Categoría: Editorial

Sin electricidad

         El gobierno de López Obrador, a través de una de sus peculiares consultas, respaldó la termoeléctrica de Huexca, Morelos, aun cuando no hay todavía fecha de operación. Esta termoeléctrica es importante porque el resto de la inversión en energía está detenida. La razón es que no hay certeza jurídica.

         El presidente anunció el 9 de diciembre de 2018 que iba a lanzar un “rescate” del sector energético. Su plan, sin embargo, es reducir la producción en las nuevas plantas privadas, “ya que la producción con gas fue un negocio bien maquinado”. El objetivo es “ir hacia la autosuficiencia”, o sea, priorizar la producción de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, aunque sean viejas, ineficientes y contaminantes.

         La apertura del mercado de electricidad en México fue bastante limitada. “La CFE -me explica un ejecutivo de la industria– mantuvo varios monopolios, entre ellos el de la transmisión y la energía doméstica así como el de las empresas pequeñas y medianas. Solo se abrió la electricidad al sector privado en grandes consumidores.” El monopolio es tan grande que los recursos que tiene la CFE no le alcanzan para cubrirlo. Los productores independientes de energía (PIE) solo pueden vender electricidad a los grandes consumidores, como mineras y siderúrgicas, o a la propia CFE, que obtiene así una mayor capacidad sin tener que hacer las inversiones que le restarían capital o incrementarían su ya elevado endeudamiento.

         Las inversiones privadas han sumado unos 25 mil millones de dólares en los últimos años y han ayudado a mantener la generación que ha permitido el crecimiento del país. Han hecho posible también sustituir muchas de las plantas viejas, particularmente las de carbón o combustóleo. México cuenta ya, gracias a la inversión privada, con una amplia red de termoeléctricas de gas de ciclo combinado más limpias y eficientes.

         En electricidad, sin embargo, las inversiones deben planearse con años de anticipación. Si bien las inversiones privadas permitieron crear un suficiente margen de reserva operativo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) prevé una escasez de electricidad entre 2021 y 2022. Parece mucho, pero las plantas para cubrir la nueva demanda deben construirse ya.

         La inversión privada se ha paralizado “porque no hay certeza jurídica ni de rumbo”. Los inversionistas privados no pueden someterse a un sistema en el que, una vez que realizan una inversión que cumple con la ley, quedan sometidos a consultas populares.

         Una planta generadora de ciclo combinado puede costar entre 500 y 600 millones de dólares; las turbinas, que son la parte más cara, cuestan alrededor de 300 millones de dólares y deben ordenarse con años de antelación. Si no hay certeza de que las instalaciones contarán con gas o recibirán permiso de operar, nadie invertirá en ellas.

         México necesita 7 mil millones de dólares anuales en nueva inversión simplemente para cubrir la demanda esperada. La CFE podría tratar de realizarla, pero esto representaría mayor deuda o un subsidio gubernamental que obligaría a mayores recortes en el gasto público.

         Lo lógico es que la CFE invierta en mejorar su infraestructura en los campos en que sigue teniendo monopolio. Las inversiones privadas también se necesitan, pero no se harán mientras persista la actual incertidumbre jurídica. Si el capital no se invierte en México pronto, se irá a otros países. Y cuando se agote el margen de reserva, ya no habrá forma de generar suficiente electricidad para surtir la demanda.

Lo bueno de AMLO

¿Nada de lo que hace López Obrador te gusta? La pregunta me la plantean con frecuencia lectores y radioescuchas que consideran que soy demasiado crítico del actual gobierno, aunque lo curioso es que nadie me hacía esta pregunta cuando cuestionaba las políticas de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o sus otros predecesores.

         La verdad es que sí encuentro cosas positivas en el actual presidente. La primera, y más notable, es que me parece un hombre honesto. Lo más notable de la controversia en redes sociales sobre sus zapatos sin bolear es que nunca habríamos tenido esta discusión acerca de otros mandatarios. La Presidencia de la República tenía un presupuesto generoso para proveer las necesidades de vestuario del primer mandatario y también, por supuesto, de la primera dama.

         El presidente ha mejorado mucho la forma en que se viste. Ya no repite trajes ni corbatas, mientras que sus guayaberas son mucho más finas que antes, pero siempre me da la impresión de que los sacos le quedan un poco grandes y que sí, a veces, trae los zapatos sin bolear. Quizá está demasiado ocupado en otras cosas y no le gusta pedir a alguien más que los bolee para él.

