Opinion | - Part 173

Equilibrios pandémicos

Pocas cosas más complicadas y controvertidas como tomar decisiones en una pandemia como la que estamos viviendo. La única certeza es la ausencia de ésta, por lo que el camino es siempre a tentaleo, casi a ciegas y con información incompleta, tardía y no pocas veces contradictoria. Así, cada gobierno va sorteando el temporal como mejor considera para mantener el equilibrio entre cuidar la salud de la población, la funcionalidad del sistema hospitalario y la economía -que no es sino la suma de lo que producimos y gastamos todos. Metafóricamente imaginemos a un equilibrista en la cuerda floja mientras hace malabares con tres pelotas que tienen la particularidad de cambiar de tamaño en el aire. El gobierno federal optó por poner un show en otra pista, para entretener al respetable narrando las hazañas del equilibrista, para no dejar un hueco de silencio que pueda generar angustia entre el público. López-Gatell habla todos los días, y a pesar de que va perdiendo la atención de la audiencia por repetitivo y contradictorio, de que comienza a recibir chiflidos y abucheo, no deja espacio para la angustia. El gobierno de Jalisco optó por poner al encargado del circo como malabarista y vocero. Es el propio gobernador quien regularmente comunica cómo van los malabares allá en las alturas de la cuerda floja.

El problema en el manejo de una pandemia como la que estamos viviendo es que no hay principio y fin. Parafraseando lo que dice Dante Delgado de la política, la pandemia no es, va siendo: todos los días es distinta, todos los días requiere ajustar la estrategia, todos los días hay cambios en uno u otro frente que obligan a ajustar la ruta.

¿Ha sido bueno el manejo de la pandemia en Jalisco? Hasta ahora podemos decir que sí, pero la evaluación final sólo podrá hacerse con la distancia del tiempo. Hasta ahora los datos de mortalidad por cien mil habitantes y los datos económicos son mejores que el nacional y que la mayoría de los estados. Sin embargo, esto puede cambiar en cuestión de días. La decisión de abrir indiscriminadamente e invitar a la población a conocer la Línea 3 del Tren Ligero, la falta de aplicación de medidas en el transporte público, la reapertura de bares y la relajación de medidas en general producto del cansancio de siete meses de anormalidad normalizada han generado alertas de parte de los especialistas.

El esfuerzo colectivo de siete meses puede venirse abajo en quince días si no tomamos en serio el riesgo. Todos estamos en la misma cuerda que nuestros gobernantes. El equilibrio en cada casa es también precario, por lo mismo requiere que todos tomemos decisiones cada día. Lo que era válido ayer quizá no lo sea hoy y lo de hoy muy probablemente no será válido para mañana. Esa incertidumbre es lo que llamamos nueva normalidad.

La civilización dopada

¿Qué está detrás de las personas que sufren de diabetes y no pueden dejar de tomar “su coca”, a pesar de saber el daño que les hace?. Esto lo hemos observado directamente en muchos casos donde estas personas ya tienen graves daños a su salud por la enfermedad. En el otro extremo: ¿Qué está detrás de los niños que no pueden dejar de ver su celular, las redes sociales, hasta muy altas horas de la noche, afectando su sueño, su tiempo de descanso, su salud? Esto lo sabemos porque es una situación ya muy común. Detrás está la intención corporativa de provocar el placer sacrificando el bienestar, está el diseño de sus productos para generar la adicción.

En la sociedad de hiperconsumo, gobernada por un puñado de megacorporaciones, el objetivo es que los individuos -que en algún momento fueron ciudadanos y ahora son considerados simples consumidores- consuman cada vez más los productos y servicios puestos en el mercado internacional, nacional, regional y local por estas empresas globales. Para que esos productos y servicios puedan venderse y consumirse, cada vez más, se requiere que sean adictivos y fugaces. La maquinaria corporativa requiere que consumamos y que desechemos cada vez más rápido. Ésta es la lógica del crecimiento de la economía, una lógica que se basa en la adicción y en la obsolescencia programada de los productos. De por medio está los daños extremos a los que hemos llegado en salud de la especie y el planeta.

Entonces, el objetivo, en todos los casos, es provocar placer, que ese consumo placentero se vuelva adictivo y generar la confusión en los individuos de que ese placer es la felicidad. De Erich Fromm a Robert Lustig se explica la dimensión del consumo como falsa “felicidad” y cómo el diseño de los productos está dirigido para activar la segregación de dopamina y, así, jaquear nuestra mente desde pequeños, confundiendo el placer con la felicidad. De ahí que se estén formando generaciones fijadas en el consumo de estímulos placenteros mientras se sumergen en la ansiedad e insatisfacción de la vida. No hay tiempo para el silencio, para el contentamiento que perdura, para compartir, es la búsqueda del placer individual que una y otra vez tiene una vida efímera y que cada vez es más difícil de lograr, porque nuestro sistema de recompensa se agota con tanto estímulo.

Una de las manifestaciones más evidentes de este proceso es la sustitución de nuestros alimentos y nuestras culturas culinarias construidas durante milenios y siglospor productos comestibles ultraprocesados dirigidos ya no a alimentar, si no a generar placer. ¿Cómo se ha logrado que desde Nepal hasta la sierra mixteca en Oaxaca los niños sean inducidos al consumo de los mismos productos de las mismas marcas?

En una investigación se le dieron cámaras de video a varios niños de diversas regiones del mundo para que grabaran lo que compraban y consumían. Vea usted el testimonio de dos niñas de Nepal, una situación que se pudo constatar en todos los demás casos: Las imágenes hablan por sí mismas de la penetración y modificación de los hábitos de lo que puede ser explicado como nuestra relación más profunda con nuestro entorno, con la naturaleza: la alimentación.

Tanto en el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, como de tabaco, alcohol y las redes sociales, el común denominador es su impacto en la generación de dopamina, la llamada hormona del placer. La acción constante de generación de dopamina por un estímulo externo lleva a la adicción. Es decir, la búsqueda repetida y constante de placer, a partir de un producto o de un estímulo externo, provoca adicción.

