleva esa dirección, al mencionar que en la parte jurídica se deberá determinar si la ampliación del periodo de gobierno es legal, ya que en la parte política sí es condenable que haya una reforma donde hay un claro beneficiario. “Claro que es grave porque es una reforma que tiene un claro beneficiario”, recalcó. Y entonces, ¿qué esperan para actuar?

No obstante, el diputado federal buscó los medios para justificar la ineptitud de los diputados morenistas; culpó a los diputados locales del PRI y PRD, pero ellos también votaron la reforma y ya todos sabemos que lo hicieron por dinero, no porque los obligaron.

A estas alturas no hay justificación que valga. Cada error trae sus consecuencias y los diputados morenistas tienen que asumirlas. El error del Congreso local de Baja California lo tomaron los dirigentes del PRD como una afrenta a la política; y en la plenaria del partido en las cámaras de Diputados y Senado de la República, llamaron a promover juicio político contra los 21 diputados locales bajacalifornianos, así como la desaparición del Congreso local y alcaldes que violaron la Constitución en esa entidad.

Además, pidieron iniciar por todas las vías la acción de inconstitucionalidad y un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la ciudadanía votó por un gobierno de dos años.

¡Vaya!, revivieron los dirigentes del PRD; estaban extintos, pero con la falla del Congreso bajacaliforniano revivieron y divisaron más cerca el 2021, pues ellos creen que pueden hacer alianza con Morena para recuperar espacios en los congresos.

Por ejemplo, los dirigentes del PRD presumen que el Sol Azteca en Guerrero ganó la mayoría de Municipios y eso los mantiene vivitos y coleando. Según ellos, claro, pero lo cierto es que la militancia perredistas está muy lejos de la casa del PRD. Otros andan con medio cuerpo en Morena y otros de cuerpo completo ya están en el partido lópezobradorista.

Varias de las cabezas de grupo del PRD se fueron a Morena y otros coquetean de lejecitos y mandan a su gente de oídas para medir el agua a los camotes; inclusive, algunos personajes que ostentaron cargos de primer nivel en el estado de Guerrero andan practicando el amor al prójimo, para tener acceso al cuadro de primores.

Pero no todos van a ser aceptados en Morena. Recuerden que el dueño de Morena le abrió las cuatro puertas a la militancia perredista, incluidos los dirigentes, en el Estado de México, pero les aclaró que la adhesión era antes de la elección. “Si no vienen ahora, nunca más entrarán en alianza con Morena”. Y no le hicieron caso, entonces ganó el primo de Peña Nieto esa gubernatura, y la perdió la candidata morenista, la profesora Delfina. Digo, les recuerdo esto porque creo ya se les olvidó, pues algunos perredistas andan bien desesperados buscando alianzas con Morena.

En Guerrero, por ejemplo, en los municipios más grandes del estado como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo, los morenos de plano nada quieren con los perredistas; hasta la amistad perdieron algunos que eran amigos de años, pues los morenos se creyeron bien eso de que son los únicos honrados del planeta, y no quieren saber de los perredistas. Y peor que se dice que el PRIMOR es una realidad en Guerrero.

Lo cierto es que Morena nada quiere con el PRD y menos alianzas con ellos. Por eso el diputado federal, Raymundo García, con dolor de su corazón dijo que no van a seguir llorándole a Morena, que para el proceso electoral a gobernador del 2021 ellos piensan construir una alianza con otros partidos de izquierda, incluso -dijo- con el PRI y el PAN. Jojojo.

Aunque de inmediato reculó el diputado federal y explicó que a algunos de los actores políticos del PRD no les parece la alianza con el PRIANISMO, que indican que deben ser con partidos de izquierda, que seguirán buscando a Morena. Pero los morenos les hacen fuchi, y son necios los amarillos les gusta la mala vida. Morena jamás les va abrir las puertas y eso lo decidió el dueño del partido.

