Opinion | - Part 250

Editorial

Santa Lucía y la seguridad nacional

El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval lo sabe muy bien: la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía (AISL) que pretende el presidente de la República está lejos de ser un asunto de seguridad nacional. Sabe también que este concepto no puede ser invocado para que la justicia federal le de la razón al habitante del Palacio Nacional.

Es, en todo caso, como todos los puertos aéreos y marítimos, una instalación estratégica. Sobre todo ahora, que, como desde hace 70 años, es utilizado por la Fuerza Aérea Mexicana, esa institución que en México ha estado subordinada al Ejército de tierra.

Si las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea hasta ahora no han o no habían sido catalogadas en ningún inventario oficial como estratégicas, como lo dice la Presidencia, es una omisión de la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional desde que éste se creó en el gobierno de Vicente Fox, en el 2005.

Ese registro fue una obligación que se estableció en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), en cuya confección participó el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, cuando era director del entonces Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero de ahí a parapetarse en la seguridad nacional hay una gran diferencia. La seguridad nacional es mucho más que instalaciones estratégicas, así sean militares. Lo militar es uno de los componentes de ese concepto tan manido políticamente.

La seguridad nacional refiere a todas las condiciones que genera un país para su estabilidad, integridad y permanencia. En razón de ellas se previene de las amenazas y riesgos, preserva su soberanía e independencia, defiende su territorio, mantiene el orden constitucional democrático, la unidad de la Federación y genera las condiciones de desarrollo social, económico y político.

Con esta definición, que el general Sandoval conoce muy bien, es claro que la seguridad nacional no pasa por la ampliación de un aeropuerto al gusto presidencial. Por eso es desproporcionado recurrir a ese concepto para que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México eche abajo las suspensiones judiciales que hay en contra de la obra.

Según los opositores al AISL, aglutinados en el colectivo #NoMasDerroches, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le argumentó al juez que la suspensión definitiva de la construcción “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.

Una revisión de la LSN permite ver que los puertos aéreos y navales, como en cualquier país, deben ser protegidos de ataques que amenacen la seguridad nacional.

Pero no son las únicas amenazas potenciales. La ley menciona también al sabotaje, el terrorismo, el espionaje, la rebelión, la traición a la patria, el genocidio, actos que impidan actuar con la delincuencia organizada, actos de interferencia extranjera para afectar al Estado mexicano, actos en contra de la unidad de la Federación, tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas y bactereológicas, bloqueo de las actividades de inteligencia o contrainteligencia o ataques a la infraestructura estratégica de los servicios públicos.

Son escenarios en que la seguridad nacional se puede ver comprometida, pero en cada caso se presupone una respuesta del Estado para neutralizar tal amenaza.

Los gobiernos suelen invocar a la seguridad nacional para conseguir sus propósitos o despropósitos. Uno de los más conocidos fue el del presidente Richard Nixon de enjuiciar a los diarios The New York Times y The Washington Post por revelar los “Papeles del Pentágono” sobre la guerra en Vietnam.

Cuando se publicaron, la Casa Blanca argumentó que los periódicos ponían en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos porque la guerra estaba en curso. El caso llegó a la Suprema Corte y los jueces constitucionales estadunidenses resolvieron que se trataba de un asunto de interés público en el que prevalecía el derecho a la información, además de que el gobierno de Nixon no pudo demostrar en qué se afectaba la seguridad nacional.

Si la justicia mexicana declara que la construcción de un aeropuerto es un asunto de seguridad nacional, nos podría alejar más de los Estados modernos.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay un hartazgo persistente en el país por la inseguridad. En la mayoría de las entidades federativas, encabezando la Ciudad de México y el Estado de México, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos es demasiado alta.

Y si en algunos lugares, Guerrero entre ellos, podemos presumir que el índice de violencia ha disminuido, eso no significa que el problema está resuelto, y que falta mucho para que los mexicanos nos podamos sentir seguros incluso en nuestra propia casa.

Salir de copras, de antro, de vacaciones, ir al banco, e incluso ir a la escuela por los hijos, se ha convertido en ocasión de estrés por la percepción de violencia.

Mientras hay todavía autoridades que mostrando cada día más alejamiento e insensibilidad social, que se atreven a minimizar el problema de la inseguridad y violencia que tienen asolada a la población, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2019 (ENVIPE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), viene a confirmar que la escalada delincuencial sigue siendo el problema número uno del país, y de muchos estados.

¿Qué es lo que mide esta encuesta? Tiene algunos indicadores, que en suma resultan útiles para medir qué tanto ha cambiado la sensación o percepción de inseguridad entre la gente, lo cual es importante porque es lo que realmente impacta desde el punto de vista político y social.

Esa es la realidad cotidiana y cada vez se tiene mayor cercanía con víctimas de delitos (algo que antes era esporádico), de todos aquellos afortunados que no viven aún la traumática experiencia de ser agredidos o afectados en su patrimonio; o, lo más grave, tener desaparecido o haber perdido a un ser querido a manos de la delincuencia.

Si somos honestos, esto anula toda credibilidad a cualquier balance gubernamental que diga que están cumpliendo como deberían para garantizar la seguridad a los ciudadanos.

El gobierno federal sabe que esto apenas comienza. Que la Guardia Nacional es un proyecto todavía inacabado, y que si bien se tienen altas expectativas por este modelo, no significa que será algo fácil, sobre todo si desde los estados y municipios no se hace lo propio; o, lo que es peor, si se hace todo lo contrario, como sucedió en Tamaulipas, donde la Fiscalía General de la República ya investiga un grave caso de la ejecución extrajudicial de 8 personas, en lo que fue una bien planeada puesta en escena para hacerlos parecer como delincuentes.

Guanajuato, Veracruz y Jalisco, están que arden. Y la Ciudad de México y el Estado de México, que antes tenían cifras moderadas, son ahora pasto de grupos antagónicos que se pelean los territorios a sangre y fuego, pero donde también se da el mayor número de feminicidios y desapariciones.

Jalisco es caso aparte. Como estado sede del CJNG, los altos niveles de percepción de inseguridad de 78.9 por ciento que revela la ENVIPE son totalmente comprensibles. Ahí se dan continuos desafíos de las mafias a las autoridades, que van desde ataques orquestados a funcionarios de la Fiscalía, amenazas cumplidas a jefes policiales, la aparición constante de casas del terror en las que se secuestra, se tortura, se mata y se mutila.

