Categoría: Editorial

Ayudar a los pobres

         Alguna vez ya comenté aquí la experiencia. En octubre del año pasado acudí a una oficina del INAPAM, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y una mujer de edad avanzada, que me dijo que no veía bien, me pidió que la ayudara a llenar su formulario de registro. Cuando llegué a la sección sobre si la solicitante era beneficiaria de programas sociales, le leí la pregunta. Ella primero no la entendió. “¿Recibe usted dinero de algún programa de gobierno?”, le expliqué. “Sí”, me respondió. “¿De cuáles?” “Me da dinero Andrés Manuel -dijo– y también Sedesol.”

         Más de una década después de haber dejado la jefatura de gobierno del Distrito Federal, los beneficiarios de la ayuda a adultos mayores de la capital seguían considerando el recurso como una dádiva personal de López Obrador. En cambio, el programa federal era identificado por el nombre de la institución.

         El actual presidente mantiene la idea de que gobernar es repartir dinero. “Atender a la gente humilde -ha declarado-es la función del gobierno.” Pero no solo ha entregado recursos, sino que ha sabido presentarse como quien, en lo personal, lo hace. Si esto ayudó en su momento a que el PRD, que él controlaba, asumiera una posición hegemónica en la Ciudad de México, lo mismo puede ocurrir a nivel nacional. De hecho, el subsidio a adultos mayores que él creó en la capital federal ha desaparecido con el fin de tener una sola ayuda de 2,550 pesos bimestrales en todo el país. Nadie más podrá asumir el crédito político.

         Ayer el presidente señaló que 7 millones de adultos mayores están recibiendo el subsidio, aunque 8 millones tendrían derecho a él por lo que el gobierno está buscando a los que faltan. El subsidio es universal. Los pensionados del ISSSTE y del IMSS lo obtienen de forma automática al cumplir 68 años. El ex secretario de hacienda y ex presidente del consejo de Telefónica México, Francisco Gil Díaz, advirtió en Twitter que lo había recibido y que no encontraba como devolverlo porque no lo necesitaba (22.2.19).

         López Obrador dijo ayer que 13 millones de personas están recibiendo alguna ayuda del gobierno federal. Si no son adultos mayores, son jóvenes con becas, personas discapacitadas o miembros de algún otro grupo. El proyecto es subir esta cifra a 20 millones. Con este aumento el gobierno estaría dando dinero a casi todas las familias de un país de 129 millones de habitantes. Y la experiencia nos dice que si el abuelo recibe dinero de un político o partido, toda la familia votará por ellos.

         López Obrador busca un sistema más eficiente de entregar las ayudas. Ha descartado utilizar instituciones o intermediarios, como Antorcha Campesina o las asociaciones que manejan estancias infantiles y refugios de mujeres violentadas. Quiere entregar el dinero directamente a la gente. Está reviviendo, curiosamente, las ideas de Milton Friedman, a quien algunos consideran el padre del neoliberalismo. Friedman propuso sustituir la multiplicidad de programas sociales del gobierno con una sola transferencia en efectivo que llamó “impuesto sobre la renta negativo”.

         El propio presidente no se hace ilusiones de que estos programas puedan acabar con la pobreza. Por eso descarta la idea “neoliberal” de enseñar a los pobres a pescar. Quiere un sistema más eficiente de repartir dinero, pero también una forma de fortalecer su control político a través de la compra de lealtades. Esto permitiría que la Cuarta Transformación pudiera mantenerse en el poder por lo menos tanto como el viejo PRI.

¿Jueces corruptos?

La vinculación a proceso con prisión preventiva, dictada por el juez de control como medida cautelar, contra la extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, ha reabierto una polémica que viene de tiempo atrás: las atribuciones de los juzgadores.

En el caso de Rosario Robles cabe preguntarse: ¿se apegó a derecho la medida cautelar resuelta por el juez de control? Sí, porque con esa medida el juzgador buscó que la imputada no se sustrajera a la acción de la justicia. ¿Esa era la única opción –en este caso concreto– que tenía el juez de control? No. Pudo haber negado la medida cautelar solicitada por la Fiscalía para que Robles siguiera su proceso en libertad, considerando su arraigo en la Ciudad de México y su comparecencia voluntaria. O también pudo haber dictado arresto domiciliario con brazalete y revisión periódica. Las tres medidas hubieran sido constitucionales y legales.

