Opinion | - Part 247

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Un nuevo caso de negligencia médica sacude el estado, y para no variar sucedió en el Hospital Regional de Ometepec, nosocomio que se ha visto involucrado en varios de estos casos, donde el personal ceba su enojo y amargura en contra de los indígenas.

De hecho, en todos los hospitales de la Costa Chica hay casos emblemáticos de negligencia, maltrato y pésima atención con los pacientes, pero muy particularmente contra los indígenas, sean amuzgos, mixtecos, tlapanecos o nahuatls, que no tienen más alternativa que soportar el que los médicos primero atiendan sus despachos privados que sus turnos en los hospitales, o que sólo sean benevolentes en casos de recomendados.

Lo comento porque ahora que vino el presidente de la República a la Costa Grande, un indígena amuzgo de la localidad de Cochoapa, municipio de Ometepec, viajó desde su lugar de origen para ver al mandatario Andrés Manuel López Obrador, y exponerle su caso.

Ya estando en su camioneta, el presidente lo escuchó y le prometió que se haría justicia.

Pues sólo así, porque si confiamos en la CNDH, nada; esa institución es como la carabina de Ambrocio, que no sirve para nada, para nada y para puritita tiznada.

Al parecer, la Coddehum ya retomó el caso. Lo debe hacer por oficio, sin que medie denuncia de por medio del afectado. Incluso, dado que la medicina se regula desde la federación, el caso deberá reenviarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero, este asunto de las negligencias y abusos médicos no terminará si no se legisla al respecto. El asunto debe salir de la Comisión de Arbitraje Médico, porque siempre le dan la razón a los galenos y enfermeras, casi nunca al paciente.

Ahí mismo en el Hospital Regional de Ometepec, de acuerdo a lo que han publicado medios de esa región, ya sucedió el caso de una parturienta que perdió la vida, después de una larga agonía. Sí, intervino la CNDH y giró una serie de recomendaciones, como la de inyectarle recursos a ese nosocomio que estaba tirado.

También se recuerda el caso de una parturienta que fue atendida en el Hospital Básico de Copala, pero que al no aplicarle correctamente la anestesia, quedó en estado vegetativo. Era una indígena de San Luis Acatlán.

¿Y qué decir de esa región de la Costa Chica, que colinda con la Montaña? Durante muchos años Guerrero fue primer lugar en muertes maternas, y la mayoría se registraba en esa zona del estado.

Toda esa gente está abandonada, a su suerte. La Jurisdicción Sanitaria es un búnker de corrupción. No se genera información; al contrario, se obstaculiza. Por ejemplo, en el caso del niño recién muerto, el jefe jurisdiccional, Macario Navarrete, hizo mutis. Lo mismo hizo el director del Hospital.

Ahora mal, lo que procedería en un caso tan grave como éste, sería la separación del director y los médicos y enfermeras responsables, mientras que se hacen las investigaciones correspondientes. Todo lo contrario, se les permite operar mientras se determinan responsabilidades.

Lamentablemente, este problema de maltrato y prepotencia contra los pacientes se repite una y otra vez en cualquier lado. Desde los centros de salud, pasando por los hospitales regionales, y qué decir de los hospitales generales del estado.

Vamos, ni siquiera en el IMSS o ISSSTE se salvan los derechohabientes, pues tenemos la queja del familiar de una paciente que dializan en el IMSS de Acapulco, al que la trabajadora social le llamó para reclamarle que hayan llevado a su familiar a una cita, y hasta le dijo “burro” y otros improperios. ¿Pues qué no se supone que el área de trabajo social está precisamente para ayudar a los pacientes?

El presidente dijo ayer que está haciendo una renovación general de la vida pública del país. Con todo respeto, señor presidente, no se nota. Por donde se le vea, hay corrupción. Tránsito, policías, clase política –con sus honrosas excepciones-, están todavía actuando a sus anchas.

Las redes de corrupción no se han roto. Ni siquiera se han debilitado. Estamos muy lejos de ser la república amorosa que la Cuarta Transformación promete, comenzando por sus representantes, que son más prepotentes que sus contrincantes.

¿Y cómo, pues? Poder es poder. Y dice un dicho que si quieres conocer a alguien, dale poder, emborráchalo, hazlo enojar y pídele dinero.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

En economía: prepárense para los tiempos peores

Las declaraciones del titular de Hacienda, Arturo Herrera, refiriéndose a la posible recesión global, la cual alcanzará a México y, por lo tanto, habrá de estar preparados, no hace sino darle sustento a las alertas lanzadas lo mismo por calificadoras como por especialistas en el área económica cuando advirtieron con suficiente tiempo que no se estaba siguiendo el camino correcto para evitar caer en la paralización actual, en un porcentaje de crecimiento llevado al bajo cero, la falta de circulante, la caída ya de más del 10 por ciento en la inversión directa, entre otras malas notas surgidas de una terca realidad empeñada en mostrar números muy diferentes a los otros datos con los cuales se cuenta en la Presidencia de la República.

No se tiene una visión clara de la política a seguir, del rumbo, del objetivo, e incluso las adecuaciones anunciadas al Presupuesto de Egresos presentado para aplicarse en el 2020 hablan de la inutilidad del documento, el cual se verá afectado de cabo a rabo si se quiere en efecto estar preparado para las próximas contingencias.

Frente a esto sigue abonándose al refrán “todo tiempo pasado fue mejor”; y si lo relacionamos con el tema abordado en los últimos días en estas mismas líneas sobre la presidencia de uno de los Ejecutivos más severamente criticados: Gustavo Díaz Ordaz, nos daremos cuenta de la existencia de una muy diferente política económica.

A la distancia encontramos que en ese sexenio se alcanzó el estatus económico más alto:

1) Crecimiento sostenido anual de 7%. En los últimos tres sexenios el crecimiento ha sido del 2%. En el primer semestre de AMLO es de 0%.

2) Inflación de 3%. De enero a diciembre de 1995 la inflación pasó del 10.23% a 51.97%.

