Opinion | - Part 251

Editorial

Lo que el viejo régimen y su comparsa no le perdonan al GIEI

Es muy probable que los autores de la llamada “verdad histórica” con la que la que la Procuraduría General de la República (PGR) pretendió dar carpetazo a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa se hubieran salido con la suya de no ser por la intervención de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso.

Fue precisamente el GIEI el que exhibió, con evidencias, testimonios y peritajes, el cúmulo de irregularidades de la investigación que desarrolló la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.

Los expertos del GIEI, que fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), descubrieron que hubo líneas de investigación que los funcionarios de Enrique Peña Nieto se negaron a seguir, como la del “quinto autobús” que transportaba heroína con destino a Chicago, y la identidad del “señor de Huitzuco” mencionado por testigos de los hechos.

También demostraron, con un peritaje de José Torero, uno de los especialistas en incendios más reconocidos en el mundo, que era científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula en las condiciones que narraron –luego se supo que bajo tortura— varios testigos a la PGR.

El peritaje de Torero fue avalado por científicos mexicanos.

En su segundo informe, presentado en abril de 2016, el GIEI reveló que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, encabezó el 28 de octubre de 2014 una “visita pericial” al Río San Juan, aledaño al basurero de Cocula, que no fue registrada en el expediente del caso.

Curiosamente, al día siguiente de esa “visita”, a la que fue llevado Agustín García Reyes, el “Chereje”, uno de los presuntos implicados en el ataque a los normalistas, apareció en ese tramo del río San Juan una bolsa con los restos de quien sería identificado en la Universidad de Innsbruck como Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.

En ese mismo informe, el GIEI denunció torturas a 17 de los detenidos, lo que dejó en claro que la investigación de la PGR estaba plagada no sólo de omisiones y obstrucciones, sino de ilegalidades y hasta delitos de lesa humanidad, como la tortura.

El GIEI demostró, con evidencias, que la “verdad histórica” es una versión judicialmente insostenible.

Y esto es algo que no perdonan los funcionarios del gobierno anterior ni la comparsa que se prestó para dar credibilidad a la verdad histórica y para participar en una campaña de desprestigio contra el GIEI, en especial contra las dos mujeres que lo integraban: las exfiscales Ángela María Buitrago, de Colombia, y Claudia Paz, de Guatemala.

Ambas abogadas fueron víctimas de una feroz campaña en la que abundaron las calumnias y las falsedades.

Buitrago, quien coadyuva en la nueva investigación del caso Ayotzinapa que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR), está convencida de que los autores de la “verdad histórica” deben ser investigados.

Desde Murillo Karam hasta Zerón y los diferentes titulares y agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron las indagaciones del caso Ayotzinapa el sexenio anterior.

Y dijo que no tiene “ninguna duda” de que la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula “no pasó lo que dice la ‘verdad histórica’ que pasó y que, en cambio, hay evidencias que apuntan a que varios de los normalistas fueron llevados hacia Huitzuco y Mezcala.

“No hay un solo elemento que me permita concluir que en Cocula fueron quemados los estudiantes”, aseguró la exfiscal.

Hoy que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la voluntad política de esclarecer el caso Ayotzinapa y de retomar las recomendaciones del GIEI algunos defensores de la “verdad histórica” acuden de nuevo a la narrativa de las tergiversaciones y omisiones que usaron durante el sexenio de Peña Nieto

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hoy, 1 de octubre, el Caso Ayotzinapa abre una nueva etapa, con la comparecencia de autoridades estatales, encabezadas por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien junto con el ex procurador Iñaki Blanco, y el ex secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, tienen cita para presentar su declaración ante la Fiscalía General de la República.

Entonces, cuando se suponía que el caso avanzaba, pues se trataba solamente de retomar la investigación del gobierno anterior y colocar cada pieza en su lugar, sin pretender hacer un control de daños al gobierno, el caso retrocedió, se comienza “de cero”, según órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso implica llamar a declarar a las autoridades que en ese momento gobernaban el estado, y estaban a cargo de la seguridad.

Aunque el ex gobernador Aguirre dijo alegrarse por este citatorio, la verdad es que para él no será nada fácil explicar la actuación de las policías en las interminables horas del ataque a los normalistas, porque estamos hablando de por lo menos 6 o 7 horas de omisión, cuando los hechos estaban sucediendo a escasa una hora de la capital del estado.

Pero, además, porque Iguala es cabecera de distrito y cuenta con una Ciudad Judicial así como es sede de un C4, un Batallón de Infantería de la Sedena, una comisaría de la Policía Federal, y una comandancia de la Policía Investigadora Ministerial.

Sobre todo Iñaki Blanco y Leonardo Vázquez Pérez tienen muy difícil su defensa. No se trata de decir qué hicieron una vez que tomaron rumbo las investigaciones, pues Iñaki Blanco en eso se escuda, de que fue gracias a su indagatoria inicial que fueron detenidos los primeros involucrados, y fue posible dar con los cabecillas de Guerreros Unidos.

Eso no está a discusión, de hecho. Lo que importa saber es qué hacía Iñaki Blanco, y qué hacía Leonardo Vázquez Pérez, mientras los muchachos estaban siendo masacrados en Iguala –uno de ellos hasta fue desollado- perseguidos, detenidos y entregados a un grupo delincuencial demasiado virulento.

Y, peor aún, leíamos que Leonardo Vázquez Pérez es un personaje incómodo para el gabinete que encabezó el gobernador Aguirre. Según el columnista Raymundo Rivapalacio, el ex secretario fue cuñado de Arturo Beltrán Leyva, jefe del cartel del mismo nombre, que dominó la escena gran parte del estado de Guerrero, sobre todo el corredor Ciudad de México-Morelos-Acapulco, hasta su asesinato a manos de elementos de la Marina, en diciembre de 2010, en Cuernavaca, donde fue acribillado junto con la mayoría de sus lugartenientes, excepto La Barbie.