Como se aprecia, el juzgador tiene un margen de libertad para decidir en ese asunto conforme a sus propias valoraciones. En este caso ha habido manifestaciones de todo tipo, unas en favor de lo resuelto por el juzgador y otras contra esa medida cautelar.

El problema es que las dos o tres posibles resoluciones que pudieron haberse emitido se ajustan al marco jurídico. En efecto, las tres posibilidades hubieran estado tuteladas por el régimen legal. En estos asuntos no hay verdad contra mentira, sino verdad contra verdad donde se requiere de un análisis más a fondo, ya no para saber si el juez de control hizo su trabajo conforme a la ley, sino si fue la mejor decisión posible entre las que tenía en su haber.

Es verdad, como lo han dicho los defensores de Robles, que los actos que se le imputan a su defendida no merecen prisión preventiva oficiosa, pero también lo es que el juez de control tiene atribuciones para definir ese punto en el caso concreto, escuchando y valorando lo que las partes ofrecieron y argumentaron antes de decidir lo conducente.

A ese mismo dilema se enfrentan los jueces de Distrito y los magistrados federales por las suspensiones provisionales, definitivas y el obsequio del amparo de la justicia federal, para no ser molestado en sus bienes o en su persona.

La ausencia de conocimiento del derecho de la inmensa mayoría de la población prejuzga de manera genérica la actuación de los jueces que resuelven estas solicitudes de protección de los presuntos imputados, o de quienes consideran que van a estar en ese supuesto.

Se afirma, por ese desconocimiento, que los juzgadores federales son corruptos porque protegen a quienes incurrieron en aparentes actos de corrupción que el tribunal mediático ya ha resuelto y condenado.

Cuando la resolución del tribunal de los medios es distinta a la del juez de derecho se le acusa, se le descalifica, se señala que está vinculado a la corrupción. Por supuesto, nadie puede probar que todos los juzgadores federales son corruptos; tampoco, empero, que todos son honestos.

Hay que partir de un dato: los jueces tienen la facultad de interpretar la ley en casos concretos sometidos a su juicio; es decir, tienen un margen de libertad, como es entendible, para aplicar la ley valorando los argumentos y pruebas, haciendo una ponderación de lo ofrecido por las partes en un juicio o en un procedimiento como el de Robles, donde no se ha resuelto si su conducta ha sido delictiva o no, sino qué medidas se han tomado para llevar el juicio o juicios en el que ella es parte.

En esta ecuación nada o poco se ha dicho de la pulcritud jurídica de los fiscales que no debe estar, en modo alguno, fuera del escrutinio público.

Lo que no se puede seguir haciendo es lanzar juicios a priori ante el vacío informativo que existe sobre el tema que se llena de especulación, rumor, posverdades y sesgos confirmatorios que, poco a poco, han ido adquiriendo carta de naturalización en el país en perjuicio del estado de derecho.  

Un enemigo del pueblo

Todo populista precisa a un enemigo. Lo necesita para culparlo de sus problemas y fracasos, para unir y motivar a sus aliados ante un peligro externo. Para Donald Trump, “el verdadero Enemigo del Pueblo” son los “Medios de Noticias Falsas”, sí, con mayúsculas. Para Andrés Manuel López Obrador es “la prensa fifí”, esos medios “conservadores” y “neoliberales” que afirman que “se les está hostigando porque no nos gusta lo que escriben”.

El dramaturgo noruego Henryk Ibsen publicó en 1882 la obra Un enemigo del pueblo, en la que un médico, Thomas Stockman, es cuestionado por señalar la presencia de una bacteria contaminante en un balneario, principal atractivo turístico y motor de la economía local. “El enemigo más peligroso de la razón y de la libertad en nuestra sociedad es el sufragio universal” advirtió el protagonista, quien más adelante afirmó: “La mayoría tiene la fuerza, pero no tiene la razón.”

