Categoría: Editorial

Nueva reforma

Mucha de la discusión sobre la reforma educativa constitucional que debe ser votada hoy en el Senado, si la CNTE lo permite, ha sido ideológica. Poco se conoce el detalle. El tema de las evaluaciones es, sin duda, el más importante. La reforma cancela las “evaluaciones punitivas y obligatorias” y elimina “cualquier liga” entre la evaluación y la permanencia en el empleo. Pero hay otros elementos que deben conocerse.

La nueva reforma subraya la protección de los derechos laborales de los maestros y les aplica el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Esto significa que los ascensos se darán por “derecho de escalafón” y que los maestros solo podrán ser “suspendidos o cesados por causa justificada”. La calidad o falta de calidad de los maestros no podrá llevar ni a despidos ni a ascensos. Veremos una inevitable burocratización del servicio magisterial.

Se elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual será reemplazado por un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que no tendrá autonomía, pero sí un “consejo técnico” integrado por maestros y especialistas. Se cancela también el actual Servicio Profesional Docente. La promoción de los maestros estará asociada con sus conocimientos, aptitudes y experiencia y no con exámenes estandarizados; pero no se señala cómo se medirán estos elementos.

         La educación superior pasará a ser obligatoria. No lo es en ningún país del mundo. Ni siquiera las naciones más ricas alcanzan coberturas de 100 por ciento en la universidad. No parece la mejor decisión para una sociedad que necesita una población con habilidades diversas para construir una mayor prosperidad. Viola, además, el principio liberal que permite al individuo escoger su educación o su profesión. No todos quieren o pueden ser licenciados o ingenieros.

Los especialistas señalan que es mucho más importante fortalecer la educación preescolar que desperdiciar recursos en una instrucción superior que, en caso de volverse universal, generaría un creciente ejército de desempleados y subempleados con título. La reforma propone también alcanzar una “tasa cero de rechazo” en las instituciones de educación superior. Es lógico si la universidad va a ser obligatoria, pero el resultado inevitable será reducir la calidad.

         Otro aspecto debatible de la nueva reforma es que busca crear una educación distinta para las diferentes regiones del país. El texto señala que la instrucción debe ser “pertinente”, lo cual es inobjetable, pero añade que debe tener contenidos y políticas definidos por regiones. Esto abre las puertas a una educación de menor calidad para los estudiantes de las regiones más atrasadas. La medida, lejos de ser progresista, condenaría a los niños de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero a una instrucción inferior. El resultado sería profundizar las ya enormes desigualdades del país.

         Como ocurrió con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, muchas de las reglas prácticas de la contrarreforma se definirán en las leyes secundarias. Por lo pronto, sin embargo, tendremos disposiciones constitucionales que eliminan la posibilidad de usar evaluaciones para filtrar a los maestros de mejor calidad, que vuelven obligatoria la educación superior y que burocratizan la carrera magisterial. Me parece un retroceso y no un paso hacia adelante.

Mercados de energía

         En Texas los productores no pueden ya siquiera regalar el gas natural. Los precios en el Waha Hub, el centro de distribución del condado de Pecos, han sido negativos desde el 22 de marzo. Este 3 de abril se registró un precio de -3.38 dólares por millón de BTUs (British termal units, Oilprice.com); en otras palabras, los productores tienen que pagar a los dueños de los gasoductos para llevarse el gas. Esta es la cotización más baja desde que se tienen registros.

         El Waha Hub ha arrastrado otros precios de gas en Estados Unidos. El 1 de abril la cotización del Henry Hub de Louisiana estaba en 2.74 dólares (eia.gov). En cambio, Rusia vendió gas a Europa a un promedio de 6.01 dólares en febrero (Index Mundi).

         Lo que ocurre en el Waha Hub es producto en parte de un problema temporal de mantenimiento de un gasoducto y de planes de reparación de otro. Más de fondo es el hecho que la producción de petróleo y gas natural de la cuenca Pérmica del oeste de Texas y Nuevo México ha aumentado 120 por ciento desde 2016. El uso del fracking, o fractura hidráulica, ha impulsado este auge.

         Los precios bajos de Norteamérica nos benefician. Nuestro país ha venido realizando una transformación de su sistema de generación de electricidad al poner en operación nuevas plantas de ciclo combinado de gas que producen energía de manera más eficiente, limpia y barata.