Sin embargo, así como están partiendo personajes del PRD rumbo a Morena, así son bien recibidos; pueden irse todos si quieren, pues eso también lo dijo en su momento el dueño de Morena, que su alianza sería con las bases, no con las cúpulas.

Por cierto, del municipio de Zihuatanejo ya casi todos los del PRD se fueron a Morena. Circula en redes una foto donde aparecen personajes muy conocidos del puerto en una asamblea de Morena. Y lo que más inquieta es que asistan a reuniones de ese partido personajes del grupo de dos ex presidente de Zihuatanejo: don Amador Campos Aburto y de Gustavo García Bello.

Incluso se dice en los corrillos del puerto que de reelegirse el presidente Jorge Sánchez Allec, Morena prepara una alianza mortífera. Por ejemplo, trascendió que dijo Leticia Rodríguez, delegada de Morena en el municipio de Zihuatanejo, quiere ser de nuevo candidata de no dejarla a ella como aspirante por Morena a la presidencia de Zihuatanejo, prefiere que sea uno de la sociedad civil y no los que están en lista de espera en el partido. Y de que llegue a jugar la presidencia del puerto un ex alcalde arribista mejor uno de la sociedad civil, que puede ganar. ¡Ajúa!,¡Que viva México cuarones!.. ¡ah, ¿no, verdad?… perdonen, ¡que viva la política mexicana!

Neta, que no creo en tanto cinismo, pero es política, pues, y todo se vale.

Cabe destacar, que Leticia Rodríguez jugó la presidencia en la elección pasada, y también fue muy criticada su participación, pues todos sabían que Lety perdería, ya que no tiene suficiente capital político. Incluso, su nombramiento fraccionó a Morena en el municipio de Zihuatanejo, y hasta ahora se mantiene dividido el partido. Existe gran división en Morena; tal vez por eso la delegada Leticia rodríguez se pone el guarache antes de espinarse, y dice que sean otros los candidatos, menos los que le han hecho la vida imposible.

Muy a pesar que son pocos los morenos, no se comen entre ellos, ni ceden espacios; todos quieren ser generales, ninguno quieres ser soldado, mismo problema que pasó en el PRD y que los llevó la desgracia.

Aunque algunos perredistas en Zihuatanejo se mantienen fieles al sol azteca y luchan por unir al partido, ellos apuestan a que en las futuras elecciones la gente votará por el mono no por el partido, y a eso le apuestan los perredistas Luciano Pineda Quiroz y Arturo Arzeta Serna. Ambos son personajes que vienen trabajando por la unidad del partido, para lograr posicionarse para el 2021.

Se ve muy difícil que puedan levantar al partido porque a nivel estatal le han dado muchas vueltas y a la fecha no logran recuperarse de la estrepitosa derrota de la pasada elección. Siguen pazguatos los perredistas peleando el cascarón del partido. Apenas aprobaron la convocatoria para celebrar el XVI Congreso Nacional Extraordinario, que se realizará del 30 de agosto al 1 de septiembre del presente año. En ese congreso van a dar línea política para el 2021. ¡Hágame usted el frabrón cabor, caro lector! De plano no aprenden los perredistas. Ahí mismo van a apuntar con el dedo meñique quiénes dirigirán el partido a nivel nacional, estatal y municipales, en noviembre que tienen su asamblea, porque eso sí lo aprendieron bien al tricolor. Jejeje.

Archivos

Sergio Aguayo

Andrés Manuel López Obrador nos promete acervos capaces de iluminar miles de comisiones de la verdad. Para hacer factible la esperanza, sólo falta que resuelvan ambigüedades y otorguen presupuestos.

Los archivos son el acceso más seguro a la verdad y a la justicia. En México, esta vía corta se ha hecho interminable por la bipolaridad de quienes gobiernan: presumen su amor por el conocimiento y sus grados académicos -algunos inventados- pero ocultan los expedientes probatorios de violaciones a derechos, abusos de autoridad y corrupciones. Pese a todo, hemos avanzado.