El presidente López Obrador podría haber tratado de ser el presidente de todos los mexicanos; no obstante, una y otra vez se refiere a “nuestros enemigos”, a los que se oponen a sus proyectos, a los que no tienen llenadera, a los que quieren mantener un régimen corrupto. Con la seguridad que da el poder declara: “Yo voy a seguir expresándome, manifestándome, denunciado todo aquello que considere ilegal, injusto, inmoral, todo lo que implique corrupción, les guste o no les guste.”

Agustín Velasco de Uno TV preguntó en la mañanera del 13 de marzo acerca de un estudio del ITESO de Guadalajara sobre “una red coordinada de simpatizantes del presidente, de usted, que han implementado estrategias para atacar a la prensa cada vez que sienten que se les está cuestionando de manera injustificada”. Artículo 19, “esta organización que defiende la libertad de expresión, publica también una opinión acerca de que esta red se está apoyando. de algunos youtubers, de algunos blogueros, que llaman a la prensa chayotera o vendida, y esto se adereza, además, con el discurso presidencial de llamar a la prensa fifí”.

“El que nada debe nada teme” respondió López Obrador a los reporteros en la mañanera y añadió: “¿O ustedes se sienten de la prensa fifí?” Una risa nerviosa recorrió la sala. Nadie levantó la mano, nadie quiere ser identificado con la despreciada prensa fifí, nadie quiere ser un enemigo del pueblo.

Detrás del ataque vino, por supuesto, el gesto de generosidad: “Nosotros no vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, mucho menos a perseguir a nadie, a coartar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Lo único es que sí vamos a ejercer nuestro derecho de réplica. Y es interesante que haya este debate, que se dé esta polémica, porque así yo creo que todo mundo actuamos con mayor responsabilidad, todo mundo.”

Los desplantes contra los medios, contra el enemigo del pueblo, no son nuevos. En un momento, quizá, se volvieron más sutiles. A la prensa, el enemigo, se le trataba con cuidado y se le compraba con publicidad. Hoy el presidente López Obrador quiere regresar al viejo PRI que desde el poder cuestionaba a los medios independientes y a un José López Portillo que declaraba: “No pago para que me peguen.”

Los tiempos han cambiado, es cierto. Los poderosos de hoy no necesitan a los medios tanto como antes. Para enfrentar a los Fake News Media, Trump tiene a Twitter y a Fox News. Para cuestionar a la prensa fifí, López Obrador cuenta con sus mañaneras. Quizá por eso es más importante que nunca asumir el papel de enemigo del pueblo.

Economía en marcha

         Las cifras de empleo y consumo que citó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el informe por sus 100 primeros días de gestión son estrictamente correctas, pero engañosas. El mandatario argumentó, con base en estas cifras, que la economía “está en marcha; aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión, como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican con mala fe sus analistas”.

         “En este año, según datos del Seguro Social, se han creado 220,628 nuevos empleos y la recuperación del poder adquisitivo está mejorando el consumo interno. Las tiendas de autoservicio y departamentales reportan un incremento de 2.5 por ciento en las ventas de enero con respecto al mismo mes del año anterior.”

         Es verdad que el IMSS reportó 20,299,993 empleos formales en febrero de 2019, un aumento de 220,628 sobre los 20,079,365 de diciembre de 2018. El presidente, sin embargo, omitió mencionar que en los mismos meses de enero y febrero de 2018 se crearon 278,033 empleos por lo que, si acaso, el resultado del inicio de este 2019 es decepcionante. Tampoco informó que en diciembre de 2018 se perdieron 378,561 empleos, la mayor cifra registrada por el IMSS. Una forma más correcta de reportar los resultados habría sido señalar que en los tres primeros meses de gobierno se perdieron 157,933 empleos formales (STPS, “Puestos de trabajo registrados en el IMSS”). No tenemos, por otra parte, ningún informe sobre el número de despedidos u obligados a renunciar a puestos de confianza o de honorarios en el gobierno.