Lo que vino después para Guerrero, pero sobre todo para Acapulco, fue lo que ya sabemos; el cártel de los Beltrán Leyva se desintegró en varias facciones, todas en pugna las unas con las otras, y es el caso de Guerreros Unidos que se quedó con la plaza de Iguala, y Los Rojos, que operaban en la Zona Centro y la Montaña Baja, en cuya pugna cayeron como víctimas los estudiantes de Ayotzinapa.

En este contexto también destaca la figura del ex secretario de Seguridad Pública, un hombre joven, sinaloense de origen, pero que no se sabe cómo de cuñado de Beltrán Leyva llegó a ser parte del gabinete de Seguridad, hasta el grado de subsecretario, y quien fue nombrado titular en enero de 2014, unos 9 meses antes del ataque a los normalistas.

El gobernador tenía a dos hombres clave en su gabinete de seguridad y procuración de justicia: Iñaki y Leonardo Vázquez Pérez. Ellos movían los hilos de la prevención y la investigación de delitos. Pero de entre ambos, el hilo delgado es el sinaloense, quien según Rivapalacio se fue a Estados Unidos tras la caída de Aguirre del poder, y posteriormente volvió a México con sigilo, con su residencia en Guadalajara.

Sin embargo, el largo brazo de la justicia ya lo alcanzó, y tendrá que presentarse a declarar, y a justificar la ausencia de apoyo de sus tropas en aquella negra noche de Iguala.

Sigo insistiendo en que otro que debe estar siendo citado a declarar es el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien se dice fue el que manejó la agenda del Caso Ayotzinapa, el que controló las reuniones de los padres con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el que hizo caer al ex mandatario en diversos errores que le costaron la credibilidad y popularidad de su gobierno. Entre estos, el no atraer la investigación de inmediato, sino que la PGR tardó más de un mes en reaccionar. Y en impedir –por razones de seguridad-, la visita de Peña Nieto a Iguala, recién ocurrido el problema, así como atender él a los padres en el Palacio Nacional, la primera vez que fueron, en lugar de que lo hubiera hecho el presidente.

Craso error, que llevó a la PGR a crear el cuento de la “Verdad Histórica”, diciendo que todos los muchachos fueron quemados en el basurero de Cocula, para que hoy el ex procurador Jesús Murillo Karam diga que “al menos dos” de los estudiantes sí fueron calcinados ahí. O sea, sólo dos de 43, y con eso determinaron que la misma suerte corrieron los demás.

¿Así de negligentes o más?

Hoy hay varias líneas de búsqueda, pues a estas alturas ya se sabe que los muchachos fueron asesinados. Y aunque hubo varias líneas de investigación, no las agotaron. Ahora se les busca en Carrizalillo, Mezcala, Tepecoacuilco o Huitzuco, incluso la Sierra.

Editorial

La voluntad no basta

Nos acercamos al primer aniversario del Gobierno del cambio y muchas cosas han cambiado y, paradójicamente, a la vez muy pocas han cambiado. Hay un mundo de distancia en el estilo personal de gobernar entre la frivolidad irresponsable de Enrique Peña Nieto y la austeridad a veces franciscana de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el hombre y la mujer de la calle difícilmente han experimentado un cambio en materia de bienestar social y económico, en acceso a oportunidades o en la sensación de vulnerabilidad ante la violencia en las calles. Ciertamente para muchos ancianos y jóvenes recibir un apoyo en metálico hace bastante diferencia, pero en un país de 125 millones de habitantes resulta insuficiente para provocar la impresión de que vivimos en otro régimen.

Y es que pese a las buenas intenciones y el enorme desgaste físico del Presidente un Gobierno no puede hacer una diferencia sustancial si la economía se encuentra estancada y el empleo no está creciendo.

Está claro que con el “me canso ganso” no va a alcanzar. Habría que insistir que todo el sistema que preside el Gobierno de la república apenas representa el 25 por ciento del producto interno bruto de la nación. El resto lo genera la iniciativa privada, la economía informal, los comercios, las remesas de los emigrados, el turismo, los ingresos por drogas y un largo etcétera. Las políticas públicas pueden matizar la acción de los otros, pero no hay manera de activar una economía si los grandes, medianos y pequeños empresarios, comerciantes, banqueros, agricultores tienen miedo a los tiempos y se guarecen para esperar momentos mejores.

Antes, en otra realidad que quizá nunca existió, el Estado podía hacer la diferencia. Hoy, que vivimos en un mundo de interdependencias y en el cual las leyes del mercado interno y externo se vuelven implacables, el margen de acción del Presidente es infinitamente menor. López Obrador puede reorientar partes del presupuesto; pero siendo realistas su impacto como herramienta para redistribuir la riqueza es muy limitado: la mayor parte del gasto público está comprometido en obligaciones de deuda, pensiones y pago de la burocracia, y el grueso de esta forma parte de las filas de la clase media baja. Quitarle recursos a un maestro o a un empleado federal para dárselo a un campesino, incluso si se pudiera en términos políticos, equivale a destapar un hueco para cubrir otro.

Es un alivio saber que el Gobierno de la 4T está taponando las salidas absurdas de moches, gastos suntuarios y corruptelas de los de arriba, pero los ahorros así logrados son meras gotas frente a la difícil tarea de hacer reverdecer la pradera.

Los secretarios, subsecretarios y titulares de dependencias se despachaban con la cuchara grande pero se trataba de un millar de individuos; de allí no sale para financiar el combate a la pobreza. En realidad no saldría de ningún lado, salvo de un crecimiento con una mejor distribución. López Obrador está haciendo esfuerzos denodados para conseguir esa mejor distribución; el problema es que sin crecimiento no hay distribución que luzca.