Como lo comentamos anteriormente, tanto los expertos en el diseño de los productos de las grandes corporaciones de la comida chatarra (Salt, Sugar, Fat. Michel Moss.Random House 2013), como los expertos en el diseño de las redes sociales, de Silicon Valley (The Social Dilemma. Netflix, 2020), han reconocido públicamente dos cosas en común: que lo que han hecho son productos adictivos y que esos productos no se los dan a sus hijos. Es decir, quienes diseñan la comida chatarra evitan que sus hijos la consuman, quienes han diseñado las redes sociales evitan que sus hijos las usen. La razón es que saben muy bien que les hacen daño, que no es fácil dejar de consumirlos y que afectan su desarrollo.

Sí, el dopaje de la comida chatarra ha llevado a la epidemia global de obesidad y diabetes en el mundo, el dopaje del tabaco ha provocado la muerte masiva de 7 millones de personas cada año, el del alcohol se lleva a 3.3 millones de personas anualmente y el de las redes sociales y los videojuegos está provocando epidemias de depresión y déficit de atención en niños y adolescentes, y cada vez más en adultos.

Aparte del diseño adictivo del producto, el hiperconsumo se refuerza con la publicidad aspiracional, con el sentido de pertenencia al adquirir el producto de la marca deseada, al entrar a formar parte de un mundo mostrado como modelo, demostrando que uno no es del todo un excluido. En el mundo de la profunda desigualdad en que vivimos, y de la exclusión en la que se encuentra la mayor parte de la humanidad, en relación al mundo que se ofrece como modelo en la publicidad, el sentido de no ser un excluido se da a través de la ilusión de pertenencia. Se ofrece que la felicidad se puede comprar en una botella de Coca Cola o uno se puede sentir cerca del héroe del deporte calzando la misma marca de tenis, una madre puede sentir cierta pertenencia al mundo feliz de la mujer que aparece en el anuncio de televisión sirviéndole el cereal a sus hijos o el niño que come el cereal sentirse por un momento parte del mundo del Tigre Toño que realiza extraordinarias hazañas físicas.

Robert Lustig, uno de los científicos norteamericanos más lúcidos en el ámbito de la alimentación y el cerebro, pediatra endocrinólogo, especializado en neuroendocrinlogía y obesidad infantil, de la Universidad de California, publicó el libro The Hacking of the American Mind que lleva como subtítulo “La ciencia detrás de la captura corporativa de los cuerpos y las almas”. Lustig expone cómo, por todos los medios, las corporaciones han venido capturando la mente de las personas induciéndolas a la búsqueda desenfrenada del placer. Detrás de esta estrategia está generar una confusión entre el placer y la felicidad. El objetivo corporativo está en activar la descarga de dopamina a partir del consumo de los productos y servicios que están diseñados y dirigidos a provocar esa sensación fugaz de placer. Desde las personas con diabetes que no pueden dejar la Coca Cola, hasta los niños, adolescentes o adultos que no pueden dejar el videojuego o las redes sociales sacrificando sus horas de descanso, encontramos el efecto de los daños masivos causados por el dopaje de las corporaciones. Y esta es no es nuestra conclusión, proviene de los mismos diseñadores de esos productos.

Izquierda y derecha

Jorge Javier Romero Vadillo

Las categorías izquierda y derecha en política siempre han sido denominaciones genéricas que han requerido de precisiones para explicar algo. ¿Quién es de izquierda y quién es de derecha? El diccionario de la lengua española define a la izquierda política por negación: “En las asambleas parlamentarias, conjunto de los representantes de los partidos no conservadores ni centristas” y añade: Conjunto de personas que profesan ideas reformistas o, en general, no conservadoras”. Nada más vago que esa definición, del la que solo se puede sacar en positivo eso de ideas reformistas, pero si vamos a la definición de reformismo, doctrina que profesan los reformistas, resulta que es la búsqueda del cambio gradual y pacífico de una situación política, social, religiosa, etcétera.

Bien se sabe que no se le debe pedir mucho al diccionario de la “Madre Academia”, como burlonamente la llamaba el agudo Nikito Nipongo, personaje de otros tiempos y otro periodismo. Sin embargo, en este caso la vaguedad de las definiciones se ajusta a la poca utilidad descriptiva de las palabras, pues en los jarritos de la izquierda o la derecha caben todos los acomodos. Cada quien se coloca en el que le gusta, aunque luego dentro no reconozca como sus iguales al resto de los ocupantes. Es más: con frecuencia a uno lo acomodan en el jarrito en el que no quiere estar. Suele suceder también que algunos no se quieran meter al jarrito en el que la mayoría considera que debiera estar.

Sin embargo, hubo una época en la que las fronteras entre un lado y el otro de la política parecían más claras: A la derecha estaban los defensores de los privilegios, del orden social tradicional y de la moral conservadora, la defensora del orden patriarcal y jerárquico, mientras que enfrente se encontraban los defensores de la igualdad ante la ley, la justicia, la democracia, la distribución de la riqueza, la equidad entre los sexos y la libertad sexual. Uno y otro bando tenían en su seno a quienes defendían distintas estrategias para lograr sus fines, ya fueran mantener el orden existente o transformarlo, pero en términos generales, los de la derecha defendían la tradición y las creencias ancestrales, mientras que los de la izquierda eran apasionados en la defensa de la razón, la ciencia y el combate a los dogmas religiosos y del progreso tecnológico.

Se trataba de un espectro con gradaciones, que iban desde el fundamentalismo religioso e inquisitorial y a defensa violenta de privilegios de casta o clase, hasta la violencia revolucionaria que pretendía hacer del pasado tabula rasa, pero más o menos eran comprensibles las señas de identidad. Hoy, sin embargo, es mucho más difícil definir los contornos de cada bando, no porque la derecha haya desaparecido –está vivita y coleando y más activa que nunca en la defensa de privilegios y valores acedos–, sino porque la izquierda se ha diluido en una mezcolanza confusa de propósitos, objetivos, valores y se ha instalado en un marasmo.