En 1982 la transparencia llegó gracias a un descuido. Resulta que la Secretaría de Gobernación entregó al Archivo General de la Nación (AGN) 2,920 cajas de documentos, pero los estibadores se equivocaron y, entre ellos, iban expedientes de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Como nadie se percató del error, las cajas quedaron a disposición del AGN que sepultó la información por más de una década.

En 1993 el secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, declaró que los acervos debían abrirse a los 30 años. La opinión carecía de sustento legal, pero como nadie la contradijo, Patricia Galeana, entonces directora del AGN, abrió el Fondo Gobernación; el material ha sido determinante para un buen número de investigaciones.

Otro momento fue la recuperación del riquísimo archivo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que cubre de 1947 a 1985. Se salvó porque quien lo organizó, el agente de la DFS, Vicente Capella, defendió su integridad. Me enteré de su existencia por los diálogos con Jorge Carrillo Olea y el grupo con el cual construyó el Cisen. En 1999, cuando parecía posible la victoria de Vicente Fox, me autorizaron a consultarlo. También informé a Adolfo Aguilar Zinser de su existencia y él convenció a Fox de abrir las 4,223 cajas que se depositarían en el AGN. 

Así pues, la batalla por la información tiene una historia resumible en tres generalizaciones: a) empleados públicos anónimos, mal pagados y menospreciados que salvaron para el país cantidades enormes de información; b) funcionarios de diferente ideología que lograron abrir a consulta diversas colecciones; y, c) académicos mexicanos y extranjeros que cumplieron, usando esos fondos para reescribir y reinterpretar la historia del siglo XX. El conocimiento es columna de transformaciones; una de ellas es la victoria de Andrés Manuel López Obrador que construye sobre terrenos desmontados por otros.

El 28 de febrero apareció un decreto presidencial que ordena una apertura sin precedentes. López Obrador ordena a todas “las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal” que transfieran “al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.

Es una lástima que sea un decreto plagado de ambigüedades y vaguedades, sin propuestas sobre cómo se van a resolver las contradicciones con la normatividad existente. El organismo de la sociedad civil, Artículo 19, ya sacó un boletín con señalamientos y recomendaciones. Sería deseable que lo atienda el doctor Carlos Ruiz Abreu, director del AGN, cuyas dotes profesionales no incluyen, que yo sepa, la capacidad de hacer milagros.

Uno de ellos sería rescatar de algún archivo la fórmula alquimista para transformar el smog capitalino en oro, porque el presupuesto del AGN es insuficiente. El decreto promete que las “erogaciones” que cause “se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 al Archivo General de la Nación”. Lo asignado para este año es ridículo: 83 millones; 11 millones más que en 2018. Si a la promoción del beisbol le dedicarán 350 millones, es obvio que el conocimiento no es prioridad de la Cuarta Transformación.

El Presidente tiene buenas intenciones e intuiciones. El decreto podría ser muy positivo si deja de ser un compendio de buenos deseos. Por ahora es una promesa, otra más.

Editorial

El respaldo de la resistencia

Esa unanimidad de 127 votos en el Senado de la República -faltó una sola senadora-, en un marco en que menudean las acusaciones de autoritarismo sobre la nueva fuerza dominante en el país, esa unanimidad debe ser valorada, encomiada y puesta como ejemplo de un ejercicio de democracia genuina, esa que en México apenas está rebasando el ámbito aspiracional.