Tener la razón moral o encabezar las causas justas no basta. En ocasiones parecería que el Presidente está empeñado en demostrar que él hizo el esfuerzo, que la legitimidad social y política estaba de su lado, que sus adversarios no fueron solidarios y no abandonaron su mezquindad. En tal caso quizá AMLO se vaya a su casa con la frente en alto dentro de cinco años, niveles de aprobación elevados pero ningún cambio significativo en la vida de los ciudadanos, salvo en términos discursivos. Sus seguidores más radicales se irán más furiosos de lo que entraron, convencidos de que si no se pudo fue por la perfidia de los conservadores. Pero más allá de quién haya tenido la culpa, lo cierto es que habría sido una lastimosa derrota de la esperanza; una oportunidad histórica perdida.

El verdadero reto del estadista no es demostrar que se tiene la razón y los otros están equivocados sino encontrar la forma de que los actores que pueden cambiar la realidad participen de sus razones, las compartan y las impulsen. Pero eso no se conseguirá mientras se siga hablando de adversarios mezquinos o de oposición derrotada. No se trata de doblar las rodillas frente al 30 por ciento que no lo apoya (porción importante de los que tienen los recursos y dan empleo directo o indirecto a buena parte del otro 70 por ciento); se trata de convencer a todos de que dejen atrás la atonía, de que pese a las diferencias es posible construir un clima de confianza mutua y de que es factible mejorar la situación de las mayorías para provecho de todos.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La tormenta tropical Narda puso en jaque este fin de semana a autoridades y población civil del estado de Guerrero. El meteoro solamente pasó de largo rumbo al norte, y tocó tierra en Michoacán, en la frontera con Jalisco, donde se degradó a tormenta tropical.

Sin embargo, a pesar de todos los avisos preventivos, anoche se reportaba la desaparición de 5 personas en la localidad de Agua Caliente, en los bienes comunales de Cacahutepec, al volcar la lancha en la que viajaban.

A las 5:00 de la tarde, el Consejo Estatal de Protección Civil había reportado “saldo blanco”, con daños menores en la infraestructura carretera, puentes y caminos. Ya más tarde, el director de Protección Civil estatal reconoció que se tienen 5 desparecidos, entre ellos una menor de edad, y que ya iniciaron su búsqueda.

Ya hacia las 9 de la noche, notificaron que las personas que viajaban en la lancha, en total 7, fueron rescatadas por los mismos lugareños, por fortuna.

Tras degradarse, se espera que Narda siga provocando lluvias. Por lo tanto, se declaró suspensión de clases para este lunes.

Para Guerrero, estas son las lluvias que la gente esperaba desde principios y mediados de septiembre, para rescatar sus siembras. Hasta hace poco, los ríos y presas estaban con un caudal muy pobre, y parecía que las reservas de agua estaban comprometidas.

Pero con las lluvias torrenciales de Narda, que comenzaron desde el sábado y que hasta hoy domingo, siendo las 9 de la noche, continuaba lloviendo aunque ya en forma menos tupida.

Los daños que se reportan son menores, como deslaves que provocaron la obstrucción de carreteras, entre ellas la carretera interestatal Acapulco-Pinotepa, cerca de Cuajinicuilapa, que dejó incomunicado a ese municipio de la Costa Chica.

Además, esa región estuvo incomunicada más de 24 horas, justo durante el tránsito del meteroro, pues las redes de telefonía, tanto la convencional como la celular, se cayeron y fue hasta este domingo en la noche que se reactivaron parcialmente.

Los apagones también fueron constantes, por la caída de árboles sobre las líneas del fluido eléctrico.

En la Costa Grande los problemas

Lo importante es que Protección Civil Estatal reporta “saldo blanco” por Narda, dado que no hay víctimas que lamentar, a diferencia de lo que sucedió en Oaxaca, donde en el municipio de Juchitán hubo desalojos de personas por inundaciones, y un muerto.

El secretario de Protección Civil, Marco Cesar Mayares Salvador, informó que tras casi 24 horas de lluvia continua en el estado por el paso de “Narda”, el conteo de daños, hasta el reporte de las 5 de la tarde, era 17 viviendas inundadas -15 de ellas en el municipio de Igualapa, región de la Costa Chica-, 91 árboles y espectaculares caídos.

Se registraron también bloqueos parciales en la Autopista del Sol, la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y Chilpancingo-Tixtla, debido a deslaves y caída de un espectacular.

Lo fuerte es que Narda dejó ríos y lagunas la tope. El Consejo Estatal de Protección Civil, realiza un monitoreo permanente a la creciente de ríos, principalmente en los ubicados en las dos costas de Guerrero.

Aunque tras la experiencia que nos dejaron la tormenta Manuel, que se juntó con el huracán Ingrid, también en el mes de septiembre de 2013, las tormentas y huracanes generan temor e incertidumbre, ni duda cabe que las lluvias son providenciales.

Tras la prolongada sequía sufrida en muchas partes de la entidad, y el comportamiento errático del temporal en las costas, sobre todo, no podemos menos que agradecer el paso de Narda, que vino a refrescarnos y, sobre todo, a recargar los mantos freáticos de agua dulce, tan necesaria hoy en día.

El republicano dudoso

Como si no tuviéramos problemas que enfrentar, esta semana buena parte de la conversación pública (léase medios, redes sociales y charlas de sobremesa) giró en torno a la especulación de que López Obrador se reelija al final de su sexenio en 2024. Enrique Krauze, incluso, propuso lanzar un Frente Nacional Antireeleccionista que podría ser encabezado por el mismísimo Cuauhtémoc Cárdenas. Como es sabido López Obrador acudió a un notario público para certificar su decisión explícita de nunca intentar eso de lo que ahora se le acusa. Inmediatamente sus críticos advirtieron que esa promesa notarial no elimina el peligro. Primero, porque es un documento que no tiene valor jurídico, simplemente acredita que en tal fecha esa era su voluntad. Tendría el mismo carácter que un testamento que igual puede cambiarse cualquier otro día. Y segundo, porque la reelección no es el único camino para mantenerse en Palacio Nacional, la otra vía es la extensión del mandato mediante un cambio en la constitución. Aunque conseguirlo supondría un brete jurídico, en estricto sentido esa opción no requeriría presentarse a unas elecciones.