La izquierda defensora de valores universales ha cedido el lugar a la defensa de identidades particulares, buena parte de ellas fuertemente conservadoras. La idea de la justicia universal ha sido abandonada en favor del reconocimiento de nuevos privilegios –derechos privativos– de grupos específicos. Lo que fue la defensa de las minorías contra la opresión de la moral y la dominación tradicionales, ha terminado por convertirse en un embrollo de reivindicaciones particularistas, mientras el proyecto universalista en la que los derechos y las libertades fueren para toda la ciudadanía parece diluirse en el asistencialismo, heredero de la caridad cristiana.

Lo más grave que le ha ocurrido a la izquierda política mexicana, mucho más estrecha que la izquierda social e intelectual, ha sido quedar a la zaga de un caudillo conservador y religioso que no comparte la mayoría de sus causas históricas. Los políticos que tradicionalmente se han autoproclamado de izquierda y que hoy apoyan sin rechistar los dictados de López Obrador han claudicado en reivindicaciones fundamentales para acomodarse a las creencias y modos del demagogo con tirón popular. Es obvio que para muchos de ellos su rendición ideológica ha sido premiada con un cargo o que su disciplina es condición para tener la bendición del líder para buscar su reelección, pero en muchos casos resulta aberrante.

Hoy vemos cómo mujeres que han dedicado su vida a la reivindicación de sus derechos doblan la cerviz cuando el Presidente dice que no va a proponer la legalización del aborto porque es un tema que divide, mientras que todas las mañanas predica polarización sobre cualquier otro asunto. Es patético ver a antiguos defensores del Estado laico callar cuando el López Obrador lanza sus sermones religiosos. Me repugna ver cómo críticos del asistencialismo priista ahora son acólitos del neopobrismo, para usar el término acuñado por Felipe González, que predica el caudillo. Es desconcertante oír a quienes fueron reprimidos por el ejército en el 68 defender la militarización

Muchos de los seguidores de López Obrador, como suele ocurrir tras de los hombres providenciales, no son más que oportunistas acomodados por la dirección en la que soplan los vientos. En todos los tiempos de la política mexicana han existido fervorosos intérpretes de los sueños presidenciales que cuando cambia el aire defienden lo contrario a lo que antes consideraban iluminado. También ha habido opositores que cuando llegan al poder hace exactamente lo mismo que antes criticaban. La política siempre ha sido un trabajo en el que los cínicos tienen ventajas competitivas, pero da grima ver a quienes fuero honrados militantes de la izquierda defender al caudillo reaccionario, al impulsor de un autoritarismo apoyado en las fuerzas armadas, que desprecia al orden jurídico y a quien le repugnan los contrapesos a su poder o los reparos a sus delirios, que exige disciplina y lealtad ciegas.

No entiendo cómo alguien todavía hoy puede pensar en que López Obrador es un político de izquierda. Sé que fuera del Gobierno existe todavía, y puede crecer, un pensamiento de izquierda reformista y racional. Creo que es tiempo que salga del clóset y se oponga abiertamente al gesticulador que ha expropiado una identidad que no le corresponde.

Muñoz Ledo, el crítico

Fortalecido y animado tras la primera encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que superó al supuesto favorito, Mario Delgado, rumbo a la dirigencia nacional de Morena, el Diputado Porfirio Muñoz Ledo lanza a bocajarro, muy a su estilo: “Yo estoy cambiando señales: no somos el partido del Presidente, somos el partido en el poder. Soy ‘obradorista crítico’, me llaman, porque creo que la crítica conviene dentro de Morena”.

“Cuando ganemos el partido –sentencia optimista– la primera decisión es auditar al partido, auditar la Cámara de Diputados, iniciar procesos rápidos de reforma constitucional” y, según anuncia, hacer los cambios pertinentes para desaparecer al “totalmente corrupto” Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e ir en busca de una nueva Constitución. Piensa en un partido que, ceñido a sus principios, “no tenga un pensamiento único”, que sea un partido de la diversidad, un partido de los migrantes, un partido crítico, “porque eso es fundamental para mí, un partido que discuta y sea deliberativo”. Pero también piensa en un partido moderno y digital que involucre a los jóvenes a partir de la creación de un Instituto de Formación Política y Ciudadana con el deber de “crear soberanía”, que tiene que ver con prácticas y debates públicos.

Casi con la mano en la cintura, el hombre que a lo largo de sus 87 años ha dirigido nacionalmente otros partidos, como el PRI (1975-76) y el PRD (1993-96), se muestra confiado en la elección interna y, en entrevista telefónica desde la Ciudad de México, aclara que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha metido las manos en el proceso interno, del mismo modo en que, dice, tampoco influyó en el resultado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde, con seis votos a favor y cinco en contra, se aprobó la solicitud de consulta para enjuiciar a los expresidentes y cuya votación se llevará a cabo en agosto de 2021. En el caso de su sorpresiva participación en el proceso interno de Morena, afirma que “Andrés no se ha metido en esto para nada. Yo no he tenido un telefonazo con él; yo estoy actuando por mi cuenta. Hay que salvaguardar al partido. No puede haber un caciquismo”.

Polémico y apasionado, Porfirio Muñoz Ledo sabe que no dejó indiferente la escena política nacional, mucho menos a los miembros de Morena, el partido que pretende “dirigir críticamente”, luego de que en la primera encuesta realizada por el INE superara sobradamente con el 41.7 por ciento de las preferencias internas a Mario Delgado, quien porcentualmente obtuvo apenas el 27.1 de los votos. La segunda encuesta, con cinco finalistas, inició el pasado 2 de octubre y terminará antes de concluir esta semana.

Desde su adhesión crítica a la Cuatroté, en general, y al Poder Legislativo, en particular, desde hace dos años Muñoz Ledo no ha dejado de ser foco de atención mediática, pasando por los severos cuestionamientos al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, debido a sus presuntas conspiraciones migratorias en favor de Trump, que incluso involucran a Honduras como “enclave de Estados Unidos” en la región, y a su esposa Rosalinda Bueso –“bella y recta persona”–, pero a quien posiblemente se le ofrezca ser candidata a la Presidencia de ese país. “Va a ser toda una operación Honduras-Estados Unidos, que tiene como gran conducto en los dos lados a Marcelo Ebrard. No es una incidencia, no es una especulación”, puntualiza y critica también a Gobernación, en manos de la exministra Olga Sánchez Cordero: “Es totalmente tramposo lo que están haciendo, es bárbaro y cruel lo que está haciendo Gobernación en el sur del país, aunque van a dejar pasar la caravana porque esto lo ordena Donald Trump”.

