Opinion | - Part 263

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Todo incluido amenaza economía local en Ixtapa-Zihuatanejo

“Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”: Joseph Stiglitz.

Todo incluido en paquetes turísticos, mis estimados, es una estrategia comercial que amenaza con la economía local. No sólo está en contra de la industria restaurantera, sino que va en contra de la economía local en general, ya que las tiendas departamentales, mercados de artesanías, bares, discotecas y minisúpers quedan en medio de los paquetes que ofrece el sector hotelero, mediante el cual acaparan todos los servicios.

El todo incluido tiene al borde de la quiebra la economía de estos pequeños empresarios turísticos, y también se suma la pérdida de empleos, pues el plan todo incluido incluye alimentos y bebidas, además de hospedaje.

Incluso hay hoteles que tienen uno o dos restaurantes, así como cuentan con bares, discotecas y mini bares, que la gente puede disfrutar sin salir del complejo turístico.

Adjuntan, además, otros servicios como actividades deportivas y de animación.

Para que me entienda mejor, es una ciudad dentro del complejo turístico que paga el turista mediante un paquete denominado “Viaje Todo Incluido”, mejor conocido como VTP.

Entonces, al contratar estos paquetes, los visitantes ya no consumen nada fuera del hotel, aunque salgan a conocer los puertos.

El todo incluido es un proyecto europeo que en su tiempo resultó exitoso en esas naciones; y lo crearon para dar realce a los destinos turísticos europeos que estaban lejanos de las ciudades, para que fueran de vacaciones turistas de todo el mundo, pues eran pocos los que visitaban esos destinos.

Para eso se organizó ese plan turístico de todo incluido, de modo que los vacacionistas compraban su paquete que incluía todo, ya no gastaban dinero en su trayecto, pues ya incluía todo su paquete, incluso transporte y hasta visitas guiadas a los lugares más importantes.

Aunque es digno de reconocer que el plan tuvo mucho éxito en aquellos destinos turísticos, al grado que lo copiaron otras naciones, entre ellas México, el VTP no deja de tener sus puntos oscuros y un marcado lado negativo.

El primer destino que adoptó el todo incluido fue Cancún; le siguió la Riviera Maya e Islas Mujeres, entre otros. Y finalmente lo adoptaron los destinos tradicionales, como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.

También hay que decir que el todo incluido llevó a la quiebra al comercio local en el puerto de Cancún. Esa es la queja de las cámaras, aunque expertos en la materia señalan que lo que quebró a aquel destino turístico fue la inseguridad y violencia que azota hasta ahora a ese destino del Caribe mexicano.

No obstante, los empresarios y las cámaras de ese puerto culpan al plan todo incluido de convertir al destino de Cancún en un puerto turístico de autocaravanas y baratero, un turismo social que no deja dinero, sólo basura.

Por eso el presidente de la Asociación Civil de Colonos y prestadores de Servicios Turísticos de Playa Las Gatas, Roberto Bustos Olea, así como la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Zihuatanejo, Rebeca Farías Salazar, ya pegaron el grito al cielo.

El primero dijo que el todo incluido los obliga a cobrar consumo mínimo al turista, pues llegan a la playa los vacacionistas y no consumen, pues tienen comida y bebida en el hotel.

Por su parte, Rebeca Farías comenta que llegan a su restaurante turistas que consumen un par de bebidas para estar todo el día en el lugar.

Los dos empresarios, de la Isla y las Gatas, Dos Playas, bellísimas ambas y que todo turista quiere visitar, se quejan de que los visitantes no consumen los platillos fuertes, y que sólo compran un par de refrescos y con eso quieren quedarse en las instalaciones del restaurante todo el día y usar los baños.

Sin embargo, para regular el VTP, antes que quiebre la economía local, la CANARIC principalmente, las Asociaciones de Servicios Turístico y civiles, y hoteleros del centro, tienen que hacer algo.

Incluso los regidores pueden asesorar a los dirigentes de las cámaras para llevar la propuesta a los diputados locales o a la Comisión de Turismo, para que ésta lo plantee al pleno Congreso mediante una iniciativa en la que pidan regular el todo incluido.

Y es que donde se debe regular este plan es el Congreso local. Los diputados locales, a petición de las cámaras, deben actuar. Aquí no tiene que ser el presidente municipal ni el director turismo, sino que se debe organizar toda la industria turística, los presidentes de las cámaras junto con sus agremiados, debe juntarse y actuar unidos para defender su chuleta.

En Ixtapa puede que no sea difícil pues son pocos hoteles y pueden regularlos, de manera que queden ajustados con un porcentaje que no pase, por ejemplo, de un 35 por ciento de la oferta hotelera total del destino turístico, bajo la modalidad de VTP.

Esto en Ixtapa, porque es chico. Pero no se puede pedir lo mismo al destino turístico de Acapulco, donde ya no es secreto que ese plan de todo incluido, junto con la inseguridad y violencia, acabaron con el puerto acapulqueño tradicional. Y hoy mantiene a Acapulco el otro destino turístico denominado Punta Diamante.