Cinco años después del “error de diciembre” en el 2000 la inflación bajó a 8.66%.

En el 2001 fue de 6.95%. Y en 2017 fue de 6.77%.

3) La deuda externa más baja de la historia: 3,800 millones de dólares. Con Echeverría y López Portillo se disparó a 80,000 millones de dólares.

En 2019 es de 456 mil millones de dólares, pues tan sólo en el primer trimestre de la administración de López Obrador aumentó 9,519 millones de dólares.

4) El dólar se mantuvo a $12.50 desde finales del gobierno de Ruíz Cortines hasta la salida de Díaz Ordaz. Es decir, doce años de estabilidad.

Devaluación del peso al final de los siguientes sexenios: (1976) Echeverría: $15.69. (1982) López Portillo: $57.18. De la Madrid: $2,289.58. (1992) Salinas: $3,094.08.

Entonces tuvieron que quitarle tres ceros a la moneda mexicana, y el dólar bajó por arte de magia.

(2000) Zedillo: $9.45.

(2006) Fox: $10.87.

(2012) Calderón: $12.98.

(2018) Peña: $18.79.

(2 de octubre 2019) López Obrador: $19.79.

Si nos atenemos al renglón social, si bien es cierto que en 1968 la agitación estudiantil se había convertido en un fenómeno desde Alemania occidental, Europa, Estados Unidos hasta América Latina, no era suficiente para que llegara al nivel de las manifestaciones en México. Cualquier tipo de manifestación requiere reclutamiento de participantes, organización y algún método de financiamiento.

Al hacer una comparación imparcial con el presente se pueden encontrar numerosas similitudes con las manifestaciones que reclamaban el regreso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sexenio de EPN.

Por muy descabellado que parezca, y aunque cueste admitirlo, dichas movilizaciones fueron financiadas y apoyadas por la izquierda.

Junto a ellos marcharon los sindicatos de la CNTE, el SNTE, la extinta Luz y Fuerza y muchos más.

Cabe recordar que los padres de los 43 viajaron a Estados Unidos y Europa para manifestarse ante organismos internacionales. Es razonable y objetivo cuestionarnos de dónde conseguían dinero tan sólo para vivir si pasaron la mayor parte del tiempo manifestándose. Más aún, ¿por qué en cuanto AMLO ganó las elecciones desaparecieron las manifestaciones de los 43? Se evaporó el reclamo de “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

Ahora sólo queda la esperanza de por lo menos encontrar los cuerpos.

En los últimos días de diciembre del 2018 y el 2 de enero del 2019, cien personas se manifestaron afuera de Palacio Nacional por despidos injustificados en el SAT. ¡Cien! Tan sólo cien personas, de más 2500 despedidos. ¿Dónde estaban los otros 2400? ¿Falta de interés? ¿Falta de convocatoria? ¿Falta de financiamiento o de apoyo de algún partido político?

Lo mismo podemos preguntarnos sobre las víctimas del terremoto de 2017 en el Colegio Rebsamen en Tlalpan. ¿Por qué no prosperaron las manifestaciones de los padres que exigían justicia? ¿Falta de convocatoria? ¿Falta de financiamiento o de apoyo de algún partido político? ¿Sería porque hacer ruido no iba a afectar a Enrique Peña Nieto sino a la delegada de Tlalpan y futura candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum?

Nada de lo aquí narrado evitó que el sustituto de Miguel Ángel Mancera en el gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, removiera las placas de la Línea Uno del Metro en donde se mencionaba a GDO como el presidente que mandó construirla. “¡El 2 de Octubre no se olvida!”. Y, Luis Echeverría, como don Sebas… tan campante.

Editorial.

La “seguridad nacional” de la 4T

En plena guerra de Vietnam, el presidente Richard Nixon intentó en 1971 que la Suprema Corte de Estados Unidos declarara como asunto de seguridad nacional los llamados Papeles del Pentágono y detuviera su difusión por parte del New York Times y el Washington Post.

Nixon aseguraba que se trataba de un asunto de seguridad nacional. La Corte le pidió pruebas del daño que se causaría a la integridad de Estados Unidos si se daban a conocer las condiciones que habían llevado a ese país a una guerra que estaba perdiendo.

Nixon no pudo probar ninguna afectación y la Corte hizo prevalecer la Primera Enmienda de la Constitución a favor de la libertad de expresión.

En un voto concurrente, el magistrado Potter Stewart estableció que en asuntos que se pretenden de seguridad nacional por parte del Poder Ejecutivo deben operar los contrapesos.

Aunque en ese caso se trataba de un asunto relacionado con la libertad de expresión, el criterio de los contrapesos al Ejecutivo y la demostración del daño a la seguridad nacional se ha expresado en distintos instrumentos internacionales, como Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, adoptado por Naciones Unidas en 1996.

No basta que El Ejecutivo y las Fuerzas Armadas aleguen que un tema es de seguridad para que lo sea. En México, el Ejército y la Marina se han destacado por clasificar como seguridad nacional asuntos que no lo merecen y que han tenido que combatirse en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en el Poder Judicial.

El renunciado ministro Eduardo Medina Mora, por cierto, cuando fue director del reemplazado Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pretendía que la información de seguridad nacional se reservara durante 30 años. Argumentaba que en otros países lo hacían hasta cien años. La ley de Seguridad Nacional estableció 12 años.

El problema es la discrecionalidad de las autoridades para considerar un asunto como de seguridad nacional. Para la Sedena, por ejemplo, el contrato de la ampliación de su estacionamiento es un asunto de esa índole. Los mexicanos, por tanto, no tienen derecho en ese periodo a saber cuánto y cómo se gastó su dinero en ese estacionamiento.

El argumento de “seguridad nacional” fue que el secretario de la Defensa pasa por ahí y por lo tanto no se puede difundir información sobre la obra. Eso ocurrió en el sexenio pasado.