         En un país en el que muchos políticos llenan los restaurantes de lujo y piden los platillos y los vinos más caros, y en el que adquieren residencias en los barrios más exclusivos o en Houston, López Obrador siempre me ha parecido un hombre moderado en sus gustos y adquisiciones. En ese sentido es una bocanada de aire fresco.

         Es muy claro que López Obrador, a quien he entrevistado desde los tiempos del “cerco informativo”, y yo pensamos de formas muy distintas. Yo soy un liberal en el sentido clásico de la palabra. Creo en “la libertad y la tolerancia en la vida de una sociedad” y suscribo la “doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos”. Son las definiciones del Diccionario de la Real Academia Española. El presidente se dice liberal, pero es más bien estatista, ya que defiende la intervención del Estado en la economía, y conservador, pues considera que el liberalismo ha promovido la desintegración de las familias y que el Estado debe promover una constitución moral para la sociedad.

         Pero López Obrador fue electo presidente en un proceso democrático y le toca, por lo tanto, impulsar un programa político y económico que refleja el sentir de los mexicanos, que como los ciudadanos de tantos otros países del mundo se han mostrado cansados de las políticas liberales. Mucho me gustaría que López Obrador entendiera que ha sido electo presidente de todos los mexicanos, y no de un grupo político en particular, pero es su prerrogativa gobernar como él quiere y la de un periodista de opinión expresar sus puntos de vista con libertad.

         Durante mucho tiempo sufrí presiones en los medios en que trabajo para justificar las entrevistas que le hacía a López Obrador. Hoy él ya no me concede entrevistas y quizá lo entiendo, no es el primer político que reacciona así al llegar al poder. Pero al contrario de lo que muchos suponen, le deseo el mejor de los éxitos. No coincido con muchas de sus políticas, pero el trabajo de un periodista de opinión es cuestionar lo que considera como errores en las estrategias públicas.

Protagonistas

Los partidos han jugado un papel secundario en la transición. Protagonista principal ha sido la sociedad civil y de ella podría depender que el sexenio en curso tenga un buen desenlace.

Dos precisiones: 1) me estoy refiriendo al cambio positivo de reglas del sistema, no al relevo de personas o partidos en los gobiernos y, 2) excluyo de este análisis el enorme impacto que han tenido en algunos momentos los actores internacionales, en especial Estados Unidos.

En la historia difundida por partidos y gobiernos, ellos son los héroes de la transición. En 2013, el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró que: “durante los últimos dieciséis años, los gobiernos emanados de la izquierda […] hemos transformado a la Ciudad de México”. Borró impunemente al rico tejido social de la capital. Un complemento del razonamiento es minimizar las contribuciones de la sociedad. Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro al respecto: “Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes”. Y en momentos de enojo las ha acusado de recibir “moches”, de faltarles “baño de pueblo” y de ser “fifís”.

Los fieles a los partidos se autoelogian, porque así justifican los privilegios que se han asignado. En 1977 se definieron en la Constitución como “entidades de interés público” y en 2007 se escrituraron el cuerno de la abundancia: a partir de ese momento, calculan sus prerrogativas con base en el “número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral” multiplicado por el salario mínimo. En otras palabras, son las únicas instituciones con aumentos anuales garantizados en la Constitución.

Estoy entre los que han documentado el papel que juega la sociedad organizada en la exigencia de libertades y la denuncia de excesos. Salvo contadas excepciones, los partidos estuvieron ausentes en el Movimiento del 68 o en el sismo del 85, en las observaciones electorales y en el levantamiento zapatista, en las luchas del periodismo independiente por la libertad de expresión, en la defensa de los derechos de la mujer y el medio ambiente (el Partido Verde es una vergüenza nacional) y, en fechas más recientes, el movimiento de víctimas.

En la victoria electoral de Morena del 1o. de julio de 2018 concluyeron los esfuerzos de partidos encabezados por López Obrador y de ciudadanos de la sociedad organizada. El nuevo gobierno quedó en una posición ideal para culminar la transformación. El balance de resultados es desigual.