Por cierto, el secretario de Gobierno, Floreció Salazar Adame, se dio una agarrada en redes sociales con el ex candidato presidencial por Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, quien se puso a decir que los guerrerenses acabaron con Acapulco, como principal polo turístico de Guerrero.

Quadri de la Torre público también a través de su cuenta de Twitter una crítica al gobierno de Oaxaca por el corredor turístico de Puerto Ángel-Zipolite-Mazunte y se refirió de mala manera a Guerrero.

En su publicación, Gabriel Quadri sostuvo que si Oaxaca “no cuida, invierte, y ofrece infraestructura, servicios públicos, regulación e imagen urbana, matarán a una potencialmente muy productiva gallina de los huevos de oro en el corredor Puerto Ángel- Zipolite-Mazunte, igual que los guerrerenses acabaron con Acapulco”.

Por esa publicación, Salazar Adame le contestó a quien fuera candidato presidencial de Nueva Alianza en las elecciones de 2006: “Acapulco (como puerto turístico) cumplió su ciclo. Por eso el gobernador (José Francisco) Ruiz Massieu impulsó el desarrollo de Punta Diamante y la (construcción de la) Autopista del Sol”. Para ponerlo al día y atraer turismo por carretera del centro de país.

Y el Quadri se rajó, ya no contestó el hijo la guayaba podrida. Si no ayudan a Guerrero, que no afecten.

Seguimos con el tema; decíamos que por el turismo como principal fuente la economía del estado de Guerrero, se mantiene a flote; y la entidad se encuentra entre los estados que registran mayor crecimiento económico. Es precisamente el sector turístico y la minería, así como otras pequeñas industrias, lo que está impulsando y apoyando al crecimiento económico del estado de Guerrero.

No obstante, el gobierno estatal también debe cuidar la productividad primaria, como la agricultura, ganadería, pesca y apicultura, que son actividades que también le dan identidad al estado suriano.

Es cierto que el mayor crecimiento económico al estado de Guerrero proviene del área turística de Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco y Taxco, y se debe a la disposición del gobernador Héctor Astudillo Flores, pues invirtió en infraestructura en estos destinos para que se lograra el acenso económico en esa materia.

Incluso Ixtapa-Zihuatanejo ha recibido apoyos económicos del mandatario estatal, por conducto del presidente Jorge Sánchez, como nunca otro gobernador había otorgado.

Sin embargo, falta mucho al estado, sobre todo porque falta vestir de atractivos turísticos a Ixtapa y éste es un reto que tiene la autoridad municipal. Y no solo ellos, sino que deben unir esfuerzos tanto los dirigentes de las cámaras, regidores y diputados para que en materia turística Ixtapa-Zihuatanejo siga registrando un crecimiento sostenido.

Difiero, sin embargo, en lo dicho por la presidenta de la Canirac, Rebeca Farías, cuando dice que las campañas de promoción turística no están atrayendo turismo de alto poder adquisitivo, “que llegan turistas que en lugar de dejar derrama económica, dejan basura; ahora ya ni siquiera consumen en los establecimientos”.

Sin embargo, nadie puede negar la entrada a los turistas a la playa.Tienen razón los empresarios al quejarse de que el turista deja basura regada en la playa, eso es verdad; y en ese punto, es el municipio el que debe tomar medidas enérgicas para seguir prohibiendo el ingreso a las playas de material contaminante como el unicel y plásticos.

Editorial

Los rescoldos del peñismo

Desde que era presidente electo y luego ya en funciones Andrés Manuel López Obrador propuso un punto final con el pasado corrupto para no entramparse en litigios engorrosos y entorpecer su propuesta de la Cuarta Transformación basada en la austeridad y, paradójicamente, en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la necesidad de mandar un mensaje contra la impunidad y la necesidad de mantener la aprobación ciudadana se le sobrepuso y ahora una vez más son retomados los casos de corrupción de Emilio Lozoya y Rosario Robles que son los rescoldos vivos de una administración que hizo de la corrupción un privilegio y una virtud pública del poder.

El gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo en la avaricia irrefrenable una característica muy particular del grupo político del Estado de México al que pertenece, conocido como el Grupo Atlacomulco, pueblo en el que nacieron varios de los fundadores de la corriente política del PRI que aún se mantiene viva con el gobernador Alfredo del Mazo.

Esta avaricia por el dinero y el poder, que no tuvo freno desde antes de que llegara a Los Pinos, se extendió desde lo más alto de la presidencia de Peña Nieto hasta los niveles burocráticos más bajos donde la famosa “mordida” se hizo parte de los trámites oficiales que se aceleraban o se atoraban si no se ofrecía dinero al funcionario en turno.

A pesar de que López Obrador quiso aplazar la exigencia social de que se aplique la justicia a los casos de corrupción del pasado como parte esencial de un cambio de gobierno, las pruebas cada vez más evidentes de desvío millonario del presupuesto público de personajes como Lozoya y Robles, y de otros como Carlos Romero Deschamps y Gerardo Ruíz Esparza, han empujado al gobierno actual a dar pasos que estaba obligado a dar para responder al reclamo social de justicia.