Ahora, el gobierno de la 4T dice que todas las instalaciones militares serán clasificadas como estratégicas para la seguridad nacional. Bajo ese “argumento de peso”, todos los espacios, incluidos, los estacionamientos serán asunto de seguridad nacional. Desde luego, el aeropuerto que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que se construya en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

El Ejecutivo ya logró que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México revocara la suspensión de uno de los amparos que han impedido el inicio de la construcción de esa terminal.

Sin que se conozcan aun los criterios del juez para tomar una decisión judicial por “causas de seguridad nacional” se espera que las otras suspensiones judiciales en contra del aeropuerto también sean revocadas.

El caso inevitablemente llegará en revisión a la Suprema Corte. Minada como está por la renuncia de Medina Mora como ministro y bajo una creciente influencia del Poder Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación difícilmente podrá convertirse en ese contrapeso del gobierno en asuntos donde se invoca al fantasma de la seguridad nacional, que así visto significa todo y nada a la vez.

Si el presidente y sus colaboradores en verdad estuvieran preocupados por la seguridad nacional, estarían concentrados en proteger no solo su componente militar, sino también en generar las condiciones de gobernabilidad democrática y reasumir el control que se ha perdido en amplios territorios del país, entre otros verdaderos apremios.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay tensión en el ambiente social. Sobre todo en estos meses de “septambre” y “octambre”, en que los puertos turísticos padecen un receso en el flujo de visitantes, algo que es parte de un proceso natural, pero que imprime una gran presión económica en los municipios y localidades.

De esto hablaba ayer, precisamente, algunos conocidos que tiene experiencia en el plano económico. Están preocupados. Dicen que la recesión viene y que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, así lo deja entrever en sus declaraciones de hace tres días, cuando dijo que debemos estar preparados.

¿Preparados para qué?

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, está confiado. Afirma que la deuda pública no aumentará, y que poco a poco iremos recuperando la capacidad económica que antes tenía el país.

Pero los escenarios son adversos, sobre todo en materia de inversión privada. Básicamente se estancó la inversión, a pesar de que el presidente ha estado dando una y otra vez garantías plenas para los empresarios, quienes a pesar de ello se resisten, aunque se reúnen con el mandatario, ponen buena cara y hasta dicen estar contentos con la Cuarta Transformación.

Por ejemplo, la inversión fija bruta, hasta julio pasado, se desplomó en 9.1 por ciento, en comparación al mismo mes de 2018, según el INEGI. ¿Cuánto representa ese porcentaje?

Cientos de miles de millones de pesos en inversión que no se hizo y que, por lo tanto, el empleo también se estancó.

Tan sólo en el rubro de inversión extranjera se tiene una importante diferencia. En 2018, la inversión extranjera fue de 22 mil 278 millones de dólares.

Para 2019, de 18 mil 102 millones de dólares.

Ahí tenemos una diferencia de más de 4 mil millones de dólares.

Es obvio que en este primer año de gestión, la clase empresarial, sobre todo, era la que más dudas tenía acerca de los alcances y profundidad de los cambios. Y vaya que han sido muchos, sobre todo lo relativo a la prohibición de condonación de impuestos, que beneficiaba directamente a los grandes inversionistas.

Hasta podemos afirmar que su capacidad de inversión se debía precisamente a que no pagaban casi nada al Fisco, operaban en completa holgura, con sus ganancias intactas, mientras que un contribuyente común debe pagar altos impuestos, y de sus ganancias más de 30 por ciento.

Es decir, que los empresarios mexicanos de alto poder adquisitivo, reinvertían el dinero que le tenían que pagar al SAT. Algo así como que invertían con nuestro mismo dinero, al tiempo que aumentaban sus bienes.

Ahora, con todos los cambios decretados por el gobierno lópezobradorista, las empresas se están preparando para hacer frente a esa obligación que para ellos es nueva, y sin duda su capacidad de inversión será menor.

Lo otro, es que estén reteniendo sus dineros e incluso sacándolos del país en busca de algún otro paraíso fiscal, como medida de presión para el gobierno actual, para que les dé algunas prebendas.

Pero parece que se están topando con pared. Antes de aflojar la cuerda, parece que se tensa más, y las consecuencias no sabemos hasta dónde podrán arrastrarnos.

¿Qué hay que hacer? Muy poco. México irá normalizándose y dejando de ser un paraíso fiscal para los inversionistas extranjeros. Por ejemplo, ahora se sabe que a los bancos –todos extranjeros-, se les exentaba el pago de impuestos, pese a sus muy jugosas ganancias y a sus prácticas de usura.

Los inversionistas que se queden, será para jugar con las nuevas reglas fiscales. Los que no, emigrarán en busca de países en donde sus autoridades les entreguen los bienes de la nación, les permitan prácticas de usura y depredación, sin pagar casi nada.

Salir de este bache no será nada fácil. Estos economistas señalaron que el presidente se está preparando para la crisis, precisamente bajando los dineros directamente a la base social, no tanto para garantizar su aplicación, porque eso podría hacerse con base en una fiscalización estricta, sino para amortiguar el golpe que pegaría con una recesión.

Por ahora, hay elementos para estar tranquilos: el peso está fluctuando pero no se ha disparado, y tampoco hay inestabilidad social. Entre tanto, el presidente lucha por recuperar el sector energético, cuyos ingresos son vitales, al grado de que en otras épocas se evitó con ello una revolución.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Municipio de La Unión, pobre desamparado y sin ilusiones

“La Seguridad de los pueblos a mi mando, es el más sagrado de los deberes”: José De San Martín.

Mis estimados, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, uno de los municipios que integran la Costa Grande de Guerrero.

La Unión es un poblado pequeño, pero que cuenta con dos centros turísticos muy importantes, como es Troncones y Saladita. Son destinos muy visitados principalmente por turismo extranjero; sin embargo, esos destinos hace tiempo que son azotados por la violencia y están quedando solos, pero también carecen de los servicios básicos y están sin infraestructura, están rezagados, sobre todo en seguridad, educación y salud, rubros importantes para el progreso de la población, pues un pueblo sin educación está destinado al fracaso, al igual que un pueblo inseguro es un poblado fracasado.