Una franja de funcionarios hace un esfuerzo notable por atacar problemas tan graves como la violencia y la inseguridad o por combatir la corrupción, una lucha que parece tomar nuevos bríos con la lista de presuntos corruptos presentada el pasado lunes por AMLO y Manuel Bartlett. En otra franja, afloran los vicios de siempre y pareciera haber una correlación entre quienes llenaron cargos con cuotas y cuates y las ineficiencias y escándalos. Entretanto, cunde la epidemia de ocurrencias y frases sueltas.

Los sujetos históricos tardan décadas en degradarse o engrandecerse. Los partidos políticos -Morena incluido- siguen demostrando su resistencia al cambio. Dijeron que reducirían sus prerrogativas, pero continúa intacto el saqueo de la ubre presupuestal. Este 2019 los partidos con registro nacional recibirán 4,965 millones por 4,554 en 2018. Si se les pregunta por esa incongruencia, responden que ellos sólo respetan la Constitución.

La sociedad civil ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar su trabajo. Hay casos de corrupción e ineficiencia, por supuesto; más de los que uno quisiera. Sin embargo, hay una clara evolución positiva. Hace 50 años el movimiento de derechos humanos se caracterizaba por la espontaneidad y el voluntarismo; en la actualidad por su profesionalismo y la capacidad para organizar campañas conjuntas. Lo mismo podría decirse del periodismo de investigación independiente o de los movimientos en favor de los derechos de la mujer y la diversidad sexual.

Por ahora, Andrés Manuel López Obrador tiene los controles del cambio y él va marcando los ritmos y las cadencias. Independientemente de sus enojos, la sociedad civil organizada sigue siendo el contrapeso y, si el régimen entrara en turbulencias, esta sociedad asumiría el protagonismo. No sería la primera vez que lo hace en nuestra larguísima transición.

Pantagruélico gasto electoral

El Instituto Nacional Electoral ha navegado casi siempre en la abundancia y ello le ha permitido dilapidar los excesivos recursos que le han sido entregados. Acostumbrado como está a la munificencia de los diputados que aprueban su presupuesto, ahora pone el grito en el cielo porque le recortaron 950 millones de pesos y argumenta que están en riesgo las cinco elecciones ordinarias de 2019, porque le dejaron sólo ¡10 mil millones!

Además de que esos cinco comicios ordinarios y el extraordinario de Puebla serán financiados también por las autoridades locales, es irreflexivo argumentar que la tarea esencial del INE, la que justifica su existencia, está en riesgo por el recorte. El despropósito crece si se tiene en cuenta que lo presupuestado para procesos electorales es 619.3 millones de pesos, monto que contrasta, por ejemplo, con lo asignado a la Dirección Ejecutiva de Administración: 1,510 millones.

Señalar el gasto excesivo del INE no implica subestimar la crucial tarea que tiene en materia comicial, pero sí invita a emprender el camino de la racionalidad que no admita el dispendio, la presupuestación en demasía que propicia compras febriles en los últimos meses del año y la irresponsabilidad en el gasto. Cito un ejemplo de esta irresponsabilidad: Durante 28 meses -de enero de 2016 a mayo de 2018-, el INE le pagó sin chistar más de 2 millones de pesos mensuales al liquidador del Partido Humanista (Evlyn Cervantes, Reforma, 12/07/18), un total de 60.4 mdp, que superó la deuda de ese otrora partido: 37 mdp. Y ese es sólo un ejemplo, hay muchos más.

Suena a broma, pero el INE afirmó que hizo un “esfuerzo de austeridad” para fijar el monto de su proyecto de presupuesto en ¡11,347 mdp! y argumentó que se trata del “más bajo de su historia” porque representa sólo 20 centavos de cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Aparte de que es difícil comparar los presupuestos porque cada año tiene su especificidad propia, la caracterización del “más bajo” se relativiza si se le coteja con 2017. Me explico: Dice el INE que, en términos reales, en 2017 el presupuesto fue de 11,902 millones de pesos y en 2019 pidió 11,347, pero soslaya que en 2017 se presupuestaron 1,070 millones para dos torres, cantidad que finalmente no se ejerció porque se cancelaron. Si se le disminuye esa cantidad, el gasto de 2017 sería más bajo que el proyecto de 2019. Ese año, por cierto, al cierre del ejercicio había diez cuentas bancarias que tenían un saldo de 441.6 millones, como lo señaló en su oportunidad su contralor (titular del órgano interno de control, OIC) Gregorio Guerrero Pozas. Remanente explicable porque es común que las áreas presupuesten de más.