“No voy a proteger a nadie” ha dicho ahora López Obrador al referirse a estos casos de corrupción que llevan como título “la Estafa Maestra” y “Odebrecht” y que tienen alcances internacionales pues tanto Lozoya como Robles salieron del país para evitar cualquier detención.

Un cambio de régimen como lo propone López Obrador pasa necesariamente por actos de justicia y, sobre todo, aplicar la ley a quienes la violaron en el pasado protegidos por el poder presidencial.

No se puede entender un cambio de régimen si no se aplica la justicia y esta debe llegar hasta los más altos niveles. Esto es, hasta Enrique Peña Nieto, que encabezó uno de los gobiernos más corruptos en la historia del país.

No se trata de una “cacería de brujas” y menos de venganzas políticas como ya acusan los peñistas, sino simplemente de cortar de tajo cualquier viso de impunidad que ha sido otros de los graves problemas del país porque genera más corrupción, violencia e injusticia.

Estos rescoldos de la corrupción peñista siguen vivos y pueden revivir en otros personajes políticos formando una nueva cadena o red si no se desmiembra llevando a tribunales y castigando a quienes cometieron abusos aprovechando su posición dentro del poder público.

Nuevo pasatiempo…

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Tenemos buenas noticias los mexicanos que somos contribuyentes; es decir, los que a diferencia de los que evaden impuestos, cumplimos queramos o no con nuestras obligaciones fiscales, mes tras mes y año tras año, mientras que a los mega-ricos de este país, al contrario, se les condonan sus pagos de IVA e ISR y hasta les reintegran grandes porciones de lo que sí pagaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que para el próximo año no habrá incremento de impuestos ni creación de nuevos, además de que no aumentará la deuda pública del país por segundo año consecutivo.

Mientras que sus detractores se desgañitan espantándonos con el petate del muerto, anunciando una crisis económica sin precedentes; y mientras que los organismos internacionales que por decenios han estado controlando la riqueza del mundo señalan que México no crecerá lo que se tiene proyectado en este 2019, dentro del país los que sí contribuimos al crecimiento del Producto Interno Bruto mediante la producción de productos y servicios diversos (sin ver desarrollo), y con el agregado de la generación de empleos, estamos esperando que si no nos bajan la carga impositiva, al menos que no la aumenten.

Al contrario, pedimos se simplifique la miscelánea fiscal y que a los contribuyentes se nos permitan mayores facilidades para deducir sobre todo el IVA, así como también que baje el Impuesto Sobre la Renta, con el cual se gravan las utilidades de una empresa y de las personas físicas, que en este momento es de los más altos del mundo. De verdad que es una tortura el pago de impuestos, y que el Servicio de Administración Tributaria no perdona un retraso. Basta que un mes no se pague impuesto, para que el SAT esté enviando avisos de cobro a los correos electrónicos, y en determinado momento desplazan a los inspectores a requerir el pago personalmente con el levantamiento de un acta de multa.

Y estamos hablando solamente de los dos impuestos federales más importantes, pero no son los únicos. Un ciudadano debe pagar también impuestos estatales y municipales, como el impuesto predial, servicios y licencias, refrendos de placas, así como también enfrentamos el cobro ilegal de derechos, que por ser tales no se nos deberían de cobrar; es el caso del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que con la anuencia de los presidentes municipales en turno la CFE lo cobra puntualmente en el recibo de luz, a razón de 13 por ciento bimestral. Por lo tanto, los particulares pagamos el alumbrado público, pero a pesar de ello los ayuntamientos reportan grandes adeudos en este rubro.

El impuesto más oneroso fue el que se nos impuso a partir del 1 de enero de 2017, que es el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que antes era para artículos y servicios de lujo, pero que por una ideota del gobierno de Enrique Peña Nieto se le cargó a la gasolina y el diésel, en razón de entre 4 y 6 pesos por litro, con lo cual, de ser un país productor de petróleo, pasamos a pagar por la gasolina más cara del mundo.

Esta es la verdadera crisis que estamos padeciendo, aunque oficialmente no se reconozca. Los organismos internacionales no dijeron ni pío ante este atraco, porque no afectaba intereses empresariales directamente, y vino a vulnerar aún más a un pueblo pobre y saqueado recurrentemente.

Hay una larga lista de acontecimientos desde 1998, año en que Carlos Salinas de Gortari anunció su Plan Nacional de Desarrollo, basado en la venta de las empresas del Estado y la creación de una nueva clase política y empresarial, cuya voracidad ha ido empeorando, mientras que los saldos negativos de ese desmantelamiento del Estado se le cargaron al pueblo a sus espaldas.

El Fobaproa, por ejemplo, que no es otra cosa que la conversión del rescate bancario (deuda de empresarios y banqueros) en deuda social, que hoy asciende a 1 billón 300 millones de pesos, aún lo tenemos en el lomo. Hasta nuestros nietos cargarán con esta deuda de la que hemos pagado 600 mil millones de pesos tan sólo de intereses, en los últimos 15 años.