Desde luego el temor no es gratuito. Se originó con el albazo que propinó el congreso estatal de Baja California mediante el cual se extendió el mandato del Gobernador de Morena recién elegido. Como se recordará, las elecciones en aquél estado fueron convocadas para cubrir un período de apenas dos años, obedeciendo al deseo de recorrer así el calendario estatal y empatarlo con las elecciones federales intermedias de 2021. Pero una vez en el poder, el Gobernador elegido, Jaime Bonilla (un empresario ex priista que supo leer a tiempo el cambio de aires políticos), encontró que 24 meses no justificaban ni el esfuerzo ni los gastos de campaña y movió los hilos para que los diputados locales le ampliaran la chamba para continuar hasta el 2024, es decir en total cinco años. El problema, claro, es que los ciudadanos habían elegido a un funcionario para el término de dos años, sin derecho a reelección según reza la convocatoria, lo cual supondría un abuso inexplicable de parte de los generosos legisladores locales. Curiosamente la mayor parte de ellos eran panistas, algunos en proceso de cambiar a Morena y en medio de muchas acusaciones de haber sido convenientemente “maiceados”. El tema seguramente habrá de resolverse en la Suprema Corte.

Pero el caso de Baja California encendió las alarmas entre todos aquellos que ven a López Obrador como enterrador de la democracia. Suponen, incluso, que puede tratarse de un laboratorio de lo que podría suceder luego a nivel federal. No obstante el Presidente ha declarado reiteradamente que es un republicano de cepa y cita a Francisco I Madero, el antirreleccionista, como uno de sus referentes históricos. Una y otra vez ha dicho que no seguirá en el poder al final de su mandato y ahora lo ha afirmado ante notario público. Pero se habría ahorrado toda este desgaste de paja si simplemente hubiese hecho un deslinde crítico con lo que está pasando en Baja California. Por el contrario, sus intervenciones al respecto no han podido ser más ambiguas. Interpelado en las mañaneras al respecto, solo ha dicho que él no metió las manos, que se trata de un asunto regional y que, en todo caso, las autoridades federales electorales y la Suprema Corte tendrán la última palabra. Sobre esto último tiene razón, sobre lo primero hay más dudas. López Obrador no es de Morena sino al revés. Se trata de un partido hecho en torno a su persona y cuesta trabajo creer que el congreso local y el mismo Gobernador hubieran perpetrado esta patraña si el líder nacional se hubiera opuesto. Cabe la posibilidad de que lo hicieran sin consultarlo, pero no tengo dudas de que, de haberlo deseado, él tenía capacidad de pararlo una vez que se puso en marcha.

Quiero pensar que López Obrador es sincero cuando afirma que no traicionará su palabra en 2024, lo que no me explico son las ganas de complicarse innecesariamente las tareas de Gobierno. La 4T habría podido quitarse muchos obstáculos y molestias si el Presidente usara menos explicaciones e impartiera menos lecciones verbales; si no ofendiera a las tradiciones republicanas con encuestas a mano alzada para presumirlas como la voz del pueblo, si no desafiara y descalificara a sus adversarios todos los días casi siempre con razón pero a veces sin ella. Horas antes de firmar notarialmente su intención antirreleccionista, dijo en la conferencia mañanera que gobernaría “hasta que el pueblo quiera”. Se refería a que incluso podría salir antes, si es que un referéndum se lo pedía. Pero sus críticos lo sacaron de contexto para insistir que era una amenaza velada para perpetuarse en el poder. Entre tantos dimes y diretes estamos dejando de ver la transferencia real que comienza a darse a favor de los pobres y el avance lento pero profundo en contra de la corrupción. Hay cambios valiosos, pero difíciles de percibir con tanto ruido. Lo dicho, López Obrador siempre se las arregla para darles municiones a sus adversarios.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Tres cosas marcaron el quinto aniversario del Caso Ayotzinapa. No, no fueron las marchas, ni las manifestaciones, ni los gritos de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, ni la comparecencia de los padres en la tribuna de la Cámara de Diputados. Nada de esto es novedoso, realmente.

Lo verdaderamente impactante han sido dos cosas: primero, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se puso la camiseta del caso, literalmente, y reiteró la oferta de dos recompensas para esclarecer el caso: Una, de 1.5 millones de pesos para quienes aporten datos fidedignos de la ubicación de los 43 normalistas que fueron desaparecidos en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014. Y otra de 10 millones de pesos, para dar con el paradero de un sujeto identificado como Alejandro Tenescalo, de quien poco se sabe, salvo que habría sido el cerebro de la cacería de muchachos y su posterior desaparición. Al parecer, Tenescalo es el eslabón perdido del Caso Ayotzinapa, y su localización es crucial para desentrañar la verdad de aquella fatídica noche, que no sólo se llevó a 43 jóvenes normalistas, sino que acabó con un gobierno estatal, con el PRD, y con el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto.

Nadie puede dudar de que a partir de la desaparición de estudiantes, nada fue igual para Peña Nieto. Jamás se pudo recuperar el presidente de toda la serie de pifias en que lo metieron sus muchachos, los Golden Boy que lo acompañaron en su gobierno. Pero específicamente el entonces titular de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien fue el que manejó la agenda del caso, incluyendo las reuniones del presidente con los padres de los normalistas desaparecidos.