Uno de los problemas centrales del excesivo gasto es la creciente plantilla de personal. En 2017, el OIC apuntó que las plazas solicitadas y autorizadas aumentaron de 12,317 en 2012, a 17,520 en 2017. En cinco años aumentaron 5,203 plazas, y resulta que esa enorme planta laboral es insuficiente y el INE contrata asesorías y otorga jugosos contratos a externos.

Es obvio que, en el marco de la austeridad que prevalece en la administración pública, el INE deberá revisar su plantilla, evitar duplicidades como lo han señalado estudios de Deloitte y el OIC y también prescindir de sus “colchones”. Cito uno de estos: En servicios personales siempre se calcula plantilla completa durante todo el año, pero ésta nunca es total. Adicionalmente, es común que se presupuesten proyectos que no se realizan y luego los recursos engordan el subejercicio o son transferidos a gastos superfluos.

La función del INE es trascendental para la vida democrática, aparte de que emite el principal instrumento de identidad del país, pero no es sensato vincular tal trascendencia al consumo pantagruélico de recursos públicos.

En estos tiempos de austeridad, precisa preguntarse: ¿Debemos gastar en el INE y los partidos más de 15 mil millones de pesos, una cantidad similar al gasto programable presupuestado para la Procuraduría General de la República, y esto en un año en que no hay elecciones federales y sólo cinco locales?

Ley Bonilla, prueba para la Corte de Zaldívar ante la 4T

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidente, Arturo Zaldívar, tendrán antes de que acabe el año su verdadera prueba ante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y la división de Poderes.

La decisión del Congreso de Baja California de ampliar de dos a cinco años el periodo de del gobernador electo Jaime Bonilla, del oficialista Morena, será la piedra de toque para saber de que está hecho el grupo que actualmente controla a la Suprema Corte, con Zaldívar a la cabeza.

Llamó la atención que el ministro presidente eludiera el tema el 1 de agosto, cuando inauguró el segundo periodo judicial y dio a conocer la agenda del máximo tribunal para lo que queda del 2019.

Zaldívar evitó el tema a pesar de que, durante el periodo de receso, los dos ministros designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Yasmín Esquivel y Juan Luis González, desecharon dos controversias constitucionales interpuestas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali contra la llamada Ley Bonilla aprobada por los congresistas bajacalifornianos.

El argumento fue que el acto legislativo aún no estaba concluido, pues la ley no ha sido sancionada por el ejecutivo. El gobernador saliente, el panista Francisco Vega, anunció que publicará la ley “bajo protesta” sólo para allanar la procedencia de las controversias y acciones constitucionales en contra de la ampliación del mandato del morenista.

Aunque se esperan impugnaciones de otras legislaciones de interés para Morena como la llamada Ley Garrote, aprobada en Tabasco, por donde pasará el Tren Maya y se construirá la refinería Dos Bocas, la de Baja California pondrá a prueba el equilibrio de poderes en México bajo la llamada 4T.

La controversia no solo tiene que ver con la transgresión a la soberanía de los ciudadanos que votaron a un gobernador para dos años, sino con el freno que el Poder Judicial de la Federación, desde el máximo tribunal, puede poner a actos contrarios a la Constitución por parte del partido oficial y que implican directamente al ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, en este caso estatal.

En 2017, la SCJN estableció un precedente que puede ser utilizado por quienes en el máximo tribunal le quieran dar la razón al partido en el poder.

En junio de ese año, avaló la ampliación del mandato a cuatro de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ese beneficio había sido aprobado en octubre de 2016 por una mayoría en el Senado del PRI y el PAN, y en diciembre siguiente por la Cámara de Diputados.

Los legisladores de Morena y del PRD perdieron entonces la votación, pero el caso llegó a la Corte por acciones de inconstitucionalidad promovidas por esos partidos. Ahí, por apenas un voto, el máximo tribunal le dio validez constitucional al aumento del periodo de los magistrados.

Entre quienes votaron en contra estuvo el ahora presidente de la Corte. El argumento de quienes pretendieron la anulación fue que el Congreso estaba violando la independencia del Poder Judicial.