Y así sucesivamente. Recordemos que teníamos un IVA de 10 por ciento, concesión del viejo régimen priísta. Pero fue el gobierno de Zedillo, tras el “error de diciembre” y la profunda crisis que devino, el que modificó en marzo de 1995 la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y lo aumentó a 15 por ciento. Lejos de mejorar, en la era panista ya teníamos todo en contra. Vicente Fox mantuvo el IVA en 15 por ciento; pero su sucesor, Felipe Calderón, ordenó la modificación de la Ley de Ingresos en octubre de 2009, para aumentar el IVA de 15 a 16 por ciento.

Su propuesta era, recordemos, aplicar el IVA a alimentos y medicinas, pero los legisladores tuvieron a bien evitar este nuevo atraco que afectaría de lleno a los más pobres, y sólo autorizaron el incremento al IVA. Desde entonces, esa tarifa permanece, salvo que con la llegada de AMLO se decretó que en las fronteras el impuesto bajara a 8 por ciento, para hacer esa región más competitiva, por su cercanía con Estados Unidos.

El presidente anunció también que no habrá aumentos en los precios de gasolinas, gas y energía eléctrica, en términos reales. Y con eso nos damos por bien servidos.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Morena, contra la protesta social

“Una persona tiene derecho a protestar y el Estado debe protegerle la vida, sea cual fuere la naturaleza de la protesta”: Pablo Milanés

Mis estimados, bien poco está durando el gusto a los mexicanos con el anhelado cambio de la Cuarta Trasformación que prometió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo con el error del mandatario federal al aceptar violaciones a la Constitución, sólo porque eso conviene a sus intereses.

Son alarmantes las decisiones de los morenistas al aprobar la ley del garrote a la protesta social, como la aprobó la 63 Legislatura de Tabasco (de mayoría morenista).

Los diputados tabasqueños reformaron el Código Penal local, “para que apliquen sanciones a quienes bloqueen el libre tránsito con fines de lucro”; sin embargo, ese cambio prohíbe a los tabasqueños bloquear calles, avenidas, centros comerciales y obras ejecutadas por el gobierno federal, y quien se atreva a hacerlo, aparte de garrotazos, se va a la cárcel hasta por 13 años, por desobediente y rebelde.

¿Quién carajos iba a creer que el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegaría a esos límites? Pues él fue rebelde, por todo salía a las calles a bloquear carreteras valiéndole un cacahuate la economía del comerciante. Para el tabasqueño todo era corrupción, toda obra era pudrición, robo, saqueo y un largo etcétera. Pero eso ya se le olvidó al presidente AMLO. También olvidó bien pronto que sólo a gritos escuchan los gobernantes, que la gente sólo manifestándose y bloqueando carreteras y avenidas se hace escuchar ante el poder.

Esto no gustó a la gente y menos a sus paisanos tabasqueños, pues allá en su natal Tabasco comenzó la batalla de la Ley del Garrote. Bien dice el refrán, que para que la acuña apriete tiene que ser del mismo palo.

El mismo mandatario en un video festeja la aprobación de la ley que sanciona las protestas. “No más protestas, ni bloqueos a carreteras, se acabó, pues esos líderes que hacían eso se enriquecen con esos bloqueos, a la gente le dan dádivas, pero se acabó”, dijo. ¿Qué tal?

Bien rápido se escudan los gobernantes para reprender al pueblo. Sin poner en tela de juicio los motivos de la represión a la protesta social, es alarmante -por decir lo menos, lo que está en juego. Y lo que se avecina para los ciudadanos tabasqueños (y también para la población en otros estados y municipios que sin dudarlo van a seguir el ejemplo del Congreso de Tabasco), es un permanente estado de excepción, pues basta que viole uno la Constitución para que lo sigan los demás.

Habría que recordarles que la protesta es un derecho constitucional. Los mexicanos tenemos derecho a la libre manifestación y a la libre organización. Y aunque a los políticos y funcionarios no les gusta que la gente les haga ver sus sinvergüenzadas, la gente -aunque la maten- no va a dejar de protestar. La mejor prueba la tenemos en Guerrero y en la Ciudad de México.

Lo grave, sin embargo, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aprueba esas violaciones a la Constitución y hasta las aplaude; esto es lo que más preocupa, pues el liderazgo del presidente AMLO se impone en los congresos, y no olvide que varios en la República son de mayoría morenista. No dude que todos los congresos locales del país aprueben la ley del garrote contra la protesta social, y entonces sí, vamos a aprender a amar a Dios en tiempos de santos morenistas.

Ya vimos hasta dónde es capaz de llegar el presidente AMLO. Aprobó en Baja California la Ley Bonilla. Como si nada dio su anuencia a esa irregularidad del Congreso bajacaliforniano. ¿Qué podemos esperar los demás ciudadanos, con la mentada Ley Garrote a la protesta social? Esto va a abrir las puertas de los demás congresos morenistas y también van a criminalizar la protesta social. Quien ejerce la criminalización contra la protesta social, es un gobierno autoritario.

No obstante, mis estimados, si usted ve el tema fríamente, es grave sobre todo porque al gobierno lopezobradorista va comenzando y le falta un largo camino que recorrer, y pueden ocurrir muchas cosas.