Estamos ante el reinicio de las investigaciones, y definitivamente esperamos sorpresas. Por ejemplo, el titular de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en el país, informó ayer en presencia del mandatario federal, que el grupo científico que coordina ha hecho el análisis de 80 millones registros de llamadas de los teléfonos de los muchachos, “son 206 mil llamadas de interés que permitió una red de (…) Minuto a minuto de esta operación. No puedo dar el detalle, pero sí puedo decir que en ningún momento hubo contacto de algún estudiante con algún grupo delictivo ni con ninguno de sus integrantes”, dijo.

Esto en referencia a que le preguntaron si la indagatoria demuestra que los normalistas hayan tenido contacto con algún grupo delincuencial, que demuestre que estuvieron en Iguala no de manera fortuita, sino enviados por alguien más. Recordemos que oficialmente ellos fueron a esa ciudad por los camiones, porque en Chilpancingo la Policía Estatal les evitó la toma de las unidades. Pero los delincuentes detenidos han declarado que los confundieron con gente de Los Rojos, que habría acudido a Iguala a reventarles la plaza a los de Guerreros Unidos.

Encinas descarta esa posibilidad, aunque recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en su recomendación del caso, que desde antes del ataque contra los jóvenes, la Normal Rural de Ayotzinapa estaba infiltrada por dos grupos de narcomenudistas, que operaban con autorización del Comité de Base Estudiantil, cuyo secretario general era David Flores Maldonado, La Parka.

Por lo tanto –y sin que esto implique incriminar a los jóvenes desaparecidos-, conviene preguntarse por qué nunca fue intervenida esa institución, cuyo director tuvo que reconocer que ahí opera un autogobierno, y que hay un comité que maneja a los estudiantes. De hecho, fueron los líderes de este comité los que comisionaron a los jóvenes para ir por camiones, aprovechando a los de recién ingreso. Por eso la mayoría de ellos son de primer año, porque recién iniciaba el ciclo escolar.

La segunda sorpresa de este quinto aniversario, es la versión del ex coordinador de la CRAC-PC, Eliseo Villar Castillo, quien viene afirmando en una serie de entrevistas vía telefónica desde la cárcel de Chilpancingo, que los muchachos fueron enterrados en un lugar inaccesible. Y que lo sabe porque tres reos que participaron en la masacre se lo dijeron. De hecho, esto ya se lo informaron los cuatro a Alejandro Encinas, en tres reuniones a los que los han convocado, en el penal de Cuernavaca. Indicó que existe, incluso, un mapa satelital de la zona donde estarían los muchachos.

Y hasta aquí todo parecería una especulación, o un mero momento de oportunidad para Eliseo Villar Castillo, para obtener su libertad. Sin embargo, Alejandro Encinas reconoció que, en efecto, se tiene otra línea de investigación y que no han acudido al lugar porque es una zona muy peligrosa, y están ideando una estrategia de seguridad para ir a explorarla. Esa zona está en la Sierra del estado.

Con estas novedades, así como el anuncio de la comparecencia de las autoridades estatales y federales, vemos que el caso avanza. Y es cuestión de tiempo para que el rompecabezas comience a tomar forma.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Senadores de Morena y PAN, empeñados en la venganza

“Un hombre que piensa en la venganza, mantiene sus heridas abiertas, que de otro modo habría sanado y estarían mejor.” Francis Bacon

Decíamos en este espacio, mis estimados, que se adelantó y calentó el proceso electoral del 2021; incluso, hay actores políticos que andan en franca campaña; no les importa violar los tiempos electorales, pues la ambición rompe el saco, dice el dicho popular.

El apetito por el poder, es más fuerte que el miedo a la ley.

Son muchos los que aspiran cargos al 2021. Algunos hacen campaña abierta en sus redes sociales, donde suben fotos y videos presumiendo discursos que nunca les vimos antes, ni cuando tuvieron cargos importantes en el gobierno o Congreso. Nunca los vimos defendiendo a los guerrerenses de tanta ingratitud oficial, se dedicaron a nadar de a muertito. Pero esos políticos guerrerenses ahora anuncian que aman a Guerrero y sus guerrerenses, ya que ven un estado con hambre, una entidad sin rumbo que requiere un cambio.

Y no sólo los del PRI, PRD y PAN andan en campaña, sino que también los de Morena, brincaron a la base, no sea que se les adelanten otros. Sin embargo, a los morenos habría que recordarles la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, meses atrás, cuando dijo que el funcionario que quiera participar en campañas para el proceso electoral 2021, debe renunciar por lo menos dos años antes de que inicie el proceso. O sea, ya. Y con ese mensaje el presidente les cortó las alas a varios personajes que aspiran a cargos de elección, pero que ocupan cargos de elección popular o cargos administrativos.

Además, el mandatario advirtió a los Servidores de la Nación, que su trabajo es censar y afiliar a los beneficiarios de los programas sociales, que no deben participar en actividades políticas, y que si hacen uso de los recursos federales o dedican tiempo de su trabajo para favorecer a candidatos o partidos, comenten un delito electoral. “Y les recuerdo que los delitos electorales son delitos graves y existe una fiscalía electoral que atiende estos asuntos”, les recalcó.

El mandatario pidió que si alguien tiene pruebas de algún servidor de la nación o servidor público, favoreciendo a candidatos, o ellos haciendo actividad política, que los denuncien. “Si sabes de algún funcionarios público que está haciendo labores partidistas, hay que denunciarlo y mucho más si están utilizando dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Ya se acabó el reparto de despensas y frijol con gorgojos, el tráfico con la pobreza de la gente, todo se fue al basurero de la historia”, expresó el mandatario convencido.

Bien pronto acabó el presidente AMLO con las aspiraciones políticas de muchos actores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Inclusive, en Guerrero principalmente, comenzaron a surgir encuestas que en lugar de abonar a la unidad por Guerrero, por parte de los actores políticos, vienen a romper toda concordia, en cuanto que siembran mayor competencia. Además, es muy pronto para perfilar a una persona, porque en política no hay nada escrito ni tampoco hay enemigos pequeños.