Lo más reciente son las fosas clandestinas en Zapopan y Tala, donde se han encontrado en las últimas semanas casi 200 bolsas con restos humanos. Sin dejar de mencionar la aparición diaria de cadáveres por calles de todos los municipios del Área Metropolitana y las ejecuciones a plena luz del día y en los sitios más transitados, luego de los cuales, en rara ocasión hay detenidos.

Producto de toda la ineficiencia policial y de procuración de justicia, atrofiadas por los altos niveles de corrupción que provocan una impunidad casi absoluta, es, según la ENVIPE 2019, que 24.7 millones de mexicanos y uno de cada tres hogares haya sido víctima de algún delito, y que el costo de ello ascienda a 286 mil millones de pesos, que equivale al 1.5 por ciento del PIB y 6 mil 468 pesos per cápita.

El hartazgo por la impunidad se expresa en que 93.2 por ciento de los delitos no se denuncia y que prácticamente todos los actores públicos que tienen que ver en el tema de la seguridad estén reprobados en confianza ciudadana, a excepción de soldados y marinos. Los más corruptos son considerados los agentes de tránsito (76.6), jueces (68.4), policía municipal (67.9), ministerios públicos (62.3), Fiscalías (60.6) y la Policía Federal (55.2).

Editorial…

Los otros migrantes

Ellos llegaron en medio de la confusión local por entender la situación y presencia de los migrantes centroamericanos que buscan pedir asilo en El paso Texas para protegerse de la violencia y circunstancias inhumanas de sus países, pero ellos no vienen de otra nación, sino de Michoacán y Zacatecas.

Llegaron y subieron la joroba de los puentes, donde han permanecido, soportando la lluvia, el frío de la noche y calor del mediodía que caracteriza a esta frontera, y desde allí insisten en que los reciban las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacer su trámite correspondiente y ejercer su derecho a asilarse en un país que les brinda la seguridad que el suyo no les garantiza.

Sus historias personales son tan impresionantes como las de los centroamericanos, están quienes perdieron a su familia completa por actos de violencia de la delincuencia organizada que se obstinó en extinguirla, aunque sólo uno de sus miembros hubiera cometido el pecado de trabajar o auxiliar a agentes enemigos, y hay quienes presentan lesiones de arma de fuego y cicatrices como si fueran veteranos de una guerra declarada.

Una de las migrantes, me afirmó, aún está viva porque alcanzó a tomar el autobús que iba saliendo de su pueblo antes de que los sicarios la ubicaran y la ejecutaran como hicieron con el resto de su familia, y me manifestó que el crimen fue de su esposo, que desató la ira delincuencial al incorporarse a las fuerzas de autodefensa de su pueblo en Michoacán y enfrentar junto con los demás a los narcotraficantes que ya los tenían asolados.

Los migrantes de Zacatecas presentan una variedad de argumentos que remiten al hostigamiento permanente e impune de los Zetas que se han apoderado del Estado, pero además de su bajísimo nivel de ingresos y recursos para seguir sobreviviendo en su propia tierra, la falta de seguridad social y la pobreza generacional los ha derrotado en la defensa de su terruño y los orilla a buscar opciones de vida en un país ajeno y extraño.

Los juarenses discuten en diferentes círculos ¿cuál debe ser la actitud correcta? Pero es una discusión que no pasa de las palabras; están convencidos de que no pueden ser discriminatorios contra ellos, pues si no lo hicieron contra los extranjeros, menos lo pueden hacer contra los mexicanos, pero, hasta algunos con autoridad, dicen que no podemos ser demasiado generosos, porque se va a correr la voz entre los mexicanos al sur que en Juárez son bienvenidos todos ellos, ¿y luego qué hacemos?

Nunca faltan idiotas como estos por el camino.

Los mexicanos tienen derecho a transitar y viajar por todo el país, y buscar mejores opciones de vida en todo el territorio sin mayor limitación que sus recursos y posibilidades, y si han llegado a Juárez con el sueño de recibir asilo en Estados Unidos, no tardarán en darse cuenta que es sólo un sueño imposible, porque con suerte uno de cada 100 será aceptado debido al entramado de filtros norteamericanos que buscan evitar el ingreso de las personas que no les son agradables (y actualmente los mexicanos no somos bien vistos por ellos).

De esta misma manera llegamos a Juárez miles y miles de mexicanos que, cuando comprobamos que cruzar el río tomaría un largo tiempo, mejor nos acomodamos aquí y forjamos relaciones, trabajos, y familia; la característica de los juarenses es que vivimos aquí, pero no nacimos aquí, y cuando somos más de 600 mil “no nativos” los que estamos aquí, mil quinientos, o dos mil más, son simplemente gotas de agua en una alberca.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En pleno fragor por el quinto aniversario del caso Ayotzinapa, se pierde la noticia de la reciente encuesta de Reporte Índigo, publicada este martes, que confirma que es el senador Félix Salgado Macedonio, del Morena, encabeza las preferencias electorales con 40.7 por ciento, de cara al proceso de 2021.

Le sigue Manuel Añorve Baños, con 35 por ciento; y Mario Moreno Arcos, con 33.8 por ciento, ambos militantes del PRI.

Dentro de Morena, también figuran entre los aspirantes al gobierno estatal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado de programas sociales del gobierno federal; y Adela Román Ocampo, presidenta municipal de Acapulco, con apenas 7.5 por ciento de potenciales sufragios.

En pocas palabras, Félix no tiene en este momento competidor visible dentro de su partido, pues tanto Pablo Amílcar como Adela Román están demasiado lejos del senador. Bueno, ni siquiera se podrían igualar con el principal aspirante del PRD, Carlos Reyes Torres, quien reporta hasta ahora 12 por ciento de la preferencia electoral.

En Morena figuran también el ex alcalde acapulqueño Alberto López Rosas, con 6.9 por ciento. Y Gilberto Herrera Ruiz, con 6.3 por ciento.