Es cierto que a los mexicanos no nos queda de otra más que aguantar vara y garrotazos, paro para ellos con esa actitud de gobierno represor va a ser muy difícil lograr el cambio que prometieron, y reprendiendo al pueblo tampoco van a lograr la anhelada Cuarta Trasformación que sueñan, pues a garrotazos ni los burros andan.

En otro tema, mis estimados, los diputados de Morena en Guerrero no dan pie con bola, para todo miran monos con trinchetes, cargan pleito casado con el gobernador Héctor Astudillo Flores por el Programa Nacional de Fertilizante; incluso, acusaron al gobernador de ser el protagonista de los bloqueos por el insumo, y que priístas, perredista y panistas eran los que incitaban a los campesinos a bloquear carreteras para dejarlos mal parados a ellos. Y es tanto el pleito que cargan los morenos con el gobierno estatal por el retraso en la entrega del fertilizante y los bloqueos en carreteras por los campesinos, que hasta dijeron los diputados de Morena que hay ingobernabilidad en Guerrero.

Lo cierto es que ellos no han cumplido a cabalidad con la entrega del insumo, y eso está generando conflictos con los señores del campo. Y aunque digan que el programa no tiene partido político, lo volvieron en un problema político. Siempre que entran los partidos vuelven en conflicto político esos programas. Y tristemente en eso terminó el programa del fertilizante, en un grave problema. De por sí el estado suriano tiene hartos problemas de toda índole y luego le agregan otro, pues más aprietos para el gobernador.

Y lo peor es que ni siquiera han terminado de entregar el dichoso abono; y negando que hay problemas, menos van a resolverlos.

Los diputados de Morena, en lugar de tomar el toro por los cuernos, culpan otros de sus incapacidades. Para pelear son buenos, pero con pleitos no arreglan nada, y tampoco ayudan al estado peleando con el gobernador.

El mandatario planteó el tema, que con el recurso que ahorró el gobierno del estado con la trasferencia a la federación del Programa del Fertilizante, podían utilizar ese recurso para la construcción del C-5 en Acapulco.

Eso pensó el mandatario estatal para que fuera pronto la construcción del C-5 en Acapulco; sin embargo, la diputada morenista, Norma Otilia Hernández Martínez, dijo que naranjas dulces limón partido, que ese recurso lo van a utilizar para obras en beneficio social de comunidades de alta marginación, que así lo decidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el acuerdo lo tomaron juntos con el gobierno del estado de Guerrero, que ese recurso era para obras en comunidades marginadas de la entidad y no para temas de seguridad pública. Y advirtió la diputada Hernández Martínez que, en caso que el gobernador quiera salirse con la suya, al destinar los recursos del fertilizante a la construcción del C-5 en Acapulco, “nosotros no aprobaremos la cuenta pública, dado que está incumpliendo con los acuerdos que tuvo el gobierno del estado con el presidente AMLO”.

Pero no se enoje, diputada. Aunque deberían priorizar las cosas de seguridad porque en Acapulco está de la fregada la inseguridad y violencia; y si alcanza ese recurso para la construcción del C-5, no veo por qué el agravio de la diputada. Las comunidades marginadas pueden esperar para las obras, pero la gente en el puerto de Acapulco ya no aguanta tanta maldad. Sí hay que priorizar el C-5, es más urgente su construcción para controlar el azote de la inseguridad y violencia en el Acapulco, pues tomen en cuenta que el destino de playa mantiene a todos los demás municipios del estado.

Digo antes de actuar y usar venganza la diputada morenista, que piense que ella representa en el Congreso a los guerrerenses, no sólo a los marginados.

Editorial

Las mujeres

En un día de discursos y loas políticamente correctas a las mujeres, persisten las amenazas en su contra. Ahí están las propuestas para eliminar los subsidios a las estancias infantiles y a los refugios para mujeres golpeadas, o la ley de Nuevo León para encarcelar a las que aborten Hay que añadir los agravios de siempre, como las leyes que no las protegen en caso de abandono o las que supuestamente buscan defenderlas, pero las castigan por prostituirse o realizar bailes eróticos.

Los políticos quieren hacernos creer que lo que necesitan las mujeres son curules y puestos públicos. Es el año de la equidad de género, pregona el Congreso. Siempre habrá algunas mujeres con ambiciones políticas, pero la mayoría necesita simplemente un trato justo y un lugar para el cuidado de sus hijos.

Millones de mujeres necesitan o quieren trabajar, pero la enorme mayoría no puede hacerlo sin guarderías. En los países escandinavos, la verdadera liberación de la mujer vino de la mano de un amplio y eficaz sistema de guarderías. En México, las instituciones oficiales, como el IMSS y el ISSSTE, no tienen capacidad para cubrir la demanda, mientras que las estancias infantiles, viviendas particulares en que amas de casa prestan el servicio, han cuidado a más de 300 mil niños a un mejor precio y con mejores resultados. Si bien López Obrador se comprometió en campaña a continuar el servicio, y el presupuesto fue aprobado por el Congreso, pronto se echó para atrás y ahora afirma que dará una parte de los recursos directamente a las familias, para que estas decidan si pagan las estancias o si mejor piden a los abuelos que cuiden a los niños.