         Un especialista mexicano me comenta, sin embargo, que en este nuevo gobierno, en lugar de acelerar la construcción de ductos, “los tienen parados y deciden utilizar combustóleo y carbón, cuyo costo está entre 10 y 12 dólares por unidad equivalente. Y luego nos preguntamos por qué somos un país pobre”.

         Los mercados de energía se mueven con gran rapidez. Tomar decisiones ideológicas y mantenerlas durante décadas, como se hizo en los tiempos del viejo PRI, ya no funciona. México hizo el cambio a las plantas de gas en un momento adecuado y esto ha redituado en un ambiente más limpio y en menores costos de generación.

         El problema es que la Cuarta Transformación quiere borrar todo lo que se hizo en el “período neoliberal”. Varios ductos están detenidos por grupos políticos, en algunos casos cercanos a Morena. Esto tiene un costo enorme para la Comisión Federal de Electricidad o para las empresas constructoras y operadoras. La decisión de reactivar las viejas plantas de la CFE de carbón o combustóleo implica no solo un aumento en los costos sino una agresión enorme al ambiente.

         Ayer el presidente afirmó que estaba “muy contento” de que el Senado no hubiese aprobado a los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía. El rechazo era de esperarse, después de que López Obrador envió los mismos nombres rechazados la primera vez. El mandatario dijo que esto es señal de que México vive por primera vez una verdadera democracia.

         La verdad, sin embargo, es que el rechazo del Senado le permitió nombrar directamente a los cuatro nuevos comisionados, incluyendo a José Alberto Celestino, de 90 años de edad, a quien él considera el mejor “refinero” de México. El presidente ha logrado así el objetivo de imponer un control absoluto sobre la CRE sin necesidad de eliminarla. Los nuevos comisionados ya no serán un contrapeso para las decisiones del ejecutivo y de la CFE. Su función será acatar las instrucciones de Palacio Nacional, en un momento en que el cambiante mercado de energía necesita más inteligencia y flexibilidad que nunca.

Mentira reaccionaria

         Una de las frases favoritas del presidente es: “No miento, no robo, no traiciono”. En el áspero intercambio con Jorge Ramos en la mañanera del 12 de abril recalcó: “No me gusta decir mentiras”. El 8 de abril afirmó, en una paráfrasis del Che Guevara: “La mentira es reaccionaria y es del demonio. La verdad es revolucionaria y es cristiana”.

         La verdad, sin embargo, es otra. Tal vez algunas de las mentiras del presidente son inadvertidas, producto de la repetición de respuestas convencionales en prolongadas conferencias de prensa todos los días, pero otras parecen producto de cálculos políticos.

         Cuando Ramos lo cuestionó sobre la violencia, el presidente respondió: “Hemos controlado la situación, según nuestros datos”. El periodista insistió: “Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8,524 en los tres meses primeros”, a lo que el mandatario reviró: “No han aumentado. Yo tengo otra información”. López Obrador procedió a mostrarle una gráfica de promedios diarios con 79 homicidios en diciembre, 75 en enero, 83 en febrero y 77 en marzo, pero reconoció que no tenía las cifras totales.

         La información que encuentro en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un poco distinta a la que cita Ramos, pero el resultado es un alza. De diciembre de 2018 a febrero de 2019, los tres primeros meses del gobierno, se registraron 7,299 homicidios dolosos. En el período correspondiente de un año antes, diciembre de 2017 a febrero de 2018, fueron 6,456. El aumento es muy alto, de 13 por ciento.

         Si se contrastan las cifras de los tres primeros meses de López Obrador no con las del año anterior sino con los tres meses previos, septiembre a noviembre de 2018, cuando hubo 7,346 homicidios dolosos, podría decirse que la violencia se ha contenido, pero no es la forma en que tradicionalmente se comparan estos datos. Ahora bien, todos sabemos que la violencia no puede acabarse de un día para otro.

         El presidente miente, por otra parte, cuando arremete, como lo hace casi todos los días, contra Reforma (aclaro interés: soy colaborador). Este 12 de abril repitió su aserto de que el periódico “protegió a Salinas, [.] protegió a Zedillo y a todos, incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero”. La verdad es que el caudal de cobertura crítica a Salinas y Zedillo está disponible para quien quiera revisarlo. Las posiciones expresadas sobre la elección del 2006 y el desafuero fueron muy diversas y están también registradas.