Acusa a Ebrard por su adelantada y “peligrosa” ambición en el tema de la sucesión presidencial. “Con Marcelo he tenido diferencias fuertes en el tema migratorio. Ahora se va a prestar, te lo aseguro, a la caravana de migrantes que está organizada por Trump, para que llegue días antes de las elecciones y le pueda decir al pueblo norteamericano que están a punto de invadirlo. Dentro del partido lo que estoy proponiendo es que no haya un asunción anticipada. Mario (Delgado, su oponente interno) está actuando mal, pero está actuando por consigna. Si tuviera alguna autoridad política o moral con Marcelo lo podría disuadir, pero no la tiene, porque él es un enclave”, dice.

Denuncia que incluso Mario Delgado y el grupo de Ebrard “ya tienen ofrecidos gobernadores en cada estado en que habrá elecciones, incluidos algunos del PAN”, y Chihuahua, según comenta, no escapa a esa ecuación. “A lo mejor es una jugada, cierto, pero la sucesión anticipada sólo tendría, o puede tener, el acortamiento del periodo presidencial de AMLO. No puede haber un caciquismo. A Marcelo le mandé un mensaje en broma: le dije, ‘oye, quítale un problema al Presidente, compra el avión presidencial y luego vete a volar’”.

Durante la semana pasada el icónico líder de la ruptura priista en 1988 al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez entre muchos otros, y luego pieza clave en la construcción del antiguo PRD, lanzó duros mensajes al Gobernador de Chihuahua y esta vez no fue la excepción: “Mira, Javier, en vez de estar jugando por el agua, estás jugando con fuego. El agua es un problema federal, no local. Hay disposiciones legales que concilian los intereses de los municipios, las alcaldías, los gobernadores con el Gobierno federal. El agua, para que lo sepas, es un tema federal. Lo que tu pretendes es otra cosa muy peligrosa: romper el Pacto Federal”.

Finaliza con voz contundente: “La militancia debe entender que no estamos defendiendo sólo a López Obrador, estamos defendiendo un proceso histórico, y si no ganamos con cierta continuidad las elecciones, no va a poder hacerse la Cuarta Transformación. Este peligro es un peligro real, que se interrumpa el nuevo curso del desarrollo que estamos promoviendo”.

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

Martín Moreno

La llamaremos Verónica, para proteger su verdadera identidad. Se ha enamorado de Diego Urik Mañón Melgoza, de 18 años de edad, cumplidos el 2 de enero pasado. Los embrujos del amor juvenil la ciegan. Corazón de mujer. Pronto los abusos llegan. Y una tarde, la encierra por la fuerza dentro de la cajuela de su auto y le da vueltas por la ciudad para que ella sepa quién es el que manda.

La demostración de poder le gusta a Diego, nacido en Morelia. Repite violencia con otra chica. La somete, colocándole una navaja en el cuello. Fueron los vaticinios de la tragedia mayor.

Otra jovencita asegura que a Diego le gustaba tener relaciones violentas.

Así vivía Diego Urik. Alto –1.80 metros-, fuerte, jugador de futbol americano, bien parecido. Junior con dinero que vivía en Altozano, zona donde se asientan los fraccionamientos de los ricos de Morelia, en la parte alta y boscosa de la zona sur de la capital. Mirrey, les dicen.

Diego transitaba entre el futbol americano, el estudio, los amigos, la fiesta, y la violencia. Jugaba en los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey. Joven de familia disfuncional. Sus padres divorciados. Su madre se volvió a casar con un hombre adinerado. Empresario. En lo económico, Diego no tenía ninguna carencia. En lo emocional, allí está su breve historia.

Hace un par de años -todavía menor de edad-, Diego Urik conoció en un baile –un toquín-, a Jessica González Villaseñor, entonces de 19 años. Futura profesora, hija de familia trabajadora que se dedica al negocio de venta de pollos. “Pollos estilo Sinaloa”, es el eslogan del negocio familiar. Y ambos se flecharon.

De acuerdo a información de la Carpeta de Investigación del caso, cuyos detalles fueron revelados por el Ministerio Público durante la audiencia celebrada el pasado jueves uno de octubre y que fueron conocidos por esta columna, Jessica le confesó a sus amigas que su primera relación íntima fue, precisamente, con Diego.

Con base en lo declarado por amigas cercanas a Jessica y que por razones de seguridad personal se omiten identidades, su historia fue así:

Tras conocerse, Jessica y Diego comenzaron a salir y a tener relaciones. Algunas ocasiones, según se los comentó Jessica, en casa del estudiante, y una más en un hotel.

Diego ocultaba a su madre la relación que mantenía con Jessica (tal vez por la desigualdad de clase social). Sin embargo, la chica también era reprendida por sus padres a quienes Diego no les inspiraba confianza. No lo querían para su hija.

Por eso, el día de su desaparición, Jessica dijo en su casa que iba a ir con una amiga cuando, en realidad, tenía otra cita con Diego Urik.

La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra.

Jessica estaba enamorada de Diego, a quien le pedía formalizar su relación. Él se resistía, lo cual causaba molestia en la chica.

*¡Tú eres mi puta!-, le llegó a espetar Diego, según narró una de las amigas y contado en su momento por la propia Jessica.

Llegó el lunes 21 de septiembre cuando, a las 5 de la tarde, Diego Urik, en su auto marca “Polo”, recogió a Jessica. “Voy con Renata”, dijo ella en casa.

Transcurrieron las horas y no aparecía, lo cual causó extrañeza entre su familia. Sus padres. Su hermano Cristo. Jessica no era una chica irresponsable ni acostumbraba faltar a su casa. Su celular enmudeció.

Entonces se le llamó a la amiga con la cual Jessica, supuestamente, había quedado de verse.

*No la he visto desde hace varios días-, fue la respuesta de Renata. La preocupación aumentó.