Lo cierto, es mis estimados, que las elecciones en Guerrero, en el próximo proceso electoral, serán más peleadas y peligrosas. Nadie tiene seguro el triunfo y menos en esta entidad, pues los guerrerenses se cuecen bien aparte. Y ya saben que quiénes son los dueños del estado, se apuntan como protagonistas para todo; así que no es fácil gobernar la entidad y peor ahora que ha avanzado el crimen organizado y ha rebasado límites insospechados.

Tal vez por eso el gobernador ha dicho que no es fácil gobernar Guerrero; sin embargo, siempre será un honor para un guerrerense gobernar la tierra que lo vio nacer.

Lástima que no vean de esa manera los políticos, pues la inseguridad y violencia azota al país en general. En todo el territorio nacional hay una a ola de violencia terrible, y requiere la atención de la Federación. Es cierto que en algunos estados se agudizó la criminalidad, pero desapareciendo los poderes en Tamaulipas y Guanajuato, como piden los senadores de Morena, no van a solucionar nada y menos por venganza de los senadores de Morena contra los del PAN, pues primero los panistas comenzaron a pedir la desaparición de poderes en Veracruz, donde gobierna morena con Cuitláhuac García, por los altos índices delictivos.

En respuesta, los senadores de la bancada de Morena piden desaparecer poderes en Tamaulipas y Guanajuato, estados gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), y exigen que se nombre un gobernador provisional, lo mismo que los panistas pidieron para Veracruz. Incluso ya en el Senado está la petición de revocación para los gobernadores panistas, y se discutirá la semana próxima.

Bien claro nos queda claro a los ciudadanos con estos pleitos entre senadores, que estamos en un ring político, pues en vez de legislar, están ocupados en meterse zancadilla y tirarse ganchos al hígado.

Increíble que estas mojigangas se hagan los chistosos vengándose y haciendo berrinches. Aun viendo los ríos de sangre que corren por todo el país, no les importa, ellos hacen circo para mantener entretenido al respetable público. No tiene abuela los senadores, esa es la realidad.

Y para muestra de que es venganza política a petición de los senadores de Morena y del PAN para la desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, es el reproche del presidente AMLO, quien ayer les mandó a decir que antes de pedir la desaparición de poderes, deben dialogar. “Apliquen procedimientos sin tintes políticos para hacer justicia”, expuso el mandatario, y les recordó que él fue víctima de un juicio de desafuero promovido por órdenes del presidente Vicente Fox, en 2005. “Y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima, por cuestiones políticas, de un procedimiento establecido en la ley, pero que es promovido o impulsado por venganza, o para descalificar adversarios”.

Además, dijo que no sólo se afecta la imagen de los legisladores, sino también la de las instituciones, por lo que propuso que se arreglen.

Pero para acabar pronto, el mandatario les aconsejó a los senadores que esos asuntos no son de su competencia, que con todo respeto, corresponden a la Fiscalía General de la República, y al Poder Judicial. ¿Me están oyendo, inútiles? ¡Ah!, perdón, disculpen señores senadores, esa es letra de una canción de la Paquita del Barrio, mejor cómprense un GPS, son buenos para ubicarlos. Jojojo.

Nada van a arreglar desapareciendo los poderes en los estados; por el contrario, se agudizará la violencia, pues si un gobernador fue electo por la mayoría de ciudadanos y con todo no puede con el paquete, otro que impongan menos lo hará. Esto ya lo vivimos en Guerrero, cuando defenestraron a Ángel Aguirre e impusieron a Rogelio Ortega. Es hora de que tenemos un tiradero de obras, y la violencia no tuvo límites.

NO sean cabezas duras, vengativos; mejor apoyen a los gobernadores antes de andar incitando más la violencia.

Por cierto, bien pocos políticos son congruentes para hace señalamientos políticos. Luis Walton Aburto, después de anuncia su salida de Movimiento Ciudadano, recibió señalamientos y también felicitaciones por la decisión que tomó el empresario gasolinero. Pero dejó en claro que él no se define todavía como candidato de Morena: “Mi deseo sigue siendo la unión de todas las izquierdas, para ir juntos en los comicios de este año. No hay motivo para que los dirigentes de Morena en Guerrero se pongan nerviosos, yo no sé por qué los compañeros de Morena han hecho tantos sellamientos”, dijo en esa entrevista del noticiero de Capital Máxima.

Luis Walton Aburto, reveló además las razones por las que renunció a MC; relató que durante 12 años MC (antes Convergencia), respaldó a López Obrador, y relató también que en la elección de 2018, la dirigencia de MC decidió apoyar por la Presidencia de México al panista Ricardo Anaya, igual que el PRD.

En pocas palabras mis estimados, Luis Walton Aburto ha hecho más por el ahora presidente AMLO que todos los que se cuelgan la medalla de Morena; incluso, que el mismo Pablo Amílcar.

Todos los que señalan a Walton Aburto, deberían primero verse su trasero, porque todos tienen una larga cola que les pisen. Y no defiendo ni pretendo que quieran o reciban a Luis Walton en Morena, ni me interesa; lo que no se vale son los señalamientos que están haciendo en su contra, y todo por la ambición del poder. Y eso que son guerrerenses, ahora si no lo fueran, se matarían con su pura legua venenosa. Neta, qué mala puntada; no necesitan que vengan de otros estados a darles de cachetadas, ustedes se encargan de marcarse hasta dejarse pintos.

En Morena de plano se desquiciaron, sienten que todo aspirante que postule el Movimiento va a ganar arrasando otra vez. Tal vez sea así, pero sean prudentes, no sean altaneros, pues los militantes de Morena aseguran que Pablo Amílcar será su candidato, que aunque esté por abajo de las encuestas y le parezca a no a los demás contrincantes, Amílcar Ballesteros será el candidato de Morena a gobernador de Guerrero, porque según ellos es amigo del presidente AMLO, tanto Pablo como toda su familia, y quien pone al candidato a gobernador es presidente AMLO, dijeron. ¿Qué tal?