Si Zaldívar mantiene su criterio, podría votar en congruencia ante una situación similar que ahora beneficia a Morena. Por ser colegiadas, las votaciones no dependen solo del presidente de la Corte, pero en este caso el ministro presidente dejará en claro, ante la opinión pública, su posición ante la 4T.

Gato por liebre

López Obrador prometió un gobierno de izquierda. Sus seguidores se dicen progresistas. Uno esperaría que quien ofrezca eso fortalecería al Estado, no lo vejaría; se rodearía de funcionarios públicos capaces, que garanticen que éste funcione; querría fortalecer programas sociales públicos, no eliminarlos; jamás les daría un mando militar a las funciones policiacas del Estado; protegería al medio ambiente, no revertiría el avance de energías renovables en aras de energéticos contaminantes; apoyaría con firmeza la función de agencias reguladoras que mantienen a empresas privadas fuera de prácticas oligopólicas que afectan más a quienes menos tienen; apoyaría el derecho de las mujeres a elegir sobre sus cuerpos; no se aliaría con el PES casi fascista.

Las acciones de López Obrador en sus primeros 100 días lo ubican lejos de un proyecto “de izquierda”, pero sigue gozando del apoyo inquebrantable de intelectuales y votantes “progresistas”.

López Obrador tiene una sola prioridad: hacerse de tanto poder, tan rápido como pueda. Tiene dos enemigos poderosos: su necedad y su ignorancia. Éstas se manifestaron a gritos en dos decisiones carentes de lógica económica y política. Primero, la cancelación del aeropuerto. Estimemos que el costo de esa decisión fue al menos de 270 mil millones de pesos. Eso excede en 40% al total asignado en el Presupuesto de Egresos de 2019 a los siete programas prioritarios de AMLO. Si en vez de cancelarlo hubiera continuado con la obra, manifestándose contrariado por el proyecto, enajenando los terrenos cuestionables que la rodean, auditando y levantando cargos contra casos de corrupción evidentes, habría ganado credibilidad, tiempo valioso y tendría muchos más recursos para su proyecto político.

Segundo, su insistencia en continuar la obra de la refinería de Dos Bocas, contradiciendo las razones expuestas por el subsecretario Arturo Herrera en su entrevista con el Financial Times; tenía sentido cancelar (o al menos posponer) la obra porque sabe que Rocío Nahle lo engañó. La refinería costará el doble de lo previsto y no estará lista este sexenio. Como dijo Cuauhtémoc Cárdenas, lo sensato sería utilizar sus escasos recursos para recuperar producción, apuntalándola con “farm-outs” a empresas privadas. Pero por terquedad tirará a la basura 15 mil millones de dólares, el doble del presupuesto de sus programas sociales, sólo para regalarles esa obra a los tabasqueños. Cree que puede presionar para que las condiciones originales prevalezcan, a pesar de que jamás tuvieron sentido. Su necedad romperá a Pemex, el eslabón más débil de su enclenque programa económico.

López Obrador no ve que fortalecerse a costa de debilitar al Estado hará su proyecto insostenible, y le pasará factura pronto. Sus Siervos de la Nación levantan un censo para él, no para Morena, con fines puramente electoreros, y financiados con recursos que son todo menos transparentes. Eso debería preocupar a quien crea que la democracia importa, como debería inquietar su tramposa “revocación de mandato”. Su confirmación de haber “presionado” a la Suprema Corte para interferir en un fallo debería importarle a quien le atañe la separación de poderes. Su uso de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para atacar a sus críticos debería quitarle el sueño a quien crea que la libertad de expresión es vital para llamar a cuentas a quienes tienen el privilegio de un cargo público.

López Obrador no es de izquierda ni demócrata. Cree tener el derecho de amordazar a sus críticos. Habla contra la corrupción, pero sus dos caprichos costarán 555 mil millones de pesos (sin contar el Tren Maya), más que los 500 mil millones que dice costó la corrupción anualmente el sexenio pasado. Todo por necedad.

Entiendo el voto de castigo. Políticos y oligarcas impresentables nos dañaron. No entiendo el silencio cuando los reemplazamos con otros peores. No entiendo que gente inteligente siga apoyándolo y que los liberales no vean que les está dando gato por liebre.

Quienes decían que no podíamos estar peor, finalmente confirman que se podía.