Otra amiga les dijo que Jessica había salido también con el dueño de un Uber, a quien se pudo localizar. Acompañado de un abogado y sin ninguna resistencia, declaró y pudo comprobar que la tarde del lunes 21 de septiembre estuvo trabajando y en ningún momento vio a Jessica.

Pero otra amiga confió a la familia que Jessica le había dicho que esa tarde de lunes, vería a Diego Urik. Lo llamaron.

*Sí, la vi, pero la dejé cerca de su casa a eso de las seis y media de la tarde…-, respondió.

Al discurrir las horas, se presentó la denuncia sobre la desaparición de Jessica González Villaseñor. Su hermano comenzó a mover las redes sociales para dar la alerta y asegurar, sin ninguna duda, que el último que había visto a Jessica había sido Diego Urik Mañón.

Cuatro días después de haber desaparecido, el cadáver de Jessica fue localizado en la zona boscosa de Altozano. No tenía pantalón y la blusa estaba arriba de sus pechos. Tenía semen en su zona vaginal, que está siendo analizado para determinar si le corresponde a Diego Urik.

El presunto asesino desapareció desde el viernes 25 de septiembre.

*Es que no sé lo que hice… No te quiero involucrar-, confesó Diego a su amiga Hanna, quien, de acuerdo a lo divulgado en la audiencia por el MP, fue testigo de cómo él se deshizo de algunas pertenencias de Jessica.

El miércoles 30 de septiembre, nueve días después de la desaparición de Jessica, Diego fue detenido en un hotel de tres estrellas en Cihuatlán, Jalisco. Al parecer, se encontraba solo. Según el Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, la captura fue gracias a la labor policiaca realizada.

Empero, abogados cercanos al caso confiaron que, en realidad, Diego Erik Mañón se entregó de manera voluntaria, tras establecerse un acuerdo con su familia. La defensa busca que el delito se juzgue como homicidio, pero no como feminicidio.

Según relata uno de los amigos de Diego a quienes pidió ayuda para deshacerse del cadáver, él tenía rasguños en los brazos y en los hombros.

Diego fue vinculado a proceso.

El MP pidió al Juez un plazo de 4 meses para realizar la investigación.

El plazo fue concedido.

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En México, durante 2019, fueron asesinadas alrededor de 4 mil mujeres. En lo que va del 2020: 645. Las marchas y protestas públicas ante la pasividad del Gobierno federal, cada vez son más fuertes y enérgicas.

“Manipulan el tema (de feminicidios) para perjudicarnos… Que no nos pinten las puertas, ni las paredes… No estoy de acuerdo con lo que le hicieron a la fotografía de Madero…”, ha sido la respuesta timorata e insensible de López Obrador.

Morelia se incendió por el asesinato de Jessica. La presión pública ha ido en aumento. En este caso, sí cayó su verdugo.

Es Jessica. Y es Yesenia. Alondra. Isabel. Ingrid. Fátima. Carolina. Susana. Danna. Fernanda. Xitlali. Y así…

(Para escribir esta columna, colaboró el periodista Miguel García Tinoco, director de NotiVideo en Morelia).

La extinción de fideicomisos

Siguiendo los dictados de Palacio Nacional, la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó ayer en lo general -y hasta el momento de cierre de esta edición- el proyecto de decreto mediante el cual se extinguen 109 fideicomisos que sirvieron hasta ahora para garantizar el financiamiento de actividades específicas.

La discusión sobre el particular ha sido larga y, en general, reviste una complejidad técnica que impide la socialización más amplia de los argumentos porque se trata de mecanismos para garantizar que ciertas responsabilidades del Estado Mexicano se cumplan.

La simplificación discursiva, característica de esta administración, ha vendido la idea de la liquidación de los fideicomisos con su argumento favorito: se trata de combatir la corrupción que ha caracterizado el ejercicio del poder público en nuestro país.

El problema es que el asunto no es tan simple.

Por un lado, es preciso reconocer que la hipótesis de Andrés Manuel López Obrador -que los fondos de tales fideicomisos no se han manejado con honestidad y transparencia- es plausible, es decir, que no puede desechársele sin más.

Pero, por el otro, también es obligado señalar que todas las generalizaciones conducen, por regla general, al error. En otras palabras, aunque es posible que puedan detectarse casos de malos manejos o ejercicio indebido de los recursos, no puede afirmarse que esa es la regla y, en consecuencia, es motivo suficiente para desaparecer mecanismos que garantizan recursos para proyectos tan relevantes como la investigación científica, el arte o el deporte.

Por otra parte, como se ha dicho a propósito del discurso manido del Presidente de la República sobre la corrupción, la solución al problema no puede ubicarse en la desaparición de aquellos espacios de la vida pública en donde se detecten prácticas ilegales.

Si alguien -quien sea- se ha beneficiado indebidamente de los recursos que se encuentran en los fideicomisos, lo que corresponde es abrir las investigaciones correspondientes, perseguir a los responsables de tales conductas y castigarles conforme a la ley.

Por desgracia, como lo hemos atestiguado en múltiples ocasiones, el presidente López Obrador prefiere la técnica que, de acuerdo con los historiadores, se atribuye a Alejandro Magno cuando fue enfrentado al problema del nudo gordiano: sacar la espada y cercenar el problema porque “es lo mismo cortarlo que desatarlo”.

Pero a ese paso, es necesario decirlo, habría que desaparecerlo todo, ya que difícilmente puede encontrarse un espacio gubernamental libre de corrupción, pues la perversión de los mecanismos de la vida pública será siempre una tentación para quienes tienen su control.

El ruido que la confrontación política genera hoy impide ver con claridad los efectos nocivos que puede tener la desaparición de los fideicomisos públicos que ayer votó el Congreso de la Unión. Pero, para infortunio colectivo, lo más probable es que no tardemos mucho en comenzar a percibirlos con dolorosa claridad.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

La Guardia Nacional al Ejército

Raymundo Riva Palacio

La renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública para buscar la gubernatura de Sonora, es el momento para que se concrete el nuevo sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador: que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que Durazo fuera un obstáculo, sino porque puede darse como paquete y distraer lo que hoy es una realidad de facto, que la seguridad pública pase a manos militares.