         Es verdad que el gobierno elevó el salario mínimo 16 por ciento en la mayor parte del país y 100 por ciento en la frontera, pero esto no se ha reflejado en una mejoría en el consumo. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó para enero de 2019, es cierto, un aumento en ventas de 2.5 por ciento anual a tiendas iguales, pero es un aumento nominal que no descuenta la inflación. La inflación anual en enero fue de 4.37 por ciento por lo que las ventas de la ANTAD no compensaron el aumento en precios. Estamos registrando una contracción, y no un aumento, en el consumo real.

         Tiene razón el presidente: no hay, hasta el momento, asomo de recesión, en buena medida porque no ha habido tiempo para ello. Una recesión se define popularmente como una contracción en dos trimestres consecutivos, pero todavía no tenemos las cifras del primer trimestre de 2019. La última recesión formal en México fue en 2009, cuando la economía cayó 5.3 por ciento. En 2013 hubo una contracción en el segundo trimestre, pero la economía subió 1.3 por ciento en todo el año. México, pese a lo que dice el presidente, ha tenido uno de sus períodos de crecimiento más largos de la historia, desde 2010 hasta diciembre de 2018. No hay indicaciones de que se aproxime una recesión. Citibanamex ha señalado la “posibilidad” de una recesión, pero para este 2019 solo ha bajado su pronóstico de crecimiento de 1.7 a 1.4 por ciento.

         López Obrador tiene, por supuesto, un optimismo abrumador. En su informe afirmó que, “si se acaba con la corrupción y se gobierna con austeridad, se puede obtener más crecimiento económico”. En la mañanera de ayer reiteró que “México va a ser un ejemplo mundial”. Ojalá. Por lo pronto su gobierno es todavía muy joven. Se han perdido empleos y ha caído el consumo real, pero esto es normal en un inicio de sexenio. El problema es que el presidente, en lugar de reconocerlo, manipula las cifras.

Rosario Robles, la apuesta de la fiscalía

El caso contra Rosario Robles, lance legal que por primera vez en la historia política moderna colocó a una exsecretaria de Estado en la cárcel, así sea de manera preventiva, deja aún la sensación de eventual impunidad, una opinión más o menos generalizada de que, como ocurrió con casos como el de Elba Esther Gordillo, se resolverá en libertad, bajo la idea de que la Fiscalía General de la República (FGR) no logre acreditar más delitos de aquel por el que la tiene en prisión o incurra en errores que violen garantías de la exfuncionaria.

La apuesta de la fiscalía –que, aun siendo autónoma, inevitablemente es asociada con el rumbo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador centrado discursivamente en erradicar la corrupción— es a la ampliación de imputaciones, una suerte de, digamos, caso buscador que surtió efectos tempranos.

La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), testificó en su defensa lo que se esperaba tardaría: el conocimiento del expresidente Enrique Peña Nieto de un esquema de desvío de recursos por más de 5 mil millones, así como de José Antonio Meade, quien la relevó en la dependencia y candidato del PRI a la presidencia en 2018.

Para esto, la elite del peñanietismo ya afrontaba otros casos: los generales Sócrates Herrera y León Trawitz, por robo de combustible, este último cercanísimo al expresidente pues tuvo a su cargo su seguridad personal entre 2005 y la campaña presidencial; el de Fertimex, que persigue al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y, aparentemente el del abogado Juan Collado.

Pero ninguno de esos asuntos implicaba directamente a alguien del gabinete legal y, aun con las muchas sospechas, ninguno por lo pronto, al expresidente.

Por esa dimensión, el caso pasó por las manos del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, antes de que la petición de audiencia se gestionara al juez el 25 de julio. La indagación había iniciado con sigilo la tercera semana de enero, cuando la FGR solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que remitiera los informes en que fundaron la denuncia, pues las carpetas de investigación heredadas de la gestión de Alberto Elías Beltrán, estaban en absoluto desorden y, prácticamente, congeladas.

El equipo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, debía superar las taras de la especialización del esquema de desvío, perpetrado durante la titularidad de Robles en la Sedesol y la Sedatu. Fue entonces cuando un equipo de la ASF, como denunciante, se sumó a la integración de la carpeta de investigación.