Pues veremos, dijo el ciego. Jojojo.

Mientras tanto, el Senador Félix Salgado Macedonio se relame los bigotes y pela los ojos de emoción cuando las encuestadoras lo ubican en la cima de Pie de la Cuesta. Lástima que el Toro sin Cerca no sabe echarse clavados ahí.

Editorial

Santa Lucía y la seguridad nacional

El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval lo sabe muy bien: la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía (AISL) que pretende el presidente de la República está lejos de ser un asunto de seguridad nacional. Sabe también que este concepto no puede ser invocado para que la justicia federal le de la razón al habitante del Palacio Nacional.

Es, en todo caso, como todos los puertos aéreos y marítimos, una instalación estratégica. Sobre todo ahora, que, como desde hace 70 años, es utilizado por la Fuerza Aérea Mexicana, esa institución que en México ha estado subordinada al Ejército de tierra.

Si las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea hasta ahora no han o no habían sido catalogadas en ningún inventario oficial como estratégicas, como lo dice la Presidencia, es una omisión de la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional desde que éste se creó en el gobierno de Vicente Fox, en el 2005.

Ese registro fue una obligación que se estableció en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), en cuya confección participó el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, cuando era director del entonces Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero de ahí a parapetarse en la seguridad nacional hay una gran diferencia. La seguridad nacional es mucho más que instalaciones estratégicas, así sean militares. Lo militar es uno de los componentes de ese concepto tan manido políticamente.

La seguridad nacional refiere a todas las condiciones que genera un país para su estabilidad, integridad y permanencia. En razón de ellas se previene de las amenazas y riesgos, preserva su soberanía e independencia, defiende su territorio, mantiene el orden constitucional democrático, la unidad de la Federación y genera las condiciones de desarrollo social, económico y político.

Con esta definición, que el general Sandoval conoce muy bien, es claro que la seguridad nacional no pasa por la ampliación de un aeropuerto al gusto presidencial. Por eso es desproporcionado recurrir a ese concepto para que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México eche abajo las suspensiones judiciales que hay en contra de la obra.

Según los opositores al AISL, aglutinados en el colectivo #NoMasDerroches, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le argumentó al juez que la suspensión definitiva de la construcción “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.

Una revisión de la LSN permite ver que los puertos aéreos y navales, como en cualquier país, deben ser protegidos de ataques que amenacen la seguridad nacional.

Pero no son las únicas amenazas potenciales. La ley menciona también al sabotaje, el terrorismo, el espionaje, la rebelión, la traición a la patria, el genocidio, actos que impidan actuar con la delincuencia organizada, actos de interferencia extranjera para afectar al Estado mexicano, actos en contra de la unidad de la Federación, tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas y bactereológicas, bloqueo de las actividades de inteligencia o contrainteligencia o ataques a la infraestructura estratégica de los servicios públicos.

Son escenarios en que la seguridad nacional se puede ver comprometida, pero en cada caso se presupone una respuesta del Estado para neutralizar tal amenaza.

Los gobiernos suelen invocar a la seguridad nacional para conseguir sus propósitos o despropósitos. Uno de los más conocidos fue el del presidente Richard Nixon de enjuiciar a los diarios The New York Times y The Washington Post por revelar los “Papeles del Pentágono” sobre la guerra en Vietnam.

Cuando se publicaron, la Casa Blanca argumentó que los periódicos ponían en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos porque la guerra estaba en curso. El caso llegó a la Suprema Corte y los jueces constitucionales estadunidenses resolvieron que se trataba de un asunto de interés público en el que prevalecía el derecho a la información, además de que el gobierno de Nixon no pudo demostrar en qué se afectaba la seguridad nacional.

Si la justicia mexicana declara que la construcción de un aeropuerto es un asunto de seguridad nacional, nos podría alejar más de los Estados modernos.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay un hartazgo persistente en el país por la inseguridad. En la mayoría de las entidades federativas, encabezando la Ciudad de México y el Estado de México, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos es demasiado alta.

Y si en algunos lugares, Guerrero entre ellos, podemos presumir que el índice de violencia ha disminuido, eso no significa que el problema está resuelto, y que falta mucho para que los mexicanos nos podamos sentir seguros incluso en nuestra propia casa.

Salir de copras, de antro, de vacaciones, ir al banco, e incluso ir a la escuela por los hijos, se ha convertido en ocasión de estrés por la percepción de violencia.

Mientras hay todavía autoridades que mostrando cada día más alejamiento e insensibilidad social, que se atreven a minimizar el problema de la inseguridad y violencia que tienen asolada a la población, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2019 (ENVIPE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), viene a confirmar que la escalada delincuencial sigue siendo el problema número uno del país, y de muchos estados.

¿Qué es lo que mide esta encuesta? Tiene algunos indicadores, que en suma resultan útiles para medir qué tanto ha cambiado la sensación o percepción de inseguridad entre la gente, lo cual es importante porque es lo que realmente impacta desde el punto de vista político y social.

Esa es la realidad cotidiana y cada vez se tiene mayor cercanía con víctimas de delitos (algo que antes era esporádico), de todos aquellos afortunados que no viven aún la traumática experiencia de ser agredidos o afectados en su patrimonio; o, lo más grave, tener desaparecido o haber perdido a un ser querido a manos de la delincuencia.

Si somos honestos, esto anula toda credibilidad a cualquier balance gubernamental que diga que están cumpliendo como deberían para garantizar la seguridad a los ciudadanos.