“Ellos no dijeron nada -insistió el presidente– cuando un gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez Vivó, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui”. Una vez más la información es incorrecta. Reforma le dio una cobertura puntual al conflicto de Gutiérrez Vivó con Radio Centro (empresa con la que también colaboro). Aristegui no solo es colaboradora del periódico, y de Radio Centro, sino que su sitio AristeguiNoticias tuvo un respaldo decidido del Reforma.

Creo que López Obrador es un hombre honesto y bien intencionado, pero debe ser más cuidadoso con la verdad. Algunas de sus medidas son correctas, otras objetables; en el campo de la violencia, en el que apenas está conjuntando su estrategia con la Guardia Nacional, los resultados todavía no se ven. Esa es la verdad hasta el momento.

Culpas y disculpas

         Lo relevante no es saber si habrá disculpas sobre la conquista de México, sino quién las pedirá y quién las ofrecerá. Los españoles que se quedaron en España, ninguna responsabilidad tienen sobre lo sucedido aquí hace 500 años. Fueron españoles que vinieron a México y permanecieron entre nosotros los que realizaron la conquista y, en todo caso, los que cometieron atrocidades.

         “Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles”, respondió el escritor español Arturo Pérez-Reverte al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que este exigió disculpas al gobierno de España por los abusos de la conquista. No le falta razón. Los conquistadores, con muy pocas excepciones, aunque Cortés fue una de ellas, no regresaron a España sino que permanecieron en estas tierras y aquí fundaron familias que se multiplicaron. Sus descendientes están mezclados en ese 93 por ciento mestizo de la población de México. La disculpa habría que pedirla, si acaso, a estos millones de mexicanos.

         No olvidemos, por otra parte, que la mayor parte del ejército comandado por Hernán Cortés estaba compuesto de indígenas, muchos de ellos tlaxcaltecas, cansados del yugo sangriento de los mexicas. ¿Deberá hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México exigir una disculpa al actual gobernador de Tlaxcala por el apoyo a los conquistadores? ¿O deberá el gobernador de Tlaxcala demandar una disculpa al gobierno capitalino por las guerras que los mexicas realizaban para capturar tlaxcaltecas y sacrificarlos a los dioses.

         El juego de las culpas y las disculpas puede volverse incómodo para todos. López Obrador exige disculpas al Vaticano, pero no por las labores que realizaron en México los evangelizadores o los religiosos como fray Bartolomé de Las Casas, ya que el propio presidente ha confesado su fe cristiana (una fe, por cierto, impuesta por los conquistadores), sino por la excomunión de dos líderes de la guerra de independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos, dos siglos después. Pero ¿habrá que pedir disculpas a los descendientes de Hidalgo por las matanzas de peninsulares y criollos civiles en la Alhóndiga de Granaditas o en Guadalajara?

         La historia hay que entenderla más que juzgarla. Cuando Hernán Cortés llega a tierras mexicanas en 1519, lo común en cada encuentro de naciones o civilizaciones era la conquista. Así lo hicieron los griegos y los romanos con sus vecinos, pero también los árabes en España, hasta que la reconquista los expulsó de una tierra que después de ocho siglos ya era suya. Lo mismo hicieron los mexicas que desde su capital, Tenochtitlan, avasallaron a todos los pueblos vecinos.

         Los españoles conquistaron Mesoamérica, pero al contrario de los ingleses y los escoceses en las colonias de Norteamérica no aniquilaron a la población local, sino que se asentaron en su seno y construyeron una nueva nación a través del mestizaje. La unión de Cortés y Malintzin es el símbolo del surgimiento de la verdadera nación mexicana, la cual no es ni indígena ni española sino mestiza. Tiene razón el gobierno de España cuando señala: “Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria.”

Es la comprensión de esta historia, y no la búsqueda de disculpas donde no hay culpas, lo que debemos buscar en estos momentos

Héroes en conflicto

         Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta dictar cátedra sobre una historia de libro de texto formada por héroes y villanos. Porfirio Díaz y Carlos Salinas de Gortari son los grandes villanos, los que no pueden haber hecho nunca nada positivo, personajes perversos que se retuercen el bigote para enfatizar su maldad. Del otro lado están los héroes impolutos, los que solo hicieron el bien, entre los que se encuentran Benito Juárez, Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, el revolucionario de Anenecuilco traicionado y asesinado hoy hace 100 años.