El estado de Guerrero, ha lidiado por muchos años con la inseguridad y violencia en esas demarcaciones, sobre todo en las poblaciones serranas colindantes con Tierra Caliente y Michoacán, pues el gobernador michoacano no ha logrado controlar esa zona que le corresponde, donde los asaltos con violencia a turistas y personas locales están a la orden del día. Ahí los criminales operan con toda impunidad, pues tienen terreno amplio para huir, por eso cometen fechorías en la parte guerrerense y huyen a tierras michoacanas, o viceversa.

La queja de la población al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita al municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, fue el abandono de sus comunidades; otros, por temor no expresaron los horrores que han vivido con la violencia e inseguridad en sus comunidades, pues dijeron a este medio que si los descubren que señalaron algo de ese tema, son hombres o mujeres muertos.

El mandatario, como es su costumbre, escuchó a un grupo de personas que lo esperaban en la vía. Y atento escucha de la gente las quejas -la mayoría contra sus gobernantes- los atendió. El grupo más visto era el de Troncones. En dirección a ese destino esperaban al mandatario, al cual hicieron sus peticiones con sus respectivas quejas; incluso, había jubilados y maestros que pedían ver al presidente para pedir apoyos.

Los maestros jubilados exigen al mandatario les paguen la pensión de su jubilación a partir del salario mínimo y no de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como se los están pagando, pues son hasta 5 mil pesos menos, aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) les dijo que harían el cálculo para pagar las pensiones a los maestros con base en el salario mínimo, pero no lo están haciendo, siguen pagando tomando en cuenta la UMA.

Otros docentes fueron al presidente para darle la petición de la construcción de aulas en las instituciones que dirigen; otros piden trasformadores de luz, pues dicen que la energía en las comunidades se va mucho y sin luz no pueden trabajar.

Ciudadanos pedían ver al mandatario federal para pedirle vigilancia en su comunidad, pues la violencia en su pueblo está imparable, y que por eso sus hijos salieron huyendo de la comunidad por la inseguridad. “Aquí ya no podemos vivir en paz”, dijeron.

No obstante, era un mundo de gente y muchas personas no pudieron llegar al mandatario. Fue, además, un evento desorganizado. No me gusta decir estas cosas pero debieron hacerlo fuera de la clínica del IMSS, porque era la primera vez que venía un presidente de la República a ese municipio y debieron buscar un lugar amplio, pues sabían que llegaría mucha gente para ver al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien el mandatario venía a revisar las instalaciones del Instituto del Seguro Social del Bienestar en La Unión, debieron acondicionar un lugar para que la gente viera de cerca al mandatario. Hubo un lugar, aunque pequeño, y ahí el gobernador Héctor Astudillo Flores, dio la bienvenida al mandatario federal: “Señor presidente, seguiremos trabando juntos con respeto mutuo, porque Guerrero nos necesita a todos. Somos un estado que enfrenta muchos desafíos, pero no nos rendimos y nos levantamos de las adversidades; por eso conocido con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en que ‘no todos los guerreros son guerrerenses, pero sí todos los guerrerenses son guerreros’”, expresó el gobernador y acompañó al presidente AMLO en el recorrido por el hospital Rural.

Por cierto, el mandatario estatal se comprometió a apoyar la clínica con agua potable, que antes habían solicitado la administración del hospital al director General del IMSS.

El presidente AMLO reveló que ya había visitado 74 Hospitales Rurales, de los 80 que hay en el país, pero que pretende visitarlos todos para conocer las necesidades de cerca; inclusive mencionó que en Guerrero falta por fundar tres clínicas rurales más en la entidad y que lo van a edificar.

Y cuando mencionó que los salarios de los doctores y enfermeras mejorarán, los médicos y enfermeras aplaudieron. Y es que el personal de ese hospital percibe un mini salario, ganan muy poco para todo lo que se arriesgan; por eso los doctores especialista no quieren venir a esos hospitales rurales, pues además hay otros factores que orillan a los médicos con especialidad a huir de esas clínicas. Es la inseguridad el motivo por el que esos hospitales no progresan, y casi están vacíos de personal clínico. Inclusive, la gente comenta que ese Hospital Rural llegó a ser hasta más importante que el de Zihuatanejo, pues dicen que tenían los mejores especialistas; pero que luego los corrió la violencia y casi se quedó sin doctores. Los hay, pero no son especialistas.

Por eso había personas que querían decir al presidente AMLO, por los horrores que viven por la inseguridad y violencia que azota la zona; pero no querían ni hablar fuerte por miedo.

Nos comentaron que La Unión es un pueblo sin ley. “Estamos desamparados. Nosotros comprendemos que el presidente Crescencio también tiene miedo y no puede con esos hombres; por eso queremos decirle al presidente AMLO que haga algo por nuestros pueblos, que vea cómo estamos acá. Mire la pobreza en la que estamos”, comentó una mujer.

Otros pobladores de la zona contaron que la mayoría de los casos de violencia, mayormente de robo de autos, ocurren en la carretera Feliciano-Ixtapa llamada también Siglo XXI, que en esa carretera los criminales les han quitado automóviles en el tramo de Las Cañas a los turistas y locales.

“Varios armados le quitan todo a la gente; aquí vienen llorando pidiendo ayuda los turistas con hijos. ¿Usted cree que van a regresar esos turistas? Nunca más vendrán, y tanto Ixtapa, Troncones y Saladita, vivimos todos del turismo, pero nos lo han ido matando estos desgraciados y eso le quiero decir al presidente AMLO, porque ahora estamos peor que antes, porque antes al menos venían periodistas y les contábamos nuestros problemas; ahora ya nadie viene; bueno, ni el presidente Crescencio nos pela, ya mero ni las moscas nos visitan”, se quejaron los pobladores.

Es cierto que en la vía Siglo XXI por un tiempo hubo muchos asaltos a mano armada, pero según el gobierno se corrigió el problema; no obstante, los pobladores indican que durante el pasado mes de julio los criminales robaron automóviles a muchos turistas.