Una segunda barrera se imponía por las cuentas concentradoras a partir de las cuales era difícil establecer las rutas del dinero. Así fue como la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda se involucró en el asunto, aunque la fiscalía cuidó que su titular, Santiago Nieto Castillo, evitara saber los tiempos y estrategias, por temor a que, como ocurrió con el caso de Emilio Lozoya, se anticipara en medios a la audiencia de imputación.

Con los datos ya integrados y autorizada la audiencia, comenzó la encerrona el 1 de agosto: el equipo de la FGR y otros diez empleados de la ASF, repasaron todas las estrategias posibles de la defensa de Rosario –que estimaban integraría a dos despachos y una veintena de abogados– a fin de llegar preparados a la audiencia de imputación. De algún modo la defensa lo supo, por lo que el miércoles 7, previo a la diligencia, la defensa de Rosario intentó mediante un amparo, sacar a la ASF del caso de tal suerte que parecía, “traían preparado el sketch para dejarla en prisión”, como afirmo el defensor Julio Hernández Barros.

La estrategia de la FGR funcionó y, en lugar de imputarle el desvío de más de 5 mil millones de pesos, optó -como se comentó en este espacio el pasado lunes- por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de no informar a su superior jerárquico que, como anticipaba el semanario Proceso, apuntaba a la implicación de Peña Nieto.

Santiago Nieto no resistió la tentación de anunciar que estaba ya integrando una denuncia. Tan proclive a los reflectores, había quedado sin protagonismo en el caso de más alto impacto hasta ahora para el peñanietismo y del primero que coloca al expresidente ante la eventualidad de ser citado.

Si Rosario ya quedó interna en Santa Martha Acatitla, el mensaje es a los implicados de menor nivel jerárquico para que acepten declarar a cambio de beneficios, e inclusive, reducción de sentencias.

La FGR, se juega en este caso –estimado para dos años de acciones– su prestigio, que depende de evitar la impunidad y los errores procedimentales a los que la instancia, históricamente, nos tiene acostumbrados.

¿Congreso de izquierda?

La LXIV Legislatura inició funciones el 1o. de septiembre pasado y de todas las iniciativas presentadas en ese primer periodo destacan algunas que claramente tienen un espíritu de izquierda. Los senadores Germán Martínez y Malú Micher, apoyados por Martí Batres, presentaron una para dar seguridad social a las parejas del mismo sexo. Olga Sánchez Cordero anunció iniciativas como la de la regulación del mercado de la mariguana, así como la liberalización de la interrupción del embarazo. Las senadoras Hernández, Mercado y Lagunes presentaron una dirigida a prohibir los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Todas esas iniciativas fueron recibidas con entusiasmo por diversos colectivos feministas, LGBT y por los que buscan cambiar el fracasado modelo prohibicionista de la guerra contra las drogas.

Sin embargo, la Guardia Nacional ha sido el sello distintivo del arranque de la legislatura. Ahí Tatiana Clouthier prometió un debate interno fuerte, así como apertura a todas las voces. Y cumplió. En la bancada de Morena, varias legisladoras y sus colegas respaldaron a la vicecoordinadora y apoyaron la Guardia Nacional, pero no con un mando militar y no inscrita a nivel constitucional. Por su lado, Mario Delgado se convirtió en el vigilante de la voluntad del Presidente. El diputado ha repetido los mensajes del presidente López Obrador, incluso un “va porque va”.

La contrastante mancuerna Clouthier-Delgado ha servido para generar un debate, para abrir canales de diálogo con expertas y con la sociedad civil, pero al final todo apunta a que se impondrá la visión de una Guardia Nacional híbrida, una que tendrá como cabeza un civil, pero que en todo lo operativo será militar. Al final, integrantes del colectivo Seguridad sin Guerra advierten ya de un engaño y de la aprobación de una medida que no funcionará, que va en contra de toda la evidencia recopilada sobre la materia y la oportunidad perdida para que un gobierno con mayorías de izquierda hubiese mejor avanzado una agenda para profesionalizar a policías, con una ruta para el retiro de los militares de las calles y la exigencia de que una persona civil esté finalmente al mando de la Secretaría de la Defensa, tal y como ocurre en otras democracias, incluso latinoamericanas, y que en México hemos relegado por décadas.