Los bienes de Elba

         La Fiscalía General de la República ha devuelto a Elba Esther Gordillo los bienes que le fueron asegurados tras su detención en 2013. El anuncio ha generado protestas airadas. La escritora y activista Lydia Cacho escribió en Twitter: “Es bestial que se premie a alguien que hizo tanto daño al país. Componendas políticas y judiciales con tufo a pasado. Regresan bienes a quien solo dejó males. Corruptocracia”.

         En la conferencia de prensa de este 22 de abril un reportero le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre “la percepción de partidos de oposición respecto [a] que hay un acuerdo del gobierno federal con un juzgado para regresar bienes a Esther Gordillo y que eso es parte de una corrupción”. La respuesta fue: “Esa es una volada del Reforma, de la prensa fifí. Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral. No hacemos acuerdos en lo oscurito”.

         La realidad es que Reforma publicó la primicia de la devolución de bienes a Elba Esther, cosa que nadie ha negado, por lo que no hay “volada” o difusión de información falsa. Posteriormente dio a conocer opiniones de líderes de la oposición, entre ellos Fernando Rodríguez Doval del PAN y Ángel Ávila del PRD, que cuestionaron la presunta “alianza entre López Obrador y Elba Esther”. Tampoco hay en ello volada, sino la simple expresión de posiciones críticas de líderes de la oposición, lo que la prensa libre difunde en cualquier país democrático. Tan generalizada es la crítica sobre una supuesta componenda que la ha denunciado también Lydia Cacho.

         La devolución de los bienes a la maestra, sin embargo, es jurídicamente inevitable. Cuando los tribunales exoneraron a Gordillo de las acusaciones presentadas por la Procuraduría de Peña Nieto, la nueva Fiscalía General no tenía más opción que devolver los bienes asegurados.

         Lo peor es que no se requería mucha sapiencia jurídica para entender que la maestra iba a ser exonerada y que los bienes asegurados tendrían que ser devueltos. La PGR demostró que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le había entregado a Elba Esther cerca de 2 mil millones de pesos que ella usó para gastos personales. Pero ante la negativa del SNTE de presentar una denuncia por fraude o malversación, el gobierno de Peña Nieto optó por recurrir a las acusaciones que se usaban para todo: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Mala idea. Los jueces las descartaron.

Hubiera sido mejor acusar a la maestra por defraudación fiscal, ya que recibió 2 mil millones de pesos para uso personal sin pagar impuestos. Pero la PGR solo presentó una acusación por defraudación fiscal por 4.3 millones de pesos y aun en ese caso los tribunales exoneraron a la maestra, por una situación de forma, ya que el SAT no le notificó la omisión antes de proceder jurídicamente contra ella.

         Por supuesto que es “bestial” que se le devuelvan a Elba Esther los bienes asegurados, pero no hay indicios de componenda. Lo que es claro es que el gobierno de Peña Nieto tomó malas decisiones al acusar a Gordillo. Si el SNTE se negaba a presentar una denuncia, entonces no había operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero sí ingresos multimillonarios por los que ella nunca pagó impuesto sobre la renta. El que hoy se le devuelvan los bienes que se le aseguraron por una acusación falsa no es componenda sino la simple aplicación de la ley.

Sepultar la reforma

         “El tema educativo no aguanta más”, pronunció el senador morenista Eduardo Ramírez en la sesión de la Comisión Permanente de este 6 de mayo que convocó a un período extraordinario del Congreso a partir de hoy. Los dirigentes de Morena, efectivamente, quedaron frustrados porque por un solo voto en el Senado no pudieron aprobar la contrarreforma educativa ordenada desde Palacio Nacional.

         Esta vez no habrá excusas. Ningún accidente familiar podrá alejar a un legislador de Morena de las cámaras, como ocurrió con Salvador Jara el 30 de abril. Para el presidente López Obrador sepultar la “mal llamada” es una prioridad política. Por eso tuvo en su conferencia de prensa del 30 de abril a unos niños que terminaron durmiéndose por la desmañanada y el aburrimiento. “¿Ustedes qué opinan de las maestras y de los maestros? ¿Son buenos?”, les preguntó con afán inductor. Como los niños no respondieron con el entusiasmo que él quería insistió: “A ver, a ver, a ver, esto es muy importante. ¿Sí les enseñan?” Por fin obtuvo un sí más o menos satisfactorio y concluyó: “Bueno, un aplauso para las maestras y los maestros”.