No olvidemos que La Unión colinda con Michoacán y entonces los criminales cometen fechorías en ese municipio y se cruzan a Michoacán, por lo cual es imposible acabar con tanto criminal, porque el gobernador de Michoacán no hace su trabajo a cabalidad, sigue esperando que el presidente AMLO acabe con la violencia en todo el país.

Sin embargo, el presidente tiene la esperanza que con los programas sociales evitará que sigan creciendo la inseguridad en el país, pues el mandatario asegura que la violencia se va a combatir con becas a estudiantes y el recurso a los Jóvenes Construyendo el Futuro, que estos chicos van a aprender a trabajar y van a poner sus empresas.

Aunque destacó en su discurso en La Unión apoyará al campo y la construcción de escuelas.

Pero insiste el presidente AMLO que la violencia no se puede acabar con violencia. No obstante, en los destinos turísticos Troncones y Saladita, pertenecientes al municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, se quejan los pobladores que están abandonados por el gobierno municipal. Pero, mis estimados, son bien agraciados porque esos centros turísticos son hermosos y preferidos por el turismo extranjero. Ellos sí fueron atendidos por el presidente AMLO pues lo esperaron en la carretera y todas las personas que lo interceptaron en la vía fueron atendidas. Esa es una virtud del mandatario; inclusive, hasta su servidora saludó al presidente AMLO.

Editorial

Interlocutor confiable

Cuando Eduardo Medina Mora fue nombrado Embajador en Washington en 2012, el gobierno de Obama no vaciló en darle el beneplácito. Era un ente conocido. Un interlocutor confiable. Había pasado los exámenes de confianza como Procurador. Fue pionero en la instrumentación de la Iniciativa Mérida asociada a la violencia y precursor del “trasiego vigilado” de armas que degeneró en el operativo criminal Rápido y Furioso. Su designación enviaba el inequívoco mensaje de que pese al cambio discursivo de Peña Nieto la continuidad de la estrategia bélica estaba garantizada.

Como Procurador en 2007 subestimó el poder de los carteles y argumentó que la “pretensión” de algunos grupos criminales de disputar al Estado el monopolio en el uso de la fuerza era sólo en “zonas muy localizadas”. Rechazó tajante considerar la legalización de las drogas y envidió el éxito de Colombia en desarticular carteles

Sobre su escritorio el emblemático “teléfono rojo” que lo conectaba las 24 horas del día a Los Pinos (ahora a Palacio Nacional). Desmintió las declaraciones del jefe de la ATF en Phoenix de que palomeó el “trasiego vigilado” de armas. Defendió su peculiar metamorfosis de Procurador a propagandista de las reformas estructurales peñistas y defensor de los migrantes.

Aseguró nunca haber visto la carpeta delictiva de Esther Gordillo y descartó usar Twitter porque, “mi expresión siempre ha sido institucional”. Pregunté: ¿Es Usted miembro del PAN o del PRI? Respondió: “De ningún partido”. (Poder y Negocios, septiembre 2013). No hubo forma de sacarle más. Me fui con la sensación de que su semblanza de sonrisa fingida escondía una negra conciencia.

Calderón lo mandó a Londres de Embajador en 2010 tras el pleito con García Luna. “No podemos depender de ‘fiscales de hierro’”, dijo en 2008 en un foro del Instituto México, del que fue miembro de la junta de consejeros. En octubre de 2012, cuando aún representaba a Calderón en el Reino Unido, Peña le ofreció la Embajada en Washington durante la visita que hizo como presidente electo a Londres.

En diciembre de 2014, Peña lo mandó llamar de urgencia para hacerle una oferta que no podía rechazar. Dejó plantados a los corresponsales mexicanos a quienes había convocado a despedir el año con un brindis. Renunció a la Embajada considerada la joya de la diplomacia mexicana para contender por la Suprema Corte. Su designación para ministro causó asombro. Se dijo que no tenía el perfil. Ni la trayectoria.

Antes de partir de Washington puso a su esposa enferma de cáncer en la nómina de la Embajada en calidad de “aviadora” para que el gobierno de México siguiera pagando el seguro médico que cubría su costosa terapia. El ministro la visitaba los fines de semana y en los recesos de la Corte. La señora murió en febrero pasado. Fue un abuso de poder que la embajada en manos de un encargado de negocios no se atrevió a denunciar.

Uno de los desplantes más sonados de su paso por las orillas del Potomac fue su inconsecuente recriminación de la industria fílmica de Hollywood por promover estereotipos racistas de los mexicanos. En el Reino Unido, también hizo un papelón al demandar una disculpa pública de un comediante del programa Top Gear de la BBC que tachó a los mexicanos de “flojos e irresponsables”.

El empresario vuelto espía, el espía vuelto policía, el policía vuelto Procurador, el Procurador vuelto Embajador, el Embajador vuelto Ministro, el Ministro vuelto sospechoso. El declive del redactor de mentiras. El máximo poder es la iniciación de la decadencia.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en la Costa Grande, acompañado del gobernador Héctor Astudillo Flores. Vino a tratar un asunto de salud, pero anunció también inversiones sin precedentes en materia de empleo y en el sector educativo.

AMLO nos anunció 10 mil empleos mediante el programa Sembando Vida, con lo cual matará dos pájaros de un tiro: primero, generar fuentes de trabajo para los campesinos y gente del medio rural; y, segundo, reforestar las reservas forestales de los ejidos, con lo cual también se tendrá un impacto positivo en la captación de agua y carga de los mantos freáticos.

A diferencia del programa forestal de Felipe Calderón (porque con Peña Nieto nadie se ocupó del medio ambiente), que consistió en entregar arbolillos a grupos ambientalistas, gobiernos, particulares y ejidatarios, pero sin darle seguimiento a los renuevos, en esta ocasión los principales vigilantes serán los mismos ejidos y comunidades agrarias, así como los pequeños propietarios.