En el PRI es donde se observa mayor competencia entre los actores políticos. Bueno, concretamente con dos de ellos: El senador Manuel Añorve tiene 35.8 por ciento de la preferencia electoral; seguido de Mario Moreno Arcos, titular de Desarrollo Social, con 33.8 puntos. Además, Alicia Zamora Villaba con 5.3 por ciento; y Héctor Apreza Patrón con 3.3 por ciento. Estos dos últimos son marginales y si acaso podrían aspirar a declinar por alguno de los primeros.

En el PRD está a la cabeza, como ya dijimos, Carlos Reyes Torres con 14.8 por ciento. Seguido de Bernardo Ortega Jiménez con 9.3 por ciento. Y no hay más.

El MC y el PAN no presentan candidato ganador, con lo cual se deduce que la pelea será entre priístas y morenistas, teniendo al PRD o bien en alianza, o bien en el cabuz de tren electoral; algo lamentable para un partido que detentó dos veces la gubernatura del estado, y que fue también mayoría en el Poder Legislativo, así como la primera fuerza en ayuntamientos.

Es debido a estos números que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero ha propuesto que el PRD vaya en alianza con el PRI, para sacar adelante una candidatura conjunta en la que, obviamente, el tricolor sería el beneficiario directo, concretamente el senador Manuel Añorve Baños, si tomamos en cuenta que es el mejor posicionado.

¿Qué definirá la candidatura en el PRI? Si es por encuesta, la diferencia entre Añorve y Mario es muy cerrada, de apenas 2 puntos porcentuales. A esto, los expertos llaman “empate técnico”. Entonces, el tricolor estaría empantanado entre dos figuras que tienen prácticamente el mismo nivel de aceptación, con lo cual corre el riesgo de generar una grave disidencia si no elige al correcto, como sucedió en 2010, cuando Aguirre se les salió del carril cuando fue nominado Añorve.

En esta ocasión podría suceder lo mismo, sobre todo porque los Moreno Arcos son gente más cercana a Aguirre que a cualquier otro liderazgo del PRI. Tan es así, que Ricardo Moreno Arcos fue diputado local por el PRD, y a Mario lo marginaron en la selección de candidatos para le elección de 2015, precisamente porque se le estigmatizó como uno de los hombres de Aguirre.

Pero hoy que todo cayó del lado de los disidentes, y que muchos ya volvieron al PRI, como los Salgado Leyva, y Sofío Ramírez Hernández, por citar a los más visibles, todos esos viejos agravios están caducados y se tendrán que buscar nuevas fortalezas y debilidades para tomar una decisión.

En Morena, sin embargo, parece que las cosas están demasiado claras. Y aunque falta mucho tiempo para la elección, no vemos por dónde se puedan levantar Pablo Amílcar o Adela Román. Tampoco vemos cómo en un escenario tan definido pueda meterse el ex emecista Luis Walton Aburto. Una jugada así, simplemente no se justificaría.

Pablo y Adela pudieran cobijarse en la fortaleza de Morena, porque es el partido que mayor preferencia tiene en Guerrero, también con 63 puntos porcentuales, seguido del PRI, con 16 puntos El PRD, con 7 por ciento. El PAN con 4.4 por ciento. El MC, con 3.3 y un 6.2 por ciento que aún no decide.

Sin observamos, aún si todos los partidos opositores a Morena fueran en alianza, sumarían apenas poco más de la mitad de la preferencia que tiene Morena. De ahí que los perredistas digan que no vale la pena el sacrificio de ir aliado con el PRI, y piensan competir con candidato propio, para ir labrando su recuperación. ¿Será?

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Guerrero depende de la Federación

“La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre”: Mahatma Gandhi

Mis estimados, les cuento que hay varias versiones de funcionarios de los tres niveles de gobierno, quienes exponen que estados y municipios recibirán menos recursos federales el próximo año, y hacen comentarios que no abonan en nada al desarrollo local, pues cada entidad tiene su historia y Guerrero, aparte de sus problemas ancestrales que vive, es un estado pobre.

El pueblo guerrerense es el que más depende de la Federación, pues apenas 2.4 por ciento de sus ingresos totales es propio. Es, pues, muy importante que conozcamos la distribución del recurso porque hay diputados y senadores que ni idea tienen de cómo se distribuye el presupuesto, pues aunque ellos lo aprueban, desconocen qué porcentajes se destina a cada rubro en lo estatal y municipal.

Si bien es cierto que el gasto federalizado para 2020 asciende 1.97 billones de pesos, el monto es menor en 0.5 por ciento real, con relación al aprobado en 2019.

El gasto federalizado se integra por participaciones, aportaciones, convenio de coordinación en materia de centralización y reasignación, y subsidios.

Para que vayan entendiendo, mis estimados, el total de recursos para los gobiernos locales incluye 47.9 por ciento correspondientes al pago de participaciones; 41.4 por ciento a las aportaciones federales que se canalizan a destinos específicos como educación, salud, infraestructura social y seguridad pública; y el restante a 10.7 por ciento, para otros conceptos en los que se encuentran las asignaciones para convenios de coordinación, subsidios y otros gastos.

En este sentido, la caída real de 0.5 del gasto federalizado impactará las participaciones en 0.9; 0.2 en aportaciones; 1.7 por ciento en protección social; y 0.3 por ciento en convenios.

Ramo 23

El Ramo 23, que se refiere al dinero correspondiente al derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo, así como el Fondo Metropolitano, Fondo Regional y otros subsidios que se entregan a las entidades para impulsar el desarrollo regional, registró un crecimiento del 8.1 por ciento.

Y aquí quería llegar, ya que el ramo 23 fue el único que aumentó, y en realidad es el que beneficia en cierto grado al estado y municipios guerrerenses.

Sin embargo, el Ramo 28 y 33, que son los rubros más importantes del gasto federalizado, el cual depende de la Recaudación Federal Participable y, por ende, de la actividad económica, aunque se puede ejercer de manera libre en los estados y municipios, aquí en conjunto se redujeron en 0.9 por cierto.

Esto indica, según expertos, que la recaudación en estados y municipios será muy débil en 2020, por la tendencia de desaceleración de la economía mexicana.

Es decir, la entrega es para que vayan midiendo el agua a los camotes en lo económico. Y aunque es muy importante que les muestre el cuadro fiscal, pues no es alentador para los guerrerenses, pero por falta de espacio les debo el rubro 28 y 33.