Algo similar ocurre con el proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República. El principal colectivo de sociedad civil que ha hecho propuestas y vigilado el proceso ya decidió no acompañar la designación, denunciando una simulación y un proceso fast track. Lo mismo ocurrió con la selección del ministro González Alcántara, que fue exprés y sin un estudio a profundidad de su perfil y desechando la oportunidad de poner a una mujer más en la Suprema Corte.

Los congresistas de Morena parecen confiarse de la popularidad del Presidente. Y en parte tienen razón. El apoyo popular a AMLO es innegable, está en las encuestas, pero el Congreso basa su legitimidad en otro lado, en un mandato distinto y quienes votamos por Morena demandamos ver un Congreso de izquierda.

Delgado y Clouthier son el policía malo y la policía buena. Así se han comportado al coordinar a los 256 diputados de Morena. Por su lado, Martí Batres y Ricardo Monreal dirigen a 59 senadores morenistas. Con esos números y sus aliados del PES y del PT, Morena podría haber dejado un sello claro de que este Congreso se enfocará en aprobar leyes para reducir la desigualdad, combatir la impunidad y la discriminación, así como ampliar derechos para las minorías. Leyes de un Congreso de izquierda, las mismas que pasaron a segundo plano porque decidieron apostar primero por avanzar una agenda que parece emanada de una mayoría del PAN calderonista y conservador, en lugar de una de un partido de izquierda progresista y liberal. Mal arranque legislativo de la 4T.

Culto al presidente

         El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, durante una recortada conferencia mañanera, un video sobre el cierre del penal de las Islas Marías. El video es emotivo y con buena producción. Empieza con una serie de imágenes del propio presidente, en una de las cuales empuña un bate de beisbol, y continúa con los reos en proceso de trasladado a nuevos presidios. La música es repetitiva y busca generar entusiasmo. Aparece después otra imagen del presidente hablando con dos niños, seguida de vistas de una playa y de un ave volando con un título que dice “Libertades”. Para dar un toque más emotivo, el video anuncia la liberación de un indígena tzotzil encarcelado por transportar marihuana y al final aparece una nueva imagen de López Obrador. Sobre ella se oyó ayer gritar al presidente: “Me canso ganso, sí se pudo.”

         Supongo que a 100 días del inicio del sexenio es mejor presentar este video, de un tema popular que puede ser ilustrado de forma atractiva, que alguno que exhiba el desastre que quedó en Texcoco tras la cancelación del aeropuerto. Lo que preocupa del video, sin embargo, es la descarada promoción del presidente. Si Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox hubieran presentado un video de promoción de algún proyecto de gobierno con sus propias imágenes habrían sido criticados severamente, y con razón, por los mismos entusiastas de Andrés Manuel que hoy aplauden este ejemplo de culto a la personalidad.

         La popularidad ha sido siempre un objetivo de quienes buscan el poder o pretenden mantenerlo. “No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes de que hemos hecho mención -escribió Maquiavelo en El príncipe–, pero conviene que aparente poseerlas.” Adolf Hitler argumentó en Mi lucha: “La popularidad es una de las bases más importantes para la construcción de un régimen fuerte.” Stalin promovió su imagen y buscó convertirse en una figura paterna para los ciudadanos de la Unión Soviética, al grado que la imagen persistió décadas después de su muerte pese a la divulgación de sus errores y abusos. Mao Zedong promovió el culto a su personalidad para impulsar campañas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, que violaron los derechos humanos y mataron de hambre a decenas de millones de chinos; cuando algunos camaradas comunistas lo cuestionaron, él respondió: “¿Qué hay de malo con el culto? La verdad está en nuestras manos, ¿por qué no habríamos de adorarla?” Millones de venezolanos mantienen hasta la fecha el culto a Hugo Chávez, a quien consideran un santo, y afirman que el desastre de Venezuela fue provocado solamente por Nicolás Maduro.