         El problema es que estos héroes tenían principios e ideas no solo distintos sino contradictorios. López Obrador puede ser quizá juarista, maderista o zapatista, pero no las tres cosas a un mismo tiempo.

         Juárez fue un presidente liberal, que impulsó y defendió las Leyes de Reforma, la libertad de comercio, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (incluyendo a los indígenas) y la propiedad privada. La Ley de Desamortización de 1856, la Ley Lerdo, buscó acabar con los bienes de manos muertas, los que no estaban en el mercado, y esto puso fin a las tierras que las comunidades indígenas mantenían desde la colonia y que reflejaban formas colectivas de tenencia de la tierra provenientes de los tiempos prehispánicos.

         Madero era un rico hacendado de Coahuila que luchó contra el régimen porfirista para construir una verdadera democracia. El Plan de San Luis, es cierto, cuestionaba el abuso de “la ley de terrenos baldíos”, que había llevado al despojo de “numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas”, y ordenaba “restituir a sus antiguos poseedores, los terrenos de que se les despojó de un modo tan inmoral”. Madero, sin embargo, era un firme creyente en la propiedad privada de la tierra y no planteó nunca la posibilidad de revocar la Ley de Desamortización.

         Zapata no era un liberal. Buscaba no solo la restitución de las tierras confiscadas por la Ley de Terrenos Baldíos de 1883 y 1894, sino la cancelación de la desamortización de las tierras comunales indígenas de 1856. Zapata lanzó su Plan de Ayala de rebelión contra Madero, a quien llamó “traidor a la Patria”, el 28 de noviembre de 1911, apenas tres semanas después de que Madero asumiera la Presidencia el 6 de noviembre. Prometió la expropiación, aunque “previa indemnización”, de “la tercera parte de esos monopolios

[latifundios]

a los poderosos propietarios., a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura o de labor.” Sin embargo, Zapata, un agricultor próspero y bien parecido, que gustaba de vestir bien y seducir a las mujeres, que fumaba puro y bebía coñac, no estaba de acuerdo con la propiedad colectiva de la tierra que pregonaban los comunistas.

         Juárez, Madero y Zapata son tres personajes cruciales de nuestro pasado, pero no podemos suponer, como la historia oficial, que defendían los mismos principios. Juárez fue un liberal, Madero un demócrata y Zapata un justiciero que buscaba recuperar las tierras que los hacendados habían arrebatado a sus antepasados.

         Hoy que recordamos el centenario de la ejecución de Zapata debemos tratar de entenderlo, pero no como esa caricatura que nos ofrece la historia oficial, y que repite el presidente desde el púlpito de las mañaneras, sino como un hombre complejo que luchó contra las reformas liberales de Juárez y que llamó traidor a Madero.

“Soberanía energética”

La incomprensión de Manuel Bartlett sobre las nuevas dinámicas de la vida pública se ha convertido en un problema grande para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, señalado entre los equipos técnicos y ahora por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, no termina de hacerse escuchar.

Político de ya muy larga trayectoria, Bartlett llegó a la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a casi 27 años desde su último cargo federal y a 20 años de haber abandonado la gubernatura de Puebla, entonces aún priista, y en tiempos previos a la alternancia del 2000.

La incomprensión de nuevas normas, instituciones y conductas públicas están quedando evidenciadas a cada paso que da, confiado en sus formas viejas con las que convierte en disputa ideológica todo aquel que, con base en la ley y en los criterios económicos, intenta sacarlo de su obstinación.

Miembros del gabinete, colaboradores cercanos, interlocutores de las secretarías de Gobernación y Medio Ambiente, suelen repetir en tono burlón y algo engolado, ante un cuestionamiento técnico jurídico o financiero relativo a la CFE: “Soberanía energética”, “Soberanía energética”, la expresión que Bartlett repite como mantra.

Y es que fue en esa lógica que convenció a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al propio presidente López Obrador, de que los contratos por gasoductos eran “leoninos” y, por lo tanto, había la necesidad de renegociarlos. El propio mandatario ha dicho que las obras no pasaron por el consejo de administración de la CFE, algo que por otra parte nos coloca frente a otra complejidad que Bartlett no entiende o prefiere atropellar: la existencia de una entidad, el Centro Nacional de Gas, cuya existencia omite. “Soberanía energética”, “Soberanía energética”.