Con estos datos le demostramos al senador Félix Salgado Macedonio, que si disminuyó el presupuesto en 0.5 por ciento; porcentaje que si lo deducimos de los billones del presupuesto de egresos, es harto dinero.

El legislador guerrerense aseguró que el presupuesto económico del 2020 para Guerrero viene bien y que los recortes que se hicieron al campo y turismo es dinero que iba a gastos para los que estaban antes, que se gastaban en viajes, hoteles y vinos de lujo, cuando supuestamente salían del país a promover el turismo en Guerrero.

Lo mismo ocurrió con la reducción del presupuesto para el campo, porque el dinero se iba a la corrupción y ahora ya no va haber eso, refirió el senador Félix Salgado.

Sin embargo, lo que realmente importa de este fandango de los centavos es que sí habrá menos dinero para estados y municipios en 2020; no obstante, de todas las entidades federativas, Guerrero es el más afectado con la reducción del presupuesto económico, por su condición ancestral de pobreza.

Por eso, el territorio guerrerense es el que más depende de la Federación, y la entidad suriana es la que va a sentir la embestida de una crisis en el sector turismo y en el campo.

Muy a pesar a lo declarado por el senador Salgado Macedonio, la realidad es que aún no sabemos a cuánto asciendan las perdidas en ambos sectores. Por ejemplo, aun no se calculan las pérdidas de cosechas por falta de lluvia en Tierra Caliente, Costa Chica, la Montaña, Zona Norte Centro, Costa Grande y Acapulco Rural, donde se han reportado pérdidas por el temporal errático.

Los campesinos tratan de sacar al menos forraje para alimento de sus vacas, porque de plano el maíz no llegó ni a elote; sin embargo, han de decir que tienen el seguro catastrófico, pero eso en nada alivia. Son pobres 1,500 pesos por hectárea, que no cubren ni lo que ya gastaron los campesinos.

No podemos augurar lo que viene, pero sí podemos decir que es grave, sobre todo en el campo y turismo, porque de esos rubros viven la mayoría de los guerrerenses. De sobra sale decirles que la entidad tiene 40 municipios con vocación turística, que son los que van a sufrir la escasez. ¡Caray! ¿Por qué son cabezas dura los gobernantes?

Y por unos saqueadores pagan todos. No tienen que cobrarse con todos los guerreases; ¿qué culpa tienen el sector, que los ex funcionarios hayan desviado millones de pesos para otras cuestiones que no tenían relación con el turismo? Miren lo que reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): el funcionario expuso en su red social de Twitter que presentará una denuncia en contra de los funcionarios del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), por presuntos pagos excesivos y desvíos de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero.

Y agregó el funcionario que coincidieron con la posición de la Secretaría de Turismo y su titular, Miguel Torruco, de que existen irregularidades. ¡Me lleva el tren Maya! ¿Qué carajos pretenden estos funcionarios? Para la publicidad del México lindo y querido no necesitan hacer tanto circo, ya dejen de mirar moros con tranchete y su mentada corrupción; destinen recursos para la promoción en el país y en el extranjero de los destinos mexicanos, porque si no lo hacen el turismo no vendrá a México durante la próxima temporada de invierno.

Insisto en esto porque del turismo vive un gran número de mexicanos, ésta es la tercera actividad económica del país, y tocando puertas en otras naciones no augura ningún resultado positivo, y menos con los altos índices delictivos que tiene en estos momentos de cabeza y teñido en sangre al destino turístico más importante, económicamente hablando, de México: me refiero a Cancún y su Riviera Maya; el destino vive su peor momento.

A Guerrero, como quiera, lo han etiquetado como un estado bronco, y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue algo que dio el tiro de gracia a la entidad, que ahora pasó de ser un estado bronco a ser una entidad sumisa, donde permiten los ciudadanos que les desaparezcan a sus hijos estudiantes. En tono de burla lo dicen, que Guerrero es conocido ahora no por sus playas, sino que hoy es mundialmente reconocido por los 43 estudiantes desaparecidos.

Por cierto, en dos días se cumplen cinco años de la tragedia y nada se sabe del paradero de los muchachos; por el contrario, ya están libres varios de los inculpados en esos hechos, y esto indica que nunca sabremos qué fue lo que sucedió en realidad y dónde quedaron los muchachos.

Los padres de los jóvenes, así como estudiantes y otras organizaciones civiles, realizaron ayer un mitin en el Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia, pues ellos aseguran que aquella noche fatídica del 26 de septiembre del 2014, las cámaras de vigilancia de ese recinto grabaron escenas que pueden ser reveladoras de cuando menos 17 estudiantes, por lo que exigen que esos videos sean presentados para esclarecer los hechos. Ellos aseguran que Centro de Control Computo y Comando C4), de Iguala, debe tener copias del video y debe entregarlas, exigió Felipe de la Cruz.

Y para hacerse escuchar, como ya es su costumbre, los padres y los alumnos cometieron actos vandálicos contra el edificio, le lanzaron piedras y petardos y destruyeron vidrios y ventanas; además, con aerosol realizaron pintas en las bardas.

Estos hechos los habían anunciado los padres de los 43 muchachos.

También en Acapulco, el Cabildo aprobó la instalación del monumento con el Número 43, en memoria de los estudiantes desaparecidos, el cual será colocado en la glorieta de la Costera Miguel Alemán, en la vía rápida.

Inmediatamente, el Antimonumento provocó reacciones fuertes del sector turístico; algunos decían que si ya era seguro que están muertos; otros preguntan a los ediles qué tiene que ver ese monumento con lo turístico. En las redes se acabaron a los regidores por aprobar ese Antimonumento en plena Costera; ellos dicen que aunque fueron hechos muy dolorosos y que ojalá nunca se vuelvan a repetir, en el puerto de Acapulco no debieron instalar ese símbolo y menos en la Costera, pues también el municipio de Acapulco vive hechos de violencia terribles, y han asesinado a centenares de personas inocentes incluso en plena costera y ciudad; entonces, van a pedir todos que les permitan poner cruces a sus deudos. “No debió aceptar el Cabildo esa propuesta”, dijeron prestadores de servicios. Sin embargo, mis estimados, aunque querremos ocultar el tema a nivel mundial, ese hecho marco para siempre a México.