         López Obrador goza de una popularidad extraordinaria, rebasada en el mundo solo por Rodrigo Duterte de Filipinas. Ha sabido encontrar el lenguaje y los mensajes para acercarse al pueblo llano. Su popularidad contrasta con el rechazo abrumador de su predecesor, Peña Nieto.

         El presidente, sin embargo, no debería recurrir a videos oficiales para promoverse. Tampoco necesita que los encuestadores que preparan los padrones para el reparto de subsidios utilicen chalecos con su nombre. No debe usar recursos públicos para impulsar un culto a su personalidad, en primer lugar porque no es ético, y él afirma que encabeza una nueva moral, pero además porque está prohibido. La ley impide que la propaganda del gobierno se personalice. Es una prohibición razonable que debe respetarse.

Plan Cuauhtémoc

El pasado 5 de marzo Cuauhtémoc Cárdenas publicó un artículo titulado “Petróleo: prioridades” en La Jornada, en el cual ofreció un recuento del desastre en que se encuentra Pemex desde hace años: “Recuperar Petróleos Mexicanos y. el crecimiento de nuestra economía -escribió– tienen, como condición ineludible, poner en marcha una nueva política sobre hidrocarburos.”

         El diagnóstico lo comparto, pero me sorprendieron las propuestas de solución. “Un primer paso, indispensable, es conceder, de manera efectiva, autonomía de gestión y presupuestal a Petróleos Mexicanos.” No podría yo estar más de acuerdo. “Prioritario en este momento -añadió-es frenar la caída de la producción y volver a una tendencia de crecimiento que se sostenga en el largo plazo.”

El ingeniero se refirió a los pozos de la cuenca Tampico-Misantla que se pueden reactivar con nuevas tecnologías “mediante acuerdos” y declaró: “la inversión total para ello no tiene que proceder de Pemex sino de la iniciativa privada”. Mi sorpresa aumenta: “Para trabajar otros campos se debe pensar en asignar recursos de inversión a Pemex o que este se asocie con inversionistas, preferentemente nacionales, para elevar la producción donde sea posible en campos de bajos rendimientos o en aquellos que por falta de inversión no se abren al aprovechamiento.” Sí, asociaciones con inversionistas privados.

         El ingeniero sostiene que deben mantenerse los proyectos para elevar la capacidad de refinación, por razones de seguridad energética y nacional, pero “la construcción de nuevas refinerías debiera empezar cuando se tengan las seguridades de haber frenado la caída de la producción y cuando esta se encuentre en una tendencia de franco crecimiento sostenido”. Sí, diferir las nuevas refinerías. Y en lugar de seguir saqueando Pemex para financiar el gasto gubernamental, Cuauhtémoc propone una “reforma hacendaria. que debe ser el eje de la gran reforma progresista y democrática que el país está demandando”.

         Dar autonomía a Pemex, hacer contratos con empresas privadas (farmouts), concentrar la inversión inmediata en crudo en vez de refinerías y llevar a cabo una reforma fiscal para que el gobierno deje de saquear a Pemex son propuestas razonables. El gobierno de López Obrador, sin embargo, es alérgico a las instituciones autónomas, quiere controlar Pemex desde Palacio, no desea inversión privada en petróleo, busca construir refinerías aunque no haya crudo para alimentarlas y no desea una reforma fiscal.

El pasado 15 de febrero López Obrador anunció un programa de fortalecimiento para Pemex que proponía capitalizar a la empresa con 25 mil millones de pesos y reducir su carga fiscal “por 15 mil millones de pesos anuales acumulativa hasta 90 mil millones de pesos por el sexenio”. También monetizaría “pagarés por concepto de pasivo laboral por 35 mil millones de pesos” y tendría “ingresos” de 32 mil millones de pesos “por el combate al robo de combustible”.

         Los analistas encontraron el plan insuficiente. La empresa tiene una deuda de 104 mil millones, pero no de pesos sino de dólares. Su producción de crudo y gasolina ha venido declinando. Las licitaciones de nuevos proyectos de inversión privada se han suspendido. El patrimonio de la empresa es negativo desde hace años; desde un punto de vista contable está quebrada. Todo esto ha llevado al ingeniero Cárdenas a proponer un plan de rescate que hace de lado la ideología y promueve medidas pragmáticas para sacar adelante la empresa. Hay que escucharlo.