Para Bartlett, la maraña de instituciones con las que puede o no estar de acuerdo, pero que tienen funciones por ley y son positivas y vigentes, parecieran estar fuera de la discusión. Nada del Cenagas, ni de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ni mucho menos de la Comisión reguladora de Energía.

La apuesta es por dos vías: que Olga Sánchez Cordero resuelva hablando con jueces los amparos de comunidades indígenas afectadas por el trazo de los gasoductos, y presionar con arbitrajes internacionales a las empresas contratistas. “Soberanía energética, soberanía energética”.

Nada de resolver las demandas de la gente, que permitirían que se concluyan las obras; nada de someterse a la Ley de Hidrocarburos que instruye tribunales nacionales para diferendos en materia energética.

A más de siete meses de administración y cinco desde que el asunto se puso en la discusión pública, el veterano poblano no consigue resultados respecto de los gasoductos y, según personal de la empresa eléctrica, la semana pasada, ya tan manoseado el asunto, se había tomado la decisión de frenar la ruta de arbitraje internacional.

Fue entonces cuando la renuncia de Carlos Urzúa y su posterior entrevista, revelaron el poder enorme que ha acumulado el director de la CFE, quien, si hasta entonces se sabía, mantenía en su dupla con Rocío Nahle una fuerte presión, por momentos hasta nulificar al director de Pemex, Octavio Romero, ahora se sabe que resultó más poderoso que el secretario de Hacienda.

Bartlett es la burla, sí, pero también es el personaje temible con el que no se debe jugar, porque es capaz de anular a un secretario de Hacienda y llevar al Estado Mexicano a un problema internacional, pues en su perspectiva anquilosada convenció de combatir a una enorme trasnacional, Sempra Energy, en la que tiene intereses Nancy Pelossi, la líder cameral en Estados Unidos, por cuya mano pasa necesariamente el tratado comercial con América del Norte.

López Obrador le dio un espaldarazo público y privado. Así que, sin más, podrá seguir repitiendo por ahí: “Soberanía energética, soberanía energética”.

Improcedente

El Presidente de la República debe saber que los Tratados internacionales que firma México adquieren rango constitucional.

En consecuencia, en México, por lo menos al día de hoy, la confidencialidad de las fuentes de los medios de información forma una parte integral de las libertades de expresión y de prensa, amparadas éstas democráticamente por nuestras leyes.

Tanto así que nuestra Suprema Corte ha sentado jurisprudencia -no puede ser de otra forma por lo citado líneas arriba- en este sentido y muy recientemente (2019).

Por esto es que la petición formulada ayer de que Grupo Reforma y los medios que lo integran le proporcionen la identidad de la fuente que dio acceso al borrador de la carta que el Presidente de México le envió al Rey de España solicitando una disculpa por la Conquista, resulta -como su carta- totalmente improcedente.

Pero no sólo eso, sino que se interpreta como un amago, una amenaza clara y abierta a la libertad de prensa y al ejercicio de la libertad de expresión en México. Algo de lo que, estamos seguros, la comunidad internacional estará tomando nota en detrimento de la imagen y la buena marcha de la Nación.

Además resulta agresivamente inapropiada la solicitud formulada por el Lic. López Obrador, pues constituye un claro factor inhibidor a las fuentes de todos los medios nacionales, uno que estamos seguros será consignado fuera de México en perjuicio de la imagen no sólo de México y de su Presidente, quien verbalmente le rinde pleitesía a los procesos democráticos, pero en los hechos se ha propuesto claramente conculcarlos.

Es tan obvia y flagrante la violación al derecho al anonimato de las fuentes de información dentro del ejercicio de la libertad de prensa que no podemos menos que sospechar que tal petición se formuló como una distracción, una cortina de humo, para desviarnos de otros temas importantes y cambiar el tema de la discusión entre la opinión pública.

¿Cuáles temas? Hay varios, uno de ellos es la revelación reciente de que el Gobierno mexicano suscribió un acuerdo con el de Estados Unidos para aceptar a los refugiados centroamericanos expulsados del vecino país del norte. Lo cual implicaría un actitud servil de nuestro Gobierno respecto al norteamericano.

Ligado a esto, pudiera ser también el runrún en la CDMX de que a principios del mes el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le presentó su renuncia al Presidente, misma que no le fue aceptada.