Desde este espacio me solidarizo con los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos.

En la amnistía, las simpatías no importan

Es sorprendente que en las cárceles mexicanas exista una gran cantidad de personas que están ahí por lo que podía pasar como robo de famélico, es decir, aquel que se comete en estado de necesidad y sin violencia que, a efectos prácticos, es el que comúnmente imputan las cadenas de supermercados.

No se trata solo de precepción: 45 por ciento de las personas que están presas por delitos del fuero común llegaron ahí por infracciones de índole patrimonial, esto es, por robo, incumplimiento de obligaciones familiares, fraude, daños en propiedad ajena, entre otros.

Hasta la estadística más reciente presentada por el Inegi en 2018, con datos actualizados a 2016, del total de delitos patrimoniales, el robo representó 83 por ciento y del total de los delitos patrimoniales y, visto a detalle, el robo simple, robo a negocio y “otros robos”, que pueden no aplicarse bajo el supuesto de necesidad, representan alrededor del 70 por ciento de todo el robo que se comete en México.

No es de extrañar que, tratándose de mujeres, 40 por ciento esté presa por robo y que, en el catálogo general de delitos destaquen algunos que tienen que ver con complicidad con sus parejas, tales como delitos contra la seguridad pública (16%), contra la vida y la integridad (14%), dato este último relevante, en tanto incluye aquellos casos de aborto que en numerosas entidades sigue siendo penado.

Poniendo las cosas en su justa dimensión, la población penitenciaria está mayoritariamente compuesta por pobres, vulnerables por condición social o económica y de género, frente a la presión que ejercen cúpulas de poder real. Lo que hay, por ejemplo, es la presión y vileza de las empresas de supermercados –testimonios abundan de siembra de empaques para aumentar cuantía—o de las grandes iglesias que se oponen al aborto.

Criminalizar mujeres, médicos o parteros, es tema obsesivo para los sectores más conservadores. Criminalizar adictos, que son enfermos, es obsesión de las cúpulas del securitarismo. Todos, fanáticos con poder.

Y es que, el sistema se ensaña con los vulnerables… y pobres como nadie, son los indígenas en este país. Hasta 2017, la cifra oficial de defensores de oficio bilingües con capacidad de entendimiento con un acusado era de 25 abogados con capacidad de atender a 19 variantes. Los datos son inaceptables en materia de justicia, primero por la distribución geográfica hace encontrar, por ejemplo, a un defensor hablante de náhuatl en Ciudad Juárez, pero ninguno en la Huasteca donde se concentra la mayor población que tiene esa como primera lengua.

Pero además de lo geográfico el rezago es grave. En México se reconocen 68 lenguas y 364 variantes dialectales. Por estándar internacional, las variantes deberían ser tratadas como lenguas en un sistema de justicia eficaz y la forma de resolverlo es con traductores. Hasta 2017, en México había 664 traductores registrados y con capacidad de asistir en juicio, pero sólo a los hablantes de 34 lenguas y 121 variantes dialectales.

México, lo sabemos, es país de pagadores que se cosechan en la pobreza, la vulnerabilidad y la ignorancia (afirmación medida por el Inegi en la población penitenciaria: solo 3.3% tiene licenciatura, ni uno maestría ni doctorado; 6.6% es analfabeta; 10% no tiene estudios; 30.4% tiene preescolar o primaria y 39.1% secundaria).

Es posible que haya una intencionalidad política en la propuesta de amnistía que hace días presentó el gobierno o que no la haya. La verdad no importa porque este no es asunto de simpatías políticas: en México hay personas que robaron para comer; que en realidad son víctimas de circunstancias y de un sistema de dominación brutal. Esos, pobres y vulnerables en su mayoría, configuran una sobrepoblación penitenciaria –fluctuante entre el 10 y el 30% adicional a la capacidad instalada– que hasta por pragmatismo gubernamental debe reducirse. Por lo tanto, oponerse a la amnistía, es un despropósito.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por primera vez desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron desaparecidos, la máxima tribuna social en el país estará abierta para los padres de familia que tienen 5 años buscando a sus hijos, y que esperan hallar pronto, vivos o muertos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó ayer -tal y como lo anunció el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado-, abrir por primera vez la tribuna nacional a los padres de los normalistas, y eso sucederá pasado mañana jueves, día en que se cumplen 5 años de la desaparición de los muchachos.

En el marco de la glosa del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los padres tendrá su tiempo para exponer ante los diputados la situación del caso, y hacer un pronunciamiento por aquellos hechos que enlutaron al país entero, que conmovieron a la comunidad internacional, y que expusieron a un gobierno y a una sociedad podridos desde sus entrañas.

Justo cuando están programadas las comparecencias de varios secretarios, entre ellos el de Hacienda, Arturo Herrera, los diputados abrieron un espacio para uno de los padres.

Entonces, ojalá que no sea el vocero el que tome la palabra, porque él es un cetegista que se le pegó al movimiento, aunque ninguno de los desaparecidos sea su hijo.

Ojalá que tampoco tome la voz el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, empleado del Tlachinollan, organización defensora de los derechos humanos que dirige Abel Barrera, pues ha estado trascendiendo en estos últimos días que esa agrupación ya conoce el paradero de los estudiantes, al menos de oídas, y no exigido que se revise el sitio, además de que también le ha sado raja económica al caso, pues este tipo de organizaciones no gubernamentales suele recibir financiamiento internacional, y por lo tanto tienen que demostrar trabajo para seguir recibiendo dólares y euros de gobiernos y grupos homólogos de otros países.

Digo, no es que la labor de Tlachinollan en este asunto no sea valiosa, pero tampoco podemos soslayar que no es algo desinteresado, sino más bien parte de un quehacer que ya tomaron como un “modus vivendi”. Y, como tal, actúan para mantenerse vigentes.

Retomo, por ejemplo, lo dicho por el ex procurador general de justicia del estado, Iñaki Blanco, quien señaló que gracias a Tlachinollan –que se empeñó en denunciar que los detenidos por el caso fueron torturados, en lo que fue un abierto juego de juez y parte-, fue que los principales cabecillas del grupo delincuencial que atacó, detuvo y desapareció a los muchachos hoy están libres.