Artífice de esa unanimidad es un político para mí inconfiable por sus antecedentes que incluyen maletas con dinero sospechoso y por su actualidad que posee una atmósfera caciquil en Zacatecas, donde parientes y aliados políticos suyos controlan importantes puestos públicos. Sin embargo, la labor negociadora de Ricardo Monreal brilló con intensidad en esta coyuntura. Y por supuesto, halló voluntades semejantes entre sus copartidarios, destacadamente en el presidente del Senado, Martí Batres, y entre los opositores como los Migueles Osorio Chong y Mancera. Dicho sea esto, sin dejar de reconocer la valiosa aportación de la sociedad civil (no muy querida por AMLO, pero necesaria y útil), en particular las organizaciones nucleadas en #SeguridadSinGuerra.

En ese episodio que ya está en los anales legislativos, los senadores dieron una muestra palmaria de lo que suele decirse más con tintes retóricos que factuales: las minorías también gobiernan. Por lo general, el acuerdo legítimo suele dar mejores resultados que las imposiciones, mayoriteos y el quid pro quo inconfesable.

Cierto que la Guardia Nacional es una riesgosa apuesta para el gobierno. Cierto que se precisa no bajar la guardia y cuidar que las leyes secundarias estén a tono con la reforma constitucional. Cierto que tendremos a militares actuando como policías (si bien con entrenamiento civil, particularmente en derechos humanos) y ello conlleva riesgos para la sociedad.

Todo ello es cierto, pero cierto es también que, en menos de tres meses de ejercicio del poder, Andrés Manuel López Obrador ha sacudido al país y, con sus exigencias de templanza y su ejemplo de rectitud personal, está creando una tendencia a la austeridad y al manejo limpio de fondos públicos que ya hacía falta en México, inmerso -sin hipérbole- en un mar de corrupción cuya marea encrespada parece -parece- tener como destino el reflujo. Habrá que ver si la pleamar se consuma.

Mientras muchos celebraban la unanimidad senatorial, saltó a la palestra -en una de las frecuentes primicias de Reforma- la conformación de un frente para hacerle contrapeso al gobierno y a la potente Presidencia de AMLO, de creciente popularidad. Hay quienes ven en este frente plural la reproducción del que apoyó a Ricardo Anaya en 2018, e incluso como temprana plataforma para una eventual candidatura presidencial de Javier Corral Jurado, el gobernador de Chihuahua que desde tiempo atrás libra una batalla político-jurídica para que la impunidad no acompañe al ex gobernador César Duarte y quien, además, ha puesto en evidencia el financiamiento ilegal a las campañas del PRI en varios estados.

Ambas cosas son válidas, si bien es deseable que los trabajos del frente se orienten al diálogo y al planteamiento de opciones, sin anticipar tiempos. Se precisa trabajar genuinamente por el país, lo cual supone discrepar, sí, pero también coincidir. Y no olvidar lo que Fernando Belaunzarán ha advertido: “el déficit de credibilidad que tienen los partidos que acaban de ser castigados en las urnas” (Excélsior, 25/02/19).

El Presidente atribuyó a la desesperación la génesis de ese frente, pero reconoció su derecho a agruparse, aunque le sugirió no hacer el ridículo. Comoquiera, debe ser bienvenido el grupo en el que militan figuras públicas estimables como Tagle, Pastor, Figueroa, Díez, De Swaan, Cárdenas, Basave y Álvarez-I (citados en orden alfabético inverso). Debe ser bienvenido no sólo por los opositores al gobierno, sino incluso por el propio Presidente, quien convendría que viera en las oposiciones (legislativas, partidarias, sociales…) la corporeización de la frase originada en tiempos napoleónicos, como lo escribió recientemente Rogelio Muñiz Toledo: Lo que resiste apoya.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer su desacuerdo con que tome de nuevo las armas el fundador de los Grupos de Autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora, quien el pasado lunes anunció que se alzaría nuevamente en armas, argumentando que la seguridad en el país está peor que nunca.

“No estamos porque haya ciudadanos que ocupen esa función que no les corresponde; no le corresponde a las personas garantizar la seguridad pública, es una responsabilidad del Estado Mexicano”, dijo el mandatario en

“Le informo al gobierno federal y estatal, que desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola, y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinar, porque vivo ni a la cárcel me llevarán, ni me desarmarán”, publicó en sus redes sociales.