O, igualmente, puede ser que el Presidente quiera cambiar el tema de hacia quién difundió la carta para que se deje de formular otra pregunta más sustancial: ¿quién la escribió? Dícese que fue su señora esposa, respetable dama, historiadora y autora de varios libros. Cabe dentro del campo de lo posible que a lo mejor el Señor Presidente no quiere aparecer ante la opinión pública nacional como susceptible a la influencia de su esposa.

Otra posibilidad de tema que se pretende opacar pudiera tener que ver con la mañanera anterior a la de ayer, en la que el Presidente amenazó a los gasolineros con ponerles competencia con gasolineras del Estado para que bajen los precios. Esta amenaza sonó medio despistada porque el Gobierno -vía Pemex- ya tiene muchísimas gasolineras y poner más resultaría un canibalismo parricida.

En fin, no especularemos más sobre los posibles temas que se pretenden opacar lanzando un petardo tronador para generar, como Alcibíades cuando le cortó la cola a su perro y lo lanzó en medio de la plaza, otra veta de críticas para que no se hable de temas controvertidos para él más críticos.

Establecido pues que legal y jurídicamente el descobijar nuestras fuentes resulta ilegal, y en consecuencia extralimitante a las atribuciones presidenciales, no se puede más que declinar en lo absoluto y tajantemente la solicitud presidencial de revelarle nuestras fuentes, algo que nunca hemos hecho y nunca haremos.

Respetuosamente, tanto a su investidura como a su persona, lo que se le puede responder al Señor Presidente respecto a su solicitud es lo siguiente:

Si no quiere que algo se sepa, no lo consigne con tinta en papel y lo mande al exterior.

Fuera de sus manos un tema como éste, escandaloso y medio fuera de lugar, no tarda ni un día en convertirse en comidilla.

Que no pretenda matar al mensajero por algo que él hizo, casi casi repitiendo el mantra de todos los malos gobernantes que lo han precedido: “El pecado no es errar, sino que se sepa”.

La oportunidad

Inicia el operativo para liberar las partes de la capital secuestradas por el crimen organizado. La dupla López Obrador-Sheinbaum tiene la oportunidad de hacerse de algunas victorias para demostrar que sí saben cómo enfrentar la violencia.

Era ya urgente encarar la herencia dejada por Miguel Ángel Mancera, ese “Doctor No” chilango, que durante años se aferró a una irresponsable política de displicencia y negación. Por las ejecuciones, secuestros, robos y extorsiones, la inseguridad se ha convertido en la mayor preocupación de los capitalinos, de los cuales un 95% cree que el crimen organizado ya está en la capital (encuesta de El Universal de diciembre de 2018).

Se espera mucho del Presidente y de la jefa de Gobierno, porque después de 22 años el gobierno federal y el capitalino son del mismo partido, porque tienen tasas de aceptación muy altas y porque a López Obrador le han aprobado todas las estrategias e instituciones solicitadas, en especial la Guardia Nacional.

Están actuando rápido. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pasó de considerar innecesaria la presencia de la Guardia Nacional (GN) a informar, el 28 de abril, que efectivos de la GN ya están patrullando tres zonas que colindan con el Estado de México y una con Morelos, además del estratégico Chapultepec (ahí están o estarán importantes instalaciones de seguridad).

También emulan aquel modelo que funcionara tan bien en los años de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, cuando las reuniones eran cada día a las 8 de la mañana; participaban el jefe de Gobierno y los titulares de las policías, la Procuraduría y el área de desarrollo social; recibían información de calidad proveniente de coordinaciones territoriales y cuadrantes; y, finalmente, tenían el mando único que les daba una buena capacidad de reacción.

Es un esfuerzo cuesta arriba porque el retroceso fue enorme durante los años del “Doctor No”. En una buena entrevista a la revista Proceso, Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró que, en el sexenio anterior, prosperaron las “relaciones perversas

con el crimen organizado”. Revertir el legado requerirá de una estrategia integral con prioridades claramente establecidas. Pongo algunos ejemplos.

En 1929 apareció uno de los primeros estudios sobre el crimen organizado. John Landesco utilizó el caso de Chicago para demostrar que ese tipo de actividad criminal depende de la complicidad de políticos, jueces y policías. En la CDMX hay tanta evidencia sobre estos nexos, que una medida apremiante es la regeneración y reestructuración de las corporaciones policiacas, que deben interiorizar que su obligación principal es cuidar, no controlar a la sociedad.