El recurso se entregará mediante un sueldo, como se hace con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en razón de 5 mil pesos por mes, dejando 500 pesos para reserva. Entonces los beneficiarios recibirán únicamente 4,500 pesos.

No se dijo si el programa tiene caducidad, como sí ocurre con el de jóvenes, que tendrán acceso a la beca de capacitación únicamente por un año. Tampoco se habló de restricciones de ningún tipo: es decir, si sólo podrán participar hombres o también mujeres, y si está limitado a cierto número de empleos por familia.

Suponemos que el empleo será para quien quiera trabajar, y lo que se habría que cuidar es que no se caiga en el vicio de “Empleo Temporal”, que era básicamente pura simulación, pues incluso se enlistaba a la gente con basen en su filiación política, y generalmente no era necesario desempeñar trabajo alguno.

Habría que tomar en cuenta que la reforestación no podrá realizarse todo el año, sino solamente previo y durante a las lluvias. Por lo tanto, los meses fuera de temporal se podrían ocupar en preparar terrenos para evitar incendios, e incluso para montar algún vivero en el que se produzcan los árboles que se van a plantar.

Ya el gobierno federal tiene en marcha viveros enormes en el Sureste, pero no está mal que se haga uno por estado, para producir los árboles nativos.

El presidente también anunció una inversión sin precedentes al programa la Escuela es Nuestra, de 1700 millones de pesos, para aplicarse de manera bipartita. Es decir, la mitad será aportada por la Federación, y la otra mitad por el Gobierno del Estado, para atender a los poco más de 9 mil planteles que existen en la entidad.

Y diferencia del programa Escuelas al 100, que era manejado desde arriba hacia abajo, en esta ocasión tendrán un papel importante los comités de padres de familia, que son los que determinarán qué obra se necesita en cada escuela.

Hay todavía dudas en este programa, sobre todo porque se piensa que los padres recibirán el recurso, y se encargará de aplicarlo de manera directa, con lo cual se corre un gran riesgo de desvío, no sólo deliberado, sino involuntario, porque en este sector, no todos tienen capacidades técnicas y administrativas, que les permitan desarrollar un trabajo de planeación y ejecución de obras.

El caso es que los comités ya se están constituyendo en cada escuela, en espera de que el recurso fluya.

Pero dado que el gobierno estatal tendrá participación equitativa, la vigilancia de los recursos también le compete, a menos que hagan lo que hacía Peña Nieto, de dividir los programas, aplicando él su parte y dejando al estado libre para aplicar la suya, con lo cual una parte cumplía y la otra no.

Las dos noticias son buenas. Aunque no se está programando obras de alto impacto, salvo la conclusión de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, como una petición del gobernador Héctor Astudillo, el dinero que llegue a las familias campesinas también es algo importante. Porque como el presidente dice, crecimiento sin desarrollo es algo cruel.

Capitalismo y crisis climática

Rubén Martín

Gracias al activismo valiente de una adolescente sueca, Greta Thunberg, desde hace un año ha crecido la conciencia de que el planeta está al borde del colapso ambiental, de que ya pasó el tiempo de hablar de cambio climático, para asumir que ya padecemos una crisis climática de graves consecuencias para toda la humanidad y todas las especies vivas.

Como se sabe, un día de agosto del año pasado Greta Thunberg (entonces de 15 años) decidió que en lugar de ir a clases, cada viernes saldría a protestar. “Me senté en las puertas del Parlamento sueco, nunca imaginé que esto se haría tan grande”, dijo en un documental de Vice. Nació así Fridays for Future, y otras organizaciones más, integradas mayoritariamente por adolescentes y jóvenes que han tomado conciencia de que si no actúan ahora, de adultos no tendrán un planeta donde vivir dignamente. Su movilizaciones pretenden ser más un grito de rabia que una sugerencia de tomar conciencia. En palabras de Greta Thunberg: “Estamos ante la mayor crisis de la humanidad. Si tu casa está ardiendo no te sientas a hablar. Quiero que la gente sienta pánico”.

Y en efecto, muchos han sentido pánico. Gracias a movimientos como el de Greta Thunberg, y a otros muchos que empezaron años atrás, la conciencia individual sobre la responsabilidad en la producción de esta crisis climática ha crecido significativamente.

Millones empiezan a tomar pequeñas acciones para impactar lo menos posible a la salud del planeta. Con acciones como transportarse en bicicleta en lugar de vehículos de motor de combustión, dejar de utilizar plásticos, separar la basura, comer comida no industrializada o dejar de usar popotes se piensa que se contribuye hacia un mundo menos contaminado y nocivo para la vida. Todas estas acciones son necesarias y legítimas.

Sin embargo esto diluye la responsabilidad de la crisis climática que padecemos. Pareciera que todos somos igual de responsables, pero no es así. Hay algunos más responsables que otros.

En abril el colectivo de cartografía alternativa The Decolonial Atlas, presentó un peculiar mapa con el título siguiente: “Nombres y lugares de las 100 personas que asesinan el planeta”. En el mapa aparecen los nombres y lugares de residencia de los dueños o CEO’s de las compañías que más contaminan, las que más emisiones de efecto invernadero arrojan a la atmósfera y por tanto son más responsables de la crisis climática en la que estamos metidos. Para elaborar el mapa, sus creadores cruzaron información de Carbon Majors Report, Climate Accountability Institute, Carbon Maps, y la lista de Forbes con los hombres más ricos del mundo.

Por estas razones los creadores del mapa tomaron una frase del cantante y activista Utah Philips que dice: “La Tierra no está muriendo, está siendo asesinada, y aquellos que la están matando tienen nombre y dirección”. El mapa y el texto fue retomado por El Salto Diario (portal español de información alternativa). En el mismo se detallan las 100 empresas más contaminantes y se llega a una conclusión: que el capitalismo exacerbado y el cambio climático van de la mano. Entre las empresas más contaminantes del mundo están las carboníferas, con las chinas a la cabeza, seguidas de las petroleras estatales (como Aramco de Arabis Saudita y Pemex de México).