También el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, reaccionó de inmediato a esto que llamó una provocación, y señaló que su gobierno no tolerará que los civiles vuelvan a armarse.

En el vecino estado, recordaremos que las autodefensas que se alzaron en la zona sobre todo de la Tierra Caliente michoacana, abarcando amplios territorios, terminaron e enfrentadas entre sí. Algunas incluso pactaron con el gobierno un falso desarme, mientras que el médico José Manuel Mireles fue encarcelado. Para detener a Mireles, el gobierno le tendió una celada y lo acusó de delitos graves para mantenerlo en penales de alta seguridad, mientras que en Michoacán se pactaba una paz ficticia, con la intervención directa del gobierno de Enrique Peña Nieto a través de un delegado especial, Alfredo Castillo, personajes que en realidad fue el poder tras el trono del podrido gobierno de Fausto Vallejo.

Castillo llegó con amplias facultades a Michoacán, en febrero de 2014, y en un mes ya había logrado reunir a todas las falanges de las autodefensas, con excepción de El Abuelo, Juan José Farías, uno de los creadores de las autodefensas de Tepalcatepec junto con Mireles, y señalado por el Ejército como miembro de un cártel.

Mucho se ha dicho que en materia de autodefensas todo se enturbia, pues la línea que separa a estos grupos de las bandas criminales es a veces muy difusa. Y así debe ser, porque estos grupos armados, al igual que los grupos delincuenciales que supuestamente persiguen, se mueven en el terreno de la ilegalidad, y actúan por encima de las autoridades locales.

A diferencia de lo que sucede en Guerrero, las autodefensas de Michoacán no quieren tratos con el gobierno de ninguna índole. Aquí, la CRAC-PC y la UPOEG, las dos principales fuerzas comunitarias y ciudadanas de la entidad, han logrado coordinar esfuerzos con el gobierno estatal, al grado de que tienen convenios con el Ministerio Público para transferir a los presos que reclama la justicia formal y que no puedan juzgar con base en los usos y costumbres indígenas.

En Michoacán, en cambio, los modelos de autodefensa que se retomaron no están regulados por nada, mucho menos por las asambleas de las comunidades, y lo que existe son gavillas de hombres armados que se mueven al garete, o bajo algún liderazgo local que puede hacer lo que le viene en gana.

Muchos han considerado que estas fuerzas ciudadanas y comunitarias pueden ser utilizadas en apoyo de la Guardia Nacional. De hecho, tanto la UPOEG como la CRAC-PC han manifestado su disposición para coordinarse con la Guardia, pero eso también implica que se sujeten a lineamientos mínimos, como el que se tengan reglamentos básicos mínimos, que a su vez sean sancionados por las asambleas de los pueblos. En cambio en Michoacán el asunto está verdaderamente disparejo.

Lo único bueno que derivó del Plan Michoacán, con Alfredo Castillo al frente, es que se concretaron acciones integrales de desarrollo para Michoacán. Fueron en total 206 acciones, proyectos y obras de infraestructura que permitieron destensar el clima de violencia, marginación y atraso en las zonas infestadas de delincuentes y también de autodefensas.

Nos preguntamos si un plan así necesita Guerrero, o si bastará con la presencia de la Guardia Nacional para cumplir metas de paz y desarrollo.

Según el gobernador, el índice de homicidios violentos sigue bajando y ya no somos el estado número 1 en este renglón. Poco a poco, Guerrero se aleja de las estadísticas negras; pero de ahí a que podamos cantar victoria, estamos lejos.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

*Diputados de Baja California violaron la Constitución

*Exigen desaparición de poderes en esa entidad

“Las layes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”: Honoré de Balzac.

