Categoría: Opinion

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El caos en la entrega de fertilizante y las protestas de campesinos, organizaciones sociales e incluso presidentes municipales, registradas en varias regiones de la entidad en esta última semana, justo cuando ya los centros de distribución estaban funcionando, retrasará aún más la entrega del insumo a los productores ya enlistados.

¿Qué reclaman? Primero, la exigencia es porque se les entregue el insumo porque las lluvias ya están encima y el tiempo corre para la siembra. Segundo, porque no se rasure los padrones que, de entrada –y esto lo aceptó en su momento el gobernador Héctor Astudillo Flores- estaban tan inflados que superaban con 72 mil beneficiarios el que oficialmente manejaba el gobierno estatal.

Forzosamente tenía que haber una depuración, pues de un padrón de 330 mil productores, el registro se elevó a 402 mil. Sin embargo, todo esto se hizo de manera tardía y bajo una constante presión política, así como también de un claro intervencionismo oficial, derivando en el consecuente retraso del programa.

Pero justo cuando ya se estaba distribuyendo el abono, surgen estas nuevas inconformidades. La principal, que hay muchos rasurados del padrón. Además, que se les está entregando menos fertilizante que lo que especifica el programa, pues hay regiones –como Tierra Caliente-, donde se les entrega lo correspondiente para habilitar una hectárea de maíz o frijol, en lugar de las dos que por norma deben recibir.

Por supuesto, por ser el programa de índole federal, toda la responsabilidad recae en los funcionarios federales, desde los encargados de los centros de distribución, pasando por los servidores de la nación, quienes una vez desmantelada la estructura que antes tenía el programa están haciendo las veces de repartidores (cuando esa no es su función), y para finalizar el delegado de Bienestar, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien está siendo sometido de manera casi evidente a un desgaste constante, con miras a reventarlo políticamente. ¿Por qué? Porque el delegado aspira a ser nuevamente el candidato a la gubernatura por Morena, y obviamente está en una posición bastante peligrosa. En este momento, Pablo Amílcar es el blanco principal de un campo de tiro con muchos cazadores.

Siendo certeros, sin embargo, la responsabilidad principal recae en el encargado del programa, Jorge Gage Francois, quien fue impuesto en enero de este año por el titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, en sustitución de Héctor Manuel Popoca Boone, pero sólo para provocar un nudo gordiano que no se ha podido superar.

Simplemente Gage Francois no se aparece por la entidad y le dejó toda la carga a Pablo Amílcar, como cosa hecha a propósito. Cuando viene, es sólo para reunirse con el gobernador, pero nunca se le vio al ex cenecista en las regiones, coordinando el trabajo de los censos, lo cual era el objetivo central.

A Popoca Boone lo grillaron los mismos alcaldes, comenzando por los de Morena, tan sólo por su pasado priísta, pues fue secretario de Desarrollo Rural con René Juárez Cisneros. Pero les salió el tiro por la culata, porque Gage Grancois es ex priísta, miembro de la cúpula nacional de la CNC. Y obviamente como cacique se conduce.

Todavía recordamos cuando fue Pablo Amílcar el que aclaró que Popoca Boone estaba fuera del programa, justo cuando éste andaba en Tierra Caliente organizando los primeros censos. Tal vez ahora esté arrepentido de haber sido el conducto de esa noticia, sino es que contribuyó a ello, pues lo que hizo Gage Francois ha sido prácticamente nada, y le ha echado el bulto encima al precandidato a gobernador morenista.

Ahora mal, al margen de que los campesinos tienen razón en reclamar por el retraso, también es más que evidente el intervencionismo de organizaciones partidistas, así como de los alcaldes, quienes antes –recordemos- eran los dueños del programa.

Lejos de contribuir a que la distribución del insumo fluya, tal y como se comprometieron en reuniones estatales, la están obstaculizando. Luego entonces, el objetivo de las protestas es otro.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay una reforma electoral en ciernes, impulsada por Morena, que será de gran calado, de acuerdo con los legisladores que la promueven. En ella, se prevé la centralización de todos los procesos electorales, sean federales, estatales o municipales, así como también están contempladas modificaciones profundas al sistema político-electoral, incluyendo la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos, que con el nuevo modelo aumenta en forma exponencial, y la eliminación o reducción de candidaturas plurinominales.