Retomo el mapa de las 100 personas o empresas más contaminantes del mundo para alegar que es importante tomar medidas individuales para mitigar la contaminación y devastación ambiental, pero igual de importante es no olvidar que los principales responsables son grandes empresas que producen la energía para que el capitalismo se mueva.

Gracias a publicaciones y estudios como este, se sabe ahora con claridad los nombres de las grandes corporaciones o principales naciones responsables de la crisis climática por la que ahora atravesamos.

Seis años antes de publicarse este mapa, el experto Richard Heede publicó en la revista Climatic Change, en noviembre de 2013, una investigación central sobre el tema. Su estudio se llama “Seguimiento de las emisiones antropógenas de dióxido de carbono y metano a los productores de combustibles fósiles y cemento, 1854–2010”, y en él encuentra que 90 entidades (empresas o gobiernos) son las responsables de emitir 63 por ciento de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

Así lo explicó el mismo Richard Heede: “Este análisis rastrea emisiones por un total de 914 GtCO2e (63 por ciento de las emisiones mundiales acumuladas de CO2 y metano industriales entre 1751 y 2010) a las 90 entidades ‘principales de carbono’”.

Del total de 914 gigatoneladas de CO2, 315 gigatoneladas han sido emitidas por corporaciones privadas, 288 gigatoneladas por empresas estatales y 312 gigatoneladas de CO2 por estados nacionales.

El registro de Richard Heede abarca de 1751 a 2010, es decir, todo el periodo del capitalismo industrialista, pero encontró que la mitad de emisiones de dióxido de carbono se han emitido a partir de 1986. Dicho de otro modo, su registro abarca 259 años, de los cuales apenas en 24 años se emitieron la mitad de dióxido de carbono que ha envenenado la atmósfera.

En la lista incluidas en el estudio de Richard Heede, se incluye 90 compañías de las cuales 50 son empresas de propiedad de inversores, principalmente compañías petroleras como Chevron, Exxon, BP y Royal Dutch Shell y productores de carbón como British Coal Corp, Peabody Energy y BHP Billiton. En tanto 31 de las empresas que figuraban en la lista eran empresas estatales como Arabia Saudita Aramco de Arabia Saudita, Gazprom de Rusia, Statoil de Noruega y la mexicana Pemex.

“(…) Según el cálculo de Heede, las compañías de petróleo y carbón administradas por el gobierno en la antigua Unión Soviética produjeron más emisiones de gases de efecto invernadero que cualquier otra entidad, algo menos del 8.9 por ciento del total producido con el tiempo. China ocupó el segundo lugar con sus entidades administradas por el gobierno que representan el 8.6 por ciento de las emisiones globales totales. ChevronTexaco fue el principal emisor entre las empresas propiedad de los inversores, causando el 3.5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta la fecha, con Exxon no muy lejos en el 3,2 por ciento. En tercer lugar, BP causó el 2.5 por ciento de las emisiones globales hasta la fecha”, según un resumen del estudio publicado por The Guardian el 20 de noviembre de 2013 . La nota de The Guardian aporta un gráfico interactivo imperdible, que resume todo el trabajo de Richard Heede. El gráfico se puede consultar aquí: https://bit.ly/2cUPlSE.

Estos estudios, gráficos y mapas nos ayudan a tener una mayor comprensión de los principales responsables de la crisis climática que tiene al planeta al borde de la extinción de la vida, no nada más de la especie humana.

Con esto vuelvo al argumento expuesto antes: está bien que tomemos conciencia de modificar hábitos personales para contribuir a una menor contaminación, pero no basta con dejar de usar popotes para salvar el planeta. Las críticas se deben centrar en contra de un puñado de empresas (privadas o estatales) sus dueños y el modelo socio-histórico que las hace necesarias y posibles.

Lo dicen de esta manera los autores de The Decolonial Atlas, “Mientras tanto, dirigimos mal nuestra indignación hacia nuestros vecinos, amigos y familiares por usar pajitas de plástico o no reciclar. Si hay alguien que merece la indignación de todos los 7 mil 500 millones de nosotros, son estas 100 personas aquí mismo [las listadas en el mapa]. Combinados, controlan la mayoría de los derechos minerales del mundo: el ‘derecho’ a explotar el petróleo, el gas y el carbón no extraídos restantes. Deben saber que no los dejaremos solos hasta que acepten mantenerlo en el suelo. No solo sus empresas, sino ellos. Ahora es personal”.

Si se quiere salvar el planeta y evitar una crisis climática que nos lleve a la extinción, necesariamente se tiene qué discutir el fin del capitalismo y crear otro sistema social que no tenga una racionalidad depredadora contra la naturaleza y todos los seres vivos.

Editorial

Corruptos, criminales y beneficiados por el SAT

La desclasificación de una lista parcial de beneficiarios de condonaciones fiscales es uno de los escándalos que en días pasados inició el señalamiento, no por ilegalidad hasta donde puede verse, pero sí por la inmoralidad de saber que un empleado promedio jamás podría evitar el pago de impuestos mientras los grandes capitalistas mexicanos han sido capaces de evadir sus obligaciones.

No hablamos de cualquier empresa ni empresario, sino de las peores personas de este país, responsables en muchos casos de muertes, enfermedades y destrucciones a gran escala.

Porque el trabajo realizado por la organización civil, Fundar, nos lleva a ver que aquellas personas morales, inclusive causantes de tragedias espantosas en el país, pudieron no sólo mantenerse impunes sino conseguir millonarios beneficios del gobierno.

Cuando se ha visto el llagado y las póstulas, la manifestación visible tras la que se ocultan terribles decadencias renales, cardiovasculares y neurológicas, como en la Región Lagunera, es inevitable pensar en la sobreexplotación de acuíferos por la industria lechera, lo mismo que en las filtraciones de la fundición metalúrgica a gran escala.