En los refugios para mujeres violentadas, y como parte del rechazo a las organizaciones de la sociedad, López Obrador decidió suspender los recursos a las asociaciones que los han manejado durante años. Tras las protestas, anunció que no cerraría los refugios, pero que los pondría “bajo la rectoría del Estado”. No ha habido ninguna prueba de los supuestos actos de corrupción ni de las estancias ni de los refugios.

En otros temas se aplican también políticas contra las mujeres. La persecución de quienes ejercen la prostitución o realizan bailes eróticos ha afectado a miles y cerrado mucha fuentes de empleo. La falta de disposición de los tribunales y las autoridades para obligar a los hombres a cumplir con las pensiones alimentarias afecta a muchas más. Una nueva ley en Nuevo León pretende sancionar a las mujeres con cárcel por abortar. Es más fácil que una mujer sea encarcelada por abortar que un hombre por violarla.

La sociedad debe proteger a las mujeres y garantizarles un trato equitativo bajo la ley. Las cuotas para cargos públicos o legislativos no sirven para eso. Contar con una red de guarderías que realmente satisfaga la demanda de servicios es indispensable. Lo es también tener refugios para mujeres golpeadas y sus hijos. Hay que contar con un sistema de justicia que realmente castigue la violencia contra las mujeres y proteja a las víctimas. Las autoridades y los tribunales deben dejar de lavarse las manos ante los padres que dejan de cumplir con sus obligaciones financieras o que retienen o secuestran a sus propios hijos.

Los discursos políticamente correctos no sirven para nada. Tampoco repartir curules o puestos públicos. Hay que acercarse a las mujeres para escuchar qué necesitan. No piden mucho y lo que exigen es justo.

Ley garrote…

SOS Costa Grande

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En efecto, no son tiempos de grilla barata. El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no hará eco de las recientes declaraciones de los diputados de Morena, en relación al retraso en la entrega del fertilizante, que a todas luces es un asunto con problemas de origen.

A estas alturas, a nadie le beneficia que la clase política esté aprovechando el momento para acarrear agua a su molino. Hay un problema general, en el que están involucrados tanto el gobierno federal, como el gobierno estatal, los campesinos y las organizaciones de productores, y a estas alturas ya ni llorar es bueno, como dice la canción.

Un verdadero representante popular, un verdadero gobernante, electo por voto popular, tiene como principal tarea la solución de los problemas, no su perpetuidad y mucho menos aprovecha de ellos para ensalzarse.

Terrible es cuando los políticos aprovechan los errores del adversario para venderse como buenos, cuando no es así. Lo vemos a nivel nacional, por ejemplo, con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien está aprovechando todos los errores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no porque sea un gran estadista, ni un gran demócrata, mucho menos un progresista. O porque México le importe tanto. Al contrario, lo que quiere es capitalizar la inconformidad que está surgiendo en la base social y sobre todo en el sector empresarial por los cambios impulsados por el gobierno federal, para darle vida a su partido “México Libre”, que junto con su esposa y auspiciado obviamente por fuerzas de derecha, está impulsando con la parte que se llevaron del panismo nacional.

Él mismo se jactó de que su proyecto va viento en popa, y obviamente está aplicando teorías conspiracionistas de derecha, basadas en una guerra mediática de baja intensidad, y de ahí que estén usando rede sociales profusamente, incluso provocando noticias, para ir minando la credibilidad y la popularidad del gobierno. Incluso se habla de que tienen planes para bajar del gobierno a López Obrador antes de que cumpla la primera mitad de su periodo, para obligar a la convocatoria de nuevas elecciones.

Mientras que los priístas no se levantan de golpe tras golpe que la Fiscalía General de la República les viene dando (ahora van por la artífice de la Estafa Maestra, Rosario Robles Berlanba), Felipe está enfocado en la repesca.

A nivel estatal sucede algo parecido. A su llegada al Poder Legislativo, con Pablo Amílcar Sandoval a la cabeza, la poderosa bancada de Morena llegó rompiendo madres. Pensaban que harían que Astudillo bailara al son que le tocaran. No imaginaron que el gobernador sabría moverse en dos bandos: de un lado, les ha respondido de frente. Del otro, se ha plegado a los proyectos del gobierno de López Obrador, como cuando se trató de sustentar el plan de la Guardia Nacional, demostrando con ello que su interés va más allá que una rencilla doméstica. Y que la oposición, a la hora de ejercer el gobierno, no debe ser visceral, como lo exhiben los primerizos diputados morenistas.

Hay que ser selectivos en las guerras que se pelean, elegir aquellas que realmente valgan la pena y le aporten algo al proyecto, pero desechando las que sean simples peleas de comadres, pleitos de lavadero y de vecindad, que lo único que hacen es rebajar la política a su nivel más bajo.

Los morenistas, con todo respeto que nos merecen, se han hecho sus infiernitos y se han metido en ellos. En lugar de avanzar en la parte legislativa, tienen un tiradero y muchas iniciativas en la congeladora, y usan la tribuna para lanzar piedras y quitarse agravios.