Incluso, Iñaki Blanco pidió investigar a Tlachinollan, que se revise qué juego están jugando; si de defensa de los agraviados, o de los victimarios.

Y si no se investiga al grupo de Abel Barrera, al menos que explique por qué, en efecto, se determinó a hacer ese doble juego.

Decíamos que algo se cocina en el ambiente. Se sabe que el comisionado especial para el Caso Ayotzinapa ha estado sosteniendo reuniones con todo tipo de personas; incluso con presos en penales locales, para ir tejiendo la trama de aquella fatídica noche y sus consecuencias, así como ir armando el rompecabezas con tiempos, lugares y personas.

Debe ser un trabajo descomunal, por cierto, algo que al gobierno anterior le tomó años construir, está siendo a hora deconstruido para volver a empezar.

Pero también se dice que la gente tiene miedo de hablar, sobre todo porque las reuniones con Encinas no son en privado, sino que siempre está presente el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, a quien no le tienen plena confianza.

Tal vez entonces Encinas deba considerar cerrar sus reuniones, sobre todo las que son confidenciales, atendiendo el llamado que hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que todo aquel que tiene información que aportar, lo haga; con plenas garantías del gobierno federal.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Dirigente nacional del PRI, en el ojo de la FGR

“La política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que les sirves a ellos”: Louis Dumur.

Mis estimados, les tengo la pepa del siglo en relación a la clase política del estado de Guerrero. Pero antes les cuento que el priismo nacional anda mal y de malas; nomás no logran los priistas unirse para enderezar el barco tricolor; por el contrario, andan de la greña y ahora -para acabarla de amolar- la Fiscalía General de la República (FGR), inició una investigación contra del recién electo presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador con licencia de Campeche, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Esto porque según el tricolor, en su declaración 3 de 3, omitió informar de la adquisición de 16 inmuebles, 2 vehículos y 4 cuentas bancarias en Campeche, con lo cual se configura el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la fiscal Rosalba García Ramírez, con la investigación van a determinar si existen diferencias entre sus ingresos y los recursos con los que adquirió los bienes el presidente nacional PRI.

Pero no es porque el gobierno de AMLO esté detrás de Alito, como le dicen, sino porque su mismo compañero de partido, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, fue quien interpuso la demanda en su contra. ¿Qué tal? Y habiendo una demanda, el Poder Judicial tiene que actuar e investigar los hechos denunciados.

Cabe hacer mención, mis estimados, que desde el proceso interno del tricolor hubo muchos rasguños y señalamientos del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, contra Alejandro Moreno. En ese entonces, el diario Reforma reveló que Alejandro Moreno Cárdenas poseía una residencia de mil 900 metros cuadrados en una zona escénica de la Playa de Campeche, la cual está valuada en 46 millones de pesos, y que fue construida en dos años, periodo en el que el ex mandatario campechano reportó ingresos de 5 millones de pesos anuales; no obstante, la respuesta del tricolor fue que esa propiedad la financió con un crédito inmobiliario, la donación en pago de dos lotes de terreno y una donación de familiares.

Sin embargo, Ulises Ruiz Ortiz, conocido como URO, se presentó ante la FGR a denunciar al entonces candidato a la dirigencia nacional del PRI, y solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiara de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que haga la validación de las escrituras y vendedores de cada uno de los inmueble, pues acusó en ese entonces al aspirante a la dirigencia nacional PRI, de tener 15 inmuebles cuyo valor reportado en su declaración 3 de 3 tiene una discrepancia de 103 millones 151 mil 537 pesos.

El ex gobernador oaxaqueña cita de fuente para su denuncia al diario Reforma.

Y aseguró que indagó en el Registro Público de la propiedad de Campeche, donde localizó un total de otros 15 inmuebles a nombre de Alejandro Moreno Cárdenas, y que todos los bienes los había adquirido entre 2012 y 2015 al contado. ¿Qué tal?

Y todavía dijo el oaxaqueño que los bienes inmuebles están registrados con precio subvaluados. ¡Me carga el payaso! ¿Como ven al oaxaqueño? ¿Así se los dejó o se los envuelvo? Viejo pepitón, cínico y chillón, ¿no se mordería la lengua el oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz? Él ha sido uno de los peores gobernadores que ha parido Oaxaca, y todavía tiene el descaro de señalar a otro tricolor como ladrón.

Y no estoy defiendo al presidente nacional del PRI, Alejando Moreno; si comprueban que el gobernador con licencia de Campeche es culpable del delito de enriquecimiento ilícito, que lo entamben, pero sería bueno que también investiguen a URO, así como a otros tricolores que andan como las serpientes pintas, nomás buscando a quien picar (sin albur).

No es un secreto que en el priismo hay un divisionismo fuerte, y conforme se acerque el 2021 se agrandará esa división, máxime si la Fiscalía encuentra culpable a Moreno Cárdenas. No quiero imaginar el resquebrajamiento del tricolor.

Incluso en Guerrero, en política partidista -tanto del PRI como PRD, MC y Morena-, el horno no está para bollos. Sin duda el tricolor saldría más afectado en caso de que culpen a su dirigente nacional y peor que lo encarcelen. ¡Caray como da vueltas la vida! De plano al PRI no le salen las cosas, y cada día que pase hacia el proceso electoral de 2021, le van llover acusaciones al tricolor.

Popularidad

Según estadísticas, en popularidad y desempeño, el gobernador Héctor Astudillo Flores se ubica en el lugar número 17 de 32 gobernadores. Va bien, el mandatario guerrerense, pero el PRI estatal como partido no obtiene buenos resultados, se encuentra muy por debajo; y es cierto, pues el dirigente estatal del PRI no resultó tan león como lo pintaban, todo lo quiere arreglar desde su escritorio y pues así no funciona. Por eso de nada sirve el trabajo que hace el gobernador, si el partido no hace su parte.

Por su parte, el perredismo se desmarcó de Los Chuchos; eso no quiere decir que van a ganar la gubernatura, pero por lo menos no van a dejar que esos vividores sigan haciendo del PRD lo que les viene en gana.