         La verdad es que hay maestros buenos, mediocres y malos. Es normal. Ninguna profesión tiene solo a integrantes de gran calidad. Solo que en el caso de la educación la influencia de los maestros en el resultado final es más importante que en otras profesiones. “El maestro típico es trabajador y eficaz -escribe Terry M. Moe en Special Interest: Teachers’ Unions and America’s Public Schools, Brookings Institution Press, 2011–. Pero si pudiéramos reemplazar el 5 al 10 por ciento de los peores maestros con docentes promedio, no extraordinarios, podríamos mejorar de manera dramática el desempeño de los estudiantes”.

         Cuando los alumnos están en el centro de la atención de un sistema educativo, contratar y mantener en las aulas a los mejores maestros es un proceso constante. El problema surge cuando lo importante es el sindicato. Moe señala cómo a partir de la década de 1960 los sindicatos de maestros han pasado a dominar la educación en los Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido en México.

         La educación en la Unión Americana es un gran fracaso, dice Moe, porque tiene niveles de desempeño muy bajos en las pruebas comparativas internacionales, como PISA, a pesar de que es el país que más invierte en educación. La culpa es en buena medida del poder que tienen los sindicatos de maestros. El problema es peor en México, donde no solamente los recursos son más escasos sino los sindicatos más poderosos e intransigentes.

         Para mí es imposible celebrar la contrarreforma educativa, que no solamente entrega de nuevo el control de la educación a los sindicatos, sino que los envalentona al confirmarles que son los dueños de la educación pública. Si hemos tenido abusos en el pasado, si los alumnos de Oaxaca no han tenido un ciclo lectivo completo en décadas, si se contrata a maestros mal preparados y los ascensos se determinan no por la calidad en el aula sino por la asistencia a movilizaciones, es culpa de los sindicatos.

         Lo peor es que la contrarreforma ampliará las diferencias entre la educación pública y la privada, donde los sindicatos no están presentes y se busca contratar y mantener a los mejores maestros. El resultado será una mayor desigualdad social. Nuestros políticos seguirán cuestionando la inequidad, mientras ellos mismos la promueven. Parecería que el objetivo de la contrarreforma es impulsar la privatización de la educación en México.

Los rescoldos del peñismo

Desde que era presidente electo y luego ya en funciones Andrés Manuel López Obrador propuso un punto final con el pasado corrupto para no entramparse en litigios engorrosos y entorpecer su propuesta de la Cuarta Transformación basada en la austeridad y, paradójicamente, en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la necesidad de mandar un mensaje contra la impunidad y la necesidad de mantener la aprobación ciudadana se le sobrepuso y ahora una vez más son retomados los casos de corrupción de Emilio Lozoya y Rosario Robles que son los rescoldos vivos de una administración que hizo de la corrupción un privilegio y una virtud pública del poder.

El gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo en la avaricia irrefrenable una característica muy particular del grupo político del Estado de México al que pertenece, conocido como el Grupo Atlacomulco, pueblo en el que nacieron varios de los fundadores de la corriente política del PRI que aún se mantiene viva con el gobernador Alfredo del Mazo.

Esta avaricia por el dinero y el poder, que no tuvo freno desde antes de que llegara a Los Pinos, se extendió desde lo más alto de la presidencia de Peña Nieto hasta los niveles burocráticos más bajos donde la famosa “mordida” se hizo parte de los trámites oficiales que se aceleraban o se atoraban si no se ofrecía dinero al funcionario en turno.

A pesar de que López Obrador quiso aplazar la exigencia social de que se aplique la justicia a los casos de corrupción del pasado como parte esencial de un cambio de gobierno, las pruebas cada vez más evidentes de desvío millonario del presupuesto público de personajes como Lozoya y Robles, y de otros como Carlos Romero Deschamps y Gerardo Ruíz Esparza, han empujado al gobierno actual a dar pasos que estaba obligado a dar para responder al reclamo social de justicia.

“No voy a proteger a nadie” ha dicho ahora López Obrador al referirse a estos casos de corrupción que llevan como título “la Estafa Maestra” y “Odebrecht” y que tienen alcances internacionales pues tanto Lozoya como Robles salieron del país para evitar cualquier detención.