Protección judicial vs impunidad empresarial

Un motivo para convivir en sociedad conforme a un orden jurídico preestablecido es que a las personas se nos proteja frente a quienes ostentan mayor poder y pretendan abusar de él, por medio de la violencia, discriminación, manipulación, engaño, subordinación, opresión y dominación en general. Una función primordial del gobierno es justo la de ofrecer protección contra los poderes privados. Si falla en tan elemental tarea, es resposabilidad del Poder Judicial enmendar la situación.

A cinco años del derrame más grave de la historia de la minería en México, en los ríos Bacánuchi y Sonora, se presenta una nueva oportunidad para comprobar en los hechos, la posición en la que se encuentran la actual administración federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad oficial heredada del gobierno anterior es que la contaminación fue remediada y las afectaciones a la población resarcidas a través de un programa ambiental y la creación de un fideicomiso, cuya ejecución quedó confiada al grupo empresarial responsable de ese derrame.

La minera Buenavista del Cobre de Grupo México pactó con las autoridades ambientales federales un mecanismo alternativo para solucionar el desastre que provocó. Lo hizo con apoyo en leyes vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Y a partir de ello obtuvo todo el respaldo de la administración en el sexenio anterior. Por supuesto, empresa y gobierno olvidaron un monumental detalle: acordaron siempre sin la participación de las personas y comunidades afectadas en Sonora.

No se necesitaban grandes dotes de estadista para anticipar que esa forma de actuar como si la población fuera parte del paisaje, con escasa transparencia y sin participación adecuada de las personas afectadas, generaría problemas y cuestionamientos jurídicos. La gente organizada en los Comités de Cuenca Río Sonora ha llevado esas disputas hasta la Suprema Corte, cuya Segunda Sala tiene hoy cinco casos pendientes por resolver, pero tres estrechamente vinculados en tanto que en ellos se litiga la manera en que operó el “Fideicomiso Río Sonora”.

Ya el año pasado la Segunda Sala emitió un fallo histórico porque garantizó la participación de las personas en temas ambientales –a raíz del juicio que combatió la construcción y operación de una nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre–. Como consecuencia, el pasado 5 de julio tuvo lugar una reunión pública informativa y actualmente las autoridades ambientales federales están en proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte, ciertamente con una renovada visión.

Entre tanto, toca una vez más a quienes integran la Segunda Sala de la Corte ser garantes de los derechos de las personas y no prestarse a avalar un mecanismo de impunidad para las empresas –en especial para Grupo México, que no parece ejemplo de debida diligencia–. El tema es sencillo: la protección de las personas y de las comunidades no puede quedar confiada a las empresas que les afectaron.

Si la Segunda Sala termina por decidir que no se puede cuestionar por medio del juicio de amparo el actuar del Fideicomiso Río Sonora, porque no lo considera una autoridad o porque sus actos no los estima equivalentes a los de las autoridades, aunque al frente del Comité Técnico que lo dirigió estuvo un subsecretario de la Semarnat; si tampoco le da peso a que su objeto y fin fue remediar el derrame ocurrido y resarcir los daños a las personas en su salud y medio ambiente; y si no repara en que tal Fideicomiso no se creó por iniciativa propia de la concesionaria minera sino como consecuencia de una solución alternativa fundada en una ley y acordada con el gobierno, sin tomar en cuenta a las personas afectadas; entonces la Corte abrirá una puerta para la impunidad empresarial, pues quedará como precedente que quien contamina puede quedar a cargo de remediar lo que causó.

La verdad, justicia y reparación en torno a los desastres ambientales dependerían de quienes los provocaron, y peor, el resarcimiento de daños que las empresas no quieran afrontar terminaría demandándose al gobierno –que no deja de tener la obligación de proteger a las personas–, para que lo pague con recursos públicos. De ese tamaño la importancia de los juicios del Río Sonora y el deber de la Corte.