Miren lo que dijo el Chucho Zambrano: Se identificó primero como ex presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el angelito expresó que la Plataforma 21 no está recogiendo a cuadros quemados que ya fueron utilizados en otras fuerzas políticas, sino que intentan recuperar al propio Sol Azteca a partir de un proyecto de izquierda; sin embargo, el perredista mencionó que en caso de no llegar a un consenso mayoritario, valorarían la desaparición de la plataforma 21. Jojojo. ¡Que rápido recularon los Chucos!, pues el perredismo los abandonó y cada dirigente buscó a donde irse: unos a Morena y otros se reagruparon en el mismo PRD.

Una cosa es cierta: que los perredistas odian a Los Chuchos y los quiere hacer jabón para bañar perros callejeros, pues estos canijos son culpables de la destrucción del partido y los abandonaron, los dejaron solos con su Plataforma 21. Ya se vieron solos y ahora dicen que van a pensar si siguen o no con ese proyecto. Recularon, pues, los muy cínicos; hasta se reconocen como cartuchos quemados.

Pero el Chucho Zambrano tuvo humor para aventarse un palomazo diciendo que la política es la única actividad del ser humano en la que “uno se muere una vez y revive porque nos reinventamos”, ¿qué tal?

Y no crean que se quedó ahí el Chucho; también recordó a los perredistas que ellos, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, son dirigentes desde el inicio del PRD y fundadores: “Venimos desde antes de la lucha de los 70; podremos ser cartuchos quemados, pero somos los que estamos impulsando la renovación del PRD.” Jojojo.

Ya mero se iban a ir los sinvergüenzas. Vieron que en Guerrero los perredistas se unieron en un frente Amplio Democrático Guerrerense y se pusieron huarache. Ese frente congrega a todos diputados y presidentes municipales del PRD, e inauguraron oficinas en Chilpancingo para atender a la gente. Por eso vieron Los Chuchos que se les va la chuleta sin los perredistas de Guerrero, no son nada, y recularon con su plataforma 21, se rajaron como leña de pirul, ya no habrá Plataforma 21.

Creyeron Los Chuchos que los perredistas los seguirían en sus marranadas; de veras que son cínicos estos perversos, nomás andan viendo a ver a quién joden.

Y en Morena parece que están peor las cosas, pues en ese Movimiento todos quieren ser candidatos y apenas se divisa un divisionismo enorme en Morena.

Estos se alebrestaron con la renuncia a Movimiento Ciudadano de Luis Walton Aburto, renuncia que este domingo hizo formal el ex presidente de Acapulco.

“Con esa fecha”, dice el escrito, “presento a usted, para su trámite, mi renuncia como militante del Partido Movimiento Ciudadano”.

La decisión del empresario gasolinero provocó enojo a los morenistas, porque piensan que les quitará el espacio, pero los que conocen la trayectoria de Luis Walton, saben de dónde viene el empresario gasolinero, y su grupo sigue siendo poderoso; y si ellos piden a Walton Aburto que vaya de gobernador, va a ir con la anuencia del rey del Palacio Nacional. Recuerden que quien manda es el que tiene la sartén por el mango, así se pongan de cabeza todos los suspirantes de Morena que ya se sienten candidatos y hasta gobernadores de Guerrero.

Recuerden, señores de Morena, que en política no hay enemigo pequeño, no den por muerto a ningún candidato. Y tampoco olviden que en política se suma, no se resta.

Otros deschavetados son los panistas. Estos de plano perdieron la cabeza, en ninguno hay cordura. Bueno, ni su dirigente se baja de la nube. Estos canijos panistas creen que la gente los ama y que los está esperando para votarlos en las urnas. Están seguros que la gente prefiere al PAN, pero va a morir engañados. Presumen que son la segunda fuerza política a nivel nacional, porque han demostrado ser buenos administradores, pero serán muy buenos para robar porque sus presidentes que gobernaron el país, fueron de lo peor. Y si hoy está México teñido en sangre y endeudado, es también es por culpa del panismo. No se hagan los inocentes. Si fueran tan buenos, entonces no busquen balsas para nadar, pues andan buscando cómo formar frentes con otros partidos, para ponerle trabas al gobierno de Morena.

Demuestren que son oposición, defendiendo a los mexicanos, no sus propios intereses. De verdad dan pena ajena que buscan alianzas hasta con el diablo, con el fin de mantenerse en el poder. Así lo dejo ver ex presidente de México, Vicente Fox, quien ya se reunió con varios actores políticos, como Los Chuchos, Calderón y del PRI, (aunque no dijo nombres), para arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados en el próximo proceso electoral. Así andan de desesperados estos sinvergüenzas, pues no saben hacer otra cosa más que vivir del erario público. Ambiciosos y lángaros. ¡Feliz inicio de semana!

Editorial

Al tiempo perdido, los santos lo lloran

Clamor por un nuevo federalismo, una reforma fiscal progresiva y una auténtica política hacendaria son tres ejes que, de una u otra forma, han sido objeto del olvido deliberado en cuanto que en México quien tiene la bolsa garantiza la corona. Además, ha habido una negligencia superlativa, que es a la que me quiero referir ahora.

Con motivo de la presentación del llamado “Paquete Económico”, entregado en la Cámara de Diputados y que contiene la visión de la Presidencia de la república sobre lo que ha de ser el Presupuesto General de Egresos de la federación, se inició una polémica sobre los recortes y reajustes que tendrán las aportaciones y participaciones a las entidades federativas.

A la cabeza de un severo cuestionamiento se ha colocado el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien ha hecho pública su intención de buscar el apoyo entre sus homólogos panistas en los estados para “levantar la voz”; es decir, no mantenerse en la pasividad que hasta ahora se ha visto como tendencia general por la obsequiosidad con la que se conducen quienes están al frente de las entidades federativas. Le han apostado al oneroso cabildeo, a los tratos cortesanos, a las buenas relaciones y a la articulación de favores, como lo exhibió, pongamos por caso, el escándalo conocido como la “estafa maestra”.

Es prematuro. En todo caso habrá qué esperar la consecución de los hechos para ver la magnitud de la oposición que puede levantar el proyecto lopezobradorista de Presupuesto y, desde luego, el escozor que cause la Ley de Ingresos que, dicho sea de paso, se tramita en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Eso lo veremos a lo largo de lo que resta de 2019. El tema da para mucho, además será una buena vitrina para observar el curso de una decisión con consecuencias por ahora insospechadas.