Un cambio de régimen como lo propone López Obrador pasa necesariamente por actos de justicia y, sobre todo, aplicar la ley a quienes la violaron en el pasado protegidos por el poder presidencial.

No se puede entender un cambio de régimen si no se aplica la justicia y esta debe llegar hasta los más altos niveles. Esto es, hasta Enrique Peña Nieto, que encabezó uno de los gobiernos más corruptos en la historia del país.

No se trata de una “cacería de brujas” y menos de venganzas políticas como ya acusan los peñistas, sino simplemente de cortar de tajo cualquier viso de impunidad que ha sido otros de los graves problemas del país porque genera más corrupción, violencia e injusticia.

Estos rescoldos de la corrupción peñista siguen vivos y pueden revivir en otros personajes políticos formando una nueva cadena o red si no se desmiembra llevando a tribunales y castigando a quienes cometieron abusos aprovechando su posición dentro del poder público.

Las mujeres

         En un día de discursos y loas políticamente correctas a las mujeres, persisten las amenazas en su contra. Ahí están las propuestas para eliminar los subsidios a las estancias infantiles y a los refugios para mujeres golpeadas, o la ley de Nuevo León para encarcelar a las que aborten Hay que añadir los agravios de siempre, como las leyes que no las protegen en caso de abandono o las que supuestamente buscan defenderlas, pero las castigan por prostituirse o realizar bailes eróticos.

         Los políticos quieren hacernos creer que lo que necesitan las mujeres son curules y puestos públicos. Es el año de la equidad de género, pregona el Congreso. Siempre habrá algunas mujeres con ambiciones políticas, pero la mayoría necesita simplemente un trato justo y un lugar para el cuidado de sus hijos.

         Millones de mujeres necesitan o quieren trabajar, pero la enorme mayoría no puede hacerlo sin guarderías. En los países escandinavos, la verdadera liberación de la mujer vino de la mano de un amplio y eficaz sistema de guarderías. En México, las instituciones oficiales, como el IMSS y el ISSSTE, no tienen capacidad para cubrir la demanda, mientras que las estancias infantiles, viviendas particulares en que amas de casa prestan el servicio, han cuidado a más de 300 mil niños a un mejor precio y con mejores resultados. Si bien López Obrador se comprometió en campaña a continuar el servicio, y el presupuesto fue aprobado por el Congreso, pronto se echó para atrás y ahora afirma que dará una parte de los recursos directamente a las familias, para que estas decidan si pagan las estancias o si mejor piden a los abuelos que cuiden a los niños.

         En los refugios para mujeres violentadas, y como parte del rechazo a las organizaciones de la sociedad, López Obrador decidió suspender los recursos a las asociaciones que los han manejado durante años. Tras las protestas, anunció que no cerraría los refugios, pero que los pondría “bajo la rectoría del Estado”. No ha habido ninguna prueba de los supuestos actos de corrupción ni de las estancias ni de los refugios.

         En otros temas se aplican también políticas contra las mujeres. La persecución de quienes ejercen la prostitución o realizan bailes eróticos ha afectado a miles y cerrado mucha fuentes de empleo. La falta de disposición de los tribunales y las autoridades para obligar a los hombres a cumplir con las pensiones alimentarias afecta a muchas más. Una nueva ley en Nuevo León pretende sancionar a las mujeres con cárcel por abortar. Es más fácil que una mujer sea encarcelada por abortar que un hombre por violarla.

         La sociedad debe proteger a las mujeres y garantizarles un trato equitativo bajo la ley. Las cuotas para cargos públicos o legislativos no sirven para eso. Contar con una red de guarderías que realmente satisfaga la demanda de servicios es indispensable. Lo es también tener refugios para mujeres golpeadas y sus hijos. Hay que contar con un sistema de justicia que realmente castigue la violencia contra las mujeres y proteja a las víctimas. Las autoridades y los tribunales deben dejar de lavarse las manos ante los padres que dejan de cumplir con sus obligaciones financieras o que retienen o secuestran a sus propios hijos.

         Los discursos políticamente correctos no sirven para nada. Tampoco repartir curules o puestos públicos. Hay que acercarse a las mujeres para escuchar qué necesitan. No piden mucho y lo que exigen es justo.