Obviamente esta propuesta está levantando ampolla en los partidos de oposición, porque al centralizarse los procesos electorales en el Instituto Nacional Electoral, desaparecerían las estructuras electorales locales, y todo lo relativo a lo electoral pasará a ser de competencia federal.

En Guerrero, desaparecería el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Tribunal Estatal Electoral. Eso, dice el ex diputado local calentano Ramiro Alonso de Jesús, atenta contra la autonomía de los estados.

Pero independientemente de eso, habría que revisar si en el Instituto Nacional Electoral tendría la capacidad para atender todos los procesos electorales del país, y es obvio que absorbería mayores recursos de la Federación, deslindando a las entidades federativas de ese gasto.

Ahora mal, si revisamos la utilidad de los órganos electorales locales, tanto en materia de consolidación democrática, combate a la corrupción electoral y otras minucias que vienen a hacer la diferencia, pues lo cierto es que estas instancias dejan mucho que desear, desde el momento en que los nombramientos de sus titulares son impulsados por el partido gobernante.

No hay una autonomía real, y a partir de ahí todo se contamina.

La prueba está en que las candidaturas ni siquiera se revisan, y llegan al gobierno personajes con antecedentes de corrupción, sobre todo si ya ejercieron el poder. Y qué decir de los antecedentes penales.

En este aspecto, el IEPC es algo así como la carabina de Ambrocio.

El Tribunal Estatal Electoral, por su parte, ha demostrado que también suele ser comparsa de fraudes y conflictos, al grado de que los afectados recurren a la instancia federal, donde les corrigen la página, quedando demostrado que son aparatos de control político, lejos de la supervisión y aplicación de las leyes electorales vigentes.

En cuanto a la viabilidad de la centralización de los procesos electorales, el titular del INE, Lorenzo Córdova, tocó un punto importante, diciendo que si bien en este momento se tiene un sistema electoral funcional, cualquier reforma mal planificada podría destruirlo, pues se requeriría “refundar” al INE, con mayor presupuesto, más atribuciones y más personal.

Otro consejero, Marco Baños, señaló que no será despareciendo las autoridades electorales en los estados como se ahorrará dinero en el sistema político-electoral, porque lo que no hagan los estados tendrá que absorberlo el INE –léase gobierno federal.

Propone, en cambio que se adopte la boleta electrónica, para que se ahorren los multimillonarios recursos que se utilizan en la impresión de boletas, su movilización antes, durante y después de la elección, así como su almacenamiento.

Hay gente de otros partidos que están de acuerdo en que se promueva la austeridad republicana en el ámbito electoral, pues estamos conscientes todos que tenemos las elecciones más caras del mundo, y que hay un prototipo de asignación de prerrogativas a los partidos que es exponencial, año con año aumentan.

Otra propuesta es reducir los tiempos de campaña. Por ejemplo, si la campaña para presidente de la República es de 90 días, podría reducirse a la mitad, y así sucesivamente.

Actualmente se están desarrollando los foros de consulta para esta propuesta de reforma electoral, y sin duda será uno de los temas del año que ocuparán mucha tinta y papel para documentarse, aunque los diputados opositores advierten que viene la aplanadora morenista y que la reforma va porque va.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Resulta extremadamente chocante la hipocresía de la oposición de este país, con relación a la negociación que logró el gobierno federal para conjurar la amenaza de imposición de aranceles sobre todos los productos de exportación de este país.

A diferencia de los empresarios, que saben que están en sumo peligro, en un sándwich político internacional, los priístas, panista y perredistas se desgarran las vestiduras porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó mano de lo que pudo para contener la ira de Donald Trump, y que es algo menos dañino que lo que ellos hicieron.

Que nos digan, por ejemplo, Felipe Calderón Hinojosa con quién pactó y a qué precio comenzar desde el inicio de su gobierno una guerra contra el narcotráfico, que nos metió en la noche más oscura de nuestra historia, que ha tenido muchos “daños colaterales” –como en su momento él minimizó los estragos-, y a cambio de lo cual recibió miles de millones de dólares vía la Iniciativa Mérida, la cual AMLO ya dio por cancelada.