Otra vertiente será la selección de los polígonos estratégicos. En mi opinión, los prioritarios deberían ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (competencia federal) y el Centro Histórico. Este último tiene un carácter simbólico, porque es absurdo que el actual gobierno prometa derrotar a los cárteles nacionales, si es incapaz de domar y doblegar a los cárteles locales, que tienen cercado al Palacio Nacional y a la sede del gobierno capitalino.

Se dice que el Centro Histórico es el corazón de la nación; también es un microcosmos de la manera como crece y prospera el crimen organizado en el país. Por ejemplo, es el emporio del comercio informal y una parte de la cual se conecta a la formidable base social que sostiene una delincuencia que ha convertido ese polígono en edén del narcomenudeo, el secuestro, la extorsión y el robo en transporte público.

Ignoro qué zonas de la ciudad recibirán la prioridad del Presidente y la jefa de Gobierno. Sea el aeropuerto, el Centro Histórico o los linderos con el Edomex, tienen que dar resultados a la mayor brevedad posible. La sociedad capitalina tiene altos niveles de organización y exigencia y una paciencia bastante corta. La Coparmex capitalina ya anunció que espera resultados en seis meses. En esta carrera contra el tiempo, la CDMX les brinda la oportunidad de crear un laboratorio para el diseño y la implementación de una política integral capaz de controlar una criminalidad desbocada.

El negocio fifí

         No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador acude a la Convención Nacional Bancaria. En alguna ocasión, como candidato, se abstuvo, pero el año pasado lo hizo con una presentación que fue importante para proyectar certeza. Hoy lo hace por primera vez como presidente.

         No hay negocio más fifí que la banca. Tampoco hay una actividad cuyas características y necesidades sean tan poco comprendidas por los políticos.

         López Obrador ha mostrado más cautela en su trato con la banca de lo que muchos esperaban, pero otros miembros de Morena no han tenido esa inteligencia. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del partido, propuso prohibir el cobro de varios tipos de comisiones, lo que produjo un desplome de las acciones de los bancos en la bolsa. El presidente, en cambio, se ha negado a seguir el camino populista. En repetidas ocasiones ha declarado que no aceptará la propuesta de Monreal ni ninguna parecida. “Vamos a ir viendo que pasa con las comisiones -declaró este 19 de marzo–. Que sea a través de la competencia y que no enviemos ninguna iniciativa con ese propósito. No queremos inestabilidad.”

         Parte del problema es que los políticos no entienden el delicado negocio de la banca. Según Monreal, “son un abuso cercano a la usura las comisiones bancarias y los intereses que se cobran a usuarios en México”. La afirmación es muestra de ignorancia. La comisión que más se cuestiona a los bancos es la de retiro de dinero de cajeros automáticos, pero el costo promedio en México es de 25 a 30 pesos mientras que en Estados Unidos o Europa se eleva a tres dólares o tres euros, alrededor de 60 pesos.

         ¿Por qué piensa Monreal que son más altas las comisiones en México? En sus argumentos citó un estudio de la Condusef que señala que el porcentaje de las utilidades bancarias que procede de comisiones es mayor en México que en otros países. Pero esto es consecuencia de que el negocio bancario tradicional, tanto en captación como en crédito, es muy superior en otros países por lo que un menor porcentaje de los beneficios de los bancos proceden de las comisiones. La solución no es prohibir o limitar las comisiones bancarias, sino promover una mayor bancarización en México.

         La prohibición o limitación de las comisiones afectaría más a los más pobres. Un cajero automático puede costar entre 2,200 y 15,200 dólares en Estados Unidos (priceithere.com). A esto hay que añadir los costos de instalación y mantenimiento, que en México se elevan por el vandalismo. Los bancos van a mantener siempre cajeros automáticos en zonas prósperas, pero dejarán de tenerlos en los lugares más pobres si no tienen forma de volverlos rentables. La principal consecuencia de la iniciativa de Monreal sería dejar a los pobres sin cajeros y quizá sin otros servicios bancarios. Lo mismo ocurriría si se aplican controles gubernamentales a las tasas de interés: los créditos más riesgosos y más pequeños desaparecerían.