Empero, como suele ocurrir con la gran industria, el impacto ambiental de sus operaciones ha hecho crisis por las que suele atenuarse temporalmente el impacto, sólo para que la corrupción e impunidad posibiliten el incremento de la extracción de agua, así como aquellas filtraciones contaminantes que, en esa región del norte del país, se asocia con dos gigantes: el lechero Grupo Lala y la siderúrgica Met Mex Peñoles.

Entre 2015 y 2019, Grupo Lala tuvo condonaciones por 2 mil 429 millones de pesos, de acuerdo al listado obtenido, aunque hasta ahora es imposible saber cuánto se condonó a Industrias Peñoles. Están amparados, de acuerdo al informe de Fundar.

Tanto Peñoles como Minera México, son dos de las empresas que tienen enormes pasivos ambientales y gozan de impunidad. La primera, no sólo impactó con arsénico, también con plomo y cadmio en suspensión de partículas que provocó un enorme daño ambiental y a la salud de niños, ancianos y mujeres embarazadas de Torreón. Minera México, subsidiaria de Grupo México, contaminó en Ciudad Juárez, San Luis Potosí y en dos megadesastres ambientales en Sonora en apenas los pasados seis años. Ambos impactaron Monterrey.

Dichas empresas pertenecen a algunos de los magnates más acaudalados del país: Lala, que preside Eduardo Tricio Haro; Peñoles, de Alberto Bailleres y Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco.

Grupo México, es responsable de la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos en 2006, un desastre industrial por el que ha conseguido impunidad al grado de que, hasta esta administración, ni siquiera se había hecho investigación sobre lo ocurrido, mientras los deudos, viudas e hijos, quedaron en la miseria con pensiones miserables.

Por cierto, en Pasta de Conchos, 36 de los 65 trabajadores muertos eran trabajadores de la contratista General de Hulla. Hoy sabemos que entre 2008 y 2009, el SAT le condonó a esa empresa cerca de 5 millones de pesos y en 2011 le condonaron el adeudo por 104 millones de pesos.

En la lista aparece también Corporación Geo, la constructora de precariedades, que edificó casas en zona de hundimiento en Chalco, esas que quedaron hechas añicos en el sismo de 2017; la misma responsable de contaminar hasta la destrucción el río Pacú en Chiapas y las tierras de cultivo en San Salvador Atenco en el Estado de México. Esa empresa, es también la que vendió casas sin servicios básicos, construidas con materiales de pésima calidad, defraudó a cientos de miles de familias y se retiró en “quiebra”, no sin antes obtener la condonación de casi 5 mil millones de pesos.

Ricos, poderosos y moralmente criminales, se han enriquecido a costa de la pobreza, la ignorancia, la corrupción. Influyentes como han sido, han mantenido su fortuna y prestigio. Son los millonarios de México y el mundo, que ni siquiera pagan impuestos.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente Andrés Manuel López Obrador estará este martes en la Costa Grande, concretamente al municipio de La Unión, donde mañana revisará un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hace meses que el presidente se propuso recorrer personalmente todas las clínicas rurales del IMSS, para cerciorarse de las condiciones de la infraestructura, pero sobre todo del servicio.

A partir de estas visitas, aparentemente intrascendentes, el presidente ha ido moldeando sus políticas de salud. Por ejemplo, ordenó que los médicos que trabajen en el medio rural, reciban mejores sueldos y compensaciones que aquellos que no quieren salir de las ciudades.

También se dio cuenta que hay un severo déficit de médicos y sobre todo de especialistas, pese al presupuesto que se otorga a las universidades públicas, por lo cual lanzó un ultimátum a éstas para que reactiven la preparación de médicos o el gobierno federal se verá obligado a crear una escuela superior de medicina, para ir generando los recursos humanos que demanda el sector.

Y esto es cierto. Si algún problema tiene la Secretaría de Salud en el estado –e indudablemente el esquema se repite en otras entidades-, es la falta de médicos especialistas. Son las regiones, sobre todo, las que sufren de este déficit, al grado de que se tienen hospitales básicos comunitarios sin ginecólogos, sobre todo en la Costa Chica y la Montaña, provocando con ello que por muchos años Guerrero fuera primer lugar en muertes maternas.

Fue hasta que el médico Lázaro Mazón Alonso, en su paso por la Secretaría de Salud, que ideó rescatar el modelo de parteras tradicionales, para capacitarlas en conocimientos básicos de asepsia, y evitar con ello la mortandad materno-infantil, que era una vergüenza para Guerrero.

Mazón incluso impulsó la creación de la Escuela de Parteras, la única en el país como tal, de donde se han graduado ya varias generaciones de parteras profesionales, para atender sobre todo a las mujeres indígenas que todavía dan a luz con los métodos tradicionales.

Por otra parte, el presidente de la República llega a Guerrero en un momento muy importante, pues quedaron fuera del Fonden muchos municipios, incluso varios de los más afectados como Ometepec, en la Costa Chica; y otros de la Montaña alta.

El gobernador dijo ayer que está solicitando la declaratoria de desastre para 16 municipios más; pero en caso de que no sea posible lograr ese apoyo, entonces será el gobierno estatal el que se haga cargo de los apoyos para damnificados, lo cual no es nada justo, porque para eso se creó el Fondo Nacional de Desastres, para atender este tipo de emergencias.

La presión mayor la tienen los alcaldes de los municipios no incluidos en la declaratoria, porque incluso tampoco han recibido el apoyo estatal, y están atendiendo la emergencia con sus escasos recursos, pues recordemos que los ayuntamientos no manejan recursos etiquetados para estas emergencias y con seguridad están tomando dinero de obras o de seguridad pública para salir del paso.

Ojalá que el presidente de la República, por la sensibilidad que lo caracteriza, tenga a bien revisar el caso de Guerrero, e integre a los municipios excluidos en la declaratoria.

De paso, ojalá que reaccione y quiera autorizar la Zona Económica Especial de Puerto Unión, que abarca territorios de Guerrero y Michoacán, con lo cual esta franja dejaría de ser tierra de nadie.