Hace poco más de dos meses, López Obrador le encargó a la Conserjería Jurídica de la Presidencia que preparara la propuesta, y está prácticamente lista para presentarse. No ha sido fácil la conciliación y reformulación con los artículos constitucionales, pero en Lomas de Sotelo están de plácemes. Los generales no ocultan su satisfacción por que creen es un cambio de óptica del Presidente, que antes de asumir el cargo quería desaparecer a las Fuerzas Armadas porque México no enfrentaba ningún riesgo de seguridad.

Una vez en el poder, ha hecho de ellas su pilar, trasladándole responsabilidades fuera de su ámbito y mucho dinero. A cambio, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se ha convertido en el único miembro en el gabinete que siempre le dice que sí al Presidente sin importar que esté o no dentro de la ley, que lo hace muy funcional para quien no cree en la ley. Legalmente es su cómplice.

Pero de todo aquello que le ha sumado a los militares, la Guardia Nacional es lo que sienten más de ellos,. Siempre enfatizaron las simulaciones del gobierno de tener un cuerpo que dice es civil, pero tiene doctrina militar, entrenamiento militar, estructura militar y jefes militares en activo –otra violación constitucional a la que a nadie parece importarle- como sus comandantes. Lo que no tenían era el mando, que fueron tomando rápidamente a costa de Durazo.

El momento más importante de este golpe al interior del gabinete fue el culiacanazo el 17 de octubre del año pasado, donde la operación para capturar a Ovidio López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue un desastre de planeación del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y causó que el Presidente, violando una vez más la ley, ordenara que lo liberaran para evitar, dijo, un baño de sangre. El jefe de la Guardia Nacional, el general de brigada, Luis Gutiérrez Bucio, también ha respondido desde que asumió el cargo a las instrucciones provenientes de Lomas de Sotelo, donde le dan instrucciones o reprimendas.

Durazo es un cero a la izquierda con respecto a la Guardia Nacional, y suele ser maltratado en las reuniones del gabinete de seguridad por los jefes militares, generales y almirantes, y como por el general retirado, Audomaro Martínez, director de la Agencia Nacional de Investigación, que de todo ese grupo, es quien peor relación tiene con él. Durazo lleva meses pensando en Sonora, y en menos de tres semanas estará allá. No se ha decidido aún quién lo releva, pero junto con dos descartes de civiles, hay un militar retirado que ha emergido en la prensa como el potencial sustituto.

El Presidente quiere su policía militar, y policía militar tendrá para la seguridad pública. No hay que confundirse con la Policía Militar, el ente dentro de las Fuerzas Armadas, que hace cumplir con la jurisdicción castrense y aplica orden y disciplina interna. López Obrador quiere su cuerpo policial militarizado, con lo que dará un paso más en la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, y que requiere varias reformas constitucionales, como el 21, que señala que las instituciones de seguridad pública, la tarea de la Guardia Nacional, “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen la ley que determinará la estructura orgánica y dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, y que generen y preserven el orden público y la paz social. También implicará que se modifique la Constitución que establece responsabilidades para las Fuerzas Armadas, y se incluya que la seguridad pública será responsabilidad de militares y no de civiles.

El general secretario, con tantos recursos que le están dando, no parece haberse dado cuenta de esta desnaturalización de las Fuerzas Armadas, el rediseño estratégico que se está realizando frente a sus ojos, ni el grado de compromiso que ha ido adquiriendo no con el Presidente de la República, sino con López Obrador. Tampoco parece importarle, porque no ignora lo que ha hecho el Presidente en otras áreas, quien esté utilizando a militares para fines para los cuales las Fuerzas Armadas no están diseñadas.

Una de ellas, lo más importante, por su trascendencia, es la Fiscalía paralela que se ha creado en la Agencia Nacional de Investigación, al incorporarle ministerios públicos que acompañen los casos de inteligencia. Esa Fiscalía alterna, que no se llama de esa forma, es paralela a la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero, y es utilizada para judicializar sin necesidad de pasar por las áreas competentes y existentes, los casos políticos que le encarga investigar López Obrador a su amigo, el general retirado Martínez.

Los militares están al servicio de López Obrador, lo cual no es una obviedad. Las Fuerzas Armadas tienen como comandante supremo al Presidente de la República, pero en este caso se ha construido un apéndice con su complicidad. No es sólo el compromiso constitucional al que se obligan, sino por fuera de la ley y de la normatividad, están respaldando a López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal.

¿Qué quiere de ellas? No se sabe en el largo plazo, pero podrá utilizarlas para lo que desee, incluso una extensión de mandato, como a veces parece anhelar. Todo por el poder y el dinero son efímeros, pero el resplandor ha hecho olvidar al general Sandoval a quien realmente se deben las Fuerzas Armadas.

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Enfermo de soberbia

Dolia Estévez

Violó la sana distancia en eventos en la Casa Blanca y en mítines proselitistas que resultaron en la muerte de un cercano colaborador, celebró la convención partidista con montones de gente, ridiculizó a su contrincante, a colaboradores y periodistas por usar máscaras, y engañó al pueblo estadounidense sobre el peligro del coronavirus. La causa del contagio de Donald Trump tiene un nombre: soberbia. Enceguece al hombre y empodera el ego.

El viernes, Trump fue internado en el hospital militar Walter Reed tras dar positivo de COVID-19. Los médicos trataron de restarle importancia. Pese a dificultades para respirar y fatiga, ofrecieron un reporte color de rosa. Bajo presión de la prensa, admitieron que tuvo dos episodios alarmantes por falta de oxígeno. Lo pusieron en esteroides. Sin embargo, el lunes fue dado de alta a 72 horas de ser hospitalizado. Trump tuiteó que se siente mejor que hace 20 años, quizá por los esteroides y el torrente de medicamentos. Exhortó a la gente a no temer al virus. Es fácil para él decirlo cuando tiene a su servicio la atención médica más poderosa del mundo.

El virus no discrimina, pero el tratamiento médico sí. En la Casa Blanca, Trump seguirá bajo una agresiva mezcla de medicamentos, incluso experimentales, a los que los 7.2 millones de contagiados no tiene acceso. Estará rodeado de médicos, enfermeras y equipo de emergencia, un mini hospital personal, a diferencia de los miles que han caído muertos en los pasillos de sus casas.