Parece que fue ayer, mis estimados, cuando Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo en Baja California, por la coalición Juntos Haremos Historia, festejaba eufórico la conquista de esa entidad, mayormente porque le arrebató al panismo el estado que había gobernado por más de 30 años.

El festejo se prolongó por varias horas de pachangas y discursos alegres; incluso, el ganador morenista Jaime Bonilla Valdez, aseguró en esa ocasión que al momento del tomar el cargo (cosa que ocurrirá en noviembre próximo), acabaría con el grave problema de corrupción que había en esa entidad, “pues la gente pedía a gritos un cambio, ya no nada más de gobierno y de partido, sino de régimen y creemos que nuestro proyecto de gobierno les ha gustado”, dijo.

Sin embargo, y como las palabras se las lleva el viento, hoy el gobernador electo de Morena está involucrado junto con los miembros del Congreso local de Baja California (por cierto de mayoría panista) en problemas graves de corrupción, ya que los legisladores aprobaron al vapor y por la vía fast track una reforma constitucional a modo, para que el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, gobierne cinco años y no dos, como estipula la Constitución de esa entidad federativa que fue recientemente reformada.

Y es que recordemos que el estado de Baja California modificó su constitución para empatar la elección de gobernador con las elecciones legislativas federales de 2021, tal como ocurrió en Guerrero con el periodo 2011-2015, en que el gobernador Ángel Aguirre fue electo sólo para un periodo de 4 años.

Por lo tanto, Bonilla sólo fue electo para 2 años, tiempo en el cual no podrá hacer prácticamente nada, salvo nadar de a muertito, mientras se preparan los siguientes comicios.

Entonces, los legisladores bajacalifornianos simplemente se pusieron a reformar nuevamente la Constitución estatal, para ampliar el periodo del gobernador electo el 2 de junio pasado y que todavía ni siquiera toma posesión.

¿Qué principio se viola aquí? Según los conocedores, el debate radica en que Bonilla fue electo sólo para un periodo de 2 años, y que ya no valen ampliaciones de ninguna índole, pues los electores, al momento de acudir a las urnas, sabían que estaban eligiendo a un gobernador por 2 años, y no por 5 o 6.

Semejante decisión tiene a Bonilla y a los diputados –que insisto son mayoritariamente de oposición, pues sólo 3 son de Morena- en el filo de la navaja, y a unos centímetros de quedar fuera de la Gubernatura. Si no reculan, puede ser que Bonilla ni siquiera tome el cargo.

Sin duda el suceso es un manjar exquisito para los acérrimos enemigos políticos de la coalición Juntos Haremos Historia, que tienen todo para vengarse de los puritanos morenos y están más que listos para satisfacerse y se relamen los bigotes para meterle el serrucho a la coalición morenista en Baja California, cercenarlos y dejarlos fuera del gobierno; sin embargo, no olviden que Morena tiene todo a su favor, cuenta con la mayoría del Congreso de la Unión y del Senado, y con la Presidencia de la República; entonces, también puede que le hagan como ellos bien dicen, lo que el viento a Juárez.

Lo bueno que la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar, y bien pronto la vida puso a prueba a Morena, pues ellos siempre han pregonado honestidad y de ser respetuosos del Estado de Derecho, y vean con qué batea de babas salieron en Baja California.

El riesgo que corren es que así como pasaron la prueba el 2 de junio pasado, la sociedad les va agradecer que la ratifiquen, ya que tienen mayoría en el Congreso de la Unión y el Senado, y bien pueden pasar por alto esta violación a la Constitución, o castigar de manera ejemplar al Congreso de Baja California, cuyos integrantes del PAN y del PRI ya enfrentan procesos de expulsión de sus respectivas dirigencias nacionales, para vergüenza de estos nalgas prontas, que seguramente vendieron el voto para hacer realidad esta contra-reforma.