Nada más desesperante que esto. El tiempo se los traga y ni cuenta se dan. Les preocupan más sus respectivos proyectos políticos que la agenda legislativa que prometieron, y si siguen así a la postre resultarán un soberano fraude electoral.

Entre tanto, el tiempo pasa…y contando.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Congreso local planea impulsar el Consejo de Promoción Turística de Guerrero

“El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho”: Wayne W Dyer.

Mis estimados, al fin despertaron de sus dulces sueños los 46 diputados de la 62 Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, pues la Comisión de Turismo propuso nueva Ley para que se cree un organismo que promueva los destinos del estado.

Ellos proponen que ese organismo sea el Consejo de Promoción Turística de Guerrero (CPTG), que haga el papel de promotor turístico que hacía el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

El tema parece difícil. Sin embargo, los miembros de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado de Guerrero, proponen una nueva Ley de Turismo, para dar cabida precisamente a dicho organismo, que funcionaría con el impuesto al hospedaje que actualmente obtienen los Fideicomisos de los principales destinos turísticos del estado, con el objetivo de que se haga la labor publicitaria a nivel mundial de los puertos turísticos de Guerrero, labor que antes hacía el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), y que desapareció la SECTUR, que dirige Miguel Torruco Marqués, pues dejó a los destinos guerrerenses en completa orfandad, en cuanto a publicidad se refiere.

La iniciativa propuesta por la Comisión de Turismo del Congreso es genial, ya que la aprobarán, dijeran los costeños.

Definitivamente los diputados duermen en sus laureles; no han sacado la cara por los guerrerenses, y ni porque son mayoría los diputados de Morena en el Congreso local, nomás no dan buenas noticias los legisladores, se han hecho ojo de hormigas prieta ante tantos problemas que aquejan al estado suriano.

Los diputados se la llevan de a muertito, no han aterrizado con ninguna iniciativa, todas las que han propuesto se quedan en promesas, no han cumplido en nada. Hace varios meses que se notificó por parte de SECTUR que se finiquitaría el CPTM y los diputados -incluidos los de la Comisión de Turismo local-, no dijeron esta boca es mía, no actuaron de inmediato buscando soluciones para promover los destinos de playa de la entidad.

Hasta ahora que están considerando presentar una ley de turismo, para sustentar la creación de un organismo que haga la promoción. Bien dice el dicho, nunca es tarde para empezar.

El coordinador de la bancad de Morena, Antonio Helguera Jiménez, aseguró que muchos diputados se han esforzado para dar lo mejor de ellos; no obstante, no es de esforzarse su labor en el Congreso, su labor es aprobar leyes para resolver los problemas sociales de la entidad, no es estar desgreñándose con sus homólogos de oposición.

Deben ponerse las pilas y sacar la cara por los guerrerenses, pues los 46 diputados saben que el turismo en nuestro estado de Guerrero es uno de los principales motores de desarrollo económico y de centenares de empleos directos e indirectos. El turismo es sustento de cientos de familias guerrerenses, entonces ¿por qué carajos no entienden que deben dirigir su vista a este sector e invertir en los más de 40 municipios con vocación turística que tiene el estado? Estas playas son vírgenes, no hay inversión de ninguna cualidad, ni servicios básicos, ni infraestructura para atender a la gente que nos visita. Se practica un turismo casero, en palapas que la gente levanta con su propio esfuerzo.

Al solucionar esto, se le darían herramientas a la gente para tenga que comer y no mendigando al gobierno.

En junio pasado, los diputados planearon presentar el tema al titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal, Miguel Torruco Marqués, y al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para que juntos coordinen los programas de promoción y desarrollo a más municipios de Guerrero con vocación turística.

La problema, dijera el indito, es que la Federación no soltará un peso para promoción turística. Lo dijo claro y fuerte, Torruco Marqués, que cada quien haga su propia publicidad e inversión en sus destinos turísticos.

Y entonces aquí tuerce la puerca el rabo, porque los únicos puertos que pueden sobrevivir con esta política son Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, y el colonial Pueblo Mágico, Taxco de Alarcón. Los demás, que se los coma el perro, y si es que tiene hambre.

Hace meses la presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso, Guadalupe González, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), visitó Bahías de Papanoa. Se fue encantada la legisladora de ese destino turístico, y prometió buscar apoyos para el sector de ese lugar; sin embargo, no se han avisto resultados por parte de la legisladora panista, pese a que ella es la presidenta de la Comisión de Turismo, y conoce el sector, sabe que hace falta un organismo que promueva los destinos

La promoción de los puertos turísticos de Guerrero en el extranjero es algo urgente; sin embargo, los legisladores -incluida la presidenta de la Comisión de Turismo- no se ocuparon del tema de inmediato, apenas se activaron y propusieron la nueva ley de turismo, que esperamos la aterricen pronto y la prueben, pues son los diputados los que tienen que actuar en esa iniciativa, para activar la promoción de los destinos en la entidad y la inversión de los mismos.

La diputada Guadalupe González pidió a sus homólogos que continúen trabajando en esta nueva ley de Turismo, ya que necesitan conjugar esfuerzos entre los empresarios del ramo, y los gobiernos, para concretar este proyecto.