En lo que podemos llamar la crónica de un contagio anunciado, el coronavirus asentó los reales en la mansión presidencial más famosa del mundo sin ser molestado. La Casa Blanca es ahora el semillero del contagio. Al cierre de la edición, había 19 contagiados de COVID, la mayoría republicanos que asistieron al evento en la Casa Blanca para dar a conocer la polémica nominación de una nueva jueza a la Suprema Corte de Justicia. Entre los infectados están Trump, la primera dama, asesores cercanos, legisladores, operadores de campaña, el presidente de una universidad, la secretaria de prensa y tres reporteros de la fuente. Casi nadie usó cubre bocas. Ningún demócrata ha dado positivo. No porque no fueran invitados, sino porque cumplen las recomendaciones de prevención.

Trump lleva meses peleado con la ciencia y la verdad. Ha mentido sobre remedios alucinantes como ingerir cloro, fustigado a funcionarios, médicos y epidemiólogos y retado el sentido común. En el primer (¿único?) debate presidencial el miércoles pasado, se mofó de Joe Biden por usar máscara. Lo tachó de débil. Pero la realidad es la realidad. La ciencia es la ciencia. El virus no vive en el universo alterno de Trump. Se propaga en el mundo real.

Tras el encuentro, en el que un iracundo Trump lanzó insultos, mentiras y gritos, las encuestas ampliaron la brecha a favor de Biden. El demócrata ahora goza de una ventaja de 14 puntos porcentuales, 53 por ciento contra 39 de Trump, de acuerdo con el nuevo sondeo de The Wall Street Journal y la cadena NBC. Debido a que Biden estuvo expuesto a los salivazos y jadeos de Trump durante 90 minutos-en la fase precisa de mayor riesgo–no se puede descartar que lo haya contagiado. Sin embargo, hasta ahora, Biden ha dado negativo.

A Trump le preocupa menos propagar la enfermedad que disipar la percepción de que el virus es un impedimento para gobernar y ganar la reelección. La Casa Blanca se esfuerza en proyectar la imagen de un presidente que, pese a padecer la mortal enfermedad, tiene el control del gobierno. Abandonar el hospital fue una decisión basada en consideraciones políticas no de salud. Hizo su entrada triunfal a una Casa Blanca desolada. Infestada. Alzó el puño y posó para las cámaras desenmascarado. Su médico reconoció que no está fuera de peligro.

El domingo sorpresivamente abandonó la cama de enfermo para saludar a un grupo de fanáticos postrado frente al hospital a bordo de una camioneta blindada. Los enfermos de COVID deben permanecer completamente aislados del mundo exterior. Más de 208 mil personas han muerto por la pandemia en Estados Unidos. Miles sin poder despedirse de sus seres queridos. Lo que hizo Trump fue una insolencia. Un acto de irresponsabilidad.

Trump puso en riesgo a los agentes del Servicio Secreto que lo custodiaron portando máscaras N95, escudos faciales y batas médicas. Los agentes del Servicio Secreto ahora están en cuarentena. El absurdo paseo sugiere que Trump tiene la última palabra, no sus médicos, lo que explicaría la salida prematura del hospital. Para Trump el COVID es una broma y su enfermedad un reality show político.

La negativa de los médicos, bajo órdenes de Trump, de no responder a preguntas sobre su verdadero estado de salud abona a la crisis de credibilidad y a un torrente de teorías de la conspiración y especulaciones en las redes sociales. La enfermedad de Trump ha inyectado más caos e incertidumbre a una temporada políticamente caótica e impredecible. Todo puede suceder. Uno de los escenarios más socorridos es la invocación de la Enmienda 25 constitucional sobre la transferencia de poderes al vicepresidente si se determina que Trump está incapacitado para seguir en la presidencia. Trump está en el grupo de más alto riesgo por su edad, obesidad y género.

Se desconoce cuál será el efecto de todo esto en los comicios del 3 de noviembre que, de acuerdo con casi todas las encuestas, Trump lleva la de perder. Lo único predecible es que las elecciones se celebrarán. La Constitución establece que el primer martes de cada noviembre, cada 4 años, debe haber elecciones y que un nuevo presidente debe asumir poderes el 21 de enero. Llueva o truene. Con coronavirus o no.

¿Qué pasa con los fideicomisos?

La actual administración federal fue elegida con el mayor apoyo popular en la historia democrática del país. En parte esto fue por el hartazgo de los sectores populares que vieron, década tras década, cómo había un vínculo entre la usurpación del discurso público por parte de unos pocos actores que, a la vez eran beneficiados política y económicamente por la clase gobernante.

Por tanto, las promesas de acabar con la corrupción y los excesos de esos pocos sectores privilegiados han sido la punta de lanza de la narrativa oficial de “primero los pobres”. Así, los recortes al gasto público, la cancelación de privilegios fiscales, el tránsito a esquemas de transferencias directas a beneficiarios en programas públicos, y ahora, la extinción de fideicomisos, son elementos que forman parte de la misma narrativa de anticorrupción y, en cierto modo, hace sentido: ¿quién podría negar que ante el desmantelamiento documentado del Estado en sexenios anteriores había que hacer cambios, que los esquemas de desvío y malversación de recursos públicos tienen que eliminarse?

Dicha narrativa –y esto es muy importante para lograr un debate público que esté a la altura de las exigencias democráticas de amplios sectores de la población– funciona porque ha tenido aciertos. Desde Fundar, por ejemplo, se ha apoyado el combate a privilegios fiscales de grandes contribuyentes; por lo que fomentar el pago de impuestos por parte de empresas acostumbradas a evadir sus responsabilidades fiscales es una apuesta de este Gobierno que hemos reconocido. Pero la narrativa por sí misma no hace que las medidas funcionen, y así también hemos criticado recortes inaceptables al gasto público y el constreñimiento de las funciones del Estado por medidas de austeridad. Esto, por poner dos ejemplos de una medida adecuada y otra inadecuada que se han vendido como igualmente necesarias.