Y es que es fuerte el rumor en el sentido de que los diputados bajacalifornianos fueron comprados, tanto los de Morena como los de la oposición, con 1 millón de dólares por piocha. ¡Chispas! Eso es un dineral que en su vida lo verán juntos. Así que ¿cómo canijos no los iban a convencer para que aprobaran la reforma? Con ese billete verde, hasta mi abuelita la aprueba. ¡Uuufff!, no la chiflen señores diputados, porque es cantada.

Y no crean que es chisme, mis estimados; se escucha recio y quedo en los corrillos de ese Congreso, que es cierto lo del cañonazo de billetes que recibieron los diputados para aprobar dicha reforma, sabiendo que con dinero baila el perro.

Veremos pronto en qué acaba este asunto que, viéndolo bien, es peligroso; y más grave si se hacen ciegos, sordos y mudos y lo dejan pasar, sólo porque Morena es mayoría en el Congreso de la Unión.

Simple, el buen juez por su casa empieza.

Sin duda el castigo debe ser ejemplar, para que no incurran otros en el mismo error. Y si castigan al Congreso de Baja California con la desaparición de poderes, como lo propuso el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (quien manifestó que era gravísima la reforma, porque significa una ruptura con la Federación), será de verdad un acto de justicia, para que se les quite lo mañoso.

Muñoz Ledo, también dijo que pueden proponer otros recursos legales, como la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad.

Sin embargo, el legislador morenista mencionó que para él la solución es la desaparición de poderes en el estado bajacaliforniano. Jojojo.

“Lo estamos estudiando, pero hay que hacerlo”, expuso.

Esto es lo más prudente y sensato que le he escuchado al diputado Porfirio Muñoz Ledo. Ojalá aprueben la desaparición de poderes en Baja California. La prueba es dura, pero Morena debe poner correctivos; de lo contrario, le harán competencia a Pinocho.

En caso de que las cámaras acuerden la desaparición de poderes, Jaime Bonilla Valdez quedaría también inhabilitado para ser gobernador de Baja California.

Y, por otro lado, para no variar, seguimos hablando de Morena, pues también la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), trae en salsa de chile habanero al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por desacato a una orden de la máxima Corte.

El Poder Judicial local acusó ante la Corte que el mandatario morelense (quien es de militancia petista, pero que llegó al poder en alianza con Morena), no trasfirió el total de los recursos para el pago de jubilaciones de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Son 4 millones de pesos de ese gasto, pero el gobernador trasfirió 2 millones de pesos 299 mil 762 pesos, faltando por trasferir 1 millón 919 mil 835 pesos, según el TSJEM.

La Corte le dio un plazo de 10 días hábiles al gobernador morelense para que efectúe el depósito del resto del dinero. De no cumplir con la orden de la Corte a más tardar el 25 de julio, con el pago total requerido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, podría estar en riesgo de que la Corte lo declaré en desacato y resuelva su destitución. ¡Me lleva la que me trajo! 

¿Pero qué les pasa a estos funcionarios? Sabemos que casi todos no pueden controlar el poder que les dieron, y la mayoría andan volando muy alto, no pisan tierra, olvidan que el poder es efímero y no dura para toda la vida. Pero no entienden los políticos y tampoco pueden controlar la soberbia se creen dueños de la verdad absoluta. Algunos ni siquiera sabían qué irían a hacer a los congresos o a los ayuntamientos; sin embargo, están ahí. Desvariando de poder, pero ahí están.

Aún es temprano para saber qué tanto fallamos los mexicanos con el tan anhelado cambio que deseábamos todos. Era necesario un cambio, es cierto, aunque hubiéramos querido que fuera bueno. Es temprano para saberlo, pero no se divisa nada bueno con el gobierno de Morena, más bien el panorama pinta gris y todo indica que los discursos de Morena se quedarán en eso en arengas y promesas.

Pero también la esperanza muere al último, ¿qué no? Jojojo. El cambio es para los valientes, acuérdense, aguanten vara, pues los mexicanos somos aguantadores y resistentes.       

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