Pero a los panistas con poder, y en particular a Javier Corral, les falta expresar, por mínima que sea, una autocrítica, porque ya no estamos hablando de aquel PAN conformado por “místicos de la democracia”, sino de un PAN que ocupó doce años la Presidencia de la república, que firmó un Pacto por México, que alabó el hoy Gobernador de Chihuahua, y que en diversas etapas ha tenido un peso congresional sustancial y muchas gubernaturas y ayuntamientos de una importancia sobresaliente.

Quiero decir con esto que el PAN, sobre todo en la etapa de Vicente Fox, abandonó la agenda federalista, y fue precisamente al inicio de esta centuria cuando maduraron las condiciones para una reforma de gran calado en esa materia, pero se dedicó a perder el tiempo, lamentablemente sin hacerse cargo, por su acendrado catolicismo, que los santos lo lloran, como dicen los versos del poeta y periodista Renato Leduc.

Ante la ausencia de iniciativa, soportada en un bono democrático grande, a Fox y al PAN les estalló el problema en las manos, cuando era previsible que los gobernadores opositores se levantarían más por sus proyectos de poder que por su obligado sentido federalista. Fue así como surgió ese adefesio llamado “CONAGO”, que existe contraviniendo la carta magna de la república (artículo 117 constitucional), e incluso hubo convocatorias para el debate hacendario que no se concretaron en una reforma sustancial en todo esto. Calderón continuó en esa inercia y ambos traicionaron lo que durante décadas dijeron en contra del centralismo, en especial del municipalismo que tanto entusiasmó al fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín. Los panistas tuvieron una oportunidad de oro y la desperdiciaron; por eso está vigente la legislación en materia de coordinación fiscal, base de un colonialismo interno.

Pero hay algo más en la postura de Javier Corral: los pecados que le recrimina a la federación son los propios pecados que él comete contra municipios importantes de Chihuahua, a la hora de estructurar los presupuestos locales y un reciente Plan de Inversiones que se quiere hacer transitar a la realidad, en menosprecio del Congreso local que es el que, en última instancia, tiene el poder competente para tomar esa decisión.

Para tener credibilidad, hay que reconocer la historia de los propios errores.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los diputados federales de Morena ensayaron ayer una especie de informe colectivo, al organizar un evento general en Chilpancingo, para dar a conocer lo que como representantes sociales han hecho desde la tribuna de San Lázaro.

Fue un evento sui géneris. Es la primera vez que los legisladores guerrerenses se unen para presentar un informe global. Esto no se hacía en la era del PRI o del PRD. Vamos ni siquiera los diputados panistas, emecistas o verde ecologistas tuvieron a bien hacer este tipo de informes, pese a que esa es una de las principales ofertas de campaña.

Generalmente, cada cual acudía a su distrito para informar, si es que bien nos iba. La mayoría de las veces se escabullían, y hubo algunos que, aprovechando su alta jerarquía, simplemente ni se acordaban que acá abajo había gente esperando ser informada, escuchada y atendida.

Los diputados federales, por ejemplo, tienen una partida para abrir casas de gestoría en sus distritos. Y aunque ya no existe eso de las “gestiones”, porque se acabaron “los moches”, su obligación sigue siendo la de mantener un vínculo con sus regiones, y sobre todo informar acá abajo, de lo que está sucediendo allá arriba.

Todo lo contrario, han sido pocos los legisladores que atienden a sus representados. El glamour de la Ciudad de México les arrebata el podo decoro que tienen, se olvidan de que son representantes sociales, y ya no quieren sabe nada de lo que sucede en el rancho.

Aún ahora, entre los morenistas hay diferencias. No todos están cumpliendo con la orden expresa del presidente de la República, para que nadie se desentienda de su quehacer, sino que se mantengan en contacto con la población, lo cual es una de las metas de Morena y que favoreció tanto a los candidatos de este partido en la elección pasada. De hecho, era una obligación de todos los aspirantes recorrer barrios, colonias y comunidades, gastarse las chanclas y acudir hasta los lugares más alejados, para dar a conocer el proyecto lópezobradorista y el de la Cuarta Transformación. ¿Recuerdan?

Pues bien, esa misma estrategia continúa, ahora a cargo de los funcionarios y representantes sociales. Incluso la Guardia Nacional tiene que estar haciendo labores de “proximidad social”, porque la intención es crear un gobierno de y para la gente, a fin de que los mexicanos nos quitemos de encima el síndrome de peones de hacienda, o de esclavos de los “tlatoanis”, y comencemos a desmitificar a las figuras de poder para que, sin faltarles al respeto, entendamos que son “servidores públicos”; es decir, los que sirven, no los que están ahí para ser servidos.

Bien haríamos con ir trascendiendo esa costumbre política. Por eso decíamos que el evento de los morenistas fue interesante. Mientras ellos hablaban, por ejemplo, una organización civil subió al estrado para extender una manta con un reclamo por la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Además, hubo rechiflas contra líderes del partido, lo cual le quitó solemnidad al evento.

Y obviamente, los diputados no se escamaron ni nada por el estilo. Tampoco mandaron a sacar a los manifestaron, ni a callar a los que abucheaban, por ejemplo, al presidente municipal de Chilpancingo, el prerredista Antonio Gaspar, quien sólo acudió como invitado de honor para darles la bienvenida.

Y ya encarrerado, el titular de Finanzas del gobierno del estado, Tulio Pérez Calvo, quien asistió como representante del gobernador, aprovechó el momento para pedirles a los diputados morenistas que trabajen por mejorar el presupuesto para Guerrero, sobre todo en los rubros de Turismo y Campo, que son los que más recortes van a sufrir.

Y, en efecto, la modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación dependerá de los diputados federales, quienes pueden optar por no molestar al presidente y aprobarle el presupuesto tal cual, o bien hacer las modificaciones que crean pertinentes, atendiendo las necesidades de los estados.

Víctor Mojica Wences, Aracely Ocampo Manzanares, Manuel Huerta Martínez, Idalia Reyes Miguel, Avelina López Rodríguez, Javier Manzano Salas, Carlos Sánchez Barrios, Rubén Cayetano García y Rosario Merlín García, tienen la última palabra.