         El presidente ha entendido el problema y ha anunciado que no va a intervenir en la operación de los bancos. Necesita una banca vigorosa y rentable para cumplir con su compromiso de impulsar un crecimiento económico de 4 por ciento anual. Lo peor para eso sería que la banca redujera créditos por una política gubernamental que castigara sus ingresos.

El respaldo de la resistencia

Esa unanimidad de 127 votos en el Senado de la República -faltó una sola senadora-, en un marco en que menudean las acusaciones de autoritarismo sobre la nueva fuerza dominante en el país, esa unanimidad debe ser valorada, encomiada y puesta como ejemplo de un ejercicio de democracia genuina, esa que en México apenas está rebasando el ámbito aspiracional.

Artífice de esa unanimidad es un político para mí inconfiable por sus antecedentes que incluyen maletas con dinero sospechoso y por su actualidad que posee una atmósfera caciquil en Zacatecas, donde parientes y aliados políticos suyos controlan importantes puestos públicos. Sin embargo, la labor negociadora de Ricardo Monreal brilló con intensidad en esta coyuntura. Y por supuesto, halló voluntades semejantes entre sus copartidarios, destacadamente en el presidente del Senado, Martí Batres, y entre los opositores como los Migueles Osorio Chong y Mancera. Dicho sea esto, sin dejar de reconocer la valiosa aportación de la sociedad civil (no muy querida por AMLO, pero necesaria y útil), en particular las organizaciones nucleadas en #SeguridadSinGuerra.

En ese episodio que ya está en los anales legislativos, los senadores dieron una muestra palmaria de lo que suele decirse más con tintes retóricos que factuales: las minorías también gobiernan. Por lo general, el acuerdo legítimo suele dar mejores resultados que las imposiciones, mayoriteos y el quid pro quo inconfesable.

Cierto que la Guardia Nacional es una riesgosa apuesta para el gobierno. Cierto que se precisa no bajar la guardia y cuidar que las leyes secundarias estén a tono con la reforma constitucional. Cierto que tendremos a militares actuando como policías (si bien con entrenamiento civil, particularmente en derechos humanos) y ello conlleva riesgos para la sociedad.

Todo ello es cierto, pero cierto es también que, en menos de tres meses de ejercicio del poder, Andrés Manuel López Obrador ha sacudido al país y, con sus exigencias de templanza y su ejemplo de rectitud personal, está creando una tendencia a la austeridad y al manejo limpio de fondos públicos que ya hacía falta en México, inmerso -sin hipérbole- en un mar de corrupción cuya marea encrespada parece -parece- tener como destino el reflujo. Habrá que ver si la pleamar se consuma.

Mientras muchos celebraban la unanimidad senatorial, saltó a la palestra -en una de las frecuentes primicias de Reforma- la conformación de un frente para hacerle contrapeso al gobierno y a la potente Presidencia de AMLO, de creciente popularidad. Hay quienes ven en este frente plural la reproducción del que apoyó a Ricardo Anaya en 2018, e incluso como temprana plataforma para una eventual candidatura presidencial de Javier Corral Jurado, el gobernador de Chihuahua que desde tiempo atrás libra una batalla político-jurídica para que la impunidad no acompañe al ex gobernador César Duarte y quien, además, ha puesto en evidencia el financiamiento ilegal a las campañas del PRI en varios estados.

Ambas cosas son válidas, si bien es deseable que los trabajos del frente se orienten al diálogo y al planteamiento de opciones, sin anticipar tiempos. Se precisa trabajar genuinamente por el país, lo cual supone discrepar, sí, pero también coincidir. Y no olvidar lo que Fernando Belaunzarán ha advertido: “el déficit de credibilidad que tienen los partidos que acaban de ser castigados en las urnas” (Excélsior, 25/02/19).

El Presidente atribuyó a la desesperación la génesis de ese frente, pero reconoció su derecho a agruparse, aunque le sugirió no hacer el ridículo. Comoquiera, debe ser bienvenido el grupo en el que militan figuras públicas estimables como Tagle, Pastor, Figueroa, Díez, De Swaan, Cárdenas, Basave y Álvarez-I (citados en orden alfabético inverso). Debe ser bienvenido no sólo por los opositores al gobierno, sino incluso por el propio Presidente, quien convendría que viera en las oposiciones (legislativas, partidarias, sociales…) la corporeización de la frase originada en tiempos napoleónicos, como lo escribió recientemente Rogelio Muñiz Toledo: Lo que resiste apoya.