Pero es necesario que esa ley contemple a todos los destinos de Guerrero; que sea obligatorio que todos entren a la promoción, y no nada más los principales destinos como son Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, que junto con Taxco son el Triángulo del Sol.

Lo cierto, mis estimados, es que sin el apoyo oficial ningún destino de playa avanza. Se requiere del respaldo del gobierno estatal y federal, para que combinado con una estrategia integral de promoción, los destinos puedan crecer y por ende que haya una mayor derrama económica.

Esperamos que los diputados aprueben la nueva ley de turismo.

Cabe hacer mención, mis estimados, que los diputados guerrerenses andan de la greña. Los de oposición cargan como monitos de trapo a los de Morena, pues les reprochan que no saben nada de leyes, y por eso está estancado el trabajo en el Congreso local de Guerrero. No hay trabajo por parte de los diputados de Morena, los acusan, y son muchos los problemas sociales, de inseguridad, violencia de género y políticos en la entidad.

Con todo, los diputados continúan indolentes. Incluso, su homólogo del PRI, Héctor Apreza Patrón, les dejó ir una pedrada a la cabeza a los legisladores de Morena asegurando que esa la Legislatura era la más improductiva de todas.

Los diputados morenos repararon como chivos de sierra. Antonio Helguera Jiménez le contestó al legislador tricolor, que aunque no estaba de acuerdo con lo dicho por Apreza Patrón, respetaba su opinión; sin embargo, recalcó el diputado que quienes evaluarán al final el trabajo de los legisladores son los guerrerenses; “ellos van a decidir si hay compromiso de nosotros hacia la sociedad o no”, dijo.

No obstante, los legisladores mantienen en el congelador iniciativas que debieron aprobar desde hace algunos meses.

Por eso, insisto que la nueva ley de turismo propuesta por la comisión legislativa del ramo se apruebe pronto y no quede en promesa de los legisladores, pues son varios los destinos que están en completo abandono, que necesitan urgentemente de publicidad e inversión, como es el caso de los de la Costa Grande y Costa Chica, que necesitan infraestructura para crecer y promoción para darse a conocer.

Editorial

Nueva reforma

Mucha de la discusión sobre la reforma educativa constitucional que debe ser votada hoy en el Senado, si la CNTE lo permite, ha sido ideológica. Poco se conoce el detalle. El tema de las evaluaciones es, sin duda, el más importante. La reforma cancela las “evaluaciones punitivas y obligatorias” y elimina “cualquier liga” entre la evaluación y la permanencia en el empleo. Pero hay otros elementos que deben conocerse.

La nueva reforma subraya la protección de los derechos laborales de los maestros y les aplica el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Esto significa que los ascensos se darán por “derecho de escalafón” y que los maestros solo podrán ser “suspendidos o cesados por causa justificada”. La calidad o falta de calidad de los maestros no podrá llevar ni a despidos ni a ascensos. Veremos una inevitable burocratización del servicio magisterial.

Se elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual será reemplazado por un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que no tendrá autonomía, pero sí un “consejo técnico” integrado por maestros y especialistas. Se cancela también el actual Servicio Profesional Docente. La promoción de los maestros estará asociada con sus conocimientos, aptitudes y experiencia y no con exámenes estandarizados; pero no se señala cómo se medirán estos elementos.

La educación superior pasará a ser obligatoria. No lo es en ningún país del mundo. Ni siquiera las naciones más ricas alcanzan coberturas de 100 por ciento en la universidad. No parece la mejor decisión para una sociedad que necesita una población con habilidades diversas para construir una mayor prosperidad. Viola, además, el principio liberal que permite al individuo escoger su educación o su profesión. No todos quieren o pueden ser licenciados o ingenieros.

Los especialistas señalan que es mucho más importante fortalecer la educación preescolar que desperdiciar recursos en una instrucción superior que, en caso de volverse universal, generaría un creciente ejército de desempleados y subempleados con título. La reforma propone también alcanzar una “tasa cero de rechazo” en las instituciones de educación superior. Es lógico si la universidad va a ser obligatoria, pero el resultado inevitable será reducir la calidad.

Otro aspecto debatible de la nueva reforma es que busca crear una educación distinta para las diferentes regiones del país. El texto señala que la instrucción debe ser “pertinente”, lo cual es inobjetable, pero añade que debe tener contenidos y políticas definidos por regiones. Esto abre las puertas a una educación de menor calidad para los estudiantes de las regiones más atrasadas. La medida, lejos de ser progresista, condenaría a los niños de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero a una instrucción inferior. El resultado sería profundizar las ya enormes desigualdades del país.

Como ocurrió con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, muchas de las reglas prácticas de la contrarreforma se definirán en las leyes secundarias. Por lo pronto, sin embargo, tendremos disposiciones constitucionales que eliminan la posibilidad de usar evaluaciones para filtrar a los maestros de mejor calidad, que vuelven obligatoria la educación superior y que burocratizan la carrera magisterial. Me parece un retroceso y no un paso hacia adelante.