Que nos diga Vicente Fox Quezada a cambio de qué pactó con El Chapo Guzmán su escape de la Cefereso de Puente Grande, Jalisco, casi al inicio de su gobierno.

Que nos digan los gobiernos que han estado en Los Pinos, desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha, a cambio de qué hicieron pactos tan onerosos con el vecino país y otros organismos internacionales, para desmantelar el Estado Mexicano, adelgazarlo y entregar nuestros recursos al libre mercado, desatando en el país la más vergonzosa etapa de corrupción, impunidad y saqueos que tuvieron su máxima expresión durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual encabezó el retorno del ex partidazo a Los Pinos, pero sólo para demostrar que los hijos del “nuevo PRI”, eran peores que sus antecesores.

Salvar la dignidad y la cartera no siempre se puede. Algo se debe conceder en un proceso de negociación se debe optar por un mal arreglo, en lugar de un buen pleito.

Ni siquiera imaginamos lo que estaríamos hoy viviendo si se hubiese concretado la imposición de aranceles. El presidente hizo lo que pudo, en un ambiente político hostil, en un país dividido por la violencia, y con una clase política que busca tomar aire de cualquier tubo, a raíz de su desastrosa derrota.

Coincidimos con el líder de la Coparmex de la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, que reclama que el presidente encabece un diálogo constructivo para evitar que se concrete la incertidumbre económica que se vivió la semana pasada, y que propició que la moneda mexicana perdiera lo poco que había recuperado en los últimos seis meses.

¿Qué pretende la oposición? Y, sobre todo, ¿dónde están aquellos patriotas que le dieron el espaldarazo al presidente de la República, cuando sentían la lumbre en los aparejos, pero que hoy lo apuñalan? Vergonzosa actitud de estos hombrecitos, cuyo único objetivo es aprovechar la coyuntura de debilidad política del gobierno federal, pera llevar agua a su molino, y erigirse ante la población como los prohombres del país, defensores de los derechos humanos de los migrantes, ellos, en cuyos gobiernos el nivel de deterioro de los derechos humanos de los mexicanos fue tan grave, que prácticamente llegamos al nivel de genocidio.

De verdad que dan pena ajena. Vergüenza y preocupación.

Nos preguntamos, ¿qué habrían hecho ellos, en caso de estar en los zapatos de AMLO?

Ni siquiera hubiera sido necesario un diferendo internacional, porque lo que ellos acostumbran es a firmar pactos en lo oscurito con Washington, y a nosotros nada más nos sorprenden con sus políticas dizque revolucionarias y de vanguardia. Así nos pasó cuando Felipe Calderón se puso la casaca militar y le declaró la guerra al narcotráfico, siendo ésta una actividad que le favorece al país, por cuanto somos o bien un país productor, o bien un país de tránsito, pero no un país consumidor, al menos no en la medida que tiene la sociedad estadounidense.

¿A quién le correspondía declararle la guerra a sus propios narcos? A los que se quedan con la máxima ganancia del mercado ilícito de las drogas, y  esos están en Estados Unidos.

La guerra contra el narcotráfico en México sólo sembró de muertos el país, sirvió para que el país vecino vendiera sus armas, y de paso reguló el mercado negro de otras naciones que le surten droga a la insaciable sociedad estadounidense. Por ejemplo, hoy ya no quieren cocaína ni heroína, sino que quieren fentanilo, una droga sintética potente y barata que viene de Asia. De hecho, los cárteles mexicanos ya cambiaron de negocio y en lugar de producir amapola en el país, se están dedicando al tráfico de fentanilo, llegado a los puertos desde el otro lado del Pacífico, de acuerdo con estudios de las autoridades federales. En esto radica la crisis de la Sierra, donde se dice que la gente ya no puede vender sus cosechas, porque el precio de los derivados de la amapola se cayó.

Por lo tanto, estos seudo-patriotas más les vale que cierren el pico. Sabemos que sus intenciones son retornar al poder, pero a costa del mismo pueblo, porque piensan que en la guerra y en el amor, todo se vale. Al fin que el pueblo aguanta.