El debate público actual está hoy sobre la mira de un mecanismo fiscal que no es ni lo uno ni lo otro: los fideicomisos para el manejo de recursos públicos. Los fideicomisos son instrumentos financieros que, sin mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y utilizados indiscriminadamente, pueden en efecto servir para hacer un mal uso de recursos públicos. Pero los fideicomisos son también instrumentos que pueden apoyar a tener recursos disponibles de manera ágil y flexible en áreas clave para la garantía de derechos o en entornos de crisis.

La discusión pública sobre los fideicomisos se ha centrado en un debate a favor o en contra, vendiéndolos como el mecanismo más corrupto o el más perfecto para ejercer recursos. Ambas visiones resultan extremas, y dejan de lado aquello que necesitamos: revisar cada uno de ellos, evaluarlos, proponer reglas claras para su mejora cuando tenga sentido que el fideicomiso exista, o un mecanismo de extinción adecuando cuando tenga que desaparecer. ¿En qué casos tiene sentido un mecanismo como el fideicomiso para la garantía de derechos humanos, por ejemplo?

Tomemos como ejemplos el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) o el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El FAARI fue creado por la Ley General de Víctimas (LGV), impulsada por el movimiento de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicas y académicos hacia finales de la administración de Felipe Calderón, en respuesta a la grave crisis de violaciones a derechos y violencia desatada por la política de seguridad; y es un mecanismo financiero que sirve para pago de ayudas, asistencia y reparación integral para víctimas. El Fondo para Protección, por otro lado, fue creado con la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y cumple con el objetivo de brindar medidas de protección para periodistas y personas defensoras, como su nombre lo indica. En ambos casos, podemos observar dos características en común: 1) son fideicomisos constituidos por ley y no al arbitrio del Gobierno en turno por decreto; y 2) son fruto de procesos de lucha de víctimas, personas defensoras y periodistas.

¿Estos fideicomisos cuentan con los controles necesarios para el buen uso de recursos públicos? En el caso del Fondo de Protección, la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras un análisis, ha concluido que el Fondo “continúa siendo la figura más adecuada para la gestión rigurosa, transparente y flexible de los fondos destinados a la implementación de medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), si bien ha advertido de “irregularidades y deficiencias” en el desempeño de la CEAV, en el caso particularmente del FAARI lo que ha señalado es que necesita más recursos, además de declarar que la dependencia ha cumplido con las últimas recomendaciones a la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la ASF. Esto no quiere decir que sean mecanismos perfectos, pero sí permite asegurar que cumplen con controles mínimos, reglas claras y que las áreas de mejora están plenamente identificadas.

Por ello, tanto el FAARI como el Fondo para la Protección presentan características de origen (estar constituidos por ley gracias a la exigencia de víctimas, personas defensoras y periodistas), estructurales (tener disponibilidad presupuestaria y flexibilidad para acciones clave en la garantía de derechos) y de transparencia mínima (basada en análisis realizados por las instancias públicas pertinentes) que confirman la necesidad de su permanencia como fideicomisos.

Para que los derechos se garanticen se necesitan recursos públicos. Para que los recursos públicos garanticen realmente derechos se necesitan esquemas adecuados para su financiamiento: desde Fundar reiteramos que los fideicomisos tienen que revisarse uno a uno para determinar su mejoramiento o extinción, y urgimos al Poder Legislativo tomar en cuenta los análisis propuestos para tomar sus decisiones.

La política del desecho

Queda claro que muchas políticas de los gobiernos anteriores fungieron como meras tapaderas de corrupción, elefantes blancos que a la letra figuraban como grandes soluciones a problemas complejos y que la opacidad con la que se manejaron históricamente los recursos públicos abrió paso al desvió, la arbitrariedad y el enriquecimiento de unos cuantos. Sin embargo, la fallida implementación de las políticas no necesariamente se traduce en el fracaso de las mismas, en algunos casos tiene que ver en la forma en la que se aplican; en otros, en la falta de idoneidad o capacidad de quienes las implementan.

La intención de los Diputados de eliminar más de cien fideicomisos y fondos parece más una respuesta populista que busca ganar simpatías de aquellos que estamos cansados de la corrupción, que una política que realmente solucione ese problema. La corrupción no se acaba con la desaparición de políticas públicas nomás por que sí, para esto es importante desarrollar evaluaciones efectivas, impulsar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Es más ¡hacer valer el Sistema Nacional Anticorrupción!

Sobre el tema, es muy importante considerar el beneficio que los fideicomisos y fondos públicos han traído a los graves problemas del país. Por ejemplo, siendo México uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo (los niveles de violencia en contra de la prensa solo se comparan con aquellos que vive la prensa en países en guerra), el fideicomiso para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos permite que cientos de periodistas y personas defensoras cuenten con apoyos inmediatos para salvaguardar su vida e integridad. Es decir, gracias a un fideicomiso como este es que, ante una amenaza inminente del crimen organizado como la que sufrieron recientemente un grupo de periodistas guerrerenses, ahora cuentan con la posibilidad de desplazarse de la zona de peligro junto con sus familias y, así, evitar la muerte.

Sobre este, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señaló que la eliminación del Fideicomiso tendría impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1304 personas —418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos— a las que actualmente brinda medidas de protección.

Por su parte, reconociendo que desde el inicio de la llamada Guerra contra el Narcotráfico México se convirtió en una fosa común con miles de desaparecidos y víctimas de la violencia, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas ha permitido, por ejemplo, la atención física y sicológica de niñas y niños a la que de otra manera no hubieran podido tener acceso y ha sido fundamental para el apoyo de los familiares de varios periodistas asesinados que eran el sustento de su familia.

A lo largo de las discusiones en torno a los contenidos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en 2014 y 2015 uno de los grandes temas a discusión fue precisamente la necesidad de reconocer a estas entidades -los fondos y fideicomisos públicos- como sujetos obligados directos a las disposiciones de la misma y advertir que el ejercicio de los recursos que en ellos se albergan están sujetos al principio de máxima publicidad y por lo tanto al escrutinio ciudadano.

Luego entonces, vale más apostar hacia el fortalecimiento del marco legal e institucional de estas políticas que a su desecho. Finalmente, estamos hablando de salvaguadar la vida, el desarrollo y la dignidad de las personas.