El gobierno federal sabe que esto apenas comienza. Que la Guardia Nacional es un proyecto todavía inacabado, y que si bien se tienen altas expectativas por este modelo, no significa que será algo fácil, sobre todo si desde los estados y municipios no se hace lo propio; o, lo que es peor, si se hace todo lo contrario, como sucedió en Tamaulipas, donde la Fiscalía General de la República ya investiga un grave caso de la ejecución extrajudicial de 8 personas, en lo que fue una bien planeada puesta en escena para hacerlos parecer como delincuentes.

Guanajuato, Veracruz y Jalisco, están que arden. Y la Ciudad de México y el Estado de México, que antes tenían cifras moderadas, son ahora pasto de grupos antagónicos que se pelean los territorios a sangre y fuego, pero donde también se da el mayor número de feminicidios y desapariciones.

Jalisco es caso aparte. Como estado sede del CJNG, los altos niveles de percepción de inseguridad de 78.9 por ciento que revela la ENVIPE son totalmente comprensibles. Ahí se dan continuos desafíos de las mafias a las autoridades, que van desde ataques orquestados a funcionarios de la Fiscalía, amenazas cumplidas a jefes policiales, la aparición constante de casas del terror en las que se secuestra, se tortura, se mata y se mutila.

Lo más reciente son las fosas clandestinas en Zapopan y Tala, donde se han encontrado en las últimas semanas casi 200 bolsas con restos humanos. Sin dejar de mencionar la aparición diaria de cadáveres por calles de todos los municipios del Área Metropolitana y las ejecuciones a plena luz del día y en los sitios más transitados, luego de los cuales, en rara ocasión hay detenidos.

Producto de toda la ineficiencia policial y de procuración de justicia, atrofiadas por los altos niveles de corrupción que provocan una impunidad casi absoluta, es, según la ENVIPE 2019, que 24.7 millones de mexicanos y uno de cada tres hogares haya sido víctima de algún delito, y que el costo de ello ascienda a 286 mil millones de pesos, que equivale al 1.5 por ciento del PIB y 6 mil 468 pesos per cápita.

El hartazgo por la impunidad se expresa en que 93.2 por ciento de los delitos no se denuncia y que prácticamente todos los actores públicos que tienen que ver en el tema de la seguridad estén reprobados en confianza ciudadana, a excepción de soldados y marinos. Los más corruptos son considerados los agentes de tránsito (76.6), jueces (68.4), policía municipal (67.9), ministerios públicos (62.3), Fiscalías (60.6) y la Policía Federal (55.2).

Editorial…

Los otros migrantes

Ellos llegaron en medio de la confusión local por entender la situación y presencia de los migrantes centroamericanos que buscan pedir asilo en El paso Texas para protegerse de la violencia y circunstancias inhumanas de sus países, pero ellos no vienen de otra nación, sino de Michoacán y Zacatecas.

Llegaron y subieron la joroba de los puentes, donde han permanecido, soportando la lluvia, el frío de la noche y calor del mediodía que caracteriza a esta frontera, y desde allí insisten en que los reciban las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacer su trámite correspondiente y ejercer su derecho a asilarse en un país que les brinda la seguridad que el suyo no les garantiza.

Sus historias personales son tan impresionantes como las de los centroamericanos, están quienes perdieron a su familia completa por actos de violencia de la delincuencia organizada que se obstinó en extinguirla, aunque sólo uno de sus miembros hubiera cometido el pecado de trabajar o auxiliar a agentes enemigos, y hay quienes presentan lesiones de arma de fuego y cicatrices como si fueran veteranos de una guerra declarada.

Una de las migrantes, me afirmó, aún está viva porque alcanzó a tomar el autobús que iba saliendo de su pueblo antes de que los sicarios la ubicaran y la ejecutaran como hicieron con el resto de su familia, y me manifestó que el crimen fue de su esposo, que desató la ira delincuencial al incorporarse a las fuerzas de autodefensa de su pueblo en Michoacán y enfrentar junto con los demás a los narcotraficantes que ya los tenían asolados.

Los migrantes de Zacatecas presentan una variedad de argumentos que remiten al hostigamiento permanente e impune de los Zetas que se han apoderado del Estado, pero además de su bajísimo nivel de ingresos y recursos para seguir sobreviviendo en su propia tierra, la falta de seguridad social y la pobreza generacional los ha derrotado en la defensa de su terruño y los orilla a buscar opciones de vida en un país ajeno y extraño.

Los juarenses discuten en diferentes círculos ¿cuál debe ser la actitud correcta? Pero es una discusión que no pasa de las palabras; están convencidos de que no pueden ser discriminatorios contra ellos, pues si no lo hicieron contra los extranjeros, menos lo pueden hacer contra los mexicanos, pero, hasta algunos con autoridad, dicen que no podemos ser demasiado generosos, porque se va a correr la voz entre los mexicanos al sur que en Juárez son bienvenidos todos ellos, ¿y luego qué hacemos?

Nunca faltan idiotas como estos por el camino.

Los mexicanos tienen derecho a transitar y viajar por todo el país, y buscar mejores opciones de vida en todo el territorio sin mayor limitación que sus recursos y posibilidades, y si han llegado a Juárez con el sueño de recibir asilo en Estados Unidos, no tardarán en darse cuenta que es sólo un sueño imposible, porque con suerte uno de cada 100 será aceptado debido al entramado de filtros norteamericanos que buscan evitar el ingreso de las personas que no les son agradables (y actualmente los mexicanos no somos bien vistos por ellos).

De esta misma manera llegamos a Juárez miles y miles de mexicanos que, cuando comprobamos que cruzar el río tomaría un largo tiempo, mejor nos acomodamos aquí y forjamos relaciones, trabajos, y familia; la característica de los juarenses es que vivimos aquí, pero no nacimos aquí, y cuando somos más de 600 mil “no nativos” los que estamos aquí, mil quinientos, o dos mil más, son simplemente gotas de agua en una alberca.